Por Julen Bollain. Publicado originalmente para Público.

El debate sobre la vivienda en la izquierda española se ha convertido en un intercambio de eslóganes que rara vez aterriza en la realidad material. Y, sin embargo, la cuestión es bastante sencilla. O la izquierda asume que es imprescindible aumentar de forma sostenida la vivienda asequible o seguirá administrando la escasez mientras la extrema derecha convierte la frustración cotidiana en combustible político.

En los últimos días ha vuelto la idea de que ciudades como Viena «no son comparables» con España porque surgieron en condiciones históricas irrepetibles. Es una objeción elegante, pero profundamente conservadora. Porque, si aceptáramos ese marco, no podríamos usar referencias internacionales para nada. Ni educación, ni fiscalidad, ni política industrial. Viena no es un modelo perfecto ni plenamente trasladable, pero sí demuestra algo que atraviesa toda la evidencia internacional y es que, cuando un país combina regulación firme con construcción sostenida de vivienda asequible, los precios dejan de comportarse como un mecanismo de expulsión social.

La anomalía, en realidad, está aquí. Hemos convertido la construcción en un debate identitario, como si edificar vivienda protegida fuese una concesión ideológica y la regulación fuese la única forma legítima de intervenir. Todo esto tendría cierta gracia si no fuera porque detrás hay vidas muy concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, ciudades donde es normal pagar 1.300 euros por un UCZ (un-casi-zulo) y donde la vivienda social continúa siendo una rareza estadística.

Si uno observa el paisaje actual de posiciones dentro de la izquierda, se pueden distinguir tres grandes enfoques:

El primero es el de la izquierda reguladora, que sitúa el problema en el poder de fijación de precios y la captura de rentas. Sin esta mirada, no habría topes al alquiler, protección frente a desahucios injustos o control del alquiler turístico. Y esta izquierda tiene razón, sobre todo, en un punto nuclear: dejar la vivienda completamente en manos del mercado conduce a procesos de exclusión rápida. Pero, desde mi modesta opinión, cuando esta posición se absolutiza —cuando se concibe la regulación como sustituto de la producción de vivienda asequible— se termina gobernando la escasez, no resolviéndola.

El segundo enfoque es el de la izquierda que reivindica la planificación y la provisión pública. Aquí el diagnóstico es que ningún país ha garantizado el derecho a la vivienda sin un parque público o cooperativo robusto. España tiene apenas un 3% de vivienda con algún tipo de protección, frente a medias europeas mucho mayores. No es casual que los precios se comporten como lo hacen. Y no es solo Viena. También son Países Bajos, Dinamarca o Austria, quienes llevan décadas construyendo vivienda asequible de manera estable. La clave no es replicar modelos, sino asumir que la oferta pública y concertada debe crecer de forma sostenida, año tras año, para que el alquiler deje de ser un mecanismo de selección por renta.

El tercer enfoque es el de la izquierda que considera que, dadas las limitaciones fiscales y técnicas de muchas administraciones, no se podrá escalar la vivienda asequible sin colaboración con actores privados sometidos a reglas estrictas. Es decir, sometidos a topes de rentabilidad, cesiones obligatorias de suelo, precios congelados de por vida o participación de cooperativas de uso. Este enfoque no busca entregar la ciudad al mercado, sino utilizar la capacidad regulatoria del Estado para orientar inversiones y multiplicar el impacto del suelo público disponible.

El problema no es que existan tres sensibilidades. El problema es que la izquierda española sigue atrapada en un marco dicotómico que no ayuda. Regular o construir, intervención o colaboración, Estado o mercado. Ese marco es falso. Y, además, a quien beneficia es a la derecha, porque mientras se discute la pureza doctrinal, los precios siguen subiendo, la oferta asequible sigue siendo insuficiente y los sectores más vulnerables del mercado del alquiler se encuentran cada vez más solos.

La realidad es bastante más prosaica y más urgente. En 2024, el alquiler medio de un piso en Barcelona rozó los 1.600 euros. En Madrid superó los 1.450. En ciudades intermedias como Málaga, Bilbao o Palma, es habitual que un piso cueste entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Y, claro, no hablamos de lujo. Hablamos de viviendas estándar. Con salarios medios de 1.500 a 1.800 euros, la aritmética se vuelve devastadora.

España necesita regulación firme para contener abusos, pero también necesita construir vivienda pública. Necesita limitar el alquiler turístico, pero también necesita promover vivienda en cesión de uso, en alquiler público y en fórmulas de precio tasado permanente. Necesita colaboración con cooperativas, fundaciones y, en determinados marcos, con promotores privados sometidos a condiciones estrictas.

Lo que no necesita es seguir creyendo que el mercado, si se le deja «respirar», resolverá mágicamente la crisis. Ese es el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino que ha desembocado en un país con uno de los mayores porcentajes de viviendas vacías de Europa, pero con un parque público raquítico y una presión de precios que golpea de forma desigual a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores con salarios medios.

No se trata de elegir entre intervenir o construir. Se trata de asumir que una política de vivienda seria debe hacer ambas cosas y debe hacerlas bien. Regular para frenar abusos. Construir para reducir la escasez. Planificar para evitar que la ciudad se convierta en un mecanismo de selección por renta. Y, sobre todo, consolidar un parque estable de vivienda asequible que dé seguridad y horizonte vital a quienes hoy viven pendientes de cada renovación contractual.

La vivienda no es un símbolo. Es una infraestructura social. Si la izquierda renuncia a construirla —material y políticamente— otros decidirán cómo, dónde y para quién se construyen las ciudades del futuro. Y la mayoría social no puede permitirse que eso vuelva a ocurrir.

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Por Javier Gil. Este artículo, extraído de Zona de Estrategia, es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:
cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).

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beste norabait bizitzera joaten zarenean, leku populatuago batera, beti esaten dute 'herria txiki geratu zaizula' klaro eta inoiz ez 'herriak bota zaituela'

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El lunes 3 de octubre al menos cuatro personas trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a un domicilio de la calle Mena en Bilbao para desalojarlo. En respuesta, unas 90 personas se concentraron y la Ertzaintza desplegó a una treintena de antidisturbios.

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‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

Javi Sánchez se fue del piso que tenía alquilado en el distrito de la Saïdia de València antes de que lo echaran. No por moroso, conviene aclarar. Pagaba puntualmente la renta de 440 euros al mes que le había fijado su casero, pero, cuando este le dijo hace un año que iba a venderlo y que pasaría a depender del nuevo propietario, tuvo claro que no le iban a mantener esa cantidad. No es que Javi tuviera dotes especiales de adivinador, para nada; sencillamente, sabía que en su calle ya se estaban pagando mil euros, una cantidad que no podía asumir. Tampoco quería verse inmerso en un proceso de subidas de alquiler, quejas y amenazas, así que optó por hacer las maletas y se convirtió en un desarraigado más de la Saïdia. 

El caso de Javi no es excepcional. El padrón del Ayuntamiento de València cifra en 1.840 (sobre un total de algo menos de 50.000) las personas que dejaron el distrito de la Saïdia para emigrar a otro municipio en 2024. Lo que no aclara el padrón es cuántos de esos cambios tuvieron su origen en un problema de acceso a la vivienda.

Una pista que apuntaría en ese sentido es que buena parte de esos movimientos se produjeron hacia localidades de la misma comarca (667) o de la comunidad autónoma (661). Pero el padrón ofrece más datos: otras 2.024 personas se mudaron a otro domicilio de València, el mayor número (637) dentro de la Saïdia, pero a continuación aparecen como distritos de llegada Rascanya (332) y Benicalap (197), es decir, dos zonas colindantes con la Saïdia, pero situadas todavía más a las afueras de la ciudad, lo que también parece indicar desplazamientos relacionados con la vivienda. Si se suman ambas cantidades (traslados a otros municipios y dentro de València), el 8% de la población del distrito cambió de domicilio el año pasado. 

Emilia Villalba (68 años) regenta una pescadería en la calle Alfambra, en el barrio de Morvedre de la Saïdia. Hace siete años también se vio forzada a abandonar su casa. Después de 20 años viviendo de alquiler en un piso de la calle Poeta Monmeneu, el dueño le dio un mes para dejarlo porque quería venderlo. De eso hace ahora siete años. Emilia y su marido se pusieron a buscar otra vivienda, pero lo que les pedían por la zona era «una locura», enfatiza ella, así que empezaron a ampliar el radio de búsqueda, y tanto lo ampliaron que se les acabó la ciudad y llegaron al municipio vecino de Tavernes Blanques. Y allí se quedaron. Eso sí, a Emilia su negocio le queda ahora un poco a trasmano, como a tres kilómetros de trasmano, cuando antes lo tenía a menos de cien metros de su casa. 

La distancia que separa actualmente a Javi de la Saïdia es física, pero, sobre todo, emocional. Recorre ahora sus calles con cierto desapego, como si ese mundo, que fue el suyo hasta hace muy poco, le resultara ajeno. A sus 41 años, echa la vista atrás y recuerda su niñez en Sant Antoni, un barrio «en construcción», todavía con zonas de huerta, fábricas y talleres abandonados, muchos solares y casas de pueblo de dos alturas. Poco de eso queda ya.

Javi lamenta la pérdida de conexión con sus raíces, un proceso que va mucho más allá del lógico transcurso del tiempo y que tiene que ver, además, con las procesiones de guiris que recorren la avenida Constitución de madrugada entonando cánticos a grito pelado, y con un pañal lleno de mierda que le cayó a los pies lanzado por la ventana por unas personas que hablaban en inglés, y con el turista perdido que estuvo martilleando el timbre de su casa insistiendo en que ese era su airbnb, y él que no, que esa era su casa, hasta que un vecino militar lo puso de patitas en la calle, y con el continuo trasiego de vecinos en el edificio, de caras nuevas, no sabe si de turistas o simplemente de gente que no podía pagar el alquiler y se tenía que ir, hasta que al final solo conocía a dos vecinos de los diez que había en la finca. «Toda la vida viviendo aquí, y de repente te sientes fuera de lugar. Te desarraigan sin necesidad de moverte, antes de que te vayas», se lamenta Javi, y se queja de que cada vez hay menos bares de quintos y tapas: los arreglan, suben los precios y ya no los puedes pagar. 

En el bar Lérida, en la calle del mismo nombre del barrio de Morvedre, todavía sirven quintos y tapas. Es un local de toda la vida, como le gustan a Javi. Bernardo Alcaide atiende la barra, cocina…; en resumen, el negocio lo lleva él. Dice que ha habido épocas en las que tenía a alguien que le ayudaba, pero que se apaña mejor solo. Es un tipo grande, buen conversador. Lleva en el oficio desde que acabó la EGB a los 15 años y regenta el bar desde hace 25. La suya es una clientela fija. Si falla alguien, le pone falta, bromea. Bernardo vive a apenas unos metros, en la avenida Constitución. Compró su piso hace ya muchos años por cinco millones de pesetas. Hace el cálculo rápido: 30.000 euros. Ahora están pidiendo 370.000 por uno como el suyo. Su hija tiene 27 años y vive en su casa. Y no porque no le gustaría tener la suya propia, que le gustaría. A su hija le encanta la zona y querría comprarse una vivienda en Visitación, el rovellet de l’ou de Morvedre, la calle central del barrio, pero no puede. «Y eso que tiene un buen sueldo», apunta Bernardo. Así que, de momento, seguirá con sus padres.  

A Natxo Collado, la vida –un bonito eufemismo que podría ser sustituido por las deficientes políticas públicas de acceso de la vivienda o por los caseros insolidarios o por la paulatina conversión de los inmuebles en activos financieros– lo ha intentado desarraigar de la Saïdia en más de una ocasión. La relación de Natxo, abogado y uno de los fundadores de la asamblea anticapitalista de La Saïdia Comuna, con el distrito surgió casi como un enamoramiento adolescente, cuando, con 28 años (ahora tiene 36) buscaba piso con dos amigos por toda València.

Finalmente, lo encontraron en el barrio de Sant Antoni: 600 euros por una vivienda grande, de cuatro habitaciones. A Natxo, ese precio ya le parecía entonces un poco desproporcionado, pero nada comparado con lo que vendría a continuación. Al finalizar ese contrato de tres años, los echaron directamente. «El propietario quería cobrar más», resume Natxo. Se mudaron a un piso exactamente igual al que tenían, de otro propietario, situado en la planta de arriba. Exactamente igual, tampoco: la vivienda estaba en peores condiciones y el alquiler subió a 900 euros. A los tres años volvieron a echarlos y la nueva búsqueda resultó ya infructuosa. A pesar de que querían quedarse a toda costa en la Saïdia, donde habían establecido una red social importante, resultaba imposible. Les pedían 900 o 1.000 euros por pisos de dos habitaciones, una cantidad inasumible para ellos, así que la sociedad se deshizo: Natxo y un amigo se mudaron al barrio de Orriols, en el distrito de Rascanya, y el tercero, con 36 años, se volvió a vivir con su madre.

Emilia espera a sus clientas leyendo, sentada en una silla almohadillada de madera. En la entrada de la pescadería, destaca una estantería llena de libros de cocina. No es que sea una propagandista del hábito de la lectura, aunque podría. La explicación es otra: el piso al que se mudó es más pequeño que el que tenía en la Saïdia. Como no le cabían todos los libros, se llevó los que le sobraban al comercio. Y ahí están, esperando, igual que ella, que entren compradoras de toda la vida como María (Emilia, sobra decirlo, se sabe todos sus nombres).

Se lleva una sepia, cigalas, algo de pescado. Hay clientas que ya no volverán: tuvieron que dejar el barrio por, sí, no encontrar vivienda. La contrapartida del turismo, para Emilia, es escasa. Pocos viajeros pisan su establecimiento. Algún francés despistado, si acaso. Ella tiene claro que el turismo no se puede frenar mientras haya intereses para impulsarlo. Recuerda que, al poco tiempo de verse obligada a abandonar el barrio, abrieron un hotel, el Mythic, en los bajos de su edificio, en la calle Poeta Monmeneu. Las habitaciones están dispuestas en una nave industrial abandonada cuya estructura ha sido restaurada. Juguetes, dice Emilia que almacenaba antes. 

En el enorme solar situado entre las calles Maximiliano Thous y Benipeixcar, en el barrio de Sant Antoni, había antiguamente una fábrica de muebles. Dentro de poco, habrá otro hotel. Juguetes, muebles… el pasado obrero de la Saïdia se difumina para dar paso a una nueva realidad. El muro de Maximiliano Thous lleno de mensajes contra la crisis inmobiliaria, que cerraba el acceso al solar, ya no existe. Ha sido derribado para que las máquinas empiecen a construir el complejo hotelero planeado allí.

Los cambios en la Saïdia se suceden a una velocidad vertiginosa. Hay que estar atento para seguir su evolución. En el barrio de Morvedre, casi al lado del estanco de Elisa, el bajo del número 20 de la calle Visitación, sin actividad desde hace años, se ha convertido en pocos meses en dos viviendas dedicadas, dicen, al alquiler de temporada. Muy cerquita, los dos bajos del número 33 de la calle Orihuela han desarrollado una extrañas protuberancias en forma de teclados numéricos que parecen indicar su paso a un estadio superior. En el canal de difusión de WhatsApp de La Saïdia Comuna, un vecino cuelga fotos del número 10 de la calle Ministro Luis Mayans, también en Morvedre:

–¿Son bajos turísticos?

–Por supuesto. Son inconfundibles.

–Qué horror. Se están cargando los barrios. 

Javi se queja de que es muy difícil luchar contra la gentrificación porque, como hay un proceso de degradación previo, la gente tiene la sensación de que han mejorado. Y claro, arreglan los edificios, pero llegan los turistas, y suben los alquileres, unos alquileres que «son un desastre», dice Javi, porque las personas no los pueden pagar, y entonces, piensa Javi, te das cuenta de que si eres de clase trabajadora no tienes derecho a vivir en un buen barrio, ya no te toca, te toca irte al extrarradio o a un pueblo de la periferia, y entonces sufres un proceso de desarraigo. Todo eso piensa Javi. Y también piensa que por qué no se invierte en la gente antes que en fachadas. Sus reflexiones las hace desde la tranquilidad de tener una casa en el casco histórico de Sagunt, a 30 km de València, que compró por 35.000 euros hace tres años, cuando ya vislumbraba que llegaría un momento en el que no podría pagar el alquiler en la Saïdia. 

Natxo se acabó comprando un piso por obligación, porque él hubiera preferido seguir de alquiler, pero admite que, en las condiciones actuales, esa opción «es una temeridad». «Dependes de muchas variables que no controlas». En contra de sus principios, se ha quitado de encima, reconoce, «quilo y medio de ansiedad». Su vivienda está en Orriols, un barrio situado junto a la Saïdia, pero más alejado del centro, ya en el extremo norte de València. La vida, en este caso, fueron los contactos por su trabajo; unos propietarios con conciencia social que le dejaron el piso en 90.000 euros, muy por debajo del precio de mercado, y un amigo (además del banco) que le prestó dinero para pagarlo. En definitiva, la vida, esa vida que ha intentado desarraigarlo de la Saïdia tantas veces y que finalmente ha tenido que dar su brazo a torcer porque Natxo, aunque ya no reside allí, no ha abandonado su activismo en el distrito. 

El paseo ha terminado. Javi cruza el puente de Serranos para dirigirse a la estación del Norte, donde tomará el tren que le lleve de vuelta a Sagunt. No puede evitar sentir pena por todo lo perdido, pero, al mismo tiempo, se alegra de haberse ido, porque en su nueva casa ha encontrado la vida que siempre ha deseado. En su camino a la estación, cuando pase por la plaza de la Virgen tomada por los turistas, volverá a tener esa sensación de no saber dónde está, de sentirse un elemento más del decorado, el tipo que molesta en la foto de recuerdo; un desarraigado. 

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El movimiento de vivienda crea la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

El fin de semana del 10 al 12 de octubre, inquilinas organizadas de más de una decena de territorios distintos viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Su creación es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora. La coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal “Nos Quedamos”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en todo el Estado. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial. Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas.

Maricarmen se queda

El ejemplo más reciente de sindicalismo inquilino lo encontramos en la campaña “Maricarmen se queda”: Maricarmen es una mujer de 87 años, que lleva 70 años viviendo de alquiler en su casa, en el barrio de Retiro, desde que su padre firmó un contrato de renta antigua, al cual se subrogaron primero su madre y luego ella.

En este sentido, Maricarmen es víctima de las leyes machistas del franquismo, ya que su madre no figuraba en el contrato original como arrendataria, porque solo podía hacerlo su marido. Por eso, cuando falleció el padre de Maricarmen, su madre se tuvo que subrogar en el contrato, pese a ser la coinquilina original. Y, al fallecer la madre de Maricarmen, su hija se subrogó por segunda vez, a pesar de que ésta debería haberse considerado la primera subrogación.

Entonces, la propiedad no puso pegas a la prórroga y le mantuvo las condiciones a Maricarmen. Sin embargo, un fondo buitre ha comprado la vivienda, ha resuelto el contrato de renta antigua y le ha incrementado el alquiler en más de un 300%.

El Sindicato de Inquilinas inició una campaña, que ha tenido una enorme repercusión mediática, para mantener a Maricarmen en su casa. Se empapeló el barrio con carteles informando del desahucio y varios comercios apoyaron poniendo el cartel en sus escaparates; se informó a todas las vecinas del edificio, yendo puerta por puerta, del inminente desahucio; se organizó un pasacalles por el Retiro y por la calle Sainz de Baranda, en la que participó el AMPA del colegio Escuelas Aguirre haciendo un taller de carteles en apoyo a Maricarmen; y, por último, se convocó una concentración el día del desahucio (previsto para el 29 de octubre) frente a su vivienda. Sin embargo, gracias a la presión ejercida, el día antes del lanzamiento, el Juzgado decidió suspenderlo, para otorgarle más tiempo para buscar una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

El 29 de octubre, finalmente, se convirtió en una celebración. Maricarmen compareció ante los medios, emocionada, mientras las vecinas gritaban “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”. Al cuello llevaba una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

Por ahora, Maricarmen se queda; pero depende de todas que se quede para siempre.

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En noviembre de 1985 se cumple el 40º aniversario de la primera okupación en Madrid: Amparo 83, en el corazón de Lavapiés. Aquellos diez días de okupación, impulsados por el Kolectivo KOKA y que contaron con un importante apoyo vecinal y cobertura mediática, fueron el punto de partida de un movimiento que acabó transformando el paisaje político, social y cultural de la ciudad de Madrid.

Cuatro décadas después, queremos recorrer esas huellas a través de los lugares que fueron testigos de cómo un barrio quiso reinventar la ciudad desde abajo. El paseo del próximo 29 de noviembre será la primera jornada de este recorrido histórico por la okupación en Lavapiés entre 1985-2005.

Contexto político: «Jóvenes sin curro y sin vivienda, la solución okupación»

Influenciada por los movimientos de squatters europeos, la okupación surge en Madrid como protesta contra la falta de vivienda accesible y la especulación inmobiliaria, contra la crisis provocada por la reconversión industrial, contra el golpe del paro y la heroína sobre los barrios más empobrecidos de la ciudad, por señalar algunos motivos. Dentro de este contexto surgen redes autónomas vinculadas a los movimientos antimilitarista, ecologista, anarquista y contracultural. Frente a una ciudad que empezaba a especular con el suelo urbano, las okupaciones propusieron reapropiarse del espacio y transformarlo en un bien común: vivienda, cultura, convivencia, comunidad.

A las primeras okupaciones periféricas, les siguieron durante los 90, una segunda ola de okupaciones más organizadas y con mayor visibilidad pública. Los centros sociales autogestionados se convirtieron en lugares de experimentación política, cultural y feminismo autónomo que se entrelazaban, por ejemplo, con las luchas migrantes, con las desigualdades del barrio o con los movimientos globales contra la guerra o la globalización neoliberal.

Lavapiés fue un escenario idóneo por sus características: barrio obrero, céntrico, con un alto número edificios abandonados, un fuerte proceso de reconversión urbanística…Estos y otros aspectos se convirtieron en oportunidades para diversas experiencias de okupación que se entrelazaron con movimientos sociales, vecinales y sindicales preexistentes generando una comunitaria que trascendió los muros okupados.

Primeras okupaciones (1985–1994): el germen de una ciudad posible

Amparo 83 (1985)

Fue la primera okupación con un proyecto sociocultural explícito. Durante pocos días se organizaron talleres, cine, debates y encuentros vecinales. Aunque el desalojo fue rápido, de esa experiencia nació la Asamblea de Okupas de Madrid, primer intento de coordinación del movimiento.

CSA Minuesa (1988–1994)

La antigua imprenta de la Ronda de Toledo, rescatada por los y las trabajadoras de la fábrica cuando ésta se declaró en quiebra, fue uno de los primeros grandes centros sociales autogestionados de Madrid cuyo. Talleres, escuela popular, comedor, biblioteca, conciertos y debates convirtieron Minuesa en una referencia. Su desalojo en 1994, tras seis años de intensa actividad, fue uno de los más violento, pero consolidó la okupación como parte del tejido urbano madrileño.

La explosión del movimiento (1995–2000): «okupa tú también»

Lavapiés 15 (1996)

Okupado en abril de 1996, combinó vivienda colectiva con comedor popular y espacios culturales. Su breve existencia (duró solo 6 meses) fraguó la idea de las okupaciones como espacios abiertos a otras identidades o a la posibilidad de una casa okupada de mujeres (que se concretaría en la experiencia de la Eskalera Karakola).

Eskalera Karakola I (Embajadores 40, 1996–2005)

Primer espacio okupado y gestionado exclusivamente por mujeres que gestó un feminismo autónomo y cotidiano: debates sobre cuidados, apoyo a mujeres migrantes y trabajadoras precarias, espacio seguro para diversidades sexuales…

El Laboratorio I (Embajadores 68, 1997–1999)

Nació como una okupación pública y multitudinaria. Su nombre expresaba la voluntad de experimentación, tal y como apuntaba uno de sus primeros textos, «fuera de los caminos trillados de la okupación». Su objetivo: crear un gran laboratorio urbano de experimentación social y cultural fuera de la clandestinidad habitual. Para intentar asegurar un proceso más a largo plazo y evitar el desalojo, plantearon la posibilidad de negociar con las instituciones.

El Laboratorio II (Plaza de Cabestreros, 1999–2001)

Ocupó el edificio del antiguo colegio de Cabestreros, en pleno Lavapiés. Tuvo un carácter más cerrado que su predecesor, utilizándose principalmente como vivienda. Gracias a su ubicación (plaza de Cabestreros) amplió la dimensión vecinal a través de diferentes actividades.

El Laboratorio III (Amparo 103, 2002–2003)

Más pequeño y de vida efímera, el Labo 03 dejó la vivienda en un segundo plano para ampliar la colaboración con otros colectivos del barrio, facilitando la participación de personas que no habían tenido contacto con el movimiento okupa o de forma indirecta.

La Biblio (2000–2003)

Proyecto cultural y de préstamo de libros autogestionado. La Biblio demostró que la okupación podía convertirse en un servicio comunitario real, abierto a vecinas y vecinos, y sirvió como espacio intergeneracional de cultura libre.

De la okupación a la cesión (2003–2005)

Eskalera Karakola II (Embajadores 52, desde 2005)

Tras el desalojo de Embajadores 40, el colectivo se reubicó con un acuerdo de cesión municipal, manteniendo su autonomía política. Supuso un cambio de paradigma: del enfrentamiento a la negociación sin renunciar a la autogestión transfeminista.

El Laboratorio en el exilio: Solar de Olivar (2003–2005)

Solar autogestionado al aire libre entre las calles Olivar y Valencia. Representó una transición de la ocupación de edificios a la reapropiación del espacio público. Su importancia radica en haber abierto el movimiento o el espacio al barrio en su conjunto.

«10, 100, 1000 centros sociales»: una invitación a caminar la memoria

Desde el local anarquista Magdalena quieren empezar a montar paseos históricos con el objetivo de recordar procesos de luchas pasados y potenciar los presentes. Buscamos que la historia no sea un producto de consumo acrítico, sino un vehículo que nos sirva para no olvidar nuestro pasado de lucha más reciente, saber de dónde venimos para que nos pueda ayudar a ver dónde nos queremos dirigir, hacerlo desde un posicionamiento crítico que nos sirva para aprender de aciertos y errores. En nuestro caso, cuando escuchamos de primera mano, de la mano de sus propios protagonistas, esas luchas, sinceramente nos llega el impulso y nos dan más ganas de seguir luchando.

Por ello queremos recordar la historia de los Centros sociales okupados del barrio donde hemos habitado siempre, Lavapiés.

El paseo se dividirá en dos jornadas, la primera de ellas abarca desde 1985 al 2005 (Lavapiés 15, Eskalera Karakola I y II, Laboratorios I, II y II, La Biblio, Solar Olivar…) y será el sábado 29 de noviembre de 2025. El segundo paseo, del 2006 a la actualidad lo organizaremos más adelante.Caminar por sus calles será también recorrer la historia reciente de muchos colectivos de Madrid: una historia de resistencia, autogestión y creación de propuestas alternativas. Cuarenta años después de Amparo 83, las preguntas siguen vivas: ¿qué ciudad queremos habitar?, ¿qué significa cuidar un barrio?, ¿cómo hacer memoria de la ocupación sin convertirla en piezas de museo? No se trata de idealizar, sino de habitar críticamente ese pasado. Las historias de Lavapiés son parte de nuestra historia colectiva; traerlas al presente nos ayuda a repensar las estrategias para proteger y generar espacios comunitarios en la ciudad.

Y aunque la historia de la okupación puede tener entidad propia, la memoria colectiva se construye a través de los grupos sociales que la viven. Por ese motivo, en este paseo estarán algunas de las personas que fueron parte de esta historia. Junto a ellas queremos volver a abrir las puertas de estas okupaciones, aprender de sus luces y sombras, y reconocer los vestigios del pasado que están en nuestro presente.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar con relatos, fotos, objetos, recuerdos…para que este paseo sea un ejercicio de memoria compartida y aprendizaje, para que sea un espacio de (re) encuentro con el que seguir protegiendo los barrios y creando espacios comunitarios en la ciudad.

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Gasteiz: cuando la Ertzaintza protege al fascismo

El pasado 12 de octubre, mientras en Madrid se desplegaban desfiles militares y banderas rojigualdas, en Gasteiz se vivía otra escena que, pese a su escala menor, revela la profundidad del problema. La Falange Española —un partido fascista que nunca ha dejado de reivindicar el legado de Franco— celebró un acto “patriótico” en pleno centro de la ciudad. “Euskal presoak, cámara de gas” y “pasamos y volvimos a pasar” fueron algunas de las lindezas que soltaron esa jornada.

Frente a ellos, un grupo de antifascistas decidió concentrarse para mostrar su rechazo a que el fascismo volviera a ocupar el espacio público vasco. La respuesta del Estado fue clara: 19 personas detenidas (uno de ellos menor de edad), imputadas por supuestamente lanzar piedras a la policía, cargas policiales y los falangistas vitoreando a la Ertzaintza.

Según relatan varios medios, la policía vasca cargó contra quienes se manifestaban contra el odio, usando pelotas de goma y empujones, mientras escoltaba y protegía a los militantes de ultraderecha. Según informa el periodista Danilo Albin en Público¹, los falangistas aplaudieron y jalearon a los agentes cuando estos detenían a manifestantes, gritando “Ahí está la escoria etarra, grande policía”. El Gobierno vasco, por su parte, ha intentado justificar la actuación de la Ertzaintza apelando al “mantenimiento del orden” y al “derecho de reunión”.

Unos días después, el canal de Telegram de la Liga Antiglobalista Internacional (una internacional de 15 partidos de extrema derecha procedentes de varios países, impulsada por el oligarca ruso Konstantin Maloféyev, cercano al Kremlin) publicó el siguiente mensaje: “El 12 de octubre, nuestros hermanos de La Falange celebraron una reunión en Vitoria con motivo del Día de la Unidad Española. Antifa y los separatistas, que superaban en número a los falangistas hasta diez veces, intentaron interferir en la concentración y atacar a los nacionalistas. A pesar de su superioridad numérica, la izquierda recibió una terrible paliza tanto por parte de La Falange como de la policía”.

Los hechos de Gasteiz nos recuerdan que el antifascismo sigue siendo necesario. Que el fascismo, por muy marginal que parezca, encuentra amparo en las instituciones cuando éstas no se atreven a condenarlo con claridad. Y que, frente al fascismo y su blanqueamiento institucional, la respuesta sigue siendo la misma de siempre: organización, solidaridad y antifascismo.

Barcelona: más detenciones en protestas propalestinas

En el mes de octubre, lejos de bajar los brazos ante el anuncio del alto el fuego en Gaza, el movimiento propalestino salió a la calle como siempre, para asegurarse de que la paz que se logre sea justa y duradera.

En este contexto, las movilizaciones de apoyo a Palestina se encontraron con una respuesta policial contundente, sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, el 4 de octubre, diez personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Plaça de Catalunya, acusadas de causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación.

Unos días después, el 15 de octubre, en el contexto de la huelga general por Palestina convocada por varios sindicatos, unas 50.000 personas recorrieron la capital catalana. En el transcurso de la protesta, según la versión oficial, se produjo la quema de contenedores, el lanzamiento de objetos hacia una línea policial frente al Consulado de Israel y otros actos de “vandalismo”. Los Mossos d’Esquadra intervinieron utilizando spray de pimienta y cargas con porrazos, lo que derivó en la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Según publica Izquierda Diario, estos fueron detenidos mientras volvían a sus casas, por el hecho de llevar simbología palestina y por presentar síntomas de haber sido rociados con spray. Han denunciado haber recibido tratos vejatorios, insultos, humillaciones racistas y falta de asistencia sanitaria en comisaría, donde no se les permitió ducharse, ni cambiarse la ropa llena de spray.

Según la organización Som Defensores, desde el asalto a la flotilla se han detenido a 34 manifestantes (la mitad menores y la mayoría personas racializadas) y se ha empleado en seis ocasiones gas pimienta para disolver manifestaciones. Al menos en una ocasión, tras usarse en la estació de Sants, entre 30 y 40 personas tuvieron que ser atendidas por equipos médicos.

Vallekas: un barrio que se organiza contra mercenarios y bulos

Lo que medios como Cuatro y Telemadrid vendieron hace unos días como una “batalla campal” entre “desokupadores” y “Bukaneros y ultras de izquierdas que defienden a los okupas” en Puente de Vallekas es, en realidad, el episodio más visible de un hostigamiento sostenido contra un vecino y un gimnasio popular, envuelto en desinformación y con presencia activa de una empresa de desokupación integrada por escuadristas neonazis. El relato dominante —con platós dando altavoz a un supuesto propietario y cámaras buscando imágenes de choque— sirve para criminalizar al barrio y tapar la raíz del problema: la precariedad habitacional y la entrada de matones profesionales con agenda ideológica en los conflictos de vivienda.

El caso arranca con un señor apodado “Daan”, boxeador y empresario que se presentó en televisiones como dueño de una vivienda ubicada en la calle Leonor González. Sin embargo, Irene Zugasti, periodista de Diario Red, ha accedido a la nota simple del Registro y ha comprobado que Romero no figura como propietario; la casa es de unos herederos. En cualquier caso, el habitante, Juan Carlos, una persona que trabaja cuidando a personas mayores, vive allí desde hace casi nueve años con apoyo vecinal —preferían casa habitada y cuidada frente al riesgo de narcopisos—. Romero, por su parte, ya ha sido condenado por coacciones contra él por anteriores episodios de acoso. Pese a ello, siguió apareciendo acompañado de miembros APD Security Iberia, empresa de “desokupación” con historial violento², intentando echar por las malas a Juan Carlos, mientras ciertas cadenas amplificaban su versión sin contraste.

El 14 de octubre se produjo el salto cualitativo: miembros de APD acudieron armados con palos y atacaron el Club Deportivo La Fábrika, un gimnasio popular con casi quince años de arraigo, muy cercano al domicilio de Juan Carlos. Si hubieran atacado una hora más tarde, se habrían encontrado una clase para niñas y niños de entre 7 y 13 años. La intimidación a este local venía de lejos, pues desde el primer día que acudieron a amenazar a Juan Carlos, el 26 de septiembre, los miembros de APD ya intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase, una escena que fue retorcida en televisión, presentando a los asistentes al gimnasio como agresores.

Los neonazis agredieron a algunas de las personas allí presentes y reventaron la puerta con palos al grito de “rojos maricones”. Así, parte del equipo de gimnasio se vio obligado a defender su local.

“Nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes, perpetrada por una empresa de desokupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda”, explica La Fábrika en un comunicado. “Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai, MMA y a la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar.

[…] El martes 14 de octubre estos escuadristas de desokupación volvieron. […] Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. En el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. […] Un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse, cruzándose con uno de estos elementos, que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio; en este momento comienza la “batalla campal”. Para nosotrxs fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla”³.

La policía, ausente en el inicio según la crónica, llegó más tarde y terminó por derribar el acceso al gimnasio. En total, detuvieron a 17 personas: 10 escuadristas de APD y 7 vecinas de Vallekas, entre las cuales había personas que habían defendido el gimnasio, pero también vecinos que llegaron más tarde y que ni siquiera habían presenciado lo ocurrido. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque, y cinco vecinos. Los agresores, aún estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, detalla el comunicado.

El barrio, sin embargo, ha respondido con la mejor de nuestras armas: la solidaridad. Se ha organizado una presencia permanente junto a Juan Carlos para defender su vivienda y una defensa pública del gimnasio como proyecto comunitario. El pasado 24 de octubre, cientos de personas recorrimos las calles de Vallekas en una manifestación, convocada por PAH Vallekas, por la vivienda digna y contra las mafias de desokupación. Su punto de partida fue La Fábrika y terminó en el estadio del Rayo.

Frente a matones y bulos, organización vecinal, información verificada y antifascismo cotidiano.

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1Tras publicar Albin (periodista de origen uruguayo, afincado en Bilbao, que hace seguimiento a la actividad de la extrema derecha) el artículo en el que explicaba cómo los falangistas jalearon a la policía, el ultraderechista Martín Ynestrillas publicó un vídeo con su rostro, diciendo que es “un uruguayo que no entiende nada de lo que pasa en este país” y llamándole “miserable”, “embustero”, “canalla” e “idiota”.

2Nos remitimos a las detalladas investigaciones que han llevado a cabo Sistema 161 e Irene Zugasti, revelando los vínculos de esta organización con organizaciones de extrema derecha como Bastión Frontal, Yomus, España 2000 o Amanecer Dorado y empresas de seguridad formadas por militares israelíes. Entre los antecedentes de algunos de sus miembros se encuentran amenazas a familias en Tetuán, amenazas fascistas en València e, incluso, disparos en un desalojo en Illescas.

3Animamos a buscar en redes el resto del comunicado, que denuncia el papel cómplice de determinados medios de comunicación en el blanqueo de los discursos de odio y en la tergiversación de la realidad, así como habla de la implantación de La Fábrika en el barrio.

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El centro cultural La Casa Invisible de Málaga acogió el pasado 8 de octubre unas jornadas de feminismo romaní en las que se habló de intervención comunitaria, de memoria histórica, de derecho a la vivienda y de literatura hecha por mujeres gitanas.

La entrada “No queremos emancipación individual, queremos caminar con nuestra comunidad en igualdad” se publicó primero en Pikara Magazine.

Por Martina Di Paula López y Aurora Báez Boza. Extraído de El Salto

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades para exigir solución al drama habitacional. Este fin de semana, la lucha por el derecho a la vivienda ha vivido un nuevo momento histórico en Málaga con la celebración del I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinos y la creación de una confederación de organizaciones de arrendatarios para dar un nuevo impulso a la lucha contra la especulación con “más huelgas de alquileres y una huelga general por la vivienda en el horizonte”.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado. Los contratos de temporada, por habitación o turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. Una situación crítica que se expande por todo el territorio con muchas semejanzas, pero con particularidades locales.

En Catalunya, la concentración de la propiedad tiene nombre de bancos y fondos de inversión, como CaixaBank, BBVA, Cerberos o  Black Sorne. A lo que hay que sumarle el poder de la oligarquía catalana. Solo Cerberos tiene 3.500 viviendas vacías en una Comunidad con un 1,2% de vivienda pública. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el “banco malo” que el Gobierno prometió reconvertir en empresa pública de vivienda, continúa amenazando de desahucio a familias a las que no permite negociar alquileres sociales. El resultado es que las viviendas que deberían estar al servicio de la población son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario como Blackstone, Servihabitat y KKR, fondo proisraelí. En Madrid, el 43% de los contratos de alquiler son a fondos de inversión, en un marco de políticas hostil y barrios que cada vez se llenan de más “inmobiliarias y grupos de desocupación”, denuncian desde el Sindicato. 

CaixaBank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España desde la absorción de Bankia, con más de 25.000 pisos en alquiler. Bajo el programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa, se ha dado una estrategia de “desahucio invisible”. Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogar los contratos, exigiendo subidas del alquiler de entre el 50% y el 100% a pesar de que estaba vigente la “prórroga covid” del “escudo social”. En Catalunya, hay actualmente 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa que han demandado a la entidad bancaria, cuentan desde el Sindicat de Llogateres. El objetivo es detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y hacer que las viviendas pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl).

“En Andalucía, los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”. Según los datos del INE de 2024, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más pisos turísticos alberga. Un caso muy cercano en Málaga —donde en diez años los precios de alquiler han subido más del 100%— es el que se da frente a la Iglesia de San Agustín, donde a finales de año desaparecerá la histórica Tetería de San Agustín si se lleva a cabo la conversión del edificio en viviendas turísticas tal y como está previsto. 

Aunque sea una tendencia cada vez mayor, en ciudades más pequeñas la concentración de propiedad es más dispersa. En Málaga, capital de Andalucía donde la vivienda es más cara, la mayoría de propiedades verticales de alquiler pertenecen al instituto municipal de la vivienda y la agencia autonómica ABRA. Esto contrasta con los más de 900 desahucios que se ejecutaron en el año 2024 en una ciudad con 16.700 viviendas vacías (6,4% de las viviendas) y 8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga). En Málaga, donde un 15% de población vive en alquiler, el sindicato destaca el trabajo desde Málaga para Vivir, Techo por derecho y Biznegras.

Como explican Hannah Soraya y Assiatu Diallo, el rentismo y el racismo inmobiliario forman una dinámica de doble desposesión. En su artículo aportan cifras del informe de la Fundación Foessa que muestran que alrededor de un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato, siete de cada diez destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento. Además, en el informe de Provivienda de 2024, se muestra que el 99% de inmobiliarias han llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza. La Ley 15/2022, de 12 de julio, que debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda se contradice con otras leyes, como la Ley de Extranjería, que exige tres años de empadronamiento para la regularización.

En Sevilla, las viviendas vacías aumentan a 40.000 (un 10% de la ciudad) y las viviendas turísticas a 14.000. Cádiz es la única capital de provincia andaluza donde hay una pérdida paulatina de población, con cada vez menos contratos de alquiler (de los cuales, el 80% son de alquiler de temporada en portales como idealista). En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad. Además, se trata de la ciudad con más cruceristas por habitantes del Estado español. Ya en 2023 Carmen Marchena explicaba desde El Salto Andalucía la situación de esta provincia. A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía se ha negado ha considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares identificados. Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán prohibidos es Sevilla con 2.289 viviendas consideradas ilegales, seguida de Marbella, con 1.802 apartamentos ilegales, y Málaga con 1.471.

Una de las aristas principales de este problema es la expansión de un modelo turístico extractivo. “A la gente nos expulsan del centro de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos que venir a trabajar al sector servicios para sostener este modelo”, denuncia Kike España. El más destacado es el turismo de sol y playa, presente sobre todo en la costa mediterránea. Cecilia del Castillo, invitada al encuentro como parte de la confederación de Ecologistas en Acción, denuncia que “la turistificación nos asfixia, nos roba las casas y nos roba el espacio fuera de las casas”. También en Aragón podemos hablar del “artificial” turismo de nieve. “La nieve se fabrica, es artificial, porque la crisis climática tiene sus consecuencias” denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, explicando que “a día de hoy el modelo de turismo de la nieve ya está hiperfinanciado, subvencionado y da pérdidas sistemáticamente”. En Zaragoza el precio del alquiler ha subido más de un 64% y en el resto de Aragón un 67%. Aragón tiene 130.000 viviendas vacías y también está llegando el modelo turístico que transforma los alquileres de larga temporada a turísticos. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. Desde los sindicatos de inquilinas proponen como horizonte ideas de expropiación, planificación y redistribución de la vivienda además de una medida inmediata de bajada de alquileres. 

Los precios de los alquileres siguen subiendo, mientras el sistema legal y político no camina hacia la resolución de esta crisis con una ley de vivienda aprobada en 2023 que los colectivos de derecho a la vivienda consideran que no llega a suponer una regulación real de los alquileres ni pone frenos al negocio inmobiliario. Además, hay comunidades que se niegan a llevar a cabo la normativa estatal y la contraponen con políticas que favorecen la construcción, blinda la propiedad privada, persiguen la ocupación y llenan el debate social con términos como inquiocupación. Es el caso de Andalucía, que busca aprobar su propia legislación de vivienda, Madrid que se ha negado en diversas ocasiones a permitir una bajada en los precios de alquiler o en País Valenciá que pretende reformar su ley de vivienda para “frenar la ocupación ilegal”. En muchas localidades, incluso, los ayuntamientos han creado oficinas de antiokupación, como en Sevilla, Valencia, Palma, Granada, Alicante o Córdoba.

Otra de las críticas a la Ley aprobada en 2023 es que no llega a prohibir los desahucios sino que realizaba una prórroga hasta finales de 2025. Lo que no supone que se hayan dejado de producir desahucios, al contrario en 2024 se aumentó el porcentaje de ejecuciones aumentó un 3,4% con respecto al año anterior, realizándose un total de 27.564.

Un momento histórico

Con la afirmación de que “estamos en un momento histórico para el movimiento de vivienda y para los movimientos sociales organizados del Estado” en un “proceso de financiarización especulativa de la vivienda” daba comienzo Kike España, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, al primer Congreso Nacional del Sindicato de Inquilinas de Málaga. A lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, inquilinas organizadas de territorios viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la confederación de sindicatos de inquilinas, además de realizar acciones y debates donde se invitaron a  otras organizaciones.

Los Sindicatos de Inquilinas comenzaron a surgir en el año 2017 como organizaciones permanentes, tras la crisis de vivienda derivada del boom inmobiliario que estalla en 2007. Las primeras ciudades donde se organizaron son Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza.

Laura Bennedeti, del Sindicat de Llogateres de Cataluña, explica que “en 2017 todavía arrastramos la crisis de la burbuja y tenemos contratos que finalizan cada tres años”. Por ello, se plantean los Sindicatos de Inquilinas como organización estable en torno al derecho a la vivienda y cuestionando su mercantilización como bien especulativo. Laura Bennedeti cuenta que ahora mismo hay consolidados sindicatos en Catalunya, Madrid, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Asturias, Vigo, Ibiza y Formentera, además de grupos motores en Valencia, Mallorca y Almería. Desde los sindicatos destacan la singular situación de insularidad que se da en Baleares y Canarias que ha generado un conflicto especialmente difícil donde cada vez hay más población obligada a migrar.

“Este 2025 marca un punto de inflexión, se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes”, explican desde el Sindicato de Inquilinas en un momento donde los precios del alquiler están en su máximo histórico. “El sindicalismo inquilino se ha consolidado como actor central en la lucha por el derecho a la vivienda”, afirma Laura.

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, plantea las huelgas de alquileres como realidad para “avanzar y afianzar las negociaciones colectivas como forma en la que nos organizamos entre todas las inquilinas contra este sistema rentista” siendo una forma de “rescatar una herramienta histórica de lucha”. Por ello, Valeria afirma con firmeza que “el miedo, por fin, está cambiando de bando”.

Hoja de ruta a futuro

El proceso continúa, al igual que la expansión de los sindicatos de inquilinas. Tras salir a la calle en más de 40 ciudades, cientos de miles de personas se han manifestado en 2024 y 2025 contra los desahucios, las subidas abusivas y la turistificación”. Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido. “Es una estrategia para que ninguna inquilina se vea obligada a abandonar su casa y pueda renovar contrato a precio que pueda pagar”, explica Laura Bennedeti. 

Los bloques de lucha, como denominan a la organización de inquilinas que viven en propiedades verticales, se nombran como potenciales fuerzas de acción, sobre todo en un contexto donde cada vez son más habituales los desahucios en bloque tras el cambio de propiedad del edificio. También aparecen las brigadas inquilinas. Kike España trae el ejemplo del distrito de carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa, donde se ha constituido el bloque de lucha Avenida Europa 15. “Este es un ejemplo donde las inquilinas defienden sus derechos y perenne encima de la mesa que no se van a ir a ningún lado”, declara Kike. El objetivo es fortalecer las estructuras que existen y aumentar las relaciones para que exista una actuación coordinada.

Algunas de las aristas de la crisis de vivienda en las que trabajará el sindicato de inquilinas son la regulación de precios, el uso de vivienda vacía y el racismo inmobiliario. “Bajar el precio de los alquileres un mínimo de 50%, la recuperación de la oferta secuestrada o desarticular los grupos de desocupación” son algunas de las medidas que proponen desde los Sindicatos de Inquilinas según explica Valeria Racu. Además, se busca fortalecer los diálogos y confluencias con los sindicatos de inquilinas rurales, los sindicatos de trabajo, los movimientos pensionistas, ecologistas y las organizaciones por Palestina en la “lucha por territorios habitables para todas”, como concluyen al final del encuentro.

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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]

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Hoy nos trasladaremos a Barcelona, donde se están dando movilizaciones en muy diversos ámbitos en muy corto espacio de tiempo. Hablaremos con una compañera de allá que nos contará cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, los motivos de las diversas acciones y cómo pueden ir evolucionando las cosas por allá. Después hablaremos con un […]

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Un coloquio con representantes políticos y sociales que tratan de roer el duro hueso de hacer compatible las políticas de vivienda con la realidad social. Muchas gracias a todos/as los participantes, con los que ya habíamos contado en anteriores ediciones por separado en nuestros tres especiales de vivienda.

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Tercer programa de la serie dedicada a la vivienda. Todo el mundo necesita un techo. En teoría la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna. Las personas que han conocido la calle y la precariedad saben que el término vivienda digna puede ser una mentira piadosa o, directamente, cruel. En este programa hablamos de […]

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Artículo original publicado en elsoto.org

El 12 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. El texto de la nueva norma coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la ciudadanía organizada disponen de un papel real en un mecanismo que, además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad.

El urbanismo como inversión, no como derecho

El preámbulo del decreto justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno.

Un órgano político sin legitimidad democrática

La Aceleradora se configura como un órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esa exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.

Riesgo de invasión competencial y opacidad

El decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales, como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento.

A ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.

Una aceleradora para la inversión, no para la ciudadanía

Especialmente grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia” cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público.

Retirada del proyecto de decreto

La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperaión del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado.

Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio.

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Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña

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Por Albino Prada, del Consejo Científico de Attac, originalmente escrito para Sinpermiso.

Según mi lectura del Resumen Ejecutivo de la Memoria Socioeconómica de España (2024), presentada por el Consejo Económico y Social (CES) en mayo de este año, se deduce que vivimos en una de las economías europeas que más habría crecido, aunque no tengamos tanto éxito en transformar ese crecimiento en desarrollo social. Lo que el CES denomina el objetivo de mantener un “patrón de crecimiento que lleve a un desarrollo estable, sostenible e inclusivo a medio plazo”.

Esta conclusión es mía, no la sostiene el CES. ¿Porqué mantengo que nuestro patrón de crecimiento no se traduce en desarrollo?. En buena medida porque -como bien señala, ahora sí, el CES- buena parte de nuestro crecimiento depende de las actividades directas e indirectas derivadas del turismo. Así leemos “respecto al sector servicios, el turismo marcó récords y fue clave para el buen desempeño de la economía española”.

Para alimentar estas actividades se hace necesaria una entrada masiva de trabajadores inmigrantes que según los datos del INE (EPA) se situó -entre enero de 2020 y enero de 2025- en una cifra de 938.000 nuevos ocupados extranjeros de entre los algo más de dos millones nuevos ocupados totales (lo que alcanza a 45 de cada cien nuevos empleos). Un factor clave que, de paso, permite entender la aparente paradoja de que en el año 2024, según el CES, “con 422.000 personas ocupadas más, el paro descendió en 174.000 personas”. En menos de la mitad.

Se comprueba así que, de forma directa o indirecta, las actividades relacionadas con el turismo y los servicios personales explican la mayor parte de las tareas de estos nuevos ocupados y, en consecuencia, del éxito en el crecimiento del PIB. Sin este factor creceríamos la mitad de lo que lo venimos haciendo.

Pero justo aquí se acaban las buenas noticias. Porque este patrón de crecimiento se relaciona, aunque el CES no lo diga de forma categórica, con un problema creciente para avanzar en un desarrollo social inclusivo, por ejemplo en lo que atañe a “los problemas de acceso a la vivienda”. Problemas de los que si toma nota el CES cuando sostiene que “en un contexto de carestía y escasez de oferta, las dificultades de acceso a la vivienda y de afrontar los gastos relacionados constituyen uno de los principales problemas sociales reportados por la población en 2024”, o más adelante “persisten las particulares dificultades de acceso a la vivienda de las personas más jóvenes pues, mientras el 90 por 100 de las mismas considera el elevado coste del alquiler como la principal barrera para independizarse” .

Aunque lo que a mi juicio no enfatiza como debiera el CES es que tal cosa sucede por el descomunal incremento de viviendas para uso turístico[1] (que se detraen en un parque estancado de las viviendas de alquiler habitual), que está impulsando hacia arriba los precios y reduciendo la oferta de alquiler para los trabajadores más jóvenes (nativos y, por supuesto, el ingente empleo de extranjeros) que cuentan con escasos ingresos salariales para alquilar y no digamos para comprar una vivienda. Trabajadores que ven succionados sus ingresos por una minoría de rentistas y tienen que soportar condiciones de residencia poco decentes (en el límite bajo nuevas formas -urbanas y rurales- de chabolismo).

Es así como nuestro modelo de crecimiento (que tanto depende del turismo) está poniendo fuera de control un factor clave del desarrollo social (el acceso asequible a una vivienda). Un crecimiento no solo muy poco inclusivo sino, además, aún menos sostenible (tal como reclamaba el CES). Aunque en este caso cueste creer que esta Memoria Anual para nada se ocupe de los impactos ambientales que la llegada y estancia de más de 85 millones de turistas suponen sobre la huella ecológica media del consumo por habitante residente, del consumo de recursos (como el agua y su desalinización) o de las emisiones de CO2 derivadas de un transporte aéreo disparatado.

Cierto es que el CES también va dejando en su informe otras huellas de cómo el patrón de crecimiento de algunos no ayuda al desarrollo social de muchos. Por ejemplo cuando señala que es necesaria la “creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que debe reforzar la protección de los usuarios financieros y agilizando la resolución de las reclamaciones frente a entidades financieras”. Una forma piadosa de no hablar del oligopolio bancario (y de sus beneficios exponenciales) y de la ausencia de una banca pública.

O cuando deja anotado que “a finales de 2024, más de 846.000 pacientes esperaban una intervención quirúrgica y casi cuatro millones aguardaban su primera consulta con un especialista. El tiempo medio de espera para cirugía se sitúa en 126 días”. O como, en relación a los dependientes, “los tiempos de espera, sin embargo, experimentaron un nuevo incremento en 2024, situándose en 334 días de media, lejos del máximo legal de 180 días, y con grandes diferencias territoriales”.

O, en relación a las personas en riesgo de pobreza “persisten los problemas de cobertura: un 73 por 100 de las familias elegibles para el CAPI no lo percibe y ocurre lo mismo en un 56 por 100 de los hogares elegibles para la prestación básica del IMV”. Sin que, a pesar de estos agujeros, el CES haga ni una sola referencia a la alternativa de una renta básica en, al menos, algún plan piloto.

En suma: cosechamos un crecimiento muy poco inclusivo, muy lejos de lo que reclamaba el CES para lograr un patrón de crecimiento sano (que yo denomino desarrollo social o sociedad decente).

Todos ellos son además síntomas altamente preocupantes -la otra cara de la moneda- de un éxito (como sucedía con el bum turístico) que anima el CES, cuando se congratula de que “en cuanto a las finanzas públicas, prosigue el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2021 y se prevé que se mantenga en los próximos años, con descensos de las ratios de déficit y deuda pública, gracias al crecimiento robusto de los ingresos públicos y a la moderación del incremento del gasto público”. Otro ejemplo de que es imposible sorber y soplar al mismo tiempo.

De manera que el muy problemático acceso a la vivienda, los abusos en los servicios financieros, una cobertura sanitaria defectiva, el creciente retardo en el acceso a la protección en situaciones de dependencia, a unos ingresos que palíen situaciones de pobreza extrema o los crecientes impactos ambientales, … son daños colaterales de un patrón de crecimiento que descansa en el negocio turístico, en la captura de rentas por arrendatarios y bancarios o en el mantra de la consolidación fiscal. Es así como anotamos mucho crecimiento económico con poco desarrollo social.

Y lo hacemos abonando el riesgo de que agentes políticos de extrema derecha abanderen estos deterioros en el bienestar social atribuyéndolos a falsos culpables (la inmigración o a una corrupción política de la que también son partícipes), en vez de hacerlo a nuestras incapacidades para embridar la libertad con la que se mueve un capitalismo extractivo que ni asume una reforma fiscal en profundidad (para esquivar la consolidación fiscal), ni una limitación de su poder en los mercados (con por ejemplo oferta de vivienda pública o banca pública). Y que se resiste a pagar un salario mínimo decente, a reducir la jornada laboral o a embridar las formas más subordinadas de contratación (temporal o a tiempo parcial) como bien saben en nuestro Ministerio de Trabajo.

Por eso creo que se hace imperioso criticar más nuestro capitalismo y hablar algo menos de las extremas derechas que son sus monaguillos. Y es por eso me preocupa comprobar que en la versión completa de la Memoria del CES -en sus seiscientas páginas- no se nombre nunca el concepto de “capitalismo”: ¡aunque se hable más de sesenta veces de “capital”.

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[1]    De hecho lo relativiza (como debates en ciertas zonas) cuando se redacta (p. 92 de la Memoria completa) “en 2024, los debates se centraron sobre todo en las tensiones que la proliferación de viviendas de uso turístico en ciertas zonas estaba generando en los mercados locales de vivienda residencial, tanto en alquiler como en venta”, o cuando apostilla sobre las viviendas de uso turístico(p. 387 de la Memoria completa): “a pesar del escaso porcentaje que representan sobre el total”. Sin tener en cuenta que el parque de vivienda para alquiler ya era pequeño (antes del bum turístico y sin inmigración) en parámetros europeos.

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Este sábado en Zaragoza y en todo el estado manifestación por el derecho a la vivienda.  Entrevistamos a Paula, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que nos pone al día de la situación de la vivienda en nuestra ciudad y en el Estado, así como de sus reivindicaciones.  Este pasado fin de semana fue la […]

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