La quema de montes está emitiendo grandes cantidades de estas sustancias tóxicas y otras como los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se miden.

Los numerosos incendios forestales vinculados a la segunda y tercera olas de calor del verano han disparado los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o Cataluña.

En las últimas semanas, en las estaciones de control de la contaminación situadas en torno a los incendios, en las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria, se están produciendo superaciones de los umbrales diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5 (50 ug/m3), por efecto de las emisiones de la combustión al aire libre de la biomasa forestal.

La peor situación se registra actualmente en las estaciones de control de la contaminación de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, entre Ávila, Madrid y Toledo, donde desde al menos el domingo se están alcanzando unas concentraciones medias diarias de hasta 100 ug/m3 de partículas PM10 y PM2,5. El viernes 24 de julio, el episodio de contaminación afectó a las estaciones de la Sierra Norte (Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra y El Atazar).

Además, y como ya sucediera el verano pasado en El Bierzo, León y Ourense, junto a las altas temperaturas las emisiones de los incendios han provocado en su entorno una docena de superaciones del umbral horario de información a la población por ozono, establecido por la normativa en 180 ug/m3, repartidas entre las estaciones madrileñas El Atazar y Guadalix de la Sierra, las castellano-manchegas Illescas, Los Yébenes y Toledo y la de la ciudad de Soria.

Destaca el caso del área metropolitana de Barcelona, donde el 8 de julio se llegó a superar durante dos horas el umbral horario de alerta por ozono, establecido por la normativa en 240 ug/m3, en la estación de Badalona, precedida de otras cuarenta superaciones del umbral de información en diversas estaciones, episodio influenciado por los incendios de Cataluña.

A los desastrosos efectos ecológicos y sociales de los incendios forestales se suma así el severo impacto sobre la salud de los cientos de miles de personas expuestas a la pésima calidad del aire que en estos días se respira en los territorios próximos. Además de partículas y ozono, la quema de montes está emitiendo grandes cantidades de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se están midiendo en la actualidad.

La superación de los umbrales de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar medidas excepcionales e inmediatas, además de advertir a la población de que se proteja evitando cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre, única información que en estos días están difundiendo la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, por canales a todas luces insuficientes. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos citados carecen de planes de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que debían haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace tres años y medio. Por su lado, aunque la Generalitat de Catalunya sí dispone de plan, no limitó las emisiones de las grandes industrias y centrales térmicas, depuradoras, gasolineras y trabajos en la vía pública, incumpliendo su propia normativa. De esta manera, estas administraciones están vulnerando el derecho a la salud.

Ecologistas en Acción se solidariza con las personas damnificadas por la ola de incendios forestales y exige a las autoridades que pongan en marcha medidas informativas y de restricción de las emisiones del tráfico y la industria, ante el nuevo episodio de contaminación que previsiblemente acompañará a la cuarta ola de calor del verano, que comienza hoy y que ayer por la tarde ya dejó las primeras superaciones del umbral de información a la población del ozono en Madrid, Sevilla y Valencia.

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• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo.
• Los incendios de estos días están alcanzando cifras nunca vistas, con más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año y más de 100.000 personas afectadas actualmente por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón.
• La nueva ola de calor anunciada para este miércoles puede incrementar de forma dramática los riesgos asociados a nuevos incendios.

Las organizaciones expresan su solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios forestales que están castigando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego. Recuerdan también el enorme impacto que estos fenómenos tienen sobre la economía local y sobre recursos naturales como el suelo, el agua o la biodiversidad, alterando el funcionamiento de los ecosistemas y provocando impactos en los modos de vida del medio rural

Según las entidades, aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico.

Las organizaciones destacan que la sociedad española demuestra una gran capacidad de solidaridad durante las catástrofes, pero advierten de que esa unidad no puede limitarse a los momentos de crisis y consideran necesario transformar esa respuesta colectiva en un compromiso político y social permanente que permita anticiparse a los riesgos, reducir sus impactos y proteger especialmente a las personas más vulnerables.

Subrayan además que la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud. En 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada, según el Ministerio de Sanidad, alcanzó las 27.564 personas fallecidas.

Las organizaciones ecologistas valoran positivamente la propuesta de Pacto de Estado, algo que vienen reclamando varias legislaturas. Al mismo tiempo, insisten en que estarán vigilantes para que el pacto se traduzca en compromisos concretos: objetivos verificables, calendarios de aplicación, financiación suficiente, coordinación entre administraciones, evaluación periódica de resultados y mecanismos estables de participación pública.

También celebran el anuncio de la creación de un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, destinado a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y aportar conocimiento independiente para la toma de decisiones. Consideran imprescindible que este órgano actúe con plena autonomía y permita desarrollar de forma efectiva el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en la Ley de Cambio Climático, garantizando una evaluación rigurosa y periódica de las políticas climáticas. Es necesario que este organismo se coordine con el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ya creado, y evitar la proliferación de nuevos organismos sin presupuesto.

Las organizaciones ecologistas recuerdan que la emergencia climática no puede abordarse de forma aislada, ya que está estrechamente vinculada con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y defienden que proteger y restaurar bosques, ríos, humedales, costas y suelos aumenta la capacidad del territorio para resistir olas de calor, inundaciones, sequías e incendios. Por ello, reclaman políticas integradas que impulsen la restauración ecológica, reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, reviertan el abandono rural y aceleren una transición energética justa y respetuosa con la naturaleza.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan a todas las instituciones y actores sociales a participar de forma constructiva en el diseño y puesta en marcha de planes contra el impacto del cambio climático que permitan limitar las condiciones para la propagación de grandes incendios forestales.

Las organizaciones ecologistas sostienen que España necesita un acuerdo global capaz de trascender gobiernos, legislaturas y diferencias políticas para ofrecer una respuesta estable a una crisis que afecta a todo el territorio. Cada décima de grado de calentamiento evitada, cada ecosistema restaurado y cada medida de prevención puesta en marcha contribuyen a proteger vidas, reducir riesgos y reforzar la seguridad colectiva.

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Si echamos un vistazo a los periódicos, al panorama mediático en general, podemos visualizarnos estos días de terribles incendios como en un partido de tenis, mirando de un lado a otro cómo unos y otros golpean la pelota, algunos en nombre de la ciencia y otros casi alardeando de negacionismo. Podríamos personificar estas dos posturas en dos dirigentes políticos muy concretos, que seguramente ya hayan reconocido: Pedro Sánchez a un lado e Isabel Díaz Ayuso a otro. «Hacedle caso a la gente que ahora a lo que está es a ayudar a apagar fuegos, a salvar vidas y a dar información útil», escribe Andreu Escrivà en un artículo publicado en Climática que te recomendamos desde La Marea.

El divulgador, doctor en Biodiversidad y autor de libros como Y ahora yo qué hago, ha formado parte de dos paneles asesores sobre cambio climático y en su análisis deja claro que no hay una única solución: «Quien venda panaceas al por mayor miente. Quien diga que la tenemos delante de nuestras narices pero no la usamos miente. Las soluciones, si es que pueden llamarse así, son múltiples –a veces complementarias, a veces excluyentes–, dependen de cada territorio y de factores tanto humanos como ambientales, cambian con el tiempo y necesitan una adaptación no solo territorial, sino también temporal. De poco sirve presentar un determinado tipo de gestión forestal, reintroducción de especies, política demográfica, incentivo a la descarbonización, medida socioeconómica, regulación agroganadera, práctica silvopastoral o estrategia de protección de la naturaleza como LA clave para evitar el fuego».

Citando al ecólogo Francisco M. Azcárate, Escrivà intenta concienciar sobre el peligro de la simplicación, que es, desde su punto de vista, donde se ha instalado el debate político: la hipersimplificación de la realidad. «Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando afirma que culpar del fuego a la emergencia climática es ‘brocha gorda’. No, no todo es culpa del innegable y muy real cambio climático. Se despeña, sin embargo, cuando trata de abordar las causas del fuego, señalando a esa bestia negra conocida como la ‘falta de limpieza de los montes’, invocando a la ‘gente del campo’ y marcándose un estrepitoso autogol criticando la gestión de competencias que son exclusivas de su gobierno. En el PP estatal han ido más allá, sacando a relucir el falso argumento de los cambios cíclicos del clima para poner en cuestión la excepcionalidad del calentamiento actual. Qué triste que hayamos retrocedido a 2007, cuando tuvo lugar la famosa chanza del primo de Rajoy; el expresidente ya admitió en 2015 que se había equivocado al dudar del cambio climático».

Pero –prosigue Escrivà–, no es solo el PP el que «retuerce la evidencia sobre el cambio climático» para adaptarlo a sus necesidades discursivas: «Este gobierno en general y su presidente en particular banalizan a diario el calentamiento global. Simplifican hasta el absurdo, utilizándolo como ariete partidista revestido de la irrompible «ciencia» con la que tanto se les llena la boca, con el único objetivo de avivar la polarización y sacar rédito electoral, haciendo por desplazar a la derecha parlamentaria hacia posiciones que –esperan– la ciudadanía perciba como indefendibles y castigue como tales. Por si alguien tiene dudas, no les está funcionando. Como era previsible».

Puedes leer el artículo completo en ‘Climática’, el primer medio en español especializado en crisis climática y de biodiversidad

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La reforma de la Ley del Suelo del borrador del real decreto ley, ahora pospuesto hasta septiembre, podría suponer un desastre ambiental y social.

El Gobierno de España ha anunciado esta mañana que pospone hasta septiembre el real decreto ley sobre vivienda. En sus últimas versiones, el texto pretendía incluir una modificación de la Ley del Suelo para blindar las iniciativas de urbanización y construcción que se prueben irregulares en sede judicial.

A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública.

Las tres organizaciones coinciden en denunciar que se aproveche la grave crisis de vivienda para presentar un real decreto ley que camufla reivindicaciones del lobby inmobiliario con medidas propuestas por las inquilinas como acabar con el fraude del alquiler de temporada y de habitaciones. “Esta desprotección permitirá más urbanizaciones enclavadas en zonas naturales, lo que resulta, como se está viendo ahora, extremadamente peligroso y perjudicial en los grandes incendios forestales”, afirman las organizaciones ecologistas, que también exigen “extender y reforzar más allá de 2026 las ayudas que faciliten a la ciudadanía participar de una transición energética justa, entre ellos, avanzar hacia una tarifa social energética, garantizar el acceso a suministros básicos e impulsar la rehabilitación de las viviendas”.

En consecuencia, reclaman al gobierno y a los grupos parlamentarios que retiren los aspectos más lesivos de la reforma de la Ley del Suelo del texto del real decreto ley. Bajo el redactado actual, la reforma va en la misma línea que el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER) que el Consejo de Gobierno de Ayuso acaba de aprobar en la Comunidad de Madrid.

Dos prioridades inquilinas para el decreto: Incluir tácitas y limitar subidas

Respecto al conjunto del decreto de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas señala dos prioridades más para la negociación del real decreto ley en las próximas semanas:

1. Mantener todos los supuestos para acogerse a las prórrogas del anterior real decreto aprobado en marzo e incluir las situaciones de tácita reconducción que afectan a decenas de miles de familias.
2. Limitación de subidas de la renta interanual de los alquileres al 0%.

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• Ecologistas en Acción muestra su solidaridad con todas las personas afectadas por los incendios, así como con los equipos de extinción.
• En lo que va de año se han quintuplicado las hectáreas quemadas en el mismo plazo del año anterior, 2025, que ya fue dramático. 
• La organización ecologista reitera que el negacionismo climático agudizará estos incendios catastróficos y sus consecuencias, poniendo en riesgo a la población y  destruyendo ecosistemas de alto valor ecológico. 

Ecologistas en Acción quiere mostrar su solidaridad con todas las personas que están sufriendo los incendios forestales que devoran nuestros montes estos días. Al mismo tiempo, la organización quiere agradecer a todas las personas que trabajan incansablemente por extinguirlos y proteger a personas, bienes y servicios.

Lamentablemente, las previsiones se están cumpliendo, y ya se están batiendo récords, otro verano más, de superficie quemada. Viviendas arrasadas, miles de personas desalojadas, carreteras cortadas y paisajes que tardarán años en recuperarse si es que lo llegan a hacer, además de los miles de animales calcinados.

La ciencia lleva décadas alertando: si no se reducen de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles, la crisis climática seguirá agravándose año a año, provocando olas de calor más intensas y prolongadas, que ya están generando  las condiciones para la propagación cada vez más agresiva de los incendios forestales.

A pesar de ello, la organización ecologista denuncia que las autoridades no están respondiendo con las medidas necesarias a la amenaza de los incendios de nueva generación: “En los casos de Ávila y Madrid, gobiernan responsables autonómicos que niegan abiertamente el cambio climático, que rechazan poner en marcha medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que permiten desarrollos urbanísticos dispersos, que no invierten lo suficiente en prevención ni tienen un operativo de extinción dimensionado a las actuales circunstancias”.

Ecologistas en Acción insiste en que es fundamental y urgente adoptar medidas para evitar las igniciones, realizando una labor de concienciación social permanente y regulando mucho mejor las actividades humanas en los entornos naturales, especialmente aquellas que más incendios forestales están provocando de forma accidental.

Los grandes incendios forestales son un fenómeno complejo en el que interactúan la crisis climática, las igniciones de origen humano y la transformación de los hábitats forestales por la actividad humana, por lo que las respuestas deben abordarse de forma integrada y con base científica. Estas medidas deben incluir la limitación del urbanismo disperso, la elaboración de planes de protección de las poblaciones y de planes de emergencia y formación para la ciudadanía.

Asimismo, es imprescindible garantizar una gestión forestal adaptada a las nuevas condiciones climáticas, planificada según las características de cada territorio y orientada a favorecer paisajes más resilientes al fuego, combinando la conservación de los bosques de mayor valor natural con restauración ecológica y actuaciones preventivas en las masas forestales más vulnerables.

Por todo ello, la organización ecologista exige compromiso real e inaplazable a todas las administraciones públicas: “El contexto actual exige tomarse muy en serio la prevención y extinción de incendios. Se deben evaluar los medios disponibles y garantizar efectivos suficientes para hacer frente a la simultaneidad de incendios, además de obligar a las comunidades autónomas a ofrecer condiciones dignas para el personal de extinción de incendios”.

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El año 2025 arrancó con uno de los proyectos más ambiciosos de La Marea. En enero estábamos preparando la revista dedicada a La industria de los vientres de alquiler (número 105), con reportajes sobre el terreno de las periodistas Patricia Simón y Queralt Castillo desde Ucrania, Georgia y Grecia, cuando desde la redacción decidimos investigar a fondo las agencias que se dedican al negocio de la gestación subrogada desde España.

Fueron meses de trabajo especialmente complejos y agotadores, pero el esfuerzo mereció la pena. El resultado, disponible en abierto a través de una página interactiva, incluye la cobertura por la que recibimos el primer Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial el pasado mes de junio.

Paradójicamente, este trabajo también ha supuesto la única demanda judicial en nuestros casi 14 años de trayectoria. El litigio ha sido considerado como una SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública, por sus siglas en inglés) tanto por Media.cat como por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF). Ambas organizaciones lo han incluido en sus respectivos anuarios. 

Responder a la demanda de una agencia de gestación subrogada nos ha obligado a destinar recursos adicionales y a dedicar varias semanas a preparar nuestra defensa. Ese impacto tiene también un reflejo contable: las cuentas de 2025 incorporan por primera vez una partida específica de gastos legales, que el año pasado ascendió a 8.300 euros. 

Nuevos proyectos

Por suerte, todo ese esfuerzo nos ha reafirmado en nuestra apuesta por el periodismo de investigación y de largo aliento. Es más que obvio que hay temas que apenas se tratan en los medios de comunicación, salvo cuando una efeméride los coloca durante unos días en la agenda mediática. Ocurrió el año pasado con el 50.º aniversario de la traición de España al pueblo saharaui. Pero ni siquiera entonces la cobertura fue tan amplia como cabría esperar en un país que sigue siendo, de iure, la potencia administradora del Sáhara Occidental.

En La Marea 108 publicamos un ambicioso dosier centrado en el Sáhara Occidental, en el que participaron varias personas y para el que asumimos el coste de enviar a una periodista a los territorios ocupados. Pero no nos quedamos ahí, sino que decidimos seguir incluyendo reportajes sobre la realidad del pueblo saharaui en nuestra revista durante los siguientes 12 meses.

La misma lógica guía nuestra reciente cobertura de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Un dosier no basta para informar sobre un problema estructural que, según distintos estudios, afecta aproximadamente a una de cada cinco personas menores de edad. Por ello, tras publicar un especial sobre pederastia en el número 111, estamos buscando nuevos enfoques periodísticos que ayuden a concienciar sobre su alcance y consecuencias y, sobre todo, que contribuyan a la prevención.

2025 también fue el año en que tomamos conciencia de cómo la expansión de la inteligencia artificial estaba condicionando el trabajo periodístico. La Marea 106 estuvo dedicada a historias “humanas” sobre la IA. En el último número publicado, el 112, abordamos el tema desde el punto de vista del coste ambiental y social de los centros de datos, y denunciado la opacidad de este negocio en expansión. 

Este tipo de periodismo es costoso en todos los sentidos. Por ello, es lógico que los gastos destinados a producir y difundir información sean los más abultados. De los 334.216 euros de gastos que tuvo La Marea el año pasado, 132.200 corresponden a salarios y cotizaciones sociales. A estos se suman los 107.809 en colaboraciones. Ambas partidas suman un 72 % del total del presupuesto. 

Le siguen en volumen los gastos generales, desarrollo web y gastos financieros (13,19 %). La impresión, los envíos de revistas y recompensas para mecenas de crowdfunding ascendieron a 27.406 euros (8,2 %). En 2026 se imputarán el resto de gastos asociados a la última campaña de microfinanciación, ya que se están produciendo durante este año.

Ingresos

Al analizar los ingresos, que en 2025 ascendieron a 362.056 euros, se aprecia que el porcentaje más importante corresponde a nuestra comunidad: un 65,5 %. Por primera vez, contabilizamos en la misma partida a las personas que nos apoyan mediante una suscripción y a quienes lo hacen mediante una aportación en una campaña de micromecenazgo, una de las formas preferidas por nuestros lectores y lectoras de cofinanciar este medio editado por una cooperativa sin ánimo de lucro. 

La campaña en Goteo en el último trimestre del año obtuvo 100.031 euros brutos, a los que hay que descontar la comisión de la plataforma, los gastos destinados a la campaña y los costes de la producción y envío de recompensas. 

Los ingresos por publicidad en La Marea  supusieron en 2025 un total de de 17.191 euros (4,75 %). El porcentaje de publicidad institucional sobre los ingresos totales fue un 0,69 %. 

La partida de subvenciones y becas sumó 95.377 euros (26,3 %). La principal ayuda corresponde a la segunda parte del proyecto europeo TakTak, en el que participamos ocho entidades. Durante 2025, contabilizamos 58.790 euros por este concepto. De estos, 25.000 euros brutos se destinaron a la elaboración por parte de la Universidad de Málaga de dos libros blancos: uno sobre la situación de los periodistas independientes en Europa y otro sobre la financiación del periodismo independiente europeo. 

Asimismo, La Marea recibió 29.450 euros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 50 % de los costes de los proyectos CRM y Altacoop, el altavoz de las cooperativas.  

La organización Journalism Fund concedió 5.700 euros a La Marea para financiar parte de la coordinación y edición de varios reportajes sobre gestación subrogada en Colombia, Irlanda y Países Nórdicos, y para diseñar y producir la página interactiva del proyecto. 

El detalle de todas las ayudas, becas y subvenciones recibidas tanto por La Marea como por la cooperativa MásPúblico SCCL puede consultarse en su página de Transparencia.

La cooperativa MásPúblico SCCL

El superávit de 28.000 euros de ‘La Marea’ en 2025 es insuficiente para compensar las pérdidas del año pasado de la cooperativa, que ascienden a 38.542 euros. Estas se deben al déficit de Climática, medio de comunicación también editado por MásPúblico SCCL, que cerró el año con unas pérdidas de 66.381 euros.

A continuación, se detallan las cuentas de MásPúblico aprobadas por la Asamblea General el 25 de junio de 2025. Los resultados de Climática pueden leerse aquí.

Actualización: 27/7/2026

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• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que el Gobierno de España actúe y deniegue la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz.
• El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe tomar una decisión sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz, que para las organizaciones ecologistas no puede ser otro más que mantener el calendario de cierre acordado en 2019 entre el Ejecutivo y las empresas titulares de las centrales.
• Ese calendario constituye uno de los pilares de la planificación energética española y sobre él se ha diseñado el despliegue de energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
• Alterarlo ahora supondría generar incertidumbre sobre una planificación que ha guiado las inversiones y la transición energética de los últimos años.

Las cinco principales organizaciones ecologistas recuerdan que el informe del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) solo valora la necesaria seguridad radiológica, y solo puede mandatar inversiones adicionales para garantizar esa seguridad. Sin embargo, es el Gobierno de España quién debe evaluar la viabilidad en la transición ecológica, los efectos económicos para la ciudadanía y la gestión de los residuos radiactivos. Unas hipótesis que fueron evaluadas en el primer borrador del PNIEC, que ya establecía que el calendario de cierre es coherente con el despliegue ordenado de las energías renovables y debe ser coherente con los objetivos de conservación de la biodiversidad, proporcionar estabilidad a la planificación de la transición energética, lo que implica unos efectos ambientales netamente superiores, sin incurrir en las desventajas significativas de la continuidad nuclear. Por tanto, la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética del gobierno, y el retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático. No solo porque causan emisiones de CO2 que son, al menos, el doble de las de la fotovoltaica y seis veces superiores a las de la eólica, sino porque bloquean inversiones importantes para que esta transformación a lo renovable sea posible.

Las organizaciones ecologistas vuelven a reclamar que se cumpla lo pactado, y que no se ceda a los intereses de las empresas propietarias de las centrales que, con la continuidad de Almaraz, pretenden alterar el calendario de cierre escalonado acordado en 2019. Dar continuidad a la central en 2030 retrasaría un problema que sería mucho mayor sí el cierre se produjese con los otros dos reactores cuyo cierre está previsto también ese año (Ascó 1 y Cofrentes), tanto en sus efectos sobre el sistema eléctrico como en los plazos de desmantelamiento. Es decir,  la continuidad de la energía nuclear tendrá un efecto importante sobre la rentabilidad de las energías renovables y sistemas de almacenamiento de electricidad y en consecuencia sobre los precios.

La prórroga de Almaraz hasta 2030 reducirá la disponibilidad de nueva generación renovable hasta en un 25 % respecto a lo planificado debido a la desconfianza de los inversores por el cambio de política energética. Como consecuencia, el uso de gas también aumentaría a partir del 2030 por el bajo despliegue de renovables derivado del retraso en el cierre de las centrales nucleares. El mayor uso del gas se traducirá en mayores emisiones que agravan el cambio climático, y en un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de los consumidores de 3.831 millones de euros  (entre 2026 y 2033) en comparación con el escenario de cierre de la centra nuclear Almaraz en 2028.

El gobierno ha evitado hasta ahora tomar una decisión, pero se comprometió a que una posible autorización  cumpliera tres condiciones. El informe favorable del Consejo se refiere solo a la primera, seguridad radiológica, por lo que resulta insuficiente. La segunda condición establece que sea conveniente para la seguridad del suministro eléctrico, pero esta condición no se cumple: sus constantes paradas desde 2024, debido a su falta de rentabilidad, no perturbaron el consumo eléctrico del país.  Además, fue la última tecnología en retomar la generación tras el apagón. Por lo tanto, no demuestran ser tan necesarias para garantizar la seguridad de suministro como pretenden hacer creer.

La última condición establecía que no fuera a costa del bolsillo del contribuyente. Esta condición también se incumple por un sobrecoste del recibo eléctrico estimado en cerca de 4.000 millones de euros, solo entre 2026 a 2033, a lo que se suma un posible encarecimiento de la gestión de los residuos nucleares. Además, el retraso en el cierre de las centrales supondría seguir dependiendo de un sistema eléctrico encadenado a los elevados e inestables precios del gas.

Las organizaciones ecologistas y sociales recuerdan que el informe favorable del CSN se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica. Corresponde ahora al Gobierno español valorar el conjunto de implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual prórroga y adoptar una decisión coherente con la planificación energética vigente, el interés general y los objetivos climáticos. Por ello, exigen que mantenga el calendario de cierre acordado y deniegue la solicitud de prórroga de los reactores de Almaraz.

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La organización incorpora nuevas objeciones sobre el principio de proximidad, los efectos acumulativos, las emisiones de metano, la gestión del digestato, el cambio climático y los riesgos para los recursos hídricos.

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un amplio escrito de alegaciones solicitando a la Junta de Andalucía la denegación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de macroplanta de biogás y biometano promovido por AGR Biogas, S.A. en el término municipal de Benacazón, junto al entorno de Doñana.

La organización considera que el expediente presenta importantes deficiencias técnicas, ambientales y jurídicas que impiden acreditar la viabilidad ambiental de una instalación diseñada para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, equivalentes a unas 560 toneladas diarias.

Entre las principales alegaciones figura el incumplimiento del principio de proximidad, recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto no identifica el origen real de los residuos ni acredita que exista disponibilidad suficiente de materia prima en el entorno de la planta, lo que hace prever un intenso transporte de residuos desde otros territorios, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, el tráfico pesado y los impactos asociados.

La organización también cuestiona la ausencia de un análisis riguroso de los efectos acumulativos que tendría esta instalación junto a otras plantas de biogás proyectadas en la provincia, así como la falta de un estudio completo sobre las emisiones de olores, las emisiones fugitivas de metano y el balance climático global del proyecto.

Las alegaciones advierten igualmente de los riesgos derivados de la gestión del digestato, principal residuo generado por estas instalaciones. Ecologistas en Acción señala que el expediente no acredita disponer de superficie agrícola suficiente para absorber las más de 310.000 toneladas anuales de digestato previstas, ni incorpora un balance agronómico que garantice que su aplicación no provocará contaminación por nitratos o afecciones a acuíferos y cauces públicos.

Otro de los aspectos destacados hace referencia a la vulnerabilidad del entorno. La parcela limita con el arroyo Pino Enano, se asienta sobre el acuífero Majaberraque y se encuentra próxima a la Cañada del Pozo, en una zona donde la protección de los recursos hídricos adquiere una especial relevancia. Además, el entorno alberga numerosas especies protegidas y la planta se sitúa dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, a escasa distancia de la Reserva de la Biosfera de Doñana y del Corredor Verde del Guadiamar.

Las alegaciones incorporan además nuevas consideraciones relativas al riesgo de accidentes industriales, la ausencia de garantías financieras para asegurar el desmantelamiento de la instalación y la restauración ambiental, la ocupación permanente de suelo agrario fértil y la insuficiente evaluación de la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

Para Ecologistas en Acción, el modelo de macroplantas de biogás basado en la concentración de grandes cantidades de residuos resulta incompatible con una verdadera economía circular y favorece la expansión de la ganadería industrial intensiva.

José Luis Bueno, portavoz de ADTA Ecologistas en Acción, ha señalado que “la transición energética no puede utilizarse para justificar proyectos sobredimensionados que trasladan los impactos ambientales al territorio y a las poblaciones cercanas. Si una planta necesita traer residuos desde largas distancias para ser viable, deja de responder al modelo de proximidad que exige la legislación ambiental”.

Bueno ha añadido que “el expediente tampoco demuestra que pueda gestionarse de forma segura el enorme volumen de digestato que se producirá, ni evalúa adecuadamente los riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad o la calidad de vida de la población. No basta con producir biometano; también hay que demostrar que todo el proceso es ambientalmente sostenible”.

Ecologistas en Acción recuerda que estas alegaciones se suman a las presentadas por los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar y al creciente rechazo vecinal que está despertando el proyecto en distintos municipios del Aljarafe, donde continúa ampliándose la movilización ciudadana en defensa del territorio y del entorno de Doñana.

Por todo ello, la organización solicita a la Junta de Andalucía que deniegue la autorización ambiental del proyecto al considerar que no ha quedado acreditada su compatibilidad con la protección de los recursos naturales, la salud ambiental y los principios que inspiran la normativa europea y estatal sobre economía circular.

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• El nuevo informe de Ecologistas en Acción analiza 57 proyectos de restauración marina y advierte de que la restauración ecológica sigue siendo una política insuficientemente consolidada, pese a la grave crisis que atraviesan los ecosistemas marinos.
• Los resultados muestran que existe una brecha preocupante entre la capacidad de restaurar especies y hábitats concretos y la recuperación efectiva de las funciones ecológicas del mar, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas de restauración.
• Ante la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, Ecologistas en Acción reclama un plan nacional ambicioso que garantice financiación estable, seguimiento científico a largo plazo, eliminación de las presiones que degradan los ecosistemas y una gobernanza basada en la participación real de las comunidades costeras.

 

 

La restauración marina ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el Estado español durante la última década. Frente al deterioro acumulado de los ecosistemas marinos provocado por la sobrepesca, la destrucción de hábitats, la contaminación, la artificialización del litoral o el cambio climático, cada vez son más las iniciativas que buscan recuperar la biodiversidad y las funciones ecológicas del mar. El informe Mares Vivos. Claves para la restauración marina en el Estado español, elaborado por Ecologistas en Acción, analiza 57 proyectos desarrollados en distintos territorios para identificar los avances logrados, los obstáculos que siguen limitando su éxito y las lecciones que deberían orientar las futuras políticas públicas de restauración.

Los resultados muestran una realidad con luces y sombras. Por un lado, la restauración marina ha dejado de ser una experiencia marginal. Durante los últimos años se han multiplicado los proyectos dirigidos a recuperar praderas de fanerógamas marinas, ecosistemas coralígenos, bancos de ostras, bosques de macroalgas y especies amenazadas, generando un importante conocimiento técnico y científico.

Sin embargo, el informe también pone de manifiesto que todavía existe una brecha importante entre restaurar organismos y restaurar ecosistemas. La mayoría de los proyectos analizados han conseguido demostrar la supervivencia de las especies restauradas o la viabilidad de las técnicas empleadas, pero solo una pequeña parte ha podido acreditar una recuperación ecológica efectiva de los ecosistemas intervenidos.

Para Ecologistas en Acción, esta diferencia es fundamental. El objetivo de la restauración no puede limitarse a plantar fanerógamas, trasplantar corales o reforzar poblaciones amenazadas. El reto es recuperar ecosistemas funcionales, capaces de albergar biodiversidad, sostener procesos ecológicos y aumentar su resiliencia frente a amenazas que son difícilmente evitables como las olas de calor.

Entre los principales obstáculos identificados destaca la corta duración de la mayoría de los proyectos. Muchas de las especies y hábitats objeto de restauración necesitan décadas para recuperar plenamente su funcionalidad ecológica, pero la mayor parte de las iniciativas se desarrollan en ciclos de apenas tres a cinco años. Esta limitación se ve agravada por una fuerte dependencia de convocatorias temporales, principalmente financiadas con fondos europeos, que dificultan la continuidad de las actuaciones y la consolidación de los resultados.

La situación resulta especialmente preocupante en un momento en el que la financiación europea destinada específicamente a la conservación y restauración de la naturaleza se encuentra amenazada en las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la UE, poniendo en riesgo algunos de los principales instrumentos que han permitido impulsar la restauración marina durante los últimos años, como el programa LIFE.

El informe señala también que el seguimiento científico continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la restauración marina. A pesar de que en la gran mayoría de los casos el desarrollo del proyecto se lleva a cabo con un importante peso científico, una parte significativa de los proyectos finalizados carece de información pública sobre su evolución posterior, lo que dificulta conocer el alcance real de los resultados obtenidos y limita el aprendizaje colectivo.

Además, la información disponible de los proyectos analizados suele centrarse en los casos de éxito, mientras que las dificultades, limitaciones o fracasos permanecen poco documentados pese a que constituyen una fuente de conocimiento imprescindible para mejorar futuras intervenciones.

Otro de los mensajes centrales del informe es que la restauración activa, por sí sola, no basta. Aunque trasplantes, viveros, refuerzos poblacionales o arrecifes artificiales pueden desempeñar un papel importante, su eficacia disminuye cuando continúan actuando las causas que provocaron la degradación. La recuperación de los ecosistemas marinos exige avanzar simultáneamente en la eliminación de presiones humanas, como determinadas prácticas pesqueras, el fondeo sobre hábitats sensibles, la contaminación o la acumulación de residuos.

En este sentido, Ecologistas en Acción hace hincapié en que las áreas marinas protegidas bien gestionadas —es decir, con planes de gestión operativos que incorporan medidas de eliminación de las presiones y marcos de gobernanza colaborativos— pueden ofrecer condiciones especialmente favorables. En cualquier caso, la organización advierte de que la restauración marina no debe limitarse únicamente a estos espacios.

Lucas Barrero, coautor del informe, ha declarado: “La experiencia acumulada demuestra además que los proyectos más sólidos son aquellos capaces de implicar a los actores locales desde las primeras fases de diseño hasta la ejecución y el seguimiento de las actuaciones. La colaboración entre comunidad científica, administraciones, sector pesquero y organizaciones sociales, no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que favorece su continuidad y genera el apoyo social necesario para mantener los resultados a largo plazo”.

Lecciones para el futuro Plan Nacional de Restauración

A la luz de las lecciones extraídas de los proyectos analizados, Ecologistas en Acción considera que el futuro Plan Nacional de Restauración, que debe enviar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre, debe convertirse en una herramienta capaz de garantizar la continuidad de los esfuerzos restauradores más allá de los ciclos de financiación. Para ello, será imprescindible asegurar recursos estables, desarrollar sistemas de evaluación basados en indicadores comunes y reforzar el seguimiento científico de las actuaciones durante periodos suficientemente largos como para poder evaluar la recuperación real de los ecosistemas.

Además, la organización ecologista defiende que el Plan incorpore de forma decidida la restauración pasiva mediante la reducción efectiva de las presiones que afectan al medio marino; fortalezca la gestión de los espacios marinos protegidos; garantice una distribución equilibrada de recursos entre las distintas demarcaciones marinas; y establezca mecanismos de gobernanza transparentes y participativos que permitan implicar a las comunidades costeras en la toma de decisiones.

Asimismo, considera imprescindible que la adaptación al cambio climático atraviese todas las actuaciones de restauración y que se promueva una cultura de aprendizaje colectivo donde los fracasos y las limitaciones sean también documentados y compartidos.

LIFE ECOREST, una referencia para la restauración marina

Entre los proyectos analizados, el LIFE ECOREST destaca como una de las experiencias más avanzadas e inspiradoras desarrolladas hasta la fecha en el Mediterráneo occidental. El proyecto, desarrollado frente a las costas catalanas, combina la restauración activa de comunidades coralígenas y hábitats bentónicos profundos con actuaciones destinadas a reducir las presiones que afectan a estos ecosistemas, incorporando además la participación directa del sector pesquero en la identificación y establecimiento de áreas prioritarias y vedados de pesca, la recuperación de organismos capturados accidentalmente y el seguimiento de los resultados.

La implicación activa del sector pesquero es uno de los elementos más destacados de esta experiencia. Su colaboración en la recuperación de gorgonias, corales y esponjas capturados accidentalmente demuestra que la conservación marina y la actividad pesquera pueden construir alianzas capaces de mejorar el estado de los ecosistemas y reforzar la sostenibilidad de los recursos marinos.

Ecologistas en Acción destaca que, por su combinación de restauración activa y pasiva, seguimiento a largo plazo y gobernanza colaborativa, LIFE ECOREST constituye una referencia valiosa para el futuro Plan Nacional de Restauración y para avanzar hacia una recuperación real y duradera de los ecosistemas marinos.

Marta García Pallarés, coautora del informe, ha añadido: “LIFE ECOREST forma parte de una trayectoria de más de una década de trabajo en la restauración del coralígeno profundo, una continuidad que ha permitido acumular conocimiento científico, perfeccionar metodologías y evaluar los resultados en escalas temporales acordes con los ritmos de recuperación de los ecosistemas marinos”.

Recientemente, Ecologistas en Acción ha documentado este trabajo conjunto entre personal científico y sector pesquero mediante un reportaje fotográfico realizado junto al proyecto.

 

Reportaje fotográfico LIFE Ecorest maquetado y carpeta de fotos.

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• 200 participantes de esta ruta en bicicleta organizada por Ecologistas en Acción viajarán como comunidad itinerante del 18 de julio al 2 de agosto para reivindicar unos territorios vivos y resilientes.
• El pelotón saldrá de León, recorrerá más de 700 kilómetros y finalizará en Xixón; catorce etapas en las que entrarán en contacto con los grupos locales de la organización ecologista así como con otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio.
• En esta edición, la marcha ciclista pone el foco en las causas estructurales de los Grandes Incendios Forestales y exige que los presupuestos se vuelquen en la prevención invernal y la ordenación del territorio.

El sábado 18 de julio arranca en León una nueva edición de la Ecomarcha, la ya tradicional ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción, confederación que agrupa a más de 200 colectivos ecologistas de todo el Estado español. Hasta el próximo 2 de agosto, un pelotón de personas de todas las edades y territorios recorrerá las carreteras de León, Zamora, Ourense y Asturies bajo el lema “¡Incendios nunca más!”.

Esta comunidad itinerante sobre dos ruedas completará un trazado que cruza comarcas duramente golpeadas por el fuego durante el último año, como La Bañeza, Sanabria, el macizo central ourensano, Valdeorras, El Bierzo, la Laciana y los valles asturianos. Municipios como Molezuelas de la Carballeda, A Mezquita, Oimbra, Chandrexa de Queixa o Larouco, cuyos nombres quedaron grabados por la crudeza de las llamas, serán paradas fundamentales del recorrido. El objetivo de la marcha no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social que escuche, acompañe y abrace a los pueblos que sufren el abandono y las consecuencias de la crisis ecológica.

Los incendios se apagan en invierno: un problema social y ambiental

La organización urge a investigar las causas profundas y los intereses que se esconden tras las llamas, vinculados a la crisis ecológica (que alarga las olas de calor extremo), el vaciado del medio rural y una inadecuada ordenación del territorio.

“Los grandes incendios forestales son inasumibles para cualquier sistema de extinción si no se actúa antes”, declaran desde la organización. “Exigimos que los esfuerzos económicos se vuelquen en la prevención invernal y en asegurar la estabilidad laboral, con condiciones dignas durante todo el año, de las brigadas forestales y bomberos. No se puede proteger la tierra con contratos precarios de tres meses en verano”.

Bosques autóctonos frente a polvorines de monocultivo

La Ecomarcha 2026 incidirá de manera especial en el modelo forestal. Ecologistas en Acción defiende la recuperación de ecosistemas diversos y discontinuos frente a las plantaciones masivas de especies que arden con mucha facilidad, como el pino o el eucalipto, que actúan como auténticos polvorines. Los bosques autóctonos maduros, por el contrario, retienen mejor la humedad, frenan la erosión y resisten con mucha más fuerza el avance del fuego.

Asimismo, la confederación advierte de que la prioridad absoluta tras un incendio no debe ser la saca comercial de madera rápida ni las plantaciones inmediatas, que suelen derivar en costosos fracasos. Lo urgente es estudiar los efectos sobre el terreno para proteger los suelos de la erosión de las lluvias de otoño; evitar que la ceniza llegue a los ríos y priorizar la regeneración natural de la zona mediante medidas urgentes como el acotamiento estricto al ganado; así como prohibir la actividad cinegética o la especulación minera y energética en terrenos quemados.

Alianzas con el mundo rural vivo

Frente a la lógica del abandono, la Ecomarcha reivindica la soberanía alimentaria y el apoyo directo al paisaje y a las personas del sector primario que cuidan el entorno. Entre las propuestas sostenibles, la ruta ciclista de Ecologistas en Acción defiende una ganadería extensiva debidamente planificada y adaptada a la capacidad de carga del territorio, que sea plenamente compatible con los ciclos naturales y la conservación de los espacios protegidos.

A lo largo de las dos semanas que dura esta actividad, el pelotón irá conociendo a los grupos locales de la organización ecologista, así como a otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio. Conocerán de primera mano sus luchas y les apoyarán en sus reivindicaciones.

“Pedaleamos porque la bicicleta es nuestra herramienta de transformación comunitaria y pacífica”, concluyen desde la organización, invitando al vecindario de las localidades de la ruta a acercarse a charlar en los puntos de encuentro. “Esta lucha no es exclusiva de las personas ecologistas; es de cualquiera que ame su tierra, que quiera defender su cultura rural y que desee asegurar un futuro digno y verde para las próximas generaciones”.

Ecologistas en Acción ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de sumarse a alguna etapa para la realización de reportajes o entrevistas.

Cuaderno de bitácora y ruta detallada de la Ecomarcha 2026

Galería multimedia

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• Tras la DANA de 2024 comenzaron los dragados y rellenos masivos de materiales en los puertos de Sagunt y València, visibles incluso desde satélite, sin tener ningún tipo de evaluación ambiental, pese a afectar a zonas y especies protegidas.
• Los colectivos de la Comissió Ciutat-Port advirtieron a todas las autoridades competentes de estos impactos. Ahora, frente a la inacción administrativa, Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, lleva ante los tribunales las infracciones.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso que empezó en junio de 2025, momento en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, el movimiento ecologista denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas. Los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada MSC. La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

La DIA de 2007 de este megaproyecto seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt.

Diecinueve años después, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA:

1. Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto.
2. El proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde.
3. El proyecto constructivo afirma que en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras.
4. La pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el amparado por dicha DIA/2007, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el “Proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos cuatro años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia la interpuso en junio del año pasado la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la DANA de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras.

Posteriormente, Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al propio MITECO y a Puertos del Estado, con el objeto de que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que se estaban cometiendo. Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial que se ha presentado ahora solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia (de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la finalidad preventivade la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras, y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud.

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• El Estado español será evaluado en la COP 17 de Biodiversidad, donde presenta su 7º Informe Nacional de Biodiversidad sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales.
• Tras los fracasos de 2010 y 2020, cuando no se logró detener la pérdida de biodiversidad por falta de voluntad política, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa del Marco Mundial de Biodiversidad.
• La organización ecologista publica un informe donde analiza el documento y evalúa el estado de aplicación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como herramienta para la traslación del Marco Mundial de Biodiversidad a las políticas estatales.
• La organización ecologista reconoce avances, pero señala graves deficiencias que comprometen el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030 cuando se está a mitad de plazo para el vencimiento del plan.

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.

El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.

Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.

La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.

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• Ecologistas en Acción critica el Plan Estatal de Fertilizantes presentado por el Gobierno, por centrarse en las subvenciones destinadas a mantener un modelo agrícola basado en los combustibles fósiles, en lugar de impulsar una transición agroecológica.
• La organización ecologista reclama una política más ambiciosa que destine fondos públicos a fomentar de forma sistemática las prácticas agroecológicas, y enumera cuatro medidas medidas concretas, con el fin de reducir la dependencia de la agricultura respecto a los fertilizantes fósiles y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

En el contexto de los conflictos geopolíticos en el estrecho de Ormuz y del consiguiente aumento de los precios de los fertilizantes, el Plan Estatal de Fertilizantes presentado por el Gobierno la semana pasada prevé una inyección financiera de 1.100 millones de euros para seguir subvencionando los combustibles fósiles. Aunque el plan también prevé el fomento de la fertilización orgánica sostenible, Ecologistas en Acción denuncia que se pierde la oportunidad de descarbonizar el sector agrario español.

La organización ecologista critica el excesivo énfasis en las ayudas económicas para la compra de fertilizantes y soluciones técnicas de agricultura de precisión, en lugar de impulsar una implantación ambiciosa de prácticas agroecológicas. Esto no solo aumentaría de manera significativa la autonomía agrícola respecto a los fertilizantes fósiles, sino también la implementación de la economía circular, la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

Por otro lado, la medida olvida que el uso de fertilizantes en la agricultura es una de las causas de la enorme contaminación con nitratos, que deja cada año a más de 260.000 personas sin agua potable y pone en riesgo de cáncer colorrectal a los habitantes de la mitad de los municipios del Estado español.

Por ello, la organización ecologista valora este plan como “una medida equivocada a corto plazo que ignora el contexto actual de agotamiento de recursos y cambio climático”. La producción de fertilizantes sintéticos es altamente dependiente de gas fósil y de otros recursos escasos como los fosfatos lo que implica un fuerte impacto ambiental además de una vulnerabilidad dada la geopolítica internacional.

También recuerda que  el Estado español importa más del 99 % de su gas fósil y, aunque una parte de los fertilizantes nitrogenados se fabrica en el país, su producción depende casi por completo del gas fósil importado: “Hoy en día, el coste de los fertilizantes para agricultores y agricultoras de muchos países, entre ellos España, representa entre el 15 % y el 30 % de su presupuesto, y la proporción que supone el coste del gas en el coste total de un fertilizante oscila entre el 70 % y el 90 %. Esto pone de manifiesto el frágil equilibrio en el que se encuentra el sistema agroalimentario”, explica Elena Alter, portavoz de la organización ecologista.

Para Ecologistas en Acción, ante la crisis del petróleo y el cambio climático, es absolutamente necesario reducir la dependencia de los insumos industriales externos. Por ello, la transición hacia un modelo agroecológico —que requiere de una importancia estratégica— es urgente para garantizar, a medio plazo, la capacidad de producción de alimentos y asegurar la viabilidad económica del sector agrario local.

“Ante el cierre de Ormuz, abramos las composteras comunitarias”

En respuesta al anuncio del Plan Estatal de Fertilizantes, la organización ecologista enumera algunas medidas que deberían ser la prioridad del Gobierno para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Medidas que exigen una reorientación estratégica de las políticas agrarias hacia la transición agroecológica:

• Impulsar la recuperación de la capacidad productiva autónoma de los suelos agrarios y la sustitución de los fertilizantes sintéticos inorgánicos por fertilización orgánica siguiendo las recomendaciones de la FAO. El aporte de materia orgánica con estiércol, restos vegetales aportados al suelo, incorporación de biochar, humus de lombriz o compost de restos orgánicos contribuye a regenerar la capacidad productiva de unos suelos vivos. Las cubiertas vegetales en cultivos leñosos y los cultivos de leguminosas como abonos verdes contribuyen además a la fijación de nitrógeno en los suelos.
• Potenciar las sinergias entre agricultura y ganadería, ya que se ahorrarían costes y se mejoraría la productividad de los suelos agrícolas.
• Aprovechar todo el potencial que representan las enormes cantidades de materia orgánica que se tiran como basura orgánica urbana y que acaban en vertederos, generando graves problemas de contaminación de aguas, suelos y atmósfera. Se estima que solo la ciudad de Sevilla genera más de 200.000 toneladas de basura orgánica, de las que apenas 15.000 se recuperan de forma separada apta para su aprovechamiento como compost. Recuperar ese residuo como recurso es urgente para reducir la aplicación de fertilizantes sintéticos.
• Destinar recursos públicos suficientes para la formación técnica y el asesoramiento agroecológico en finca, así como ayudas directas para compensar las pérdidas de renta en el periodo de transición hasta recuperar la capacidad productiva autónoma.

“Aferrarse a un modelo agrario altamente dependiente de insumos externos derivados del petróleo es un gran error. Se trata de un modelo que no resuelve la crisis económica del sector agrícola, sino que más bien la perpetúa y nos aleja aún más de la transición agroecológica y la soberanía alimentaria que necesitamos. Por ello, ante el cierre de Ormuz, abramos composteras comunitarias”, concluye Elena Alter.

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• El negacionismo climático del actual gobierno de la Junta de Andalucía provocará incendios más devastadores.
• Ecologistas en Acción muestra su consternación por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que es consecuencia de las sucesivas olas de calor que se están sufriendo en el ámbito mediterráneo debido al cambio climático.
• El pacto de gobierno de PP-VOX, por el que se comprometen a no actuar frente al cambio climático, agudizará estos eventos catastróficos. 

Los incendios forestales se suceden uno tras otro por toda la geografía andaluza, siendo cada vez más virulentos y letales. Los medios que se utilizan para la extinción, en este caso formado por cientos de bomberos forestales, miembros de la UME, guardias civiles… y decenas de aviones y helicópteros, demuestran hasta qué punto se hace cada vez más difícil apagar estos mega incendios.

Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas; ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península, ahora llegan al sur.

Hay responsabilidades políticas evidentes en este escenario catastrófico. Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan. La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP. La nueva ley urbanística (LISTA) agravará aún más esta situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizables, promoviendo las segundas residencias sin ligazón a la explotación de fincas rústicas. El urbanismo en suelos no urbanizables se desbocará.

Estos incendios forestales demuestran también el fracaso de las políticas de prevención, no solo en las actuaciones sobre las masas forestales para hacerlas más resistentes a la propagación de los incendios, incluso en terrenos forestales con escasa vegetación arbórea, como es este caso, sino sobre todo por la inoperancia demostrada de los planes de emergencia locales. En Andalucía, todos los municipios ubicados en zona de peligro de incendios forestales están obligados por el Decreto 371/2010 a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). Este plan debe incluir estrategias de prevención locales, planes de evacuación claros y sistemas de aviso a la población integrados en el Plan INFOCA.

Hay ayuntamientos que a estas alturas carecen de estos planes, muchos no los tienen actualizados y la inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas. Nunca se realizan simulacros en los municipios forestales para que la población sepa que tiene que hacer para colaborar en la prevención y extinción de los incendios forestales, cuándo tiene que confinarse y cuándo y cómo proceder a su evacuación. Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas.

Estos diseminados urbanísticos deberían contar también con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF), que es un instrumento técnico obligatorio para núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro. Su objetivo es evaluar los riesgos, definir medidas preventivas, organizar la evacuación y facilitar la intervención de emergencia. Nada de estos existía en las zonas incendiadas.

Muy preocupante es que, ante este escenario, se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada.

Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias.

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Ambas organizaciones recurren ante la Audiencia Nacional el acuerdo aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado 22 de junio a instancias de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pese a la oposición y el criterio científico del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que abre la puerta a intensificar la caza de una especie que sigue sin alcanzar los mínimos de viabilidad exigidos por la ciencia.

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado hoy ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de junio, que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico (Canis lupus) en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. El acuerdo se aprobó a propuesta de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“El propio informe técnico del ministerio reconoce que la ficha impuesta por estas cuatro comunidades autónomas ‘adolece de justificación científica’. No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha declarado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

“Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros. Hoy mismo Asturias publica su llamado “plan de gestión”, una estrategia de aniquilación que pretenden blindar con cobertura de decreto”, ha afirmado Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

El lobo ibérico es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de la Península, ya que regula las poblaciones de ungulados silvestres y contribuye al control de enfermedades como la tuberculosis bovina. Pese a ello, su población —estimada en 333 manadas— sigue lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. Buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse, y la población de Sierra Morena, la más meridional de Europa occidental, se extinguió hace apenas una década. Sin esa expansión territorial, advierten las organizaciones, cualquier declaración de “buen estado de conservación” es, cuanto menos, imprudente.

“El propio Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que no se puede autorizar la extracción de una especie mientras su estado de conservación sea desfavorable. Si se remite este informe sexenal a Bruselas, contrario a la mejor evidencia científica, ese único obstáculo legal frente a la caza del lobo desaparece de la noche a la mañana.”, han señalado Jaime Doreste Hernández y Sara González Merinero, letrados de de las organizaciones recurrentes.

“Frente a estrategias de desinformación que llaman ‘controles de población’ a lo que es simplemente matar lobos, la sociedad civil tiene que seguir usando todas las herramientas legales a su alcance. Los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda”, ha añadido Oberhuber.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, ha concluido Ernesto Díaz.

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• Tras la publicación de los datos oficiales del primer semestre de 2026 y en plena ola de incendios, Ecologistas en Acción urge a las administraciones a que mejoren la prevención de las igniciones de origen humano.
• Ecologistas en Acción considera que esta medida es imprescindible para reducir estos eventos catastróficos y sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas.
• La organización ecologista hace asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana y a que se lleven a cabo más campañas de sensibilización.

Tanto los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como los de las comunidades autónomas y los de la Secretaría General de Protección Civil reflejan la escasa incidencia que este año, como en los anteriores, tienen los incendios de origen natural, y la muy mayoritaria de los de origen humano, superando ampliamente el 90% de los casos.

Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.

Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.

Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera.  En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.

En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.

Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.

En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.

Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.

Entre ellas, se reclaman las siguientes:

• Incremento, con la dotación adecuada, de las campañas de sensibilización orientadas a prevenir fuegos accidentales. Atendiendo específicamente a cada sector que potencialmente más pueda ayudar a evitar igniciones.
• Prohibición taxativa del uso del fuego, pirotecnia o de medios mecánicos que puedan originarlo en el medio natural o en situación de que pueda propagarse al mismo.
• Aumento de los equipos de vigilancia e investigación sobre el terreno, con incremento de las dotaciones de agentes medioambientales y forestales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en temas medioambientales.
• Mejora de la Ley 43/2003 de Montes para que regule de manera más restrictiva las situaciones de riesgo y obligue a una mayor armonización en este aspecto de la normativa y planes autonómicos de prevención de incendios.
• Agilización de la vía penal y administrativa para que se apliquen de forma más eficaz los regímenes sancionadores establecidos para evitar incendios.

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• Las fresas cultivadas en la UE están contaminadas con una mezcla de pesticidas tóxicos, según una investigación realizada por PAN Europe y varias organizaciones europeas, entre ellas Ecologistas en Acción. 
• Las fresas cultivadas en España están contaminadas en menor porcentaje y con un menor número de plaguicidas.
• Consumir fresas locales y, si se puede, ecológicas es la mejor opción.

Las fresas son una fruta muy popular en la Unión Europea con un gran consumo infantil. Debido a la gran demanda, su producción es intensiva. PAN Europe y sus organizaciones asociadas, entre ellas Ecologistas en Acción, publican hoy un estudio sobre la presencia de plaguicidas en las fresas de once países de la UE¹.

A nivel europeo, los análisis detectan plaguicidas en el 88 % de las fresas, en algunos casos con un elevado número de residuos diferentes, como los nueve plaguicidas detectados en una muestra belga, los ocho en una húngara o los siete en una irlandesa. El 58 % de las fresas están contaminadas con plaguicidas PFAS, llamados ‘químicos eternos’ por su elevada persistencia. Además, el 56 % de los plaguicidas identificados forman parte del grupo de los plaguicidas autorizados más peligrosos, los denominados candidatos a la sustitución, que deberían haberse eliminado progresivamente desde 2011.

En España, se han detectado dos plaguicidas en una de las dos muestras de fresas de cultivo convencional analizadas: ambos están autorizados en la Unión Europea y se encuentran por debajo del límite legal. Estos resultados concuerdan con los últimos datos oficiales del año 2024 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, según los que el 64 % de las fresas españolas de agricultura convencional estaban libres de plaguicidas.

Ninguna de las muestras de fresas ecológicas analizadas en Europa, ni tampoco la analizada en España, contiene plaguicidas, lo que confirma que consumir ecológico es la mejor opción para evitar estos tóxicos.

Según Kistiñe García, coordinadora del grupo de sustancias tóxicas de Ecologistas en Acción: ‘No solo están libres de plaguicidas las fresas ecológicas, sino también un porcentaje elevado de las cultivadas en convencional, lo que demuestra que España puede y debe cultivar sin plaguicidas’.

Los resultados de esta investigación demuestran que no se necesita una flexibilización de las normas de plaguicidas para facilitar el uso de estas sustancias, como pretende la propuesta de Ómnibus Alimentario y de Piensos que se debate en la actualidad, sino una mejor aplicación de las mismas.

Según Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción: ‘No debemos olvidar otros impactos asociados al cultivo intensivo de fresas, como el gran consumo de agua y las condiciones de semiesclavitud de las trabajadoras de los campos de fresa’.

Ecologistas en Acción exige a la industria agrícola y a las administraciones competentes que cultiven con cada vez menos plaguicidas, con el objetivo de eliminarlos completamente y cumplan la legalidad en las condiciones laborales de las jornaleras para proteger la salud de las personas que consumen y la de las que cultivan las fresas, así como para proteger los ecosistemas.

 

 

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• La organización ecologista celebra que el Parlamento Europeo, en la reunión tripartita con otros órganos de la UE el 29 de julio, mantuviera sus líneas rojas sobre la instauración de un Chat Control 2.0 de escaneo masivo obligatorio de toda comunicación privada, incluida la mensajería cifrada.
• Sin embargo, alerta del intento del Consejo de Ministros de la UE y del Partido Popular Europeo, para aprobar esta semana por proceso de urgencia una nueva versión de Chat Control 1.0, rechazado en marzo por una clara mayoría de 311 votos frente a 228.
• La ineficacia de Chat Control 1.0 ha quedado demostrada para el control en las redes de delitos de abuso sexual que, a cambio, da cobertura legal a las plataformas digitales para el escaneo masivo de comunicaciones privadas, transgrediendo la protección de datos de la Directiva sobre Privacidad Electrónica.

Ecologistas en Acción celebra que, desde mayo de 2026, las plataformas digitales tengan que respetar la Directiva sobre Privacidad Electrónica, al expirar el reglamento temporal denominado Chat control 1.0. Dedes 2021, dicho reglamento europeo ha permitido a las plataformas revisar los mensajes privados de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil.

Asimismo, la organización ecologista considera positivo que el equipo de negociación del Parlamento Europeo no aceptase —en el diálogo tripartito del 29 de julio— la propuesta del Consejo de la UE de un reglamento permanente, Chat Control 2.0, de escaneo obligatorio masivo de la comunicación privada de la ciudadanía europea, incluso para los mensajeros cifrados. Según la representación europarlamentaria, defendieron su línea roja contra la vigilancia masiva generalizada y a favor de que la vigilancia esté basada en órdenes judiciales.

Sin embargo, Ecologistas en Acción alerta de que esta semana el Consejo de Ministros de la UE y el Partido Popular Europeo van a introducir un debate en el Parlamento Europeo con el que solicitan un mecanismo de urgencia, justo antes del receso de verano. Dicho mecanismo podría alterar la mayoría de 311 votos frente a 228, alcanzada en marzo de este año, y eludiría a los organismos de control democrático, la necesidad de un nuevo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos y una evaluación de impacto de las infracciones de los derechos fundamentales.

La propia Comisión Europea ya admitió —COM(2025)740— que no existe un vínculo probado entre el escaneo de mensajes privados y las condenas por abuso sexual de menores o el rescate de niñas y niños. De hecho, Europol acaba de cerrar 373.000 páginas web con contenido pedopornográfico sin escaneo masivo de chats. A pesar de ello, las empresas siguen escaneando datos incluso después de la expiración del Chat Control 1.0.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción apela a europarlamentarias y europarlamentarios del Estado español a mantener un proceso garantista y exigir criterios de protección de la privacidad en los debates y votaciones que comienzan mañana martes 7 de julio

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