En épocas donde pareciera que es más rentable ser visible en redes y postear todo lo que hacemos, el trabajo con nuestras comunidades y con otros colectivos que se organizan frente a las distintas miserias que este sistema genera es poderoso.
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Capitalismo gore, políticas snuff, necroscopía, régimen live. La filósofa Sayak Valencia crea conceptos para nombrar y describir la violencia institucionalizada y estandarizada.
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A 50 años del golpe de 1976 en Argentina, Clara Obligado escribe ‘Exilio’ como experiencia colectiva: una trama de voces y memoria, en diálogo con las ilustraciones de Agustín Comotto.
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El nuevo Reglamento de Retorno, en tramitación, abre la puerta a una mayor vigilancia, controles raciales en vía pública y espacios privados, así como deportaciones masivas a centros de privación de libertad fuera de la UE.
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Desde las realidades de la migración, especialmente china, y el trabajo en las aulas te traemos algunas reflexiones en torno al bullying.
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Publicamos la introducción del libro 'Sœurs. Migrar, permanecer, volver, resistir', de Yemayá Revista, resultado de cinco años de trabajo para reconstruir, narrativa y visualmente, una diversidad de voces que responden la misma pregunta: ¿cuál es la situación de las mujeres africanas en las principales rutas migratorias de la África Occidental?
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Episodio 1. Re-nacer. El videopodcast de Luciana Peker en 'Pikara Magazine'. En este primer episodio contamos con la directora de la revista argentina 'Volcánicas'.
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El diputado general de Álava, Ramiro González, solicita al Gobierno la expulsión a su país de origen de un menor tutelado que ha cometido una agresión homófoba en Vitoria-Gasteiz.
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En La fosa abierta (Anagrama), Brigitte Vasallo toma como punto de partida la memoria campesina gallega y la experiencia de la emigración a París para cuestionar los marcos desde los que solemos pensar la identidad, la integración y el mundo rural. El libro no es una evocación nostálgica del pasado, sino una intervención en debates muy presentes: la figura del “migrante ejemplar”, la instrumentalización política de la lengua, la construcción cultural del campesinado como sujeto atrasado o incapaz de pensarse.
A través de la historia de su madre –que pasó de una aldea gallega a trabajar como interna en el distrito 16 de París– y de las capas de la migración interna en Catalunya, Vasallo discute la idea misma de integración y señala las dificultades de la izquierda para reconocer al campo como sujeto político con autonomía propia. La memoria, aquí, no es un refugio, sino un campo de disputa.
En esta conversación, la memoria deja de ser relato íntimo para convertirse en herramienta crítica. Hablamos del “migrante útil”, de la integración como tecnología de poder, de la lengua como derecho y no como prueba de pureza, y de la dificultad de las izquierdas para pensar el campo sin convertirlo en objeto. La memoria, aquí, no es un refugio: es una forma de desobediencia.
La memoria –la de tu madre antes de ser madre, la tuya propia, la de la población migrante que viene del mundo campesino– atraviesa todo el libro. No como nostalgia, sino como campo de disputa. Para empezar, ¿qué papel juega la memoria para quienes han migrado y han tenido que desplazarse no solo geográficamente, sino también social y culturalmente?
A mí me interesa mucho la cuestión de la memoria y, en este caso, que hago memoria de la diáspora, la pregunta de cómo podemos hacer esta memoria sin que responda a las lógicas memorialistas de los lugares fijos. Porque nuestro estar en el mundo y nuestra memoria es necesariamente una cosa distinta.
Entonces, ¿cómo construir esa memoria que no sea una memoria museitable y que no responda a la quietud, sino al movimiento?
Me decía Geni Núñez, que es una pensadora brasileña, que en las cartas jesuíticas de la conquista de los territorios que llamarán americanos se hablaba de que los pueblos nómadas no son colonizables. Entonces, una de las primeras preocupaciones era precisamente eso, parar el movimiento. Y a mí eso me interesa también en el sentido de comportamiento colonizable, cómo conservamos ese movimiento que también es la fluctuación en el pensamiento.
¿Y cómo se puede consolidar una identidad basada en el movimiento? Es decir, ¿la identidad nos remite necesariamente a una serie de representaciones fijas a las que volver?
Es que tal vez no responde a la lógica de la identidad. También lo que estoy buscando con todo este viaje no es una identidad.
Por eso me gusta y he usado siempre estas dos palabras para definirme a mí misma: charnega y marimacho. ¿Por qué? Porque son palabras que abren una conversación, no la cierran. La identidad es una cosa que cierra más, que ya tiene un tipo de consenso alrededor.
En cambio, usar términos donde no hay aún consenso permite la conversación. Y eso es lo que a mí me interesa. No sé si me interesa tanto buscar una identidad en la diáspora.
Cuando narras en el libro que reunís gente con distintas experiencias de la diáspora, hay un común denominador, aunque las experiencias sean distintas. Hay un apelar a algo compartido.
Sí, en ese caso te remitiría a Spivak cuando habla de identidades estratégicas. Es como lo máximo que me podría interesar en el término identidad. Somos nosotres en ese momento en que hablamos de la diáspora y hay unas cosas en común.
Pero atendiendo a los lugares de salida, que en este caso es el mundo campesino antes de esos últimos procesos capitalistas, es distinta la experiencia en una aldea gallega que la experiencia de las jornaleras sin tierra andaluzas. Y cuando pensamos en los lugares de llegada, es distinta mi experiencia nacida en Catalunya que la de la gente que emigró a América o se quedó en Francia.
Entonces ahí vuelve a haber unos otros que se reconfiguran. Me interesa esa flexibilidad en la construcción y la posibilidad de una no confrontación entre las diferencias. Que no sea exactamente la misma experiencia no significa que sea la experiencia contraria ni que una memoria anule otras.
Si atendemos a las lógicas del pensamiento situado, esta es una pieza del puzzle que yo entrego. El puzzle no invalida las otras.
Se trata, entonces, de encadenar esas experiencias y abrirlas de una forma que no se tapen las unas con las otras.
Exacto. Eso es lo que se llama la estratificación de la clase obrera en términos del capitalismo y también la estratificación de las migraciones. Es uno de los mecanismos que tiene el capitalismo: generar estratos y ponerlos a competir.
Cuando hacemos esta memoria en Catalunya y se nos responde «también había catalanes pobres», claro, una cosa no quita la otra. Es interesante ver cómo el sistema puso a competir a catalanes pobres con migrantes pobres, igual que ahora se nos dice que el problema son los migrantes.
Y nosotras, hijas de migrantes internos, no saltamos las alarmas porque no sentimos que estén insultándonos, cuando también lo están haciendo.
Entender todos esos estratos forma parte de un relato que no alterice y que no haga brocha gorda con las clases subalternas.
Hablas del campesinado como una clase social difícilmente colonizable, casi impermeable a ciertas lógicas del capitalismo. ¿Por qué el campesino ha sido visto históricamente como alguien peligroso o indomable para el sistema?
El campesinado, en verdad, como clase social y como grupos sociales, es bastante indomable en ese sentido. ¿Por qué? Porque son grupos bastante autónomos. Eso ya lo decía Berger: un campesinado –a no confundir con el capitalismo agrario– es una clase social totalmente impermeable al consumismo.
Ya no es que tenga que hacer un esfuerzo para no dejarse atrapar, es que no necesitan nada. Yo estoy aquí en casa de mis primas y prácticamente no necesitan nada. Hoy en día tienen que pagar impuestos, claro, y ya no se fabrican la ropa como antes, pero por lo demás la cuestión de la acumulación, cuando hablamos de patatas, nabos y zanahorias, es un poco extraña.
Entonces es una clase social impermeable. Para los sistemas que se han ido instalando desde la modernidad, tanto el capitalismo como el Estado liberal, no se puede permitir que eso exista. Yo hago un paralelismo con las lesbianas o con las mujeres trans. Pienso: ¿para qué tanto ensañamiento si somos cuatro? Proporcionalmente somos una cosa irrisoria. Tal vez tanto ensañamiento porque somos un ejemplo disciplinar. Si existimos, quiere decir que hay otras formas de existencia posibles.
Y eso pasa también con el campesinado. Si el campesinado existe, quiere decir que hay otras formas de vida posibles. Y eso es lo que al sistema no le interesa. Entonces se disciplina, se invisibiliza, se barbariza al campesinado para que no podamos ni siquiera vernos reflejadas ahí.
Y a veces, desde la ciudad, también se romantiza el campo…
Claro, claro. Pero romantizar es fetichizar, y solo puedes fetichizar un objeto. El franquismo lo hizo. Primero fetiche y después, cuando ya no sirve, se tira. Es una cosificación.
Quería preguntarte por Paco Candel, una figura que en Catalunya se presentó como una suerte de “migrante modélico” y que tú criticas en tanto que representa tan bien la idea de integración del amo.
Paco Candel fue el migrante útil. Y cuando digo útil no lo digo como juicio moral, sino como función política. Es el migrante que no solamente acepta asimilarse, sino que además acepta ocupar el lugar ejemplar desde el que se mide a los demás. Se convierte en referencia normativa.
Entonces, si Paco Candel se integró, ¿por qué no se integran los musulmanes? Si la migración anterior funcionó, ¿qué pasa con la actual? Ahí se produce un desplazamiento muy claro. El problema deja de ser estructural, deja de tener que ver con condiciones materiales, con racismo institucional, con desigualdad, y pasa a colocarse en el grupo migrante más débil del momento. Se individualiza y se culturaliza el conflicto.
Además, esa figura del “buen migrante” cumple otra función. No solo disciplina hacia fuera, también cierra el debate hacia dentro. Se construye una voz autorizada que habla en nombre de una experiencia entera. El año pasado se celebró el aniversario Candel y nadie me invitó a hablar de la cuestión charnega. Eso no es anecdótico. Se establece una especie de canon. Hay una figura que puede hablar por los siglos de los siglos de las migraciones internas, y otras voces quedan fuera.
Y cuando esa figura se utiliza como ejemplo comparativo frente a otras migraciones, lo que se está haciendo es reforzar una jerarquía racial y cultural. Se dice: antes funcionó, ahora no funciona. Entonces el fallo no es del sistema, es del nuevo migrante. Ese es el mecanismo.
Dices también que la mutación de clase de tu madre, que pasó de la aldea a trabajar de sirvienta en París, para luego volver a Galicia, fue también una mutación de género.
Esto es un salto filosófico que me he permitido hacer. Cuando escribí el libro sobre lenguaje inclusivo y exclusión de clase empezaron a aparecer imágenes sobre mi origen campesino de forma poco intencional. Yo ya ponía la imagen de mi tía Erundina, que tenía bigote, y a mí eso siempre me pareció una cosa atrasada, porque era una campesina con bigote.
Hasta que en los ambientes transfeministas se empezó a hablar de no depilarse y eso me pareció súper moderno. Pero esos cuerpos yo ya los había visto. Lo que pasa es que no les había dado legitimidad política.
Entonces pienso en ese cuerpo campesino que no es un cuerpo refinado. Cuando Kollontai habla de la nueva mujer que no va a depender de un hombre, mis abuelas nunca dependieron de un hombre. Aquí hay un montón de hijos de soltera, mujeres que han criado y han tirado adelante la casa sin depender de nadie.
Federici nos dice que con el salario llega un tipo nuevo de patriarcado: la vida depende del salario y con él se crea desigualdad de género. En las colonias industriales catalanas los hombres cobraban salario entero, ellas la mitad y los niños menos. Eso genera una estructura que pasa a depender de los hombres.
En el campo no hay tarea que no sea cuidado. Todas las tareas tienen el mismo prestigio.
Mi madre, campesina de una aldea donde todos estamos emparentados, se marchó a París. No sabía leer ni escribir. Llegó al barrio 16, entró de interna en una casa rica y pasó diez años allí. Tuvo que aprender a usar el tenedor y el cuchillo, a cocinar como ellos. Tuvo que sofisticar su género.
Quería preguntarte por la llamada España vaciada, que aparece un poco como música de fondo en el libro. Hay todo un relato político y mediático sobre el vacío, sobre territorios que supuestamente ya no tienen sujetos, casi como si fuesen espacios disponibles para proyectos externos. ¿Qué hay de cierto en esa idea de lo vacío? ¿Existe realmente ese vacío o es una forma de nombrar otra cosa?
No, ciertamente, lo vacío no existe. Las resistencias siguen existiendo. A mí me preocupa mucho la relación entre las izquierdas políticas y el campesinado; hay una arrogancia y una mentalidad cosificante respecto a la gente del campo.
La gente del campo es diversa y vota a todo el espectro. ¿Cómo es que no hay un acercamiento en horizontal, una escucha real, un apoyo a los proyectos que existen aquí?
Con los incendios se vio claro: no se puede desbrozar el monte para prevenir que el fuego se extienda, pero sí se desbroza para postes eléctricos, eólicos o placas solares. Eso genera un malestar muy fuerte.
Cuando dices que la izquierda no tiene proyecto político para el campo, pero sí existe una narrativa cultural muy potente sobre lo rural, pienso en el cine de Carla Simón o en As bestas, de Sorogoyen. ¿Qué te parece problemático de esa representación? ¿Qué es lo que está narrando realmente la película sobre el campesinado?
Una de las cosas que me ha enseñado esta investigación es que todo el pensamiento político que hacemos desde la modernidad es hijo de la modernidad. No planteamos la modernidad como uno de los marcos posibles, sino como la neutralidad. Todo el pensamiento que hacemos dentro del capitalismo es capitalista, incluso el anticapitalismo.
Uno de los éxitos narrativos de la modernidad ha sido construir al campesino como un ser incapaz de pensarse a sí mismo, como alguien al que tiene que venir la gente de ciudad a explicarle lo que le pasa. Y eso lo vemos también en productos culturales que, incluso siendo críticos, siguen reproduciendo esa mirada.
En el caso de As bestas, mucha gente de izquierdas no había leído la película en ese sentido. Pero ahí vuelve a aparecer esa figura del campesino como bruto, como incapaz de entender el mundo, como alguien reaccionario por naturaleza. No se plantea qué conflictos materiales hay, qué tensiones reales existen, qué choque de proyectos se está produciendo.
Incluso cuando desde la izquierda se habla de “llevar el arte al campo” o de intervenir culturalmente en lo rural, hay algo de esa misma lógica: como si aquí no hubiese pensamiento, ni cultura, ni capacidad de producir discurso propio.
No se reconoce al sujeto campesino como sujeto político y sujeto de su propia historia.
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Fotografía: reproducción de grafiti de Banksy.
Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Sara Plaza Casares
“Hemos metido un gol desde mitad de la cancha”. Así, en pocas palabras, describe Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE que cristalizará en una regularización extraordinaria para las personas migrantes que se encuentren en España en situación administrativa irregular antes del 31 de diciembre de 2025. “Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo que valora la medida “más garantista” de toda la legislatura del actual gobierno de coalición, impulsada por colectivos migrantes.
Pero, hasta llegar a este punto, hay que retroceder hasta abril de 2020, cuando en plena pandemia, y después de que el Gobierno portugués anunciara la regularización extraordinaria temporal de todos los inmigrantes con solicitudes pendientes, el colectivo Regularización Ya, una plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, comenzara a caminar con una carta al Gobierno que incluía la demanda de una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos. Después vino la Proposición No de Ley, tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y también del PSOE.
El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara
Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: conseguir más de 500.000 firmas para la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular de regularización masiva(ILP). En febrero de 2022 arrancaba la campaña de manera simultánea en más de 30 ciudades. En menos de un año, cuando corría diciembre de 2022, entregaron las firmas necesarias. Firmas que se toparon con la paralización de los trámites por las elecciones de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.
Desde Regularización Ya decidieron cambiar de estrategia: intentarlo por la vía del Real Decreto y así saltarse las posibles enmiendas de grupos como Vox, Junts y PP. “Nosotras habíamos convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que se aprobara en el Congreso, pero la aritmética no daba. El Real Decreto era la mejor medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos conseguido meterlo”, resume Canalla.
De fondo, unas negociaciones entre Podemos y PSOE que se iniciaron cuando el partido morado dio su ‘no’ a un posible traspase de competencias entre Gobierno y Junts en materia migratoria. El PSOE se vio obligado a sentarse con Podemos para negociar. Y ahí fue cuando el partido, liderado por Ione Belarra, propuso la aprobación del Real Decreto que este lunes salía del consejo de ministros. “El traspaso de competencias frustrado entre Junts y PSOE fue clave para este acuerdo. Les dijimos a Podemos que lo bloquearan y no salió adelante. Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla.
Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000 personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. A todos ellos va dirigida esta medida, que supondrá una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.
El nuevo Real Decreto permitirá, de manera excepcional y transitoria, el acceso a las figuras de arraigo a personas que ya están en España. Para ello será necesario acreditar permanencia de cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025. También incluye a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes de la misma fecha, cuya petición de asilo no decaerá con la petición de regularización. Estas, además, no deberán acreditar cinco meses de residencia. Otro requisito es carecer de antecedentes penales.
Quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz, durante la presentación de la medida.
Desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización la persona podrá trabajar, sin esperar a su resolución, y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones
Canalla celebra las medidas garantistas que han conseguido introducir en el redactado del Real Decreto del que, asegura, han supervisado todos los puntos. Esto es, por ejemplo, la no exigencia de empadronamiento para demostrar los cinco meses de residencia, papel que en la práctica se convierte en un obstáculo para acceder a derechos. Bastará con un recibo, una cita médica o cualquier documento como un comprobante de envío de dinero. Además, desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización, para lo que la administración cuenta con un máximo de 15 días, y que se podrá hacer en cualquier registro público, la persona podrá trabajar, sin esperarse a su resolución y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones.
Y esto, no acaba aquí, alertan desde Regularización Ya: “Nosotros hemos pedido que, después de iniciado el trámite, se pueda seguir trabajando en perfeccionar todo”, explica. Además no pierden próximos objetivos, entre los que estaría obligar a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”.
La entrada Más de 700.000 firmas, seis años de lucha y un cambio de estrategia para conseguir la regulación de migrantes se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
¿Cuáles son las razones de fondo de los movimientos de población Sur / Norte? Una pregunta, sencilla y contundente, que obligatoriamente habría que poner sobre la mesa si se quisiera abordar con seriedad y en profundidad el debate sobre las migraciones transfronterizas. Responder a esta cuestión es fundamental para disponer de un buen diagnóstico que identifique los problemas de fondo que explican el continuo aumento de estos flujos y permita la implementación de políticas adecuadas.
Es evidente que esta perspectiva nada tiene que ver con las llevadas a cabo por la Unión Europea y la mayor parte de los gobiernos comunitarios. Políticas que, en lo fundamental, han consistido en levantar muros para impedir o frenar la entrada de personas migrantes y en su criminalización, intoxicando a la opinión publica con los supuestos efectos negativos –en materia de seguridad ciudadana, competencia por los empleos o presión sobre los servicios sociales–, vulnerando todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, especialmente, protección de los menores.
En ese contexto, bienvenida la iniciativa que pretende implementar nuestro gobierno, proceder a la regularización de inmigrantes que acrediten carecer de antecedentes penales y lleven en nuestro país al menos cinco meses. Un paso necesario, a contracorriente de los vientos racistas, xenófobos y fascistas que recorren Europa y que también se han instalado en nuestro país, pero a todas luces insuficiente, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos.
En este sentido, volviendo a la pregunta con la que iniciaba estas reflexiones, ¿dónde residen las causas de fondo de las corrientes migratorias? Si, por poner un ejemplo muy relevante, situamos el foco en África, lugar de donde procede una parte sustancial de las personas migrantes que llaman a las puertas de Europa en busca de una vida mejor, encontraremos una respuesta a esa pregunta.
Hablamos de una región que se enfrenta desde hace años a una situación dramática, que –todos los datos apuntan en esa dirección– ha empeorado con el paso del tiempo; evolución que cuestiona abiertamente a los que sostienen que, con carácter general, se está cerrando la brecha Sur / Norte, que la dinámica global apunta a la convergencia.
Por el contrario, en términos agregados, tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, medido en paridad de poder adquisitivo y en dólares internacionales, encontramos que el gap, lejos de reducirse, no ha dejado de crecer; en 1990 el PIB por habitante del África Subsahariana, la zona más castigada por la pobreza, representaba tan sólo el 13,1% del comunitario, retrocediendo en 2024 hasta el 8,6%; así pues, las divergencias, medidas por este indicador sintético, no sólo persisten sino que se han hecho más pronunciadas.
A continuación, presento algunos indicadores más específicos que revelan la situación de emergencia social en la que vive buena parte de la población africana.
El primero de estos indicadores apunta a la pobreza. Tanto el número de personas pobres como la parte de la población que se encuentra atrapada en esta situación no sólo presenta registros elevados, sino que ha aumentado de manera sustancial. Si se considera la ratio de pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,15 dólares al día) el Banco Mundial estima que en 2024 el 31% de la población, 464 millones de personas, son extremadamente pobres, alcanzando en el África Subsahariana al 46% de la población. El indicador que recoge la pobreza multidimensional –más adecuado que el referido a la pobreza extrema, pues tiene en cuenta dimensiones como la desnutrición, la falta de educación o el limitado acceso a servicios básicos– nos presenta un panorama todavía más dramático; 500 millones de personas, lo que equivale al 52% de la población africana (más de la mitad) estarían en situación de pobreza.
El segundo de los indicadores a tener en cuenta apunta a los niveles de deuda externa y a los pagos en concepto de intereses y amortizaciones derivados de la misma. Siguiendo la información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook Database), en 2025 la deuda externa del África Subsahariana representaba el 47,6% del PIB y el 162,4% de los ingresos por exportaciones; mientras que el servicio de la deuda (suma de los pagos por intereses y amortizaciones) suponía el 7% del PIB y el 24% del valor de las exportaciones. Se trata de una insoportable carga financiera que obliga a un recorte en los gastos sociales y productivos de los gobiernos, lo que afecta especialmente a los grupos de población más vulnerables.
Reparemos, en tercer lugar, en que esta región, siendo responsable de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto invernadero –son las mayores fortunas del planeta, las grandes corporaciones y los países más desarrollados los principales causantes de las mismas–, soporta, en forma de desastres naturales –sequías intensas y prolongadas, tormentas devastadoras, grandes inundaciones…– sus consecuencias más dramáticas. Los países más afectados han solicitado (exigido) en las diferentes cumbres climáticas (la última, Conferencia de las Partes, COP30, celebrada en 2025 en Belém, Brasil) que los ricos doten un fondo con el que afrontar sus consecuencias más graves. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales y los compromisos retóricos, la respuesta, que sólo se puede calificar de tibia e hipócrita, ha quedado muy lejos de lo solicitado; lo comprometido, que no desembolsado, se ha situado en torno al 30% de lo exigido y, además, una parte de esos dineros se han canalizado a través de préstamos en lugar de transferencias, agravando en consecuencia el problema de la deuda externa.
Cabe señalar, en cuarto y último lugar, las guerras y los conflictos armados que recorren la región (República Democrática del Congo, Sudán, el Sahel, Nigeria, Somalia…) provocando importantes movimientos de población, en los que están presentes los intereses globales en disputa para controlar recursos minerales estratégicos, petróleo y gas, oro… y las políticas extractivas auspiciadas por corporaciones y gobiernos.
Estas son algunas de las causas de fondo que están detrás de importantes movimientos de población –tanto dentro de los países, como en los que hacen frontera y también los que se dirigen a la Unión Europea–. ¿Qué se hace al respecto? Nada o casi nada, un hipócrita suma y sigue. La ayuda al desarrollo no sólo se encuentra muy lejos de lo prometido hace décadas, sino que a menudo encubre operaciones comerciales; los recursos acordados en las diferentes cumbres climáticas son, como he señalado antes, simbólicos, quedando muy lejos de lo reclamado por los países pobres; los intereses extractivistas de los gobiernos y los países ricos, en el contexto de la geopolítica de la confrontación, son cada vez más fuertes; y, en fin, ninguna iniciativa de alcance se ha activado para aminorar de manera sustancial la carga financiera que soportan los gobiernos.
Revertir esa dinámica es obligado si, de verdad, se quisiera contener o mitigar los flujos migratorios desde su raíz. Con una mirada más amplia, actuar en esa dirección constituye una exigencia para enfrentar los problemas estructurales que condenan a la miseria a los pobres del planeta.
La entrada La otra cara de las migraciones que es ignorada… deliberadamente se publicó primero en lamarea.com.
Tras varios años de lucha impulsada, desde el año 2020, por el movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista Regularización Ya, el Gobierno ha aprobado esta semana el inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España. Aquel año, la Fundación porCausa, que ha estado también entre las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se llevó al Congreso, elaboró una radiografía de esta situación: a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000 personas.
Esta horquilla, según el informe, supone entre el 11% y el 13% de los inmigrantes extracomunitarios y alrededor del 0,8% de la población total que reside en España. Uno de cada dos trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea. Y los sectores principales son el de limpieza y asistencia (40%); la minería y construcción (20%); y los cuidados personales (12%).
“Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España”, afirma la directora general de porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón. Entre sus investigaciones, la fundación ha puesto el foco principalmente en la industria del control migratorio.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha calificado como “histórico”. ¿Por qué es un acuerdo histórico?
Bueno, primero, no es un acuerdo. Es una decisión histórica. O, más bien, un proceso. Un proceso histórico. Y es histórico porque este Gobierno quería regularizar desde que llegó en el año 2020. Nosotros lo sabemos porque estuvimos con el gabinete del ministro de aquel entonces, José Luis Escrivá, justo cuando se acababa de hacer la investidura. Y, desde el principio, Escrivá sabía que necesitaba hacer un cambio en la estructura de la ley, de la legislación que rodeaba a extranjería, para mantener la parte económica de nuestro país. Es decir, no ya por una cuestión de derechos humanos, sino porque necesitaba cuadrar la entrada de fuerza migrante tanto económica como laboral para sostener el sistema. Lo tenía clarísimo.
Pero han transcurrido seis años desde entonces. ¿Qué pasó en todo este tiempo?
Pasó, en primer lugar, que llegó el COVID. Esto genera una distorsión en la voluntad y también es verdad que había miedo. El equipo que trabajaba con Escrivá era muy consciente de que era un problema narrativo plantear la regularización. Pero, curiosamente, también pasó con el COVID que esa especie de cosa abstracta que era la regularización extraordinaria se convirtió y resurgió como una idea indispensable para la gente que no estaba implicada en el espacio de gobierno.
«La situación de la gente sin papeles cuando empezó el COVID era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’».
Portugal e Italia, durante la pandemia, hicieron dos regularizaciones muy amplias, parciales pero muy amplias y extraordinarias. Y, claro, las personas migrantes vieron de repente que se encontraban trabajando en sectores esenciales con miedo a estar en la calle y que les pasara algo porque no tenían papeles, pero tenían que ir a trabajar a las residencias y a los supermercados. Hay familias que se quedaron encerradas, sin trabajo, en un piso… Es decir, la situación de la gente sin papeles en aquel momento era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’.
¿Qué fue lo siguiente?
Desde PorCausa nos dimos cuenta de que el Gobierno no tenía datos suficientes para poder llevar a cabo la regularización o justificarla. Entonces lo que hicimos fue una investigación in extremis urgente para saber de qué estábamos hablando cuando hablábamos de regularización, de qué tipo de personas y en qué situaciones se encontraban, qué tipos de trabajos tenían y demás. Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España.
Pero el proceso se para. ¿Por qué?
Hay muchos supuestos. Pero el hecho es que el proceso se bloquea no porque la sociedad española no lo quiera, sino porque ahí creo que el tema de los fondos europeos debió de jugar un rol importante. Pero el movimiento que pide que la regularización se lleve a cabo no se para. Y creo que eso es lo que es histórico. Porque esas personas migrantes que estaban en unas condiciones de una precariedad legal y económica bastante elevadas siguen alzando la voz y siguen autorrepresentándose cuando tienen riesgo de ser detenidas, hasta el punto de que inspiran todo lo demás, inspiran el movimiento de una población, de una sociedad civil nacional que, impresionada, les sigue. Y creo que eso es lo más bonito que ha pasado.
La noticia ha traspasado fronteras, de hecho. Este miércoles la recogía, por ejemplo, The New York Times.
Sí, es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente con todo lo que está sucediendo. Porque es una muestra de generosidad por todas las partes, empezando por los movimientos de lucha, que también han aceptado ayuda y han dejado participar a un montón de gente. Además, hay que tener en cuenta que crear debates es muy complicado cuando la gente está trabajando y tiene precariedad. Es difícil poder quedar con ellas para organizarse.
«El proceso de regularización es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE».
Aun así se logró, y la recogida de firmas para la ILP ha hecho que todas las personas que estuvieron involucradas se sientan parte del éxito de la regularización actualmente: si firmaron 700.000 personas, ¿cuántas habría involucradas? Unas 200.000. Es que es una barbaridad, fue una movilización increíble. Y, además, durante todos estos años se ha ido consolidando la narrativa de que la regularización es indispensable, a pesar del ruido. Hubo una respuesta contundente de ‘esto hay que hacerlo, esto está muy bien y esto es lo correcto’.
La Conferencia Episcopal la ha apoyado y celebrado. Y el PP, que apoyó la tramitación, ahora dice que la denunciará en Europa.
La Conferencia Episcopal era una de las asociaciones de la ILP. Y el PP votó a favor de la tramitación presionado por la Conferencia Episcopal o, si no, por Cáritas. En cualquier caso, Feijóo no tiene ninguna posibilidad tal y como está planteada la regularización. Se ha reformulado el texto original con el que se hizo la regularización en el año 2005, con el gobierno de Zapatero. Y eso era y es constitucional. Porque, además, para presentar una ILP, primero tienes que pasar por todos los tribunales nacionales.
«Lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto, porque sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que irá a Europa».
Por eso Feijóo sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que va a Europa. Y, por otra parte, el Pacto europeo no contempla quitar la soberanía para la regularización. Lo que sí impediría es regularizar a gente que no está ahora, o sea, que no está dentro del marco, gente que entra nueva al país. Por tanto, lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto. Y lo que está haciendo Vox es mentir.
El PP, además, ha hecho varias regularizaciones.
Sí, y de hecho esta es la regularización que Fátima Báñez no hizo. Rajoy estuvo dos legislaturas y él ya sabía que tenía que regularizar. Porque si tú tienes una ley que permite la entrada pero no permite la regularización de la gente cuando viene a trabajar, entonces la irregularidad se acumula y tienes que cambiar la ley para que todas las personas que vengan puedan venir con papeles. Porque el problema es que en España hay trabajo y lo que no hay es la posibilidad de obtener los papeles. Tú ahora no puedes prescindir de ese medio millón de personas. Aparte de que en ese medio millón hay más de 100.000 niños, que esa es otra.
Es también un triunfo en mitad del contexto de discursos de odio en el que estamos inmersos, ¿no?
Yo creo que es un paso adelante en un momento, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE. Hay una rama de demócratas socialistas que lo que está pidiendo es democracia y sistemas justos y equitativos. Y creo que hay una demanda social absoluta para que esto sea así. Por eso ha sido una buena noticia para muchísimas personas en muchísimas partes del mundo.
En La Marea acabamos de publicar un dossier sobre la ultraderechización del voto y una clave que aportan los especialistas es el factor inmigración.
Hay un estudio muy interesante que muestra cómo perciben las personas en España la migración. Y hay una parte que indica que para todas las personas, sean del género que sean, voten al partido que voten, su prioridad a la hora de enfrentarse con la migración es el orden y que las personas participen dentro del sistema productivo. En ese sentido, creo que la regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Lo que pasa es que Vox quiere que no lo alimente. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión.
«La regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión».
¿Afectará, será un golpe esta regularización a la industria del control migratorio, investigada también en PorCausa?
Ojalá, pero no. Estaría muy bien, pero no. La industria se va a seguir blindando porque, en realidad, el Gobierno español juega con la doble narrativa del ‘te cierro la frontera y no te está entrando nadie por África, pero entonces yo regularizo a la gente porque tal y porque cual’. Son dos relatos que coexisten.
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El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad «de vivir con igualdad de derechos», así como responder a «una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía», según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La medida –ha añadido Saiz– ha sido «largamente trabajada y dialogada» y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.
Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. «Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», ha defendido la ministra.
El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, «lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema», según ha sostenido Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. «Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica«, ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.
La portavoz del Gobierno ha recordado que «gobiernos de distintos colores» han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado».
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El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
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En Estados Unidos, periodistas extranjeros sin ciudadanía están optando por la autocensura como medida de protección ante un entorno político cada vez más hostil hacia la prensa y la inmigración. Así lo señala desde Poynter Angela Fu, al destacar cómo Reporteros con residencia legal —como titulares de la tarjeta verde (green card) o visados de trabajo— han empezado a eliminar huellas digitales, evitar coberturas sensibles y cancelar viajes por miedo a ser detenidos, deportados o perder sus permisos migratorios.
Uno de los casos más recientes es el del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido el 14 de junio por la policía del condado de Dekalb (Georgia) mientras cubría una protesta contra Trump. Según el Committee to Protect Journalists (CPJ), Guevara —con más de dos décadas de residencia legal en EE. UU.— fue posteriormente entregado a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha encendido las alarmas en la comunidad periodística. Aunque la Casa Blanca alegó que su detención fue por «obstrucción a la autoridad» y que se encontraba «ilegalmente en el país», su estatus migratorio estaba regularizado, según datos del CPJ.
Casos como el de Guevara han generado un efecto dominó entre otros informadores no ciudadanos, quienes han empezado a eliminar cuentas en redes sociales, borrar mensajes en sus dispositivos antes de cruzar fronteras o incluso publicar bajo seudónimos para evitar represalias.
Luz Mely Reyes, reconocida periodista venezolana y fundadora de Efecto Cocuyo, emigró a EE. UU. en busca de libertad de expresión. No obstante, ha confesado que hoy se autocensura más en suelo estadounidense que en su país de origen:
En Venezuela nunca me autocensuré. Aquí tengo que evitar ciertos temas porque siento que es peligroso para mi estatus migratorio.
De igual forma, la reportera mexicana Stephanie Ochoa Orozco, corresponsal en la Casa Blanca para Entravision, reveló que ha cancelado viajes dentro del país —incluido uno a Puerto Rico— y evita cualquier confrontación con la policía durante coberturas, por precaución. Tras descubrir que una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había visualizado sus publicaciones en redes sociales, decidió extremar la vigilancia de su presencia digital.
El caso de Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado detenida por agentes del DHS tras coescribir un artículo de opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás en su periódico universitario, sirvió como señal de alarma para otros periodistas internacionales. Un reportero europeo, que pidió anonimato, relató haber eliminado su nombre de varias publicaciones y reemplazado su firma por genéricos como “redacción” o alias ficticios, en historias que tocaban temas como inmigración o Palestina.
La situación también ha afectado a periodistas que trabajan para medios financiados por el gobierno estadounidense, como Voice of America o Radio Free Europe, muchos de los cuales se encuentran bajo amenaza de deportación tras despidos masivos. Varias de estas personas provienen de países donde ejercer el periodismo puede costar la libertad o la vida.
La periodista y fundadora de Conecta Arizona, Maritza Félix, explicó que su redacción ha debido implementar entrenamientos de seguridad similares a los utilizados en zonas de conflicto, incluyendo instrucciones como portar documentos migratorios o llevar el número de un abogado escrito en el brazo con rotulador permanente. Félix, naturalizada en noviembre pasado tras 18 años en EE. UU., aún toma precauciones antes de viajar, dejando contraseñas y documentos claves a su familia “por si acaso”.
“Vinieron aquí buscando libertad de prensa”, reflexiona Félix, “pero ahora temen que lo que los obligó a huir de sus países pueda volver a ocurrirles aquí”.
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Desde el Colectivo de Migrantes Tinkuy queremos manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio ante el creciente número de casos de violencia policial dirigida contra personas migrantes en el Estado español. En los últimos días, hemos sido testigos de dos episodios que evidencian un patrón de brutalidad injustificable y de sesgo racial y xenófobo por parte de las fuerzas del orden.
El primer caso ocurrió en Valencia, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue violentamente agredida por agentes policiales en un claro uso excesivo de la fuerza. Pocos días después, en las Islas Canarias, un joven originario de Gambia fue asesinado tras recibir cinco disparos por parte de la policía, en un episodio cuya gravedad y carácter letal exige una explicación inmediata y exhaustiva. En el caso de Euskal Herria se hace patente la cada vez mayor agresividad de las fuerzas represivas en los controles aleatorios e indiscriminados en barrios con presencia migrante, tal es el caso de San Francisco en Bilbao.
Estos hechos no pueden entenderse de manera aislada. Se enmarcan en un contexto preocupante de creciente normalización de discursos de odio hacia la población migrante, promovidos y amplificados por sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando estos discursos no solo quedan impunes, sino que se legitiman en el debate público, se genera un terreno fértil para que los abusos policiales y otras formas de violencia racista se perpetúen e intensifiquen.
Desde Tinkuy denunciamos que estos abusos no se habrían producido en las mismas condiciones si las víctimas no hubiesen sido personas migrantes o racializadas. Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa, transparente y con garantías sobre estos hechos, así como la identificación y sanción de los responsables materiales y políticos. No puede haber impunidad para quienes ejercen la violencia amparados por el uniforme del Estado.
Llamamos a la población migrante a organizarse, a unirse y a resistir colectivamente ante la violencia —sea esta física, institucional o simbólica— que enfrentamos a diario. Solo desde la organización y la solidaridad podremos frenar esta escalada de agresiones.
Del mismo modo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a comprometerse activamente en la lucha contra el racismo institucional y el auge de los discursos fascistas. La violencia verbal se convierte en violencia física cuando se normaliza el odio desde las instituciones.
¡Ni una agresión más sin respuesta!
¡Basta de violencia policial!
¡Contra el racismo institucional, organización y lucha!
1. LA NUEVA ERA DE LAS DEPORTACIONES EN EE. UU.
El regreso de Trump a la Casa Blanca está marcado por el inicio de duras medidas de repatriación forzada de migrantes, prometidas durante su campaña electoral. En la historia de Estados Unidos, las políticas de repatriación se han aplicado con frecuencia: según un análisis del Migration Policy Institute , durante la presidencia de Clinton fueron repatriadas más de 12 millones de personas, y durante la de Obama, alrededor de 5 millones. Ahora, la nueva presidencia pretende superar las cifras de las políticas anteriores, gracias también a los cambios normativos que amplían el número máximo de personas deportadas, a pesar de las restricciones impuestas por los tribunales locales.
2. LOS “PAÍSES TRAMPOLÍN”
Además de recibir desde hace tiempo a sus propios ciudadanos expulsados de Estados Unidos, actualmente los países de América Central se ven obligados por la administración Trump a aceptar también ciudadanos de otros países. Estas medidas de expulsión, en las que los migrantes son trasladados a refugios aislados sin un destino claro, han desviado inevitablemente la atención hacia estos “países trampolín”, como Panamá y Costa Rica. Unos 300 migrantes procedentes de países asiáticos, árabes, africanos y otros más llegaron el mes pasado a Ciudad de Panamá en tres vuelos, y fueron aislados en el hotel Decapolis de la capital bajo custodia policial. Algunos de ellos pintaron o colgaron carteles con mensajes de auxilio en las ventanas del edificio. Días después, un vuelo con 135 personas aterrizó en Costa Rica.
Hasta ahora, el número de migrantes expulsados a América Central sigue siendo bajo, aunque se espera un peligroso aumento. Los líderes de estos países afirman estar simplemente cooperando con el ejecutivo estadounidense, minimizando el alcance de las deportaciones. Analistas advierten que los presidentes han sido amenazados con aumentos arancelarios en caso de no colaborar, y que probablemente otros países de la región también se sumen a la recepción de ciudadanos expulsados, como lo demuestran las señales de apertura de El Salvador y Guatemala . El presidente guatemalteco anunció : “Hemos decidido aumentar en un 40% el número de vuelos con personas deportadas, tanto de ciudadanos repatriados como de expulsados de otras nacionalidades”, durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
Pero ¿por qué el ejecutivo estadounidense está utilizando a estos países para llevar a cabo sus medidas de repatriación? Los analistas sostienen que estas expulsiones permiten al nuevo presidente deshacerse de problemas que surgieron durante su primer mandato, en un intento por bloquear la migración legal . Las nuevas medidas de la presidencia Trump permiten resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, ya que la deportación de ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas tensas –como China, Irán o Afganistán– acelera los procedimientos. Además, mediante estas medidas, Estados Unidos puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales de ofrecer la posibilidad de solicitar asilo a personas que corren riesgo en sus países de origen. Las deportaciones rápidas también permiten evitar otro obstáculo especialmente espinoso: según la legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a menores durante más de 20 días, estén acompañados por sus padres o no. La mayoría de los migrantes deportados a América Central hasta ahora han sido familias con niños.
3. LA AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS
Juan Navarrete, abogado de derechos humanos de Amnistía Internacional, considera que la mayoría de los migrantes necesita protección internacional, ya que en muchos casos provienen de países afectados por conflictos armados o gobernados por regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos.
Muzaffar Chishti, investigador del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica cómo el gobierno estadounidense se ha desentendido de sus responsabilidades hacia los deportados, debido a la inaplicabilidad de sus leyes: “Una vez que trasladas a estas personas, las leyes, la Constitución y los reglamentos estadounidenses ya no se aplican. Si estas personas tenían algún derecho según la ley estadounidense, al llegar a Panamá o a Costa Rica ese derecho desaparece”, declaró Chishti a BBC Mundo.
Pero esta no será la parte más difícil del proceso para los dos países, considerando que aún deben negociar con los llamados estados “recalcitrantes”. Se trata de países que no están dispuestos a colaborar en la acogida de migrantes, lo que obligaría a buscar nuevos destinos.
redantimilitarista
No hay camino para la Paz, la Paz es el camino. No le demos al mundo armas contra nosotr@s, porque las utilizará.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.
Como organización ecologista, social y pacifista, defendemos la vida y nos posicionamos radicalmente contra las guerras y el militarismo, que solo generan destrucción y sufrimiento.
https://www.ecologistasenaccion.org/335812/ecologistas-en-accion-contra-el-incremento-masivo-del-gasto-militar-y-el-regimen-de-guerra-en-la-union-europea/
A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
redantimilitarista
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