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Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda

28 Febrero 2026 at 08:00
Por: Nuria

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa PressLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigaciónEl Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Segurootras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Segurootras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAUcontrolada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

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Los vecinos de Tribulete 7 logran imputar por primera vez a un fondo buitre por acoso inmobiliario.

2 Enero 2026 at 07:00

Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.

Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio. 

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategia Nos quedamos que «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. 

En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones. 

La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes». 

La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».  

Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen. 

Fotografía: reproducción de graffiti de Banksy en el Museo Banksy.

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