Cuando en el 2011 decidimos embarcarnos en la aventura de publicar un periódico mensual, el movimiento por la vivienda estaba empezando a coger fuerza. Todavía teníamos recientes las manifestaciones de V de Vivienda que arrancaron en el 2006, las primeras Plataformas de Afectadas por las Hipotecas (PAHs) se habían creado en 2009 y habían logrado paralizar varios desahucios y, pocos meses después, las asambleas de barrio surgidas durante el 15-M (2011) crearían comisiones de vivienda que lucharían, con mayor o menor éxito, por evitar la expulsión de sus vecinas de sus casas.

La cronificación del problema de acceso a la vivienda

Quince años después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Pese a que han proliferado PAHs (como en Madrid Centro, Vallekas o pueblos del sur de Madrid), asambleas de vivienda (como en Villalba, Carabanchel, Latina, etc), sindicatos de barrio (como en Hortaleza o Moratalaz), grupos de Stop Desahucios (Granada, Gipuzkoa, etc) y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, etc) y a pesar a los miles de desalojos parados por la acción directa de las vecinas, la crisis se ha hecho crónica.

Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas en este tiempo, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos, con subidas de más del 75% en algunos territorios del Estado, según Eurostat.

Ayudas al rentismo para paliar el problema

Pese a llevar más de seis años soportando a los autodenominados gobiernos más progresistas de la galaxia (PSOE, Podemos y Sumar), éstos no han hecho nada por solucionar el problema. Todas sus políticas giran en torno a dar más ayudas a los rentistas, a los que piden que actúen con responsabilidad, pero nunca confrontan o limitan su poder. Nada de fijar precios máximos de alquiler, prohibir los arrendamientos de temporada o aumentar la duración de los contratos. El último ejemplo: a principios de enero de este año, el gobierno anunció un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, que se traduce en una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquél que decida no especular (más de lo que ya lo está haciendo). En otras palabras, se trata de subvencionar con dinero público el rentismo, congelando los altos precios que se vienen dando desde hace años.

Decisiones como ésta visibilizan que no es que la socialdemocracia no sea incapaz de solucionar el problema, sino que es parte del mismo.

La sociedad de propietarios y la lucha de clases

A diferencia de lo que hace el movimiento de vivienda, la progresía (que participa alegremente del rentismo) no sitúa el marco de la vivienda en términos de lucha de clases, sino en una simple falta de oportunidades. Así, la izquierda institucional se encuentra mucho más cómoda hablando, por ejemplo, de desigualdad generacional, en vez de clases sociales. Y tiene algunos datos que lo respaldan: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve.

En esta línea, el informe Brecha generacional: cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, realizado por el Instituto Juan de Mariana, busca transmitir la idea de que los privilegios de los jubilados lastran a las nuevas generaciones, obligadas a sostener un sistema de pensiones injusto. La conclusión es clara: reformar —y, en la práctica, privatizar— las pensiones.

Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos, podemos observar que en 2008, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda y hoy tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. Y es que ahí tenemos la respuesta al problema: es la vivienda lo que marca la diferencia, no los jubilados. Por ello, desde 2007, la tasa de emancipación juvenil ha caído al 15%, y tres de cada cuatro chavales con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.

¿Existe una desigualdad de riqueza entre los boomers y las nuevas generaciones? Sí, pero gran parte de la misma se explica por la propiedad inmobiliaria. Por ello, no podemos meter en el mismo saco a toda una generación como lo hace, por ejemplo, Analía Plaza (con bastante humor) en La Vida Cañón (Ediciones Temas de Hoy). La diferencia estriba en la clase, no en la edad; y la clase se ve cada vez más definida por el número de viviendas en propiedad.

“Durante los últimos 50 años, la llamada sociedad de propietarios se convirtió en un proyecto central de integración económica y política”, explica el sociólogo Javi Gil en un artículo. “El neoliberalismo hizo de la financiarización de la vivienda la palanca de crecimiento durante décadas. Los hogares accedieron de forma masiva a la propiedad, lo que los transformó en clase media. Y su bienestar comenzó a apoyarse cada vez menos en los salarios o en el Estado de bienestar, y más en la revalorización de sus viviendas.

Conceptos como capitalismo patrimonial o capitalismo rentista se han empezado a utilizar para describir esta nueva realidad: una economía en la que la riqueza depende cada vez menos del trabajo y la producción, y cada vez más de la revalorización de los activos, con la vivienda como eje central. No es un detalle menor que el valor de los bienes inmuebles constituya hoy el mayor depósito de riqueza del planeta, equivalente a casi cuatro veces el PIB mundial.

Esta transformación ha disparado la concentración de riqueza y ensanchado la brecha social. La propiedad de activos se reparte de forma profundamente desigual, y en los últimos 50 años la distancia entre los más ricos y el resto de la sociedad no ha hecho más que crecer.

En 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda. Hoy, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo. La conclusión es demoledora: como generación, el acceso a la propiedad es imposible, porque los salarios se han desligado de los precios de la vivienda”.

El colmo es que, pese a que la vivienda está profundizado la desigualdad económica de nuestra sociedad, el discurso de la clase dominante se va imponiendo cada vez más. En quince años hemos pasado de la solidaridad generalizada con las desahuciadas – en 2013 la revista Pronto regalaba pegatinas de “Stop Desahucios” – a que empresas de desokupación influyan en la agenda política, se aplauda a políticos que dejan a familias enteras en la calle como hizo Albiol en Badalona estas navidades y todas las reformas políticas van dirigidas a dar más poder a los propietarios y castigan a quien no tiene casa. Gracias a una alianza entre empresas de seguridad, inmobiliarias, medios de comunicación y políticos de todos los ámbitos – recordemos a Rita Maestre hablando de la okupación como un “problema” o a Manuela Carmena repitiendo los mantras de Desokupa – el español medio empatiza más con el “pequeño” propietario que acumula cuatro inmuebles como fuente de ganancia que con una familia sin alternativa habitacional.

Acabemos con el negocio de la vivienda

Las manifestaciones del 13 de octubre de 2024 (Madrid) y del 5 de abril de 2025 (estatal), en las cuales participaron más de 150.000 personas en cada una, han sido las más masivas por el tema de la vivienda desde la Transición, lo cual evidencia la enorme preocupación que genera la situación actual. En ellas, la demanda principal fue la de poner fin al negocio de la vivienda. Por ejemplo, el comunicado de la segunda de estas manis establecía que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio”.

¿Y cómo se pretende conseguir acabar con la especulación? No es fácil. El movimiento de vivienda es muy amplio, englobando a anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas y militantes y afectadas sin adscripción a un marco teórico. Y, por ello, las estrategias escogidas a lo largo de los años han sido variadas (lo cual, a veces, genera conflictos): poner el cuerpo frente a comisiones judiciales y cordones policiales para parar desahucios, negociar alquileres sociales con bancos, okupar edificios y alojar a múltiples familias, hacer campañas visibilizando casos dramáticos, convocar manifestaciones para exigir reformas legislativas, etc. Y, si bien a nivel social no se ha logrado siquiera hacer la vivienda algo más accesible, sí ha logrado encontrar soluciones prácticas e individuales para miles de personas a lo largo de los años. Y eso no es poco.

La lección que podemos sacar de los últimos años es que el asalto institucional que protagonizaron activistas como Ada Colau no ha servido para nada. Todas las victorias se han logrado desde los movimientos sociales, desde la solidaridad y la horizontalidad. Es obvio que ningún gobierno va a acabar con la mercantilización de la vivienda, por lo que algo tan básico como garantizar la cobertura de una necesidad humana parece un objetivo radical que únicamente se conquistará mediante estrategias colectivas igualmente radicales. Y la huelga de alquileres puede ser una de ellas.

Una huelga de alquileres tendría como objetivo desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a empresas de alquiler seguro que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos (como la huelga de alquileres de Barcelona de 1931), pero también recientes (como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019 o algunas propuestas de impago de las rentas durante la pandemia de 2020).

Durante los últimos quince años el movimiento de vivienda ha demostrado ser resiliente y valiente. No ha parado su actividad pese a que en 2015 se reformaron las leyes administrativas y penales para criminalizarlo (exponiéndose varias a activistas a la posibilidad de ir a prisión), ni a las amenazas de grupos fascistas que están trabajando para algunos fondos. Por ello, esperemos que su lucha continúe y que sepa hacer todo lo necesario para acabar con el negocio de la vivienda de una vez por todas.

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Agobiada por las deudas y su situación de pobreza, Eve, una joven mujer tailandesa de 24 años, se fijó en un anuncio publicado en Facebook para trabajar en Georgia. Nunca había oído hablar de ese país y no tenía mucha idea de la gestación subrogada, que era lo que ofrecía esa oferta: unos 16.400 dólares por ser madre por este procedimiento. El anuncio parecía inocuo, pero aquello se convirtió en una pesadilla, no solo para ella, sino para las docenas de mujeres tailandesas que viajaron 6.400 kilómetros acuciadas por su situación económica.

Son las historias que narra The New York Times en una nueva investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, cuya conclusión principal es la misma a la que llegó la investigación realizada por La Marea: no hay altruismo en la gestación subrogada.

La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, lo resume así: «La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos».

En su investigación, el diario norteamericano pone el foco en la deshumanización de las mujeres, en la mercantilización de su cuerpo por parte de la industria y de cómo se convierten prácticamente en sus esclavas. Tal es la gravedad, según publica The New York Times, que si alguna mujer ya en Georgia cambiaba de opinión, no podía hacerlo: «Además de pagar su propio viaje de vuelta, tenía que reembolsar a los jefes lo que, según ellos, les había costado«. Un dinero que no tenían y que se sumaban a las deudas que las habían llevado hasta allí.

Georgia ha sido, de hecho, uno de los países destacados de la investigación realizada por La Marea, uno de los grandes beneficiados de la crisis que atraviesa la industria del alquiler de vientres en Ucrania a causa de la guerra. Su principal problema, como se recoge en los reportajes, es la escasez de mujeres georgianas dispuestas a gestar.

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Eran las 23.57 de la noche. Quedaban apenas 24 horas para no perderlo todo. Y, tras unos días de nervios y angustia a la vez, el marcador de Goteo sobrepasó el objetivo mínimo: 85.188 euros. Una vez más, La Marea acaba de conseguir el apoyo necesario para seguir investigando gracias de nuevo a nuestra comunidad, a los lectores y lectoras que creen en un periodismo honesto, riguroso e independiente.

Con aportaciones en su mayoría pequeñas –y que muestran el esfuerzo que muchas personas realizan–más de 1.800 mecenas han contribuido en una recaudación vital para hacer frente a una demanda por la publicación de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

A todos y a todas ellas les damos infinitas gracias. También a todas aquellas personas, entidades, asociaciones, colectivos que han empujado estos días con diferentes acciones para que sigamos a contracorriente. Gracias, de verdad, por el compromiso y el esfuerzo.

¿Y si llegamos al óptimo?

La campaña, no obstante, no termina aquí. Se puede seguir donando para llegar a la cantidad óptima y, de paso, llevarte una suscripción. Por 50 euros, recibirás la revista digital durante un año (4 números + el Magazine de Climática) y tendrás acceso a las actividades para las personas suscriptoras. También puedes regalar la suscripción a quien quieras, ahora que vienen las fiestas.

No ha sido fácil llegar hasta este momento tras meses de agotamiento en los que hemos estado preparando la defensa legal con recursos mínimos, tanto económicos como humanos. Por eso no nos cansaremos de dar las gracias y de repetir, por supuesto, que no nos callarán, que seguiremos haciendo nuestro trabajo.

¡Seguimos!

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Desde que hicimos pública la demanda a la que nos enfrentamos por la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler, por la que una agencia nos pide 60.000 euros, en La Marea no hemos parado de recibir apoyos. Y esas muestras, en momentos tan duros como este, con un equipo agotado, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. A seguir a contracorriente, como decimos en nuestros mensajes para animar a donar en el crowdfunding que hemos lanzado en Goteo. 

Todos cuentan de la misma manera, pero saber que tus compañeros y compañeras están contigo, nos motiva especialmente. Queríamos agradecer, específicamente, el respaldo recibido desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que nos ha ayudado a difundir, a través de sus redes sociales, nuestra campaña de recaudación de fondos para blindar el periodismo de investigación.

Porque, como explicaron desde Reporteros sin Fronteras, en otro mensaje de apoyo, investigar no es un delito, es un servicio público imprescindible para la democracia: “Como organización defensora de la libertad de prensa, subrayamos que las investigaciones sobre asuntos de interés público son esenciales para la transparencia y el acceso a información veraz. RSF España defiende su derecho –y el de todos los medios– a informar con libertad, sin censura ni intimidación”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Nada más conocer la demanda, El Salto dedicó un espacio para contar a sus lectores y lectoras la situación a la que estamos haciendo frente. “Tras trece años publicando, es la primera vez que La Marea recibe una demanda por una de sus publicaciones”, destacaban.

Queríamos dar también las gracias a la Agrupación de Periodistas de la FSC de CCOO por sus palabras: “Mostramos nuestro apoyo y solidaridad hacia un medio que ha demostrado siempre su independencia y su máximo respeto por el rigor periodístico, centrado, además, en el servicio público y la defensa de los derechos humanos. Estamos atravesando tiempos complicados, donde los grandes poderes intentan silenciar la información con nuevas estrategias”. 

Algunas de ellas las ha explicado nuestra directora, Magda Bandera, a Marina Lobo, que nos ha abierto también, con esta entrevista, las puertas de Spanish Revolution: «Un proceso judicial de este tipo puede ahogar a un medio pequeño como La Marea«, ha afirmado Bandera.

Ahora no nos queda casi tiempo. Necesitamos tu fuerza, necesitamos cerrar con éxito nuestra campaña de Goteo, que termina ya. Es, por supuesto, una cuestión económica, pero va mucho más allá: es garantizar que seguimos siendo un espacio donde se pueden investigar temas incómodos sin presiones ni censuras. 

En el vídeo que te enviamos, el periodista de investigación José Bautista lo explica muy bien: hay profesionales que solo pueden escribir sobre determinados temas en La Marea, porque aquí sí se permite llegar hasta el fondo. 

Lo saben perfectamente nuestros lectores y lectoras, como Gustavo Rodríguez, que nos escribe desde la página de Goteo este mensaje de apoyo tan especial:

«Querida redacción de La Marea. Hoy más que nunca quiero expresar mi apoyo y admiración por vuestro trabajo valiente y necesario. Vuestra investigación sobre la industria de los vientres de alquiler no solo ha arrojado luz sobre una realidad que muchos preferirían dejar en la sombra, sino que ha puesto en primer plano la importancia de un periodismo independiente y comprometido con la verdad.

Sé que ahora atravesáis momentos difíciles: una demanda y amenazas que buscan acallar vuestra voz y, con ella, el derecho de toda la sociedad a estar informada. Precisamente en estos desafíos se demuestra la fuerza de la prensa libre, aquella que no se deja intimidar y que sigue adelante, incluso cuando el riesgo y la presión aumentan.

Quiero que sepáis que no estáis solos. Vuestro trabajo es imprescindible y merece todo el apoyo posible. Por eso, me sumo a vuestra campaña de fondo y animo a todas las personas que creen en la libertad de prensa y en la defensa de la verdad a respaldaros: cada contribución, cada muestra de solidaridad, cada mensaje compartido es un paso más en la protección de este periodismo valiente que nos representa a todos.

Gracias por seguir adelante. Gracias por no rendiros. Defenderos es, también, defendernos como sociedad. Todo mi ánimo y apoyo en este camino. No dejéis de publicar lo que otros intentan silenciar. Con mucha fuerza y solidaridad».

¿Qué podemos decir? MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS.

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Por Javier Gil. Este artículo, extraído de Zona de Estrategia, es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:
cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).

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«La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Sin ambages, es la principal conclusión del informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, hecho público en agosto de este año.

A principios de noviembre, en España, la Fiscalía logró cerrar por primera vez anuncios sobre gestación subrogada en internet. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, prohíbe expresamente en su artículo 33 la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y solo unos meses antes, el Gobierno había anunciado la suspensión de la inscripción directa de menores gestados por esta técnica.

Aunque muy lentamente, las denuncias contra esta práctica, que no es legal en España, han ido ganando peso en este último año a pesar del importante lobby a favor: según una encuesta realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018 –la única de grandes dimensiones hasta ahora y que no fue difundida hasta 2023–, el 58% de la ciudadanía consultada consideró que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.

El informe de la relatora de la ONU, sin embargo, es rotundo en este sentido: con la gestación subrogada se ejercen varios tipos de violencia sobre las mujeres. La primera, la violencia económica: «Las madres sustitutas son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia durante todo el proceso si no pueden llegar a fin de mes o tienen deudas». La segunda, la violencia psicológica: «Se presenta esta actividad como una demostración de los valores del ‘amor’ y la ‘solidaridad’, sobre todo en relación con las parejas homosexuales». Esas presiones –dice el informe– disuaden a las mujeres de que busquen ayuda o expresen su disconformidad, dado que pueden sentirse sujetas de por sí al compromiso de transferir un hijo a los progenitores comitentes, con los que pueden tener vínculos afectivos.

Hay también, por supuesto, violencia física: «Aunque en el material sobre la contratación se describe como un proceso seguro desde el punto de vista médico, las pruebas indican que la salud de las madres sustitutas corre mayor peligro que la de otras madres. Medicamentos como Lupron están clasificados como peligrosos y se recomienda que solo los trabajadores de la salud los administren usando batas y guantes de protección».

Y violencia reproductiva: «Los desequilibrios de poder entre las madres sustitutas y los progenitores comitentes tienen graves consecuencias cuando estos últimos imponen un aborto en casos de embarazos múltiples o discapacidad fetal. Según se informa, se ha presionado a las madres sustitutas para que interrumpan embarazos sanos, incluidos aquellos en que han trascurrido más de 12 semanas, por medio de tácticas coercitivas como incentivos económicos, amenazas de acción legal o el retiro de la ayuda brindada tanto a la madre como al bebé».

Además, el afán de lucro en que se basa la prestación de servicios de reproducción subrogada –prosigue el informe– aumenta el riesgo de trata de personas en todas las etapas del proceso, en particular para que las envíe a otros países con fines de trabajo reproductivo forzado. «Los arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas», concluye la relatora.

El especial de ‘La Marea‘

Entre 2020 y 2024, el mercado global de la gestación subrogada creció un 460%, según Global Market Insights, y estaba valorado en 14.950 millones de dólares. Para 2033, se prevé un aumento de este negocio hasta los 99.750 millones de dólares. Varios países clave en este auge son España y el norte de Europa como mercado de padres demandantes; Colombia, Ucrania y Georgia, como destino para encontrar gestantes; Irlanda, Dinamarca y Grecia como modelo legislativo.

Ahora mismo, en La Marea, nos enfrentamos a una demanda por investigar la industria de los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros. Durante un año, un equipo de periodistas ha documentado el negocio transnacional de la gestación subrogada. Puedes leer aquí el especial.

ESPECIAL: Gestación Subrogada

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El movimiento de vivienda crea la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

El fin de semana del 10 al 12 de octubre, inquilinas organizadas de más de una decena de territorios distintos viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Su creación es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora. La coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal “Nos Quedamos”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en todo el Estado. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial. Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas.

Maricarmen se queda

El ejemplo más reciente de sindicalismo inquilino lo encontramos en la campaña “Maricarmen se queda”: Maricarmen es una mujer de 87 años, que lleva 70 años viviendo de alquiler en su casa, en el barrio de Retiro, desde que su padre firmó un contrato de renta antigua, al cual se subrogaron primero su madre y luego ella.

En este sentido, Maricarmen es víctima de las leyes machistas del franquismo, ya que su madre no figuraba en el contrato original como arrendataria, porque solo podía hacerlo su marido. Por eso, cuando falleció el padre de Maricarmen, su madre se tuvo que subrogar en el contrato, pese a ser la coinquilina original. Y, al fallecer la madre de Maricarmen, su hija se subrogó por segunda vez, a pesar de que ésta debería haberse considerado la primera subrogación.

Entonces, la propiedad no puso pegas a la prórroga y le mantuvo las condiciones a Maricarmen. Sin embargo, un fondo buitre ha comprado la vivienda, ha resuelto el contrato de renta antigua y le ha incrementado el alquiler en más de un 300%.

El Sindicato de Inquilinas inició una campaña, que ha tenido una enorme repercusión mediática, para mantener a Maricarmen en su casa. Se empapeló el barrio con carteles informando del desahucio y varios comercios apoyaron poniendo el cartel en sus escaparates; se informó a todas las vecinas del edificio, yendo puerta por puerta, del inminente desahucio; se organizó un pasacalles por el Retiro y por la calle Sainz de Baranda, en la que participó el AMPA del colegio Escuelas Aguirre haciendo un taller de carteles en apoyo a Maricarmen; y, por último, se convocó una concentración el día del desahucio (previsto para el 29 de octubre) frente a su vivienda. Sin embargo, gracias a la presión ejercida, el día antes del lanzamiento, el Juzgado decidió suspenderlo, para otorgarle más tiempo para buscar una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

El 29 de octubre, finalmente, se convirtió en una celebración. Maricarmen compareció ante los medios, emocionada, mientras las vecinas gritaban “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”. Al cuello llevaba una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

Por ahora, Maricarmen se queda; pero depende de todas que se quede para siempre.

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Por Martina Di Paula López y Aurora Báez Boza. Extraído de El Salto

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades para exigir solución al drama habitacional. Este fin de semana, la lucha por el derecho a la vivienda ha vivido un nuevo momento histórico en Málaga con la celebración del I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinos y la creación de una confederación de organizaciones de arrendatarios para dar un nuevo impulso a la lucha contra la especulación con “más huelgas de alquileres y una huelga general por la vivienda en el horizonte”.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado. Los contratos de temporada, por habitación o turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. Una situación crítica que se expande por todo el territorio con muchas semejanzas, pero con particularidades locales.

En Catalunya, la concentración de la propiedad tiene nombre de bancos y fondos de inversión, como CaixaBank, BBVA, Cerberos o  Black Sorne. A lo que hay que sumarle el poder de la oligarquía catalana. Solo Cerberos tiene 3.500 viviendas vacías en una Comunidad con un 1,2% de vivienda pública. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el “banco malo” que el Gobierno prometió reconvertir en empresa pública de vivienda, continúa amenazando de desahucio a familias a las que no permite negociar alquileres sociales. El resultado es que las viviendas que deberían estar al servicio de la población son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario como Blackstone, Servihabitat y KKR, fondo proisraelí. En Madrid, el 43% de los contratos de alquiler son a fondos de inversión, en un marco de políticas hostil y barrios que cada vez se llenan de más “inmobiliarias y grupos de desocupación”, denuncian desde el Sindicato. 

CaixaBank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España desde la absorción de Bankia, con más de 25.000 pisos en alquiler. Bajo el programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa, se ha dado una estrategia de “desahucio invisible”. Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogar los contratos, exigiendo subidas del alquiler de entre el 50% y el 100% a pesar de que estaba vigente la “prórroga covid” del “escudo social”. En Catalunya, hay actualmente 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa que han demandado a la entidad bancaria, cuentan desde el Sindicat de Llogateres. El objetivo es detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y hacer que las viviendas pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl).

“En Andalucía, los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”. Según los datos del INE de 2024, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más pisos turísticos alberga. Un caso muy cercano en Málaga —donde en diez años los precios de alquiler han subido más del 100%— es el que se da frente a la Iglesia de San Agustín, donde a finales de año desaparecerá la histórica Tetería de San Agustín si se lleva a cabo la conversión del edificio en viviendas turísticas tal y como está previsto. 

Aunque sea una tendencia cada vez mayor, en ciudades más pequeñas la concentración de propiedad es más dispersa. En Málaga, capital de Andalucía donde la vivienda es más cara, la mayoría de propiedades verticales de alquiler pertenecen al instituto municipal de la vivienda y la agencia autonómica ABRA. Esto contrasta con los más de 900 desahucios que se ejecutaron en el año 2024 en una ciudad con 16.700 viviendas vacías (6,4% de las viviendas) y 8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga). En Málaga, donde un 15% de población vive en alquiler, el sindicato destaca el trabajo desde Málaga para Vivir, Techo por derecho y Biznegras.

Como explican Hannah Soraya y Assiatu Diallo, el rentismo y el racismo inmobiliario forman una dinámica de doble desposesión. En su artículo aportan cifras del informe de la Fundación Foessa que muestran que alrededor de un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato, siete de cada diez destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento. Además, en el informe de Provivienda de 2024, se muestra que el 99% de inmobiliarias han llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza. La Ley 15/2022, de 12 de julio, que debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda se contradice con otras leyes, como la Ley de Extranjería, que exige tres años de empadronamiento para la regularización.

En Sevilla, las viviendas vacías aumentan a 40.000 (un 10% de la ciudad) y las viviendas turísticas a 14.000. Cádiz es la única capital de provincia andaluza donde hay una pérdida paulatina de población, con cada vez menos contratos de alquiler (de los cuales, el 80% son de alquiler de temporada en portales como idealista). En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad. Además, se trata de la ciudad con más cruceristas por habitantes del Estado español. Ya en 2023 Carmen Marchena explicaba desde El Salto Andalucía la situación de esta provincia. A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía se ha negado ha considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares identificados. Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán prohibidos es Sevilla con 2.289 viviendas consideradas ilegales, seguida de Marbella, con 1.802 apartamentos ilegales, y Málaga con 1.471.

Una de las aristas principales de este problema es la expansión de un modelo turístico extractivo. “A la gente nos expulsan del centro de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos que venir a trabajar al sector servicios para sostener este modelo”, denuncia Kike España. El más destacado es el turismo de sol y playa, presente sobre todo en la costa mediterránea. Cecilia del Castillo, invitada al encuentro como parte de la confederación de Ecologistas en Acción, denuncia que “la turistificación nos asfixia, nos roba las casas y nos roba el espacio fuera de las casas”. También en Aragón podemos hablar del “artificial” turismo de nieve. “La nieve se fabrica, es artificial, porque la crisis climática tiene sus consecuencias” denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, explicando que “a día de hoy el modelo de turismo de la nieve ya está hiperfinanciado, subvencionado y da pérdidas sistemáticamente”. En Zaragoza el precio del alquiler ha subido más de un 64% y en el resto de Aragón un 67%. Aragón tiene 130.000 viviendas vacías y también está llegando el modelo turístico que transforma los alquileres de larga temporada a turísticos. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. Desde los sindicatos de inquilinas proponen como horizonte ideas de expropiación, planificación y redistribución de la vivienda además de una medida inmediata de bajada de alquileres. 

Los precios de los alquileres siguen subiendo, mientras el sistema legal y político no camina hacia la resolución de esta crisis con una ley de vivienda aprobada en 2023 que los colectivos de derecho a la vivienda consideran que no llega a suponer una regulación real de los alquileres ni pone frenos al negocio inmobiliario. Además, hay comunidades que se niegan a llevar a cabo la normativa estatal y la contraponen con políticas que favorecen la construcción, blinda la propiedad privada, persiguen la ocupación y llenan el debate social con términos como inquiocupación. Es el caso de Andalucía, que busca aprobar su propia legislación de vivienda, Madrid que se ha negado en diversas ocasiones a permitir una bajada en los precios de alquiler o en País Valenciá que pretende reformar su ley de vivienda para “frenar la ocupación ilegal”. En muchas localidades, incluso, los ayuntamientos han creado oficinas de antiokupación, como en Sevilla, Valencia, Palma, Granada, Alicante o Córdoba.

Otra de las críticas a la Ley aprobada en 2023 es que no llega a prohibir los desahucios sino que realizaba una prórroga hasta finales de 2025. Lo que no supone que se hayan dejado de producir desahucios, al contrario en 2024 se aumentó el porcentaje de ejecuciones aumentó un 3,4% con respecto al año anterior, realizándose un total de 27.564.

Un momento histórico

Con la afirmación de que “estamos en un momento histórico para el movimiento de vivienda y para los movimientos sociales organizados del Estado” en un “proceso de financiarización especulativa de la vivienda” daba comienzo Kike España, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, al primer Congreso Nacional del Sindicato de Inquilinas de Málaga. A lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, inquilinas organizadas de territorios viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la confederación de sindicatos de inquilinas, además de realizar acciones y debates donde se invitaron a  otras organizaciones.

Los Sindicatos de Inquilinas comenzaron a surgir en el año 2017 como organizaciones permanentes, tras la crisis de vivienda derivada del boom inmobiliario que estalla en 2007. Las primeras ciudades donde se organizaron son Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza.

Laura Bennedeti, del Sindicat de Llogateres de Cataluña, explica que “en 2017 todavía arrastramos la crisis de la burbuja y tenemos contratos que finalizan cada tres años”. Por ello, se plantean los Sindicatos de Inquilinas como organización estable en torno al derecho a la vivienda y cuestionando su mercantilización como bien especulativo. Laura Bennedeti cuenta que ahora mismo hay consolidados sindicatos en Catalunya, Madrid, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Asturias, Vigo, Ibiza y Formentera, además de grupos motores en Valencia, Mallorca y Almería. Desde los sindicatos destacan la singular situación de insularidad que se da en Baleares y Canarias que ha generado un conflicto especialmente difícil donde cada vez hay más población obligada a migrar.

“Este 2025 marca un punto de inflexión, se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes”, explican desde el Sindicato de Inquilinas en un momento donde los precios del alquiler están en su máximo histórico. “El sindicalismo inquilino se ha consolidado como actor central en la lucha por el derecho a la vivienda”, afirma Laura.

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, plantea las huelgas de alquileres como realidad para “avanzar y afianzar las negociaciones colectivas como forma en la que nos organizamos entre todas las inquilinas contra este sistema rentista” siendo una forma de “rescatar una herramienta histórica de lucha”. Por ello, Valeria afirma con firmeza que “el miedo, por fin, está cambiando de bando”.

Hoja de ruta a futuro

El proceso continúa, al igual que la expansión de los sindicatos de inquilinas. Tras salir a la calle en más de 40 ciudades, cientos de miles de personas se han manifestado en 2024 y 2025 contra los desahucios, las subidas abusivas y la turistificación”. Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido. “Es una estrategia para que ninguna inquilina se vea obligada a abandonar su casa y pueda renovar contrato a precio que pueda pagar”, explica Laura Bennedeti. 

Los bloques de lucha, como denominan a la organización de inquilinas que viven en propiedades verticales, se nombran como potenciales fuerzas de acción, sobre todo en un contexto donde cada vez son más habituales los desahucios en bloque tras el cambio de propiedad del edificio. También aparecen las brigadas inquilinas. Kike España trae el ejemplo del distrito de carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa, donde se ha constituido el bloque de lucha Avenida Europa 15. “Este es un ejemplo donde las inquilinas defienden sus derechos y perenne encima de la mesa que no se van a ir a ningún lado”, declara Kike. El objetivo es fortalecer las estructuras que existen y aumentar las relaciones para que exista una actuación coordinada.

Algunas de las aristas de la crisis de vivienda en las que trabajará el sindicato de inquilinas son la regulación de precios, el uso de vivienda vacía y el racismo inmobiliario. “Bajar el precio de los alquileres un mínimo de 50%, la recuperación de la oferta secuestrada o desarticular los grupos de desocupación” son algunas de las medidas que proponen desde los Sindicatos de Inquilinas según explica Valeria Racu. Además, se busca fortalecer los diálogos y confluencias con los sindicatos de inquilinas rurales, los sindicatos de trabajo, los movimientos pensionistas, ecologistas y las organizaciones por Palestina en la “lucha por territorios habitables para todas”, como concluyen al final del encuentro.

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