La Comisión Europea publica el octavo paquete ómnibus del año, que elimina exigencias ambientales.
Con el pretexto de la simplificación, se impulsa un grave retroceso en normativas ambientales fundamentales para proteger la vida.
Ecologistas en Acción denuncia que estos cambios solo favorecen a las grandes empresas y perjudican a las personas.
La Comisión Europea ha publicado el octavo paquete de “simplificación” ómnibus, que consiste en la modificación de varias leyes en un solo documento. Ecologistas en Acción denuncia que este texto, llamado Paquete Ómnibus Ambiental, incluye medidas que reducen las garantías para proteger la salud y los derechos de las personas.
Además, la organización ecologista considera “muy preocupante” la tendencia a desmantelar leyes en esta dirección, ya que este es el octavo paquete ómnibus del año. Es particularmente alarmante el hecho de que la Comisaria de Medio Ambiente Jessika Roswall haya advertido de que es necesario evaluar si cumplen con los objetivos de las leyes de naturaleza y agua, lo cual hace temer futuras propuestas de retroceso ambiental en las Directivas Hábitats y Aves, además de en la Directiva Marco de Agua.
Estos son los aspectos más problemáticos del Ómnibus ambiental, según Ecologistas en Acción:
Propone acelerar las evaluaciones medioambientales de proyectos clave para la UE. Ecologistas en Acción, a falta de un análisis exhaustivo, recuerda que la Evaluación de Impacto es un mecanismo para garantizar que los proyectos no incurran en graves impactos negativos ambientales, y que a menudo la simplificación conlleva menor control y mayores riesgos.
En la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas se eliminan la exigencia del inventario de productos químicos y los inventarios e indicaciones de los planes de transformación.
Aporta una simplificación específica en el cálculo del umbral para las explotaciones porcinas, cuyas consecuencias es necesario evaluar.
Propone reducir los requisitos de los generadores de reserva que dan soporte a los grandes centros de datos impuestos en la Directiva sobre Instalaciones de Combustión Medianas.
Impulsa la exención de los operadores ganaderos y acuícolas de la obligación de informar sobre el uso de agua, energía y materiales que incluye el Portal de Emisiones Industriales.
Propone la eliminación de informar sobre sustancias peligrosas impuesta por la Directiva Marco de Residuos, además de suspender algunas responsabilidades de los/as productores/as.
Propone la suspensión temporal de algunas obligaciones del Reglamento sobre baterías, relacionadas con la gestión y el reciclaje de las baterías cuando se convierten en residuos que deben hacer los fabricantes.
Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción, ha declarado: “En tan solo unos meses se han retrasado normas clave, reducido presupuestos ambientales o retrasado la puesta en marcha de reglamentos como el de la deforestación importada, siempre en pro de las empresas y en contra del medio ambiente y las personas”.
Susana Millán, responsable de la campaña Transformación Industrial de la organización ecologista, ha añadido que “si se llega a aprobar este paquete, tendrá graves consecuencias para la salud de las personas, ya que, por ejemplo, facilita el uso de más productos químicos”.
Por su parte, Julio Carmona, coordinador del Área de Digitalización y Contaminación Electromagnética, ha advertido que “las medidas de los diferentes paquetes ómnibus favorecen el rastreo constante de nuestros datos por parte de gobiernos y empresas. También eliminan algunas de las ya de por sí débiles salvaguardias diseñadas para garantizar un desarrollo seguro y sin discriminación de la IA”.
Por último, Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, ha concluido: “Este proceso de desmantelamiento de leyes ambientales está recibiendo una oposición sin precedentes por parte de la sociedad civil, pero avanza impunemente. Es urgente y necesaria una mayor ofensiva política y ciudadana para frenar este retroceso que acabará con décadas de progreso. La lucha para frenar la crisis ecológica requiere de cambios transformadores y avances legislativos”.
Decenas de personas se han dado cita en Vigo, convocadas por Ecologistas en Acción y la colaboración de diferentes plataformas locales, para poner en valor, de manera reivindicativa y festiva, las luchas ecosociales más activas a lo largo de 2025.
La manifestación ha discurrido por zonas que muestran las diferentes luchas que este año ha protagonizado el pueblo gallego.
El punto de encuentro ha sido en la Plaza de Vialia, en la estación de tren Urzaiz. Con pancartas contra la turistificación y sus efectos sobre el clima, Juan Medela, de la Plataforma fronte á Masificación Turística de Vigo e O Morrazo y del Sindicato de Inquilinas, ha explicado las consecuencias sociales y medioambientales que sufre Vigo por la masificación turística en las fiestas navideñas.
Primera parada: la farola de Urzaiz, un punto emblemático de las concentraciones en solidaridad con el pueblo palestino en Vigo. Activistas de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) en la ciudad han detallado las acciones realizadas desde que empezó, hace más de dos años, esta fase del genocidio en Gaza para promover el boicot al sionismo criminal.
La segunda parada ha tenido lugar en la Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo. Ana Freiría, activista de Ecoloxistas en Acción Galiza e integrante de la coordinadora Altri Non, ha dado cuenta de la gran movilización del pueblo gallego contra el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei.
Después se ha desplegado una pancarta de la campaña Escuelas Saludables. Julio Carmona, activista del Área de Digitalización de Ecologistas en Acción, ha explicado las razones para trabajar por una educación libre de pantallas en la que se respete el desarrollo cognitivo de los adolescentes.
La tercera y última parada ha sido en la estatua O Nadador, al lado de la Estación Marítima de Ría. Allí, Cecilia del Castillo, coordinadora del Área de Medio Marino de Ecologistas en Acción, ha alertado de los riesgos que sufren los mares por la pesca masiva y de la contaminación de los cruceros en el punto de llegada de estos a Vigo.
A continuación ha tenido lugar una performance que ha simulado la llegada de bidones radioactivos para denunciar la presencia de miles de estos en la Fosa Atlántica y la lectura de un manifiesto que ha concluido con este llamamiento: «Los océanos regulan el clima, generan oxígeno, nos alimentan e inspiran. La ceguera capitalista que convierte cordones dunares en chiringuitos, playas en piscinas, peces en harinas y aceites de pescado para alimentar otros peces, ecosistemas marinos en vertederos municipales, algunos hasta radioactivos, tiene que acabar».
La actividad pesquera industrial constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad marina, por lo que Ecologistas en Acción ha detallado las exigencias de Ecologistas en Acción para enfrentar una crisis multidimensional sin precedentes. Con ello, se ha puesto punto final a la movilización y a la XXVII Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción.
Manifiesto: Los océanos ante una crisis multidimensional sin precedentes
La actividad pesquera industrial constituye una de las mayores amenazas para la biodiversidad marina. Mientras los políticos apelan discursivamente al pescador artesanal que se levanta a las cuatro de la madrugada y nos culpan a las ecologistas de su declive, siguen subvencionando grandes flotas industriales que faenan en aguas lejanas, que a pesar de representar solo el 2,5 % de los barcos, concentran más de la mitad de las capturas, y con ello los impactos de las redes de arrastre sobre el fondo marino y sobre grupos de especies singulares como tiburones, cetáceos, aves, tortugas y muchas otras de invertebrados.
El caso del atún rojo ejemplifica bien estas contradicciones de la política pesquera. A pesar de su recuperación en los últimos años, el aumento de cuota, en lugar de destinarse a favorecer a pescadoras y pescadores artesanales y aliviar la presión sobre otras pesquerías para permitir su recuperación, sigue controlado por unas pocas familias. Es el caso más evidente de oligopolio pesquero en el Estado español.
Por no hablar de las grandes corporaciones comercializadoras y conserveras de pescado con base en Galicia, como Nueva Pescanova, Iberconsa, Profand o Grupo Calvo que, con grandes flotas en países del Sur global (algunos señalados por pesca ilegal), externalizan su producción, su huella ecológica, vulneran derechos humanos y laborales, y evaden impuestos para después importar sus productos de vuelta.
Esta explotación se agrava con la crisis climática. Cada año los océanos superan nuevos récords de temperatura. Este año el nuevo récord apunta al colapso global e irreversible de los arrecifes de coral, tras haber superado el umbral de 1,2 °C. Esta situación se ve agravada por la proyección de olas de calor marinas más intensas, frecuentes y duraderas, cuyos impactos se superponen al calentamiento progresivo.
Por desgracia, esta tierra conoce muy bien las consecuencias de un sistema capitalista y depredador que usa el mar como vía principal para el comercio de productos, así como la pésima gestión de quienes debieran defenderlo. Del Prestige y sus “hilillos de plastilina”, todavía visibles 23 años después, a los millones de pellets de plástico que hoy hace dos años tiñeron de blanco joyas naturales como el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y, por si esto no fuera suficiente, este año se han localizado 3.350 bidones de residuos nucleares –de los 200.000– vertidos entre 1949 y 1982 en la Fosa Atlántica, a apenas 500 kilómetros de estas costas.
El litoral también es víctima de la privatización. Particulares y empresas ocupan un Dominio Público Marítimo-Terrestre, cada vez menos público, gracias a la complicidad de las administraciones. En Galicia, casos como la isla de Toralla –que niega el acceso público– o las concesiones en Isla Pancha (Ribadeo) dentro de la Red Natura 2000, ejemplifican bien esta dinámica.
No nos cansamos de denunciar la turistificación, que nos asfixia y encuentra uno de sus máximos exponentes en Canarias, donde hoteles como el RIU Palace en las Dunas de Corralejo o proyectos como Cuna del Alma en Tenerife ocupan y degradan el dominio público en espacios naturales protegidos. Un modelo que genera récords de beneficios turísticos mientras mantiene a más del 35% de su población en riesgo de pobreza. Los cruceros no paran de crecer, Barcelona es la ciudad más contaminada por cruceros de toda Europa, pero igual que ella, otras ciudades portuarias como Vigo sufren los impactos de la masificación, la contaminación atmosférica y la generación de residuos que produce este sector.
Muchas compañías navieras continúan utilizando combustibles tóxicos. Para cumplir con los límites legales utilizan limpiadores de gases (scrubbers) para inyectar en el medio marino la contaminación que iría a la atmósfera, generando niveles de toxicidad en el agua que amenazan la fauna y flora del mar. Además, las altas velocidades de los buques en corredores migratorios como el del Mediterráneo o Canarias, amenazan cachalotes y rorcuales.
Los océanos regulan el clima, generan oxígeno, nos alimentan e inspiran. La ceguera capitalista que convierte cordones dunares en chiringuitos, playas en piscinas, peces en harinas y aceites de pescado para alimentar otros peces, ecosistemas marinos en vertederos municipales –algunos hasta radioactivos– tiene que acabar.
Por lo tanto, exigimos:
La transición hacia la pesca de bajo impacto y la apuesta por la cogestión pesquera como forma de gobernanza.
El establecimiento de estándares rigurosos para importaciones pesqueras.
El reparto de los derechos de pesca justo, que permita pescar más a quienes reducen sus impactos y enriquecen las comunidades locales.
Protección real: planes de gestión para todos los Espacios Marinos Protegidos y apuesta por zonas de protección integral.
La regulación del transporte marítimo internacional garantizando el principio de quién contamina, paga.
La limitación y el decrecimiento del número de cruceros que atracan en los puertos del Estado.
La apuesta por la restauración de ecosistemas marinos y costeros degradados y vulnerables.
La prohibición del uso de scrubbers (limpiadores de gases) en nuestros mares.
La electrificación de los ferris que conectan la península y los territorios insulares.
La retirada y gestión segura de los bidones de residuos nucleares de la Fosa Atlántica.
El cierre de todas las centrales nucleares.
La desturistificación de nuestros territorios costeros.
La puesta en común de luchas vecinales ecosociales y la discusión en torno al potencial de transformación de los proyectos ciudadanos de base han centrado la mesa redonda ‘Ecologismo social como herramienta de cambio’.
Altri Non, la organización local contra proyectos mineros, el impulso a proyectos agroecológicos locales y la defensa de los montes comunales frente a la especulación urbanística son ejemplos exitosos que transforman la realidad material de las personas y el territorio.
La vigésimo séptima Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, que se celebra estos días en Vigo, se ha inaugurado con la mesa redonda abierta al público ‘Ecologismo social como herramienta de cambio’. En ella se han encontrado diferentes movimientos sociales locales que, desde el activismo ecologista cotidiano, transforman la realidad material de las personas y construyen un paradigma de sociedad sostenible y justo.
La mesa ha contado con personas de referencia en la lucha ecologista galega como Joám Evans, portavoz de Plataforma Mina Sant Finx y activista de Ecologistas en Acción, Isabel Vilalba, portavoz del Sindicato Labrego Galego, Gonzalo Pérez, portavoz de Comunidade Montes Tameiga y Marta Gontá, portavoz de Por Unha Ulloa Viva. Ana Pascual, expresidenta de la Plataforma AVIBE y miembro del grupo local de Vigo de Ecologistas en Acción, ha moderado el debate, al tiempo que ha contado la experiencia de este movimiento rural contra la carretera comarcal.
Pascual ha inaugurado la mesa de experiencias contando su labor en la lucha del vecindario de Beade, Bembrive, Castrelos y Sárdoma, que trabaja “para que la carretera PO-010 no destruya nuestras casas y los ecosistemas de los ríos Eifonso y Barxa, afluentes del Lagares. Este vial de doble carril discurriría por el cinturón rural vigués, destrozando entornos de alto valor natural, afectando a los dos ríos y llevándose por delante numerosas viviendas”.
La expresidenta de esta plataforma ha relatado cómo, en los seis años que llevan organizándose, han conseguido que este proyecto sea conocido y rechazado por la ciudadanía de Vigo. Un proyecto que no se ha realizado pero que sigue figurando en el PXOM de la provincia, para lo cual la plataforma tiene previsto presentar un contencioso.
A continuación, el activista del Área de Minería de Ecologistas en Acción Joám Evans ha explicado que, en la última década, Galicia ha vivido una sucesión de conflictos vinculados con la reactivación de la minería metálica a una escala sin precedentes, con fuertes impactos en los ecosistemas y en la vida de las personas. En su intervención, también ha puesto énfasis en la importancia de la organización social para poder defender los intereses de la ciudadanía y del medio ambiente.
“Todos y cada uno de los proyectos mineros han sido tumbados o paralizados a través de una intensa movilización social encabezada por el movimiento ecologista: Corcoesto (oro), Touro (cobre), San Finx (volframio), Doade (litio), Penouta (coltán), Varilongo (volframio), Corcel (cobalto), Silán (feldespato), San Juan (volframio). El ecologismo articulado con las comunidades locales afectadas no solo ha desmontado estos proyectos nefastos y sus tramas corruptas sino también articulado una narrativa alternativa al extractivismo y al consumo exacerbado”, ha declarado.
Por su parte, Isabel Vilalba, portavoz del Sindicato Labrego Galego, ha defendido el apoyo ciudadano a proyectos de producción agroecológica como única manera de garantizar alimentos sanos y nutritivos para toda la sociedad, un entorno saludable para el crecimiento y un entorno rural vivo: “La defensa de la vida de las personas, la tierra, el agua, la biodiversidad y el planeta debe abordarse de forma integral y concierne a organizaciones sociales de múltiples ámbitos”.
Según esta ganadera, las razones por apostar desde diferentes organizaciones y espacios de participación son muchas: “Cada día las personas tienen más dificultades para acceder a alimentos que no enfermen, aparecen nuevas alertas de virus y patologías relacionadas con la degradación del entorno natural y el cambio climático, estamos perdiendo cientos de especies fundamentales para los desafíos que enfrentamos y estamos aumentando el consumismo y la huella ecológica de nuestras actividades”.
En su turno, Gonzalo Pérez, portavoz de Comunidade Montes Tameiga, ha explicado en qué consisten las comunidades de montes, una figura específica de Galicia que el ordenamiento jurídico español no reconoce, pero que la ley civil galega sí. Una forma de autogestión del territorio, heredera de la edad media, donde el vecindario en torno a una parroquia decide cómo organizar sus tierras y recursos. Es precisamente esta organización comunal la que ha hecho posible proteger los montes Tameiga (Pontevedra) del proyecto urbanístico Ciudad Deportiva del Celta de Vigo que pretendía, en su origen en 2017, recalificar un millón de metros cuadrados de dichos montes, y construir, entre otras edificaciones, un centro comercial para financiar todo el estadio.
“Fue la gestión colectiva, el trabajo incansable de vecinas y vecinos en las negociaciones y en la lucha día tras día durante ocho años la que logró proteger los montes y la vida que hacemos en ellos. Fue una victoria agridulce porque finalmente sacaron adelante una figura de construcción fraudulenta y accedimos a que nos expropiaran 15.000 metros cuadrados (del millón inicial). Pero fue una victoria porque nos mantuvimos firmes, evitamos el mal mayor y seguimos teniendo nuestros montes comunales”.
La mesa la ha cerrado Marta Gontá, portavoz de Por Unha Ulloa Viva, quien ha explicado el trabajo vecinal de quienes se han organizado para apostar por vivir en esta región y hacerlo con calidad de vida. En este camino, la plataforma que ha impulsado la campaña Altri Non ha ido buscando el apoyo de otras plataformas y organizaciones del Estado español que, en palabras de la ponente, “han respondido de forma ejemplar, ayudándonos a llegar a más personas y a escalar el conflicto”.
Gontá ha concluído: “La Xunta de Galicia nos está haciendo sufrir mucho, porque en lugar de defender el futuro y la salud de nuestras hijas, se ha aliado con quienes quieren monopolizar los recursos y contaminarnos. Por lo tanto, deberían disculparse y, con ello, cerrar definitivamente este proyecto de forma clara. Ya ha quedado demostrado que Altri no es el futuro ni de A Ulloa ni de Galicia, porque no seremos una tierra de sacrificios, no permitiremos que una industria altamente contaminante rompa el modelo socioeconómico construido entre todos”.
En el acto también han participado representantes de cinco colectivos como parte de una fila uno de personas invitadas: Estela Eirín (Stop A-57), Ángel Goberna (Asociación de Vecinos/as San Miguel de Oia), Alba Rivas (SOS Suído O Seixo), Antón Massa (APDR, Asociación por la Defensa da Ría) y Mónica Traveso (Plataforma Fronte á Masificación Turística Vigo–O Morrazo) han aportado su visión sobre el tema planteado y han dado a conocer la trayectoria, las demandas y el trabajo de sus organizaciones.
La mesa redonda ‘Ecologismo como herramienta de cambio’ ha estado abierta al público y se ha seguido en directo en redes sociales a través de la etiqueta #EcologismoSocialParaElCambio.
Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo.
Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.
Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.
Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”.
Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.
Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras.
En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo.
Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:
«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.
Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.
Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.
Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».
El ácido trifluoroacético, un tóxico para la reproducción muy persistente, contamina más del 80% de los alimentos de cereal analizados por PAN Europe y Ecologistas en Acción.
En España, el TFA contamina el pan y una conocida marca de galletas.
Las concentraciones detectadas son elevadas, unas 100 veces superiores a las del agua del grifo, lo que demuestra que la dieta es una vía importante de exposición humana.
Un estudio de la Red de Acción contra los Plaguicidas y Ecologistas en Acción analiza la contaminación por ácido trifluoroacético (TFA), un PFAS tóxico para la reproducción y muy persistente, en 65 alimentos de cereal de consumo cotidiano, como galletas y pan, de 16 países europeos.
El ácido trifluoroacético, TFA por sus siglas en inglés, es un producto de degradación de los pesticidas PFAS y de los gases fluorados. Es extremadamente persistente, móvil y tóxico para la reproducción. Los estudios de la industria también lo relacionan con efectos adversos en la tiroides, el hígado, las funciones inmunitarias y la reducción de la calidad del esperma. Soluble en agua, el TFA se acumula en el agua y el suelo, de donde es absorbido por las plantas. Los estudios indican que el trigo puede ser especialmente eficaz a la hora de acumularlo, lo que podría explicar su elevada contaminación de productos como el pan, la pasta y las galletas.
Este es el primer estudio de alimentos cereales a nivel de la UE y complementa estudios anteriores que mostraban los altos niveles de TFA en los vinos europeos y la contaminación generalizada del agua del grifo.
Principales resultados del estudio:
La contaminación por TFA en alimentos de cereal es generalizada en toda Europa: se detecta en el 81,8 % de las muestras (54 de 66).• La contaminación, además, es elevada: la concentración media de TFA es de 78,9 μg/kg (microgramos por kilo), 102 veces superior a la concentración media de TFA en el agua del grifo, y con valores máximos de hasta 360 μg/kg, por lo que la dieta es la principal vía de exposición al TFA.
En España se ha detectado TFA en tres de las cuatro muestras tomadas de pan y galletas de trigo. En el caso del pan de rebanadas, la cantidad de TFA es de 120 µg/kg.
Todas las muestras contaminadas superan el límite máximo de residuo permitido por defecto aplicable en la UE a sustancias reprotóxicas 1B como el TFA, de 10 µg/kg.
“La solución no es dejar de comer pan, sino prohibir los plaguicidas PFAS, apoyando a la agricultura para que trabaje sin tóxicos”, afirma Kistiñe García, coordinadora de Tóxicos de Ecologistas en Acción. “La Unión Europea debe cambiar su rumbo actual de desregulación y fortalecer, en lugar de debilitar, las normas europeas de seguridad alimentaria”, ha concluido García.
PAN Europe y Ecologistas en Acción exigen a la Comisión Europea y al Gobierno español la prohibición inmediata de los plaguicidas PFAS, principal fuente de TFA en los alimentos, apoyando a la agricultura hacia una transición a métodos agroecológicos y no químicos de protección de los cultivos. Con el objetivo de proteger a la población, instan a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a establecer un valor de seguridad protector para el TFA y la supervisión a escala europea del TFA en los alimentos y en el agua.
El 26 de mayo de 2025, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicó una propuesta para clasificar el TFA como ‘tóxico para la reproducción, categoría 1B’, con las indicaciones de peligro H360Df: ‘Puede dañar al feto. Puede perjudicar la fertilidad’. Además, los estudios de la industria han señalado sistemáticamente los efectos del TFA en el desarrollo fetal, la producción de esperma, la función tiroidea y la salud del hígado y del sistema inmunológico.
A raíz de las nuevas pruebas sobre la toxicidad del TFA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está reevaluando su toxicidad con el fin de establecer un nivel de exposición seguro denominado ingesta diaria admisible (IDA). La IDA es la cantidad de TFA que una persona puede ingerir cada día, sin esperar efectos adversos para la salud, durante un largo periodo de tiempo. A principios de este año, la EFSA propuso una IDA de 30 μg/kg de peso corporal/día. Esto significa 1800 μg al día para una persona adulta que pesa 60 kg y 300 μg para un bebé de 1 año que pesa 10 kg.
La EFSA ha sido criticada por varias ONG por no tener en cuenta importantes lagunas en los datos al establecer este valor y por ignorar las pruebas de los efectos adversos para la salud del TFA procedentes del único estudio a largo plazo disponible. Un informe anterior, Manufacturing Doubt, reveló cómo las empresas productoras y comercializadoras de TFA minimizaron las pruebas de sus efectos nocivos, lo que llevó a la EFSA a adoptar en 2014 una IDA provisional de 50 μg/kg de peso corporal/día, un valor injustificadamente alto derivado de un conjunto de datos muy limitado.
Mientras tanto, varios Estados miembros han desarrollado valores orientativos basados en la salud mucho más bajos, que oscilan entre 0,32 μg/kg de peso corporal/día (Países Bajos) y 18 μg/kg de peso corporal/día (Alemania). La nueva IDA propuesta por la EFSA tiene por objeto armonizar este mosaico de valores nacionales en toda la UE, pero su capacidad para proteger adecuadamente a los consumidores dependerá de la exhaustividad con que los reguladores tengan en cuenta las pruebas científicas disponibles sobre los efectos tóxicos del TFA, así como las incertidumbres existentes.
Este artículo forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.
El 8 de junio de 2022, el diputado socialista José Luis Ábalos accedió a conceder una entrevista off the record al periodista que firma esta pieza. Será el propio Ábalos quien rompa ese pacto de confidencialidad minutos después. Durante casi una hora, sentado en un lugar discreto del Hotel Catalonia, a escasos metros del Congreso de los Diputados, el que había sido ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez restó importancia a su relación con cuatro personas cercanas a su entorno y que, según documentos del CNI y varias fuentes de los servicios de información españoles, estaban a sueldo del espionaje marroquí.
Los vínculos de Ábalos y su círculo íntimo con estas personas eran innegables. La primera de ellas pasaba las noches con una persona del ámbito familiar de Ábalos mientras ésta permanecía ingresada en un hospital. La segunda había ejercido como asesor de libre designación en su etapa de ministro. La tercera recibía pagos directos del jefe en Madrid de la DGED, el servicio secreto exterior marroquí. La cuarta trabajaba a las órdenes de Ahmed Charai, un conocido relaciones públicas de la propia DGED.
Ábalos admitió conocer a estas personas pero restó peso a su relación con ellas. Él no tenía por qué saber que trabajaban para la inteligencia de Mohamed VI. Tras negar vínculos con el espionaje marroquí, el ministro apagó su cuarto (y último) cigarro, apuró su café cortado y salió a pie del hotel. Unos minutos después, rompía el pacto de aquella entrevista off the record. Antes siquiera de abonar la cuenta, este periodista recibió una llamada de una fuente vinculada a los servicios secretos de Rabat. Estaba al tanto de nuestro encuentro y de la lista de personas que habían protagonizado la conversación: «Ábalos ha llamado preocupado y ha informado de que estás preguntando por todos ellos».
Alineado con Rabat
El PSOE es la formación política española más alineada con los intereses de Rabat. La cuestión del Sáhara pone en evidencia la brecha que separa a la élite del partido y sus bases. El matrimonio de conveniencia entre los dirigentes socialistas y Marruecos comenzó con el presidente Felipe González, cuando en la década de 1980 empezó a expresar su apoyo a Rabat, olvidando la promesa que hizo en 1976, siendo secretario general del PSOE, durante su visita a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. «Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final», había dicho entonces González. Al llegar a la Moncloa, González olvidó su apoyo a los saharauis y se alineó con Marruecos hasta convertirse en uno de los grandes defensores internacionales de la marroquinidad del Sáhara Occidental.
José Luis Rodríguez Zapatero siguió la misma estela y se convirtió en el primer presidente en apoyar públicamente el «plan de autonomía» de Marruecos para el Sáhara, criticado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por su ilegalidad, por carecer de contenido y por la falta de garantías que ofrece un régimen autoritario como el marroquí. En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez fue el último en claudicar de sus propias palabras cuando en 2022 remitió una carta al rey Mohamed VI –y cuyo entorno la filtró a los medios– apoyando sus postulados sobre el Sáhara para poner fin a la peor crisis bilateral entre ambos países desde el incidente del islote de Perejil en 2002.
Marruecos es un asunto incómodo para el PSOE. Sus dirigentes evitan pronunciarse en público sobre el vecino del sur. Si lo hacen, lo ensalzan eludiendo sus déficits más visibles: el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional, las falta de garantías democráticas y la ausencia de Estado de derecho.
El PSOE acumula un reguero de dudas que siguen sin respuesta, algunas protegidas al amparo de la ley franquista de Secretos Oficiales, de 1968, todavía vigente. Estas son algunas de las preguntas más relevantes sobre el Sáhara y Marruecos que el Partido Socialista sigue sin responder.
¿Impone Marruecos qué ministros cesan y cuáles acceden a una cartera?
La última decisión de Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos fue afirmar la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos aceptó reconocer al Estado de Israel. Aquella decisión supuso un terremoto a este lado del Atlántico y sus consecuencias no tardaron en aflorar.
El 18 de abril de 2021 el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue ingresado en un hospital de Logroño (La Rioja) para ser atendido de una grave afección de COVID-19. La llegada de Ghali fue gestionada en secreto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que decidió asistir al dirigente saharaui –poseedor de la nacionalidad española– por razones humanitarias. Los servicios de inteligencia marroquíes estuvieron al tanto en todo momento y Rabat reaccionó con virulencia.
En mayo de ese año, Marruecos alentó la entrada de miles de personas en Ceuta, dando lugar a una crisis migratoria sin precedentes. En menos de 24 horas accedieron a esta ciudad autónoma más de 12.000 personas. Las autoridades marroquíes también dieron «instrucciones de dejar pasar las embarcaciones de inmigrantes hacia las costas españolas». Estas acciones estuvieron planificadas por Fouad Alí el-Himma, consejero del rey Mohamed VI, y fueron dirigidas directamente por el propio monarca junto con el líder de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, y los máximos responsables del espionaje exterior e interior de Marruecos, Yassin Mansouri y Abdellatif Hammouchi, respectivamente. Toda esta información consta en tres informes del CNI a los que tuvo acceso La Marea.
La crisis bilateral estaba servida. España y Marruecos cortaron relaciones. Además de propiciar una crisis migratoria, los servicios de inteligencia marroquíes iniciaron una ofensiva judicial y mediática para «presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental», según los documentos secretos del CNI.
En julio de 2021 se reunieron en secreto el entonces embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, y su homóloga marroquí, Karima Benyaich. Marruecos pidió la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como gesto de buena voluntad para restablecer las relaciones. Una semana después, Pedro Sánchez destituyó a Laya y nombró para el puesto a José Manuel Albares, un perfil cercano a Rabat. Hay dos preguntas que todavía no tienen respuesta oficial por parte del PSOE: ¿nombró Sánchez al ministro Albares a petición de Marruecos? ¿Por qué accedió Sánchez a la exigencia de Marruecos en un asunto –la designación de ministros– propio de la soberanía española? Moncloa y Exteriores no responden a las preguntas de La Marea al respecto.
¿El espionaje con Pegasus influyó en el cambio de postura sobre el Sáhara?
En junio de 2022, en una entrevista con El Periódico, la ex ministra Arancha González Laya afirmó que su teléfono fue espiado. El ministro Félix Bolaños admitió que los teléfonos del presidente Sánchez y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura también fueron espiados. The Guardian publicó que al menos 200 teléfonos de España fueron espiados con el software israelí Pegasus. Tras el estallido de este escándalo, todas las miradas apuntaron hacia Rabat, pero hasta la fecha no hay una confirmación oficial ni pruebas sólidas que inculpen al vecino del sur.
Sin debate previo y sin informar al Congreso, en marzo de 2022 el gobierno de Pedro Sánchez cambió la postura oficial de España sobre el Sáhara, antigua colonia y provincia española. Hasta esa fecha, Zapatero había sido el único presidente en apoyar verbalmente el plan de autonomía marroquí, pero sin cambiar la postura oficial de España, que había formado parte de un consenso de Estado. La decisión del líder socialista supuso un terremoto político de izquierda a derecha y fue recompensada por Marruecos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
La carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI está redactada en francés y contiene errores gramaticales propios de quien trata de traducir literalmente expresiones o composiciones propias del castellano.La misiva tiene un poder simbólico pero carece de base legal, pues el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, según la ONU. Además, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, hasta el punto de que el espacio aéreo del Sáhara es gestionado por la empresa estatal española ENAIRE. Es España la que cobra y autoriza el paso de aviones por la antigua colonia, y no Marruecos, potencia que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio.
En público y en conversación con este medio, el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos admitió haber participado en las gestiones que permitieron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Actualmente, Moratinos es alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones. Dos fuentes con larga trayectoria en la diplomacia española y cercanas a Moratinos afirman que el exministro ayuda a Marruecos a cambio del dinero que Rabat inyecta al organismo de la ONU que dirige. Las mismas fuentes explican que es la misma razón por la que Moratinos felicita a Teodoro Obiang, el dictador de la excolonia española de Guinea Ecuatorial, por ganar las «elecciones libres y democráticas» del país con el 98% de los votos a su favor. Nihal Saad, directora de la Alianza para las Civilizaciones de la ONU, responde a La Marea que este organismo no ha recibido aportaciones económicas de Marruecos desde 2019. La web de este organismo de la ONU no publica información detallada de sus donantes y su último informe financiero es de 2019.
Hay tres preguntas sin respuesta que despiertan la ira de los equipos de Moncloa y Exteriores: ¿Quién redactó esa carta? ¿Por qué Sánchez cambió la postura española sobre el Sáhara? ¿Tuvo este cambio alguna relación con el espionaje de los teléfonos del presidente Sánchez y sus ministros? Moncloa no responde a las preguntas de La Marea al respecto. Exteriores se limita a señalar que «sobre la posición de España sobre el Sáhara Occidental, el ministro Albares recordó que está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022».
¿Tiene el espionaje marroquí barra libre en España?
Tres informes del CNI detallan la estrategia de Rabat para agitar a la opinión pública, contaminar los tribunales con causas judiciales falsas y divulgar propaganda e incluso amenazas veladas en medios de comunicación afines, todo con un único objetivo: conseguir cesiones del Gobierno de España en la cuestión del Sáhara Occidental. Estos documentos desglosan un total de 21 nombres de personas y asociaciones al servicio de la inteligencia marroquí en España. Los protagonistas de esta lista operan con total impunidad en territorio español con conocimiento del Gobierno. Entre otros, figuran el pseudosindicato Manos Limpias, el Club de Abogados de Marruecos e incluso Hach Ahmed, veterano diplomático del Polisario ahora a sueldo de Rabat. La Marea entrevistó a este líder saharaui antes de que entrara en nómina de los espías marroquíes tras fundar Movimiento Saharauis por la Paz, definida como «organización pantalla de la DGED» en un informe del CNI.
El Gobierno de España posee información pormenorizada sobre los pasos de Marruecos para obtener concesiones sobre el Sáhara. El Ejecutivo también conoce, con nombres y apellidos, qué personas, asociaciones, despachos de abogados y periodistas trabajan al servicio del Majzén. Entre estas personas también hay altos cargos policiales y exmilitares, políticos de distinta ideología y otras personalidades destacadas del Estado. En privado, no son pocos los agentes de los distintos servicios de información que expresan frustración: se arriesgan para obtener información sensible y elaborar inteligencia, pero su trabajo es inútil porque el gobierno de Sánchez actúa como si no supiera nada, incluso en detrimento de la soberanía nacional y de los intereses del país. Si el Gobierno sabe todo esto, ¿por qué no actúa en consecuencia?
Después de tantos desplantes, ¿por qué la relación sigue siendo «excelente»?
En 2007, los reyes de España visitaron Ceuta y Melilla. Marruecos respondió retirando a su embajador en Madrid. Desde entonces los monarcas españoles no han vuelto a pisar ninguna de las dos ciudades autónomas. De hecho, Ceuta y Melilla son los únicos territorios de España que Felipe VI todavía no ha visitado. Marruecos define a ambas ciudades como «territorios ocupados», aunque Melilla está bajo soberanía española desde 1497 y Ceuta desde 1668. Las aduanas comerciales siguen cerradas y asfixiando sus economías locales, a pesar de las reiteradas promesas de Marruecos para facilitar el tránsito de mercancías.
La relación de España y Marruecos está plagada de agravios, pero los dirigentes españoles insisten en todo momento en que estas gozan de excelente salud. En 1991, España y Marruecos firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad, que contemplaba celebrar Reuniones de Alto Nivel cada dos años, pero en estos 34 años solo ha habido 12. En la última, celebrada en 2023, el rey Mohamed VI dio plantón a Sánchez. Este no es el único agravio reciente. Por ejemplo, en 2020 el Parlamento marroquí amplió sus aguas jurisdiccionales hasta superponerlas a las aguas que rodean Canarias, de soberanía española.
El ala socialista del Gobierno y destacados ex altos cargos del partido insisten en que las relaciones son excelentes. Sin salirse del argumentario, subrayan que el país es un socio fiable y halagan su supuesta calidad democrática y su supuesto respeto a los derechos humanos. En este sentido destacan figuras como los exministros socialistas Juan Fernando López Aguilar, José Bono, Magdalena Álvarez y Cristina Narbona. En la lista también figura Trinidad Jiménez, que justificó el desmantelamiento violento del campamento saharaui de Gdeim Izik, o María Antonia Trujillo, que llegó a decir que Ceuta y Melilla «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos». Otros no ocultan sus intereses económicos con Rabat. Por ejemplo, José Blanco, portavoz y hombre fuerte del gobierno de Zapatero, dirige Acento, unlobby que defiende los intereses del régimen marroquí en Bruselas.
La última visita oficial de Mohamed VI a España tuvo lugar en septiembre de 2000. Y Felipe VI no realiza una visita oficial al vecino del sur desde 2014. Si la relación es tan buena, ¿a qué se deben todos estos desplantes? Exteriores no responde a estas preguntas, sino que remite las palabras del ministro Albares durante la última visita de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, subrayando que «las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento de nuestra historia» y destacando que «los compromisos de la hoja hispanomarroquí siguen cumpliéndose a buen ritmo».
Un PSOE promarroquí y un PP prosaharaui
ÓSCAR F. CIVIETA // Pocos temas provocan tan extraños compañeros de viaje como el del Sáhara. Y mucho más tras el abrupto cambio de rumbo del PSOE al respecto, oficializado por la carta que, el 14 de marzo de 2022, le envió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI y en la que daba su apoyo a «la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007». Aquello provocó el rechazo inmediato de las formaciones a su izquierda, Podemos e Izquierda Unida, e incluso de algunos miembros del PSOE que, en 2023, crearon el grupo Socialistas por el Sáhara.
La postura del PSOE se reafirmó dos años después, cuando, en febrero de 2025, se votó la toma en consideración de una Proposición de Ley de Sumar para conceder la nacionalidad española a las y los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España, y que continuaba el camino abierto por otra PL presentada en 2022 por Unidas Podemos, que acabó decayendo por el adelanto electoral.
Superó la toma en consideración con los votos a favor de todos los partidos, excepto del PSOE –que votó en contra– y Vox –que se abstuvo, aunque su diputado José María Sánchez llegó a decir que la exposición de motivos del texto no era falsa–.
El PP fue uno de los que votó a favor. De hecho, los populares forman parte del intergrupo ‘Paz y Libertad para el pueblo saharaui’, en el que están todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE y Vox. La voz cantante del PP en este asunto la lleva Carmelo Barrio, que, en X, se define como “vitoriano, alavés, vasco, español y europeo… y saharaui”. En una entrevista con El Independiente, aseguró que «lo de Franco fue una traición y una espantada. Y los pactos de Madrid, entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, son una ilegalidad».
El Frente Polisario estuvo presente en el XXI Congreso del PP, celebrado en julio de 2025. Posteriormente, el ministro marroquí, y presidente del partido Istiqlal (miembro, como el PP, de la Internacional Demócrata de Centro), Nizar Baraka, mandó una misiva a Alberto Núñez Feijóo mostrándole su preocupación «ante la falta de claridad del Partido Popular en cuanto a su posición sobre la situación del Sáhara marroquí».
‘La Marea’ ha contactado por escrito con las personas e instituciones mencionadas en este artículo para recabar posturas, sin éxito. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Alianza de las Civilizaciones sí atendieron a este medio, pero contestaron con rodeos, eludiendo dar respuestas directas.
Ante el brote de peste porcina africana aparecido en Catalunya, Ecologistas en Acción muestra su rechazo a la criminalización de una especie silvestre como el jabalí y apunta a que el problema se encuentra en la insostenibilidad del modelo agroindustrial.
Este modelo importa deforestación en las selvas tropicales, agudiza la sequía crónica en el Estado español, contamina los acuíferos provocando riesgo en el suministro de agua potable y genera puestos de trabajo precarios así como riqueza para pocos empresarios. Una de cada tres personas en el Estado español vive en zonas vulnerables por exceso de nitratos.
El millón de jabalíes que habitan los montes y matorrales del territorio no suponen superpoblación, más aún si se compara con los 38 millones de cerdos que hay en las granjas industriales.
La organización ecologista reitera que las verdaderas amenazas para la humanidad (y la economía) son la crisis de biodiversidad y crisis climática, donde se deberían poner todos los esfuerzos de las Administraciones.
Con motivo del brote de peste porcina africana (PPA) aparecido en Catalunya, que ha generado una gran alarma en los medios de comunicación, Ecologistas en Acción señala que se está poniendo el foco de manera errónea en la fauna silvestre, en este caso en las poblaciones de jabalíes, debido al supuesto “exceso de población”. Al mismo tiempo, denuncia que esta situación está justificando medidas de mayor presión y sacrificios masivos de estos mamíferos, que son propios de los ecosistemas europeos.
Para la organización ecologista, aunque puede estar justificado el aplicar medidas de control de jabalíes en el foco donde ha aparecido la PPA para evitar que la enfermedad se expanda entre las poblaciones de animales silvestres y llegue a las granjas, esta no es una medida que se deba hacer extensiva a otras zonas de forma preventiva con la excusa de que hay superpoblación.
Ecologistas en Acción muestra su rechazo a la criminalización de una especie silvestre como el jabalí y declara que no acepta los “argumentos condicionados por los intereses económicos de un sector productivo, como es el de la ganadería industrial, que debería ser fuertemente cuestionado por la sociedad y las Administraciones por sus inmensos y graves impactos ambientales y sobre la salud, en lugar de defenderlo a ultranza como están haciendo”.
No existe la supuesta sobrepoblación de jabalí. En todo caso, las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo y lo han hecho acompañadas de la expansión de su ecosistema preferido, el monte y el matorral. Lo que sí ha aumentado es el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades, por el crecimiento urbano y poblacional, a menudo con una ocupación exagerada del territorio (urbanizaciones en pleno monte, segundas residencias en la costa y las montañas).
Ecologistas en Acción pone el foco en la ganadería industrial, que mueve miles de millones de euros, pero es un ejemplo incuestionable de insostenibilidad. Y relata sus efectos: “Las macrogranjas de porcino solo pueden funcionar a base de impulsar la deforestación de las selvas tropicales del planeta para la producción de los piensos (soja, especialmente). A su vez, son grandes consumidoras de un agua que escasea en el Mediterráneo con las sequías cada vez más recurrentes y contaminan las masas de agua dulce superficiales (ríos y lagos) y subterráneas, poniendo en peligro el acceso humano a agua potable. Y por último, ofrecen pocos puestos de trabajo (en las comarcas rurales con mayor densidad de macrogranjas, estas no frenan el despoblamiento, más bien lo acentúan), y los que se crean lo son con unas condiciones laborales durísimas que a menudo llevan a situaciones de patologías psicológicas severas”.
Este es un sector sobredimensionado, que para la organización ecologista muestra la vulnerabilidad que genera la dependencia de unas pocas grandes empresas y que no debería financiarse con recursos públicos: “Las macrogranjas, en su afán de maximizar producción, concentran miles de animales en condiciones de hacinamiento, lo que no solo acelera la propagación de enfermedades, sino que convierte cada granja en una bomba biológica”.
Laia Serra, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Sorprende que las Administraciones no tengan suficiente presupuesto para la conservación de los ecosistemas y espacios protegidos, ni para ayudas firmes a las pequeñas empresas agrarias en su lucha por la supervivencia frente a la agroindustria, pero que habiliten partidas no previstas de cientos de millones de euros cuando hay una crisis en el sector agrario industrial”.
Jaume Grau, también portavoz de la organización, ha añadido: “Está amplísimamente documentado que la buena parte de los problemas en el sector primario están vinculados a la crisis ecológica —cosechas perdidas por sequías o inundaciones derivadas del cambio climático, desequilibrios poblacionales de fauna por la crisis de biodiversidad, enfermedades contagiosas para animales domésticos o para humanos, la COVID19, sin ir más lejos— por lo que el esfuerzo para prevenir y solucionar estos problemas tiene que ponerse en otro lado”.
Reducir el impacto humano en el medio y recuperar los equilibrios naturales
Ecologistas en Acción apuesta por un enfoque de la gestión del medio natural completamente diferente al actual. Con el objetivo de reducir el impacto humano en el medio y recuperar los equilibrios naturales en la medida de lo posible, establece las siguiente medidas:
Dejar de criminalizar a la fauna silvestre y educar sobre las funciones y servicios ecosistémicos.
Rechazar la caza como forma para regular las especies silvestres, ya que crea más problemas y no resuelve ninguno.
Proteger al lobo, ya que es el mejor sistema natural de regulación de las poblaciones de ungulados, por su depredación directa y el efecto llamado “ecología del miedo”, que reduce los impactos de la fauna silvestre en zonas abiertas como los cultivos. Es imprescindible proteger estrictamente de nuevo al lobo y favorecer su regreso a todo el territorio estatal.
Evitar la suelta y alimentación suplementaria de jabalíes en los cotos de caza.
Trabajar desde todos los estamentos para que la población haga un uso responsable del medio natural: no interferir ni alimentar a la fauna silvestre, no abandonar residuos en la naturaleza, no salirse de los caminos, no llevar perros sueltos en lugares donde hay fauna silvestre sensible.
Mejorar la gestión de los residuos urbanos, impidiendo que contenedores y papeleras estén al alcance de la fauna silvestre.
Abandonar los proyectos de urbanización dispersa en zonas rurales, y especialmente en áreas naturales, que incrementan el contacto entre personas y especies silvestres.
Apostar por minimizar los conflictos con la fauna silvestre con la agricultura (mediante cercados eléctricos y feromonas de lobo, entre otras medidas de protección de la ganadería y la agricultura; y agilizando los pagos por pérdidas de ganado por ataques de lobo), y apoyando la transición hacia la agroecología, con producción de proximidad que contribuya a la soberanía alimentaria.
En las zonas urbanas más densas, como el área metropolitana de Barcelona, usar sistemas incruentos de control de la fertilidad como son las vacunas esterilizantes (tratamiento inmunocontraceptivo), que ya se ha probado con éxito, para limitar las poblaciones de jabalíes.
La lista de proyectos prioritarios para la Unión Europea cuenta con una gran cantidad de proyectos relacionados con el hidrógeno, entre los que se encuentran el H2MED y la red troncal de hidrógeno española.
Más del 80 % de los proyectos de hidrógeno seleccionados han sido propuestos por la industria fósil, y el 90 % de los gasoductos de hidrógeno han sido presentados por el lobby gasista.
Otros proyectos controvertidos incluidos son las interconexiones eléctricas con Francia y otros dos gasoductos en el Mediterráneo, uno de los cuales está vinculado con la importación de gas israelí.
La Comisión Europea publicó este lunes 1 de diciembre la segunda lista PCI, que supone una selección de proyectos prioritarios para el bloque en materia de energía. Esta lista, llamada formalmente de Proyectos de Interés Común Europeo/Proyectos de Interés Mutuo (PCI/PMI) se aprueba en el marco del Reglamento sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento TEN-E). La edición actual de la lista contiene 235 proyectos, de los cuales 100 están relacionados con el hidrógeno, generando preocupación entre organizaciones de la sociedad civil por su vinculación con la industria de combustibles fósiles y la viabilidad técnico-económica de estas infraestructuras. La lista pasará a votación en el Consejo y el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.
Predominio de la industria de combustibles fósiles
Según la red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, más del 80% de los proyectos de hidrógeno incluidos en la lista han sido propuestos por la industria de los combustibles fósiles, mientras que más del 90% de los gasoductos de hidrógeno han sido presentados por miembros de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas (ENTSOG). Esta organización advierte del riesgo de disminuir la ambición en la reducción de emisiones, socavar la transición justa y generar activos varados. La lista incluye:
100 proyectos relacionados con hidrógeno: 21 electrolizadores, 19 proyectos de almacenamiento, nueve terminales de recepción de amoniaco y numerosos proyectos de interconexión y transporte (sin restringir su utilización únicamente al hidrógeno renovable).
113 proyectos de conexiones eléctricas, almacenamiento energético y redes inteligentes.
17 proyectos de transporte transfronterizo de CO₂.
Dos gasoductos de gas fósil como excepción.
Tres proyectos de redes “inteligentes” de gas.
Respecto a la lista de 2023, han desaparecido tres grandes proyectos de electrolizadores que se ubicarían en Bilbao, Cartagena y Tarragona, siendo sustituidos por otros tres: Catalina (Aragón), Valdo Eume (Galicia) y ErasmoPower2X (Castilla-La Mancha). Gas No es Solución señala que estos cambios reflejan la incertidumbre e inconsistencia actual en el mercado del hidrógeno, donde numerosos proyectos están siendo cancelados por falta de viabilidad técnica y económica.
Esta situación genera dudas sobre los miles de kilómetros de infraestructuras proyectadas para el transporte de hidrógeno, incluido el contestado gasoducto H2Med y la Red Troncal de Hidrógeno española. Ambos permanecen en la lista, diseñados para transportar dos millones de toneladas de hidrógeno en 2030 desde la península ibérica hasta Alemania atravesando Francia. Sin embargo, la Comisión Europea no ha incluido las secciones interiores de la Red Troncal del Hidrógeno española, que son las novedades que presentaba Enagás (la gestora provisional de la red de hidrógeno) en esta candidatura.
Proyectos controvertidos
Entre los proyectos que despiertan críticas destacan:
Interconexiones eléctricas con Francia: incluyendo Gatika (cable submarino del golfo de Vizcaya) y dos líneas de alta tensión que atravesarían el Pirineo navarro y aragonés.
Gasoducto EastMed: pretende transportar gas desde el Mediterráneo oriental (Israel y Chipre) hasta la red gasista europea a través de Grecia. Sería alimentado por yacimientos de Chipre, el yacimiento Leviatán de Israel y posiblemente por los yacimientos Gaza Marine frente a la costa de Gaza.
Gasoducto Melita: conectaría Malta a la red gasista europea a través de Italia.
Gas No es Solución denuncia que “incluyendo estos proyectos, la Unión Europea revela su hipocresía tanto a nivel medioambiental como político, y parece olvidarse de que el gas fósil y los combustibles fósiles en general están ligados a la violación sistemática de los derechos humanos”. Entre otras preocupaciones de la red, se encuentra la pretensión de la UE de importar 10 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030 desde países como Sudáfrica, Chile y Namibia. En una carta abierta, más de 130 organizaciones advierten de que este plan reproduce las injusticias de la era de los combustibles fósiles, sacrificando a las comunidades del Sur Global en aras de los objetivos de descarbonización europeos. La lista incluye 19 proyectos que afectarían al Estado español, que pasarán a tener carácter prioritario y podrán optar a financiación europea de hasta el 50% de su coste.
Anexo: Lista de proyectos PCI/PMI en el Estado español
Interconexiones eléctricas y almacenamientos energéticos:
1.1 Interconexión Portugal-España: Beariz–Fontefría (ES), Fontefría (ES)–Ponte de Lima. (PT) y Ponte de Lima–Vila Nova de Famalicão (PT), incluyendo subestaciones.
1.2 Interconexión Gatica (ES) – Cubnezais (FR).
1.7.1 Interconexión Navarra (ES) – Landes (FR).
1.7.2 Interconexión Aragón (ES) – Marsillon (FR).
1.12 Central Hidroeléctrica Depuradora-Bombeo Almacenamiento Energético NAVALEO (ES).
1.18 Central Hidroeléctrica Reversible-Bombeo Almacenamiento Energético AGUAYO II (ES).
1.26 Almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo CHR IRENE (ES).
1.27 Almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo PSP CONSO II (ES).
Corredor de hidrógeno Portugal–Estado español–Francia–Alemania:
9.1.2 Interconexión de hidrógeno Portugal-España (CelZa, Celorico Da Beira-Zamora).
9.1.3 Infraestructura de hidrógeno interna en España (red troncal de hidrógeno española; no incluye las interconexiones propuestas por Enagás: Coruña–Zamora, Huelva–Algeciras, Castilla y León (Zamora-Haro), Guitiriz–Zamora, y Castilla-La Mancha y Madrid).
9.1.4 Interconexión de hidrógeno España-Francia (BarMar).
Almacenes de hidrógeno:
9.24.1 H2 almacenamiento Norte–1.
9.24.2 H2 almacenamiento Norte–2.
Electrolizadores:
9.15.4 Electrolizador del Valle andaluz del hidrógeno verde – Huelva.
9.15.5 Electrolizador del Valle de hidrógeno Asturias H2.
9.15.6 Electrolizador Valdo Eume.
9.15.7 Electrolizador Catalina.
9.15.8 Electrolizador ErasmoPower2X.
Redes de transporte de CO₂:
13.12 Pycasso: transporte y almacenamiento de CO₂ en un emplazamiento terrestre en el suroeste de Francia, procedente de emisores industriales de Francia y España.
Este reportaje forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.
La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.
Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.
Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.
Resistencia civil no violenta
Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.
Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».
Quebrar el espíritu de lucha
Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.
Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».
En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.
Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.
Marruecos es impenetrable
En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.
Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».
Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.
Sabíamos que era un tema que podía tocar el corazón de nuestros lectores y lectoras, pero no hasta este punto. Nuestra revista dedicada al Sáhara Occidental, coordinada por la periodista y escritora Laura Casielles y publicada el pasado mes de septiembre, se ha agotado físicamente. Aún puede adquirirse en formato PDF en nuestro kiosco –y os animamos a hacerlo para apoyar nuestro proyecto periodístico–, pero hemos decidido dar un paso más: regalarla.
Este obsequio hace honor al espíritu que siempre ha animado a La Marea, un medio digital cuyos artículos en línea son copyleft, sin muros de pago y sin cookies obligatorias con las que obtener réditos económicos a través de los datos de los lectores. Nuestra información es accesible y utilizable por todo el mundo. Y queremos seguir siendo la misma «casa abierta» que hemos sido durante casi 13 años.
La acogida que ha tenido el número dedicado al Sáhara Occidental ha demostrado que este es uno de los pocos temas verdaderamente transversales en nuestro país. Aquella traición cometida hace ahora 50 años sigue afligiendo a una gran parte de españoles y a todos los saharauis que hoy, tanto tiempo después, aún viven bajo un régimen no elegido y represor.
El ministro de Información de la RASD, Hamada Salma, con la revista de La Marea. FOTO CEDIDA
En nuestro número actual, el 109, hemos vuelto al Sáhara Occidental para dedicarle íntegramente nuestro suplemento cultural, El Periscopio. Y vamos a continuar sumando y ampliando reportajes en nuestra web. Para La Marea es esencial tratar los temas en profundidad, con investigación y análisis. No queremos saltar de uno a otro, pero sí nos gusta haberlo hecho físicamente, hasta llegar a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Gracias a quienes habéis llevado ejemplares hasta Tinduf, incluido el depositado en los fondos del archivo nacional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Ecologistas en Acción se suma a las 200 organizaciones que advierten de la urgencia para que el Consejo revise la posición relativa a los materiales de reproducción vegetal para preservar la agrobiodiversidad en Europa.
La actual propuesta que se está negociando no proporciona el espacio jurídico necesario para que agricultores/as, obtentores/as e iniciativas del ámbito de las semillas sigan preservando y desarrollando la diversidad de cultivos y variedades.
Las organizaciones firmantes recuerdan que esta agrodiversidad —que ha disminuido de manera drástica en las últimas décadas— es la base de una agricultura resiliente.
A medida que los Estados miembros de la UE entran en la fase final de las negociaciones sobre el Reglamento relativo a la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal, una amplia coalición que agrupa a más de 200 personas agricultoras, obtentoras y conservadoras de semillas y organizaciones medioambientales ha enviado hoy una carta conjunta a las ministras y ministros de de Agricultura de la UE.
En la carta se da la voz de alarma: a menos que se restablezcan en los próximos días las salvaguardas fundamentales para la agrobiodiversidad y los derechos de agricultores y agricultoras, Europa corre el riesgo de quedarse anclada en un sistema de semillas no apto para la resiliencia climática, las prácticas agrícolas sostenibles y la soberanía alimentaria.
Las personas y organizaciones firmantes —entre quienes se encuentran representantes de la agricultura ecológica y agroecológica, pequeñas empresas de semillas y redes de conservación— advierten de que la actual propuesta del Consejo de la UE no proporciona el espacio jurídico necesario para que agritultores/as, obtentores/as e iniciativas del ámbito de las semillas sigan preservando y desarrollando la diversidad de cultivos en Europa. Al contrario, afirman que “trae consigo el riesgo de que se dé un grave retroceso en ciertos derechos esenciales ya reconocidos en varios países europeos”.
De acuerdo con la planificación actual del Consejo, la Presidencia danesa tiene previsto evaluar el apoyo de los Estados miembros en la reunión de agregados/as del 28 de noviembre, seguida de un posible mandato del Coreper a mediados de diciembre, con lo que concluiría el proceso interno del Consejo.
Magdalena Prieler, portavoz de ARCHE NOAH, ha declarado: “Si el Consejo no corrige el rumbo antes de finalizar su posición, Europa socavará los derechos de aquellas personas y colectivos que mantienen viva la agrobiodiversidad. Estamos a pocos días de una decisión que podría salvaguardar dichos derechos así como la diversidad de semillas, o restringirlos irreversiblemente. Los Estados miembros deben elegir con prudencia”.
Eric Gall, director adjunto de IFOAM Organics Europe, ha subrayado la necesidad de crear un marco que refleje las realidades de los sistemas ecológicos y agroecológicos: “Es esencial que la futura legislación sobre materiales de reproducción vegetal proporcione el espacio jurídico necesario para un mercado de semillas diversificado y para que el sector de la agricultura pueda elegir las variedades más adecuadas para sus sistemas agrícolas. Por ejemplo, limitar las variedades de conservación solo a determinadas especies de cultivos y a la región de origen supondría un gran obstáculo para quienes se dedican a la agricultura y a la obtención ecológica y agroecológica que actualmente dependen de ellas”.
Una amenaza para la agrobiodiversidad
Las organizaciones firmantes recuerdan que la diversidad de cultivos y variedades es la base de una agricultura resiliente. Una mayor diversidad genética permite a las plantas adaptarse a plagas, enfermedades y condiciones climáticas rápidamente cambiantes, y promueve la producción sostenible de alimentos. Sin embargo, la agrobiodiversidad ha disminuido drásticamente durante décadas.
La pequeña producción, las redes de conservación y los sistemas de intercambio entre agricultoras y agricultores son esenciales para mantener y renovar esa diversidad. Sin embargo, el actual proyecto de materiales de reproducción vegetal amenaza con endurecer el marco regulatorio en torno a estas actividades no comerciales que mejoran la diversidad, en lugar de protegerlas.
Alessandra Turco, portavoz de la Coordinadora Europea Vía Campesina, ha explicado: “La selección, la gestión dinámica de material d reproducción vegetal en la granja y los intercambios entre agricultores/as son esenciales para adaptar las plantas a las condiciones locales de cultivo y constituyen la piedra angular de la agroecología. Estas prácticas no son comerciales, sino que deben reconocerse como derechos colectivos del sector fuera del ámbito de aplicación del Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal, como ya ocurre en varios países de la UE”.
Un momento decisivo con graves consecuencias si se pasa por alto
Dado que el plazo interno del Consejo se acerca, las organizaciones de la sociedad civil advierten de que los Estados miembros tienen un margen de tiempo muy reducido para integrar salvaguardas esenciales. Estas son sus propuestas y demandas:
Excluir las actividades de conservación y de gestión dinámica en las explotaciones agrícolas de las normas sobre materiales de reproducción vegetal. Considerar los intercambios para la conservación o la obtención como prácticas comerciales amenaza miles de iniciativas de base del ámbito de las semillas.
Garantizar los derechos de agricultoras y agricultores para conservar, utilizar e intercambiar sus semillas, incluyendo una compensación económica. Se trata de derechos reconocidos internacionalmente (TIRFAA, UNDROP, CBD) y deben aplicarse en la legislación de la UE, fuera del ámbito de la comercialización de materiales de reproducción vegetal.
Garantizar un registro sencillo y accesible para las variedades de conservación antiguas y de reciente desarrollo, para todas las especies y sin limitaciones geográficas. Su uso no debe verse restringido por limitaciones regionales o de tipo de cultivo.
Exigir que las pruebas de valor para el cultivo y el uso sostenibles (VSCU) se realicen en condiciones ecológicas o de bajos insumos. La sostenibilidad debe evaluarse como un sistema, no en función de rasgos aislados.
Eximir a las nanoempresas de cargas administrativas desproporcionadas. Estas pequeñas empresas de semillas son esenciales para preservar la diversidad de semillas adaptadas a las condiciones locales.
Garantizar la transparencia en los métodos de obtención y los derechos de propiedad intelectual. Agricultores/as y obtentores/as necesitan disponer de información clara para tomar decisiones informadas y salvaguardar el libre acceso a los recursos genéticos.
La coalición insta a ministras y ministros de Agricultura a que corrijan la propuesta antes de que el Consejo finalice su posición, asegurándose de que el Reglamento refleja las necesidades de las personas agricultores, jardineras, obtentoras y redes de semillas que fomentan la resiliencia de la agricultura en Europa: “No hacerlo supondría un retroceso histórico para la agrobiodiversidad, los derechos de agricultoras y agricultores, y la capacidad de Europa para adaptarse a la crisis climática”.
Un año más, ecologistas de todo el Estado español se encuentran a lo largo del fin de semana para evaluar el trabajo realizado en 2025 y las campañas que se impulsarán en 2026.
La vigésimo séptima asamblea ecologista se inaugurará la mañana del sábado 6 de diciembre con una mesa redonda abierta al público sobre la necesidad de las transformaciones ecosociales desde diferentes miradas.
El encuentro finalizará con una manifestación que recogerá y expresará las resistencias que el ecologismo social está impulsando en Galicia.
La Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción se celebra por primera vez en Galicia en sus más de 25 años de existencia. Los grupos de Ecoloxistas en Acción Galiza han trabajado para acoger en Vigo el encuentro de más de 150 activistas de todo el Estado. Será del 6 al 8 de diciembre en el Centro Social A Nubeira, un espacio autónomo y asambleario abierto a multitud de luchas ecologistas y sociales de la ciudad. Un espacio idóneo para acoger un encuentro que tiene como lema y eje temático “Ecologismo social para cambiar el mundo”. Ecologistas en Acción quiere fortalecer la organización y las acciones que impulsan las transformaciones ecosociales en un contexto de emergencia ecológica y social.
Como acto previo a la asamblea, el viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se presentará Paca Blanco, la Brava (Libros en Acción, 2025), la autobiografía de Paca Blanco, un referente de las luchas que se han producido en las últimas décadas en defensa del medio ambiente y la dignidad de las personas. Acompañará a la autora en la mesa Yayo Herrero. El evento, abierto al público, lo presentará Ana Freiría, activista de Ecoloxistas en Acción Galiza.
La mesa inaugural que dará apertura a la Asamblea Confederal tiene como título ‘El ecologismo social como herramienta de cambio’ y profundizará en la necesidad de las transformaciones ecosociales desde diferentes miradas. Será el sábado 6 de diciembre a las 11:30, estará abierta al público y contará con la presencia de referentes en la lucha ecologista galega como Isabel Vilalba, portavoz del Sindicato Labrego Galego, Marta Gontá, portavoz de Por Unha Ulloa Viva, Gonzalo Pérez, portavoz de Comunidade Montes Tameiga, y Joám Evans, portavoz de Plataforma Mina Sant Finx y activista de Ecologistas en Acción. Ana Pascual, expresidenta de la Plataforma AVIBE, contará la experiencia de este movimiento rural contra la carretera de Beade y moderará el debate.
El sábado por la tarde las áreas confederales de Ecologistas en Acción evaluarán el trabajo realizado durante el año y planificarán las campañas y líneas de acción de cara a 2026. El domingo es el día dedicado a los debates confederales, desde la aprobación del presupuesto para el siguiente año y la revisión de los principales hitos territoriales hasta la presentación de la estrategia de comunicación de la organización ecologista. El punto central de la mañana es la revisión de los estatutos para actualizarlos e incorporar las cuestiones organizativas que se consideran más importantes. Por la tarde se desarrollarán talleres impulsados por las áreas y grupos de Ecologistas en Acción, y se cerrará con una llamada a la acción antinuclear. Las asambleas son momentos de encuentro y celebración y, por lo tanto, no puede faltar la fiesta, que en esta edición tendrá lugar en la Sala Rebullón (CNVMC Tameiga). Allí se disfrutará del concierto ‘Ata que nos boten’ con The Foggy Mental Breakdown, Hey Hematoma y una pinchada popular.
El domingo 7 de diciembre, a las 16:30, se proyectará el documental Dende que veu a mina. Esta película, producida por Ecoloxistas en Acción y realizada por la productura Aqueladas, rescata la memoria de los impactos de la minería en distintos lugares de Galicia: Lousame, Touro, Beariz y Vilardevós. La proyección estará abierta al público.
El lunes concluirá la asamblea con una manifestación que recogerá y expresará las diferentes resistencias desde el ecologismo social que se están impulsando en Galicia. Tendrá diferentes paradas que reflejarán cada una de estas luchas: desde la resistencia frente a Altri hasta a la expansión minera, pasando por la pesca industrial y el crecimiento de los cruceros. También se manifestará la solidaridad con Palestina. La movilización finalizará en la playa con la lectura de un manifiesto, y se concluirá la asamblea con todo el ánimo, la fuerza y el compromiso que Ecologistas en Acción gana año tras año en este espacio.
Un año más, ecologistas de todo el Estado español se encuentran a lo largo del fin de semana para evaluar el trabajo realizado en 2025 y las campañas que se impulsarán en 2026.
La vigésimo séptima asamblea ecologista se inaugurará la mañana del sábado 6 de diciembre con una mesa redonda abierta al público sobre la necesidad de las transformaciones ecosociales desde diferentes miradas.
El encuentro finalizará con una manifestación que recogerá y expresará las resistencias que el ecologismo social está impulsando en Galicia.
La Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción se celebra por primera vez en Galicia en sus más de 25 años de existencia. Los grupos de Ecoloxistas en Acción Galiza han trabajado para acoger en Vigo el encuentro de más de 150 activistas de todo el Estado. Será del 6 al 8 de diciembre en el Centro Social A Nubeira, un espacio autónomo y asambleario abierto a multitud de luchas ecologistas y sociales de la ciudad. Un espacio idóneo para acoger un encuentro que tiene como lema y eje temático “Ecologismo social para cambiar el mundo”. Ecologistas en Acción quiere fortalecer la organización y las acciones que impulsan las transformaciones ecosociales en un contexto de emergencia ecológica y social.
Como acto previo a la asamblea, el viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se presentará Paca Blanco, la Brava (Libros en Acción, 2025), la autobiografía de Paca Blanco, un referente de las luchas que se han producido en las últimas décadas en defensa del medio ambiente y la dignidad de las personas. Acompañará a la autora en la mesa Yayo Herrero. El evento, abierto al público, lo presentará Ana Freiría, activista de Ecoloxistas en Acción Galiza.
La mesa inaugural que dará apertura a la Asamblea Confederal tiene como título ‘El ecologismo social como herramienta de cambio’ y profundizará en la necesidad de las transformaciones ecosociales desde diferentes miradas. Será el sábado 6 de diciembre a las 11:30, estará abierta al público y contará con la presencia de referentes en la lucha ecologista galega como Isabel Vilalba, portavoz del Sindicato Labrego Galego, Marta Gontá, portavoz de Por Unha Ulloa Viva, Gonzalo Pérez, portavoz de Comunidade Montes Tameiga, y Joám Evans, portavoz de Plataforma Mina Sant Finx y activista de Ecologistas en Acción. Ana Pascual, expresidenta de la Plataforma AVIBE, contará la experiencia de este movimiento rural contra la carretera de Beade y moderará el debate.
El sábado por la tarde las áreas confederales de Ecologistas en Acción evaluarán el trabajo realizado durante el año y planificarán las campañas y líneas de acción de cara a 2026. El domingo es el día dedicado a los debates confederales, desde la aprobación del presupuesto para el siguiente año y la revisión de los principales hitos territoriales hasta la presentación de la estrategia de comunicación de la organización ecologista. El punto central de la mañana es la revisión de los estatutos para actualizarlos e incorporar las cuestiones organizativas que se consideran más importantes. Por la tarde se desarrollarán talleres impulsados por las áreas y grupos de Ecologistas en Acción, y se cerrará con una llamada a la acción antinuclear. Las asambleas son momentos de encuentro y celebración y, por lo tanto, no puede faltar la fiesta, que en esta edición tendrá lugar en la Sala Rebullón (CNVMC Tameiga). Allí se disfrutará del concierto ‘Ata que nos boten’ con The Foggy Mental Breakdown, Hey Hematoma y una pinchada popular.
El domingo 7 de diciembre, a las 16:30, se proyectará el documental Dende que veu a mina. Esta película, producida por Ecoloxistas en Acción y realizada por la productura Aqueladas, rescata la memoria de los impactos de la minería en distintos lugares de Galicia: Lousame, Touro, Beariz y Vilardevós. La proyección estará abierta al público.
El lunes concluirá la asamblea con una manifestación que recogerá y expresará las diferentes resistencias desde el ecologismo social que se están impulsando en Galicia. Tendrá diferentes paradas que reflejarán cada una de estas luchas: desde la resistencia frente a Altri hasta a la expansión minera, pasando por la pesca industrial y el crecimiento de los cruceros. También se manifestará la solidaridad con Palestina. La movilización finalizará en la playa con la lectura de un manifiesto, y se concluirá la asamblea con todo el ánimo, la fuerza y el compromiso que Ecologistas en Acción gana año tras año en este espacio.
Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
El Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización sin ánimo de lucro con sede en Washington) lleva años defendiendo los derechos e intereses de los consumidores. En los años noventa, fue una de las principales asociaciones que empujó para la inclusión de etiquetas nutricionales en los alimentos. Más recientemente, logró obligar a las cadenas de comida rápida a indicar las calorías de los platos ofrecidos.
Cuando Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, propuso crear supermercados municipales durante su campaña electoral, Sara John, subdirectora del centro, vio grandes posibilidades de mejora para la vida de millones de personas, aunque también es consciente del desafío. «Las tiendas públicas que rindan cuentas a los consumidores, y no a los accionistas, podrían mejorar la asequibilidad de los alimentos», afirma John. «No obstante, no será fácil ».
La iniciativa llega en un momento crítico. Los comestibles en Nueva York cuestan un 18% más que la media nacional. Huevos, carne y pescado subieron un 8,9% en el último año; y los productos lácteos, más de un 5%. A ello se suman las tensiones comerciales reavivadas por la nueva administración federal y los recortes anunciados al programa SNAP, que actualmente ayuda a más de 40 millones de estadounidenses con vales para la compra. «Y hemos visto cómo los gigantes del comercio minorista continúan cerrando tiendas y aumentando los precios de los alimentos», explica John a La Marea.
El plan de Mamdani contempla abrir cinco tiendas piloto –una en cada distrito– que funcionarían bajo un modelo público. Al no pagar alquiler ni impuestos y comprar al por mayor, el alcalde electo calcula que podrían ofrecer precios significativamente más bajos. Según su campaña, el programa costaría 60 millones de dólares, aproximadamente el 0,06% del presupuesto anual de la ciudad. La propuesta, no obstante, plantea retos. «Los supermercados ya operan con márgenes de ganancia muy reducidos –del 2% al 3%–», afirma John. «Por lo que incluso al intentar únicamente alcanzar el punto de equilibrio, sólo podrán trasladar un ahorro limitado a los consumidores», prosigue.
Además, la gestión de productos perecederos y la falta de economías de escala suponen obstáculos considerables para una operación nueva y relativamente pequeña. Por eso, la sugerencia de John es no partir de cero: «No necesitan reinventar la rueda».
La ciudad de Nueva York ya desempeña un papel relevante en el sector alimentario: compra alimentos para escuelas públicas, gestiona programas de asistencia como el mencionado SNAP y participa en el suministro a familias de militares. Desde 1991, el Gobierno federal mantiene una red de economatos que venden comestibles a precios mayoristas a personal militar, un modelo parecido a lo que Mamdani quiere extender a la población civil. Las tiendas municipales tendrían la utilidad adicional de no obtener beneficios por compras impulsivas y poco saludables. «Podrían priorizar la salud pública promoviendo alimentos sanos y asequibles, en lugar de maximizar los beneficios para los accionistas», señala John.
¿Un modelo viable?
La propuesta ha generado fuertes críticas desde sectores conservadores y liberales. Think tanks como el Instituto Cato advierten de que las tiendas municipales carecerán de las cadenas de suministro y la capacidad logística de gigantes como Walmart, lo que podría traducirse en ineficiencia y dependencia crónica de subsidios públicos.
Anne Rathbone Bradley, economista del Instituto para la Fe, el Trabajo y la Economía, sostiene que el plan está condenado al fracaso por su incapacidad de responder a las señales del mercado. «Los supermercados soviéticos fracasaron porque intentaron reemplazar principios económicos fundamentales con burócratas», escribió en The Washington Post. «Las tiendas gestionadas por el Gobierno en Nueva York enfrentarán los mismos desafíos», concluía.
Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la comparación es inexacta. A diferencia de los supermercados de la Unión Soviética, que operaban en economías de planificación centralizada sin competencia, el modelo de Mamdani funcionaría en un mercado mixto, complementando –no reemplazando– la oferta privada existente. Otra crítica se ha centrado en el riesgo de competencia desleal. La Unión de Bodegas de América –gremio de las pequeñas tiendas de comestibles familiares, omnipresentes en Nueva York– expresó inicialmente esta preocupación. No obstante, en un giro significativo, terminó apoyando a Mamdani a finales de octubre. Su presidente, Radhames Rodríguez, señaló que el proyecto de tiendas municipales podría «complementar» la oferta en zonas desatendidas, donde las familias carecen de acceso a alimentos frescos y saludables.
Una idea con antecedentes
La idea de los supermercados municipales no es inédita, aunque a menudo se ha aplicado a contextos rurales o pequeños. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de St. Paul en Kansas –que cuenta con 600 residentes–, donde en 2013 la municipalidad compró el supermercado local. Pero recientemente se han dado casos en áreas urbanas pobladas. En Atlanta, el Azalea Fresh Market –un supermercado de propiedad municipal inaugurado en agosto de 2025– atiende a una media de 600 clientes cada día y sus ventas de productos frescos superan el promedio nacional. El supermercado mantiene eficiencia y precios contenidos gracias a una alianza con una cadena privada que opera en las instalaciones.
No todas las experiencias, sin embargo, han prosperado. El Sun Fresh Market, un supermercado público de Kansas City, cerró sus puertas en agosto pese a haber recibido más de 18 millones de dólares en inversión a lo largo de 10 años. La gestión enfrentó problemas recurrentes de desabastecimiento, mientras que la inseguridad en el área disuadió progresivamente a los compradores.
Una clave del éxito de la propuesta de Mamdani dependerá del tipo de alianza entre lo público y lo privado que apoyará su plan. Alianzas que, incluso con respecto al sector alimentario, tienen una larga historia en Nueva York: durante la Gran Depresión, el alcalde Fiorello LaGuardia creó seis mercados en que la ciudad alquilaba los espacios a vendedores a precios reducidos. El Essex Market, en el Lower East Side, es un ejemplo destacado que sigue vendiendo productos a precios competitivos en una de las zonas más caras de la ciudad.
El desafío por delante
Ahora que Mamdani ha ganado con la promesa de una ciudad más asequible para todos, sobre él pesan expectativas extraordinarias y promesas por cumplir. El alcalde más joven en más de 100 años llega al cargo con una agenda ambiciosa que ha generado tanto entusiasmo entre sus votantes como resistencia feroz entre quienes apuestan por su fracaso.
La ubicación, la eficiencia logística y la capacidad de mantener los precios bajos determinarán el futuro de esta iniciativa. Si el experimento tiene éxito, Nueva York podría convertirse en referente para otras ciudades estadounidenses e internacionales, y las propuestas de Mamdani ganarían credibilidad dentro de un Partido Demócrata en búsqueda de una nueva identidad. Si fracasa, sus críticos tendrán la prueba que esperaban para atacar a los sectores más progresistas del partido.
«Los supermercados administrados por la ciudad tienen el potencial de reducir los precios de los comestibles al eliminar la avaricia corporativa de la ecuación de precios de los minoristas», concluye John.
Colectivos ciudadanos y ecologistas han realizado en Madrid una acción para denunciar el impacto en la salud, el medio rural y el medio ambiente del modelo ganadero industrial.
Con una performance, las activistas han recreado una subasta de los pueblos del Estado español —en especial de los más afectados en Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia o Murcia—, en beneficio de las grandes corporaciones.
Exigen a las Administraciones una moratoria inmediata y un cambio de modelo hacia una ganadería extensiva, ecológica, justa y sostenible.
Más de doscientas personas provenientes de distintas Comunidades Autónomas de España se han dado cita esta mañana en la Cuesta de Moyano en Madrid para participar en una performance y lectura de un manifiesto con motivo de la primera Semana Europea de Lucha Contra la Ganadería Industrial. La acción, convocada por la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial y apoyada por colectivos ecologistas y más de 100 movimientos vecinales, ha servido para visualizar de forma impactante las consecuencias de las macrogranjas en España.
“La subasta de nuestros pueblos”
La performance ha representado la subasta de los pueblos españoles en connivencia con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a algunas de las principales empresas beneficiarias de la ganadería industrial (Vall Companys, Grupo Fuertes – El Pozo, Litera Meat, Grupo Coren y Corporación alimentaria Guissona). Por un lado, activistas vestidas de negro, representando a las comunidades autónomas más afectadas: Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia o Murcia. Junto a ellas, tres animales gigantes (un cerdo, una vaca y una gallina, alguno con más de cuatro metros de alto) recordaban el récord de sacrificio de animales (más de 950 millones) en España el año pasado.
Frente a esta escena, otro grupo de personas ha portado pancartas en favor de la agroecología, la ganadería extensiva y el mundo rural vivo.
Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se ha destacado la necesidad de poner fin a la ganadería industrial y de apostar por otro modelo: “La ganadería industrial está destruyendo el planeta y nuestros pueblos. Exigimos una transición hacia un modelo respetuoso, local, de pequeños ganaderos y ganaderas, con prácticas sostenibles, atendiendo a las necesidades de los animales y del entorno. Queremos granjas, no fábricas”.
La concentración ha finalizado con gritos de “¡No a la ganadería industrial, ni en tu pueblo ni en el mío”, “¡Macrogranjas NO! y “¡Por un mundo rural vivo!”, coreados por las personas asistentes, tanto de Madrid como aquellas llegadas de zonas rurales afectadas.
Siete demandas para transitar hacia otro modelo ganadero
Las organizaciones ecologistas y movimientos vecinales han expresado sus propuestas de actuación que se resumen en estos puntos:
Una moratoria a la construcción de nuevas explotaciones industriales y a la ampliación de las ya existentes, hasta que se haga una evaluación estratégica que permita determinar la carga ganadera que admite cada territorio.
Disminución progresiva de la cabaña ganadera en intensivo y cierre de las explotaciones más contaminantes.
Justicia para los pueblos afectados: “No somos territorio de sacrificio. Necesitamos controles y sanciones para aquellas explotaciones que contaminen y se limiten las emisiones y controle el almacenamiento y la gestión de los purines”.
Transición hacia un modelo respetuoso, local, de pequeños ganaderos y ganaderas, con prácticas sostenibles atendiendo a las necesidades de los animales y del entorno: “Queremos granjas, no fábricas”.
Transparencia en los procesos administrativos de concesión de licencias, para que los municipios tengan voz y voto de lo que pretende instalarse en su territorio.
Compromiso europeo, para que España, dentro del marco de la Stop Factory Farming Europe, colabore con otros países para frenar la expansión de la ganadería industrial: “Es un problema continental y la solución debe serlo también”.
Que se tienda a una reducción progresiva en el consumo de carne y otros derivados de origen animal. Que el consumidor sea informado del modelo productivo de los alimentos de origen animal que consume.
Un movimiento europeo con arraigo local
Esta acción se enmarca en la primera Semana Europea de Lucha Contra la Ganadería Industrial. La protesta se ha sumado así a movilizaciones simultáneas en Francia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Italia, Rumanía, Inglaterra e Irlanda del Norte, dentro de la red Stop Factory Farming Europe, formada por comunidades rurales, grupos ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanas que denuncian los impactos de este modelo. El objetivo común es visibilizar el impacto transnacional de un modelo industrial que prioriza el beneficio económico sobre la salud de las personas y del planeta, el bienestar animal y la supervivencia del medio rural.
La música saharaui, por su historia y por la geografía de su pueblo, no es una música de mercados globales sino de jaima y desierto. Antes de la llegada de teléfonos, casetes o memorias USB, las canciones viajaban de boca en boca en los hogares, las bodas y las reuniones de familia; y así se tejía y preservaba la historia colectiva. Hablar de música saharaui es hablar de haul, el género por excelencia que combina poesía, percusión y cuerdas en piezas que han servido a la vez como canto de resistencia y como memoria de una nación en el exilio. Esa condición ha hecho que buena parte del legado saharaui sobreviva fuera de la digitalización masiva.
De esa geografía sonora han surgido voces capaces de hacerse cargo de la historia de su pueblo y, al mismo tiempo, dialogar con otros lenguajes musicales. Mariem Hassan fue la figura más visible de esa tradición en el circuito internacional: la voz que convirtió el lamento del exilio en presencia pública. Su biografía y su trabajo ayudan a entender lo que significa cantar desde (y contra) la dispersión. Aziza Brahim, por su parte, ha trazado otro camino: partiendo de las raíces del haul, ha incorporado ritmos del blues del desierto y otras influencias para hacer de su canto una cartografía personal y política que mira hacia el mundo sin perder la referencia.
En esta escena aparece Suilma Aali, cantante y compositora hispano-saharaui que encarna el mestizaje que canta. Hija de madre gallega y padre saharaui, Suilma traduce «lo que se oye en casa» en un repertorio donde confluyen cadencias afroárabes, latinas, flamenco, soul, jazz y canción de autor. No es habitual encontrar artistas saharauis que produzcan y firmen su música con la libertad estilística que sostiene a Suilma: ella compone, canta y toca la guitarra desde niña, y su obra es un relato que nace de las mezclas culturales que viven en ella.
Su repertorio muestra una trayectoria constante: Aali (2012) dejó la primera carta de presentación; Flor Amarilla (2019) exploró tonos íntimos junto a Nico Roca; El Final (2023) jugó con la estructura del bolero; y No quedan lágrimas (marzo de 2025) la situó entre la canción personal y la canción de protesta, nacida del dolor por el genocidio en Gaza. Su voz, cálida y a veces quebrada, trae el poso de quien canta en festivales de jazz y en actos por la paz; sus letras privilegian la memoria, la identidad y la denuncia, sostenidas por arreglos donde la guitarra, la percusión y los coros buscan la honestidad y la comunicación directa.
Más allá de la música, Suilma ha llevado su talento al cine documental. Es coprotagonista de La duna de Chinguetti, dirigida por Lidia Peralta y Germán Nieto, y rodada en Mauritania. Comparte pantalla y proyecto con el escritor y antropólogo saharaui Bahia Awah, y además es la autora y voz del tema principal del largometraje.
Suilma Aali interpreta uno de sus temas durante la presentación de los contenidos dedicados al Sáhara Occidental en La Marea. En la foto le acompañan el poeta Bahia Mahmud Awah y la periodista Ngone Ndiaye. JACINTO ANDREU
La artista anuncia además que su próximo lanzamiento llevará por título «Sahara», un single que promete continuar esa línea de diálogo entre identidad y experimentación sonora. Este anuncio llega en un momento en el que su música empieza a asentarse, sin renunciar a su raíz comunitaria y a la visibilidad política que siempre ha llevado consigo.
El artículo ‘Suilma Aali: la canción como territorio propio’ se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, cuyo último número se ha dedicado íntegramente a la cultura saharaui. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.
Con el objetivo de recordar que cada decisión de compra tiene consecuencias, y de apoyar el boicot a empresas que sustentan el apartheid del pueblo palestino, la organización ecologista han protagonizado una acción de protesta para denunciar la complicidad de Zara en el genocidio.
Las activistas han recordado los impactos medioambientales, sociales y humanos de la cadena de moda, y han instado a la ciudadanía a optar por alternativas de compra más sostenibles, libres de explotación laboral y de complicidad con violaciones de derechos humanos: “No se trata solo de no comprar hoy, se trata de cambiar el modelo”.
Coincidiendo con el Día sin Compras y en el 78º aniversario de la Partición de Palestina, activistas de Ecologistas en Acción han protagonizado esta mañana una acción simbólica frente a la tienda insignia de Zara en la Gran Vía madrileña. Vestidas de negro y portando una mortaja que simulaba un bebé palestino asesinado, las personas participantes han denunciado la complicidad de la marca con el régimen israelí de apartheid y genocidio.
Durante la acción se han repartido centenares de folletos informativos dirigidos a clientes y transeúntes, explicandopor qué Zara figura en la lista de empresas boicoteadas por el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El acto reivindicativo ha sido silencioso, solemne y ha contado con el apoyo espontáneo de personas que han aplaudido y se han sumado a la convocatoria.
La acción forma parte del Día Sin Compras, una jornada internacional de huelga de consumo que cada año impulsa Ecologistas en Acción “como contrapunto al consumismo desaforado y al Black Friday”. En esta ocasión, el foco se ha puesto en Zara, debido a su creciente implicación con Israel: en 2025 la compañía inauguró su mayor tienda hasta la fecha en el complejo Big Fashion Glilot, en territorio israelí. Además, su franquiciado local ha financiado actos de campaña de Itamar Ben-Gvir, ministro israelí supremacista, condenado por apoyo al terrorismo, sancionado por varios países y defensor públicamente del genocidio en Palestina. Ben-Gvir es citado en la causa por genocidio que actualmente se estudia en la Corte Internacional de Justicia.
“Zara no solo alimenta el fast fashion y la crisis climática con miles de toneladas de ropa fabricadas en el sur global y transportada en avión, también blanquea con su imagen un régimen que está asesinando a miles de palestinas y palestinos. Hoy hemos venido a recordar que cada prenda que se compra aquí puede estar contribuyendo al pago de impuestos a un gobierno genocida”, ha declarado Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción.
Charo Morán, portavoz también de la organización ecologista, ha instado a la ciudadanía a sumarse al boicot a Zara y a “optar por alternativas libres de explotación laboral y de complicidad con violaciones de derechos humanos: consumir menos ropa, combatir modas efímeras, alargar su vida útil, usar ropa de segunda mano adquirida en el pequeño comercio y, en la medida de lo posible, de producción ética y local”.
Además, ha recordado que el modelo de negocio de Inditex también tiene un impacto ambiental devastador. Según el informe “Moda Aérea”, la empresa realiza más de 1.600 vuelos de carga al año desde el aeropuerto de Zaragoza para abastecer sus tiendas, lo que supone emisiones 14 veces superiores a las del transporte marítimo. Esta estrategia de velocidad sobre sostenibilidad contribuye significativamente a la crisis climática, que también es una forma de violencia contra los pueblos más vulnerables.
La acción también ha servido para visibilizar el papel de la moda rápida en la precarización laboral, especialmente de mujeres, en países del sur global. Inditex utiliza cadenas de suministro que han provocado tragedias como la de Rana Plaza en Bangladesh, en 2013, donde murieron más de 1.100 trabajadoras.
Ecologistas en Acción ha recordado que el consumo es una herramienta política, y que cada decisión de compra tiene consecuencias. Por ello, ha animado a la ciudadanía a participar en el boicot a Zaray a otras marcas cómplices del apartheid israelí, y a sumarse a las movilizaciones previstas para este 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebrarán en decenas de ciudades del Estado español.
“No se trata solo de no comprar hoy, se trata de cambiar el modelo. No queremos ropa que ocupe, que mate, que explota. Queremos moda que cure, que cuide, que respete”, han concluido las activistas.
El sindicato y representantes de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y han mantenido un encuentro en el que han compartido la preocupación por los riesgos de parálisis en la transición energética y han intercambiado propuestas que puedan dar un nuevo impulso a las políticas públicas que permitan la adaptación a la emergencia climática
Representantes de Comisiones Obreras y de las organizaciones medioambientalistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y, han mantenido un encuentro para conocer e intercambiar propuestas que puedan dar un nuevo impulso a las políticas públicas que permitan la adaptación a la emergencia climática que vive España y todo el mundo, y ayuden a mitigar el impacto que ya está teniendo en la vida, en el trabajo, en la economía y en la salud de las personas.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, junto a Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente, y José Antronio Hernández, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, se ha reunido con los representantes de las cinco organizaciones: Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra; Erika González, coordinadora de Ecologistas en Acción; Ricardo Magán, director de estrategia sistémica de Greenpeace; Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife; y Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
La reunión ha servido para poner de manifiesto la preocupación compartida por los evidentes riesgos sobre el proceso de transición energética y el peligro de las consecuencias de dar marcha atrás en un proceso irreversible para este país, con el cuestionamiento del calendario de desmantelamiento de instalaciones de energía nuclear y el proceso de descarbonización de la economía.
Las organizaciones medioambientalistas y CCOO coinciden en subrayar el impacto negativo de las dudas que se están generando, especialmente en el marco europeo y en España, acerca de un proceso irreversible que, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para España por cuanto, a través de transiciones justas, puede generar una oportunidad de empleo verde y redistribución territorial , una oportunidad también para frenar el proceso de deterioro de la biodiversidad y los ecosistemas.
La sociedad tiene que reaccionar a este proceso de devaluación acelerada de los compromisos adquiridos, coinciden, porque frenar la transición energética es poner en riesgo esta ventana de oportunidad. Un ejemplo de esas tendencias socialmente muy peligrosas está en el resultado de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), con un documento final muy mejorable, falto de compromisos más claros para caminar hacia el final de los combustibles fósiles.
En el encuentro, las organizaciones ecologistas han compartido también las propuestas que respectivamente elevarán para contribuir al documento del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. La iniciativa que impulsa el Gobierno de España, en la que tanto desde las organizaciones como desde CCOO se han ido preparando aportaciones, reclamando a su vez que sea un documento coherente con el resto de las políticas públicas de todas las administraciones.
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«Primero, el miedo. Después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo». Isabel Bono
«Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes». Con esta sola frase del discurso con el que inauguró su segunda legislatura, Donald Trump pisoteaba el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que recoge uno de los principios que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial: la inviolabilidad de las fronteras. El presidente se aliaba así con los líderes que han provocado los dos conflictos que están alumbrando una nueva era: el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania. El magnate había ganado sus primeras elecciones prometiendo acabar con las guerras estadounidenses en el extranjero y comenzó el segundo anunciando la vuelta a las guerras imperialistas y a las anexiones territoriales ilegales. Y lo hizo de manera explícita, sin eufemismos ni falsas justificaciones. Porque Trump está imponiendo un nuevo orden global en el que la única norma es el dominio del más fuerte, es decir, el de Estados Unidos sobre el resto de los países. Y para asentarlo, tanto él como el resto de miembros de su administración emplean un lenguaje que normaliza los pilares y el funcionamiento de un nuevo mundo regido por un desprecio declarado y absoluto por los principios democráticos, por las reglas universales, por la moralidad, por la negociación, por la diplomacia y por el multilateralismo. Un presidente que pilota un gobierno al modo de los cárteles: plata o plomo. O lo que es lo mismo: dinero o fuerza bruta.
Y para normalizar esta ideología neofascista en el imaginario global, el gabinete estadounidense se esfuerza por evidenciarlo en todos los lenguajes: el verbal, como cuando gritó en el homenaje a Charlie Kirk que a sus enemigos les deseaba lo peor, o cuando humilló al presidente Zelensky en su primera visita a la Casa Blanca; el audiovisual, con sus vídeos creados con IA que mostraban la construcción de un resort encima de las fosas del genocidio de Gaza o aquellos en los que él mismo pilota un helicóptero desde el que vierte excrementos sobre quienes se manifiestan contra su presidencia y con el que secuestra a sus opositores políticos para deportarlos; y el gestual, como cuando se hace rodear de líderes europeos en una escenografía que los presenta como súbditos en la Casa Blanca.
Y si Trump se puede permitir estos delirios autocráticos es porque su segunda victoria, tras haber ostentado ya la presidencia entre 2016 y 2020, evidencia que no se trata de un fenómeno aislado o disruptivo, sino de la manifestación de una corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en Estados Unidos se ha solidificado en una parte de la sociedad que desprecia la democracia, reclama modos y políticas autoritarias, reivindica la hegemonía del supremacismo blanco, aplaude el insulto, la zafiedad, la ignorancia y la soberbia. La ya frágil democracia norteamericana vive un cambio de régimen y en él Trump está dando una nueva vuelta de tuerca al imperialismo que Estados Unidos ha ejercido de manera tan despiadada como desprejuiciada desde la Segunda Guerra Mundial.
El líder autocrático ha alumbrado una forma de ejercer el poder en la que verbaliza y combina la amenaza, la coerción y el chantaje comercial, económico, político y militar. Con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores: no se molesta en justificarlo ni en crear falsas excusas o motivaciones como hizo, por ejemplo, la Administración Bush con las armas de destrucción para invadir Irak. El mundo según Trump debe regirse solo por su orden y mando, como demuestra en la propaganda en la que porta una corona y que difunde en su propia red social (a la que ha llamado Truth, porque en su mundo, él decide qué es verdad, un procedimiento que su entorno ha dado en llamar «hechos alternativos»).
Lo más preocupante es que durante este primer año de la era Trump 2.0, hemos visto cómo la mayoría de los líderes políticos mundiales no han opuesto resistencia a interpretar su rol de vasallos ante el rey, emperador o líder supremo –dependiendo de la tradición de la que procedan–, como han demostrado Ursula von der Leyen, el rey Carlos de Inglaterra o Nayib Bukele.
Cómprese (y si no, invádase)
«Obtendremos Groenlandia. Sí, al cien por cien. Existe una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no voy a descartar nada», anunció el presidente Trump poco después de tomar posesión en una entrevista para la cadena NBC.
El líder republicano combina un lenguaje simplista y directo con una ambigüedad que le permite mantener uno de los rasgos distintivos de los sistemas autocráticos: la arbitrariedad.
A la vez, Trump ha roto con la percepción habitual del tiempo al hacer añicos los conceptos de imprevisibilidad e irracionalidad. Por eso, resulta conveniente repasar algunos de los hitos de la presidencia estadounidense del último año y cómo los ha comunicado para entender la doctrina del shock que está empleando. Como aquel primer sobresalto con el que inició su mandato: la amenaza contra la soberanía de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Lo cierto es que ya durante su primera legislatura, Trump intentó negociar la compra de la isla. Ante la negativa del Ejecutivo de Copenhague, el presidente estadounidense canceló su visita oficial. Y de nuevo, cinco días antes de volver a convertirse en inquilino de la Casa Blanca, llamó personalmente al primer ministro danés para advertirle de que si no se la vendía, se la quedaría por la fuerza.
Marcando el territorio: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realiza una visita a la base militar de Pituffik, en Groenlandia, el 28 de marzo de 2025. JIM WATSON / REUTERS
El chantaje económico empleado por Trump bajo la amenaza de intervención militar rompe con los ya difusos límites existentes entre la coerción y la diplomacia y está dibujando nuevas formas de ejercer el poder fuera de cualquier norma. Algo que de seguir en esta senda militarista, veremos agravarse ante la lucha por unos recursos cada vez más escasos. Las áreas costeras de Groenlandia cuentan con unos 17.500 millones de barriles de petróleo y 148.000 millones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y posee, igualmente, cantidades significativas de metales de tierras raras, imprescindibles para las tecnologías de energía verde. Además, se trata de un enclave con un valor estratégico creciente para el comercio marítimo con Asia a medida que la crisis climática acelera el descongelamiento del Ártico. El periodista Mario G. Mian, uno de los mayores expertos en Groenlandia, recuerda en su último libro que en esta isla China, Rusia y la OTAN están librando la llamada «Guerra Blanca» por el control geopolítico de la zona. En cualquier caso, Estados Unidos ya cuenta con una base militar allí después de que Truman también intentase comprarla por 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial.
Amagando el golpe
Tras el primer genocidio televisado, el de Gaza, podemos estar asistiendo al primer anuncio televisado de un golpe de Estado. De hecho, si hay un caso de estudio sobre cómo Trump está empleando el lenguaje para crear un escenario en el que sus actuaciones ilegales se presenten como necesarias, lógicas e, incluso, inevitables es, sin duda, el de Venezuela.
Desde que Trump anunciase la primera ejecución extrajudicial de tripulantes de una embarcación procedente de Venezuela, tanto él como todos los miembros de su gabinete han pasado a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como régimen «narcoterrorista». Con ese concepto, fusionan la lucha contra las drogas –con la que Washington justifica, desde hace décadas, la intervención militar de sus tropas en Latinoamérica– con el terrorismo, asemejando así al Ejecutivo de Caracas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra contra el terrorismo sigue siendo uno de los pilares de las políticas colonialistas estadounidenses y, al vincularla con Venezuela, reviste de seguridad lo que en realidad responde a un choque ideológico contra la izquierda bolivariana y, sobre todo, a la pugna por los recursos naturales –especialmente, el petróleo–.
Captura del vídeo facilitado por las autoridades estadounidenses del ataque militar a una lancha en el mar Caribe.
Además de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe –pese a que más del 70% de la droga entra en Estados Unidos por el Pacífico–, Trump ha autorizado a la CIA a «realizar operaciones encubiertas», el eufemismo bajo el que la Casa Blanca ha impulsado golpes de Estado, instaurado dictaduras y asediado revoluciones durante décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la oposición política y ha impuesto severas sanciones económicas al país latinoamericano. Tras su vuelta al poder, Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por la entrega de Maduro y ha desplegado en las inmediaciones de Venezuela su mayor operación naval desde la primera guerra del Golfo. Por tanto, la actuación de la CIA debe tener un objetivo que vaya aún más allá.
‘Supremacist First’
En su toma de posesión, Trump recuperó el concepto de «destino manifiesto», creado por el columnista conservador John O’Sullivan en 1845 para defender que, siguiendo los dictados de Dios, Estados Unidos debía ocupar Texas y expandirse por toda Norteamérica. De hecho, Trump se ha declarado seguidor de William McKinley, su homólogo entre 1897 y 1901, y quien, como él, fusionó un proteccionismo arancelario con un colonialismo que le llevó a ocupar Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba. Se estableció entonces la Doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos tenía el deber de controlar Latinoamérica para proteger sus intereses económicos y de seguridad. Esta visión teocrática, conocida como «excepcionalismo», sostiene que se trata de un país superior al resto, un canon al que todos deben aspirar y que, por tanto, tiene la legitimidad y el deber de guiar e imponer su modelo en todo el mundo, instaurando incluso presuntas democracias mediante bombardeos, invasiones y guerras.
La diferencia de Trump con respecto a los anteriores presidentes es que no sólo no lo oculta, sino que hace ostentación de ello. El «America First» enarbolado por el magnate es la expresión más sincera de esta concepción del mundo que tiene parte de la sociedad estadounidense y también del norte global. Un mundo en el que el sur es, si acaso, el fondo de sus postales de vacaciones o lugares en los que hacer negocio desde una posición ventajista, como escribió Zadie Smith. Por ello, el vídeo difundido por Trump sobre la construcción de un resort en Gaza es solo la expresión más descarnada de la identidad fascista estadounidense, como la define la periodista Suzy Hansen en Notas desde un país extranjero, un libro por el que fue finalista del premio Pulitzer en 2018. La actual administración está derruyendo los pocos contrapesos internos con los que contaba la democracia estadounidense y los mecanismos multilaterales internacionales en los que, sobre todo, se teatralizaba la aspiración a un futuro orden global democrático.
Nombrar para dominar
En los primeros días de vuelta al Despacho Oval, Trump ordenó a la prensa estadounidense que llamase Golfo de América al Golfo de México. Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, siguió usando el nombre oficial, por lo que fue expulsada de las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Cuando Trump se postuló como ganador irrebatible del premio Nobel de la Paz, llamó «acuerdo de paz» a lo que no era más una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio. Y durante las primeras horas del anuncio, numerosos medios reprodujeron acríticamente ese concepto de «acuerdo de paz», convirtiéndose en correa de transmisión de su propaganda y legitimándolo ante la opinión pública internacional, pese a que violaba cualquier derecho de los palestinos. Sin embargo, ante la persistencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja, muchos se vieron obligados a rectificar y emplear términos como «el plan de Trump». Pero ya había quedado en evidencia su capacidad para imponer marcos de interpretación sin apenas encontrar resistencia entre medios de comunicación y periodistas, quienes tenemos el deber de fiscalizar el lenguaje del poder para descifrar y transmitir su verdadero significado.
Fue, además, durante la presentación de este acuerdo ante la Knéset israelí donde hizo gala de su determinación para hacer de la injerencia explícita un rasgo de su política. Lo hizo al insistirle al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultase a Benjamín Netanyahu: «Concédale el indulto. Vamos (…) nos guste o no, es uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Y unos cuantos cigarros y champán, ¿a quién le importan?». Se refería a los juicios por corrupción que tiene pendientes; para evitarlos, según infinidad de expertos, Netanyahu ha impulsado un genocidio en Gaza que le permite suspenderlos mediante el estado de excepción.
Celebración del genocidio
Y, como culmen de la pedagogía de la crueldad que define todas sus políticas, convirtió su intervención parlamentaria en la celebración del genocidio: «Bibi me llamaba muy a menudo. ¿Puedes conseguirme esta arma? ¿Esta otra? ¿Y esta otra? De algunas de ellas nunca había oído hablar. Bibi y yo las fabricamos. Pero las conseguimos, ¿no? Y son las mejores. Son las mejores. Pero tú las has usado bien. También se necesitan personas que sepan usarlas, y tú claramente las has usado muy bien».
Ciudad de Gaza vista desde un puesto militar israelí en el barrio de Shujaiya. NIR ELIAS / REUTERS
También aprovechó para ahondar en su particular doctrina del shock, basada en el desprecio por la moralidad y en la destrucción, como persiguen todos los líderes fundamentalistas, del consenso sobre los valores éticos mínimos que deben regir nuestras sociedades. Para ello, alabó a los firmantes de los Acuerdos de Abraham, a los que ensalzó por ser «hombres muy ricos», los dos elementos que, según la cosmovisión trumpista, deben regir el mundo: los hombres y el dinero. De hecho, apenas unas horas después, en la cumbre que celebró en Egipto con el mismo motivo, entre los mandatarios asistentes sólo había una mujer, Georgia Meloni, a la que enalteció señalando que era «guapa», justo después de decir que referirse a una mujer con este concepto «acabaría con la carrera de cualquier político», pero que él se iba a «atrever». Es decir, apología del machismo disfrazada de la valentía con la que se abanderan los ultras para defender la libertad de expresión que, precisamente, ellos mismos restringen en cuanto llegan al poder.
Apenas un mes después, tras la incontestable victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, varios medios internacionales publicaron que los republicanos habían comenzado a reformar los distritos electorales para garantizarse la victoria en las elecciones legislativas de 2026. Además, alertaban de que es más que posible que el Tribunal Supremo, con mayoría absoluta conservadora, falle en junio a favor de una reforma de la Ley del Derecho al Voto que dejaría fuera a las minorías.
Nos encontramos, pues, ante un escenario en el que incluso los analistas más conservadores y prudentes no descartan que Trump consiga sumir a Estados Unidos en una autocracia. Y lo está haciendo sin ocultar sus aspiraciones, todo lo contrario: verbaliza sus planes para normalizarlos ante la opinión pública, se reivindica como un líder al que le gustaría gozar de un poder absolutista mundial para implantar un régimen dominado por hombres blancos y ricos, de ideología neofascista, ultramachista y con el objetivo declarado de acabar con el sistema democrático, pluralista y multilateral tanto a nivel interno como internacional. Ivo Daalder, exembajador estadounidense ante la OTAN, lo resume así: «Con Trump en el cargo, el orden basado en reglas ya no existe».
El Ministerio de la Guerra
Como a cualquier buen cryptobro, a Trump no le gustaba el nombre de Departamento de Defensa. Le parecía que sonaba «demasiado a la defensiva», que los que lo nombraron así después de 1945 se habían dejado arrastrar por «lo woke». Por eso ordenó que volviese a su denominación original, Departamento de la Guerra, porque «a todo el mundo le gusta la increíble historia victoriosa» de cuando se llamaba así. Pero no se trata, o al menos no solo, de una manifestación testosterónica del presidente estadounidense, sino de un nuevo capítulo en su estrategia para legitimar lo reprobable, normalizar el oprobio nombrándolo para reivindicarlo. Incluso, o especialmente, cuando se trata de la peor actuación de la que es capaz el ser humano: la guerra. Durante el anuncio en el Despacho Oval del cambio de nomenclatura, el nuevo secretario de Defensa, Pete Segeth, resumió así su directriz: «Máxima letalidad, no una tibia legalidad».
Según medios especializados como The Diplomat, asistimos a un aumento de las posibilidades de una guerra nuclear después de que Trump anunciase la reanudación de los ensayos con armamento nuclear y de que Putin se jactase de contar con un dron submarino nuclear con capacidad para destruir ciudades enteras. Hablando de nombres: Trump ha puesto el suyo a un nuevo caza con capacidad nuclear, el F-47, llamado así en honor al 47º presidente: él.
