Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.
Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.
El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington
Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.
Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.
Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.
Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.
Negocios en la “paralegalidad”
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.
El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.
Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.
La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump
La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.
Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos.
Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.
Negocios a punta de pistola
Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.
El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.
La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.
Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL
La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.
¿Repsol conseguirá salirse con la suya?
Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.
Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.
En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.
Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”
Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.
Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido.
Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.
Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”.
Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.
Aire y dinero para Repsol
La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.
Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.
Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela
Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.
Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.
Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.
Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.
Y además…
En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».
Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.
Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).
Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.
Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.
Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.
Que no falte la cultura
Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).
Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.
Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.
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Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:
“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.
Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.
Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.
Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.
El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.
En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.
De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.
Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.
Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.
Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.
Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.
Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.
Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.
El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.
Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.
El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.
Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».
«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».
En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.
El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.
Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.
Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.
El manual
El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.
Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.
Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.
A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.
Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.
Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.
Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.
La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.
Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.
Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.
El regreso del saqueo
El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.
Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.
En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».
Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.
En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.
El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.
No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.
A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.
La cuestión del liderazgo
En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.
Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.
La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».
Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.
Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.
Qué esperar, cómo prepararse
El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.
A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.
Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.
A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.
Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.
En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.
Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.
Apéndice: lecturas adicionales
Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.
Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:
«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.
Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».
Son cerca de las dos de la madrugada del sábado 3 de enero cuando los habitantes de Caracas despiertan con un estruendo espantoso; son bombas y misiles que caen en distintos puntos de la ciudad. Tres explosiones destruyen parte del aeropuerto de La Carlota, ubicada en una zona poblada del este de la ciudad. La onda expansiva hace retumbar casas y edificios a kilómetros a la redonda. El Fuerte Tiuna, zona ubicada en el sur, donde se concentra el poder militar (el ministerio de la defensa, la sede de las FFAA) y residencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es atacado brutalmente por unos diez helicópteros militares estadounidenses. Caen las bombas y las instalaciones arden. Las familias de militares residentes en la zona huyen. Buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica ni internet. Al tiempo, son bombardeadas otras instalaciones militares y de comunicación en otros puntos del país.
El pánico se apodera de la gente y poco a poco va dando paso al desconcierto. Para la mayoría de los venezolanos, aunque la invasión haya sido anunciada por Donald Trump durante meses, ser bombardeados por naves militares yankees era una distopía, algo absolutamente irreal o un delirio del gobierno.
Mientras, distintos puntos de Caracas, el estado Vargas, Aragua y Miranda arden y la gente que habita a sus alrededores sale a las calles despavorida, los medios oficiales guardan silencio. Por las redes del chavismo circula el llamado a la calma, el discurso de que se trata de pequeños ataques, e incluso, que se trata de naves venezolanas, es decir, lo de siempre; menospreciar o tapar lo que está pasando, aunque el gobierno pueda estar cayendo. En Venezolana de Televisión (el canal del Estado), una reportera apostada en una calle vacía hablaba de la normalidad y control de la situación.
La gente se vuelca a las redes para conseguir algo de información, para entender lo que pasa, para administrar la angustia. Van circulando videos de las explosiones, los ataques, los incendios. Vemos helicópteros enormes atravesando el cielo de la ciudad entre la oscuridad. Imágenes inconexas, sueltas, sin un hilo que vaya generando un sentido. Esas dos horas se hacen eternas por la magnitud de la violencia y el terror que siembra.
Solo pasadas las cuatro de la mañana se conocen las declaraciones de Donald Trump, que anuncia que las fuerzas de seguridad norteamericanas han secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores y que los llevan a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes como narcotráfico, posesión de armas de guerra y cualquier otra cosa.
Casi dos horas después de los bombardeos aparece el Ministro de la Defensa, solo, en un video grabado, denunciando de que se trata de una agresión imperial. Ninguna explicación de qué pasó, de por qué la defensa falló y mucho menos reconociendo su responsabilidad en esa falla. El canal del Estado anuncia que se ha decretado “Estado de Conmoción Externa”, lo que implica excepcionalidad y restricción de garantías constitucionales, de nuevo sin detalle ni explicación alguna. Hay un silencio hermético que aumenta el desasosiego y la incertidumbre, primero, y luego, la sospecha.
En su alocución posterior, un Donald Trump emocionado habla del éxito de la “operación”. “Fue perfecta”, “la vi en directo como si fuera una película”, “si ustedes hubieran visto la velocidad, la violencia”, “solo nosotros podíamos hacerlo” dice, con una excitación casi obscena. Es poder regocijándose sobre sí mismo, celebrando su propia barbarie, narcisista, delirante.
Dos días después de la invasión en Venezuela hay un ambiente de incredulidad por lo sucedido, de conmoción por la agresión y por la soberbia que la rodea, pero también de incertidumbre por lo que vendrá. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, mezclan documentales de animales con lectura de comunicados oficiales llenos de consignas y nada más. Tampoco encontramos información en otros medios públicos como Telesur que fue creada para combatir el cerco mediático. Las pocas alocuciones oficiales, después de los discursos antimperialistas de rigor, han llamado a la calma y a la normalidad. No hay información. No hay datos, no hay cifras de heridos y fallecidos, no hay registro de las zonas destruidas, no hay análisis de lo qué ocurrió y de cómo ocurrió. Posiblemente porque explicar cómo penetraron el sistema de defensa sin bajas visibles en el equipamiento o personal militar estadounidense, o mejor dicho, explicar por qué los sistemas de defensa no se activaron, aunque la invasión había sido anunciada durante meses, es bastante comprometedor para quien controla los medios y detenta hasta ahora el poder.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es designada presidenta “encargada” gracias a la maniobra legal del Tribunal Supremo de Justicia, que decreta ausencia temporal del presidente (y no la ausencia definitiva) y así evita la obligación de convocar a elecciones en 30 días. En su intervención del sábado por la tarde lanza las consignas antiimperialistas de rigor, pero el domingo invita al gobierno de Estados Unidos a construir una agenda de colaboración y dice que su prioridad es un vínculo armónico con ese país.
Por su parte, las declaraciones de Marco Rubio hacen que todas las narrativas creadas para justificar la agresión se desmoronen. No hay ninguna alusión a cómo desmantelaran el supuesto “cartel de los soles”, no se habla de elecciones, de derechos humanos, ni se menciona el destino de los más de 800 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas.
Entre la gravedad de los hechos y el vacío de información las venezolanas, quedamos atrapadas en la incertidumbre y la necesidad de hallar sentido. Los opositores seguidores de María Corina Machado, hacen malabarismos retóricos para tratar de explicar cómo es que, a pesar de ser promotores de la invasión, los dejaron por fuera de la negociación. Los seguidores del gobierno tratan de hacer conciliar la indignación por la agresión imperial con los llamados a la normalidad. Es un país escindido hasta en el desconcierto.
Quienes no comulgamos ni con la oposición clasista y antidemocrática (y su ingenuo relato de salvación), ni con el gobierno impopular que se está resquebrajando, optamos por atar los retazos de información de aquí y de allá. La ausencia de un relato coherente que hile un suceso tan atroz, con el llamado a la calma y a la normalidad produce un vacío de sentido. La gente no sabe muy bien cómo describir lo que se siente, hay un estado general de conmoción y a la vez de pasividad general.
Es difícil no pensar en negociaciones para entregar a Maduro (o no resistir al secuestro, que es casi lo mismo). En especial, después de que los portavoces del gobierno estadounidense hayan dicho que esto se viene preparando con participación interna desde hace meses. Y, menos aún, después de que Marco Rubio declarara que ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez quien se ha mostrado siempre “dispuesta a colaborar”. Sabemos que el principal interés del gobierno estadounidense (además del geopolítico) es la riqueza petrolera venezolana. Ya Donald Trump anunció que va a invertir en la infraestructura petrolera para recuperarla y que genere riqueza para el país –¿el suyo?–. También dijo que para eso necesita en el poder a quien le garantice un mínimo de gobernabilidad y estabilidad.
Mientras tanto, queda la sensación de que nunca sabremos exactamente cómo se fraguó y ejecutó la agresión. Pero la incertidumbre hacia el futuro inmediato es muy grande para detenernos a pensar en ello. Las preguntas sobre lo que puede pasar se multiplican. En ese escenario, la idea de que el gobierno bolivariano se convierta en el nuevo administrador de las petroleras gringas se nos aparece como una imagen bizarra, como el más triste final de lo que alguna vez fue un sueño revolucionario.
Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente enctxt.
No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.
Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.
Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.
El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.
Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.
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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.
El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.
En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.
En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses
Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.
En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.
El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.
Lectura: este gráfico muestra la evolución de la relación entre los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por las filiales de las multinacionales estadounidenses en Venezuela y el producto interior neto de Venezuela. Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.
El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.
A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.
Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.
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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.
¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?
Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.
A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.
Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.
Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.
Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.
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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.
Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.
Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.
Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.
Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.
Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.
Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.
La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.
ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.
Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.
ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.
No a la injerencia militar. No a la violación de la soberanía de los pueblos. Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.
Este artículo sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
A lo largo del último siglo, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han configurado buena parte de la historia política, económica y social del continente. Desde ocupaciones militares directas hasta golpes de Estado, guerras por delegación y sanciones económicas, la política exterior estadounidense ha tratado la región como un espacio de intervención legítima. No se trata de una suma de errores aislados, sino de una lógica persistente de dominación que atraviesa distintas épocas y gobiernos.
Hacemos un repaso a las principales intervenciones estadounidenses –directas o indirectas– en el continente americano.
Cuba, Puerto Rico y el origen del imperio (1898–presente)
La guerra hispano-estadounidense de 1898 marca el inicio del siglo americano en la región. Puerto Rico no fue “intervenido”: fue colonizado. Más de un siglo después sigue siendo un territorio no incorporado, sin soberanía plena y sometido a decisiones económicas y fiscales impuestas desde Washington.
Cuba, formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense durante décadas, con bases militares, gobiernos condicionados y una economía subordinada. La Revolución de 1959 rompió ese marco y desencadenó una represalia prolongada: invasión en Bahía de Cochinos (1961), operaciones encubiertas, sabotajes y un embargo económico que persiste hasta hoy. El objetivo no fue solo derrocar a un gobierno, sino hacer inviable un modelo político alternativo.
México (1914–1917): ocupación y castigo ejemplar
En 1914, Estados Unidos ocupó militarmente Veracruz durante siete meses. Años después, lanzó la Expedición Punitiva contra Pancho Villa, con miles de soldados penetrando en territorio mexicano. No se trató de una guerra formal, sino de una demostración de poder: México podía ser castigado sin declaración de guerra.
Haití (1915–1934): ocupación, trabajo forzoso y Estado fallido
La ocupación de Haití por los marines supuso la disolución del Parlamento, la reescritura de la Constitución para permitir la propiedad extranjera de la tierra y la imposición de sistemas de trabajo forzoso (corvée). La represión de las revueltas campesinas dejó miles de muertos, según estimaciones históricas. Estados Unidos se retiró dejando un Estado debilitado y una estructura represiva que condicionaría todo el siglo XX haitiano.
Nicaragua (1912–1933): marines, Sandino y Somoza
Las ocupaciones estadounidenses en Nicaragua culminaron con la retirada formal de los marines, pero no con el fin del control. Washington dejó el monopolio de la violencia en manos de la Guardia Nacional, creada y entrenada por EE. UU. En 1934, esta fuerza asesinó a Augusto César Sandino. Poco después, su jefe, Anastasio Somoza García, instauró una dictadura familiar que duró más de cuatro décadas. La intervención no fue puntual: fue estructural.
República Dominicana (1916–1924 / 1965): invasión para frenar la democracia
Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y volvió a intervenir en 1965, cuando 42.000 soldados desembarcaron para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La invasión dejó miles de muertos civiles y consolidó un régimen alineado con Washington tras la dictadura de Trujillo.
Guatemala (1954): el golpe que abrió la era del terror
En 1954, la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, mediante bombardeos limitados, guerra psicológica y presión diplomática. El golpe puso fin a un gobierno democrático y abrió una cadena de dictaduras militares.
El resultado final fue una guerra interna de 36 años con más de 200.000 muertos y desaparecidos, mayoritariamente población indígena. La ONU calificó las campañas contrainsurgentes de los años ochenta como genocidio. Washington nunca asumió responsabilidad alguna.
Brasil (1964): el golpe preventivo
Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar contra João Goulart. La dictadura resultante (1964–1985) dejó centenares de asesinados, miles de torturados, censura y persecución política. El mensaje fue claro: incluso reformas moderadas eran inaceptables.
Chile (1973): democracia aplastada
Estados Unidos financió la desestabilización económica y política del gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el palacio de La Moneda. Allende murió ese día.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y un país transformado en laboratorio neoliberal. No fue una desviación: fue una decisión estratégica.
Operación Cóndor (1975–1983): terrorismo de Estado coordinado
Chile no fue una excepción. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron secuestros, torturas y asesinatos a través de la Operación Cóndor. Estados Unidos no dirigió cada operación, pero facilitó inteligencia, formación y cobertura diplomática. En Argentina, el saldo fue de 30.000 desaparecidos. Washington sabía. Y calló.
Centroamérica en los años ochenta: guerras sucias por delegación
En El Salvador, Estados Unidos financió un ejército responsable de masacres como El Mozote, donde casi 1.000 civiles fueron asesinados. La guerra dejó 75.000 muertos. En Nicaragua, armó a la contra, un grupo paramilitar acusado de terrorismo sistemático contra la población civil. Honduras se convirtió en plataforma militar regional.
El resultado fue devastador: sociedades rotas y democracias frágiles.
Granada (1983): invasión exprés
Estados Unidos invadió Granada para derrocar al gobierno surgido tras el asesinato de Maurice Bishop. La operación, presentada como rescate humanitario, fue una intervención militar directa contra un pequeño Estado caribeño.
Panamá (1989): invasión abierta
Cuando Manuel Noriega dejó de ser útil, Estados Unidos invadió Panamá. Bombardeó barrios densamente poblados para capturar a un antiguo aliado. Las estimaciones independientes sitúan las víctimas civiles entre varios centenares y algunos miles. La operación fue presentada como quirúrgica. Fue una invasión clásica.
Haití (2004): derrocamiento en el siglo XXI
Estados Unidos participó activamente en la destitución forzada de Jean-Bertrand Aristide, junto a Francia y Canadá. El resultado fue una nueva ocupación internacional y el colapso institucional que aún persiste.
Honduras (2009): golpe legitimado
El golpe contra Manuel Zelaya fue condenado retóricamente, pero tolerado en la práctica. Desde entonces, Honduras ha vivido una intensificación de la violencia política y el asesinato de activistas como Berta Cáceres.
Bolivia (2019): presión y ruptura institucional
Estados Unidos no ejecutó el derrocamiento, pero respaldó el marco político y diplomático que legitimó la salida forzada del gobierno de Evo Morales y abrió un periodo de represión con decenas de muertos.
Venezuela (2002–presente): sanciones y asfixia
Desde el apoyo al golpe fallido de 2002 hasta las sanciones económicas, la estrategia ha sido el cambio de régimen. El impacto ha recaído de forma directa sobre la población civil. El secuestro del Nicolás Maduro es solamente el último acto de una larga historia de opresión, intervencionismo, e incumplimiento del derecho internacional.
Donald Trump cree que el único límite a su poder es su propia «moralidad». Así lo ha expresado en una entrevista con el New York Times. El Senado de Estados Unidos no opina lo mismo y votó a favor de limitar la posibilidad de que pueda realizar otro ataque como el de Venezuela, el pasado sábado, sin contar con el visto bueno del Congreso. Incluso cinco senadores republicanos se desmarcaron de las filas del trumpismo y votaron a favor de esta decisión. El presidente estadounidense los llamó «estúpidos» y exigió que nunca más ocuparan un cargo público.
La maniobra del Senado evidencia hasta qué punto el golpe en Venezuela ha conmocionado las bases de la política estadounidense y mundial. Tanto Washington como los gobiernos europeos y latinoamericanos están en guardia, debatiendo, analizando cuáles pueden ser los próximos movimientos de Trump y cómo hacerles frente. Se plantean dos estrategias: la confrontación (aún puramente verbal, con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron a la cabeza: ambos han rechazado explícitamente el «vasallaje» a Estados Unidos) y la colaboración. Esta última opción parece haber sido la elegida por Delcy Rodríguez. «Hay mucho maniqueísmo cuando se habla de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. No son algo extraordinario ni irregular las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela», afirmó la presidenta venezolana. Estas «relaciones económicas», en la actualidad, están marcadas por la orden de Trump de apoderarse del petróleo venezolano, venderlo y quedarse con las ganancias; los ingresos que puedan ir eventualmente a Venezuela, además, deberán gastarlos en productos estadounidenses.
En esta situación, Caracas ordenó ayer la excarcelación de un centenar de presos como gesto de buena voluntad. Entre los liberados hay cinco personas de nacionalidad española: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la venezolana con doble nacionalidad Rocío San Miguel. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, agradeció el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de Catar en la liberación de los primeros presos.
La semana que viene, Trump tiene previsto reunirse con María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo que fue desautorizada por el propio presidente norteamericano tras dar el golpe en Venezuela. «No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario», dijo de ella. A pesar del desaire, la opositora se ha mostrado exultante por viajar a la Casa Blanca para, según dijo literalmente, compartir con Trump su premio Nobel de la Paz. Quiere compartirlo con el hombre que, por interés económico, ha optado por la continuidad del chavismo.
A este descabellado clima de las relaciones internacionales hay que sumar la reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se mostró a favor de una mayor presencia estadounidense en Groenlandia. A favor… aunque la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya afirmado que si Estados Unidos ataca Groenlandia eso significará el fin de la OTAN.
Ante esta reacción, no sólo de Dinamarca sino de la mayoría de los líderes europeos, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se burló de la «loca sobreactuación» proveniente del Viejo Continente. En una entrevista con la cadena afín Fox News, Vance intentó endosarle a Europa una narrativa dudosa (y llena de apelaciones celestiales) sobre la conveniencia de que Groenlandia pase a manos norteamericanas: «Si, Dios no lo quiera, los rusos o los chinos… No digo que vayan a hacerlo, pero si alguien, Dios no lo quiera, lanzara un misil contra nuestro continente, Groenlandia es una parte fundamental en la defensa antimisiles».
Vance, además, se mostró muy condescendiente con sus «aliados» europeos. «Siempre argumentan sobre el pasado. Dirán, bueno, luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial o luchamos juntos en la guerra contra el terrorismo. Y estamos agradecidos por ello. Nos encanta tener estos aliados. Pero que hayas hecho algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo estúpido ahora», dijo Vance, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del trumpismo: si no aprueban nuestras ideas, son estúpidos.
La próxima semana intentarán coaccionar en persona a los líderes de Dinamarca y Groenlandia: el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con ellos para explicarles, por enésima vez, la importancia estratégica de la isla ártica para Estados Unidos.
Muere Brigitte Bardot y me propongo ver o volver a ver alguna de las películas que protagoniza. Mirando los comentarios a El desprecioen Filmin me encuentro con uno que me parece muy bonito: «No tengo el conocimiento suficiente para saber por qué me ha gustado». Y la valora con un nueve.
¿No nos esforzamos a menudo en razonar por qué nos gusta una obra de arte y a veces le añadimos interpretaciones que quizá no aporten nada? Me encanta esa sencillez: aceptar que desconoces los motivos del placer y el interés que te provoca una película o una novela o un poema.
Y es verdad que el arte nos emociona o interesa por razones y sensaciones tan complejas que intentar explicarlas puede llevar a simplificarlas.
En el otro extremo, el Frankenstein de Guillermo del Toro no me ha gustado nada y sí sé explicar por qué. No me parece que aporte nada de valor a lo que ya nos han dado el monstruo y su creador –o el creador monstruoso y la criatura–. Es verdad que hay un despliegue técnico y digital que puede resultar apabullante, pero también decepcionante. ¿Tal derroche de recursos para esto, para una nieve que parece hecha de algodón y para unos lobos de cartón piedra y para que en ningún momento la forma se convierta en contenido?
Es posible que fuera benévolo si se tratara de una obra más artesanal, pero me irrita este despilfarro grandilocuente que me ofrece tan poca cosa. Aunque me parece perfecto que se aleje del original, también me irrita el cambio que afecta a la coprotagonista. Entiendo que hoy es difícil repetir la figura femenina inventada por Mary Shelley, tan devota al genio, cuidadora abnegada, sacrificada. Pero al final Del Toro nos presenta a una mujer de carácter, con su propia agencia y que no se amilana ante el científico, pero muere sacrificándose por la criatura y enamorada de ella y de su cuerpo. Lo de la figura woke pero entregada al amor romántico no puede satisfacer a nadie porque pretende satisfacer a todos.
29 de diciembre
Leo un artículo sobre gastronomía de moda y me doy cuenta de que, aunque tenga mis pequeñas ínfulas gourmet, para algunas cosas vivo a espaldas de mi tiempo: no sé lo que es un smash burger, no tenemos un satisfryer ni hemos pensado tenerlo, no pagaríamos cinco euros por una gilda de diseño, me entero de la existencia del chocolate Dubai por el artículo y me maravillo de que se hayan puesto de moda los kebabs sofisticados. Y me quedo un rato meditando sobre el misterio de que se hayan convertido en tendencia –signifique esto lo que signifique– las prensas para hacer carpaccio; pero sé lo que es el carpaccio, así que tan fuera del mundo no estoy.
En realidad, no tiene sentido escandalizarse. Cada época tiene sus modas y seguirlas es a menudo una forma de distinción social, de mostrar que eres parte de un grupo especial. La diferencia con tiempos pasados es la siguiente: antes había gente que se arruinaba para poder seguir un determinado tren de vida al que correspondían vestidos lujosos, fiestas deslumbrantes, comidas pantagruélicas. Ahora puede suceder lo mismo, pero en la era del simulacro también puedes sugerir esa pertenencia elitista por medio de fotos que luego subes a redes sociales; quizá no te hayas comido tú ese chocolate Dubai ni sea tuya la satisfryer, pero fotografiándote con ella te cuelas en la tendencia y te autopublicitas como persona introducida en un modelo de vida al que no alcanzas…
Pero me acuerdo ahora del hidalgo al que sirve brevemente el Lazarillo, que se desperdigaba migas sobre la pechera para sugerir que había almorzado aunque las tripas le gritaran de hambre. Como decía aquel anuncio de bourbon:en realidad, las cosas no cambian.
6 de enero
Trump ha invadido Venezuela. No es que haya cambiado tanto la actitud de Estados Unidos, que siempre han entendido el mundo como conjunto de territorios que explotar; recordemos Chile, Bolivia, Honduras, Granada, Panamá, Irak, y por supuesto todos esos ataques en países africanos que desde España entendemos aún menos y por eso les prestamos poca atención. Lo único que ha cambiado es que a la administración de Trump le da igual guardar las formas. Si Eisenhower ocultaba que la CIA había sido instrumental en el asesinato de Lumumba, Trump se enorgullece de sus fechorías e indica claramente que no es una cuestión de legalidad ni de democracia sino de los intereses puros y duros de su país. Él no enarbola el derecho, muchos menos los derechos humanos, sino la fuerza. Al menos, sabemos a qué atenernos.
¿Le sucederá a Trump como al doctor Frankenstein, que esté poniendo en marcha una fuerza que escapará a su control y lo destruirá? No sucede siempre con los mundos monstruosos creados por los experimentos dictatoriales. Franco y Stalin murieron en la cama.
Leo las primeras reacciones de la derecha española, cómo intentan instrumentalizar el desastre para atacar a su némesis y vuelvo a pensar que no tienen absolutamente nada que ofrecer al país y por eso se dedican a embarrarlo todo, porque una vez que se ensucien todos los que están en el terreno, es más difícil distinguir quiénes son.
Ni una medida económica con cabeza, ni una medida social, ni una idea sólida de la política internacional que les gustaría defender. Tenemos a la peor derecha de la historia; y eso que el listón estaba muy alto. O muy bajo, según se mire.
Leyendo de forma alterna Política sexual y Viaje al manicomio, de Kate Millett. Me encanta cómo, en el primero, desvela la fanfarronería ridícula y misógina de Henry Miller y Norman Mailer –nunca me interesó ninguno de los dos, tampoco cuando Miller era mirado como un pope de la liberación sexual–. Ambos me parecían vagamente repulsivos sin que en la época en la que los leí –era jovencísimo– tuviese las herramientas para comprender y explicar por qué.
También me ha entusiasmado la contraposición que hace entre Ruskin y Stuart Mill a través de sus ensayos sobre la situación de la mujer. El primero, un liberal aparentemente bondadoso y a la vez, diríamos hoy, machista; el segundo de una valentía considerable al enfrentarse a las concepciones de su tiempo y al defender de manera radical la igualdad entre hombres y mujeres. Nunca ocultó el papel esencial en esos escritos de su mujer Harriet Taylor y de su hija Helen. En España lo publicó Emilia Pardo Bazán y escribió un interesante artículo sobre el ensayo. Leí el ensayo hace años y me pareció admirable no solo la reflexión, también su valentía al enfrentarse a la gente biempensante de la época y al reventar el consenso liberaloide. Por supuesto, Ruskin tuvo más éxito.
¿No sucede lo mismo ahora, que los libros que triunfan son los más complacientes, aquellos que nos dan exactamente lo que esperamos?
Envalentonado tras la intervención militar en Venezuela, Donald Trump ha señalado su próximo objetivo: Groenlandia. Este territorio, largamente codiciado por el mandatario estadounidense, alberga petróleo, gas, oro, uranio y materias primas críticas (litio, tierras raras, etc.). Como ocurrió en Venezuela (o en Irak en 2003), la excusa oficial para atentar contra la soberanía de un país extranjero no es explícitamente el saqueo de sus recursos naturales: en un comunicado oficial, la Casa Blanca declara que ambiciona el control sobre la isla para disuadir a sus «adversarios en la región del Ártico».
Los líderes europeos, reunidos ayer en París y conocedores de la táctica estadounidense, recordaron a Trump que Groenlandia es un territorio dependiente del Reino de Dinamarca y que, como miembros de la OTAN, todos juntos defenderán la isla de esos «adversarios» tan temidos en Washington. «Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», afirmaron los líderes de Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Reino Unido y Dinamarca. Aunque débilmente, es la primera vez que Europa alza su voz contra las ansias expansionistas de Trump.
En este sentido, el mandatario más contundente en sus críticas fue el español Pedro Sánchez: «No podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es Dinamarca. No podemos aceptarlo y no lo vamos hacer, ni como país ni como gobierno. No nos vamos a callar».
El presidente estadounidense, por su parte, en unas declaraciones a bordo del Air Force One, afirmó que se hará con el control de Groenlandia «en unos dos meses» o quizás antes, «en 20 días». Su primera opción es comprarla, como indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión con senadores de Estados Unidos. De este modo, replicaría el modelo por el cual se hizo con el control de Alaska en 1867. Y si eso falla, optarán por la vía de las armas. «El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe», indicó la Casa Blanca en un comunicado.
«El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado», declaró ayer Trump, quien en su hiperbólico estilo ensalzó el poderío militar de su país. Lo mismo hizo Rubio, descendiente de emigrantes (no exiliados) cubanos que tiene entre ceja y ceja la invasión de la isla caribeña. «Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado», aseguró tras el secuestro de Nicolás Maduro el pasado sábado.
El presidente norteamericano , en cualquier caso, tiene menos prisa que Rubio a la hora de asaltar Cuba. Trump ya ha expresado públicamente que confía en que el gobierno cubano caiga por sí solo tras cortarles el suministro de petróleo que recibían desde Venezuela. La grave crisis económica que vive la isla, causada en gran medida por el embargo estadounidense, ha llevado a su gobierno a sondear a otros posibles aliados. Sus primeros contactos han sido con la República Islámica de Irán.
Estados Unidos continúa sus maniobras para hacerse con el control político de Venezuela después del secuestro de Nicolás Maduro el pasado sábado. El mandatario venezolano fue trasladado al centro de detención metropolitano de Nueva York. Allí permanece a la espera de juicio acusado de «narcoterrorismo». Hoy, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal federal.
Washington bautizó su intervención en el país sudamericano como «Operation Absolute Resolve» (‘Operación Resolución Absoluta’). El nombre no responde con precisión a un golpe que está lejos de estar absolutamente resuelto: el equipo de Trump no ha derrocado formalmente al chavismo; de hecho, confiará en él para manejar el gobierno de Caracas en su nombre. En un primer momento descartó la posibilidad de que esa tarea recayera en María Corina Machado, líder de la oposición, o en Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por una decena de países y exiliado en España. Por el contrario, desde Washington se han multiplicado los contactos con miembros del gobierno de Maduro, en especial con su vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.
Rodríguez, en sus últimas intervenciones, ha pedido la liberación inmediata y sin condiciones de Maduro. También aseguró que Venezuela «no será colonia de nadie». Al mismo tiempo, ha invitado a Estados Unidos a «trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación». Trump dejó claro en su intervención del pasado sábado qué es lo que espera de ella: dijo que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta lo que llamó «una transición segura, apropiada y juiciosa» y que tomará el control de su reserva de petróleo, la más grande del mundo. Si no accede a sus condiciones, Rodríguez «pagará un precio muy alto, probablemente más alto que el del propio Maduro», añadió el presidente estadounidense.
Tras el golpe, miembros del equipo de Trump concedieron varias entrevistas en las que evidenciaron que no hay un discurso coordinado dentro de su gabinete. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado del derrocamiento de un dictador y de la liberación del pueblo venezolano. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, incidió en que con Venezuela bajo control estadounidense «las drogas dejarán de circular». Trump, en cambio, fue directo al grano: «Lo que necesitamos [de Delcy Rodríguez] es acceso total. Acceso total al petróleo».
Washington parece haber calculado una mejor rentabilidad para sus intereses si es el propio chavismo, desde el palacio de Miraflores, quien admita su rendición y entregue sus recursos naturales que poner en su lugar a un gobierno títere (en las figuras de González o Machado) que, eventualmente, podría encender una resistencia armada en el interior del país.
«Nuestros pueblos merecen la paz y el diálogo, no la guerra», afirmó Delcy Rodríguez tras asumir la presidencia del país decretada por el Tribunal Supremo de Justicia ante la «ausencia forzosa» de Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha sido otro de los altos cargos del Gobierno venezolano respetados por Washington. También él ha pronunciado declaraciones confusas desde el golpe del pasado sábado. Por un lado, ha condenado enérgicamente la intervención de Estados Unidos; por otro, ha expresado públicamente el apoyo de las Fuerzas Armadas a Delcy Rodríguez para garantizar la «continuidad constitucional».
Por el momento no existe un balance fiable del número de personas asesinadas en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Según reporta el New York Times, esa cifra ascendería al menos a 80 muertos, citando como fuente a un alto cargo venezolano. Entre ellos habría 32 ciudadanos cubanos, según informa el gobierno de La Habana. Estas personas «cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos» de Venezuela, indica el comunicado oficial difundido desde Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el golpe de Estado en Venezuela: «Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada», ha dicho desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Durante las preguntas de la prensa, remarcó que iban a «dirigir el país bien, con juicio» y que «dirigir Venezuela llevará un tiempo».
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han sido muy claros en sus exposiciones. Por un lado, el presidente ha anunciado que “el petróleo va a fluir como debería. Lo vamos a gestionar bien”. Por otro, han advertido que Cuba y Colombia tienen razones para estar preocupadas.
Poco antes de su comparecencia, había difundido una imagen de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y los oídos tapados, a bordo del buque militar Iwo Jima rumbo a Nueva York, donde será juzgado por cuatro delitos, entre ellos, por presunto “narcoterrorismo”.
El secuestro de Maduro y su mujer, Cilia Flores, se produjo esta madrugada en el marco de una agresión militar aérea que Trump ha calificado repetidamente como “espectacular”.
A las 20h, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha denunciado el «secuestro ilegal» de Maduro y ha pedido su liberación inmediata. «Lo que hoy hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera», añadió en su comparecencia, durante también llamó a la calma.
Las declaraciones de Rodríguez chocan con las de Trump, quien había asegurado dos horas antes que Rubio había hablado con la vicepresidenta venezolana, y que esta se había mostrado “sorprendemente colaboradora”. Por el contrario, ha descartado que María Corina Machado, líder de la oposición, pueda liderar Venezuela porque “no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país”.
Ataques previos
Estados Unidos lanzó un ataque contra Venezuela con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro en la madrugada del sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de su red social que lo habían «capturado y sacado del país». La agresión contra el país sudamericano, al margen del derecho internacional, incluyó bombardeos en las ciudades de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.
Este «ataque a gran escala», como lo ha definido Trump, se venía gestando desde hace meses; durante ese tiempo se produjeron diversas ofensivas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe que, según informaba Washington, pertenecían a narcotraficantes. Este punto jamás ha sido debidamente verificado. Más de 100 personas han sido asesinadas en esos ataques. Trump ha acusado a Maduro, igualmente sin pruebas, de ser el líder del Cártel de los Soles, una banda a la que EE.UU. ha clasificado como organización terrorista internacional.
La cuestionable veracidad de estas acusaciones contrasta con el hecho incontrovertible de que Venezuela posee la mayor reserva mundial de petróleo y que desde Washington consideran de gran importancia geoestratégica controlar esos yacimientos.
Donald Trump, flanqueado por sus hombres de confianza en la operación contra el gobierno de Maduro. RTVE
La reacción de España
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reaccionado al ataque estadounidense con un comunicado en el que hace «un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas».
Además, el Gobierno español recuerda que «no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela». También remarca que España «ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país».
Las recientes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela representan algo más que un nuevo episodio de tensión bilateral. Constituyen un desafío directo al derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede evolucionar el orden mundial si se normaliza el uso unilateral de la fuerza. Ataques con drones, operaciones navales, interceptaciones de embarcaciones y amenazas de bloqueo han convertido al Caribe y al Pacífico oriental en un escenario de militarización sin precedentes.
El coste humano de esta escalada resulta especialmente alarmante. En los últimos meses, más de un centenar de personas han muerto como consecuencia de bombardeos y ataques contra embarcaciones llevados a cabo por fuerzas estadounidenses. Las víctimas eran civiles, ejecutados sin haber sido detenidos, juzgados ni sometidos a procedimiento alguno, lo que podría encuadrarse en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional.
El marco jurídico es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admiten dos excepciones: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas concurre en el caso venezolano. No existe mandato alguno que legitime un bloqueo ni ataques armados, ni se ha acreditado una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa. Lo que hay es una actuación unilateral que vulnera principios básicos del orden jurídico internacional.
Además de la prohibición del uso de la fuerza, la actuación unilateral de EE.UU. atenta directamente contra los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países, que conforman la base de una convivencia pacífica entre Estados y sobre los que descansa el derecho internacional.
Sin embargo, tampoco debe resultar extraño si tomamos en cuenta el desprecio de Donald Trump hacia el sistema multilateral, desautorizando reiteradamente a Naciones Unidas, calificándolas de “organismo inútil” y defendiendo que Estados Unidos no necesita el aval de nadie para “defender sus intereses”. En relación con Venezuela, Trump ha sido aún más explícito. En diversas declaraciones públicas ha subrayado que posee “enormes reservas de petróleo” y que esos recursos “no pueden quedar en manos de enemigos de Estados Unidos”. Altos cargos de su administración han insistido en la necesidad de “proteger intereses energéticos estratégicos” en la región.
Cuando el uso de la fuerza coincide tan claramente con intereses económicos, el derecho internacional pasa a convertirse en un obstáculo incómodo. Como ha señalado el prestigioso jurista y exrelator de la ONU, Richard Falk, cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas comunes “el derecho internacional deja de cumplir su función de contención del poder”.
La magnitud del despliegue militar estadounidense refuerza esta preocupación. Estados Unidos no concentraba tanto poder militar en la región desde los años ochenta, durante los conflictos en Centroamérica y la invasión de Panamá. Tampoco se recuerda, desde el final de la Guerra Fría, una presencia militar tan intensa y prolongada en el espacio marítimo frente a las costas de Venezuela y Colombia como foco de presión.
En la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada a petición de Venezuela, varios Estados denunciaron que las acciones estadounidenses violan la soberanía venezolana y socavan los principios fundacionales de la ONU. El representante de China fue especialmente contundente al advertir que “el uso unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad debilita gravemente el orden internacional basado en el derecho”.
No se trata de una discrepancia ideológica, sino de la defensa de normas mínimas que permiten la convivencia entre Estados, la estabilidad en la región y un aspecto clave, siempre olvidado, el impacto de estas medidas sobre la población civil. Los bloqueos de facto, las sanciones y las amenazas militares no castigan a los gobiernos, sino a las sociedades y, especialmente, a los grupos más vulnerables.
Pero hay una cuestión aún más profunda. Lo que ocurre en Venezuela puede interpretarse como un laboratorio de una reconfiguración del orden mundial. Como advierten varios analistas, como la politóloga Anne-Marie Slaughter, el abandono del multilateralismo solo “conduce a un mundo regido por esferas de influencia y por la ley del más fuerte”. Aceptar esta lógica implica asumir que el derecho internacional es prescindible cuando resulta incómodo y también normalizar que las grandes potencias puedan imponer su voluntad por la fuerza, fundamentalmente por sus intereses económicos.
Defender el derecho internacional hoy significa preservar las reglas que evitan que el mundo retroceda a la “diplomacia de las cañoneras” propia del imperialismo del siglo XIX. La actuación de Estados Unidos en Venezuela no solo vulnera la legalidad internacional, sino que apuntala un modelo de relaciones internacionales basado en el unilateralismo, la coerción y la fuerza, erosionando el sistema multilateral y sentando un precedente extremadamente peligroso para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.
Enrique López es profesor asociado deDerecho Internacional Públicoen la Universidad Carlos III de Madrid.
Donald Trump tiene sin duda ambiciones globales. Está utilizando los aranceles para remodelar la economía mundial. Está retirando a Estados Unidos del mayor número posible de organizaciones y acuerdos multinacionales con el fin de destruir el orden internacional liberal. Y ha alternado entre enfrentarse a adversarios (como Irán) y negociar un alto el fuego (como el de Gaza).
Pero también tiene objetivos hemisféricos: consolidar la hegemonía estadounidense en el “patio trasero” de América Latina y el Caribe. En cierto modo, estos objetivos no son más que una versión a pequeña escala de sus ambiciones globales. Aquí también está imponiendo aranceles tanto a aliados como a adversarios. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de pactos multinacionales como la Organización de Estados Americanos. Ha apoyado a amigos autocráticos —Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador— y ha tratado de castigar a cualquiera que se le haya enfrentado, incluidos Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.
En este contexto, su política hacia Venezuela parece apartarse de su enfoque habitual hacia los adversarios de Estados Unidos, que suele consistir en negociaciones transaccionales (como con Corea del Norte y Bielorrusia) o, más frecuentemente, en amenazas y acciones no militares (como con China y Rusia). En los últimos meses, por el contrario, la administración Trump ha atacado a casi dos docenas de embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental, y ha matado a más de 80 personas, a la mayoría de las cuales la administración ha intentado vincular con Venezuela. Estados Unidos ha puesto precio (50 millones de dólares) a la cabeza del líder venezolano Nicolás Maduro. Ha enviado una considerable potencia de fuego a la región, incluyendo aviones F-35, ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de ataque de propulsión nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses y 6.000 marineros. Por si fuera poco, la administración también ha anunciado el envío de una misión de la CIA a Venezuela.
Esta fuerza militar es suficiente para llevar a cabo una guerra aérea sostenida contra Venezuela. Sin embargo, un asalto anfibio o una invasión terrestre requerirían de al menos 50.000 soldados, según el CSIS, por lo que aún no parece estar en el horizonte. Trump ha sugerido que la guerra es improbable, pero rara vez revela sus planes con antelación. Por el momento, esta demostración de fuerza parece diseñada para intimidar a Maduro y obligarlo a dimitir o para envalentonar a la oposición o a elementos del ejército para que tomen el poder.
En otros países, su gobierno no ha dudado en amenazar con acciones militares (como en Groenlandia) o incluso usar la fuerza (como en Irán). Pero la campaña contra Venezuela es de una magnitud mucho mayor. La declaración de “guerra” contra los “narcoterroristas” proporciona a ese gobierno una justificación casi ilimitada para matar a cualquiera que se considere una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. Trump ha criticado periódicamente a gobiernos anteriores por su participación en “guerras eternas”, un mensaje populista que caló hondo en muchos votantes. Sin embargo, esta nueva versión de la guerra eterna contra las drogas, con objetivos imprecisos y sin un cronograma claro, no ha suscitado muchas críticas por parte de los partidarios republicanos de Trump. Una votación en el Senado para invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó por un estrecho margen, al obtener sólo dos votos republicanos.
A primera vista, la estrategia de Trump para señalar a Venezuela parece más oportunista que estratégica. El gobierno venezolano, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2024 revelaran un descontento generalizado con el régimen, es relativamente débil. La economía venezolana sufre la tasa de inflación más alta del mundo y una grave erosión del nivel de vida. De la misma manera en que Trump bombardeó Irán sólo después de que Israel hubiera hecho que dicha misión estuviera prácticamente libre de riesgos, está presionando a Venezuela porque su modesto tamaño, debilidad militar y gobierno impopular la convierten en un blanco fácil.
Pero Cuba también sufre desafíos internos similares y (aún) no ha merecido una campaña de presión estadounidense a gran escala. Venezuela ha suministrado petróleo a Cuba durante las últimas dos décadas, evitando que su economía colapsara. Sin embargo, ese comercio ha disminuido sustancialmente, de 56.000 barriles diarios a tan sólo 8.000 en junio de 2025. Actores clave de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, llevan mucho tiempo abogando por un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, una posible explicación de la campaña contra Venezuela es su capacidad para aislar aún más a Cuba y posiblemente desencadenar un cambio de régimen allí como parte de una nueva teoría del efecto dominó sostenida por algunos sectores de la administración.
Sin embargo, el equipo de Trump no está del todo unificado en su enfoque hacia Venezuela. Un ala neoaislacionista ha estado presionando contra las estrategias de cambio de régimen. Hasta hace poco, el enviado de Trump a Venezuela, Richard Grinnell, impulsaba esta postura, y Maduro se mostró más que receptivo a una solución diplomática. Según The New York Times, Maduro “ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas”. Ni siquiera esta generosa oferta, que rozaba lo servil, logró convencer a Trump.
El oportunismo no explica del todo la magnitud de los esfuerzos de Trump en Venezuela y sus alrededores. Tampoco lo hace la conocida animadversión hacia Maduro que se remonta a su primer mandato. Aunque los instintos de Trump son generalmente transaccionales, de vez en cuando realiza cálculos geopolíticos. En este caso, Venezuela atrae su atención porque, a diferencia de Cuba, se encuentra en la encrucijada de varias obsesiones: la inmigración, las drogas, los combustibles fósiles y China.
Expulsar a China del hemisferio
China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto. La región envía a China materias primas como soja, cobre y petróleo a cambio de productos manufacturados. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado inversiones considerables hacia proyectos de minería, agricultura e infraestructura en toda América Latina. Pekín también ha abierto múltiples líneas de crédito para los países de la región. Venezuela es el mayor prestatario, con una deuda de 60.000 millones de dólares con China, el doble de la del siguiente mayor receptor, Brasil.
La administración Trump se centra en desvincular la economía estadounidense de la china. Su mayor ambición es desvincular todo el hemisferio, empezando por América del Norte. Su estrategia hasta el momento en las negociaciones con Canadá y México, que se llevarán a cabo de forma bilateral o trilateral mediante la renegociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ha sido cerrar el acceso de China a los mercados norteamericanos mediante el bloqueo del transbordo de productos terminados chinos, la reducción de la cantidad de piezas y componentes chinos en la cadena de suministro y la restricción de la inversión china en plantas de fabricación que luego exportan a Estados Unidos. Trump está obsesionado con los intentos chinos de entrar al mercado norteamericano a través de estas puertas traseras, aunque el uso chino de estas estrategias es bastante modesto. Los negociadores comerciales estadounidenses han estado presionando a sus homólogos mexicanos y canadienses para que bloqueen estos puntos de entrada al mercado estadounidense.
Trump está ejerciendo presiones similares sobre otros líderes latinoamericanos. Comenzó presionando a Panamá para que se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más recientemente, ha centrado su atención en Argentina, que es el segundo socio comercial más importante de China en la región después de Brasil. China ha invertido en varios proyectos importantes de infraestructura en Argentina, incluyendo dos represas hidroeléctricas, un observatorio espacial y la construcción de otra central nuclear. Trump, mientras tanto, ha otorgado un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares a Milei para prevenir una crisis económica, dejando clara su preferencia por que Argentina degrade su relación con China.
Se ha hablado mucho de que Trump recurra a una estrategia geopolítica de “esferas de influencia”, por la que China se centra en Asia, Rusia en sus “países circundantes” y Estados Unidos en América. Esta división del mundo quizás se alinee con la preferencia de Trump por considerar la geopolítica como un negocio por otros medios, con diferentes regiones funcionando como territorio corporativo.
Pero Trump no está retirando a Estados Unidos del resto del mundo. Ha asegurado derechos mineros en Ucrania, ha negociado la participación estadounidense en un corredor de transporte entre Armenia y Azerbaiyán, y ha establecido acuerdos sobre minerales con el “club de naciones” (Australia, Camboya, Japón, Malasia y Tailandia). Y su administración está redoblando sus esfuerzos para contener a China mediante alianzas, la expansión de bases en el Pacífico y un mayor gasto del Pentágono.
Mientras tanto, la estrategia de Trump hacia las Américas se enfrenta a una considerable resistencia. México ha afirmado su soberanía respecto a su relación económica con China y su rechazo a la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico. El gobierno brasileño se ha negado a dar marcha atrás en el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro ante el aumento de los aranceles estadounidenses. Incluso Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa tiene una fuerte afinidad ideológica con Trump, no puede permitirse poner en peligro su relación con China, que ha implicado un considerable volumen de comercio, inversiones en infraestructuras y 11.000 millones de dólares en préstamos.
El esfuerzo de Trump por reducir la influencia económica china en la región tiene menos que ver con una estrategia geopolítica de “esferas de influencia” que con el deseo del presidente de reducir la dependencia de Estados Unidos —y, por extensión, la dependencia hemisférica— de Pekín. Quiere que las corporaciones, los bienes y el capital estadounidenses ocupen el primer lugar en América Latina, no en el sentido de una producción globalizada, sino en un sistema radial donde todas las decisiones clave y la fabricación se realicen en Estados Unidos.
Otros factores que impulsan la política trumpista hacia Venezuela
Donald Trump ganó la reelección en gran medida gracias a su enfoque en asuntos internos, especialmente en inmigración, drogas y política energética. Minimizó deliberadamente los asuntos internacionales, salvo para prometer el fin de varias guerras que le costaban dinero y armas a Estados Unidos.
Sin embargo, Venezuela reúne muchos de los objetivos nacionales de Trump. Si bien el país no es la principal fuente de cocaína ni fentanilo que entra en Estados Unidos, Trump ha caracterizado la operación criminal venezolana Tren de Aragua y al gobierno de Maduro como responsables clave de asesinatos de estadounidenses a través de las drogas. También ha utilizado el Tren de Aragua para vilipendiar a inmigrantes y ha hecho un gran alarde de la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador (pocos, si es que alguno, de los deportados tenían tales conexiones). La orden del gobierno que canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 300.000 venezolanos residentes en Estados Unidos mencionaba repetidamente el Tren de Aragua.
Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, cinco veces más que las de Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, principalmente Chevron, han colaborado con la petrolera estatal venezolana para producir y transportar petróleo. Trump inicialmente rompió esa relación, pero la restableció discretamente en julio. Simultáneamente, la administración Trump impuso un arancel adicional a los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron recientemente su máximo en cinco años, impulsadas principalmente por las ventas a China y favorecidas por la participación de Chevron en la producción.
Trump, por su parte, ha impulsado la expansión de sus intereses en combustibles fósiles en Estados Unidos, abriendo nuevas áreas de perforación, ofreciendo incentivos fiscales a las compañías de gas y petróleo, reduciendo la supervisión regulatoria y debilitando la competencia en energías limpias. Sin embargo, cualquier reorientación a largo plazo de la economía estadounidense hacia el petróleo requerirá acceso a otras fuentes. Rusia está fuera de la ecuación por el momento. Oriente Medio es impredecible. Venezuela es problemática si su gobierno decide restringir el acceso de Chevron o dar un trato preferencial a China o a algún otro cliente. Así pues, independientemente de lo conciliador que pueda ser Maduro en este momento, la administración Trump quiere garantizar un acceso seguro a los depósitos de Venezuela durante mucho tiempo en el futuro.
La administración Trump ha enmarcado su afán por asegurar materias primas críticas como el litio, las tierras raras y el petróleo como parte de su competencia con China. Sin embargo, China ha anticipado desde hace tiempo la centralidad de minerales clave —por ejemplo, al asumir el procesamiento de tierras raras de Estados Unidos hace algunas décadas— y se está alejando rápidamente de su propia dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la administración Trump llega demasiado tarde y se centra demasiado en el objetivo equivocado.
Venezuela tampoco es el socio más importante de China en América Latina. Pero la administración Trump podría estar atacando a Maduro por ser el eslabón más débil. Según el adagio chino, hay que matar al pollo para asustar a los monos más poderosos. La creciente presión sobre Venezuela es una señal para que China y otros actores poderosos reduzcan sus inversiones en el hemisferio y, más aún, una advertencia para otros Estados latinoamericanos de que es mejor que sigan la línea de la administración Trump, o de lo contrario…
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«Primero, el miedo. Después, si no estás atento, la crueldad lo invade todo». Isabel Bono
«Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes». Con esta sola frase del discurso con el que inauguró su segunda legislatura, Donald Trump pisoteaba el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que recoge uno de los principios que ha guiado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial: la inviolabilidad de las fronteras. El presidente se aliaba así con los líderes que han provocado los dos conflictos que están alumbrando una nueva era: el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania. El magnate había ganado sus primeras elecciones prometiendo acabar con las guerras estadounidenses en el extranjero y comenzó el segundo anunciando la vuelta a las guerras imperialistas y a las anexiones territoriales ilegales. Y lo hizo de manera explícita, sin eufemismos ni falsas justificaciones. Porque Trump está imponiendo un nuevo orden global en el que la única norma es el dominio del más fuerte, es decir, el de Estados Unidos sobre el resto de los países. Y para asentarlo, tanto él como el resto de miembros de su administración emplean un lenguaje que normaliza los pilares y el funcionamiento de un nuevo mundo regido por un desprecio declarado y absoluto por los principios democráticos, por las reglas universales, por la moralidad, por la negociación, por la diplomacia y por el multilateralismo. Un presidente que pilota un gobierno al modo de los cárteles: plata o plomo. O lo que es lo mismo: dinero o fuerza bruta.
Y para normalizar esta ideología neofascista en el imaginario global, el gabinete estadounidense se esfuerza por evidenciarlo en todos los lenguajes: el verbal, como cuando gritó en el homenaje a Charlie Kirk que a sus enemigos les deseaba lo peor, o cuando humilló al presidente Zelensky en su primera visita a la Casa Blanca; el audiovisual, con sus vídeos creados con IA que mostraban la construcción de un resort encima de las fosas del genocidio de Gaza o aquellos en los que él mismo pilota un helicóptero desde el que vierte excrementos sobre quienes se manifiestan contra su presidencia y con el que secuestra a sus opositores políticos para deportarlos; y el gestual, como cuando se hace rodear de líderes europeos en una escenografía que los presenta como súbditos en la Casa Blanca.
Y si Trump se puede permitir estos delirios autocráticos es porque su segunda victoria, tras haber ostentado ya la presidencia entre 2016 y 2020, evidencia que no se trata de un fenómeno aislado o disruptivo, sino de la manifestación de una corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en Estados Unidos se ha solidificado en una parte de la sociedad que desprecia la democracia, reclama modos y políticas autoritarias, reivindica la hegemonía del supremacismo blanco, aplaude el insulto, la zafiedad, la ignorancia y la soberbia. La ya frágil democracia norteamericana vive un cambio de régimen y en él Trump está dando una nueva vuelta de tuerca al imperialismo que Estados Unidos ha ejercido de manera tan despiadada como desprejuiciada desde la Segunda Guerra Mundial.
El líder autocrático ha alumbrado una forma de ejercer el poder en la que verbaliza y combina la amenaza, la coerción y el chantaje comercial, económico, político y militar. Con una diferencia sustancial respecto a sus antecesores: no se molesta en justificarlo ni en crear falsas excusas o motivaciones como hizo, por ejemplo, la Administración Bush con las armas de destrucción para invadir Irak. El mundo según Trump debe regirse solo por su orden y mando, como demuestra en la propaganda en la que porta una corona y que difunde en su propia red social (a la que ha llamado Truth, porque en su mundo, él decide qué es verdad, un procedimiento que su entorno ha dado en llamar «hechos alternativos»).
Lo más preocupante es que durante este primer año de la era Trump 2.0, hemos visto cómo la mayoría de los líderes políticos mundiales no han opuesto resistencia a interpretar su rol de vasallos ante el rey, emperador o líder supremo –dependiendo de la tradición de la que procedan–, como han demostrado Ursula von der Leyen, el rey Carlos de Inglaterra o Nayib Bukele.
Cómprese (y si no, invádase)
«Obtendremos Groenlandia. Sí, al cien por cien. Existe una buena posibilidad de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no voy a descartar nada», anunció el presidente Trump poco después de tomar posesión en una entrevista para la cadena NBC.
El líder republicano combina un lenguaje simplista y directo con una ambigüedad que le permite mantener uno de los rasgos distintivos de los sistemas autocráticos: la arbitrariedad.
A la vez, Trump ha roto con la percepción habitual del tiempo al hacer añicos los conceptos de imprevisibilidad e irracionalidad. Por eso, resulta conveniente repasar algunos de los hitos de la presidencia estadounidense del último año y cómo los ha comunicado para entender la doctrina del shock que está empleando. Como aquel primer sobresalto con el que inició su mandato: la amenaza contra la soberanía de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Lo cierto es que ya durante su primera legislatura, Trump intentó negociar la compra de la isla. Ante la negativa del Ejecutivo de Copenhague, el presidente estadounidense canceló su visita oficial. Y de nuevo, cinco días antes de volver a convertirse en inquilino de la Casa Blanca, llamó personalmente al primer ministro danés para advertirle de que si no se la vendía, se la quedaría por la fuerza.
Marcando el territorio: el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realiza una visita a la base militar de Pituffik, en Groenlandia, el 28 de marzo de 2025. JIM WATSON / REUTERS
El chantaje económico empleado por Trump bajo la amenaza de intervención militar rompe con los ya difusos límites existentes entre la coerción y la diplomacia y está dibujando nuevas formas de ejercer el poder fuera de cualquier norma. Algo que de seguir en esta senda militarista, veremos agravarse ante la lucha por unos recursos cada vez más escasos. Las áreas costeras de Groenlandia cuentan con unos 17.500 millones de barriles de petróleo y 148.000 millones de pies cúbicos de gas natural, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y posee, igualmente, cantidades significativas de metales de tierras raras, imprescindibles para las tecnologías de energía verde. Además, se trata de un enclave con un valor estratégico creciente para el comercio marítimo con Asia a medida que la crisis climática acelera el descongelamiento del Ártico. El periodista Mario G. Mian, uno de los mayores expertos en Groenlandia, recuerda en su último libro que en esta isla China, Rusia y la OTAN están librando la llamada «Guerra Blanca» por el control geopolítico de la zona. En cualquier caso, Estados Unidos ya cuenta con una base militar allí después de que Truman también intentase comprarla por 100 millones de dólares tras la Segunda Guerra Mundial.
Amagando el golpe
Tras el primer genocidio televisado, el de Gaza, podemos estar asistiendo al primer anuncio televisado de un golpe de Estado. De hecho, si hay un caso de estudio sobre cómo Trump está empleando el lenguaje para crear un escenario en el que sus actuaciones ilegales se presenten como necesarias, lógicas e, incluso, inevitables es, sin duda, el de Venezuela.
Desde que Trump anunciase la primera ejecución extrajudicial de tripulantes de una embarcación procedente de Venezuela, tanto él como todos los miembros de su gabinete han pasado a referirse al gobierno de Nicolás Maduro como régimen «narcoterrorista». Con ese concepto, fusionan la lucha contra las drogas –con la que Washington justifica, desde hace décadas, la intervención militar de sus tropas en Latinoamérica– con el terrorismo, asemejando así al Ejecutivo de Caracas con los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra contra el terrorismo sigue siendo uno de los pilares de las políticas colonialistas estadounidenses y, al vincularla con Venezuela, reviste de seguridad lo que en realidad responde a un choque ideológico contra la izquierda bolivariana y, sobre todo, a la pugna por los recursos naturales –especialmente, el petróleo–.
Captura del vídeo facilitado por las autoridades estadounidenses del ataque militar a una lancha en el mar Caribe.
Además de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe –pese a que más del 70% de la droga entra en Estados Unidos por el Pacífico–, Trump ha autorizado a la CIA a «realizar operaciones encubiertas», el eufemismo bajo el que la Casa Blanca ha impulsado golpes de Estado, instaurado dictaduras y asediado revoluciones durante décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la oposición política y ha impuesto severas sanciones económicas al país latinoamericano. Tras su vuelta al poder, Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por la entrega de Maduro y ha desplegado en las inmediaciones de Venezuela su mayor operación naval desde la primera guerra del Golfo. Por tanto, la actuación de la CIA debe tener un objetivo que vaya aún más allá.
‘Supremacist First’
En su toma de posesión, Trump recuperó el concepto de «destino manifiesto», creado por el columnista conservador John O’Sullivan en 1845 para defender que, siguiendo los dictados de Dios, Estados Unidos debía ocupar Texas y expandirse por toda Norteamérica. De hecho, Trump se ha declarado seguidor de William McKinley, su homólogo entre 1897 y 1901, y quien, como él, fusionó un proteccionismo arancelario con un colonialismo que le llevó a ocupar Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba. Se estableció entonces la Doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos tenía el deber de controlar Latinoamérica para proteger sus intereses económicos y de seguridad. Esta visión teocrática, conocida como «excepcionalismo», sostiene que se trata de un país superior al resto, un canon al que todos deben aspirar y que, por tanto, tiene la legitimidad y el deber de guiar e imponer su modelo en todo el mundo, instaurando incluso presuntas democracias mediante bombardeos, invasiones y guerras.
La diferencia de Trump con respecto a los anteriores presidentes es que no sólo no lo oculta, sino que hace ostentación de ello. El «America First» enarbolado por el magnate es la expresión más sincera de esta concepción del mundo que tiene parte de la sociedad estadounidense y también del norte global. Un mundo en el que el sur es, si acaso, el fondo de sus postales de vacaciones o lugares en los que hacer negocio desde una posición ventajista, como escribió Zadie Smith. Por ello, el vídeo difundido por Trump sobre la construcción de un resort en Gaza es solo la expresión más descarnada de la identidad fascista estadounidense, como la define la periodista Suzy Hansen en Notas desde un país extranjero, un libro por el que fue finalista del premio Pulitzer en 2018. La actual administración está derruyendo los pocos contrapesos internos con los que contaba la democracia estadounidense y los mecanismos multilaterales internacionales en los que, sobre todo, se teatralizaba la aspiración a un futuro orden global democrático.
Nombrar para dominar
En los primeros días de vuelta al Despacho Oval, Trump ordenó a la prensa estadounidense que llamase Golfo de América al Golfo de México. Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, siguió usando el nombre oficial, por lo que fue expulsada de las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Cuando Trump se postuló como ganador irrebatible del premio Nobel de la Paz, llamó «acuerdo de paz» a lo que no era más una tregua dirigida a consolidar la ocupación de los territorios palestinos y a garantizar la impunidad de Israel por sus crímenes, incluido el genocidio. Y durante las primeras horas del anuncio, numerosos medios reprodujeron acríticamente ese concepto de «acuerdo de paz», convirtiéndose en correa de transmisión de su propaganda y legitimándolo ante la opinión pública internacional, pese a que violaba cualquier derecho de los palestinos. Sin embargo, ante la persistencia de los bombardeos israelíes sobre la Franja, muchos se vieron obligados a rectificar y emplear términos como «el plan de Trump». Pero ya había quedado en evidencia su capacidad para imponer marcos de interpretación sin apenas encontrar resistencia entre medios de comunicación y periodistas, quienes tenemos el deber de fiscalizar el lenguaje del poder para descifrar y transmitir su verdadero significado.
Fue, además, durante la presentación de este acuerdo ante la Knéset israelí donde hizo gala de su determinación para hacer de la injerencia explícita un rasgo de su política. Lo hizo al insistirle al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultase a Benjamín Netanyahu: «Concédale el indulto. Vamos (…) nos guste o no, es uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Y unos cuantos cigarros y champán, ¿a quién le importan?». Se refería a los juicios por corrupción que tiene pendientes; para evitarlos, según infinidad de expertos, Netanyahu ha impulsado un genocidio en Gaza que le permite suspenderlos mediante el estado de excepción.
Celebración del genocidio
Y, como culmen de la pedagogía de la crueldad que define todas sus políticas, convirtió su intervención parlamentaria en la celebración del genocidio: «Bibi me llamaba muy a menudo. ¿Puedes conseguirme esta arma? ¿Esta otra? ¿Y esta otra? De algunas de ellas nunca había oído hablar. Bibi y yo las fabricamos. Pero las conseguimos, ¿no? Y son las mejores. Son las mejores. Pero tú las has usado bien. También se necesitan personas que sepan usarlas, y tú claramente las has usado muy bien».
Ciudad de Gaza vista desde un puesto militar israelí en el barrio de Shujaiya. NIR ELIAS / REUTERS
También aprovechó para ahondar en su particular doctrina del shock, basada en el desprecio por la moralidad y en la destrucción, como persiguen todos los líderes fundamentalistas, del consenso sobre los valores éticos mínimos que deben regir nuestras sociedades. Para ello, alabó a los firmantes de los Acuerdos de Abraham, a los que ensalzó por ser «hombres muy ricos», los dos elementos que, según la cosmovisión trumpista, deben regir el mundo: los hombres y el dinero. De hecho, apenas unas horas después, en la cumbre que celebró en Egipto con el mismo motivo, entre los mandatarios asistentes sólo había una mujer, Georgia Meloni, a la que enalteció señalando que era «guapa», justo después de decir que referirse a una mujer con este concepto «acabaría con la carrera de cualquier político», pero que él se iba a «atrever». Es decir, apología del machismo disfrazada de la valentía con la que se abanderan los ultras para defender la libertad de expresión que, precisamente, ellos mismos restringen en cuanto llegan al poder.
Apenas un mes después, tras la incontestable victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, varios medios internacionales publicaron que los republicanos habían comenzado a reformar los distritos electorales para garantizarse la victoria en las elecciones legislativas de 2026. Además, alertaban de que es más que posible que el Tribunal Supremo, con mayoría absoluta conservadora, falle en junio a favor de una reforma de la Ley del Derecho al Voto que dejaría fuera a las minorías.
Nos encontramos, pues, ante un escenario en el que incluso los analistas más conservadores y prudentes no descartan que Trump consiga sumir a Estados Unidos en una autocracia. Y lo está haciendo sin ocultar sus aspiraciones, todo lo contrario: verbaliza sus planes para normalizarlos ante la opinión pública, se reivindica como un líder al que le gustaría gozar de un poder absolutista mundial para implantar un régimen dominado por hombres blancos y ricos, de ideología neofascista, ultramachista y con el objetivo declarado de acabar con el sistema democrático, pluralista y multilateral tanto a nivel interno como internacional. Ivo Daalder, exembajador estadounidense ante la OTAN, lo resume así: «Con Trump en el cargo, el orden basado en reglas ya no existe».
El Ministerio de la Guerra
Como a cualquier buen cryptobro, a Trump no le gustaba el nombre de Departamento de Defensa. Le parecía que sonaba «demasiado a la defensiva», que los que lo nombraron así después de 1945 se habían dejado arrastrar por «lo woke». Por eso ordenó que volviese a su denominación original, Departamento de la Guerra, porque «a todo el mundo le gusta la increíble historia victoriosa» de cuando se llamaba así. Pero no se trata, o al menos no solo, de una manifestación testosterónica del presidente estadounidense, sino de un nuevo capítulo en su estrategia para legitimar lo reprobable, normalizar el oprobio nombrándolo para reivindicarlo. Incluso, o especialmente, cuando se trata de la peor actuación de la que es capaz el ser humano: la guerra. Durante el anuncio en el Despacho Oval del cambio de nomenclatura, el nuevo secretario de Defensa, Pete Segeth, resumió así su directriz: «Máxima letalidad, no una tibia legalidad».
Según medios especializados como The Diplomat, asistimos a un aumento de las posibilidades de una guerra nuclear después de que Trump anunciase la reanudación de los ensayos con armamento nuclear y de que Putin se jactase de contar con un dron submarino nuclear con capacidad para destruir ciudades enteras. Hablando de nombres: Trump ha puesto el suyo a un nuevo caza con capacidad nuclear, el F-47, llamado así en honor al 47º presidente: él.
8 de mayo de 2019. Otro capítulo de Lucha Libre sobre el largo y lento intento de golpe de estado en Venezuela, su retransmisión en directo para gloria de todos los demócratas del mundo, la impunidad e idiotización colectiva que esta alimenta, las diferentes herramientas de sus perpetradores locales y extranjeros, el creciente desgaste que […]
