Después de las protestas populares saharauis de Gdeim Izik, en El Aaiún, en noviembre de 2010 –otro aniversario que se cumple en esta temporada–, la represión por parte de la administración marroquí fue dura. Tras un desmantelamiento de la movilización marcado por la violencia, se estima que alrededor de 200 personas fueron detenidas, 19 de las cuales siguen en prisión. Pero ocurrió algo más, en apariencia mucho menor, pero simbólicamente muy poderoso: desde entonces, en los territorios ocupados está prohibido instalar jaimas.

La tienda tradicional de las tribus nómadas había sido el elemento distintivo de aquella movilización, con más de 6.500 organizadas en un campamento que se considera el precursor de los que en los meses siguientes tomarían muchas ciudades del mundo. Pero en El Aaiún prohibirlas iba mucho más allá de una cuestión policial.

Y es que los elementos culturales también son importantes en la ocupación de un territorio. «Cuando un país ataca a otro, lo primero que intenta es hacer que se disuelva. Y para que se disuelva un país lo primero que hay que usurpar es su identidad, lo que le hace singular», explica Tiba Chagaf, miembro de la representación del Frente Polisario en España. Si hablar de la cultura como campo de batalla es en nuestros días prácticamente un lugar común, en el caso del Sáhara Occidental la expresión se convierte en literal. La administración marroquí es consciente de la importancia política de las prácticas culturales saharauis, cuya potencia intenta neutralizar a través de distintas estrategias que van desde el borrado hasta la apropiación. Mientras, para los y las saharauis, la cultura es un espacio de resistencia y de memoria, fundamental para la identidad y la construcción nacional de un país despojado de su tierra.

La estrategia del borrado

Chagaf, que ha trabajado durante décadas en el ámbito de la política cultural, apunta a una particularidad de este caso: «Los saharauis no tenemos una cultura milenaria caracterizada por construcciones o yacimientos culturales o mezquitas enormes donde uno pueda ir y empaparse de esa cultura. Al contrario. El saharaui lleva la cultura en su mente y en su comportamiento». Por eso, es precisamente a las mentes y a los comportamientos adonde apunta el borrado que intenta llevar a cabo la ocupación.

Además de a las jaimas, este tipo de política afecta por ejemplo a la vestimenta tradicional, prohibida en lugares públicos como las escuelas, o incluso a algunos nombres propios que no se permite inscribir en el registro civil o en el libro de familia. Como señala el investigador en sociología Brahim Aaila, algo que hace especialmente esquivo este tipo de prohibiciones es que no se llevan a cabo a través de medios legales. «Las autoridades ocupantes marroquíes prohíben diversas expresiones culturales de manera ilegal, sin ninguna base», explica. «Por eso, es difícil documentar estas medidas, porque no se basan en una normativa, sino más bien en medidas arbitrarias y en el uso de la fuerza».

En otros casos, los mecanismos son más sutiles. Por ejemplo, como señala Chagaf, a día de hoy no hay ninguna universidad en la zona ocupada del Sáhara. «No es porque no tengan presupuesto», apunta. «Es algo intencionado para que los jóvenes saharauis se vean obligados a ir al norte. En las universidades, por cada saharaui hay tres marroquíes, y se ven obligados a alterar su habla, su vestimenta, sus costumbres…».

Hay ámbitos en los que la aniquilación es menos evidente en su intención, pero al mismo tiempo muy material y fácilmente rastreable. Uno de los que Aaila ha estudiado es la destrucción de yacimientos arqueológicos. La zona es rica en enclaves con pinturas rupestres y otros restos prehistóricos de hasta 80.000 años de antigüedad. Una riqueza que apenas ha podido ser investigada y que se ha visto dañada en las últimas décadas por la guerra, por la actividad de expoliadores y por las actividades de extracción de recursos. Uno de los casos más destacados es el del yacimiento de Al-Asli: según explica Aaila, se concedió licencia a una empresa marroquí para convertirlo en una cantera. La presión social y mediática fue tan fuerte que el Estado se vio obligado a revocar el permiso, pero otros casos no han corrido tanta suerte. Por ejemplo, los que quedaron aplastados por la construcción del muro militar que delimita los territorios ocupados: hay pinturas rupestres bajo las alambradas y las minas.

Un elemento transversal que se diluye muy eficazmente bajo este tipo de políticas culturales es la lengua. El uso del hasanía, que es la variante del árabe hablada por los saharauis, también se intenta diluir lo más posible en los territorios ocupados. No se venden publicaciones en hasanía, ni siquiera diccionarios. «No está presente en ninguna institución, ni en la calle, ni en el trato profesional, ni en el mercado… El único entorno donde se puede conservar es en el seno de la familia», señala Chagaf. Y ni siquiera ahí es fácil, como continúa explicando: «En las generaciones nacidas en el exilio, nuestros hijos hablan español y un poco de hasanía, y nuestros sobrinos bajo la ocupación hablan dariya –la variante marroquí del árabe– o francés. Son familias fracturadas».

La estrategia de la apropiación

Aunque en la situación lingüística también se refleja una paradoja. Mientras en los territorios ocupados se produce ese borrado, también ocurre que el hasanía es una de las lenguas que Marruecos incluyó en la reforma de la Constitución de 2011 como «parte integral de la identidad cultural marroquí», dentro de un discurso de multiculturalidad del Estado. Esta maniobra es un ejemplo claro de la otra estrategia con la que la ocupación lleva a cabo la batalla cultural: la apropiación.

La investigadora estadounidense Joanna Allan ha estudiado cómo se trata de mecanismos diferentes que se van alternando o sucediendo para un mismo fin. En un artículo reciente publicado en la revista State Crime Journal, repasa la cronología de estas prácticas. Según su análisis, la «opresión violenta genocida de la cultura saharaui» en los primeros años de la ocupación dejó paso a un «intento de apropiación cultural que no engañó a nadie» a principios de la década de 1990, momento de elaboración del censo del prometido referéndum de autodeterminación. Luego llegaría la folklorización del legado para atraer al turismo, y finalmente el actual «proceso de muticulturización» de Marruecos, en el que se apropia elementos culturales de pueblos disidentes como el saharaui o el rifeño mientras trata de neutralizar su contenido político. En esta última estrategia, «lo saharaui se etiqueta como una identidad provincial dentro de una nación marroquí unida», explica Allan en ese artículo.

En lo práctico, esa estrategia se concreta sobre todo en la música y la poesía, dos de las disciplinas más nucleares dentro de la cultura saharaui. Editoriales marroquíes han publicado diversas antologías y libros de poesía en hasanía en la última década; mientras que festivales en los territorios ocupados y también en regiones marroquíes limítrofes con el Sáhara a menudo incluyen a artistas y grupos que ponen en escena música tradicional saharaui.

Tiba Chagaf cuenta que, cada año, en uno de los festivales más conocidos, el de Tan Tan, se montan más de cien jaimas: esas mismas jaimas que están prohibidas en los territorios ocupados. «Todo es folklórico», apunta. En ese sentido, estos festivales también tienen otro efecto sobre el patrimonio: la apropiación de objetos tradicionales. «Cada dos por tres hay un alza en la compra de objetos singulares que acaba por hacerlos desaparecer».

«Incluso esas bandejas de té antiguas, que son amarillas y espesas, de bronce… Con la desesperación y la necesidad, la gente acaba vendiéndolas», apunta, con una comprensión que extiende también a los y las artistas que participan en esos espacios. «Algunos son colonos, otros son promarroquíes, pero también hay poetas saharauis, porque, como en todos los países, por más avanzados que sean, de la cultura nunca es fácil vivir. Entonces, cuando a un poeta se le da un incentivo, se puede cuestionar muchas cosas. Pero no sabe que en el fondo está haciendo un genocidio cultural, falsificando su identidad».

El otro lado de la historia: la cultura como resistencia

Pero si hablamos de una batalla cultural es porque no todo es ataque. Del otro lado, los y las saharauis también han encontrado en las prácticas culturales un campo fundamental para la lucha y la resistencia. Como ocurre también en otros Estados despojados de su tierra, como el palestino –o en comunidades exiliadas o migrantes–, la cultura se convierte en un espacio clave para mantener viva la identidad y la cohesión nacional.

Así, en los campamentos de personas refugiadas saharauis de Tinduf la política cultural es clave. La música, la poesía y el teatro han sido desde el comienzo del exilio herramientas utilizadas para la sensibilización y la concienciación de la lucha nacionalista, pero también de cuestiones mucho más cotidianas, relativas por ejemplo a la higiene o la salud.

Algunos logros parecen de hecho un espejo de las carencias que Chagaf y Aalia explicaban respecto a la zona ocupada. En los territorios liberados existe desde 2012 una universidad, la de Tifariti, en la que se enseñan las carreras de enfermería, magisterio, informática y periodismo. La promoción de la lengua hasanía también es una prioridad, que ahora se lleva a cabo no solo mediante los programas educativos, sino también a través de series y vídeos que pasan de móvil en móvil hasta convertirse en un «trending jaima», como lo llama Chagaf. En la wilaya de Rabuni, donde se concentran los servicios de los campamentos de refugiados, hay un Museo de la Resistencia que exhibe documentos históricos y creaciones de arte.

Muchos esfuerzos que responden a una misma idea, que resume así: «La cultura es el trasfondo del conflicto. De nada nos sirve que el día de mañana nos independicemos si volvemos mitad cubanos, mitad argelinos, mitad españoles. Si se coloniza la mente, la tierra ya es un hecho consumado».

Este reportaje se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, cuyo último número se dedicó íntegramente a la cultura saharaui. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

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¿Es lo banal algo trivial? ¿Es el mal banal? ¿Y el daño? ¿Son triviales? ¿Qué hay de trivial en matar a alguien? ¿Es eso lo trivial? ¿Hemos naturalizado que el que haya bajas en la guerra sea «normal»? ¿Es eso lo que carece de valor o de interés? ¿Qué hace que un asesinato sea tolerable y otro intolerable? ¿El modo de matar o el modo de morir?

El adjetivo banal hace referencia a un vocablo francés que apunta a lo común de un pueblo que comparte la figura de un gobernante, de ahí bando. Tan común es que carece de importancia, ¿lo común no es importante? ¿Y si es precisamente lo más importante? ¿Y si a lo que debemos prestar atención es precisamente al modo en el que nuestras formas sociales de organizarnos normalizan ciertos actos que deberían causarnos un profundo rechazo? ¿Y si lo banal tuviera que ver con cerrar los ojos?

Entonces la banalidad del mal, según la conocida fórmula de Hannah Arendt, no sería aquella relacionada con la falta de reflexión, sino con la normalización de lo que en realidad va contra toda norma: atentar contra la vida de personas (y otros animales) inocentes. Entonces, ¿atentar contra la vida de culpables sí es lo normal? Con pesar, esta pregunta puede responderse afirmativamente. Ahora bien, ¿quién es culpable en una guerra y de qué? ¿Qué es una guerra? ¿Y qué una matanza? ¿Cuál es la diferencia entre matanza y genocidio?

Para responder a estas cuestiones, volvamos a la palabra trivial: ¿hay un mal trivial o hay un daño trivializado? Lo trivial es asunto intrascendente, elemental y sabido por todo el mundo. Es por ello objeto de conversación vacua y superficial, tema de ascensor o, como apunta el origen del término, de lo que se habla en el cruce de caminos en el que se encontraban viajantes y posadas (lat. trivium). Lo trivial sería, entonces, por un lado, lo común que todos saben y, por otro, tema fácil de conversación.

Desde esta perspectiva, cuando pensamos en una guerra, todo el mundo sabe que mueren personas y pueden darse expresiones circunspectas que dan cuenta de lo mal que está el mundo, como qué horror lo que sucede en la otra punta del planeta. Elemental. Desde este punto de vista, el genocidio en Gaza es trivial: tema de conversación en el que todos saben lo que sucede y todo el mundo opina.

Sin embargo, lo trivial es la conversación, no el asunto mismo, es decir, trivializamos algunas cosas cuando, en lugar de convertirlo en tema sobre el que pensar, lo convertimos en tema del que charlar. Esta sería una banalización del mal (el que se ejerce) y del daño (el que se experimenta). Para pensar en un tema sin trivializarlo es preciso profundizar en él y para ello, en lugar de buscar información que secunde lo que queremos pensar, escuchar también lo impensado por nosotros hasta el momento.

¿Qué hace de una matanza un genocidio? La planificación de la muerte. ¿Es lo acontecido en Gaza uno? Algunos dirán que no, que son víctimas de una guerra, de la que tan responsable es Hamás como Israel. Pero profundicemos un poco más. Tenemos matanzas masivas, torturas, guerras incesantes, prácticas brutales, conflictos de sangre y restos mortales, tenemos desaparición de cuerpos, descuartizamiento de personas, hambrunas por corte de suministro, guetos, caza de brujas, de mujeres, de personas por su identidad u orientación sexual. Hay donde elegir. ¿Todo esto es banal? ¿Todo ello se debe a la falta de reflexión? Afirmar tal cosa es no entender qué se afirma cuando se habla del mal banal o del daño trivializado.  

En otros lugares he señalado que no es cierto que el mal se repita, sino que es nuestra forma de abordarlo la que nos da sensación de ciclicidad y repetición. Decir que el ser humano es violento o malo, sea por naturaleza o a causa de la sociedad, es etiquetarlo y con ello ceder a la pereza de pensar y pensarnos. La etiqueta nos posiciona en un punto de vista que muchas veces es difícil abandonar. No se trata de juzgar, de opinar, de creer, sino de analizar, profundizar y comprender.

Si el ser humano es violento, ¿qué podemos hacer salvo quejarnos, darnos por vencidos, condenarnos o atarnos con leyes que nos protejan de los demás? Porque son los demás, según pensamos muchas veces, los que hacen daño, casi nunca nosotros. Una de las primeras acciones que podemos llevar a cabo es no trivializar el daño, esto es, convertirlo en objeto de una conversación vacua, en la que nos escandalizamos pero al poco tiempo, pasamos a otra cosa. Romper esta inercia a la que tendemos, incluso en la más inocente intención y sincera preocupación, es ya interrumpir el círculo de la repetición para abrir la posibilidad a otro modo de referirse a lo que a alguien le está sucediendo y alguien está realizando.

Ahora bien, ¿entonces cómo hablar de ello? ¿cómo pensarlo? Preguntándonos cómo hablamos de ello y en qué contexto, si se reduce a una conversación aunque sea preocupada o si pensamos en emprender acciones que vayan más allá de lo corriente y que alteren las lógicas de lo común de los modos del mal naturalizados, que no sea motivo de cháchara en encrucijadas de caminos, es decir, que no sea trivial en sentido literal, sino que lo sea en otro sentido: el de ponernos a nosotros mismos en la encrucijada, en el cambio de dirección y de sentido. Que no sea insignificante, digno de olvido, sino que signifique porque en sentido contrario nos significamos como personas superficiales incapaces de responder ante una situación y ejercer la libertad con conciencia. Saber de lo que hablamos es también saber cómo lo hablamos. 

Decía al comenzar que lo común es lo más importante. Por eso no hay que caer en la ceguera de lo corriente: para reconstituir y recomponer lo común. Aunque haya culpables en una guerra, no por ello se merecen la peor de las muertes. Ahora bien, los genocidios, aunque suelan darse en el contexto de una guerra, no son sinónimo de guerra. Son el resultado de todo un mecanismo planificado de exterminio de quien solo es culpable de ser. Asesinar a miles por tener en común la cualidad de ser de una determinada manera. Eso sería un genocidio. Habrá que pensar entonces en el modo en el que lo común de ellos es también lo común que tenemos con ellos.

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Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente

El mundo se ha transformado tanto en una década que a veces resulta difícil orientarse. Se siente un poco como pasear por Times Square: la sensación de estar atrapado en un filtro de realidad donde toda experiencia de lo nuevo surge como un anuncio, y la noción del tiempo auténtico y genuino se funde en lo frenético del scroll. La jerga tecnopopulista que a veces utiliza la izquierda tampoco ayuda mucho a entender los problemas sistémicos en el presente. ¿Vivimos bajo el «tecnofeudalismo»? ¿Seguimos en el «capitalismo de la vigilancia»? ¿El «capitalismo de plataforma»? ¿El «capitalismo cognitivo»? ¿Acaso el «4.0»? ¿O el «5.0»? ¿Ha acontecido un «tecnogolpe de Estado» invisible ante nuestros feeds? ¿Asistimos a un régimen «tecnoautoritario»? Esperen, ¿pero Internet no era una promesa utópica?

Para responder a estas preguntas de manera seria lo más recomendable es actualizar la famosa frase popularizada por el caso Watergate: «Seguir la pista de las infraestructuras», en lugar de focalizarse en el análisis superficial del discurso de las élites. Eso es lo que ha hecho recientemente la economista italiana Francesca Bria –profesora de la UCL Institute for Innovation and Public Purpose, promotora de la New European Bauhaus de la Comisión Europea, antigua directora de tecnología de Barcelona y fundadora de Decode– en The Authoritarian Stack, un estudio con XOF Research en el que ha participado el periodista de investigación José Bautista. «Los multimillonarios tecnológicos están construyendo una América posdemocrática», indica Bria, que sostiene que Europa será la siguiente pieza en caer. Ya alertó de este riesgo en su anterior investigación, EuroStack, que sitúa la dependencia estructural de las firmas estadounideneses en el centro del debate político sobre la soberanía digital: «Silicon Valley ya no crea aplicaciones. Construye imperios».

La transformación del sector tecnológico en el segundo mandato de Trump, señala Bria en su síntesis para Le Monde Diplomatique, parte de la maduración de lo que Evgeny Morozov denomina «oligarcas-intelectuales». Ahora, los consejos de administración de los fondos diseñan las políticas públicas, no los políticos; también determinan la cultura, estética y arte de nuestro tiempo, y configuran la ideología sobre cómo interpretar las proyecciones tecnológicas futuras.

Inversión, control y política

A diferencia de los intelectuales de antaño, que debatían ideas, la riqueza, ambición y filosofía del capital riesgo determina la realidad mediante la inversión en infraestructura, el control de los medios de comunicación, pero también a través de la influencia política en sectores estratégicos de la administración. «No es una usurpación de las prerrogativas del Estado, sino una forma más rápida de profundizar su alcance», señalaba Morozov en su intervención en READ Barcelona.

Como documenta The Authoritarian Stack, las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los proveedores de software militar, Anduril o Palantir, están plenamemte engrasadas. Los lazos son tan fluidos que directamente se ha producido la integración de estas y otras firmas (Meta u OpenAI) en la Armada, donde han desembarcado hasta cuatro ejecutivos tecnológicos.

Por no señalar la llegada al frente de DOGE de Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, mimadas por el Gobierno, xAI y X, que inició el giro de Trump hacia el sector privado como solución a los problemas públicos. Los datos de la investigación son concluyentes: al menos 22.450 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses ha ido a parar al Pentágono, a los servicios de inteligencia o a DOGE.

Básicamente, este dinero se canaliza a través de contratos públicos a dichos proveedores, inflando la rentabilidad de los oligarcas-intelectuales trumpistas, quienes habían invertido en las mismas empresas que ofrecen los servicios de seguridad nacional del Estado.

La máquina del capital es como un bucle perfecto para enriquecer a los nuevos billonarios tecnológicos. «Cada capa refuerza a las demás. La ideología justifica la inversión. La inversión captura el poder estatal. Los contratos construyen la infraestructura, que se vuelve indispensable. Eso genera rendimientos que financian más ideología». Francesca Bria describe así una amplia red que llama «Kingmakers», una fuerza política que influye en las elecciones y en la política exterior estadounidense.

Está compuesta por una amalgama de ultraconservadores radicales cuya doctrina se desarrolla en los think tanks que históricamente han nutrido de ideas a la industria militar del imperio: National Conservatism (NatCon), Edmund Burke Foundation, Heritage Foundation, Cato Institute, America PAC, CNAS, Hudson Institute… Todos, por supuesto, movilizados en torno al Project 25.

El príncipe de la stack es Peter Thiel, cofundador de Palantir, una maquinaria de minería de datos enfocada a la seguridad nacional cuyo valor en bolsa ha pasado de 50.000 millones de dólares hace un año a casi 300.000 millones en la actualidad. Se sienta en la cima de Founders Fund, que maneja 17.000 millones de dólares en inversiones en, por ejemplo, Anduril, Mithrill Capital o Space X. Ahora susurra al oído de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, pero antes fue el asesor tecnológico de Trump en su primer gobierno, su gran estratega y financiador principal.

¿La línea de puntos? Los ingresos del negocio de Palantir con el Gobierno crecieron un 52% solo en el último trimestre con respecto al año anterior (486 millones de dólares), casi la mitad de los 1.000 millones en ingresos. Entre ellos, InmigrationOS, una tecnología de rastreo diseñada para la caza de migrantes. Thiel también recibe rendimientos de los lazos del Gobierno a través de sus inversiones en Anduril o SpaceX, y en 1789 Capital, lanzada junto a Donald Trump Jr. Canaliza las decenas de millones que llenan el imperio orbital de Musk y la IA militar.

La red también involucra a Marc Andreessen, fundador de Andreessen Horowitz (a16z), una firma de capital riesgo de California, valedora de Facebook, Instagram y Airbnb, entre otras. Tras reunir a toda la clase multimillonaria de Silicon Valley para la campaña de Trump de 2024, Andreessen lidera el fondo American Dynamism, que integra a los «constructores del Estado estadounidense». Desempeña una función similar Alex Karp, CEO de Palantir e ideólogo de las plataformas Foundry y Gotham.

Esta última, diseñada para planificar misiones y ejecutar investigaciones utilizando big data, tiene la fama de haber ayudado a la CIA a encontrar a Bin Laden. Completan el elenco Palmer Luckey, encargado de la «guerra automatizada» en Anduril y Oculus (anteriormente de Meta) y David Sacks, el criptozar, proveniente de la conocida como PayPal Mafia, y ahora con fondos en a16z e inversiones en Anduril y OpenAI. Denominado a sí mismo como «criptonacionalista», Sacks diseñó el GENIUS Act de 2025, la ingeniosa legislación que desregula las industrias del crypto para afianzar la hegemonía del dólar (cualquier transacción estará respaldada por bonos del Tesoro de EE. UU., valores a corto emitidos por el Gobierno estadounidense).

Bajo la bandera de la tecnología patriótica, documenta Bria, este nuevo bloque histórico está construyendo su sistema integrando registros históricamente estáticos (archivos de tráfico, atestados policiales, datos de los servicios sociales, así como historiales de ubicación o mensajes privados) para construir una infraestructura de control y vigilancia planetaria compuesta de nubes, inteligencia artificial, finanzas, drones, satélites: «Las infraestructuras estatales críticas se están privatizando en cinco ámbitos: datos, defensa, espacio, energía y dinero». Estos ámbitos conforman «la arquitectura de la soberanía privatizada», donde el poder político del capital fluye a través de las plataformas corporativas.

Integraciones peligrosas

La pregunta que Francesca Bria lanza a Europa es si puede reconocer esta formación histórica como lo que es y «crear alternativas antes de que la infraestructura de control se arraigue demasiado como para poder desmantelarla». El panorama político que arrojan sus datos no es halagüeño para las democracias liberales.

En Francia, Palantir se ha integrado en el Ministerio del Interior y desempeña funciones de predicción policial y de lucha antiterrorista. Anduril System, incluso, ha sido propuesto en los programas EU Frontext de 2025 para el control de fronteras y la vigilancia de drones. Italia ha desplegado una red nacional conectada mediante Starlink, de SpaceX, y Palantir y Anduril han iniciado negociaciones con el Ministerio de Defensa. En Alemania, el servicio de contrainteligencia utiliza el programa Gotham y Starlink para sus comunicaciones. Muchas de estas empresas se han integrado en los distintos Estados a través de la OTAN y proveen tanto la infraestructura de comunicación de batallas, tecnología de combate y algoritmos de targeting en Ucrania, como las herramientas de machine learning necesarias para procesar los datos de los pacientes del servicio de salud británico.

¿Y España? El riesgo es que el embargo total de armas a Israel termine siendo sorteado por la dependencia nacional de las empresas que participan del genocidio y testan sus plataformas en Gaza, como Palantir o Anduril. «Los países deben bloquear los contratos con estas empresas y dejar de ceder su soberanía, en particular en lo que respecta a los sistemas de misión críticos», aconseja Bria, también miembro del Consejo de Inteligencia Artificial formado por Pedro Sánchez.

La primera adjudicación a Palantir se produjo en 2023 en un contrato negociado sin publicidad valorado en 256.200 euros. Esto abrió la puerta a la adjudicación del análisis de inteligencia del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS), de 20 millones, catalogada como secreto oficial. También se puede comprobar que el Centro de Inteligencia de esta entidad utiliza la herramienta Gotham. Cuando la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial de entonces, Carme Artigas, entregó un contrato de 2 millones a la consultora Deloitte y OdiseIA, Palantir también estaba allí. En la junta directiva de OdiseIA no había ningún representante de la sociedad civil, pero sí figuraba Javier Fernandez-Castañón (que trabaja para Thiel) como director de Salud. Hasta Som Solidaritat, la web de la Generalitat Valenciana del gobierno de Carlos Mazón, fue delegada a los ingenieros de una empresa hostelera y de una filial española de Palantir, tal y como la Generalitat publicó tan solo seis días después de la dana.

En el caso de Elon Musk, el riesgo de quedar atrapados en las redes de la ultraderecha es aún más extremo. España ha lanzado –desde Cabo Cañaveral, Florida– su segundo satélite de comunicaciones de última generación, SpainSat NG-II, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Es el programa de defensa espacial más grande y avanzado del país hasta la fecha: Hisdesat Servicios Estratégicos ha invertido unos 1.300 millones de euros del Ministerio de Defensa para proporcionar a Madrid enlaces de comunicación seguros y fiables para «operaciones militares y misiones humanitarias».

Junto con su satélite gemelo, lanzado en enero, prestará apoyo a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN, la red de comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea y a los países socios. Sus instalaciones estarán en Tres Cantos (Madrid). Todavía no se conoce –es secreto de Estado– cuántos contratos existen. Los registros arrojan acuerdos del Ministerio de Defensa con intendencias locales y también otras ramas de la administración, como el SEPI y RTVE. La pregunta sigue latente, ¿corremos el riesgo de vernos atrapados en una stack autoritaria?

Las conexiones son interminables. Pero, dada la vehemencia con la que Trump ha atacado al Gobierno de Sánchez por no alienar su inversión en Defensa con los nuevos intereses militares de las empresas estadounidenses, la pregunta es cuánto tardarían los fontaneros de Vox en acercarse a estos oligarcas-intelectuales para colocar a las Fuerzas Armadas españolas al servicio de Palantir, Anduril o Space X.

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Once meses después de la inauguración de Trump 2.0, quizá lo que más impresiona sea la ambición desbocada de su gobierno. De conservador desde luego no tiene nada: desprecia todo lo existente. Desde el primer día, las y los miembros del equipo ministerial de Trump, además de sus asesores más cercanos –Russell Vought, el director de presupuestos, y Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto– se comportan como verdaderos revolucionarios.

Para comprender esta actitud jacobina es importante recordar que se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante que busca acelerar el Día del Juicio Final (la rapture); la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádica y supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites «globalistas» (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca. No queda claro cuánto de todo este ideario comparte el propio presidente ni cuán involucrado está Trump en los detalles del día a día. Partiendo de lo que suele responder a preguntas de la prensa, se desprende que se entera de más bien poco. Para fines prácticos no importa demasiado.

Lo que sí importa es que esta administración ha apostado de lleno por una táctica de tierra quemada. Esto hace que compilar un inventario tentativo de daños sea un ejercicio tan necesario como perturbador.

Inmigración

La política represora e inhumana del gobierno federal norteamericano hacia los inmigrantes –en particular las y los indocumentados– no es nada nueva. De hecho, ha sido una constante desde los años de Bill Clinton y apenas se ha atenuado bajo presidencias demócratas. Aun así, Trump 2.0 ha sabido empeorar una situación ya muy mala. A nivel retórico, es constante la demonización: los inmigrantes son retratados como «escoria de la peor calaña», asesinos, violadores y locos. (En una confusión tan trágica como hilarante, Trump se empeña en confundir a los solicitantes de asilo, asylum seekers, con pacientes de manicomio, insane asylum).

Esta retórica ha servido para justificar medidas mucho más concretas. En términos policiales, se han expandido los poderes, el presupuesto y las filas de las dos agencias federales responsables de vigilar la frontera e implementar las políticas migratorias, ICE y la patrulla fronteriza. Sus métodos de vigilancia y detención son ya directamente dictatoriales, dado que incluyen las desapariciones forzosas a manos de agentes enmascarados que se desplazan en vehículos sin marcar. Aunque los números son difíciles de contrastar, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre que, en lo que va de año, entre deportaciones y autodeportaciones, se ha «eliminado» a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, como daño colateral de las redadas masivas de ICE, han sido detenidos y maltratados al menos 170 ciudadanos estadounidenses, como confirmó una investigación independiente del medio ProPublica.

Es importante comprender que el radio de acción de una agencia como la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no se limita de ningún modo a las zonas propiamente fronterizas, porque «la frontera», legalmente, abarca hasta a 100 millas a la redonda de puertos y aeropuertos internacionales, con lo que cubre más de la mitad del territorio nacional. En un documental reciente, Frontera adentro, los cineastas Pamela Yates y Paco de Onís demuestran que, hoy, la frontera está por todas partes: atraviesa y divide a millones de comunidades y familias. Al mismo tiempo, nutre las ganancias cada vez mayores de lo que llaman el Complejo Industrial Fronterizo, cuyo presupuesto combinado se aproxima a los 40.000 millones de dólares por año. Los cientos de centros de detención que ICE tiene en propiedad, alquila o está construyendo por todo el territorio nacional son, además de instrumentos de represión, una mercancía. Si las cuotas mínimas de detenciones que se imponen a las unidades de la policía migratoria sirven a un propósito político, también tienen una función económica: cada cama vacía es una fuente de pérdidas.

Nacionalismo

Bajo esta presidencia, el patriotismo excepcionalista estadounidense de siempre ha llegado a nuevos paroxismos. Trump ha intensificado su campaña, iniciada durante su primer mandato, en favor de una historia «patriótica» que inspire unidad y orgullo, intentando intervenir, con éxito desigual, en la enseñanza, los museos, las agencias estatales, los parques nacionales y el calendario de días festivos. En todos estos casos el patrón es el mismo: censurar relatos críticos e históricamente rigurosos, o que tengan protagonistas no blancos o no masculinos, a favor de otros relatos ramplonamente celebratorios con una base factual más bien tenue. Así, este mes de octubre Trump sacó una proclamación en que renombraba el 12-O (que Biden tildó de Día de los Pueblos Indígenas) como Día de Colón. La proclamación describió al navegante genovés enviado por los Reyes Católicos españoles como «el héroe estadounidense original» que «allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental… el 4 de julio de 1776». (¿Cómo reaccionaría Trump si se enterara del Día de la Hispanidad?).

Constitución y Estado de Derecho

Tanto en su política migratoria como en su satanización de toda oposición (sea en su propio partido, de la izquierda o del extranjero) como «extremista», «peligrosa», «terrorista» y «antiamericana», el gobierno de Trump ha violado de forma sistemática numerosos derechos constitucionales y socavado el Estado de derecho. Las dos enmiendas más zarandeadas son la Primera (que regula la libertad de expresión) y la Quinta (que protege contra las detenciones arbitrarias). Por otra parte, Trump viola casi diariamente la independencia de su fiscal general, Pam Bondi, instándola a que instrumentalice su departamento para perseguir a los enemigos personales del presidente, incluidos a republicanos prominentes como James Comey (exdirector del FBI) o John Bolton (que tuvo varias funciones clave en el primer gobierno de Trump). En términos más generales, el Gobierno ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para asociar la violencia política con el «extremismo» de izquierdas, «Antifa», fundaciones como las de George Soros o la Ford, y el terrorismo.

Este último eslabón de la cadena asociativa es crucial porque, según la legislación adoptada a la zaga del 11 de septiembre de 2001, la asociación –directa o indirecta– con organizaciones identificadas como terroristas conlleva la suspensión automática de toda una serie de derechos y protecciones constitucionales. Siguiendo el modelo adoptado con respecto al genocidio palestino en Gaza (toda crítica a Israel es una expresión antisemita y de apoyo a Hamás, una organización terrorista), el último memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) busca tildar una larga de serie de ideas progresistas de terroristas, es decir, tan peligrosas que quien las expresa infringe la ley.

Concretamente, el NSPM-7 apunta a «campañas sofisticadas y organizadas» y «conspiraciones criminales y terroristas» como causas de un «incremento dramático de la violencia política» de izquierdas; exige que las fuerzas del orden investiguen sus «estructuras, redes, entidades, organizaciones y fuentes de financiación»; y afirma que este patrón de actividades violentas y terroristas se unifica «bajo el paraguas autodenominado del “antifascismo”». «Los hilos comunes que animan esta conducta violenta –agrega– incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad».

Libertad de prensa y expresión

La supresión de libertades mediante la coartada del terrorismo es solo uno de los dos frentes que ha desplegado el Gobierno para controlar la esfera pública. El otro afecta más directamente a los medios. Desde enero, estos se han visto sometidos a varias formas de presión e intimidación.

Ha habido millonarios juicios por difamación a las cadenas televisivas ABC y CBS y a los diarios Wall Street Journal y New York Times. También hemos visto chantajes que instrumentalizan los intereses económicos de las empresas mediáticas, como los que motivaron la suspensión o cancelación de los programas de cómicos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. El Gobierno también ha intentado condicionar el acceso de la prensa a recursos e información gubernamentales a cambio de un mayor control (léase censura), intento que acabó por fracasar con las y los corresponsales que cubren el Departamento de Defensa.

Universidades

Los ataques a las universidades, tanto privadas como públicas, han sido múltiples y variados, desde la práctica abolición del Departamento de Educación –fuente central de becas y préstamos para estudiantes universitarios– hasta los cortes repentinos de sistemas de financiación regulados por ley.

Es más, la financiación federal de becas y proyectos de investigación se ha convertido expresamente en instrumento de chantaje para destruir la autonomía universitaria, socavar la libertad de cátedra y –según afirman los arquitectos de estas medidas– liberar los más de 4.000 centros de educación superior del país del control de una «extrema izquierda» que lleva dominándolos desde, al menos, la década de 1960. Ese control se manifestaría, entre otras cosas, en un sistema de selectividad que discrimina sistemáticamente a estudiantes blancos bien preparados en favor de minorías menos capaces, y en una demonización y marginalización, en las clases, los planes de estudio y la esfera pública universitaria, de ideas conservadoras y toda persona que las exprese.

Separación de poderes

El sofisticado sistema de equilibrios y contrapesos (checks and balances) que el alumnado de los institutos aprende a admirar como la base de la mejor democracia del mundo ha resultado bastante menos resistente de lo esperado. Así, por ejemplo, el gobierno de Trump ha socavado el propio sistema federal, violando la soberanía de los estados al enviar a unidades del Ejército (no solo los reservistas de la Guardia Nacional sino también a los marines, una fuerza expedicionaria de élite) a «restaurar el orden» o «asistir a agentes federales» en estados y ciudades gobernados por líderes del Partido Demócrata.

La rama legislativa de la trias politica, el Congreso, con ambas cámaras controladas por el Partido Republicano, no solo ha seguido ciegamente a Trump, sino que ha dejado que la rama ejecutiva pise una y otra vez sus funciones constitucionales –incluido su poder presupuestario–. La rama judicial ha resistido mejor, sobre todo el sistema de jueces federales, aunque la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores, se ha cuidado mucho de contrariar al presidente. Entre sus decisiones más escandalosas ha estado la de permitir que los agentes federales de ICE invoquen el aspecto físico de la persona, y el idioma que habla, para considerarla sospechosa de violar alguna norma migratoria. En otras palabras, la Corte ha permitido que el racismo institucional se cuele por la puerta de atrás.

Por otra parte, la Corte tampoco ha querido poner demasiado freno a los intentos por parte de Trump y los suyos de destruir la neutralidad de agencias regulatorias, de arbitraje o de salud pública, desde la Reserva Federal bancaria (la «Fed») hasta la Junta de Relaciones Laborales (NLRB) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).

Mientras estoy redactando esto, la Corte parece inclinarse a cargarse una provisión de ley electoral que prohíbe rediseñar los distritos electorales para diluir el voto de las minorías raciales o étnicas. Si se levantara esa prohibición, nada le impediría al Partido Republicano manipular el mapa electoral para asegurar una mayoría cuasi permanente en la Cámara de Representantes.

De momento, hay estados que están trabajando en leyes que puedan frenar estas maniobras. California, por ejemplo, aprobó la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tiene como objetivo neutralizar la redistribución partidista promovida por estados republicanos (y trumpistas) como Texas. La proposición devuelve al Congreso estatal la capacidad de definir los distritos durante cinco años, hasta el próximo censo; así evitará que las elecciones legislativas de medio término de 2026 se decidan mediante un gerrymandering controlado por el Partido Republicano.

Posdata

Este breve inventario es necesariamente incompleto. Entre las áreas que no he mencionado está la economía –no solo el daño infligido por la errática política arancelaria, sino también los intentos por socavar las estructuras y los derechos sindicales, sobre todo de los funcionarios–, el derecho internacional –con la destrucción de barcos en el Caribe como botón de muestra–, la imposición de políticas regresivas a las Fuerzas Armadas –que ha expulsado a la mayoría de las personas trans, negándoles el derecho a la jubilación anticipada con pensión– o el hecho de que el gobierno de Trump haya abierto las puertas de la Casa Blanca de par en par a la corrupción, aceptando regalos millonarios de regímenes extranjeros, encauzando los recursos de la Casa Blanca hacia fines partidistas y de campaña, chantajeando a empresas mediáticas y bufetes legales e intercambiando favores legislativos y regulatorios a cambio de donaciones millonarias.

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Trumpismos a la europea

A pesar de que muchas de las políticas de Trump en EE.UU. no han sido bien recibidas y han socavado su popularidad, han hallado imitadores en Europa. En el parlamento de Países Bajos, la mayoría derechista (menguada tras el triunfo liberal-progresista en las elecciones del 29 de octubre) aprobó una moción que identificaba «Antifa» como una organización terrorista. Aunque fue un gesto puramente simbólico (tanto los expertos en inteligencia como el Gobierno en funciones respondieron que no hay organización llamada así y que, además, la ultraderecha representa una amenaza más seria), ha habido miembros del Europarlamento que abogaban por seguir el modelo holandés.

De forma similar, se ha venido intensificando la retórica y la política antiinmigrantes. En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer ha promovido una ley masiva de seguridad fronteriza (Border Security, Asylum and Immigration Bill) que criminalizaría a los inmigrantes y solicitantes de asilo y a cualquier persona que les preste ayuda, al mismo tiempo que expande el poder del aparato policial.

Retóricamente, son cada vez más los políticos de centroderecha y centroizquierda que adoptan marcos ultraderechistas. En varios países europeos, los partidos del centro ya hablan de la necesidad de políticas de «remigración», un término íntimamente asociado con la Teoría del Gran Reemplazo. En enero, el entonces primer ministro francés François Bayrou dijo que la inmigración producía una «sensación de sumersión», tomando prestada una metáfora ultraderechista.

La restricción de derechos constitucionales en Europa no se limita a los inmigrantes y las personas y organizaciones asociadas, ni tampoco a los países con gobiernos más abiertamente autoritarios, como Hungría. Ya en julio de 2024, Amnistía Internacional afirmaba que «los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente». Por otra parte, en septiembre de 2025, el propio Consejo de Europa señaló que «el recurso a la ley para restringir la libertad de expresión es un problema cada vez más grave» y que «desde 2019 se ha producido un fuerte aumento de las detenciones y encarcelamientos de periodistas».

Uno de los casos más flagrantes ha sido el de Alemania, cuyo Gobierno e instituciones culturales se han empeñado en censurar, si no criminalizar, cualquier crítica al Estado de Israel y cualquier defensa del pueblo palestino –no solo en protestas y manifestaciones públicas sino también en espacios universitarios y culturales–. Así como en Estados Unidos, personas críticas con Israel han acabado detenidas y deportadas.

La entrada Trump 2.0: inventario de daños se publicó primero en lamarea.com.

Esta entrevista con Isaac Rosa se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Isaac Rosa (Sevilla, 1974) aparece en la Feria del Libro de Córdoba un día caluroso de octubre para presentar su nueva novela, Las buenas noches (Seix Barral, 2025), acto que tengo el placer de conducir. Hemos quedado un ratito antes de subirnos al escenario para saludarnos y organizar la charla en un bulevar donde la gente no para de interrumpirnos: son lectores y amigos que quieren darle un abrazo, felicitarle por otra obra maravillosa entre las más de una docena que lleva publicadas. El flamante escritor, ganador de prestigiosos premios como el Rómulo Gallegos (2005) o el Biblioteca Breve (2022), se muestra, como siempre, humilde y agradecido. Nos contamos algunas anécdotas de la vida cotidiana, y recordamos la última vez que nos vimos, en la premiere de la película Nosotros (Helena Taberna, 2025), basada en su novela Feliz final (Seix Barral, 2018). Polifacético y cinematográfico, autor también de cómic y teatro, sorprende ahora con una historia de dos desconocidos que se acuestan juntos exclusivamente para poder dormir, aventura insólita que dará mucho juego entre el público. Reproducimos para La Marea un extracto de aquella presentación que, bajo una carpa llenísima, tuvo lugar en la ciudad del Califato.

¿Por qué una novela sobre el sueño?

En un principio son mis propias malas noches las que me hacen pensar las posibilidades narrativas del dormir. Empiezo preguntándome por mi mal dormir, y a partir de ahí veo una historia que contar, y sobre todo una forma para contarla, un intento de escribir el insomnio: no escribir sobre el insomnio, sino escribir el insomnio. Es decir, el insomnio como tema, pero también como forma; que la propia escritura –y por tanto la lectura– diga algo sobre el dormir y el no dormir. La intención es una novela que transcurra como una noche en vela, un relato que comparta el proceso mental de quien no duerme. Es en un segundo momento cuando confirmo algo que inicialmente sólo era una intuición: que el mal dormir es un problema muy extendido, que tiene una conexión social, y que observando nuestra relación con el sueño se entiende mejor nuestra vida.

En la novela, los protagonistas se acuestan sólo para dormir. En ningún momento mantienen relaciones sexuales. Ambos están casados con otras personas, pero como «sólo» duermen juntos, no parece que esa relación extramarital constituya una infidelidad, ¿o sí? ¿Se puede decir que hay una pregunta por los vínculos humanos?

Me gusta mucho trabajar con la extrañeza, ese elemento anómalo que hace que una situación corriente nos aparezca de pronto diferente, extraña, pues de ahí surgen preguntas que ya no nos hacemos. A veces funciona sacando de contexto una situación corriente: el trabajo, por ejemplo, sacándolo del lugar de la producción y colocándolo en un escenario, como intenté en La mano invisible [Seix Barral, 2011]. Puede hacer que nos preguntemos sobre la propia naturaleza del trabajo, preguntas que ya no nos hacemos porque hemos naturalizado algo –el trabajo en el capitalismo– que no tiene nada de natural. En el caso de Las buenas noches, la operación pasa por coger lo que parece una historia amorosa común, con todos los ingredientes y pasos, incluso con el lenguaje habitual, pero extraer una pieza que parece imprescindible –el sexo– para sustituirla por otra extraña –el dormir–: dos desconocidos que se acuestan juntos, con la misma intimidad y necesidad que si sintieran deseo sexual, pero sólo duermen. Eso hace que veamos de otra manera el dormir, pero también la propia relación amorosa, y tal vez de ahí surjan otras preguntas.

¿Por qué los protagonistas no tienen nombre, y las respectivas parejas –Inma, Óscar– sí lo tienen?

Por la misma búsqueda de extrañeza: se trata de dos desconocidos, tanto que permanecen anónimos; que, sin embargo, son capaces de hacer algo que exige confianza máxima: dormir juntos. En la novela el anonimato parece una condición necesaria para dormir: no saber.

El capitalismo ha ido poco a poco colonizando espacios que pertenecían a territorios que podríamos llamar «comunales» (la tierra), y luego territorios más íntimos, como son los cuidados (de los hijos, de los mayores). ¿El sueño es el último territorio que le queda por conquistar? ¿O ya lo ha conquistado a través de industrias como la farmacéutica o el sleep tourism (turismo del sueño)?

Parece una última frontera, en efecto: una tierra sin colonizar por el mandato productivista del capitalismo. Dormir no «sirve» para nada, no produce, no es monetizable. Por eso no quieren que durmamos, por eso la sociedad del 24/7, por eso una forma de organización social que va contra el sueño. También los intentos de extraer algún beneficio de la noche, principalmente toda esa industria del sueño: productos, servicios, tecnología, fármacos, terapias… Pero eso también está en nosotros mismos, que interiorizamos el mandato productivista y buscamos que nuestro dormir «sirva» para algo: un sueño más eficiente –de ahí la obsesión con las métricas del sueño o los métodos para dormir menos horas–, o todas esas rutinas de belleza que comienzan ya en la noche con todo tipo de productos, cosméticos, aparatos y adhesivos que colocamos en nuestros cuerpos para extraer más belleza y salud de la noche.

El protagonista es autónomo en el sector cultural, uno de los más precarios. Me sentí muy identificada con el capítulo donde pierde el sueño por rellenar un acta a terceros, y luego facturas, a través de laberintos burocráticos digitales. ¿Es la falta de sueño exclusiva de la precariedad?

Hay muchas cosas que nos quitan el sueño hoy. Tantas que, como dice el narrador de la novela, «lo raro es dormir». La pregunta no es por qué muchos no dormimos, sino por qué duermen los que sí pueden hacerlo. Entre ellas, aparte de por supuesto problemas de salud, hay causas sociales y económicas muy extendidas, que tienen que ver con las condiciones materiales –el trabajo y la vivienda, sobre todo–, con las exigencias productivistas, y la precariedad, por descontado. Digo precariedad no sólo en sentido laboral; me refiero también a esa precariedad que marca todos los aspectos de nuestra vida: la inseguridad vital, la inestabilidad, la aceleración, el desborde permanente, la sensación de no ser dueños de nuestras vidas ni de nuestro relato de vida –aquella «corrosión del carácter» que identificó Richard Sennett hace más de 20 años–, el malestar indefinido, los muchos miedos y ansiedades tanto individuales como globales, la tecnología que nos roba el sueño… Insisto, lo raro es dormir.

Hay muchas reflexiones sobre el efecto de la falta de sueño en los cuerpos, sobre cómo se utiliza como método de tortura, etc. ¿Podría este libro haber sido un ensayo?

No, en ningún caso consideré un ensayo. Mi pensamiento es muy narrativo, como el de la mayoría de la gente: somos animales narrativos. Pienso contando historias, y una novela no es sólo una trama, unos personajes, un ejercicio de lenguaje. Es también una mirada, una interpretación posible o una búsqueda de la misma. Hace siglos que en la novela cabe todo, y muy especialmente el pensamiento y la observación crítica.

Isaac, pediste testimonios a amigos para escribir esta novela. Yo misma te mandé uno: me quejaba amargamente sobre la homogeneización del sueño, el hecho de que todos tengamos que dormir a la misma hora. ¿Qué testimonios te llegaron que no pudiste incluir?

En efecto, mi novela es deudora de una extensa conversación, presencial y por escrito, con muchos amigos, conocidos, familia, pero también desconocidos que quisieron incorporarse. Me ayudaron mucho a confirmar intuiciones, a identificar patrones comunes en nuestras malas noches, y a descubrir causas del insomnio que no conocía. Entre las muchas contribuciones, me interesan especialmente aquéllas que, como la tuya, apuntan a la imposición de un sueño normativo, una disciplina del sueño que encierra nuestro dormir en un molde estrecho e imperativo: así hay que dormir. Eso hace que quienes tienen otras formas de dormir que no encajan fácilmente en ese molde se sientan fracasados, culpables, enfermos, busquen ayuda, terapia, fármacos incluso, para dormir «bien».

El fin del sueño supone el fin de la lectura, y quizá de la literatura. Esto preocupa al protagonista, que dice estar «vaticinando el final de la literatura cuando ya no queden lectores capaces de concentrarse unas horas», o cuando la IA le robe el trabajo. ¿Te preocupa a ti este tema, como escritor, al hilo también de la falta de concentración que provocan los móviles?

Hay muchos motivos de preocupación, qué duda cabe. Pero cuando me vence el desánimo tecnófobo, me tranquiliza recordar otros momentos históricos en los que nuestros antepasados sintieron miedos idénticos ante otros cambios tecnológicos: lo mismo Internet que la televisión, la telegrafía por hilos o la imprenta. Ese miedo estuvo siempre ahí, y la humanidad aprendió a convivir con esa nueva tecnología y a evitar algunos usos nocivos. Más que la IA, me preocupa nuestro derrotismo ante ella, que renunciemos a nuestra capacidad democrática de actuar contra tecnologías de riesgo que no sólo nos roban el tiempo, la atención o el sueño –y que están diseñadas para ese robo masivo, no es un efecto colateral–, sino que, además, están en manos de intereses antidemocráticos. Vemos la tecnología como un fenómeno de la naturaleza ante el que no podemos hacer nada más que ponernos a cubierto, y me preocupa esa renuncia. En el caso de la IA, es aún mayor la renuncia, el derrotismo, porque opera un efecto de personificación: hablamos de la IA como sujeto, como un ente con vida propia, un dios temible, y perdemos de vista que tras la IA hay empresas con determinados intereses, que programan y deciden y sesgan estas inteligencias artificiales. Hay que recordar que la inteligencia artificial es «artificial» en tanto producida por seres humanos; y que además no es «inteligencia», sino una capacidad inimaginable de procesar información.

La entrada Isaac Rosa: “Dormir no produce, no es monetizable, por eso no quieren que durmamos” se publicó primero en lamarea.com.

Este reportaje sobre Francia fue publicado originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

En junio de 2024, en un oscuro movimiento que pocos analistas se aventuran a interpretar, el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió unilateralmente disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas anticipadas. Desde que tomara aquella decisión, el país parece vivir en el día de la marmota y vive sumido en una crisis política e institucional en la que nadie parece levantar cabeza. Se han sucedido cuatro primeros ministros desde entonces. Para colmo, en las elecciones europeas salió victorioso el partido ultraderechista de Marine Le Pen con el 31,37% de los votos, casi 17 puntos por encima de la agrupación macronista. Una inestabilidad atípica que ha paralizado a los partidos, poco dados a los pactos en un sistema francés basado en gobiernos mayoritarios, mientras los ciudadanos asisten al espectáculo entre impotentes y resignados.

Los resultados de un reciente sondeo nacional sobre las preocupaciones de los franceses y su relación con la política, realizado la primera semana de octubre –en plena dimisión del primer gobierno de Sébastien Lecornu–, mostraba hasta qué punto reina el pesimismo: el 75% de los franceses interrogados consideran que «antes las cosas iban mejor», solo un 36 % ve un futuro de oportunidades y el 49% de los menores de 35 años creen que las generaciones precedentes disfrutaron de mejores condiciones que ellos. Si nos centramos en la política, el desencanto es total: una aplastante mayoría cree que los políticos actúan por interés propio, que el sistema democrático no funciona correctamente y que sus ideas no están representadas. Opiniones que se han generalizado con fuerza, en comparación con las encuestas de los años anteriores, y que muestran la crisis de confianza hacia los representantes públicos. Por ejemplo, sólo un 20% de los encuestados confía en los diputados, un 10% cree en los partidos y la confianza hacia el presidente de la República alcanza un nivel particularmente bajo (22%).

«El contexto actual no hace sino exacerbar una situación que era ya de por sí preocupante, con una ruptura evidente durante el gobierno de Emmanuel Macron que se apreciaba ya en 2022, pero que se aceleró en 2024, con la disolución», explica Camille Bedock, investigadora de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de Burdeos. Bedock lleva más de una década estudiando las relaciones entre ciudadanía e instituciones públicas, y denota que existe «un sentimiento generalizado de impotencia». Un sentimiento que toca a una mayoría de la ciudadanía, que ve la situación «totalmente bloqueada y siente que las élites políticas están completamente desconectadas». «Creo que estamos ante una crisis estructural de la V República. Durante mucho tiempo, este sistema de mayorías fabricaba una alternancia entre la izquierda y la derecha que daba una cierta estabilidad gubernamental, pero hace tiempo que la opinión pública reclama un modelo más representativo», añade.

Este hartazgo, que ya estaba ahí cuando Emmanuel Macron ganó las elecciones en 2017, explicó entonces el éxito personalista de un líder emergente, un desconocido para la mayoría del país, al que atrajo con su juventud y su promesa de acabar con la escisión de izquierdas y derechas. El que había sido socio ejecutivo en el banco de inversión Rothschild y delfín del socialista François Hollande –fue su ministro de Economía– aglutinó el voto del centro-izquierda y del centro-derecha, especialmente entre las clases urbanas medias y altas, jóvenes con formación superior y altos cargos del sector privado, incluyendo grandes fortunas. La derecha más moderada, desilusionada por los escándalos del partido conservador, creyó en él, y los electores europeístas vieron en Macron una perspectiva ilusionante.

Tal fue el caso de Géneviève Moreau, jubilada de 82 años, residente en la periferia acomodada de París, junto a la localidad de Versalles. Hasta la llegada del banquero en 2017, siempre había votado a la derecha gaullista. Su voto de confianza en 2017 se convirtió en un voto por descarte en 2022 y por oposición a la posible victoria de la ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN). «Todo el mundo es pesimista a mi alrededor. Estoy al final de mi vida y mi opinión personal no cuenta mucho, pero estoy preocupada por el futuro de Francia, por mis hijos y mis nietos. Eso es lo que cuenta», dice. Moreau ve muy difícil la situación política hasta las próximas presidenciales, en la primavera de 2027, y forma parte de esa mayoría que considera a la clase política actual incapaz de buscar el bien común. «Es dramático que no tengan el valor de hacer un esfuerzo, de tender la mano al otro para que el país recupere la estabilidad. Nos estamos hundiendo, y somos un hazmerreír en el extranjero», lamenta esta francesa días después de la noticia que ha vuelto a convertir a Francia en carne de meme: el robo del Louvre.

Una decepción constante

No es la única imagen que ha abierto telediarios en las últimas semanas, a la sucesión de primeros ministros se le suma también la entrada en prisión del expresidente Nicolas Sarkozy, condenado por asociación ilícita en el caso que investiga la financiación de su campaña en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi. Ya había sido condenado previamente por corrupción y tráfico de influencias.

«Siempre se ha dicho que los franceses son un pueblo arrogante y orgulloso. Creo que ahora se han convertido en un pueblo que se devalúa continuamente», analiza el politólogo Olivier Rouquan. El especialista considera que el pesimismo imperante es tal vez «desproporcionado», aunque estima que el Estado y la Administración funcionan peor y de forma más desordenada que hace 10 o 20 años. «La toma de conciencia de la degradación de los servicios públicos crea una situación de decepción. Los referentes para el futuro resultan confusos, lo que genera una especie de vacío político», añade.

Poco antes de las elecciones de 2017, Rouquan, profesor asociado al Centro de Estudios de Investigación de Ciencias Sociales y Políticas (CERSA), publicó un libro bajo el provocativo título de En finir avec le Président ! (‘¡Acabar con el presidente!’). En él, propone un nuevo régimen que reordene la importancia de las elecciones legislativas y pone de relieve el problema que tiene el país por dar demasiado peso a la figura del presidente, vista de forma personalista, casi mesiánica. «Los problemas que identificaba en el libro son más graves hoy que entonces. Nos cuesta pensar en la política fuera de la figura del presidente y de candidatos al puesto, y eso impide a menudo resolver los problemas de forma colectiva y serena», aduce ahora.

Descreimiento obrero

Loïc Cordier tiene 35 años y está actualmente en paro. Aunque vive en París, nació y creció en el norte de Francia, en la frontera con Luxemburgo, conocido bastión de la siderurgia víctima de la desindustrialización. Una pérdida de identidad que le pesa: «Me preocupa que estemos perdiendo el pilar de la industria. Perder el trabajo supone perder la moral. Cada mes asistimos impotentes a la noticia de una fábrica que cierra, pero no escuchamos hablar de aperturas», dice Cordier. Su padre, jubilado de una de estas fábricas siderúrgicas, le enseñó cuando era pequeño que «la izquierda es la que defiende a los trabajadores y la derecha, al patrón». Hoy, ambos han desdeñado esa idea y dicen encontrar en la derecha la defensa de los valores del país: soberanía, empleo… «La izquierda sólo se preocupa de Palestina y de lo que pasa fuera», dice Cordier, que lleva dos quinquenios sin votar y confiesa su pesimismo.

«Hay mucha inestabilidad y las empresas son menos ambiciosas a la hora de contratar, están expectantes de la situación política que les crea incertidumbre. Me da miedo que pase un año y no encuentre trabajo», confiesa este antiguo empleado del mundo audiovisual, donde era jefe de proyecto. Cuando queda con sus amigos hablan de otras cosas, «más importantes que el país», pero cuenta que todos parecen estar esperando un nuevo líder, alguien que renueve la ilusión, que «tendrá la respuesta adecuada». «Siento que esto es un circo que veo desde el sofá, como un entretenimiento, de lejos. Si acaba ganando un extremo u otro, no veo cómo me afectará a mí», asegura.

«Circo», «meme», «espectáculo» son palabras que salen a menudo al comentar con los franceses la sucesión de gobiernos que desfilan por Matignon desde hace más de un año. En 2024, hubo hasta cuatro Ejecutivos distintos en el poder. Una situación inédita en Francia. «Los franceses están simplemente hastiados. Es un meme», dice una periodista que trabaja en Burdeos para un periódico nacional. «Hay una escena que refleja bien la situación: el día que Sébastien Lecornu fue nombrado primer ministro por segunda vez, estuve en la librería de Philippe Poutou (excandidato a las presidenciales en tres ocasiones representando a la izquierda anticapitalista) y hablamos de todo salvo de lo que estaba pasando en la política», cuenta esta colega.

La caída de la izquierda

Les 400 coups es la librería de Poutou, militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) y consejero municipal en el Ayuntamiento de Burdeos, tras obtener un 9,36% de los votos en 2020, por detrás del ecologista Pierre Hurmic y el liberal Nicolas Florian. En Burdeos, una ciudad conservadora y burguesa donde hasta 2020 la derecha llevaba más de 60 años gobernando, esta librería se ha convertido en un punto de encuentro para la izquierda, donde se dan charlas con escritores e investigadores. «Esto es un muestrario de una parte muy concreta de la población y que deforma la realidad», dice Poutou, que abrió la librería en mayo tras perder su empleo en la fábrica de Ford de la periferia, donde arrancó su lucha como sindicalista en los años 90. «Aquí hemos encontrado un marco distinto para hacer política, para transmitir ideas: se habla de sociedad, racismo, patriarcado, de la desigualdad en general. Es un espacio más liberador que los partidos, donde suele haber mucho ego y mucho control, pero no puede constituir un punto de organización», defiende Poutou, que espera que un nuevo movimiento social espontáneo saque al país del atolladero. Él ya no volverá a presentarse a las presidenciales: «Hacen falta caras nuevas. Una sola persona no puede encarnar un partido».

Jóvenes y no tan jóvenes desfilan por su librería en busca de formas alternativas de mantener la moral. Se inclinan por los viejos pensadores: Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Louise Michel… «Son lo que más nos piden, además de teoría feminista y antirracial, anticolonialista…», describe Poutou. «Es una generación que busca apropiarse de esas ideas, consciente de que el mundo es una catástrofe y que hay que comprenderlo para poder actuar. Me preguntan mucho qué podemos hacer, porque se sienten aislados, pero se milita menos, las estructuras de los partidos y los sindicatos ya no funcionan, la izquierda política es nula y ante la máquina mediática de la derecha, ¿qué podemos hacer?».

Las movilizaciones sociales, que en verano prometían bloquear el país para frenar el plan presupuestario del Ejecutivo, que prevé recortes de más de 40.000 millones de euros, no han sido tan multitudinarias como se esperaban, pero la respuesta del Gobierno marcó el tono: para las protestas del 10 de septiembre se movilizaron 80.000 gendarmes, una cifra superior a los picos de mayor agitación durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Durante los Juegos Olímpicos se movilizaban 45.000 agentes al día en la capital.

Mientras tanto, el segundo gobierno de Lecornu intenta salvar los muebles y aprobar, por fin, el presupuesto de 2026, una tarea ardua que se desarrolla entre grandes incógnitas. «Hay una suerte de vacío institucional. Los debates sobre el presupuesto se van por las ramas y no podría decir cómo va a terminar», opina Rouquan. Cuatro días después de su nominación, Lecornu escapó por poco a dos mociones de censura (una de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, por la extrema izquierda, y otra, por la extrema derecha, de Reagrupamiento Nacional). La moción de la izquierda podía haber prosperado con el respaldo de los socialistas, pero decidieron no apoyarla después de que Lecornu prometiera no seguir adelante con la reforma de las pensiones, emancipándose –muy ligeramente– del influjo de Macron.

El Partido Socialista intenta así mostrarse como una izquierda capaz de gobernar, mientras que el ala de los insumisos, con quienes se unieron en bloque para las legislativas, lo acusa de traición. Por el otro lado, la izquierda de Mélenchon es acusada de sembrar el caos, al igual que la ultraderecha, al pedir únicamente la dimisión de Macron y negarse a buscar acuerdos. «Lleguemos al acuerdo al que lleguemos, no va a salir un presupuesto de izquierdas. No saldrá un presupuesto con el Impuesto Zucman, un presupuesto que apueste por la renovación térmica de los inmuebles, que apueste por energías más limpias, por mejorar las prestaciones. Será un presupuesto de austeridad y los partidos que lo acepten se lo van a tener que comer con patatas», dice, ocultando su nombre, un militante francoespañol de La Francia Insumisa, entristecido por que parte de la población haya pasado a ponerlos en el mismo rincón que la ultraderecha. Pese a ello, asegura que, cuando van puerta por puerta, mucha gente de la que dice haber perdido la esperanza en el voto «sabe lo que está pasando». «Nos dicen que esto es la gran estafa: trabajas todo el día para llegar a tu casa derrengado pero sabiendo que no vivirás mejor, que tus hijos no vivirán mejor», resume.

Victoria sin gobierno

La izquierda tampoco perdona a Macron que siga apoyándose en sus aliados y la derecha tradicional pese a que el bloque izquierdista obtuvo 182 escaños en las legislativas de 2024, por delante de los 168 de los macronistas y los 143 de la ultraderecha. «A mí no me sirve de nada que desde otros partidos llamen a la responsabilidad de La Francia Insumisa cuando yo sé que el responsable de la situación económica del país y de la situación de bloqueo se llama Emmanuel Macron», añade este militante que asume que la postura de su partido hasta los próximos comicios será requerir la dimisión del jefe de Estado.

Un bloqueo y una incertidumbre que explica el hartazgo y fatalismo de la sociedad francesa. «El paisaje político es muy cambiante y el único polo que se mantiene estable es el de la ultraderecha, con una base sólida del 30% del electorado», observa Camille Bedock.

«Vemos que Los Republicanos [la derecha gaullista de toda la vida] se acercan cada vez más a la Reagrupamiento Nacional. Vemos a la izquierda paralizada, con visiones muy distintas. El equilibrio político que dejará la marcha de Macron sigue siendo una incógnita», añade la socióloga.

La única certidumbre, de cara a 2027, es que en este sistema de bloques la ultraderecha tiene su peso asegurado. Claro que, en estos momentos, es imposible hablar de certidumbres en un país que baraja a diario la posibilidad de ver nuevamente la caída de su gobierno.

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Este reportaje sobre la cocina saharaui se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, dedicado íntegramente a la cultura del Sáhara Occidental. Puedes comprar la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

Tuve hambre,
de pan, de paz,
y tus cantos me colmaron.
Zahra Hasnaui

La de la vida, la del amor, la de la muerte

Desde hace más de 40 años de exilio forzado en la inmensidad de una tierra tan inhóspita que se conoce como hamada, el desierto dentro del desierto, miles de personas celebran varias veces al día la ceremonia del té.

Este ritual es el hilo que zurce el tejido social. Es el triunfo del espíritu, de la dignidad. Una liturgia meticulosa y simbólica, sostenida en la paciencia, donde el oficiante elabora tres tazas a fuego lento: la primera, amarga como la vida; la segunda, dulce como el amor; la tercera, suave como la muerte.

Con ese vaso humeante de té verde, azúcar y hierbabuena fresca, los saharauis no solo combaten el clima, también honran la hospitalidad y la inquebrantable esperanza del retorno. Así, condensan entre sorbos pausados y espuma la filosofía de la resistencia.

La épica de lo cotidiano

La cocina saharaui es un arte de supervivencia. En sus casas de adobe sin agua corriente la mesa es sencilla, socorrida y comunal. Disponen de pequeños hornillos de gas, casi siempre en el suelo, aunque algunas familias gozan del privilegio de tener cocina y horno. Las neveras, a pesar de las temperaturas, son un lujo inexistente.

La vida familiar se congrega en el suelo, o alrededor de una mesa baja, y comen con las manos de un plato común. Su dieta es austera y sus condimentos básicos, ajenos a las especias de otras zonas del Magreb, como la canela o el azafrán, prefiriendo el arroz al cuscús.

El inventario de la escasez

Desde el exilio, en 1975, el pueblo saharaui ha sufrido cambios drásticos en su alimentación, con un déficit importante de alimentos frescos. Esta población sufre malnutrición crónica y registra la mayor tasa de celíacos del mundo, en torno al 6%. Desde entonces, las mujeres han asumido casi la totalidad del liderazgo operativo de los campamentos, convirtiéndose en la columna vertebral de la supervivencia, administrando la llegada de ayuda humanitaria y liderando las cooperativas.

Allí, donde el siroco abrasador y los suelos salinos, pedregosos, amenazan cada brote, la perseverancia ha forzado la tierra. Las granjas avícolas y los pequeños huertos donde cosechan patatas, remolachas, cebollas, berenjenas, zanahorias, naranjas, tomates o calabacines demuestran que la voluntad y la persistencia siembran el desierto.

Aunque el pollo es la proteína más presente en su dieta, la carne de dromedario sigue siendo de las más populares, junto con el cordero y la cabra –los únicos animales que logran sobrevivir–, y que por su coste suelen disfrutarse solo en festejos. Los dromedarios han sido pilar de la vida saharaui y, además de ser transporte, proporcionan carne y leche. Su sabor intenso, dicen, es como el de la carne de caza.

Además de la ayuda humanitaria y los huertos, también se adquieren alimentos en Tinduf, desde donde los saharauis completan la despensa familiar, según su capacidad económica. Asimismo, desde 2013, cuentan con una fábrica de pasta gracias a organizaciones solidarias andaluzas.

Cocina del desierto

Del escasísimo registro de la gastronomía saharaui destaca la disposición de Miguel Ángel Lozano, un bombero español que desde hace doce años pasa temporadas en el campamento de Smara y ha documentado recetas y costumbres en su canal de Instagram y YouTube «Cocina para bomberos».

Su proyecto solidario «Cocina del desierto», es un recetario autoeditado cuyos beneficios totales se destinan a la alimentación de la conocida como «Escuela de Castro», un centro de inclusión donde a diario enseñan a niños y jóvenes con discapacidades físicas o psíquicas a valerse por sí mismos. Su lema, inmenso, es un manifiesto contra la desesperanza: «Aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas».

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Mreifisa de cordero

Receta para 4 personas

Este guiso también se hace con dromedario. Cuando los saharuis eran realmente nómadas, antes de la ocupación de sus tierras, podían hacerlo con el conejo que cazaban con trampas en el desierto.

Ingredientes:

• 500 grs de carne de cordero troceada
• 3 cebollas
• 6 patatas pequeñas
• 1 litro y medio de agua o caldo
• Aceite de oliva
• Sal
• 1 pan tipo mollete, preferiblemente del día anterior

Preparación:

Se sala el cordero y se aparta. En una olla se pone el caldo o agua y se agrega una cebolla con sus tallos, un chorrito de aceite, sal, y se cuece a fuego lento. Mientras tanto, en otra cazuela se calienta aceite y se pochan dos cebollas cortadas en juliana. Cuando se transparenten, se agregan las patatas y al tomar color se añade el cordero, cociendo de 5 a 8 minutos, a fuego lento. Luego, se añade el caldo con la cebolla, quitándole los tallos, hasta que la carne y las patatas estén blandas, durante una hora aproximadamente. Para servir, se desmiga el pan en trozos medianos y se vierte encima el guiso para que absorba todos los sabores.

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Este reportaje se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público (organización sin ánimo de lucro con sede en Washington) lleva años defendiendo los derechos e intereses de los consumidores. En los años noventa, fue una de las principales asociaciones que empujó para la inclusión de etiquetas nutricionales en los alimentos. Más recientemente, logró obligar a las cadenas de comida rápida a indicar las calorías de los platos ofrecidos.

Cuando Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, propuso crear supermercados municipales durante su campaña electoral, Sara John, subdirectora del centro, vio grandes posibilidades de mejora para la vida de millones de personas, aunque también es consciente del desafío. «Las tiendas públicas que rindan cuentas a los consumidores, y no a los accionistas, podrían mejorar la asequibilidad de los alimentos», afirma John. «No obstante, no será fácil ».

La iniciativa llega en un momento crítico. Los comestibles en Nueva York cuestan un 18% más que la media nacional. Huevos, carne y pescado subieron un 8,9% en el último año; y los productos lácteos, más de un 5%. A ello se suman las tensiones comerciales reavivadas por la nueva administración federal y los recortes anunciados al programa SNAP, que actualmente ayuda a más de 40 millones de estadounidenses con vales para la compra. «Y hemos visto cómo los gigantes del comercio minorista continúan cerrando tiendas y aumentando los precios de los alimentos», explica John a La Marea.

El plan de Mamdani contempla abrir cinco tiendas piloto –una en cada distrito– que funcionarían bajo un modelo público. Al no pagar alquiler ni impuestos y comprar al por mayor, el alcalde electo calcula que podrían ofrecer precios significativamente más bajos. Según su campaña, el programa costaría 60 millones de dólares, aproximadamente el 0,06% del presupuesto anual de la ciudad. La propuesta, no obstante, plantea retos. «Los supermercados ya operan con márgenes de ganancia muy reducidos –del 2% al 3%–», afirma John. «Por lo que incluso al intentar únicamente alcanzar el punto de equilibrio, sólo podrán trasladar un ahorro limitado a los consumidores», prosigue.

Además, la gestión de productos perecederos y la falta de economías de escala suponen obstáculos considerables para una operación nueva y relativamente pequeña. Por eso, la sugerencia de John es no partir de cero: «No necesitan reinventar la rueda».

La ciudad de Nueva York ya desempeña un papel relevante en el sector alimentario: compra alimentos para escuelas públicas, gestiona programas de asistencia como el mencionado SNAP y participa en el suministro a familias de militares. Desde 1991, el Gobierno federal mantiene una red de economatos que venden comestibles a precios mayoristas a personal militar, un modelo parecido a lo que Mamdani quiere extender a la población civil. Las tiendas municipales tendrían la utilidad adicional de no obtener beneficios por compras impulsivas y poco saludables. «Podrían priorizar la salud pública promoviendo alimentos sanos y asequibles, en lugar de maximizar los beneficios para los accionistas», señala John.

¿Un modelo viable?

La propuesta ha generado fuertes críticas desde sectores conservadores y liberales. Think tanks como el Instituto Cato advierten de que las tiendas municipales carecerán de las cadenas de suministro y la capacidad logística de gigantes como Walmart, lo que podría traducirse en ineficiencia y dependencia crónica de subsidios públicos.

Anne Rathbone Bradley, economista del Instituto para la Fe, el Trabajo y la Economía, sostiene que el plan está condenado al fracaso por su incapacidad de responder a las señales del mercado. «Los supermercados soviéticos fracasaron porque intentaron reemplazar principios económicos fundamentales con burócratas», escribió en The Washington Post. «Las tiendas gestionadas por el Gobierno en Nueva York enfrentarán los mismos desafíos», concluía.

Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la comparación es inexacta. A diferencia de los supermercados de la Unión Soviética, que operaban en economías de planificación centralizada sin competencia, el modelo de Mamdani funcionaría en un mercado mixto, complementando –no reemplazando– la oferta privada existente. Otra crítica se ha centrado en el riesgo de competencia desleal. La Unión de Bodegas de América –gremio de las pequeñas tiendas de comestibles familiares, omnipresentes en Nueva York– expresó inicialmente esta preocupación. No obstante, en un giro significativo, terminó apoyando a Mamdani a finales de octubre. Su presidente, Radhames Rodríguez, señaló que el proyecto de tiendas municipales podría «complementar» la oferta en zonas desatendidas, donde las familias carecen de acceso a alimentos frescos y saludables.

Una idea con antecedentes

La idea de los supermercados municipales no es inédita, aunque a menudo se ha aplicado a contextos rurales o pequeños. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de St. Paul en Kansas –que cuenta con 600 residentes–, donde en 2013 la municipalidad compró el supermercado local. Pero recientemente se han dado casos en áreas urbanas pobladas. En Atlanta, el Azalea Fresh Market –un supermercado de propiedad municipal inaugurado en agosto de 2025– atiende a una media de 600 clientes cada día y sus ventas de productos frescos superan el promedio nacional. El supermercado mantiene eficiencia y precios contenidos gracias a una alianza con una cadena privada que opera en las instalaciones.

No todas las experiencias, sin embargo, han prosperado. El Sun Fresh Market, un supermercado público de Kansas City, cerró sus puertas en agosto pese a haber recibido más de 18 millones de dólares en inversión a lo largo de 10 años. La gestión enfrentó problemas recurrentes de desabastecimiento, mientras que la inseguridad en el área disuadió progresivamente a los compradores.

Una clave del éxito de la propuesta de Mamdani dependerá del tipo de alianza entre lo público y lo privado que apoyará su plan. Alianzas que, incluso con respecto al sector alimentario, tienen una larga historia en Nueva York: durante la Gran Depresión, el alcalde Fiorello LaGuardia creó seis mercados en que la ciudad alquilaba los espacios a vendedores a precios reducidos. El Essex Market, en el Lower East Side, es un ejemplo destacado que sigue vendiendo productos a precios competitivos en una de las zonas más caras de la ciudad.

El desafío por delante

Ahora que Mamdani ha ganado con la promesa de una ciudad más asequible para todos, sobre él pesan expectativas extraordinarias y promesas por cumplir. El alcalde más joven en más de 100 años llega al cargo con una agenda ambiciosa que ha generado tanto entusiasmo entre sus votantes como resistencia feroz entre quienes apuestan por su fracaso.

La ubicación, la eficiencia logística y la capacidad de mantener los precios bajos determinarán el futuro de esta iniciativa. Si el experimento tiene éxito, Nueva York podría convertirse en referente para otras ciudades estadounidenses e internacionales, y las propuestas de Mamdani ganarían credibilidad dentro de un Partido Demócrata en búsqueda de una nueva identidad. Si fracasa, sus críticos tendrán la prueba que esperaban para atacar a los sectores más progresistas del partido.

«Los supermercados administrados por la ciudad tienen el potencial de reducir los precios de los comestibles al eliminar la avaricia corporativa de la ecuación de precios de los minoristas», concluye John.

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La música saharaui, por su historia y por la geografía de su pueblo, no es una música de mercados globales sino de jaima y desierto. Antes de la llegada de teléfonos, casetes o memorias USB, las canciones viajaban de boca en boca en los hogares, las bodas y las reuniones de familia; y así se tejía y preservaba la historia colectiva. Hablar de música saharaui es hablar de haul, el género por excelencia que combina poesía, percusión y cuerdas en piezas que han servido a la vez como canto de resistencia y como memoria de una nación en el exilio. Esa condición ha hecho que buena parte del legado saharaui sobreviva fuera de la digitalización masiva.

De esa geografía sonora han surgido voces capaces de hacerse cargo de la historia de su pueblo y, al mismo tiempo, dialogar con otros lenguajes musicales. Mariem Hassan fue la figura más visible de esa tradición en el circuito internacional: la voz que convirtió el lamento del exilio en presencia pública. Su biografía y su trabajo ayudan a entender lo que significa cantar desde (y contra) la dispersión. Aziza Brahim, por su parte, ha trazado otro camino: partiendo de las raíces del haul, ha incorporado ritmos del blues del desierto y otras influencias para hacer de su canto una cartografía personal y política que mira hacia el mundo sin perder la referencia.

En esta escena aparece Suilma Aali, cantante y compositora hispano-saharaui que encarna el mestizaje que canta. Hija de madre gallega y padre saharaui, Suilma traduce «lo que se oye en casa» en un repertorio donde confluyen cadencias afroárabes, latinas, flamenco, soul, jazz y canción de autor. No es habitual encontrar artistas saharauis que produzcan y firmen su música con la libertad estilística que sostiene a Suilma: ella compone, canta y toca la guitarra desde niña, y su obra es un relato que nace de las mezclas culturales que viven en ella.

Su repertorio muestra una trayectoria constante: Aali (2012) dejó la primera carta de presentación; Flor Amarilla (2019) exploró tonos íntimos junto a Nico Roca; El Final (2023) jugó con la estructura del bolero; y No quedan lágrimas (marzo de 2025) la situó entre la canción personal y la canción de protesta, nacida del dolor por el genocidio en Gaza. Su voz, cálida y a veces quebrada, trae el poso de quien canta en festivales de jazz y en actos por la paz; sus letras privilegian la memoria, la identidad y la denuncia, sostenidas por arreglos donde la guitarra, la percusión y los coros buscan la honestidad y la comunicación directa.

Más allá de la música, Suilma ha llevado su talento al cine documental. Es coprotagonista de La duna de Chinguetti, dirigida por Lidia Peralta y Germán Nieto, y rodada en Mauritania. Comparte pantalla y proyecto con el escritor y antropólogo saharaui Bahia Awah, y además es la autora y voz del tema principal del largometraje.

La artista anuncia además que su próximo lanzamiento llevará por título «Sahara», un single que promete continuar esa línea de diálogo entre identidad y experimentación sonora. Este anuncio llega en un momento en el que su música empieza a asentarse, sin renunciar a su raíz comunitaria y a la visibilidad política que siempre ha llevado consigo.

El artículo ‘Suilma Aali: la canción como territorio propio’ se publicó originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea, cuyo último número se ha dedicado íntegramente a la cultura saharaui. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

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Este reportaje forma parte del dossier dedicado a Donald Trump en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

«Primero, el miedo. Después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo».
Isabel Bono

«Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes». Con esta sola frase del discurso con el que inauguró su segunda legislatura, Donald Trump pisoteaba el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que recoge uno de los principios que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial: la inviolabilidad de las fronteras. El presidente se aliaba así con los líderes que han provocado los dos conflictos que están alumbrando una nueva era: el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania. El magnate había ganado sus primeras elecciones prometiendo acabar con las guerras estadounidenses en el extranjero y comenzó el segundo anunciando la vuelta a las guerras imperialistas y a las anexiones territoriales ilegales. Y lo hizo de manera explícita, sin eufemismos ni falsas justificaciones. Porque Trump está imponiendo un nuevo orden global en el que la única norma es el dominio del más fuerte, es decir, el de Estados Unidos sobre el resto de los países. Y para asentarlo, tanto él como el resto de miembros de su administración emplean un lenguaje que normaliza los pilares y el funcionamiento de un nuevo mundo regido por un desprecio declarado y absoluto por los principios democráticos, por las reglas universales, por la moralidad, por la negociación, por la diplomacia y por el multilateralismo. Un presidente que pilota un gobierno al modo de los cárteles: plata o plomo. O lo que es lo mismo: dinero o fuerza bruta.

Y para normalizar esta ideología neofascista en el imaginario global, el gabinete estadounidense se esfuerza por evidenciarlo en todos los lenguajes: el verbal, como cuando gritó en el homenaje a Charlie Kirk que a sus enemigos les deseaba lo peor, o cuando humilló al presidente Zelensky en su primera visita a la Casa Blanca; el audiovisual, con sus vídeos creados con IA que mostraban la construcción de un resort encima de las fosas del genocidio de Gaza o aquellos en los que él mismo pilota un helicóptero desde el que vierte excrementos sobre quienes se manifiestan contra su presidencia y con el que secuestra a sus opositores políticos para deportarlos; y el gestual, como cuando se hace rodear de líderes europeos en una escenografía que los presenta como súbditos en la Casa Blanca.

Y si Trump se puede permitir estos delirios autocráticos es porque su segunda victoria, tras haber ostentado ya la presidencia entre 2016 y 2020, evidencia que no se trata de un fenómeno aislado o disruptivo, sino de la manifestación de una corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en Estados Unidos se ha solidificado en una parte de la sociedad que desprecia la democracia, reclama modos y políticas autoritarias, reivindica la hegemonía del supremacismo blanco, aplaude el insulto, la zafiedad, la ignorancia y la soberbia. La ya frágil democracia norteamericana vive un cambio de régimen y en él Trump está dando una nueva vuelta de tuerca al imperialismo que Estados Unidos ha ejercido de manera tan despiadada como desprejuiciada desde la Segunda Guerra Mundial.

El líder autocrático ha alumbrado una forma de ejercer el poder en la que verbaliza y combina la amenaza, la coerción y el chantaje comercial, económico, político y militar. Con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores: no se molesta en justificarlo ni en crear falsas excusas o motivaciones como hizo, por ejemplo, la Administración Bush con las armas de destrucción para invadir Irak. El mundo según Trump debe regirse solo por su orden y mando, como demuestra en la propaganda en la que porta una corona y que difunde en su propia red social (a la que ha llamado Truth, porque en su mundo, él decide qué es verdad, un procedimiento que su entorno ha dado en llamar «hechos alternativos»).

Lo más preocupante es que durante este primer año de la era Trump 2.0, hemos visto cómo la mayoría de los líderes políticos mundiales no han opuesto resistencia a interpretar su rol de vasallos ante el rey, emperador o líder supremo –dependiendo de la tradición de la que procedan–, como han demostrado Ursula von der Leyen, el rey Carlos de Inglaterra o Nayib Bukele.

Cómprese (y si no, invádase)

«Obtendremos Groenlandia. Sí, al cien por cien. Existe una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no voy a descartar nada», anunció el presidente Trump poco después de tomar posesión en una entrevista para la cadena NBC.

El líder republicano combina un lenguaje simplista y directo con una ambigüedad que le permite mantener uno de los rasgos distintivos de los sistemas autocráticos: la arbitrariedad.

A la vez, Trump ha roto con la percepción habitual del tiempo al hacer añicos los conceptos de imprevisibilidad e irracionalidad. Por eso, resulta conveniente repasar algunos de los hitos de la presidencia estadounidense del último año y cómo los ha comunicado para entender la doctrina del shock que está empleando. Como aquel primer sobresalto con el que inició su mandato: la amenaza contra la soberanía de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Lo cierto es que ya durante su primera legislatura, Trump intentó negociar la compra de la isla. Ante la negativa del Ejecutivo de Copenhague, el presidente estadounidense canceló su visita oficial. Y de nuevo, cinco días antes de volver a convertirse en inquilino de la Casa Blanca, llamó personalmente al primer ministro danés para advertirle de que si no se la vendía, se la quedaría por la fuerza.

El chantaje económico empleado por Trump bajo la amenaza de intervención militar rompe con los ya difusos límites existentes entre la coerción y la diplomacia y está dibujando nuevas formas de ejercer el poder fuera de cualquier norma. Algo que de seguir en esta senda militarista, veremos agravarse ante la lucha por unos recursos cada vez más escasos. Las áreas costeras de Groenlandia cuentan con unos 17.500 millones de barriles de petróleo y 148.000 millones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y posee, igualmente, cantidades significativas de metales de tierras raras, imprescindibles para las tecnologías de energía verde. Además, se trata de un enclave con un valor estratégico creciente para el comercio marítimo con Asia a medida que la crisis climática acelera el descongelamiento del Ártico. El periodista Mario G. Mian, uno de los mayores expertos en Groenlandia, recuerda en su último libro que en esta isla China, Rusia y la OTAN están librando la llamada «Guerra Blanca» por el control geopolítico de la zona. En cualquier caso, Estados Unidos ya cuenta con una base militar allí después de que Truman también intentase comprarla por 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial.

Amagando el golpe

Tras el primer genocidio televisado, el de Gaza, podemos estar asistiendo al primer anuncio televisado de un golpe de Estado. De hecho, si hay un caso de estudio sobre cómo Trump está empleando el lenguaje para crear un escenario en el que sus actuaciones ilegales se presenten como necesarias, lógicas e, incluso, inevitables es, sin duda, el de Venezuela.

Desde que Trump anunciase la primera ejecución extrajudicial de tripulantes de una embarcación procedente de Venezuela, tanto él como todos los miembros de su gabinete han pasado a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como régimen «narcoterrorista». Con ese concepto, fusionan la lucha contra las drogas –con la que Washington justifica, desde hace décadas, la intervención militar de sus tropas en Latinoamérica– con el terrorismo, asemejando así al Ejecutivo de Caracas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra contra el terrorismo sigue siendo uno de los pilares de las políticas colonialistas estadounidenses y, al vincularla con Venezuela, reviste de seguridad lo que en realidad responde a un choque ideológico contra la izquierda bolivariana y, sobre todo, a la pugna por los recursos naturales –especialmente, el petróleo–.

Además de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe –pese a que más del 70% de la droga entra en Estados Unidos por el Pacífico–, Trump ha autorizado a la CIA a «realizar operaciones encubiertas», el eufemismo bajo el que la Casa Blanca ha impulsado golpes de Estado, instaurado dictaduras y asediado revoluciones durante décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la oposición política y ha impuesto severas sanciones económicas al país latinoamericano. Tras su vuelta al poder, Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por la entrega de Maduro y ha desplegado en las inmediaciones de Venezuela su mayor operación naval desde la primera guerra del Golfo. Por tanto, la actuación de la CIA debe tener un objetivo que vaya aún más allá.

‘Supremacist First’

En su toma de posesión, Trump recuperó el concepto de «destino manifiesto», creado por el columnista conservador John O’Sullivan en 1845 para defender que, siguiendo los dictados de Dios, Estados Unidos debía ocupar Texas y expandirse por toda Norteamérica. De hecho, Trump se ha declarado seguidor de William McKinley, su homólogo entre 1897 y 1901, y quien, como él, fusionó un proteccionismo arancelario con un colonialismo que le llevó a ocupar Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba. Se estableció entonces la Doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos tenía el deber de controlar Latinoamérica para proteger sus intereses económicos y de seguridad. Esta visión teocrática, conocida como «excepcionalismo», sostiene que se trata de un país superior al resto, un canon al que todos deben aspirar y que, por tanto, tiene la legitimidad y el deber de guiar e imponer su modelo en todo el mundo, instaurando incluso presuntas democracias mediante bombardeos, invasiones y guerras.

La diferencia de Trump con respecto a los anteriores presidentes es que no sólo no lo oculta, sino que hace ostentación de ello. El «America First» enarbolado por el magnate es la expresión más sincera de esta concepción del mundo que tiene parte de la sociedad estadounidense y también del norte global. Un mundo en el que el sur es, si acaso, el fondo de sus postales de vacaciones o lugares en los que hacer negocio desde una posición ventajista, como escribió Zadie Smith. Por ello, el vídeo difundido por Trump sobre la construcción de un resort en Gaza es solo la expresión más descarnada de la identidad fascista estadounidense, como la define la periodista Suzy Hansen en Notas desde un país extranjero, un libro por el que fue finalista del premio Pulitzer en 2018. La actual administración está derruyendo los pocos contrapesos internos con los que contaba la democracia estadounidense y los mecanismos multilaterales internacionales en los que, sobre todo, se teatralizaba la aspiración a un futuro orden global democrático.

Nombrar para dominar

En los primeros días de vuelta al Despacho Oval, Trump ordenó a la prensa estadounidense que llamase Golfo de América al Golfo de México. Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, siguió usando el nombre oficial, por lo que fue expulsada de las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Cuando Trump se postuló como ganador irrebatible del premio Nobel de la Paz, llamó «acuerdo de paz» a lo que no era más una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio. Y durante las primeras horas del anuncio, numerosos medios reprodujeron acríticamente ese concepto de «acuerdo de paz», convirtiéndose en correa de transmisión de su propaganda y legitimándolo ante la opinión pública internacional, pese a que violaba cualquier derecho de los palestinos. Sin embargo, ante la persistencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja, muchos se vieron obligados a rectificar y emplear términos como «el plan de Trump». Pero ya había quedado en evidencia su capacidad para imponer marcos de interpretación sin apenas encontrar resistencia entre medios de comunicación y periodistas, quienes tenemos el deber de fiscalizar el lenguaje del poder para descifrar y transmitir su verdadero significado.

Fue, además, durante la presentación de este acuerdo ante la Knéset israelí donde hizo gala de su determinación para hacer de la injerencia explícita un rasgo de su política. Lo hizo al insistirle al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultase a Benjamín Netanyahu: «Concédale el indulto. Vamos (…) nos guste o no, es uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Y unos cuantos cigarros y champán, ¿a quién le importan?». Se refería a los juicios por corrupción que tiene pendientes; para evitarlos, según infinidad de expertos, Netanyahu ha impulsado un genocidio en Gaza que le permite suspenderlos mediante el estado de excepción.

Celebración del genocidio

Y, como culmen de la pedagogía de la crueldad que define todas sus políticas, convirtió su intervención parlamentaria en la celebración del genocidio: «Bibi me llamaba muy a menudo. ¿Puedes conseguirme esta arma? ¿Esta otra? ¿Y esta otra? De algunas de ellas nunca había oído hablar. Bibi y yo las fabricamos. Pero las conseguimos, ¿no? Y son las mejores. Son las mejores. Pero tú las has usado bien. También se necesitan personas que sepan usarlas, y tú claramente las has usado muy bien».

También aprovechó para ahondar en su particular doctrina del shock, basada en el desprecio por la moralidad y en la destrucción, como persiguen todos los líderes fundamentalistas, del consenso sobre los valores éticos mínimos que deben regir nuestras sociedades. Para ello, alabó a los firmantes de los Acuerdos de Abraham, a los que ensalzó por ser «hombres muy ricos», los dos elementos que, según la cosmovisión trumpista, deben regir el mundo: los hombres y el dinero. De hecho, apenas unas horas después, en la cumbre que celebró en Egipto con el mismo motivo, entre los mandatarios asistentes sólo había una mujer, Georgia Meloni, a la que enalteció señalando que era «guapa», justo después de decir que referirse a una mujer con este concepto «acabaría con la carrera de cualquier político», pero que él se iba a «atrever». Es decir, apología del machismo disfrazada de la valentía con la que se abanderan los ultras para defender la libertad de expresión que, precisamente, ellos mismos restringen en cuanto llegan al poder.

Apenas un mes después, tras la incontestable victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, varios medios internacionales publicaron que los republicanos habían comenzado a reformar los distritos electorales para garantizarse la victoria en las elecciones legislativas de 2026. Además, alertaban de que es más que posible que el Tribunal Supremo, con mayoría absoluta conservadora, falle en junio a favor de una reforma de la Ley del Derecho al Voto que dejaría fuera a las minorías.

Nos encontramos, pues, ante un escenario en el que incluso los analistas más conservadores y prudentes no descartan que Trump consiga sumir a Estados Unidos en una autocracia. Y lo está haciendo sin ocultar sus aspiraciones, todo lo contrario: verbaliza sus planes para normalizarlos ante la opinión pública, se reivindica como un líder al que le gustaría gozar de un poder absolutista mundial para implantar un régimen dominado por hombres blancos y ricos, de ideología neofascista, ultramachista y con el objetivo declarado de acabar con el sistema democrático, pluralista y multilateral tanto a nivel interno como internacional. Ivo Daalder, exembajador estadounidense ante la OTAN, lo resume así: «Con Trump en el cargo, el orden basado en reglas ya no existe».

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El Ministerio de la Guerra

Como a cualquier buen cryptobro, a Trump no le gustaba el nombre de Departamento de Defensa. Le parecía que sonaba «demasiado a la defensiva», que los que lo nombraron así después de 1945 se habían dejado arrastrar por «lo woke». Por eso ordenó que volviese a su denominación original, Departamento de la Guerra, porque «a todo el mundo le gusta la increíble historia victoriosa» de cuando se llamaba así. Pero no se trata, o al menos no solo, de una manifestación testosterónica del presidente estadounidense, sino de un nuevo capítulo en su estrategia para legitimar lo reprobable, normalizar el oprobio nombrándolo para reivindicarlo. Incluso, o especialmente, cuando se trata de la peor actuación de la que es capaz el ser humano: la guerra. Durante el anuncio en el Despacho Oval del cambio de nomenclatura, el nuevo secretario de Defensa, Pete Segeth, resumió así su directriz: «Máxima letalidad, no una tibia legalidad».

Según medios especializados como The Diplomat, asistimos a un aumento de las posibilidades de una guerra nuclear después de que Trump anunciase la reanudación de los ensayos con armamento nuclear y de que Putin se jactase de contar con un dron submarino nuclear con capacidad para destruir ciudades enteras. Hablando de nombres: Trump ha puesto el suyo a un nuevo caza con capacidad nuclear, el F-47, llamado así en honor al 47º presidente: él.

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«No se va a atrever a hacer todo lo que dice», replicaban los críticos de Donald Trump tras su primera victoria en el ya lejano 2016. Por aquel entonces aún existía la impresión de que había reglas en política y un cierto pudor a la hora de romperlas. Pero nada de eso existe ya. Su segunda legislatura ha puesto el mundo patas arriba, inaugurando una era de megalomanía, dolor, miedo, odio, destrucción, irracionalidad, mentira y zafiedad como no se había visto en la historia contemporánea. Se cumple un año desde que ganó las elecciones y hemos dedicado el dossier de La Marea 109 al hombre que está dinamitando el orden mundial y, en el ámbito interno, la propia democracia estadounidense.

Patricia Simón analiza su perfil internacional, un escenario en el que ha impuesto un nuevo neoimperialismo basado en la amenaza, el chantaje y la fuerza bruta. Desde Groenladia hasta Ucrania y desde Irán a Venezuela, Trump ha hecho añicos cualquier consenso diplomático. Su grosera deriva alcanzó la culminación en su discurso en el parlamento israelí, «donde llamó “acuerdo de paz” a lo que no era más que una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio» de Gaza, escribe Simón.

Sebatiaan Faber, por su parte, pone el foco en el deterioro democrático dentro mismo de Estados Unidos haciendo un inventario de los daños ocasionados después de estar sólo 10 meses en la Casa Blanca. Las personas que rodean al presidente están protagonizando una verdadera revolución reaccionaria. El programa político de la actual administración «se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante; la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádica y supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites “globalistas” (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca».

El dossier se completa con un reportaje de Ekaitz Cancela sobre el desembarco de los grandes magnates de software militar en el Despacho Oval (y de rebote en los gobiernos europeos, con lo que eso significa de fragilidad y dependencia por parte de los poderes públicos) y con una llamada al optimismo: la victoria de Mamdani en Nueva York y sus planes para ofrecer alimentos más baratos en una de las ciudades más caras del mundo, un reportaje de Marco Dalla Stella.

Mucho más en La Marea 109

Además del dossier dedicado a Trump, viajamos a Francia, donde María D. Valderrama retrata la crisis social e institucional que vive el país. Y como complemento, Miquel Ramos entrevista a Salomé Saqué, periodista y politóloga francesa que acaba de publicar Resistir, una llamada de alerta para parar a la extrema derecha antes de que sea demasiado tarde.

Por otra parte, Marta Saiz y Julia Molins realizan un reportaje de investigación sobre la situación de los llamados «centros de reducción de daños», lugares que ofrecen refugio, protección y seguridad a los drogodependientes.

Antonio Avendaño ofrece un afilado análisis sobre la crisis de las mamografías en Andalucía y las consecuencias que podría tener para el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Olivia Carballar, en plena efervescencia de actos en conmemoración por la muerte de Franco, pone el foco en todos esos pequeños actos minoritarios, casi anónimos, que se suceden desde hace décadas reivindicando la memoria democrática. Guillem Pujol escribe sobre un capítulo poco conocido: la relación de CiU con el sionismo, un fenómeno que sigue fascinando a buena parte del nacionalismo neoconvergente. Pablo Izquierdo reporta desde Indonesia la avalancha de plásticos que están asfixiando el archipiélago y la labor de los activistas por revertir esta situación. Andrés Actis, por su parte, categoriza uno a uno a los responsables de la acción (y la inacción) climática, desde gobiernos a empresas privadas, pasando por la sociedad civil.

Además, Azahara Palomeque entrevista al escritor Isaac Rosa, que acaba de publicar Las buenas noches, una novela sobre un problema muy extendido: el mal dormir.

Un Periscopio muy especial

Esta vez, el suplemento cultural de La Marea es una suerte de continuación de nuestro anterior número, dedicado al Sáhara Occidental. La portada es obra de la ilustradora Valle Camacho, que realiza un exquisito trabajo de caligrafía árabe con la palabra «libertad». Igual que en otras naciones despojadas de su tierra, como Palestina, la cultura es para el pueblo saharaui un elemento fundamental de identidad, memoria y construcción. Precisamente por eso, la ocupación marroquí hace grandes esfuerzos por borrarla o apropiársela.

Estas páginas recorren diferentes manifestaciones artísticas y culturales del pueblo saharaui, desde el cine a la gastronomía, pasando por una de sus mayores señas de identidad: la poesía. «La cultura salvará la causa saharaui», dijo el poeta Bahia Mahmud Awah en la presentación de La Marea 108 y de este Periscopio, que tuvo lugar en la librería Balquis de Madrid.

Aquel encuentro formó parte de las actividades del FiSahara, el festival internacional de cine del Sáhara, que esos días se desarrollaba en la capital. Moderado por Laura Casielles, contó con la participación de Mohamed Mesaoud Abdi, Ngone Ndiaye, Farah Dih, José Bautista, David Bollero y el propio Awah. El cierre lo puso la voz de la cantante Suilma Aali.

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