En 'La grieta' (Editorial Sexto Piso), Rodrigo Gervasi convierte un piso compartido en el escenario desde el que pensar las consecuencias de la precariedad y la forma en la que nos relacionamos. Hablamos con el escritor sobre vivienda, culpa, consentimiento, así como sobre la complejidad de la figura del agresor alejada de los estereotipos habituales.
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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]
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Actualmente, en un resurgimiento de la extrema derecha, ante una oleada de globalización, gentrificación, empobrecimiento y privatización, lanzamos un grito de socorro en lo poético, nos tornamos de nuevo a lo imaginario.
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‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.
El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar.
La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes.
–Coged una ensaimada. Están muy buenas.
En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos.
El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado.
–No, si por el dinero no es.
Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias.
El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas.
«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.
El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales.
Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen.
La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.
Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos.
La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía.
—¿Tiene souvenirs?
Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.
—¿Tiene souvenirs?
Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando.
Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.
Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero.
Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes.
Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas.
Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico.
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Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.
En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.
Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí.
Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:
Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.
Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».
En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.
La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.
Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.
PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.
Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.
El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.
Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno
El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.
El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.
La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas.
Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.
Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.
Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.
En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.
Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.
Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.
El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.
El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.
Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.
La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.
El Congreso votó en contra dos semanas después.
El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.
La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.
Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.
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Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.
Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.
Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.
Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social
Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.
Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.
El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.
En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.
Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo
En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.
Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.
El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero
El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.
Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.
Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.
Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.
La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.
Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.
Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde
Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.
Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.
Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos
Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.
En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.
El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política
Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.
Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.
La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica
Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.
El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.
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Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)
Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT
El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.
Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
El IRPH
El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor.
Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.
El problema
Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios
Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.
El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.
Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.
Las reclamaciones
Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.
Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.
Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.
La trampa del Tribunal Supremo
Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.
El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.
El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica.
El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.
Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente.
El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido.
Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.
El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.
Europa corrigió en falso
Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.
Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.
Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.
Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él.
No es justicia, es política. Son privilegios
A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía.
En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte.
Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.
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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.
La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.
El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.
La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.
Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.
Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.
Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.
Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.
Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.
Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)
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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.
El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.
Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.
Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.
Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.
En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.
Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.
Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.
Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.
Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.
La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.
Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.
En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.
Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.
Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.
En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.
Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.
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Este sábado en Zaragoza y en todo el estado manifestación por el derecho a la vivienda. Entrevistamos a Paula, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que nos pone al día de la situación de la vivienda en nuestra ciudad y en el Estado, así como de sus reivindicaciones. Este pasado fin de semana fue la […]
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‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).
Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo
Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir
La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.
No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida!
El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca
Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo.
En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€
En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.
La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.
Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.
La entrada La vivienda y lo que vale nuestro dinero se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
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Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:
“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.
Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.
Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.
Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.
El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.
En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.
De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.
Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.
Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.
Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.
Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.
Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.
Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.
El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.
Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.
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