En este programa especial de Radio Almaina, nos acercamos a la situación que están viviendo los colectivos del entorno free party – rave. El estado español, mediante la guardia civil, ha comenzado a fijarse en estos encuentros y fiestas autorganizadas… Leer más

Radio Almaina - Programa Especial : BulkCore, Movimiento Free Party y Represión

La ONG noruega Iran Human Rights reporta un nuevo número de muertos en la represión que está llevando a cabo el régimen iraní contra las protestas populares que recorren el país: al menos son 648 los manifestantes asesinados por las fuerzas del orden. Pero la organización avisa de que la cifra real podría ser exponencialmente mayor. La agencia Reuters, que ha podido contactar con un funcionario iraní, eleva esa cifra a 2.000 personas, miembros de seguridad del Estado incluidos. El apagón de Internet impuesto por el gobierno está dificultando la verificación de esa cifra.

Países de todo el mundo han reaccionado condenando la brutalidad ejercida por las autoridades iraníes. Entre los más vehementes están los europeos. De hecho, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, está impulsando nuevas sanciones contra el régimen teocrático, a imagen y semejanza de lo aplicado contra Rusia tras la invasión de Ucrania (una iniciativa que contrasta con la ausencia de medidas reales contra Israel por el genocidio en Gaza). En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aplicará un arancel del 25% a los países que comercien con Irán.

Entre las voces más contundentes contra la violencia ejercida contra los y las manifestantes está la del canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha vaticinado que el poder de los ayatolás llegará a su fin en los próximos «días o semanas». Ante la avalancha de críticas, el Gobierno de Irán ha llamado a consultas a los embajadores de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido para quejarse formalmente por su apoyo a los manifestantes y para convencerles del carácter violento de las protestas.

En clave interior, el gobierno de Irán también ha organizado manifestaciones de apoyo al régimen y algunas de ellas han registrado una asistencia masiva. Además, la televisión iraní informa de la detención de «grupos terroristas» vinculados a Israel que entraron por la frontera este del país. Los supuestos terroristas cargaban armas y material explosivo estadounidense y estarían planeando atentados y sabotajes.

La retórica del gobierno iraní contra sus enemigos ha subido de decibelios en las últimas horas. «¡Venid a arder en el fuego de los defensores de Irán! Será una lección inolvidable para los crueles dirigentes de Estados Unidos», arengaba el presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf. En la misma línea se expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi en Al Jazeera: «Si Washington quiere probar la opción militar, estamos preparados».

El lenguaje bélico del régimen intenta tapar las razones de fondo por las cuales el pueblo iraní salió a manifestarse hace dos semanas: una inflación del 40%, una devaluación colosal de la moneda local (hasta el 95% desde 2018 respecto al dólar) y la carestía de los productos básicos. Las condiciones de vida de los iraníes se han degradado, además, por una sequía y una crisis energética que están provocando continuos cortes de agua y electricidad.

Las manifestaciones, que comenzaron en el bazar de Teherán, donde muchos comerciantes cerraron sus persianas y se lanzaron a la calle, se extendió por todo el país y son ya las más multitudinarias de la historia reciente. Pero el régimen de los ayatolás tiene experiencia a la hora de manejar este tipo de crisis: lo demostraron en 2009, cuando la gente se manifestó contra la victoria electoral de Mahmud Ahmadineyad, sospechosa de fraude; en 2019, contra la subida del combustible; y en 2022, cuando la joven kurda Mahsa/Zhina Amini murió en dependencias policiales tras ser golpeada por llevar mal puesto el velo.

Estas últimas manifestaciones siguen vivas en el recuerdo de muchas mujeres iraníes; entonces quemaban sus velos en la calle y hoy, ya sin él, se sienten identificadas con una imagen que contiene una gran carga simbólica: la de una mujer encendiendo un cigarrillo con una foto ardiendo del líder supremo, Alí Jamenei.

En esta línea, la pakistaní Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014 por defender el derecho de las niñas a la educación, ha mostrado su apoyo a las manifestaciones en Irán. «Las protestas en Irán son inseparables de las restricciones impuestas por el Estado desde hace tiempo a la autonomía de niñas y mujeres en todos los aspectos de la vida pública, incluida la educación», ha escrito Yousafzai en su cuenta de X. «Las niñas iraníes, como las niñas de todo el mundo, exigen una vida digna».

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Las manifestaciones que se iniciaron hace dos semanas en Irán por la elevada subida de los precios han propiciado que el régimen de los ayatolás empiece a tambalearse. La brutal represión ejecutada por el Gobierno se ha cobrado la vida de centenares de civiles. En un intento por frenar las protestas, las autoridades cortaron el acceso a Internet en todo el país. Desde Estados Unidos, Donald Trump se ha ofrecido para «liberar» a los iraníes. «Estamos listos», ha dicho el presidente estadounidense sobre una hipotética intervención militar.

El Gobierno de Teherán atribuye precisamente las manifestaciones a maniobras de desestabilización por parte de Estados Unidos e Israel. El líder supremo, Alí Jamenei, dijo que los manifestantes están «arruinando sus propias calles» para complacer al presidente estadounidense. «Lo que está sucediendo no son protestas, es una guerra terrorista contra el país», afirmó por su parte el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. El régimen ha amenazado a Washington con atacar las bases militares norteamericanas en Oriente Próximo si Trump se decidiera a actuar en Irán. El mandatario estadounidense rebate esta narrativa asegurando que los líderes iraníes le han llamado «para negociar».

A pesar de que Teherán culpa a agentes exteriores de sus problemas, lo cierto es que las condiciones de vida de los iraníes se han deteriorado enormemente en los últimos meses. El país vive una intensa sequía, una crisis energética y sufre, por añadidura, los efectos de las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, que ya atacó sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio. La inflación supera el 40% y la moneda local, el rial, ha perdido más del 95% de su valor respecto al dólar desde 2018. El precio de los alimentos ha subido en torno al 70%. Todo esto ha lanzado a la población iraní a protagonizar unas protestas que superan en intensidad las sucedidas en 2022 tras el homicidio de la joven kurda Zhina Amini, cuando ésta estaba bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la deriva de los acontecimientos. Las informaciones sobre «el violento y excesivo uso de la fuerza» por parte de las autoridades le ha llevado a pedir «contención» y a que se restauren las comunicaciones: el apagón de Internet dura más de cuatro días.

Aunque no es fácil contrastar las pocas noticias que llegan desde Irán, se ha comprobado la veracidad de unas imágenes que muestran centenares de bolsas para cadáveres en las morgues, lo que confirmaría la brutalidad del régimen teocrático a la hora de reprimir las protestas.

Una organización en defensa de los derechos humanos radicada en Estados Unidos, Human Rights Activists News Agency, habla de 490 manifestantes asesinados por el régimen iraní, así como de más de 10.600 detenidos.

En esta tesitura, Reza Pahlavi, que vive exiliado en Estados Unidos y es hijo del último sha, quiere postularse como líder de la oposición al régimen de los ayatolás. Benjamín Netanyahu es su más firme defensor. Pahlavi grabó un mensaje en vídeo que publicó en su cuenta de X y en él se dirigía directamente al líder supremo de Irán: «Mi mensaje a Jamenei es este: vete ahora y podrás vivir junto a Al Assad en Moscú».

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POR UN LOCAL OBRERO Y ANARQUISTA EN VILLARROBLEDO Desde el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Albacete nos complace anunciar la iniciativa de [...]

En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.

La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.

La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.

Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.

La sensación de urgencia para apoyar a las presas es cada vez mayor y en muchas ciudades del mundo se están convocando acciones de protesta. Por ejemplo, en Madrid se celebró una concentración frente al Consulado Británico el 22 de diciembre.

Hace unos días publicamos un artículo describiendo la motivación y situación de las huelguistas. Pero, desde entonces, su estado de salud ha empeorado, por lo que, para actualizar la información, a continuación copiamos un artículo publicado por Queralt Castillo Cerezuela en El Salto.

Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.

A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.

Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras

Más de 50 son los días que Qesser Zuhrah, Amu Gib y Heba Muraisiestán en huelga de hambre; Teuta Hoxha y Kamran Ahmed encaran sus días en ayuno 45 y 44, respectivamente; y Lewie Chiaramello hace 30 días que no come. Umer Khalid y Jon Cink tuvieron que abandonar la protesta el día 13 y el 45 en ayunas, respectivamente. 

Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.

También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.

Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.

En peligro el derecho a la protesta

En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza. 

Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.

“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión. 

El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.

Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.

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Hace un poco más de un año, el 18 de noviembre de 2024, la policía antiterrorista griega detuvo al anarquista Nikos Romanós. Según informaba Indymedia Atenas, la detención estaba relacionada con la investigación policial que se desató tras la muerte del anarquista Kyriakos Ximitiris, ocurrida por una explosión en un apartamento del barrio Ampelokipoi, en Atenas, el pasado 31 de octubre, hecho que también dejó herida de gravedad a su compañera Manianna M. Estos hechos ocurrieron en vísperas del aniversario de la Revuelta Griega, los disturbios griegos que estallaron en 2008 contra la violencia policial, la crisis económica y sus nefastas consecuencias sobre la clase trabajadora.

Diciembre de 2008: el asesinato de Alexis

La Revuelta Griega comenzó el 6 de diciembre de 2008, después de que Alexis Grigoropulos, joven anarquista de 15 años, fue asesinado por un policía en el combativo barrio ateniense de Exarchia. Este suceso fue el detonante de manifestaciones que expresaron rabia, dolor y odio a la policía, las cuales desembocaron en un movimiento de autoorganización en el que las huelgas generales, la ocupación de edificios públicos y los enfrentamientos con la policía tuvieron un gran protagonismo, pero que fueron acompañados de otras acciones como la creación de espacios de apoyo mutuo (como ejemplo se encuentra la gestión de popular de hospitales). Fue la movilización popular más potente de Europa en esa década, con el espacio anarquista y antiautoritario en su núcleo.

Nikos, amigo y compañero de la misma edad de Alexis, fue testigo presencial del asesinato de éste. Así lo relataba en una entrevista incluida en el libro publicado por la Editorial Klinamen ¡Maderos, cerdos, asesinos! Crónica del diciembre griego:

“Alexandros estaba frente a mí y yo estaba detrás, a su derecha. Cuando los policías se pararon en Zoodochou Pigis y Tzavella tenían ya las manos, la izquierda o la derecha, no recuerdo, en sus pistolas, que estaban en la funda que cuelga del cintu­rón. Alguien detrás de mí lanzó una botella de plástico que, naturalmente, no les llegó a alcanzar. Me olvidé decirte que cuando vi a la poli empezaron a gritarnos a mí y a Alexandros, diciendo “me cago en la virgen, ven aquí y te enseñaré quien es más duro” y cosas así. Los chicos de detrás de nosotros les gritaban a los maderos “fuera” o “iros a tomar por el culo”…

Cuando lanzaron la botella de plástico, los policías, los dos si no me equivoco, sacaron las pistolas, apuntaron al frente, es decir, hacia donde estábamos Alexandros, yo y el otro, y se escucharon tres disparos. Se me había olvidado deciros que estoy seguro de que uno de los dos policías sujetaba el arma con las dos manos. Entonces vi –y estoy completamente se­guro– que los policías no estaban disparando ni al aire ni al suelo. ¡Apuntaban hacia donde estábamos y dispararon!

Alexandros cayó, si no me equivoco, tras el primer o segundo disparo; seguro que antes del tercero… Después, no sé lo que pasó. La gente gritaba y alguien le levantó la camiseta a Alexan­dros. Pude ver que tenía un agujero en medio del pecho, un poco hacia el corazón, y que había sangre en la herida…

Los policías que dispararon, cuando vieron a Alexandros caer, salieron corriendo. No sé hacia qué dirección… En­tonces llegó la ambulancia y subió a Alexandros, muerto. Lo digo porque no tenía pulso y le salía sangre de la boca.”

La versión policial sostenía que los agentes habían sufrido una emboscada y que habían disparado al aire como advertencia. Incluso llegaron a difundir por televisión un vídeo del asesinato completamente manipulado, añadiendo el sonido de cristales rotos y disturbios antes de los disparos (como si eso justificara matar a tiros a un adolescente). Pero, finalmente, quedó claro que había sido una acción a sangre fría e incluso el Gobierno se vio obligado a dar la espalda a los policías y suspenderlos. Finalmente, Epaminondas Korkoneas, el autor del disparo, fue condenado en 2009 a cadena perpetua por homicidio intencionado al desoír las órdenes de replegarse y por disparar conscientemente en dos ocasiones contra el joven con la intención de matarle.

Durante el juicio, Nikos Romanós se desmoronó, empezó a llorar desconsoladamente al ver al asesino de su amigo Alexis y fue incapaz de prestar declaración testifical. Fue citado para declarar en otra fecha posterior, pero desobedeció al tribunal y no compareció. En ese momento, desapareció por completo de la vida pública.

2013: Primera detención de Nikos Romanós

Cuatro años después, en febrero de 2013, Nikos Romanós fue detenido junto a otros tres compañeros (Dimitris Politis, Andreas-Dimitris Burtzukos y Giannis Mijailidis) tras intentar atracar las oficinas del Banco Agrícola y la Oficina de Correos en la ciudad de Velvendós, en la provincia de Kozani, acción que se enmarca dentro de este período en el que una parte del movimiento antiautoritario griego decide enfrentarse al Estado mediante ataques contra partidos políticos, policía, bancos, etc. Tenía 21 años.

En esta época, una débil coalición gobernaba el país, manteniendo las medidas de austeridad exigidas por los acreedores de Grecia para evitar la suspensión de pagos de la deuda. El gobierno parecía estar viviendo un colapso a cámara lenta, luchando por mantener una exigua mayoría parlamentaria. Parte de la población depositó sus esperanzas en elegir el gobierno de izquierdas de Syriza (el cual, tras organizar un referéndum en el que las griegas abrumadoramente respaldaron su programa de no pagar la deuda de la Troika, traicionó a sus votantes y lo hizo, hundiendo más aún el país), mientras que los anarquistas se enfrentaban a la represión estatal y a la lucha contra el fascismo en las calles. Como explicaba Nikos en una carta desde prisión:

“Para mí, los atracos a bancos constituyen una siempre válida opción de los revolucionarios, además una opción que “abre” muchas posibilidades. En primer lugar te libera de los tentáculos del trabajo asalariado y de los convenios que este supone. De esta manera se libera el tiempo de tu cotidianidad, ofreciéndote la opción de que te entregues a tus pasiones. Allí donde termina la destrucción de la alegría comienza la alegría de la destrucción. Al mismo tiempo los atracos a bancos son también un medio necesario para financiar las multiformes infraestructuras de la lucha anarquista y eso con el dinero expropiado del enemigo. Hablamos sobre el apoyo a los proyectos anarquistas, a los compañeros prisioneros y a las infraestructuras guerrilleras. Al mismo tiempo constituyen una oposición directa contra el moral social del trabajo asalariado y contra los papeles sociales que reproducen el mundo capitalista.

Por supuesto, ninguna praxis por sí misma tiene carácter revolucionaria. Es el sujeto quien mediante su discurso, sus motivaciones y sus intenciones le da sentido a la praxis y luego la dirige contra los objetivos que él mismo determina. En mi caso, el rechazo al trabajo es una parte de esta opción específica. Por otra parte se trata de ayudar económicamente a la acción directa anarquista y atacar el Estado y el capitalismo tras la guerrilla urbana anarquista”.

La imagen de la detención de Nikos, con la cara ensangrentada y mirada desafiante, dio la vuelta al mundo porque evidenció lo que durante años se llevaba denunciando, que los malos tratos y torturas son parte habitual del trabajo de la policía griega.

Por este intento de atraco, unido a un delito de posesión y colocación de artefactos explosivos en 2012 en la casa del ex Ministro de Defensa Nacional, Giannos Papantoniou, Nikos fue condenado a un total 18 años de cárcel.

2014: Huelga de hambre

El 10 de noviembre de 2014, Nikos Romanós inició una huelga de hambre reivindicando su derecho a obtener permisos de salida para asistir a clases a una universidad, huelga que desde el principio fue acompañada desde el exterior de prisión por el movimiento libertario y que pronto traspasó los círculos más militantes para ser apoyada por personas y asociaciones ajenas al entorno antiautoritario. Desde el principio, se combinaron las acciones de difusión de la situación de Nikos mediante manifestaciones (más de diez mil personas en Atenas y decenas de convocatorias en otras ciudades), ocupación de ayuntamientos, universidades, locales de sindicatos, emisoras de televisión y de radio… unido a ataques y sabotajes contra bancos, policía y partidos políticos por todo el territorio griego.

A principios de ese año había escrito sobre la idea de la campaña “polimórfica”. Instaba al movimiento anarquista a superar sus divisiones alcanzando un nivel mínimo de acuerdo entre sus diversas corrientes. A medida que su huelga de hambre alcanzaba un punto crítico, las calles de Grecia volvieron a cobrar vida durante algunas semanas, con manifestaciones, ocupaciones y acciones de sabotaje que se intensificaban.

Una semana antes del aniversario del 6 de diciembre, un grupo de mil motocicletas recorrió Atenas para unirse a otras dos mil personas reunidas bajo la ventana del hospital donde se encontraba Romanos. Más tarde, esa misma noche, se produjeron ataques contra cajeros automáticos y comisarías de policía, así como enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios en Atenas, Tesalónica y Volos, entre otras ciudades. Las ocupaciones de ayuntamientos y campus universitarios se extendieron y, en la primera semana de diciembre, alcanzaron varias ciudades.

El 2 de diciembre las manifestaciones se intensificaron de nuevo, con hasta 15.000 personas marchando en Atenas, una de las movilizaciones encabezadas por anarquistas más grandes de las últimas décadas. Como comentó entonces Barbarian Review: “Se decía que la crisis había terminado, y ahora ha vuelto con toda su fuerza. No pasaba gran cosa y, de repente, las calles estaban en llamas. Fuimos testigos del poder de lo imprevisible: en un mes la normalidad se puso patas arriba. ¡Qué rápido cambian las cosas en el mundo actual!”.

El aniversario del 6 de diciembre de 2014 volvió a sacar a 15.000 personas a las calles de Atenas. Tras la manifestación tradicional, la mayoría se dirigió a Exarcheia, con la policía antidisturbios y sus cañones de agua pisándoles los talones. Los enfrentamientos se sucedieron mientras la gente luchaba por Romanos en las calles en llamas y llenas de barricadas, así como desde los tejados alrededor de la plaza de Exarcheia. Al final de la jornada, 296 personas fueron retenidas y 43 detenidas. También se registraron marchas y enfrentamientos en Tesalónica, Agrinio, Volos, Patras, Heraclión, Ioánina y Mitilene. Al evaluar los daños en Atenas, el teniente de alcalde Apostalopoulos recordó los acontecimientos de 2008.

Dado que la solicitud de permiso educativo de Romanos seguía siendo denegada, el movimiento de solidaridad continuó. Se ocuparon ayuntamientos en Ioánina, Kavala y Chania, así como edificios universitarios en Rodas y Atenas. Los ataques nocturnos aumentaron en número e intensidad, con acciones contra la prefectura de Macedonia Oriental y Tracia y una comisaría en el norte de Atenas. Una de las últimas acciones de la campaña fue la colocación de una bomba frente a un banco, que fue detonada por la policía en una explosión controlada el 10 de diciembre.

Tras el rechazo de un nuevo recurso, Romanos intensificó su acción iniciando una huelga de sed, y el gobierno cedió rápidamente. Esta unión de acciones legales e ilegales, junto a la fuerza y determinación mostrada por Nikos, hizo que un Gobierno griego temeroso por la falta de control en el país y vigilado constantemente por la Troika, diera su brazo a torcer aprobando una ley que prevé que las personas presas que hayan aprobado la tercera parte de las asignaturas en la universidad en que hayan ingresado estudiando cursos a distancia, tendrán derecho a obtener permisos penitenciarios para asistir a la universidad portando una pulsera electrónica.

Así, tras 31 días de huelga de hambre y uno de huelga de sed, Nikos abandonó la huelga de hambre, publicando las siguientes reflexiones:

“Lo único que es cierto es que esta victoria ha sido el resultado de la presión política ejercida por nosotros, por eso el mundo de la lucha y la anarquía combativa son, sin duda, ética, política y prácticamente, los grandes vencedores. Esta lucha evolucionaria polimorfa, y nosotros, como presos políticos, estamos saliendo más fuertes de esta batalla”.

La huelga de hambre de Romanos fue una victoria poco frecuente en un periodo sombrío. Apenas unas semanas antes, la crisis seguía latente pero la resistencia se había debilitado. De esperar a que algo ocurriera, la gente pasó a salir a la calle y hacer que ocurriera. El ambiente empezó a oler a diciembre y los reflejos de la revuelta volvieron a activarse.

2019: Nikos queda en libertad

El tribunal que sentenció originalmente a Romanós no había admitido ninguna circunstancia atenuante, incluido su buen comportamiento mientras estaba en prisión, pero esta decisión fue revocada por el Tribunal Supremo, que sí lo tuvo en cuenta y reconsideró el caso, reduciendo su sentencia en cuatro años, a 14 años en prisión.

Esto posibilitó la liberación temprana de Nikos en el año 2019 (con 26 años de edad), dado que sus seis años de prisión computaron por el «doble» debido a los días de trabajo realizados mientras estuvo encarcelado, durante el cual también terminó la escuela secundaria y se presentó a los exámenes de ingreso a la universidad, obteniendo un lugar en la Escuela TEI de Atenas en Gestión y Economía. Pese a ello, se siguió manteniendo desafiante, declarando en una entrevista a principios de ese año lo siguiente:

“Nuestro objetivo debe ser agudizar la lucha subversiva en todas las formas en que se pueda tomar, transformarla en un peligro real para cada gobernante. Parte de este proceso es reconstruir nuestra memoria histórica, por lo que puede servir de compás para las estrategias de lucha que empleamos. Deberíamos comenzar a hablar nuevamente sobre la organización de diferentes formas de violencia revolucionaria, las prácticas de ilegalismo revolucionario y la necesidad de difundirlas en el movimiento para superar la «política» (en el sentido sucio y civil de la palabra) que han infectado nuestros círculos … Quienquiera que arme su conciencia para derrocar el ciclo brutal de la opresión y la explotación será definitivamente el objetivo de un tratamiento vengativo y autoritario por parte del régimen. Esto no significa que renunciaremos a nuestra lucha, en la sala de audiencias o en otro lugar”.

2024: nueva detención y encarcelamiento

Como ya hemos explicado, Nikos fue detenido en 2024 en relación a la explosión en la que un compañero falleció y otra resultó herida de gravedad. Por su parte, el activista ha negado su vinculación con el caso, como explicó en una carta escrita y difundida unos días después de su detención:

“El lunes 18 de noviembre fue el día en que el tiempo volvió a detenerse para mí. Funcionarios antiterroristas encapuchados, esposas, celdas de detención, cámaras de televisión, informativos, guiones periodísticos, teorías policiales. Detrás de este patrón familiar y de la tormenta comunicativa de la culpa, hay otra realidad.

Son las heridas que resurgen y se multiplican, destrozando familias, destruyendo relaciones humanas, aniquilando sueños, esperanzas, planes de una vida condenada una vez más a la muerte del tiempo congelado.

Porque el lenguaje de la verdad no se puede ocultar, yo reitero, niego la acusación en su totalidad. Una acusación infundada, sin base, exagerada y sin fundamento que surge de forma abusiva, creando más preguntas de las que realmente responde. Siguiendo la lógica política establecida de la ley antiterrorista, que crea una categoría de acusados que existe fuera del sistema legal, ya que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. El lenguaje hablado por el sistema ya ha emitido su veredicto. Me convertí en un trofeo errante para todo tipo de explotación. Un objeto expuesto en las vitrinas de los museos de la mentira y el olvido. Con la etiqueta de «terrorista» colgada en el anexo «culpable de todos los tiempos», para la observación de visitantes por lo general ingenuos, pero sobre todo asustados y amantes de la paz.

Para quienes apuestan con vidas humanas en los dados de un vulgar y desvergonzado juego político, para quienes creen que el poder que ostentan les da la capacidad de aplastar almas por sus propias razones, voy a reiterar lo obvio.

Desde la ensangrentada calle peatonal de Messolonghi, las oficinas de interrogatorios, los grises pasillos de las prisiones, los bancos de los tribunales, la muerte lenta del confinamiento. De las decisiones que tomé con toda mi alma, decisiones grabadas en sangre real, a un gran coste y con rodillas inquebrantables, yo no cedo ni un ápice.

Es parte de la historia de una generación de personas que se rebelaron y sobre cuyas espaldas, gran parte del sistema político lavó sus pecados colgándolo a secar en las líneas del canibalismo represivo y mediático.

Pero ahora no estoy en la cárcel porque tomé decisiones conscientes que conllevaban los correspondientes riesgos. Al contrario, mi vida se vende como un producto político, en el estante del supermercado de la comunicación, con el precio de la bolsa a mi cargo, a la espera de que los posibles votantes compren parte por parte hasta la siguiente ocasión.

Es verdaderamente triste para mí (y no sólo para mí) que se me pida que demuestre que no soy un elefante, al pender sobre mi cabeza una sentencia inminente que me condenará a vivir de nuevo, por tiempo indefinido, como un preso.

He vivido la mitad de mi vida adulta en prisión. No aceptaré pasivamente que esta estadística tan injusta, consistente en mucho dolor e innumerables soledades, me cubra de cemento y barrotes.

No aceptaré medidas extremas como la prisión preventiva sin dar una batalla legal y política para recuperar mi vida.

En esta apresurada y necesaria declaración inicial, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a quienes estuvieron a mi lado con amor desinteresado. Comienza ahora la lucha por mi reivindicación y mi liberación definitiva de esta injusta acusación”.

2025: Prórroga de la prisión preventiva

Recientemente, en el mes de noviembre de 2025, un tribunal griego prorrogó la prisión preventiva de Nikos, por petición del Fiscal, por un periodo de seis meses más. Y ello pese a que Nikos, que ahora tiene 33 años, declaró que no conocía al resto de investigados. La noticia fue seguida de disturbios y enfrentamientos con la policía – que hizo uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras – frente a los Juzgados de Evelpidon.

La defensa de Romanós, el abogado Nikolas Aletras, explicó en una rueda de prensa que “los análisis del laboratorio, las muestras de ADN, las escuchas telefónicas, las imágenes de vídeo y toda la investigación han revelado que Romanós no tiene ninguna relación con el caso”. Y el grupo de apoyo a Nikos, conocido como el Comité de Solidaridad, expresó que “la solicitud del fiscal encaja con la doctrina penal del partido Nueva Democracia y el doble rasero del sistema de Justicia. La decisión judicial ha sido política y nuestra respuesta también lo será. Debemos expandir el movimiento de solidaridad y resistir a esta campaña de represión. Ni un paso atrás”.

Incluso la izquierda más institucional ha visibilizado su indignación con el caso. En el 17º aniversario del asesinato de Alexis, la Nueva Izquierda griega emitió el siguiente comunicado:

“Diecisiete años después del asesinato de Alexandros Grigoropoulos a manos de un agente de policía, la sociedad griega no olvida el crimen, ni al niño que cayó muerto en Exarchia, ni la arbitrariedad que armó la mano del asesino Korkoneas, ni la oleada de indignación que inundó las calles de todo el país.

El 6 de diciembre sigue siendo una herida profundamente grabada, un recordatorio vivo de que la democracia no es un hecho garantizado cuando la violencia estatal se reproduce en todo tipo de formas.

La prisión preventiva de Nikos Romanos forma también parte de este oscuro contexto. La violencia del Estado continúa reproduciéndose a través de mecanismos que tratan a determinadas personas como “sospechosos habituales”, con independencia de la existencia de pruebas suficientes.

Diciembre de 2008 marcó a toda una generación. Alexandros se convirtió en un símbolo. El estado presente y el futuro vital de su amigo, Nikos Romanos, es la verdadera cuestión”.

Los acontecimientos de 2008 y 2014 mostraron al movimiento anarquista griego en su fortaleza, al tomar la iniciativa en respuesta a la represión estatal. La detención de Romanós, basada en meras sospechas y prejuicios, demuestra que el gobierno griego actual sigue profundamente preocupado por la capacidad de iniciativa del movimiento anarquista.

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Este artículo ha sido escrito a partir de otros de Indymedia Athens, Protothema, Freedom News, Todo por Hacer, Crimethinc, The Press Project, Klinamen, La Directa, El Salto, Portal Oaca, AraInfo, Anarquía, Noticias Anarquistas, Informativo Anarquista y Federación Anarquista

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‘La sombra del Estado’ (Descontrol, 2025), escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra las infiltraciones policiales y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.

Rosas Negras documenta en este ensayo las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.

A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.

El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.

Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, ‘La sombra del Estado’ recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.

Hemos entrevistado a las autoras, que nos han explicado cómo ha sido el proceso de escribir este libro y su finalidad.

‘La sombra del Estado’ viene firmado por vuestro colectivo, llamado Rosas Negras. ¿Cuándo se crea y con qué propósito?

Rosas Negras – Roses Negres somos un conjunto de personas que vivimos de cerca las infiltraciones y decidimos dar una respuesta política creando desde nuestra experiencia materiales que pudieran ayudar a prevenir, detectar y afrontar este tipo de ataques represivos del Estado.

Al principio todo empezó como un grupo de cuidados entre personas que habíamos convivido con infiltrados, un espacio donde compartíamos nuestras experiencias y aprendizajes y donde nos apoyábamos en las diferentes fases que íbamos atravesando. Orgánicamente, las necesidades fueron cambiando y poco a poco se fue articulando la idea de crear Rosas Negras. Juntarnos y explicarnos las vivencias puso en relieve la necesidad de explicarlas. Hasta el momento habían salido muchas cosas, pero siempre desde la óptica de periodistas, psiquiatras, abogadas… creímos que tocaba darnos voz y espacio propio.

‘La Sombra del Estado’ es el resultado de un largo trabajo colectivo, objetivo principal de Rosas Negras. En un principio no pensamos en que fuera un colectivo anónimo, pero los procesos represivos que se han ido abriendo nos han llevado a la necesidad de cuidarnos y, por tanto, usar el anonimato como parte principal de nuestra estrategia. Al Estado no le gusta que se destapen y señalen sus estrategias de control y represión, por eso actualmente están persiguiendo a personas que han visibilizado infiltraciones. Todes hemos sufrido directamente la represión y las torturas que la infiltración conlleva y ahora vemos como quieren silenciarnos volviendo a reprimirnos por contarlo.

El libro recopila experiencias en primera persona de afectadas por el espionaje policial desde el 2022 hasta nuestros días. ¿Fue duro este proceso de recopilación de testimonios? ¿Cómo ha sido la labor de escribir esta obra?

Al escribir la obra se ha intentado recoger diversas experiencias y formas de vivir la infiltración, pero, sobre todo, exponer las diversas tácticas que el estado usa para reprimirnos. Es un relato colectivo, obviamente ese trabajo no es sencillo. Pero la idea es no centrar el tema en nosotres, sino crear una obra para les que vengan después.

Trabajar en colectivo es difícil siempre. En nuestro caso, además, venimos de militancias y espacios muy diferentes pero lo que nos ha pasado nos une a pesar de las diferencias. Creemos que es importante hacer frente común ya que sólo analizando todas las infiltraciones y entendiéndolas como una estrategia estatal contra las disidencias podemos combatirlo.

Todo lo vivido nos ha enseñado muchas cosas y ‘La sombra del Estado’ pretende ser un hilo más que ayude a las disidencias políticas a construir una red segura.

El libro expone cinco casos anteriores a 2022. Y diez historias explicadas por quienes convivieron desde 2022 hasta 2024 con infiltraciones. Pero después salieron a la luz dos infiltraciones más, que intentaremos sean incluidas si hay más ediciones. También pensamos que este libro puede ayudar a gente a darse cuenta de que en el pasado convivió con infiltrados y, poco a poco, ir descubriendo más sobre nuestras propias historias. En el prólogo les compis de UK explican cómo ellas al ir explicando sus historias lograron sacar a casi 150 agentes y que eso les está permitiendo entender la represión del estado en movimientos sociales y políticos con una nueva mirada.

Explicáis en este ensayo que las infiltraciones son una forma de tortura y que están atravesadas por dinámicas patriarcales. ¿Podéis resumirnos por qué?

El libro recoge una breve historia de la infiltración en el Estado español, las diversas historias de las infiltraciones contadas desde los entornos directos que convivieron con infiltrados, un manual con muchos ejemplos sobre sus patrones y estrategias y, al final, un gran capítulo que creíamos básico que se llama: politicemos los malestares.

Este capítulo cuestiona si la infiltración es patriarcal y si es un método de tortura. Reflexiones y análisis que nosotres hemos hecho al poner en común lo que habíamos vivido. Y exponemos porqué hemos decidido exponer nuestras vivencias usando conceptos como violación. También nos sirve para analizar y poner en debate como al decidir usar estos términos se nos ha cuestionado desde algunos espacios afines. No nos han dado palizas en un calabozo, pero el daño psicológico que provoca la infiltración es una forma de tortura. Una vez más al exponer nuestras historias se nos cuestiona a nosotres en vez de crear un frente unido para enfrentar al perpetrador: un Estado que utiliza la violación y la tortura para controlar a las disidencias sociopolíticas.

Escribir este libro, relatando las consecuencias del espionaje, pero también aportando consejos para hacerle frente, ¿ha tenido una consecuencia reparadora o sanadora para las víctimas?

Las personas afectadas tenemos diversos sentires y pareceres, pero sí es real que el hecho de poner el foco en ellos y no en nosotres y hacerlo desde nuestra propia voz y óptica nos permite adueñarnos del discurso y, por tanto, usarlo como parte reparadora.
Pensar que para futuros casos podrán contar con un material como este, cuando nosotras no lo tuvimos, es una manera de contribuir de alguna manera y de hacer que todo por lo que atravesamos pueda revertirse en mejores estrategias para el futuro de los movimientos sociales y políticos.

¿Cuál diríais que es la finalidad del espionaje policial a los movimientos sociales? ¿Se trata solo de obtener información para la prevención de futuras acciones, o hay otras intenciones detrás (desmovilización, miedo, dividir…)? ¿Qué conclusiones habéis sacado de vuestra investigación?

Analizados todos los casos pensamos que el principal objetivo es mapear y tener controladas a las personas que militan en movimientos sociales y políticos de izquierdas que puedan suponer una amenaza para el Estado.

Creemos que no se trata de prevención de acciones o crear causas judiciales, aunque a veces pase.

Incluso hemos visto cómo en algún caso fiscalía abrió causas judiciales y estas se cerraron sin sentido, seguramente, porque uno de los acusados era un infiltrado y no querían poner en peligro la infiltración. Por ello pensamos que la idea principal de las infiltraciones es el control. Tener la información suficiente para poder rastrear y actuar en el momento que lo necesiten, entender cómo funcionamos y las dinámicas que se reproducen dentro de los movimientos, estar alertas ante posibles radicalizaciones, etc.
Obviamente, el hecho de descubrirlas nos ayuda a entenderlas, pero también nos rompe, la desmovilización, la paranoia y el miedo acaban campando entre nosotres como consecuencia secundaria.

Por todo ello consideramos fundamental que se visibilicen, que estén en el presente de las técnicas de protección ante la represión que se articulan en los colectivos y luchas.

¿Habéis detectado algún tipo de patrón en el tipo de colectivos en los que se infiltra la policía? ¿Creéis que buscan un perfil concreto de activismos, o cualquier organización puede sufrirla?

En UK dónde tienen acceso a muchos informes saben que no hacen distinciones entre colectivos de izquierdas. Aquí vemos cómo se han infiltrado en movimientos vecinales, antirracistas, por el derecho a la vivienda, en lucha por el clima, colectivos feministas, comunistas, libertarios, anarquistas, independentistas, estudiantiles, …, incluso en sindicatos. Es difícil establecer un patrón claro.
Aunque se hayan destapado una cantidad significativa de casos, en comparación con décadas anteriores, sabemos que hay muchos más que no han sido identificados. Como decíamos, la intención de sacar el libro era también que pudiera llegar al máximo de personas, de diferentes contextos en las luchas sociales y políticas para que con nuestros aprendizajes puedan hacer sus propias investigaciones.

No podemos asegurar un patrón concreto de objetivos de las infiltraciones, en parte, porque al contrario que en UK, aquí no se ha conseguido información de qué perseguían las supuestas investigaciones al infiltrar a los agentes. Sí que es cierto que al analizar las motivaciones de algunos de los infiltrados, podemos observar cómo tenían especial interés en conocer los funcionamientos orgánicos de las estructuras y colectivos de los movimientos. Cómo nos movilizamos, de qué manera nos organizamos cuando ocurre algo y queremos dar respuesta, quiénes somos y con quién nos llevamos bien, cuáles son nuestros conflictos internos, etc. Es decir, toda la parte que pertenece más al entramado social de las personas que componemos las luchas y movimientos y que solo es visible para las personas que formamos parte de ellos.

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Desde la Sección Sindical de CNT-AIT en GEACAM (Albacete, Cuenca y Ciudad Real) queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que fueron brutalmente [...]

La Audiencia Nacional notificó este mediodía a Gabriel Pombo da Silva su libertad y que no iba a firmar la petición de cumplimiento de condena [...]

“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois

El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.

Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”¹. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.

El inicio del conflicto

Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.

Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.

La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).

Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista

El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.

Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.

El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.

Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías², que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.

Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.

Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.

Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.

Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.

El asesinato de Tortuguita

En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.

En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.

Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.

En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.

Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City

La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc³ que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.

La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos⁴.

En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.

El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.

A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.

En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.

Represión y acusaciones

El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales⁵.

Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).

En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.

“Stop Cop City everywhere”

Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc⁶. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.

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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city

2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.

3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.

4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.

5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa

6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.

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Este reportaje forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.

La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.

Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.

Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.

Resistencia civil no violenta

Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.

Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».

Quebrar el espíritu de lucha

Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.

Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».

En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.

Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.

Marruecos es impenetrable

En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.

Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».

Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.

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Recordamos que en el mes de julio del 2022 terminó para nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva (entre más compañerxs) el juicio italiano relativo a [...]

No fue un gran acto –al menos, no fue lo que acostumbra a ser denominado como un gran acto– el día en que Antonio sintió que alguien escuchaba su historia, que podía contar que a su padre y a su madre los mataron cuando él era un niño de tres años, que no recordaba sus rostros, pero que quería, con todo su corazón, saber dónde estaban sus restos. Por eso, aquella mañana sin prensa, sin focos, sin políticos, como casi todos los últimos sábados de mes, Antonio, con una vieja foto pegada al pecho como única prueba física de la desaparición de quienes lo habían traído a este mundo, pedía, junto a otras víctimas del franquismo en la sevillana Plaza de la Gavidia, que alguien lo ayudara a buscar sus huesos.

No fue tampoco lo que se conoce como un gran acto el día en que Paqui y su amiga Isabel –con la misma determinación y alegría de una Thelma y una Louise que aceleran aun sabiendo que van a despeñarse– arrancaron el coche camino de un juzgado de Aracena a poner una denuncia por el hallazgo de una fosa. En menos de tres minutos fueron despachadas. Pero ellas hicieron lo que creían que tenían que hacer. 

Tampoco se considera un homenaje, en los términos habituales, el empeño de Manuel por honrar a sus bisabuelos Luisa y Antonio, y el amor inquebrantable que se profesaban y que un cura intentó separar cuando ya eran ancianos, en los últimos años de sus vidas. 

Por supuesto, no fueron grandes actos aquellas conferencias que, cualquier día de la semana, en cualquier pueblo, sin sillas con cartel de reservado, con frío, con calor, en cualquier aula, en la plaza más inesperada, dieron José María o José Luis o Pura o Ángel o Emilio o Susana. O Cecilio, siempre Cecilio. Puede que por no haber no hubiera ni mucha gente. Porque en estos actos, además, casi todo el mundo se conoce de esos mismos actos, ajenos a aniversarios y conmemoraciones protocolarias, que, por otro lado, no está mal que las haya. Todo lo contrario. 

Durante muchos años, las víctimas del franquismo, en estos formatos caseros, voluntariosos, altruistas, en los que muchas veces Lucía puso –y sigue poniendo– su música y su voz, han pedido ser reconocidas en público por el Estado, que durante esos mismos años –muchos años– ha mirado para otros lugares. 

Se han aprobado leyes, es cierto. Hay quien opina que se ha avanzado, también. Pero no es menos cierto que sola estaba Paqui cuando los restos de Queipo salieron de la Basílica de la Macarena. Solo estuvo José cuando, delante de la tumba de su padre en un pueblito de Portugal al que tuvo que exiliarse toda la familia, le dijo que por fin, después de tanto miedo y silencio, había adquirido la nacionalidad española. 

Solas han estado durante demasiado tiempo las víctimas del franquismo, también las de la Transición, que continúan –todas ellas– observando perplejas cómo se siguen celebrando actos fascistas de manera impune, cómo continúan sin juzgarse en este país unos crímenes de lesa humanidad o cómo las encuestas dan cada vez más apoyo a la ultraderecha entre los más jóvenes.   

Puede que los de este año, cuando se cumple medio siglo de la muerte del dictador Franco, ese número redondo que siempre invita a celebración, sean los que todo el mundo conoce como los grandes actos. Pero han sido todos esos pequeños eventos juntos, sin fecha, los que han permitido tejer la memoria de este país en los últimos tiempos, la de niños como Antonio, la primera persona mencionada en este artículo, que no logró encontrar a sus padres y que ya no vive para seguir buscándolos. En estos momentos de fastos, conviene no olvidarlo.  

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Un diario de duelo, una crónica performática, un kintsukuroi narrativo sobre una historia de represión en la Zaragoza tardofranquista.

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Actualización sobre la situación interna en Sudán (Grupo Anarquista en Sudán, 3 de noviembre de 2025) Queridos compañeros revolucionarios de todo el mundo, habéis seguido [...]

El lunes 3 de octubre al menos cuatro personas trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a un domicilio de la calle Mena en Bilbao para desalojarlo. En respuesta, unas 90 personas se concentraron y la Ertzaintza desplegó a una treintena de antidisturbios.

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En una maniobra que mezcló teatro político y ofensiva contra la disidencia, el pasado mes de septiembre Donald Trump colocó definitivamente la etiqueta de “organización terrorista doméstica”¹ a una supuesta organización que se llama Antifa y que, realmente, engloba a todo el movimiento antifascista. Según su orden ejecutiva, se trataría de una “iniciativa militante anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que hace uso de “la violencia y el terrorismo” para reprimir la libertad de expresión y a las fuerzas del orden.

El pretexto fue, como buen ejemplo de cómo funciona la doctrina del shock, el asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y una narrativa diseñada para apuntar al “radicalismo de izquierdas” como amenaza principal del país norteamericano. Pero detrás de este barniz hay mucho más que un simple acto administrativo: hay un cambio de régimen en curso, una profundización autoritaria del aparato estatal y una advertencia dirigida a cualquiera que disienta o se oponga.

Antifa, la organización sin organización

Es de perogrullo, pero en estos tiempos que corren a veces tenemos que aclarar lo más obvio: el antifascismo no es —ni ha sido nunca— una “organización”, y mucho menos una con una estructura jerárquica, un liderazgo claro, un listado de miembros, un cuartel general y un presupuesto. Incluso Cristopher Wray, el director del FBI durante el primer mandato de Trump, siempre lo ha definido como “una ideología o un movimiento”, heterogéneo y descentralizado, rehuyendo de la idea de que se pueda considerar una organización.

El historiador Mark Bray² —autor de Antifa— lo define así: “Antifa puede ser descrito como una especie de ideología, una identidad, una tendencia o un ambiente de autodefensa”. Su eje central es más práctico que ideológico: autodefenderse de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evitar que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Bray, además, resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.

Otro historiador, Michael Seidman —autor de Antifascismos, 1936-1945— define el antifascismo como “la ideología más poderosa del siglo XX”, aunque su “naturaleza extremadamente diversa”, a la que se podían adherir comunistas, capitalistas y anarquistas, lo hace difícil de acotar. Por ello, Seidman opta por una definición amplia: antifascismo es (1) la ideología que prioriza la lucha contra el fascismo, (2) que se opone a las teorías conspirativas racistas, antisemitas, anticomunistas, etc. que culpaban a determinadas minorías de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y (3) que rechaza el pacifismo, creyendo que es necesario ejercer el poder o la violencia para frenar tanto a los fascismos domésticos como a su maquinaria de guerra internacional.

Cumbre de influencers fachas

A principios de octubre, unas semanas después de designar a Antifa “organización terrorista doméstica”, el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem celebraron una mesa redonda en la Casa Blanca con influencers de extrema derecha y difusores de bulos, autoproclamados expertos en antifascismo, como Jack Posobiec y Brandi Kruse. En ella, declararon que Antifa es una organización que existe desde hace casi cien años, remontándose a la República de Weimar, que es “tan peligroso como la Mara Salvatrucha, ISIS y Hamás” e insistieron en que hay que “aplastarla” por todos los medios.

Contexto de autoritarismo

La designación de “terrorista” de Antifa no es un acto aislado, sino que forma parte de un paquete mucho más amplio de ofensiva del gobierno de Trump contra cualquier disidencia contra el “orden americano” que él lidera.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, que Trump y sus aliados vincularon desde el primer momento, sin pruebas, a “las izquierdas” y al activismo antifascista, comenzó a vislumbrarse un plan: “vamos a utilizar todos nuestros recursos para investigar y desarticular estos ‘terrorismos domésticos’”, dijo entonces el consejero Stephen Miller, el personaje más siniestro de la Administración. A partir de ahí, siguiendo el manual de instrucciones del autoritarismo, se ha empezado a abrir un frente amplio contra la oposición, se ha fusionado la seguridad nacional con la represión interna y se han puesto los aparatos federales —FBI, Departamento de Justicia, Servicios de Seguridad Interior, el Departamento del Tesoro, etc— a funcionar a pleno rendimiento contra los críticos del actual ocupante de la Casa Blanca.

La persecución no se reduce al activismo de base: humoristas, periodistas, profesores, migrantes, abogados y organizaciones de migrantes han sido objeto de un control ampliado y muchos han perdido sus trabajos en las últimas semanas.

Incluso antiguos aliados de Trump, como el ex-director del FBI James Comey, o su ex-asesor de Seguridad, el halcón neocón John Bolton, están sufriendo persecuciones políticas de la Administración en los tribunales.

“Anarquistas a sueldo”

Varias ONGs, nada sospechosas de fomentar la violencia, se encuentran bajo investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que Trump anunciara, en la mencionada cumbre de podcasters fachas, que “los anarquistas a sueldo” quieren “destruir nuestro país”, alimentando el bulo de la financiación de ricos progres del movimiento antifascista. Sostuvo que los “carteles hechos de papel caro” que lucen los antifas han tenido que ser pagados por organizaciones con mucho dinero y que tenía preparados “un montón de registros y malas sorpresas” para ellas.

En consecuencia, el Gobierno ha dado instrucciones de investigar a ONGs (algunas progresistas, otras ni eso) y asociaciones pro derechos humanos, usando la normativa de organización criminal, como la Open Society (la fundación de George Soros), ActBlue (importante financiadora del Partido Demócrata), Indivisible (una organización juvenil vinculada al Partido Demócrata), la Coalition for Humane Immigrant Rights (colectivo de derechos de personas migrantes) y la Jewish Voice for Peace (una de las organizaciones de judíos antisionistas más importante), entre otras. Se están revisando minuciosamente las cuentas de estos colectivos para ver si han apoyado o financiado “el terrorismo” y, mientras la investigación siga en curso, sus exenciones fiscales quedan en suspenso, por lo que muchos acabarán en quiebra tarde o temprano.

Así, lo que se presenta como un ataque a “una organización anarquista violenta” es, en realidad, una estrategia de control político de amplio alcance: criminalizar a manifestantes y activistas sociales, eliminar a organizaciones y a la oposición política y aplastar a cualquier colectivo que se imponga a la agenda de Trump. Dinamitar la democracia liberal, vamos.

Y esto ocurre, además, en un contexto de recrudecimiento de la violencia estatal, en el que los agentes de ICE están organizando redadas racistas masivas en casas, colegios, centros de trabajo, etc., utilizando material militar (helicópteros black hawk, tanquetas, metralletas, etc), entrando en viviendas sin órdenes judiciales, llevándose a 3.000 personas detenidas al día por individuos enmascarados sin identificar, en vehículos no rotulados, trasladando a inmigrantes a centros de detención opacos y deportándolos a países que ni siquiera son los suyos de origen.

De forma paralela, Trump está desplegando al ejército en diversas ciudades del país —aquellas que votaron mayoritariamente al Partido Demócrata—, alegando un problema de seguridad pública, para que patrulle por sus calles, en un ambiente de terror distópico.

Consecuencias reales de la retórica anti-antifascista

En el último mes hemos asistido a casos palpables en los que la criminalización del movimiento antifascista sirve como excusa para perseguir a activistas, académicos o entidades de la sociedad civil. Un caso emblemático es el del propio Mark Bray: tras la firma de la orden ejecutiva de Trump y después de que medios de derechas y el Gobierno le señalaran como un miembro e ideólogo del “grupo terrorista Antifa”³, comenzó a recibir amenazas de muerte y acoso de grupos de extrema derecha en su domicilio (que fue publicado en Twitter). Le dijeron que le matarían delante de sus alumnos, o que quemarían su casa, entre otras lindezas. Por ello, finalmente acabó por exiliarse con su familia a Madrid, desde donde imparte sus clases de forma remota.

La buena noticia es que, pese al cariz que están tomando las cosas, todavía hay muchas personas dispuestas a plantar cara al autoritarismo monárquico de Trump. Un ejemplo de ello es la manifestación “No Kings” (“sin reyes”) que tuvo lugar el 18 de octubre, en la que participaron unas 5 millones de personas en más de 2.100 municipios del país.

¿Y Europa?

Lo que está pasando en Washington es una advertencia de lo que podría importarse dentro de poco a Europa. De hecho, a finales de septiembre, el húngaro Viktor Orbán y el grupo Patriotas por Europa (al que pertenece Vox) solicitaron que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento Antifa en Europa.

El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura clara como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal (legislación especial, movilización del aparato policial) y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).

El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas (Mónica y Francisco), acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.

Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.

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1Las leyes federales estadounidenses no permiten designar a organizaciones nacionales como “terroristas”; solo lo pueden hacer con internacionales. Sin embargo, este escollo legal no ha impedido a Trump hacerlo y ordenar a distintas agencias que comiencen a investigar a personas y organizaciones. En cualquier caso, Trump ahora sopesa designar a Antifa una organización terrorista internacional.

2Hace años, le entrevistamos en este medio.

3Fox News, por ejemplo, le llama Dr. Antifa.

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Gasteiz: cuando la Ertzaintza protege al fascismo

El pasado 12 de octubre, mientras en Madrid se desplegaban desfiles militares y banderas rojigualdas, en Gasteiz se vivía otra escena que, pese a su escala menor, revela la profundidad del problema. La Falange Española —un partido fascista que nunca ha dejado de reivindicar el legado de Franco— celebró un acto “patriótico” en pleno centro de la ciudad. “Euskal presoak, cámara de gas” y “pasamos y volvimos a pasar” fueron algunas de las lindezas que soltaron esa jornada.

Frente a ellos, un grupo de antifascistas decidió concentrarse para mostrar su rechazo a que el fascismo volviera a ocupar el espacio público vasco. La respuesta del Estado fue clara: 19 personas detenidas (uno de ellos menor de edad), imputadas por supuestamente lanzar piedras a la policía, cargas policiales y los falangistas vitoreando a la Ertzaintza.

Según relatan varios medios, la policía vasca cargó contra quienes se manifestaban contra el odio, usando pelotas de goma y empujones, mientras escoltaba y protegía a los militantes de ultraderecha. Según informa el periodista Danilo Albin en Público¹, los falangistas aplaudieron y jalearon a los agentes cuando estos detenían a manifestantes, gritando “Ahí está la escoria etarra, grande policía”. El Gobierno vasco, por su parte, ha intentado justificar la actuación de la Ertzaintza apelando al “mantenimiento del orden” y al “derecho de reunión”.

Unos días después, el canal de Telegram de la Liga Antiglobalista Internacional (una internacional de 15 partidos de extrema derecha procedentes de varios países, impulsada por el oligarca ruso Konstantin Maloféyev, cercano al Kremlin) publicó el siguiente mensaje: “El 12 de octubre, nuestros hermanos de La Falange celebraron una reunión en Vitoria con motivo del Día de la Unidad Española. Antifa y los separatistas, que superaban en número a los falangistas hasta diez veces, intentaron interferir en la concentración y atacar a los nacionalistas. A pesar de su superioridad numérica, la izquierda recibió una terrible paliza tanto por parte de La Falange como de la policía”.

Los hechos de Gasteiz nos recuerdan que el antifascismo sigue siendo necesario. Que el fascismo, por muy marginal que parezca, encuentra amparo en las instituciones cuando éstas no se atreven a condenarlo con claridad. Y que, frente al fascismo y su blanqueamiento institucional, la respuesta sigue siendo la misma de siempre: organización, solidaridad y antifascismo.

Barcelona: más detenciones en protestas propalestinas

En el mes de octubre, lejos de bajar los brazos ante el anuncio del alto el fuego en Gaza, el movimiento propalestino salió a la calle como siempre, para asegurarse de que la paz que se logre sea justa y duradera.

En este contexto, las movilizaciones de apoyo a Palestina se encontraron con una respuesta policial contundente, sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, el 4 de octubre, diez personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Plaça de Catalunya, acusadas de causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación.

Unos días después, el 15 de octubre, en el contexto de la huelga general por Palestina convocada por varios sindicatos, unas 50.000 personas recorrieron la capital catalana. En el transcurso de la protesta, según la versión oficial, se produjo la quema de contenedores, el lanzamiento de objetos hacia una línea policial frente al Consulado de Israel y otros actos de “vandalismo”. Los Mossos d’Esquadra intervinieron utilizando spray de pimienta y cargas con porrazos, lo que derivó en la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Según publica Izquierda Diario, estos fueron detenidos mientras volvían a sus casas, por el hecho de llevar simbología palestina y por presentar síntomas de haber sido rociados con spray. Han denunciado haber recibido tratos vejatorios, insultos, humillaciones racistas y falta de asistencia sanitaria en comisaría, donde no se les permitió ducharse, ni cambiarse la ropa llena de spray.

Según la organización Som Defensores, desde el asalto a la flotilla se han detenido a 34 manifestantes (la mitad menores y la mayoría personas racializadas) y se ha empleado en seis ocasiones gas pimienta para disolver manifestaciones. Al menos en una ocasión, tras usarse en la estació de Sants, entre 30 y 40 personas tuvieron que ser atendidas por equipos médicos.

Vallekas: un barrio que se organiza contra mercenarios y bulos

Lo que medios como Cuatro y Telemadrid vendieron hace unos días como una “batalla campal” entre “desokupadores” y “Bukaneros y ultras de izquierdas que defienden a los okupas” en Puente de Vallekas es, en realidad, el episodio más visible de un hostigamiento sostenido contra un vecino y un gimnasio popular, envuelto en desinformación y con presencia activa de una empresa de desokupación integrada por escuadristas neonazis. El relato dominante —con platós dando altavoz a un supuesto propietario y cámaras buscando imágenes de choque— sirve para criminalizar al barrio y tapar la raíz del problema: la precariedad habitacional y la entrada de matones profesionales con agenda ideológica en los conflictos de vivienda.

El caso arranca con un señor apodado “Daan”, boxeador y empresario que se presentó en televisiones como dueño de una vivienda ubicada en la calle Leonor González. Sin embargo, Irene Zugasti, periodista de Diario Red, ha accedido a la nota simple del Registro y ha comprobado que Romero no figura como propietario; la casa es de unos herederos. En cualquier caso, el habitante, Juan Carlos, una persona que trabaja cuidando a personas mayores, vive allí desde hace casi nueve años con apoyo vecinal —preferían casa habitada y cuidada frente al riesgo de narcopisos—. Romero, por su parte, ya ha sido condenado por coacciones contra él por anteriores episodios de acoso. Pese a ello, siguió apareciendo acompañado de miembros APD Security Iberia, empresa de “desokupación” con historial violento², intentando echar por las malas a Juan Carlos, mientras ciertas cadenas amplificaban su versión sin contraste.

El 14 de octubre se produjo el salto cualitativo: miembros de APD acudieron armados con palos y atacaron el Club Deportivo La Fábrika, un gimnasio popular con casi quince años de arraigo, muy cercano al domicilio de Juan Carlos. Si hubieran atacado una hora más tarde, se habrían encontrado una clase para niñas y niños de entre 7 y 13 años. La intimidación a este local venía de lejos, pues desde el primer día que acudieron a amenazar a Juan Carlos, el 26 de septiembre, los miembros de APD ya intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase, una escena que fue retorcida en televisión, presentando a los asistentes al gimnasio como agresores.

Los neonazis agredieron a algunas de las personas allí presentes y reventaron la puerta con palos al grito de “rojos maricones”. Así, parte del equipo de gimnasio se vio obligado a defender su local.

“Nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes, perpetrada por una empresa de desokupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda”, explica La Fábrika en un comunicado. “Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai, MMA y a la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar.

[…] El martes 14 de octubre estos escuadristas de desokupación volvieron. […] Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. En el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. […] Un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse, cruzándose con uno de estos elementos, que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio; en este momento comienza la “batalla campal”. Para nosotrxs fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla”³.

La policía, ausente en el inicio según la crónica, llegó más tarde y terminó por derribar el acceso al gimnasio. En total, detuvieron a 17 personas: 10 escuadristas de APD y 7 vecinas de Vallekas, entre las cuales había personas que habían defendido el gimnasio, pero también vecinos que llegaron más tarde y que ni siquiera habían presenciado lo ocurrido. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque, y cinco vecinos. Los agresores, aún estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, detalla el comunicado.

El barrio, sin embargo, ha respondido con la mejor de nuestras armas: la solidaridad. Se ha organizado una presencia permanente junto a Juan Carlos para defender su vivienda y una defensa pública del gimnasio como proyecto comunitario. El pasado 24 de octubre, cientos de personas recorrimos las calles de Vallekas en una manifestación, convocada por PAH Vallekas, por la vivienda digna y contra las mafias de desokupación. Su punto de partida fue La Fábrika y terminó en el estadio del Rayo.

Frente a matones y bulos, organización vecinal, información verificada y antifascismo cotidiano.

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1Tras publicar Albin (periodista de origen uruguayo, afincado en Bilbao, que hace seguimiento a la actividad de la extrema derecha) el artículo en el que explicaba cómo los falangistas jalearon a la policía, el ultraderechista Martín Ynestrillas publicó un vídeo con su rostro, diciendo que es “un uruguayo que no entiende nada de lo que pasa en este país” y llamándole “miserable”, “embustero”, “canalla” e “idiota”.

2Nos remitimos a las detalladas investigaciones que han llevado a cabo Sistema 161 e Irene Zugasti, revelando los vínculos de esta organización con organizaciones de extrema derecha como Bastión Frontal, Yomus, España 2000 o Amanecer Dorado y empresas de seguridad formadas por militares israelíes. Entre los antecedentes de algunos de sus miembros se encuentran amenazas a familias en Tetuán, amenazas fascistas en València e, incluso, disparos en un desalojo en Illescas.

3Animamos a buscar en redes el resto del comunicado, que denuncia el papel cómplice de determinados medios de comunicación en el blanqueo de los discursos de odio y en la tergiversación de la realidad, así como habla de la implantación de La Fábrika en el barrio.

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