Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.

El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.

Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.

El impacto electoral del encarecimiento de los alquileres, una línea de investigación emergente en Europa

Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.

Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.

En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.

¿Cómo aprovecha la extrema derecha el malestar social por la vivienda?

Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.

Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.

Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.

Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.

Aliança Catalana y Vox han importado las mismas recetas sobre vivienda que la ultraderecha europea

La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.

Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.

En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.

Hacen falta políticas decididas por el derecho a la vivienda y no sólo disputar el relato de la extrema derecha

Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.

Las movilizaciones sociales, cortafuegos de la extrema derecha

Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.

En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.

Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

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Hoy nos trasladaremos a Barcelona, donde se están dando movilizaciones en muy diversos ámbitos en muy corto espacio de tiempo. Hablaremos con una compañera de allá que nos contará cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, los motivos de las diversas acciones y cómo pueden ir evolucionando las cosas por allá. Después hablaremos con un […]

La entrada Movilizaciones en Barcelona, vivienda, alquileres y especulación. se publicó primero en Radio Topo.

Un coloquio con representantes políticos y sociales que tratan de roer el duro hueso de hacer compatible las políticas de vivienda con la realidad social. Muchas gracias a todos/as los participantes, con los que ya habíamos contado en anteriores ediciones por separado en nuestros tres especiales de vivienda.

La entrada Mochila, debate sobre vivienda se publicó primero en Radio Topo.

Tercer programa de la serie dedicada a la vivienda. Todo el mundo necesita un techo. En teoría la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna. Las personas que han conocido la calle y la precariedad saben que el término vivienda digna puede ser una mentira piadosa o, directamente, cruel. En este programa hablamos de […]

La entrada Mochila 191. Especial vivienda III se publicó primero en Radio Topo.

Hace unos meses estaba en Buenos Aires, en la planta 38 de la Torre Odeón, un rascacielos estilo Manhattan en plena avenida Corrientes, con vistas al Río de la Plata por un lado y al Obelisco por el otro. Alrededor, una zona intensa, con teatros, microcentro, actividad financiera y Puerto Madero a un paso. Me había inscrito un mes en WeWork para hacer etnografía del coworking corporativo por excelencia.

El primer día subí al ascensor. Tras el control de seguridad, en la planta 20 aparecía una recepción con personal joven, tatuajes, pendientes, la estética esperada. En la 38, lo que llaman la planta preferente, el mobiliario recordaba más a un hotel de cuatro estrellas que a un lugar de trabajo, con mesas largas que hacían que el trabajo pareciera compartido y rincones donde podía seguir siendo íntimo si uno quería. El café de filtro, tipo hotel de carretera, era gratuito, mientras que el café bueno (y caro) se vendía en la cafetería. A mediodía abrían una chopera de cerveza, como si la posibilidad de parar también estuviera programada. En la pared convivían un «Punk is not dead» y una mesa de billar que nadie usaba.

La cafetería se llamaba Lovely Che. La primera vez que lo leí pensé que era una broma. Después se volvía evidente que era algo más incómodo, la estetización de lo subversivo convertida en decorado inofensivo, una rebeldía domesticada, infantilizada, descafeinada. Como el cartel del punk. Como los libros de Planeta en las zonas comunes, ahí puestos para que «busques tu desconexión». Como el evento de la semana, que se llamaba «Dar para recibir». Todo el entorno estaba, en una palabra, infantilizado.

Coincidí con unas 22 personas. Una mezcla que al principio costaba descifrar, argentinos con pinta progre, algunos con patinete; gente muy joven, ninguno superaba los treinta; cuatro ciudadanos chinos; un ruso con su colega, ropa informal pero muy cara, un «Born to be» en el portátil. A la hora de comer aparecieron los que llamé los tecnochetos, blancos, jóvenes, apuestos, con ropa de gimnasio y tápers pequeños, vinculados a empresas y startups que alquilaban espacios allí. También mucha gente sola, con portátiles y auriculares grandes. Alguien con libros de arte. Alguien viendo tutoriales de IA y código. Poco glamour real en el contenido del trabajo, aunque la escenografía lo sugería todo.

Las vistas seguían siendo poderosísimas. Esa sensación de poder desde las alturas no cambiaba. Pero bastaba salir de aquella planta para que el decorado se deshiciera. Desde la planta 21 hacia arriba aparecían cascarones, plantas vacías, oficinas desmanteladas, el esqueleto del edificio. WeWork había pasado en 2020 de 30 a 10plantas en ese mismo inmueble, y de seis a cuatro sedes en Buenos Aires. Lo que desde la planta 38 parecía solidez y éxito, desde arriba mostraba otra cosa, su fragilidad estructural. La burbuja tenía fisuras, y eran visibles, de hormigón.

Al tercer día el espacio empezó a verse distinto. El mobiliario más cutre, el cemento más presente detrás de los paneles, la música más cercana a una sala de espera. La sensación inicial de privilegio se había vuelto rutina y lo que quedaba era una escenografía eficaz para sostener una promesa. ¿Y qué promete exactamente WeWork? Trabajar sin jefes, sin horarios, sin disciplina visible, pertenecer a algo sin que ese algo te ate. Una oficina que se presenta como club, un club que se presenta como comunidad, y al que se accede con tarjeta de crédito.

Pero más allá de su relato corporativo, que se retrata de algún modo en la serie WeCrashed, centrada en la figura de su gurú y CEO Adam Neumann y en el ascenso y caída de la empresa, WeWork condensa algo más profundo, la reprivatización de las infraestructuras del trabajo. El trabajador ya no recibe un espacio, unos compañeros, una red, un café. Los adquiere como servicio. Lo que antes venía dado con el empleo pasa a ser una suscripción. Es lo que hoy llamamos, en la ciudad de las plataformas, el «ciudadano-suscriptor».

Ese modelo tiene un reverso muy claro. Mientras yo subía en ese ascensor, en la planta baja del mismo edificio paraban los repartidores de Glovo, con sus bicis, sus mochilas térmicas, su aplicación y su algoritmo, sin cafetería, sin vistas, sin membresía, sin Lovely Che. Esas dos figuras, el usuario de WeWork y el repartidor de Glovo o la trabajadora de limpieza de la plataforma Zolvers, rara vez comparten pasaporte. Su posición en la ciudad plataformizada está atravesada por movilidades radicalmente desiguales, porque mientras el primero dispone de un visado internacional que le permite instalarse temporalmente, elegir barrio y consumir la ciudad como experiencia, los otros dos están atravesados por lógicas de amenaza de expulsión, disponibilidad permanente y dependencia directa de la plataforma como organizadora de su tiempo y su ingreso.

Dos figuras que en el discurso público aparecen como realidades inconexas, incluso contrapuestas, el nómada digital, autónomo, cosmopolita, libre, frente al trabajador de plataforma, precario, dependiente, subordinado. Sin embargo, conviene leer ambas de forma relacional, porque son los polos de una misma reorganización del trabajo y de la ciudad bajo el capitalismo de plataformas, y la ciudad que hace posible una figura es exactamente la misma que produce la otra.

A partir de ahí aparece la pregunta de fondo, qué es exactamente el nómada digital, si una realidad sociológica o más bien pura retórica, branding urbano. No hace falta reconstruir aquí toda su genealogía, basta con observar su función actual. El nómada digital es el último producto de marketing urbano en una larga serie. Antes fue la clase creativa de Richard Florida, ese concepto que durante años hipnotizó a gestores urbanos con la promesa de que atraer talento creativo haría prosperar a las ciudades, y que en la práctica funcionó como una legitimación académica de la gentrificación, al construir una conexión entre economía neoliberal y cultura cool que luego se vendía como modelo.

Cuando ese marco se agota, aparece otro. El nómada digital ocupa hoy ese lugar, acompañado de visados específicos, campañas de atracción de talento, ecosistemas de coworking, hubs tecnológicos y la promesa recurrente del «Silicon Valley mediterráneo». Cambia el lenguaje, pero la lógica se mantiene, y lo que el concepto oculta sigue siendo más relevante que lo que muestra. Eso se ve con claridad en Lisboa. En la investigación que realicé allí junto a Víctor Riesgo, Pedro Cortez y Javier Gil encontramos un contraste muy marcado entre la imagen idealizada del trabajo digital y la realidad cotidiana de quienes lo desempeñan. Entrevistamos a trabajadores que habían llegado convencidos de que entrarían en un sector innovador, pero pronto descubrieron que su trabajo se parecía mucho más al de un call center.

Trabajaban en empresas como Teleperformance, Accenture o Concentrix, grandes compañías de externalización que prestan servicios para Meta, Google, Uber o Netflix y que han encontrado en Lisboa un enclave especialmente funcional. En ese contexto, la movilidad no responde tanto a un ideal cosmopolita como a una estrategia de supervivencia frente a trayectorias laborales bloqueadas, y esa misma lógica atraviesa también la vivienda, ya que Teleperformance ofrece habitaciones en pisos compartidos cuyo coste se descuenta directamente del salario, de modo que lo que inicialmente aparece como una solución práctica termina funcionando como un mecanismo de control, en el que las fronteras entre rentista y empleador se diluyen hasta el punto de que la pérdida del trabajo implica también la pérdida del alojamiento, reactivando formas de dependencia que remiten a los barracones obreros de la primera revolución industrial. En ese sentido, la vivienda deja de ser un derecho o un mercado separado y pasa a integrarse en una lógica de gobernanza corporativa que organiza simultáneamente el trabajo y la vida.

Así, el mito se desmorona. Más que nómadas, trabajadores móviles, pero con una movilidad que no surge de la elección sino de la ausencia de alternativas, insertos en circuitos que se presentan como innovadores y que reproducen formas muy clásicas de subordinación, donde el control del tiempo, la dependencia del empleador y la escasa capacidad de negociación se combinan con una ciudad que funciona como señuelo y como amortiguador, a través del clima, la diversidad, el cosmopolitismo, la vida nocturna o el coste de vida relativo, que terminan operando como parte del salario.

Eso no invalida que existan trabajadores digitales con condiciones realmente favorables, que los hay, pero sí obliga a situarlos como el extremo visible de un espectro mucho más amplio que el concepto de nómada digital aplana y homogeneiza, con consecuencias evidentes a la hora de pensar la desigualdad urbana.

Es en ese marco donde se sitúa Nómadas digitales y precarización algorítmica, libro que acabamos de publicar con Catarata y coordinado junto Ana Santamarina y Francisco Fernández-Trujillo. Es un trabajo que recorre estas dinámicas en distintas ciudades y desde distintos ángulos, desde la plataformización de la vivienda hasta las plataformas logísticas y de última milla o el trabajo doméstico y reproductivo, gracias al trabajo colectivo de un grupo nutrido de grandes investigadoras. El libro no propone soluciones cerradas, pero sí obliga a formular preguntas que resultan difíciles de evitar. Qué tipo de ciudad estamos construyendo, quién gana y quién pierde, y sobre todo, qué queda fuera de ese proyecto.

Porque desde WeWork en Buenos Aires hasta los robotaxis que empiezan a asomar en nuestras ciudades, esa es la ciudad que conviene intentar entender.

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Jorge Sequera es director del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) e investigador principal de ONDEMANDCITY: Capitalismo de plataforma, trabajadores digitales y tecnificación de la vida cotidiana en la ciudad contemporánea y del Proyecto Horizon Europe Marie Curie Staff Exchange – NOMADIC: Nomad Movements and Digital Impacts in Cities

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Este sábado en Zaragoza y en todo el estado manifestación por el derecho a la vivienda.  Entrevistamos a Paula, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que nos pone al día de la situación de la vivienda en nuestra ciudad y en el Estado, así como de sus reivindicaciones.  Este pasado fin de semana fue la […]

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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]

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Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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Salud, vivienda, racismo, cambio climático, estafas, homofobia. Sobre cualquiera de estos temas cada día en las redes sociales se publican bulos, operan campañas y se vierte odio como si lo descargara un camión cisterna. Pero también hay personas detrás de cientos de perfiles que libran una batalla cotidiana.

Laura, Guillermo, Andrea, Santiago, Daniel. Esta lista seguramente no te dice nada. Pero si te digo que son los nombres que están detrás de los perfiles Le petite pato, Farmacia enfurecida, Mi familia mixta, Champimuros o Tigrillo es muy probable que la cosa cambie. Y resulta casi imposible que si entras de vez en cuando en redes sociales no hayas visto unos cuantos videos suyos puesto que suelen contar sus reproducciones por cientos de miles, o millones. 

Andrea Navarro era una criminóloga murciana que tuvo la ocurrencia de casarse y tener una hija con un chico de Guinea. Y además contarlo en redes sociales. Al empezar a subir sus videos familiares en Tik Tok, el 95% de los comentarios eran insultos racistas. “Era asfixiante”, nos cuenta. De hecho estuvo tentada de dejar de publicar nada sobre su familia. Pero hizo justo todo lo contrario: creó el perfil Mi familia mixta y empezó a exponer –y a burlarse– de los insultos, de los prejuicios racistas y de las preguntas absurdas que recibía. “Si alguien te está insultando, lo que quiere es que respondas con más insultos, saber que te afecte, así que el humor les descoloca”. 

Su comunidad fue creciendo y, casi una década después, para su sorpresa, las redes sociales se han convertido en su profesión gracias a publicidades puntuales. Andrea no se plantea su canal como una forma de luchar contra el racismo o la islamofobia –“si te has criado en el odio es muy difícil que cambies”, dice-, sino más bien como una forma de ayudar a otras familias mixtas o racializadas. “Racistas habrá siempre, pero yo elijo cómo me lo tomo”. Al ridiculizar el racismo, los agresores pierden fuerza. 

¿Activismo o profesión?

Aunque haya algunos casos de activistas de las redes que desde el principio tienen una visión profesional, en la mayoría de los casos esta “militancia” surge como respuesta de una vivencia personal, que luego puede convertirse en una forma de ganarse la vida. Es el caso de Santiago Caamaño, en redes Champimuros, que tras superar una adicción al juego mantiene una cruzada con todo aquel que promueva las apuestas en redes, al tiempo que denuncia la falsedad y los cursos-estafa y se burla en general de todos aquellos “fantasmas”, como los llama él, que presumen de lujo, superficialidad, o de ser abiertamente machistas.

Otra vivencia personal, en este caso una tan habitual como buscar piso, fue la que llevó hace tres años a la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato a llenar su perfil de Instagram de videos de alquiler o venta de casas. “Mi primer objetivo era señalar los pocos límites que tenemos a la hora de elegir una vivienda, las carencias arquitectónicas que aceptamos. Pero la situación ha empeorado muchísimo y ahora estamos obligados a aceptar lo que se nos ofrece”, explica a La Marea.

Camas a dos palmos del techo, retretes dentro del plato de ducha, paredes fantasmagóricas, ventanas propias de un camarote o espacios minúsculos que son a la vez cocina, comedor y salón. En alquiler o compra, Laura muestra hasta qué punto ha llegado la burbuja inmobiliaria del país, incluyendo escenas de películas y golpeando con su boli en la pantalla los mayores disparates arquitectónicos y decorativos. Pero desde luego lo más descorazonador de sus videos es su ya mítica frase final, “corred que vuela”, porque sabemos que, en el fondo, algo de verdad puede tener… 

A pesar de que muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones, Laura asegura hacer estos videos simplemente porque le divierte hacerlo, sirven para visibilizar una situación y sólo acepta hacer publicidad de algo que tenga que ver con los problemas de vivienda. 

Cada tema parece tener uno o varios de estos nuevos quijotes de vocación que luchan contra los bulos. Y quizás pocos tan dañinos, y tan en auge, como los que tienen que ver con nuestra salud. Para desmentirlos nos encontramos cada día con profesionales como Guillermo Martín en su Farmacia enfurecida,  Boticaria García o Farmacéutico Fernández. 

El coste de coger una “lanza” controvertida 

Como hemos visto, el éxito de un perfil activista sobre un tema social se puede convertir en una profesión o en ingresos extra para quienes consiguen una cierta repercusión. Pero hay muchos otros en los que los millones de reproducciones apenas generan beneficios económicos, al menos de forma directa. Es el caso de Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, quien desde 2011, cuando tenía apenas 17 años, publica principalmente contenidos relacionados sobre la realidad –y contra los prejuicios– de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de su importante repercusión, nunca ha llegado “a vivir de esto”. “No depende tanto del número como de los temas que tratas. Los que tratamos temas más políticos tenemos menos oportunidades de publicidad”, explica. 

Aunque este periodista afirma que su labor es “más divulgación que activismo”, su principal objetivo, nos dice, es luchar contra el movimiento que ha puesto a las personas LGTBIQ+ como “enemigos sociales para desviar la atención de los problemas reales”. Y si el tema es controvertido no aparecen los anunciantes, pero sí los insultos, cientos de amenazas de muerte, incluso las persecuciones en la calle… “El coste es altísimo, creo que la gente no lo imagina. Sales a la calle y piensas que cualquiera puede ser potencialmente agresivo”, denuncia Daniel. 

Lo saben bien las centenares de mujeres que hablan de feminismo, o desde una perspectiva feminista, en sus canales. Y también quienes tratan cualquier otro tema que esté en el foco de la extrema derecha, como el cambio climático. Hope y Climabar son dos proyectos personales que dan esta batalla con éxito contra la desinformación desde el rigor pero de una forma atractiva, optimista y desenfadada. Pero quizás quien haya arriesgado más en este ámbito es el biólogo Fernando Valladares, quien podría haberse limitado a su labor científica, pero decidió “bajar al barro” para tratar de desmentir por todos los medios las mentiras sobre la emergencia climática, en particular desde la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Valladares reconoce que la divulgación en redes le reporta “cosas positivas”, pero también señala “un desgaste personal, ya que buscan el descrédito de tu trabajo”. “Cada vez más científicos, además de investigar, buscamos generar conciencia, es una batalla piedra a piedra que sabemos que no tiene final” debido a la “eficaz estrategia de la ultraderecha de dar un mensaje falsamente tranquilizador”.

La lanza del humor 

Como hemos visto, los temas, los formatos y los posibles retornos económicos varían entre cada uno de estas y estos Quijotes de las redes. Pero lo que casi todos comparten es que el humor es la principal arma de su particular cruzada. 

“El humor es capaz de atravesar ciertas capas. Yo sería incapaz de hacer un activismo serio, me resulta más fácil consumir. Sobre todo en Instagram, voy a distraerme”, explica Laura. Daniel Tigrillo añade que el humor es capaz de sintetizar, “es lo más eficaz para llegar a una audiencia que está distraída con muchos estímulos”. Y según él le ayuda a alejarse de esa “caricatura de lo woke” como personas que quieren “cancelar todo, echar la bronca por todo”. 

Como el Quijote, quizás nunca lograrán ganar del todo al enemigo, pero la difusión que han conseguido ya supone una victoria que merece celebrarse. 

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‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

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El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de la desigualdad en España. La brecha impacta especialmente en los hogares que viven de alquiler: el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. Es como un bucle del que no se puede salir. En contraste, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.

Así lo pone de manifiesto un informe de Oxfam Intermón, que profundiza en la crisis de la vivienda a partir de los datos extraídos de la encuesta Vivir la Desigualdad II, realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas.

La crisis, indica Oxfam, es palpable, especialmente cuando se analiza la evolución de los precios. En el último lustro, el coste tanto del alquiler como de la compraventa se ha disparado. Hoy, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler

El informe también revela que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos. Con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.

La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler. De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI –1.184€ en 2025– tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.

La comparación entre alquiler e hipoteca refuerza esta tendencia. Así, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Desahucios invisibles

En este contexto, también se ha incrementado la inestabilidad residencial. Según el análisis, una de cada tres personas que paga una renta –alrededor de tres millones– sufrió el último año “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas.

El impacto es especialmente acentuado entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%). En el caso de estos últimos, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Renuncias cotidianas, deterioro de derechos

El aumento del coste también se traduce en renuncias en las condiciones de vida: el 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Entre el grupo de 25 y 34 años, la cifra llega al 27,7%. No obstante, no se trata de una realidad exclusivamente juvenil: afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.

Las dificultades también alcanzan los gastos básicos, según el informe: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes.

Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua. “Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad -explica García-Gil-. La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

Futuro incierto

Las tensiones en el mercado residencial también proyectan un horizonte de creciente incertidumbre. La persistencia de precios elevados y la finalización de numerosos contratos de alquiler en 2026 alimentan las dudas sobre el futuro. El 58,5% de las personas no propietarias considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo el 14,4% se muestra optimista. Las expectativas también están condicionadas por la capacidad de ahorro. Las perspectivas varían según la posición socioeconómica: el 19% de las personas de clases altas cree probable acceder a una vivienda en propiedad, frente al 10,3% de las personas no propietarias de clase baja.

En paralelo, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. “Si no se corrige esta tendencia, nos enfrentaremos a un futuro de profundas desigualdades, donde quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen la expectativa de heredar más que los no propietarios”, señala el autor del informe.

Recomendaciones para un acceso asequible y digno

La organización reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, pide garantizar la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del escudo social.

Al mismo tiempo, plantea reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos. En paralelo, pide frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

La vivienda sube de precio. No hace falta un análisis para asegurar esto: es una percepción que está en la calle y que confirma cualquiera que se asome habitualmente a los portales inmobiliarios de internet. Los datos lo respaldan. A la vez, ha aumentado también el número de personas que se encuentran sin hogar en España.

En 2024, más de 34.000 hombres y mujeres se alojaron diariamente en centros de atención para personas sin hogar. Esta cifra no ha dejado de incrementarse desde 2006, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha engordado aún más en estos últimos años, coincidiendo con el boom en los precios del alquiler.

¿Existe vinculación entre quedarse sin hogar y el precio de la vivienda? La respuesta parece clara: al mismo tiempo que se dificulta el acceso a la compra o alquiler, el número de personas sin hogar también sube vertiginosamente. Por supuesto que el fenómeno del sinhogarismo es multifactorial, pero analizando los motivos que arroja el INE nos encontramos con que la mayoría de ellos están asociados a la economía. Es evidente: nadie viviría en la calle si pudiera pagarse un alojamiento.

Como se puede observar, los motivos que llevan a una persona a quedarse sin un techo son múltiples. El desahucio, la pérdida de trabajo o la emigración son algunos de los principales. Detrás de ellos, una misma causa: no poder pagar el alojamiento.

Otras razones radican, aparentemente, en otro motivo que no es el económico, pero basta pararse con detenimiento para establecer una relación más o menos directa con el dinero: vivir en un edificio en ruinas y tener que marcharse es una derivada de no poder pagar a una vivienda digna. Salir de prisión y no tener un lugar a donde ir indica que la persona que estuvo privada de libertad no tiene un empleo con el que costear una vivienda, ni tampoco apoyo familiar o del entorno. Por último, las separaciones entre parejas acaban en situaciones como el sinhogarismo cuando uno de los miembros tiene una dependencia económica de la otra persona.

Sube el alquiler…

El brutal incremento del precio del coste de la vivienda en los últimos años lleva aparejado de su mano el aumento del sinhogarismo. Desde 2022 hasta ahora ha subido de forma notoria el alquiler, coincidiendo con el aumento, también, en un 57% del número de personas que se alojan en centros de acogida. A juzgar por los datos, la relación parece clara: a más precio de alquiler, más personas que no pueden pagarlo y se quedan en la calle.

El alquiler se ha duplicado en estos diez últimos años. El sistema funciona como un efecto dominó, y todas las viviendas se encarecen sea cual sea su ubicación o situación. Las personas en situación de vulnerabilidad, ante los precios elevados y las condiciones cada vez más exigentes que solicitan los arrendadores, se ven expulsadas de las viviendas que, en otro tiempo, fueron accesibles para ellas.

Los caseros ahora pueden elegir. Con una oferta tan escasa en el parque de viviendas de alquiler (público y privado) quienes ponen una vivienda en este mercado optan por personas con ingresos demostrables, contratos estables y, en general, una situación económica boyante. Quienes tienen más dificultades, como las personas extranjeras, sin permisos de trabajo o sin contratos reglados, no sólo necesitan el dinero para poder pagar la vivienda, sino también una suerte de «garantías» que no siempre pueden ofrecer.

De este modo, han aumentado las plazas en los centros de acogida de persona sin hogar. Se han creado nuevas instituciones para el acogimiento, pero la demanda sigue siendo elevada. Ni siquiera en la crisis económica tras el boom del ladrillo el problema del sinhogarismo se acercó a lo que sucede ahora. La coincidencia es evidente, desde 2022 hasta ahora ambos fenómenos han ido de la mano.

… y aumenta el precio de compra

El aumento del alquiler viene acompañado del aumento del precio de compra, que crece también a un ritmo alarmante. Ahora, quienes buscan un hogar para vivir no sólo compiten con otras personas que quieren un lugar para formar una familia, sino con quienes ven la vivienda como una inversión económica, elevando así los precios.

Para medir este impacto, usamos el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que utiliza el INE. El organismo utiliza el año 2015 como base y mide, a partir de ahí, los vaivenes en los precios. Se puede observar una subida constante desde 2014, con una leve pausa en 2020 a raíz de la pandemia. Desde el último trimestre de 2020, sin embargo, el crecimiento es más acusado, superando los 200 puntos porcentuales en 2025.

Como podemos ver con los datos (y podemos apreciar simplemente observando la realidad de nuestro entorno) el precio de la vivienda no ha tocado techo. Mientras que la ciudadanía observa el fenómeno con preocupación, los partidos políticos no se ponen de acuerdo con el remedio. Tampoco se han implementado medidas que aminoren esta subida, que consolida la percepción de la vivienda como uno de los problemas más graves para la ciudadanía.

La demanda sube pero la oferta está estancada. El auge de los apartamentos turísticos no ayuda, pues muchas viviendas que antes se dedicaban al alquiler de larga duración se utilizan ahora como alojamientos para los visitantes temporales.

Sin contratos estables y sin ahorros para pagar una entrada

Con estos precios, las capas más vulnerables de la población son las que se quedan sin un techo. Quién no cuenta con apoyo familiar sufre las peores consecuencias. El acceso a la compra de una vivienda es cada día más difícil: a pesar de que los intereses hipotecarios se mantienen estables y proporcionan cuotas más asumibles que la mensualidad del alquiler, la ‘entrada’ de la casa sigue siendo el principal problema. Los bancos exigen, generalmente, un 20% del precio del hogar para acceder al crédito, al que hay que sumar en torno a otro 5 o 6% de impuestos y gastos.

Esta barrera de entrada funciona como pez que se muerde la cola: con un alquiler elevado, es difícil ahorrar, y como la vivienda sube continuamente, este 20% mínimo también lo hace. Muchas personas se ven atrapadas en este bucle, incapaces de acercarse al dinero efectivo que deben poseer para comprar una vivienda y tener una cuota mensual más desahogada, por lo que siguen abonando alquileres que ocupan una parte importante de su sueldo y que tampoco dejan de aumentar.

El sinhogarismo afecta a todas las comunidades autónomas en mayor o menor proporción. Las regiones del norte de España cuentan con tasas más elevadas, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, por su situación fronteriza con el norte de África.

El número total asciende a lo largo y ancho del país, consolidando al sinhogarismo como uno de los problemas sociales más crueles de nuestro tiempo.

Aunque se han implementado medidas restrictivas para las personas sin hogar, la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria. Propuestas como expulsar a estas personas de los centros de las ciudades o dificultar su estancia en espacios públicos con barreras arquitectónicas no son aceptadas socialmente. La ciudadanía aún empatiza con estas personas vulnerables que no tienen donde ir.

La entrada Sinhogarismo y aumento del alquiler: cómo el boom de la vivienda deja a más personas sin un techo se publicó primero en lamarea.com.

Durante décadas, la vivienda fue uno de los grandes organizadores silenciosos del orden social en España. Comprar un piso equivalía a algo más que resolver una necesidad material. Era una promesa de estabilidad, un mecanismo de integración y también una forma de gobierno. En Generación inquilina (Capitán Swing), Javier Gil reconstruye esa historia y la conecta con el presente para mostrar cómo el mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los principales dispositivos de desigualdad del capitalismo contemporáneo.

El libro tiene una virtud poco frecuente. Parte de una investigación sólida, pero renuncia al lenguaje cerrado de la academia para intervenir en un debate público atravesado por lugares comunes, simplificaciones y falsas salidas. Gil analiza el paso de la sociedad de propietarios a una nueva etapa marcada por el alquiler permanente, la concentración de vivienda en manos de grandes actores financieros y la aparición de una generación que vive bajo un régimen de precariedad habitacional estructural. “La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político”, resume. Y añade otra idea que recorre toda la conversación. “La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio”.

Hablamos con él sobre el trabajo de investigación detrás del libro, el papel de las políticas públicas en la construcción del modelo español de propiedad, la financiarización del mercado de la vivienda, la fuerza política de los fondos de inversión y las posibilidades de articular una salida democrática a una crisis que ya no afecta solo al acceso a la vivienda, sino al conjunto de las condiciones de vida.

Durante décadas en España se fomentó la propiedad como modelo dominante de acceso a la vivienda, siguiendo aquella frase del ministro franquista José Luis de Arrese. ¿Qué papel han tenido las políticas públicas en la construcción de ese modelo?

Han sido centrales. España no solo siguió ese modelo, sino que fue punta de lanza de una forma de organizar la cuestión de la vivienda que luego se impulsaría también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido de Thatcher. La idea era transformar a la población en propietaria para evitar el conflicto de clases, para generar un mecanismo ideológico y un dispositivo político. La vivienda en propiedad ha funcionado como un dispositivo político.

En el caso español esto fue muy claro. Era una forma de integrar a toda esa población obrera que se estaba constituyendo en las periferias de Madrid, Barcelona y otras ciudades. La lógica era muy sencilla: Si las conviertes en propietarias, las haces conservadoras. O por lo menos reduces el antagonismo, introduces una expectativa de estabilidad y una vinculación con el orden existente.

Luego eso se vio también en otros contextos. Thatcher, mientras destrozaba a los mineros, transformaba a parte de la población que vivía en vivienda pública en propietaria de su vivienda. Y ese modelo funcionó. El neoliberalismo ganó la batalla ideológica y política en buena medida así, articulando procesos de desposesión de forma relativamente pacífica. Hubo conflicto, claro, pero también una capacidad muy grande de integración.

Yo siempre pongo un ejemplo muy concreto: mi madre, votante del Partido Comunista, se compra un piso en Vallecas en 1982. Es decir, una parte del mundo obrero y de la izquierda se lanzó también a la propiedad como forma de asegurar su vida. Ese es el éxito histórico de ese modelo. El problema es que ese modelo salta por los aires en 2008. Y ahí empieza otra fase.

Ahora, sin embargo, parece que estamos ante una vuelta de tuerca. Mucha gente vuelve a querer ser propietaria, pero igual con perspectivas distintas. ¿Cómo entiendes este retorno del sueño de la propiedad?

Como un síntoma de que no hay alternativa socialmente articulada. La gente sabe que no puede vivir de alquiler en condiciones dignas, porque vivir de alquiler es ser cautivo de un rentismo que impide tener una vida estable o acceder a un bienestar mínimo. Entonces hay que huir del alquiler y solo queda la propiedad. Pero eso no significa que la propiedad sea la solución. Lo que significa es que no hemos construido otras salidas.

La propiedad es una salida que ya se probó y fracasó. Genera desigualdad, genera especulación y vuelve a poner en marcha dinámicas parecidas a las de los años 2000. Y además hoy hay un elemento añadido, que es que la extrema derecha está disputando precisamente ese horizonte. Lo que quiere la extrema derecha es una población española que se sienta clase media, que acceda a la propiedad, mientras se excluye a una población pobre o migrante que quedará condenada al alquiler, a la precariedad y a una ciudadanía degradada.

Por eso, desde posiciones transformadoras, lo que necesitamos no es volver al viejo sueño, sino impulsar nuevos paradigmas de vivienda. Formas de propiedad y de acceso que tengan que ver con lo público, con la cesión de uso, con lo colectivo. Que ya no sea la propiedad individual lo que garantiza el bienestar, sino instituciones de bienestar sostenidas desde otras formas de organización.

Cuando hablas de un nuevo paradigma, ¿de qué estás hablando exactamente?

De romper con una concepción de la propiedad que viene de muy lejos y que la entiende como un poder casi absoluto. Hay toda una tradición jurídica y política que identifica propiedad con capacidad de uso y abuso, es decir, con la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieras con un bien. Pero eso está en cuestión. De hecho, ya lo está socialmente.

Lo interesante es que una parte importante de la población empieza a decir basta. Empieza a asumir que este sistema de propiedad no vale, que no sirve para sostener una vida digna. Hemos visto encuestas donde una mayoría importante está a favor de poner límites al número de viviendas que puede tener una persona. En Berlín, por ejemplo, hubo un referéndum en el que el 56% votó a favor de expropiar viviendas a los grandes caseros de la ciudad.

Eso muestra que no se trata solo de qué dice la ley ahora mismo, sino de la potencialidad política de transformarla. Porque además en España y en Europa la propiedad privada no es un derecho absoluto. Tiene límites, tiene función social. El problema no es jurídico en sentido estricto. El problema es político. Hay herramientas para intervenir en el mercado y transformar la relación con la propiedad, lo que ocurre es que hay muchísimo dinero en juego y una oposición fortísima por parte de quienes concentran la propiedad, el capital y el poder.

En el debate público se habla mucho de fondos buitres o fondos de inversión, pero a menudo sin explicar bien quiénes son ni cómo operan. ¿Qué tipo de actores estamos describiendo cuando hablamos de ellos?

Estamos hablando de los instrumentos que han encontrado las grandes oligarquías internacionales para agrupar su dinero, organizarlo y defenderlo de manera colectiva. Son una especie de sindicato de los más ricos. Un fondo de inversión lanza productos para invertir en el sector inmobiliario en Europa, por ejemplo, y ahí ponen dinero gobiernos, fondos de pensiones, aseguradoras, grandes fortunas, instituciones financieras. Todo ese capital se canaliza hacia operaciones especulativas sobre vivienda en España, Portugal o donde toque.

Por eso digo que son actores que controlan el mundo en un sentido muy concreto. No porque decidan absolutamente todo, sino porque tienen capacidad real para definir políticas, para decidir dónde se invierte el dinero, para rescatar o ahogar países, para condicionar mercados enteros. Ahora mismo son el verdadero poder.

Y además hay un proceso de transferencia de propiedad muy claro. Mucha vivienda no solo ha pasado de manos públicas o bancarias a fondos de inversión, sino también de viejas burguesías locales a oligarquías financieras internacionales. El ejemplo típico es el de familias que tenían varios edificios enteros en el centro de Madrid o Barcelona, heredados, perfectamente rentabilizados, y a las que llega un fondo y les ofrece una cantidad enorme de dinero. De pronto esa propiedad cambia de escala y de lógica. Ya no está en manos de un rentista local, sino integrada en grandes circuitos globales de acumulación.

¿Entonces, hasta qué punto consideras que la política de vivienda en Europa y en España la están marcando los fondos de inversión?

Hasta un punto muy alto. Basta ver la relación entre política monetaria, regulación financiera y mercado inmobiliario. Los fondos de pensiones, por ejemplo, dejan de obtener rentabilidad en otros espacios cuando los tipos bajan y se desplazan al mercado inmobiliario a través de grandes gestores como Blackstone o Cerberus. Eso no ocurre en el vacío. Ocurre porque hay una determinada arquitectura política y monetaria que lo favorece.

Y luego está la dimensión del poder político directo. El fundador de Blackstone, por poner un caso, ha sido uno de los grandes donantes de Donald Trump y uno de sus principales asesores. Ese músculo económico se traduce también en capacidad de influir en leyes, en gobiernos, en orientaciones estratégicas. Por eso digo que la política de vivienda no la están decidiendo solo los parlamentos o los ministerios, sino un entramado mucho más amplio en el que los grandes fondos tienen una centralidad enorme.

Ante ese poder transnacional, ¿qué margen real existe a escala estatal?

Se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlas. Gran parte del nuevo paradigma de vivienda se puede impulsar a nivel estatal. Técnicamente, muchas medidas son perfectamente viables. El problema es que no se atreven.

Un ejemplo muy claro: todo el dinero barato que llegó desde Europa, los fondos Next Generation y otros créditos blandos, se podría haber utilizado para comprar vivienda. No para construir sin más, sino para intervenir en operaciones especulativas entre fondos. Blackstone está vendiendo parte de las viviendas que compró a través de la antigua cartera de la banca en Madrid. Esas viviendas podrían comprarse ejerciendo derecho preferente de compra, por el mismo precio, y sacarse al alquiler por debajo del precio de mercado. Con esos alquileres se podría pagar la hipoteca y aun así mantener precios más bajos. 

Por tanto, sí, hay restricción europea, hay poder económico transnacional, hay lobby y presión supranacional. Todo eso es cierto. Pero también hay margen estatal. Lo que falta es una decisión política de entrar en conflicto con ese modelo.

En ese punto aparece la “generación inquilina” como sujeto posible de cambio o emancipación. ¿Cómo ves esa batalla política e ideológica?

Yo ahí sí soy optimista en un sentido concreto. La generación inquilina es un sujeto de explotación, pero se puede transformar en sujeto político y tiene las llaves del cambio. Ahora bien, eso no ocurre solo: tiene que organizarse. Tiene que dejar de verse como un conjunto de individuos aislados y empezar a percibirse como parte de un mismo grupo social.

Ahí la referencia histórica es clara. Si vivimos en un capitalismo rentista, hay que hacer con él algo parecido a lo que el movimiento obrero hizo con el capitalismo industrial. Mediante lucha sindical, desobediencia civil y creación de nuevas instituciones colectivas. Eso es lo que permite generar cultura común, comunidad, fuerza social.

La clave es que inquilinos muy diferentes entre sí empiecen a vivir una experiencia común y a organizarse a partir de intereses compartidos. Que eso se exprese de forma antagónica frente a otro grupo que tiene intereses opuestos y que también se está organizando. Ahí empieza un proceso de formación de clase.

Y además esa generación inquilina tiene que disputar a la población propietaria, no entregársela a la derecha. Porque propietarios e inquilinos forman parte de la misma clase trabajadora en momentos históricos distintos. La derecha va a intentar separarlos, como hace con las campañas sobre ocupación o inseguridad. Pero la cuestión es articular una alianza más amplia, porque también quienes tienen vivienda en propiedad están amenazados por este capitalismo rentista que invade cada vez más ámbitos de la reproducción social.

La herencia sigue siendo un tabú político fuerte. ¿Es imprescindible repensar la herencia para abordar de verdad la crisis de la vivienda?

Sí, pero incluso iría más allá. Hay que intervenir antes de la herencia. Hay que replantear el sistema de propiedad y de concentración del patrimonio en nuestra sociedad. La herencia es uno de los momentos en los que eso se reproduce, pero el problema ya está antes. Lo que muestran los datos es que entre 2008 y 2024 se dispara la concentración de propiedad, es decir: no es solo que la generación inquilina no pueda comprar viviendas, es que otros las están comprando para especular con ellas y quedarse con la mitad del sueldo de quienes viven de alquiler.

Por eso ni siquiera lo planteo solo en términos morales. Es que la sociedad se está rompiendo. Este sistema genera malestar, desigualdad y una fractura cada vez más profunda. Cuanto más tarde se intervenga, peor será.

Y ya la última: ¿si pudieras aplicar una o dos políticas mañana mismo, ¿qué crees que debería hacerse?

De entrada, intervenir todas las compras especulativas de fondos de inversión con derecho de tanteo y retracto y lanzar un gran fondo público para comprar vivienda. En el libro calculo que con una operación así se podrían comprar hasta tres millones de viviendas. El mensaje sería clarísimo: aquí ya no se especula más. 

Y esas viviendas podrían ir a alquiler digno, por debajo del precio de mercado, porque el problema para muchísima gente no es pagar mensualmente una vivienda, sino la barrera de entrada inicial. Ahí es donde el Estado tendría que actuar.

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La mayoría sindical navarra y vasca convoca huelga general el 17 de marzo para exigir un salario mínimo de 1.500 euros. Los colectivos sociales que se adhieren a la jornada convocan manifestaciones por la tarde por el feminismo, el antirracismo y para exigir medidas contra la especulación inmobiliaria.

La entrada ‘Recuperan’ una vivienda turística para llamar a la huelga general en Euskal Herria se publicó primero en Pikara Magazine.

Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigación. El Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAU, controlada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

La entrada Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:

“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.

Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.

Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.

Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.

El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.

En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.

De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.

Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.

Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.

Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.

Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.

Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.

Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.

El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.

Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.

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