Las múltiples crisis ecológicas que vivimos no son accidentales. Más allá de los actores concretos, sean empresas o políticos, es el poder impersonal quien las provoca, y solamente su abolición les podrá poner fin.
No lo prohíbe ninguna ley, ni reglamento, ni ordenanza, pero hablar de sueldos públicos es un asunto especialmente delicado que exige una prudencia extrema. El PSOE municipal, el del Ayuntamiento de Albacete, vuelve a la carga –una vez más– en esta ocasión poniendo el foco en el 65 % de liberación que tiene el concejal …
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El lugar era extraño. Diferente a las tiendas que hay en otras partes de la ciudad. Vendían cosas variadas, nada que pareciera de primera necesidad.En ‘El riguroso paraguas’, Daniel Díez Carpintero reúne siete cuentos sobre personajes minuciosamente observados, atmósferas densas y percepciones intensificadas, donde la belleza emerge de lo frágil, lo dañado y lo ambiguo.Más allá de las pruebas de este caso concreto, ver la imagen del alcalde de Móstoles, rodeado de su plana mayor, atribuyendo a una “venganza” la denuncia por acoso de una concejala, nos remite irremediablemente a la imagen de otro alcalde del PP, arropado por la plana mayor del partido, haciendo exactamente lo mismo, pero hace 25 años. De momento, y según la información adelantada por El País, observamos que entre la imagen de 2001 y la imagen de 2026 es bastante difícil encontrar diferencias.
Como ahora ha hecho Manuel Bautista en Móstoles, el entonces regidor de Ponferrada, Ismael Álvarez, negó las acusaciones y se defendió culpando a la edil que lo había denunciado. Se llamaba –se llama– Nevenka Fernández, y su historia, llena de soledad y terror, ha sido recordada por ella misma en un documental y una película reciente: fue la primera mujer que logró una condena por acoso contra un político en España.
Ni aquel hito en la historia del feminismo de este país, ni las leyes en favor de la igualdad aprobadas posteriormente, ni siquiera el tiempo, han evitado que se repita –o que estemos hablando, mejor dicho– de un nuevo caso que comparte enormes paralelismos con aquel otro, el de Nevenka. Y no solo por los hechos denunciados –que serán juzgados en este nuevo caso– sino por la forma de actuar del PP ante esos supuestos hechos.
En ambos episodios, con los datos actuales, la mujer es una concejala del PP, las dos denuncian por acoso sexual y laboral al alcalde que las ha “fichado”, ninguna recibe el apoyo del partido y, además, ambas son ninguneadas, cuando no despreciadas, por el aparato. Las dos, finalmente, terminan recurriendo a la justicia.
En el caso de 2026, según la información de El País, la mujer pidió amparo al PP y fue despachada con frases del tipo ‘es mejor que no denuncies’: “Ayuda no es hacerlo público, esto te va a hundir”; “lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen”; “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. Ni siquiera fue recibida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien remitió finalmente una carta explicando los motivos por los que se daba de baja en el partido.
En 2001, Ismael Álvarez dijo que lo que había contado Nevenka Fernández era un “relato preparado”. En 2026, el alcalde de Móstoles ha dicho que el relato de la exconcejala –que, en este caso, prefiere mantenerse en el anonimato– no se corresponde con la realidad, y Ayuso, que sí se citó con el regidor tras la denuncia realizada por la mujer, ha ido incluso más allá: es un “caso fabricado contra el PP”, dijo la presidenta en la Asamblea de Madrid.
Hace 25 años, el PP tapó una historia que terminó en condena en los tribunales y por la que nunca pidió perdón a la víctima, según ha narrado ella cuando ha podido hablar con calma del infierno que vivió, dos décadas después. Hoy, lo retorcido de este asunto, además, es que mientras Nevenka Fernández contaba todo esto tantos años después en diferentes pantallas, la otra mujer estaba contando a los órganos de dirección del PP lo mismo que denunció en su día Nevenka Fernández.
“Hay que escuchar a las mujeres que se atreven a hablar, no es fácil porque sabes que tiene consecuencias”, dijo en una entrevista en elDiario.es en septiembre de 2025. Habrá que esperar, por supuesto, a ver qué dicen los tribunales. Pero de momento, puede que la diferencia más clara entre una imagen y otra sea simplemente el tiempo que ha pasado.
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¿Cuáles son las razones de fondo de los movimientos de población Sur / Norte? Una pregunta, sencilla y contundente, que obligatoriamente habría que poner sobre la mesa si se quisiera abordar con seriedad y en profundidad el debate sobre las migraciones transfronterizas. Responder a esta cuestión es fundamental para disponer de un buen diagnóstico que identifique los problemas de fondo que explican el continuo aumento de estos flujos y permita la implementación de políticas adecuadas.
Es evidente que esta perspectiva nada tiene que ver con las llevadas a cabo por la Unión Europea y la mayor parte de los gobiernos comunitarios. Políticas que, en lo fundamental, han consistido en levantar muros para impedir o frenar la entrada de personas migrantes y en su criminalización, intoxicando a la opinión publica con los supuestos efectos negativos –en materia de seguridad ciudadana, competencia por los empleos o presión sobre los servicios sociales–, vulnerando todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, especialmente, protección de los menores.
En ese contexto, bienvenida la iniciativa que pretende implementar nuestro gobierno, proceder a la regularización de inmigrantes que acrediten carecer de antecedentes penales y lleven en nuestro país al menos cinco meses. Un paso necesario, a contracorriente de los vientos racistas, xenófobos y fascistas que recorren Europa y que también se han instalado en nuestro país, pero a todas luces insuficiente, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos.
En este sentido, volviendo a la pregunta con la que iniciaba estas reflexiones, ¿dónde residen las causas de fondo de las corrientes migratorias? Si, por poner un ejemplo muy relevante, situamos el foco en África, lugar de donde procede una parte sustancial de las personas migrantes que llaman a las puertas de Europa en busca de una vida mejor, encontraremos una respuesta a esa pregunta.
Hablamos de una región que se enfrenta desde hace años a una situación dramática, que –todos los datos apuntan en esa dirección– ha empeorado con el paso del tiempo; evolución que cuestiona abiertamente a los que sostienen que, con carácter general, se está cerrando la brecha Sur / Norte, que la dinámica global apunta a la convergencia.
Por el contrario, en términos agregados, tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, medido en paridad de poder adquisitivo y en dólares internacionales, encontramos que el gap, lejos de reducirse, no ha dejado de crecer; en 1990 el PIB por habitante del África Subsahariana, la zona más castigada por la pobreza, representaba tan sólo el 13,1% del comunitario, retrocediendo en 2024 hasta el 8,6%; así pues, las divergencias, medidas por este indicador sintético, no sólo persisten sino que se han hecho más pronunciadas.
A continuación, presento algunos indicadores más específicos que revelan la situación de emergencia social en la que vive buena parte de la población africana.
El primero de estos indicadores apunta a la pobreza. Tanto el número de personas pobres como la parte de la población que se encuentra atrapada en esta situación no sólo presenta registros elevados, sino que ha aumentado de manera sustancial. Si se considera la ratio de pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,15 dólares al día) el Banco Mundial estima que en 2024 el 31% de la población, 464 millones de personas, son extremadamente pobres, alcanzando en el África Subsahariana al 46% de la población. El indicador que recoge la pobreza multidimensional –más adecuado que el referido a la pobreza extrema, pues tiene en cuenta dimensiones como la desnutrición, la falta de educación o el limitado acceso a servicios básicos– nos presenta un panorama todavía más dramático; 500 millones de personas, lo que equivale al 52% de la población africana (más de la mitad) estarían en situación de pobreza.
El segundo de los indicadores a tener en cuenta apunta a los niveles de deuda externa y a los pagos en concepto de intereses y amortizaciones derivados de la misma. Siguiendo la información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook Database), en 2025 la deuda externa del África Subsahariana representaba el 47,6% del PIB y el 162,4% de los ingresos por exportaciones; mientras que el servicio de la deuda (suma de los pagos por intereses y amortizaciones) suponía el 7% del PIB y el 24% del valor de las exportaciones. Se trata de una insoportable carga financiera que obliga a un recorte en los gastos sociales y productivos de los gobiernos, lo que afecta especialmente a los grupos de población más vulnerables.
Reparemos, en tercer lugar, en que esta región, siendo responsable de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto invernadero –son las mayores fortunas del planeta, las grandes corporaciones y los países más desarrollados los principales causantes de las mismas–, soporta, en forma de desastres naturales –sequías intensas y prolongadas, tormentas devastadoras, grandes inundaciones…– sus consecuencias más dramáticas. Los países más afectados han solicitado (exigido) en las diferentes cumbres climáticas (la última, Conferencia de las Partes, COP30, celebrada en 2025 en Belém, Brasil) que los ricos doten un fondo con el que afrontar sus consecuencias más graves. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales y los compromisos retóricos, la respuesta, que sólo se puede calificar de tibia e hipócrita, ha quedado muy lejos de lo solicitado; lo comprometido, que no desembolsado, se ha situado en torno al 30% de lo exigido y, además, una parte de esos dineros se han canalizado a través de préstamos en lugar de transferencias, agravando en consecuencia el problema de la deuda externa.
Cabe señalar, en cuarto y último lugar, las guerras y los conflictos armados que recorren la región (República Democrática del Congo, Sudán, el Sahel, Nigeria, Somalia…) provocando importantes movimientos de población, en los que están presentes los intereses globales en disputa para controlar recursos minerales estratégicos, petróleo y gas, oro… y las políticas extractivas auspiciadas por corporaciones y gobiernos.
Estas son algunas de las causas de fondo que están detrás de importantes movimientos de población –tanto dentro de los países, como en los que hacen frontera y también los que se dirigen a la Unión Europea–. ¿Qué se hace al respecto? Nada o casi nada, un hipócrita suma y sigue. La ayuda al desarrollo no sólo se encuentra muy lejos de lo prometido hace décadas, sino que a menudo encubre operaciones comerciales; los recursos acordados en las diferentes cumbres climáticas son, como he señalado antes, simbólicos, quedando muy lejos de lo reclamado por los países pobres; los intereses extractivistas de los gobiernos y los países ricos, en el contexto de la geopolítica de la confrontación, son cada vez más fuertes; y, en fin, ninguna iniciativa de alcance se ha activado para aminorar de manera sustancial la carga financiera que soportan los gobiernos.
Revertir esa dinámica es obligado si, de verdad, se quisiera contener o mitigar los flujos migratorios desde su raíz. Con una mirada más amplia, actuar en esa dirección constituye una exigencia para enfrentar los problemas estructurales que condenan a la miseria a los pobres del planeta.
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Una de las claves para cambiar hábitos de consumo es actuar sobre lo que nos rodea: el espacio comunicativo, la publicidad, los incentivos. Ámsterdam lo ha entendido con valentía, España sigue atrapada en una regulación obsoleta.El director británico Johannes Roberts continúa trasladando los valores del cine de derribo a las producciones de serie A con esta película de terror sobre un chimpancé rabioso.En el año 2005, trabajaba como joven investigadora del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Escribí un artículo, Costa Rica, tan lejos de Suiza, tan cerca de Centroamérica, sobre los casos de corrupción que salpicaban a varios exmandatarios costarricenses, reflexionando sobre cómo Costa Rica había construido, no sin cierto sentimiento de superioridad, una imagen nacional basada en las diferencias culturales y políticas respecto a sus vecinos del istmo que se estaba desmoronando en los últimos años. El título tenía su dosis de provocación y así fue. Un sociólogo costarricense envió una réplica a mi centro de trabajo, con la solicitud de ser publicada, Costa Rica, cerca de Centroamérica y de la Europa del bienestar, destacando la capacidad de las instituciones de su país para enfrentar la crisis y lo injusto que era, por mi parte, no valorar esa fortaleza institucional.
Pero la causa exclusiva de la crisis de principios de los 2000 era más profunda y no se circunscribía a los casos de corrupción. Se vivía ya una transformación del pacto fundacional de la nación, posterior a la guerra de 1948, según el cual el Estado propiciaría la movilidad económica y la estabilidad social a través de unas potentes políticas sociales. Gracias a este acuerdo de las élites políticas, la sociedad costarricense mantuvo durante décadas unos estándares de vida superiores a la media centroamericana, además de gozar de relativa paz social en un contexto regional de revoluciones, lucha armada y contrainsurgencia estadounidense. Se acuñó el mito de la “Suiza centroamericana”, un supuesto oasis que, en realidad, era un espejismo detrás del cual se escondía la desigualdad, la pobreza y una represión a la disidencia más sutil pero no menos efectiva. La izquierda, fuera de la socialdemocracia gobernante, era minoritaria y Costa Rica se alineaba claramente con EE. UU. en tiempos de la Guerra Fría.
Sin embargo, los años noventa y sus políticas de ajuste afectaron a Costa Rica, como al resto de países de América Latina y el Caribe, iniciando la penetración de las políticas neoliberales. El país se movilizó en contra del intento de privatización en 2001 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que consiguió frenarse, y también contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que, este sí, entrará en vigor en 2009, después de un referéndum nacional en 2007 que lo aprobó con el 51,22% de los votos.
La introducción de la agenda neoliberal produjo el descrédito del liderazgo político que se tradujo en un cambio en el sistema de partidos costarricense. La implosión del bipartidismo o, a decir de otros, del hegemónico Partido Liberación Nacional (PLN), de tinte socialdemócrata, aunque cómplice del desmontaje del Estado social, dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que trataron de canalizar el descontento, bajo el liderazgo de exmiembros del PLN, como el centrista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Ese fue el caso de Luis Guillermo Solís, politólogo, profesor e investigador, que ganó las elecciones presidenciales con el PAC en 2014, después de una primera vuelta en que la izquierda del Frente Amplio (FA) alcanzó más del 17% de los votos, un hecho inédito en la historia de este moderado país. A Solís le siguió otro gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, quien disputó la segunda ronda a un partido evangélico que obtuvo el 24% de los votos. La fragmentación partidaria llegó a la Asamblea Legislativa.
Alvarado y el PAC, que pretendían ser gobiernos de ruptura, no lograron contener el avance de la desigualdad. Algunas de las medidas fiscales que tomaron después de 2018 tampoco ayudaron a mejorar la situación y acabaron generando rechazo. La pandemia agravó la situación. La aprobación de una “ley anti-huelgas” en 2020 dejó claros los límites para canalizar las demandas sociales. El incumplimiento de la promesa democrática sobre la que se erigió la Segunda República costarricense era un hecho y dejó el camino allanado para la emergencia de nuevos liderazgos, como el de Rodrigo Chaves. Un personaje que se presentaba como outsider a pesar de haber sido ministro de Hacienda en la administración Alvarado y ser, además, un exfuncionario de carrera del Banco Mundial, con 27 años de servicio a sus espaldas y varias denuncias de acoso sexual.
Ello no fue óbice para que Chaves fuera el hombre capaz de presentarse como la solución al descontento. Ganó en 2022 frente a un candidato del PLN, el expresidente José María Figueres Olsen, protagonista de uno de los escándalos de corrupción que relataba en mi artículo de 2005. Chaves ha gobernado estos cuatro años con niveles de popularidad superiores al 60%. Su retórica de mano dura contra la delincuencia contrasta con el hecho de que durante su mandato el narcotráfico ha podido penetrar en Costa Rica como nunca. Si su modelo político es El Salvador de Nayib Bukele, de quien ha copiado la idea de crear una mega cárcel en la que encerrar a los delincuentes, un discurso que cala a medida que los índices de criminalidad se multiplican, su modelo económico es la Argentina de Javier Milei. De hecho, el también economista Chaves ha logrado subsumir bajo su liderazgo a los libertarios costarricenses, es decir, a los representantes del supuesto “anarcocapitalismo”.
Sus detractores destacan sus ataques al resto de poderes del Estado desde el Ejecutivo, su persecución a la oposición política desde el Gobierno, la confrontación con los medios y el victimismo constante que, sin embargo, ha acrecentado sus apoyos y reforzado un perfil antisistema que no es tal. Chaves no necesita ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene un discurso y unas prácticas que lo alinean con las extremas derechas continentales y mundiales, aunque con características ticas. También en su caso ha contado con un ecosistema de medios favorables en las redes sociales cuya financiación se desconoce.
Chaves ha gozado del apoyo de los EE. UU. de Trump para que Costa Rica siga siendo el fiel aliado estadounidense en Centroamérica que siempre fue, reforzando una agenda compartida de securitización de las migraciones y de combate selectivo al crimen organizado que apuntala las alianzas geopolíticas de Washington en un momento de rearticulación hemisférica estadounidense. Un respaldo que seguirá teniendo, sin duda, la próxima presidenta, Laura Fernández, elegida este 1 de febrero con más del 48% de los votos, quien se convertirá en la segunda mujer mandataria. Fernández, joven politóloga, ha sido la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) ante la imposibilidad de la reelección inmediata en el país centroamericano. Ya ha anunciado el inicio de una Tercera República y la “continuidad del cambio” que, en su caso, supone una profundización de las líneas establecidas por su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves.
Para acometer algunos de los cambios, que podrían requerir modificaciones constitucionales, el PPS de Fernández cuenta con 31 de los 38 diputados necesarios para lograr la mayoría de dos tercios sobre los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple de 29 diputados ya la tiene. Entre las propuestas que prevén algunos analistas está la aprobación de la reelección presidencial, la venta del Banco Central de Costa Rica, el desfinanciamiento del Estado o la redacción de una nueva Constitución.
Pero, más allá de especulaciones, lo que sí le tocará a esta nueva bancada es renovar a la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con afectaciones en la Sala Tercera y la Sala de Casación Penal encargada del combate a la corrupción y el narcotráfico. Esta renovación afecta asimismo a áreas como la Sala Constitucional, que en Costa Rica depende del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Policía Judicial. Por ello, varios expresidentes han mostrado su preocupación ante lo que ven como un “riesgo para la democracia”.
No obstante, la evolución de la política costarricense en las últimas décadas, las transformaciones de su sociedad y los impactos económicos experimentados por las políticas neoliberales de las administraciones precedentes, así como la presencia creciente de una realidad desconocida como el narcotráfico, demuestran que Costa Rica no es inmune a las problemáticas que asolan Centroamérica y América Latina en general. Tampoco a las corrientes ideológicas que parecen imponerse en el mundo. Y no está claro que la fortaleza de sus instituciones vaya a resistir la arremetida.
Pero el respaldo a la “continuidad del cambio” en estas elecciones deja otro elemento para la reflexión, quizás menos evidente pero más acuciante, que apunta a una erosión de las promesas y los consensos democráticos que vendría de lejos. Aquí radica hoy, como antes, el origen de los problemas que enfrenta Costa Rica. La revisión pormenorizada de los resultados de votación por cantones –unidades administrativas– muestra que los cantones con peor índice de desarrollo han votado mayoritariamente por Fernández, en porcentajes superiores al 60% en muchos casos. Lo lógica inversa se encuentra en los cantones con mejor índice de desarrollo. La desigualdad se expresa en las preferencias electorales y en la búsqueda de soluciones.
Como en otras latitudes, cuando la democracia liberal no logra satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, la frustración puede ser canalizada por quienes dicen venir a mejorar los problemas pero, en realidad, no son más que oportunistas defensores del mismo sistema económico capitalista que está en la base de la generación de pobreza y desigualdad. En este sentido, lo que está pasando en Costa Rica no es más que parte de un fenómeno ya visto en otros escenarios que, dadas las características de la historia política costarricense, se puede interpretar como altamente excepcional, aunque no lo sea tanto. Estamos ante un caso más de víctimas votando a sus verdugos en una espiral de autodestrucción que está llevando a la humanidad a la barbarie colectiva.
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El caso Jeffrey Epstein ha materializado de forma obscena algo que atraviesa la violencia machista en todas sus escalas: la impunidad como condición del poder. No se trata de hechos excepcionales, sino de un sistema capaz de tolerar, minimizar y absorber el daño sin alterar el orden social.Si Marinaleda, en lugar de estar en el corazón de Andalucía, estuviera en el corazón de Madriluña, allí, en la España que importa, seguro que este recordatorio no sería menester porque los nacionalismos periféricos escupirían su historia en el Congreso.
