“Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es la resistencia” – Biznaga
Cuando empezamos a publicar este periódico en el año 2011, el auge de la extrema derecha no era una de nuestras principales preocupaciones. Éramos conscientes de que el franquismo sociológico seguía permeando las instituciones del Estado (policía, jueces, altos funcionarios, etc), que existían grupos fascistas que atacaban a minorías y que parte de la ultraderecha seguía habitando espacios dentro de los partidos conservadores como el PP, por lo que no sabíamos que no podíamos relajarnos y confiarnos. Sin embargo, gracias al buen trabajo del movimiento antifascista –revitalizado en 2007 tras el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar neonazi–, las ideas de la extrema derecha se habían contenido y, cuando el descontento por las recetas neoliberales del PSOE y PP para salir de la crisis fue en aumento, las propuestas que se pusieron sobre la mesa eran mayoritariamente de izquierdas. Las había más rupturistas y más reformistas que terminarían por mantener el sistema capitalista-democrático-liberal intacto, pero no daba la sensación de que el mundo viraría en poco tiempo hacia el fascismo.
Quince años después el contexto es muy distinto. Los levantamientos que entre 2010 y 2020 pretendieron reestructurar las sociedades –el 15-M en el Estado español, el movimiento occupy en EEUU, la Primavera Árabe, el parque Gezi en Turquía, V de Vinagre en Brasil, las revueltas de Chile, Grecia, Hong Kong, etc– fracasaron y en buena parte del mundo gobiernan hombres autoritarios, que no creen en los derechos humanos ni en las democracias liberales (nosotras tampoco, pero por motivos distintos) y que defienden la ley del más fuerte y los etnoestados.
¿Por qué ha virado el mundo hacia la extrema derecha?
¿Cómo ha podido pasar esto? La respuesta es compleja y multifactorial. Autores como Vincent Bevins han dedicado libros enteros a este fenómeno, por lo que no podemos dar una respuesta fácil en dos páginas, aunque sí podemos intentar dar algunas pinceladas superficiales sobre cómo percibimos que ha ocurrido en nuestro contexto.
En primer lugar, (1) hay que señalar las invasiones imperialistas de Afganistán e Irak por parte de EEUU (apoyadas por varias potencias europeas, que mantienen una relación tóxica con su novio yanki), así como sus agresiones sobre Siria y Libia y el continuo expolio occidental de los recursos naturales de África. Estas guerras normalizaron la islamofobia –demonizando a las personas del mundo árabe– y desestabilizaron varios regímenes de Oriente Medio, provocaron millones de muertos y el desplazamiento forzoso de muchos más, dando pie a una gran crisis de refugiados.
Por su parte, (2) la respuesta europea a esta crisis no fue la de reaccionar con empatía y generosidad como se debería haber hecho (máxime teniendo en cuenta que el desastre era nuestro), sino de forma racista y violenta contra las personas de origen extranjero. Los gobiernos conservadores y socialdemócratas profundizaron las dinámicas de explotación, colonialismo e imperialismo, las fronteras se endurecieron –aumentando la mortalidad de quienes intentan penetrar en esta fortaleza que es Europa–, se delegó en terceros países la gestión de la inmigración y los discursos de odio dentro de nuestros países fueron paulatinamente en aumento.
En este contexto, (3) los partidos y organizaciones de la vieja y nueva extrema derecha comenzaron a cobrar fuerza, explotando el miedo (“nos van a quitar el trabajo”, “no cabemos todos”, “no respetan a las mujeres”, “son criminales”) y deshumanizando a “los otros”. Y su odio no solo lo han dirigido hacia migrantes, sino también contra la comunidad trans, las personas LGTBIQ, el feminismo, el ecologismo, etc, conectando así con un movimiento ultraconservador que lleva décadas tratando de revocar los avances sociales que se han ido conquistando a lo largo del tiempo.
(4) El papel de los medios de comunicación ante estos discursos ha sido lamentable, dando altavoz a seres despreciables que vomitan xenofobia, sin confrontarlos, sin exponerlos. Quienes pensaban que los argumentos racistas decaerían por su propio peso, o que había que ignorar a los fascistas porque se morirían solos si no les hacemos casito, resultaron estar equivocadas: sus ideas se encuentran cada vez más normalizadas.
Además de extender discursos discriminadores, (5) la derecha también ha sabido instrumentalizar los bulos para obtener réditos. Cada vez que ocurre un hecho noticiable, las mentiras racistas, homófobas, tránsfobas, o contra personas de izquierdas no tardan en emerger. Así, no solo han conseguido convencer a muchas personas a base de bulos, sino que también han conseguido que nadie sea capaz de discernir la verdad en ese enorme lodazal que componen los medios de comunicación y las redes sociales.
Mención especial merecen (6) las redes sociales, porque los oligarcas tecnológicos de Silicon Valley, muchos de los cuales creen en su superioridad genética (como Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etc) y que el mundo sería mejor si se les permitiera gobernar como emperadores, han manipulado sus algoritmos para amplificar los mensajes de destacados nazis y enterrar los discursos que les plantan cara.
También ha sido grave (7) el papel de los partidos progres en los últimos años a la hora de generar desencanto. La socialdemocracia e, incluso, algunos partidos de izquierdas (como es el caso de BSW en Alemania), temiendo que la derecha fuera a superarles, comenzaron a imitar los discursos antiinmigración de la extrema derecha, creyendo que teniendo una postura un poco más suave y respetuosa les votarían a ellos. Pero se equivocaron; cuando los votantes perciben que una marca imita a otra, prefieren la original.
Además, los partidos de izquierdas lograron desmovilizar a miles de personas que participaban en los movimientos transformadores de los primeros años de la década pasada, prometiendo que “asaltarían los cielos” en su nombre. Sin embargo, cuando formaciones como Podemos o Sumar entraron en los gobiernos, no lograron conquistar nada. Ni derogaron la Ley Mordaza, ni la reforma laboral, ni consiguieron que Interior respondiera por las infiltraciones policiales en movimientos sociales, ni reformaron la policía, ni la Justicia, ni el problema de la vivienda, ni la escalada militar, ni nada. La izquierda institucional se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas de la gente y su falta de credibilidad allana el camino a la derecha.
Otra de las causas por las que triunfa la extrema derecha se debe (8) a que llevamos más de dos años asistiendo a un genocidio en tiempo real en Palestina y nadie ha movido un puto dedo por pararlo. Esto ha envalentonado racistas en general e islamófobos en particular, que han comprendido que no pasa nada por atacar violentamente a un pueblo entero, siempre y cuando estés del lado del más fuerte. Por tanto, no extraña que Trump se crea con derecho a secuestrar a Nicolás Maduro, anexionarse Groenlandia o amenazar explícitamente a cualquiera que ose criticarle; es la misma lógica imperialista.
El fascismo ha generado monstruos que vemos a diario en los medios: soldados israelíes que torturan a presos palestinos son aplaudidos y tratados como héroes por sus compatriotas, paramilitares de ICE aterrorizan y disciplinan a personas migrantes en ciudades de EEUU y Nayib Bukele farda de sus centros de encierro en El Salvador, por citar algunos ejemplos.
Mientras, el capitalismo sigue su curso, pues esta nueva era totalitaria no le amenaza, sino que se trata más bien de una vuelta de tuerca. (9) La desafección que ha promovido un sistema basado en la desigualdad ha sido el gran alimento de la extrema derecha. Por eso, recordamos hoy las palabras de Buenaventura Durruti: “Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios”.
El antifascismo, más necesario que nunca
El historiador Mark Bray define el antifascismo como una ideología que se autodefiende de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evita que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Y resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.
Un movimiento antifascista fuerte, amplio y de base es nuestra única esperanza para detener la oleada ultraderechista que pretende arrasarnos. Y eso lo saben los fascistas. Por eso, en los últimos meses Trump ha declarado el movimiento antifascista como “organización terrorista doméstica” en EEUU y ha defendido la brutalidad policial ejercida contra sus opositores –como los agentes de ICE que asesinaron a Renée Nicole Good con tres tiros en la cabeza por protestar contra sus redadas racistas–. Y miedo nos da que le de por designarla como “organización terriorista internacional” y empiece a aprobar sanciones contra quienes le desafíen (como ha hecho en el último año con los jueces del Tribunal Penal Internacional que pidieron la detención de Netanyahu o a la relatora de la ONU para el conflicto palestino, Francesca Albanese, que no puede tener cuentas bancarias a su nombre, volar en algunas aerolíneas o reservar habitaciones de hotel).
La coalición Patriotas por Europa (grupo al que pertenece Vox) solicitó hace unos meses que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento antifascista en nuestro continente. Por ahora no ocurrirá, pero tiempo al tiempo. El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura definida como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).
El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas, acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.
Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.
Durante cuatro encuentros, entre julio y septiembre de 2025, docentes y estudiantes exploraron herramientas digitales libres, reflexionaron sobre el uso de datos y experimentaron con producción de contenidos en audio y video. Todo el proceso estuvo acompañado por materiales pedagógicos, asistencia técnica —presencial y virtual— y una metodología participativa que promovió el aprendizaje colectivo.
La experiencia culminó con la creación conjunta de un video grupal y una serie de podcasts, resultado del trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, y evidencia del potencial transformador de una educación digital crítica, inclusiva y participativa.
El próximo objetivo de las organizaciones participantes en la iniciativa sería replicar la experiencia en otras escuelas de la región y escalarlo para que sea incorporado en la política pública de educación en distintos países de América Latina y el Caribe.
El podcast de la experiencia
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) ha producido este audio sobre la experiencia que puedes descargar y transmitir por tu radio para que se conozca este interesante laboratorio de alfabetización tecnológica crítica. Hay testimonios de organizadores, docentes y estudiantes involucrados. ¡Quizás, al escucharlo, alguna otra escuela se anima a implementarlo!
Conoce este catálogo colaborativo que mapea el ecosistema de tecnologías libres de la región, cono software, organizaciones, recursos y otras herramientas que te servirán para eludir el dominio actual de las corporaciones tecnológicas.
La iniciativa surgió de Internet Ciudadana, un espacio latinoamericano y caribeño, donde confluyen organizaciones, colectivos y personas que movilizan agendas comunes para construir una Internet de los pueblos, entre ellas Radios Libres.
una sección de herramientas y servicios digitales;
otra de organizaciones que trabajan en este campo;
y diversos recursos formativos como libros y capacitaciones.
Secciones que te ayudarán a entender mejor el panorama digital, a cuidarnos y a saber cómo avanzar hacia entornos digitales más libres y soberanos.
En su confección se ha priorizado la sencillez, evitando complicaciones excesivas ya que está pensado para personas que se inician en esta materia. Seguramente, más especializados echarán de menos otras herramientas y recursos que se irán sumando en el futuro. De hecho, en el mismo catálogo existen formularios para sugerir y aportar nuevas herramientas, organizaciones o recursos.
Inicia este nuevo año en el que Radios Libres cumple 12 años desde su fundación.
Los afanes imperialistas del presidente Trump, rememorando funestos y dolorosos recuerdos de las peores y más sangrientas épocas de América Latina y el Caribe, presagian un año sinuoso y turbulento. También en lo tecnológico.
El empeño del presidente estadounidense por dominar Groenlandia, no se debe únicamente a su afán por anticiparse a China o Rusia en la batalla geopolítica ante el desconcierto de la Unión Europea. Alentando sus intenciones están algunos de los principales magnates de Silicon Valley, inversores de compañías dedicadas a la Inteligencia Artificial que, desde hace tiempo, sueñan con instaurar su civilización liberal tecnoutópica en la fría Groenlandia. Tierras llenas de minerales críticos, recursos energéticos y con la posibilidad de refrigerar sin costo los centros de datos que esta tecnología necesita.
También nos dedicaremos a la actualización del censo de emisoras que mantenemos junto a Tito Ballesteros del blog Radios de América. Ya estamos recabando los datos para una nueva edición del Mapa de Radios que contabiliza las estaciones de la región desde el año 2012.
Y seguiremos compartiendo buenas noticias de proyectos amigos que impulsan y desarrollan tecnologías libres. Precisamente, este primer boletín de 2026 lo abrimos con dos de esas experiencias: el Mapeo de Tecnologías Libres, promovido por Internet Ciudadana y un podcast sobre el caso-modelo en educación digital crítica “Clickea la escuela”, llevada a cabo en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Iremos compartiendo más novedades a lo largo del año, en el que seguiremos trabajando para acercar a las radios y medios comunitarios de América Latina y el Caribe al mundo de las tecnologías libres.
El Ministerio de Salud de Gaza sigue dando testimonio del impacto del genocidio que Israel ha perpetrado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego auspiciado por Trump, la muerte de un bebé recién nacido (de siete días) y otro niño de cuatro años ha elevado a seis el número total de muertes infantiles causadas por el frío desde el comienzo del invierno, según el recuento del Gobierno de la Franja.
Además, la semana pasada se informaba de la muerte de Ata Mai, un niño de siete años, quien se ahogó el 27 de diciembre durante las inundaciones en un campamento improvisado para desplazados internos en Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos, denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Pese al efecto cloroformo que supuso la solución Trump, las muertes de civiles en Gaza siguen goteando en la Franja. Cada día desde el alto el fuego Israel ha matado a una media de cinco personas.
La última masacre tuvo lugar el jueves 8 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con un dron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de Gaza, causando la muerte de 13 personas, cinco de ellas menores de edad. El lunes, Al Jazeera informaba de que un dron cuadricóptero israelí había asesinado a tres palestinos en Khan Younis, al sur de la Franja.
Además, las autoridades de Gaza confirmaban que una milicia colaboracionista con Israel de la Franja había llevado a cabo un atentado en el que acabó con la vida de Mahmoud Al-Astal, de 40 años, director de Investigaciones Policiales.
Muertes en comisaría
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés), denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí. El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2025, pero no ha sido hasta este 2026 cuando las autoridades penitenciarias confirmaron esa muerte, que supone la número 87 de presos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, en lo que es la peor campaña de asesinatos en prisión en la historia del conflicto. 51 de esas 87 personas fueron detenidas en Gaza.
Las cifras, no obstante, es más elevada, según la PPSMO, que calcula que “decenas de detenidos mártires de Gaza siguen desaparecidos por la fuerza, junto con decenas de detenidos que fueron ejecutados sumariamente”.
Las últimas declaraciones surgidas por Donald Trump y el resto de su Gobierno sobre anexarse Groenlandia en nombre de la seguridad frente a China y Rusia dejan claro que no descarta ninguna opción (incluso la bélica) para conseguir su propósito. «Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas«, manifestó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.
Estas palabras han provocado estupor en amplios sectores de la opinión pública europea. Los aliados de Trump en Europa (Abascal, Meloni, Orbán, etc) se encuentran en la incómoda posición de elegir entre su amigo fascista o defender la integridad territorial de la sagrada «Europa», cuna de la civilización occidental y el supremacismo blanco. Por otro lado, la Europa supuestamente “progresista” también se ha encontrado con una realidad que prefiere eludir: Groenlandia continúa siendo, en pleno siglo XXI, una colonia.
Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero su relación con la metrópoli responde a un patrón colonial prolongado. Dinamarca colonizó formalmente la isla en el siglo XVIII y, aunque desde 1979 cuenta con autogobierno y desde 2009 con competencias ampliadas, la política exterior, la defensa y la seguridad siguen en manos de Copenhague.
Bajo la superficie de la socialdemocracia nórdica se esconde un historial prolongado de asimilación forzosa, racismo institucional y negación de soberanía contra la población inuit. Durante el siglo XX, el Estado danés ejecutó programas de ingeniería social que hoy resultarían difíciles de conciliar con su imagen internacional: niños inuit fueron separados de sus familias y enviados a Dinamarca para ser “reeducados”, despojados de su lengua y su identidad cultural.
La Doctrina Donroe
Tras invadir Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump explicó a los medios que había vuelto la Doctrina Monroe ( la idea de que cualquier territorio estratégicamente relevante en su entorno debe estar bajo su control directo o indirecto para evitar las injerencias externas), pero actualizada al siglo XXI, llamándola «Doctrina Donroe«. Puro imperialismo. Y su exabrupto de hacerse con Groenlandia es una expresión descarnada de una estrategia para consolidar un portaviones inamovible en el Ártico desde el que vigilar el Atlántico Norte y sostener su arquitectura global de defensa. Y eso pese a que la presencia china en Groenlandia es fundamentalmente científica y comercial y Rusia apenas actúa allí.
Para completar las posiciones estratégicas, la retórica de la Alianza Atlántica en el Ártico es el manual perfecto del cinismo geopolítico. Mientras la OTAN invoca la soberanía y el derecho internacional en otros escenarios, en el extremo norte aplica una lógica de tutela colonial que ignora sistemáticamente la voluntad del pueblo inuit (según una encuesta publicada en enero de 2025 por la empresa demoscópica Verian, encargada por los diarios Berlingske y Sermitsiaq, un 56% de la población groenlandesa votaría hoy a favor de la independencia, frente a un 28% que se opondría).
Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, han emitido un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump en las que han rechazado el «desprecio» de Washington y han vuelto a instar a la diplomacia. «Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses«, han declarado, asegurando que están «gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional«.
La OTAN como protector ambiental
En los últimos años, la OTAN ha tratado incluso de envolver su despliegue en el Ártico con un lenguaje de “protección ambiental”. La paradoja es obscena: el aparato militar figura entre los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y, sin embargo, presenta sus maniobras como salvaguarda del hielo.
Evidentemente, esas operaciones no persiguen frenar el deshielo, sino garantizar que, cuando el Ártico quede abierto, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental. Bajo el hielo se concentran enormes reservas de tierras raras, oro, uranio, hierro y otros minerales críticos esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada “transición verde” del capitalismo global.
Esos minerales son hoy clave para nuestra vida tecnológica. Son 17 elementos químicos esenciales para fabricar móviles, ordenadores, baterías, aerogeneradores o coches eléctricos. Desde el escandio hasta el lutecio, pasando por el itrio, el lantano, el europio o el neodimio. Materias primas estratégicas que hoy dominan, en gran parte, países como China.
Pero hay más. Mucho más. Bajo esas capas heladas, los científicos creen que Groenlandia podría albergar grandes reservas de gas y petróleo. Y ahí entra en juego otro viejo conocido: la pasión del trumpismo por los hidrocarburos.
Informes del Financial Times y del U.S. Geological Survey detallan la creciente presión de grandes corporaciones mineras para abrir explotaciones que contaminarían territorios ancestrales y alterarían de forma irreversible el entorno ártico. La economía groenlandesa, donde alrededor del 25 % del PIB —según datos recogidos por Reuters y el Nordic Council— depende todavía de transferencias procedentes de Dinamarca, queda así atrapada en un dilema: continuar bajo una tutela colonial que limita su soberanía o financiar la independencia mediante un extractivismo salvaje que pone en riesgo las bases mismas de su supervivencia ecológica y cultural.
¿La ruptura de Europa con EEUU?
En una declaración conjunta en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, seis líderes europeos declararon que «Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia». Y, acto seguido, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desplegaron tropas en Groenlandia.
Pocas horas después, la Casa Blanca declaró que «adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica. El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe». Unos días después, Trump anunció aranceles del 10% a los países que habían enviado soldados a Groenlandia. Y ha avisado además que subirá a partir del 1 junio a un 25% y «deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia» por parte de Estados Unidos.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que si Estados Unidos tomaba Groenlandia por la fuerza, la propia OTAN se derrumbaría.
Explica Rafael Poch que «si la dependencia de Estados Unidos con respecto a Ucrania obliga a los europeos a aceptar la ocupación estadounidense del territorio de un miembro europeo de la OTAN, la humillación sería tan profunda que la idea misma de Europa como factor significativo en los asuntos mundiales desaparecería«.
Autodeterminación frente a la lógica imperial
En el fondo, lo que está en juego no es una disputa técnica sobre seguridad o desarrollo, sino el choque entre dos principios irreconciliables: el derecho del pueblo groenlandés a decidir libremente su futuro —político, económico y ambiental— o quedar sistemáticamente subordinado a una lógica imperial que convierte el Ártico en un tablero de poder y en un almacén de recursos estratégicos.
Este artículo ha sido escrito a partir de otros publicados en Kaos en la Red, Diario Red y El Salto
A partir del 28 de diciembre de 2025, una nueva ola de protestas estalló en todo Irán, provocada por las dificultades económicas y que se intensificó hasta pedir el derrocamiento del Gobierno. Se trata, como mínimo, del quinto movimiento de este tipo en una década, que se suma a las anteriores oleadas de disturbios laborales y resistencia feminista. Sin embargo, dentro de este levantamiento, los movimientos de base se enfrentan a monárquicos reaccionarios, en su mayoría radicados fuera de Irán, que buscan el apoyo de Estados Unidos e Israel para hacerse con el poder.
Todo ello en medio de una situación geopolítica tumultuosa. El Gobierno israelí ha intensificado los bombardeos sobre Gaza y el Líbano y la apropiación de tierras en Gaza, el Líbano y Siria; se está preparando para construir un asentamiento que dividirá Cisjordania en dos, con el fin de imposibilitar la creación de un Estado palestino. Estados Unidos acaba de secuestrar al presidente de Venezuela y a su esposa para apoderarse del petróleo venezolano, lo que demuestra su determinación de llegar a cualquier extremo para dominar a los pueblos tanto dentro como fuera de sus fronteras.
En el otoño de 2025, los manifestantes de Nepal y otros lugares demostraron que todavía es posible que los movimientos sociales derroquen gobiernos. Una revolución exitosa en Irán podría desencadenar una ola de cambios en todo el mundo. Pero si esa revolución fuera secuestrada por fuerzas reaccionarias, podría retrasar los movimientos de liberación otra generación o más.
Hay mucho en juego. Le debemos a los movimientos populares de Irán informarnos sobre ellos y apoyarles, tanto porque se enfrentan a una situación desesperada como para asegurarnos de que no llegue al poder un régimen títere al servicio de Israel y Estados Unidos.
A continuación, presentamos tres perspectivas sobre el levantamiento de la última semana y media, extraídas del medio de comunicación Crimethinc.
Informe sobre la actual ola de protestas en Irán
Este texto ha sido aportado por unx anarquista residente en Irán que está documentando e informando activamente sobre la situación actual. Debido a graves motivos de seguridad, prefiere permanecer en el anonimato.
Durante casi una década, la sociedad iraní ha sido testigo repetidamente de oleadas de protestas callejeras dirigidas contra el sistema político gobernante, la República Islámica. Si bien estas protestas han surgido como consecuencia de diferentes desencadenantes inmediatos, todas ellas tienen su origen en profundas crisis estructurales sin resolver —económicas, políticas y sociales— que siguen configurando la vida cotidiana en Irán.
A lo largo de estos años, la principal respuesta del Estado a la disidencia pública ha sido la represión sistemática. Los movimientos de protesta se han enfrentado sistemáticamente a la fuerza letal, detenciones masivas, encarcelamientos e intimidación generalizada. Lejos de resolver los problemas subyacentes, este enfoque ha contribuido a la acumulación de la ira pública y a un creciente sentimiento de injusticia en toda la sociedad.
Las protestas más recientes se desencadenaron inicialmente por el dramático colapso de la moneda nacional iraní y el grave deterioro de las condiciones de vida. La rápida devaluación del rial, combinada con la inflación galopante y la pobreza generalizada, ha empujado a amplios sectores de la población al límite de la supervivencia económica. Estas condiciones han llevado a muchos a concluir que la crisis no es temporal ni reformable, sino estructural e inseparable del sistema de poder existente.
A diferencia de episodios anteriores, las protestas actuales reflejan un nivel más amplio de conciencia colectiva. Las manifestaciones ya no se limitan a ciudades o grupos sociales específicos, sino que se han extendido simultáneamente por múltiples regiones, involucrando a diversos segmentos de la sociedad. Las reivindicaciones económicas se han transformado rápidamente en demandas explícitamente políticas, con manifestantes que piden abiertamente el fin del régimen autoritario y el desmantelamiento de la República Islámica.
Al mismo tiempo, parte de la oposición —sobre todo los grupos monárquicos— está intentando sacar partido del movimiento de protesta. A través de los medios de comunicación satélites y las plataformas sociales, estos actores tratan de presentarse como alternativas políticas viables, recurriendo a narrativas nostálgicas de la era prerrevolucionaria e intentando redirigir la ira popular hacia sus propios proyectos de poder.
Mientras tanto, la represión estatal se ha intensificado significativamente. Los informes indican que más de diez manifestantes han sido asesinados y cientos detenidos en los últimos días, aunque es probable que las cifras reales sean más elevadas. Las fuerzas de seguridad han ampliado el uso de la violencia, la vigilancia y las detenciones arbitrarias, lo que ha ejercido una enorme presión sobre los manifestantes y la población en general.
En general, la situación actual en Irán representa mucho más que un estallido espontáneo de descontento. Es señal de una profunda crisis de legitimidad, del colapso de la confianza pública en las instituciones gubernamentales y de una fase crítica en la confrontación entre la sociedad y el orden dominante. La trayectoria de este momento dependerá del equilibrio entre la resistencia social, la represión estatal y la capacidad de la población para organizarse de forma independiente, al margen tanto del poder estatal como de las fuerzas de oposición de la élite.
Protestas en Irán en pleno asedio de enemigos internos y externos: informe sobre el reciente levantamiento popular
El siguiente análisis es una contribución de Roja, un colectivo feminista independiente y de izquierdas con sede en París. Roja nació tras el feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, coincidiendo con el inicio del levantamiento «Jin, Jiyan, Azadi» en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de diversas nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y otros. Las actividades de Roja no solo están relacionadas con los movimientos sociales en Irán y Oriente Medio, sino también con las luchas locales en París, en sintonía con las luchas internacionalistas, incluyendo el apoyo a Palestina. El nombre «Roja» se inspira en la resonancia de varias palabras en diferentes idiomas: en español, roja es el «rojo»; en kurdo, roj significa «luz» y «día»; en mazandarani, roja significa «estrella de la mañana» o «Venus», considerada el cuerpo celeste más brillante de la noche.
I. El quinto levantamiento desde 2017
Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán ha vuelto a arder en la fiebre de las protestas generalizadas. Los cánticos de «Muerte al dictador» y «Muerte a Jamenei» han resonado en las calles de al menos 222 localidades de 78 ciudades en 26 provincias. Las protestas no solo son contra la pobreza, el alza de los precios, la inflación y el despojo, sino contra todo un sistema político podrido hasta la médula. La vida se ha vuelto insostenible para la mayoría, especialmente para la clase trabajadora, las mujeres, las personas lgbttqi+ y las minorías étnicas no persas. Esto se debe no solo a la caída libre de la moneda iraní tras la guerra de los doce días, sino también al colapso de los servicios sociales básicos, incluidos los repetidos cortes de electricidad; a la agudización de la crisis medioambiental (contaminación atmosférica, sequía, deforestación y mala gestión de los recursos hídricos); y a las ejecuciones masivas (al menos 2063 personas en 2025), todo lo cual se ha combinado para empeorar las condiciones de vida.
La crisis de reproducción social es el punto central de las protestas actuales, y su horizonte último es la reivindicación de la vida.
Este levantamiento es la quinta ola de una cadena de protestas que comenzó en diciembre de 2017 con el levantamiento conocido como la «Revuelta del Pan». Continuó con el sangriento levantamiento de noviembre de 2019, una explosión de ira pública contra la subida del precio del combustible y la injusticia. La revuelta de 2021 se conoció como el «levantamiento de los sedientos», iniciado y liderado por las minorías étnicas árabes. Esta ola alcanzó su punto álgido con el levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» en 2022, que puso de relieve las luchas por la liberación de las mujeres y las luchas anticoloniales de naciones oprimidas como los kurdos y los baluchis, abriendo nuevos horizontes. El levantamiento actual vuelve a centrarse en la crisis de la reproducción social, esta vez en un terreno más radical y posbélico. Las protestas, que comienzan con reivindicaciones relacionadas con los medios de vida, pero con una rapidez sorprendente, se dirigen contra las estructuras de poder y la oligarquía gobernante corrupta.
II. Un levantamiento asediado por amenazas externas e internas
Las protestas que se están produciendo en Irán se ven asediadas por todas partes por amenazas tanto externas como internas. Solo un día antes del ataque imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, Donald Trump, enarbolando el lenguaje del «apoyo a los manifestantes», lanzó una advertencia: si el Gobierno iraní «mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos preparados y listos para actuar». Este es el guion más antiguo del imperialismo, que utiliza la retórica de «salvar vidas» para legitimar la guerra, ya sea en Irak o en Libia. Estados Unidos sigue hoy ese guion: solo en 2025, lanzó ataques militares directos contra siete países.
El genocida Gobierno israelí, que anteriormente había lanzado su asalto de doce días contra Irán bajo el slogan «Mujer, vida, libertad», ahora escribe en persa en las redes sociales: «Estamos con vosotros, manifestantes». Los monárquicos, como brazo local del sionismo, que asumieron la mancha y la vergüenza de apoyar a Israel durante la Guerra de los Doce Días, ahora intentan presentarse ante sus amos occidentales como la única alternativa. Lo han hecho mediante una representación selectiva y la manipulación de la realidad, lanzando una campaña online para apropiarse de las protestas, fabricar, distorsionar y alterar el sonido de las consignas callejeras a favor del monarquismo. Esto revela su engaño, sus ambiciones monopólicas, su poder mediático y, lo que es más importante, su debilidad dentro del país, ya que carecen de poder material en Irán. Con el eslogan «Make Iran Great Again» (Hagamos grande de nuevo a Irán), este grupo acogió con satisfacción la operación imperialista de Trump en Venezuela y ahora espera el secuestro de los líderes de la República Islámica por parte de sicarios estadounidenses e israelíes.
Y, por supuesto, están los campistas pseudoprogresistas —los autodenominados «antiimperialistas»— que maquillan la dictadura de la República Islámica proyectando una máscara antiimperialista sobre su fachada. Ponen en duda la legitimidad de las protestas actuales repitiendo la trillada acusación de que «un levantamiento en estas condiciones no es más que jugar en el campo del imperialismo», porque solo pueden leer a Irán a través del lente del conflicto geopolítico, como si toda revuelta fuera simplemente un proyecto estadounidense-israelí disfrazado. Al hacerlo, niegan la subjetividad política del pueblo iraní y otorgan a la República Islámica inmunidad discursiva y política mientras masacra y reprime a su propia población.
«Enojados con el imperialismo» pero «temerosos de la revolución» —por recordar la formulación fundacional de Amir Parviz Puyan—, su postura es una forma de antirreacción reaccionaria. Incluso se nos dice que no escribamos sobre las recientes protestas, asesinatos y represión en Irán en ningún idioma que no sea el persa en los foros internacionales, para no dar a los imperialistas un «pretexto», como si, más allá del persa, no hubiera personas en la región o en el mundo capaces de compartir destinos, experiencias, conexión y solidaridad en la lucha. Para los campistas, no hay otro sujeto que los gobiernos occidentales, ni otra realidad social que la geopolítica.
En oposición a estos enemigos, insistimos en la legitimidad de estas protestas, en la intersección de las opresiones y en el destino compartido de las luchas. La corriente monárquica reaccionaria se está expandiendo dentro de la oposición de extrema derecha iraní, y la amenaza imperialista contra el pueblo de Irán, incluido el peligro de una intervención extranjera, es real. Pero también lo es la furia del pueblo, forjada a lo largo de cuatro décadas de brutal represión, explotación y «colonialismo interno» del Estado contra las comunidades no persas.
No tenemos más remedio que afrontar estas contradicciones tal y como son. Lo que vemos hoy es una fuerza insurgente brotando de las profundidades del infierno social de Irán: personas que arriesgan sus vidas para sobrevivir, enfrentándose de lleno a la maquinaria de la represión.
No tenemos derecho a utilizar el pretexto de una amenaza externa para negar la violencia infligida a millones de personas en Irán, ni para negar el derecho a sublevarse contra ella.
Quienes salen a las calles están cansados de análisis abstractos, simplistas y condescendientes. Luchan desde dentro de las contradicciones: viven bajo sanciones y, al mismo tiempo, sufren el saqueo de una oligarquía nacional. Temen la guerra y temen la dictadura interna. Pero no se paralizan por el miedo. Insisten en ser sujetos activos de su propio destino y, al menos desde diciembre de 2017, su horizonte ya no es la reforma, sino la caída de la República Islámica.
III. La propagación de la revuelta
Las protestas se desencadenaron por la caída libre del rial, que estalló primero entre los comerciantes de la capital, especialmente en los mercados de teléfonos móviles y ordenadores, pero rápidamente se convirtieron en un levantamiento amplio y heterogéneo que atrajo a trabajadores asalariados, vendedores ambulantes, porteadores y trabajadores del sector servicios de toda la economía comerciante de Teherán. La revuelta pasó rápidamente de las calles de Teherán a las universidades y a otras ciudades, sobre todo a las más pequeñas, que se han convertido en el epicentro de esta ola de protestas.
Desde el primer momento, las consignas se dirigieron contra la República Islámica en su conjunto. Hoy en día, la revuelta está siendo impulsada sobre todo por los pobres y los desposeídos: jóvenes, desempleados, las poblaciones excedentarias, trabajadores precarios y los estudiantes.
Algunos han desestimado las protestas porque comenzaron en el Bazar (la economía comercial de Teherán), que a menudo se percibe como aliado del régimen y un símbolo del capitalismo comercial. Han tildado las protestas de «pequeñoburguesas» o «vinculadas al régimen». Este reflejo recuerda las primeras reacciones al movimiento de los chalecos amarillos de Francia en 2018: debido a que la revuelta surgió fuera de la clase trabajadora «tradicional» y de las redes de izquierda reconocidas, y debido a que llevaba consignas contradictorias, muchos se apresuraron a declararla condenada a ser reaccionaria.
Pero dónde comienza un levantamiento no determina hacia dónde se dirige. Su punto de partida no predetermina su trayectoria. Las actuales protestas en Irán podrían haber sido reavivadas por cualquier chispa, no solo por el Bazar. También en este caso, lo que comenzó en el Bazar se extendió rápidamente a los barrios pobres de las ciudades de todo el país.
IV. La geografía de la revuelta
Si el corazón palpitante de «Jin, Jiyan, Azadi» en 2022 latía en las regiones marginadas —Kurdistán y Baluchistán—, hoy en día las ciudades más pequeñas del oeste y el suroeste se han convertido en los núcleos centrales de las revueltas: Hamedan, Lorestán, Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, Kermanshah e Ilam. Las minorías lor, bakhtiari y lak de estas regiones están siendo doblemente aplastadas por las crisis superpuestas de la República Islámica: la presión de las sanciones y la sombra de la guerra, la represión y la explotación étnicas, y la destrucción ecológica que amenaza sus vidas, especialmente en Zagros. Se trata de la misma región en la que Mojahid Korkor (un manifestante Lor durante el levantamiento de Jina/Mahsa Amini) fue ejecutado por la República Islámica un día antes del ataque de Israel, y en la que Kian Pirfalak, un niño de nueve años, fue asesinado por balas reales disparadas por las fuerzas de seguridad durante el levantamiento de 2022.
Sin embargo, a diferencia del levantamiento de Jina, que desde el principio se expandió conscientemente a lo largo de líneas divisorias de género/sexualidad y etnia, el antagonismo de clase ha sido más explícito en las recientes protestas y, hasta ahora, su propagación ha seguido una lógica más basada en las masas.
Entre el 28 de diciembre y el 4 de enero de 2025, al menos 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas de la República Islámica con munición real y balas de goma, la mayoría de ellas lor (en sentido amplio, especialmente en Lorestán y Chaharmahal y Bakhtiari) y kurdas (especialmente en Ilam y Kermanshah). Cientos de personas han sido detenidas (al menos 580, entre ellas un mínimo de 70 menores) y decenas han resultado heridas. A medida que avanzan las protestas, la violencia policial se intensifica: en el séptimo día en Ilam, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el hospital Imam-Khomeini para detener a los heridos; en Birjand, atacaron una residencia de estudiantes femenina. El número de muertos sigue aumentando a medida que se intensifica el levantamiento, y las cifras reales son sin duda superiores a las anunciadas.
La distribución de esta violencia es desigual, por supuesto: la represión es más dura en las ciudades más pequeñas, especialmente en las comunidades marginadas y minoritarias que han sido empujadas a la periferia. Las sangrientas matanzas de Malekshahi en Ilam y Jafarabad en Kermanshah son testimonio de esta disparidad estructural en la opresión y la represión.
En el cuarto día de protestas, el Gobierno, en coordinación con todas las instituciones, anunció cierres generalizados en 23 provincias con el pretexto del «frío» o la «escasez de energía». En realidad, se trataba de un intento de romper los circuitos a través de los cuales se propaga la revuelta: el Bazar, la universidad, la calle. Paralelamente, las universidades pasaron cada vez más a impartir las clases en línea para cortar los vínculos horizontales entre los espacios de resistencia.
V. El impacto de la Guerra de los Doce Días
Tras la Guerra de los Doce Días, el poder gobernante de Irán, en un intento por compensar el colapso de su autoridad, ha recurrido de forma más abierta a la violencia. Los ataques de Israel contra instalaciones militares y civiles iraníes han militarizado y securitizado aún más el espacio político y social, especialmente a través de la campaña racista de deportación masiva de inmigrantes afganos. Y mientras el Estado habla sin descanso en nombre de la «seguridad nacional», se ha convertido en sí mismo en un productor central de inseguridad: una inseguridad de vida intensificada a través de un aumento sin precedentes de las ejecuciones, el maltrato sistémico de los presos y una inseguridad económica intensificada a través de la brutal reducción de los medios de vida de la población.
La Guerra de los Doce Días, seguida de la intensificación de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y la activación del mecanismo de restablecimiento de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aumentó la presión sobre los ingresos petroleros, la banca y el sector financiero, ahogando la entrada de divisas y agravando la crisis presupuestaria.
Desde el 24 de junio de 2025, cuando terminó la guerra, hasta la noche en que estallaron las primeras protestas en el Bazar de Teherán el 18 de diciembre, el rial perdió alrededor del 40 % de su valor. No se trató de una fluctuación «natural» del mercado. Fue el resultado combinado de la escalada de sanciones y el esfuerzo deliberado de la República Islámica por trasladar los efectos de la crisis de arriba hacia abajo mediante la devaluación controlada de la moneda nacional.
Las sanciones deben condenarse incondicionalmente. Sin embargo, en el Irán actual, también funcionan como un instrumento interno de poder de clase. Las divisas extranjeras se concentran cada vez más en manos de una oligarquía militar y de seguridad que se beneficia de la evasión de sanciones y del opaco comercio petrolero. Los ingresos por exportaciones están efectivamente secuestrados y solo se liberan en la economía formal en momentos seleccionados y a tipos manipulados. Incluso cuando aumentan las ventas de petróleo, los ingresos circulan dentro de instituciones cuasi estatales y un «Estado paralelo» (sobre todo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), en lugar de entrar en la vida cotidiana de la población.
Para cubrir el déficit producido por la caída de los ingresos y el bloqueo de los rendimientos, el Estado recurre a la eliminación de subsidios y a la austeridad. En este marco, la repentina caída del rial se convierte en una herramienta fiscal: obliga a la moneda «secuestrada» a volver a circular en los términos del Estado y amplía rápidamente los recursos en riales del Gobierno, ya que el propio Estado es uno de los mayores poseedores de dólares. El resultado es una extracción directa de los ingresos de las clases bajas y medias, y la transferencia de los beneficios de la elusión de las sanciones y la renta monetaria a una minoría reducida, profundizando la división de clases, la inestabilidad de los medios de vida y la ira social. En otras palabras, los costes de las sanciones los pagan directamente las clases bajas y la clase media, cada vez más reducida.
Así, el colapso de la moneda nacional debe entenderse como un saqueo organizado por el Estado en una economía devastada por la guerra y estrangulada por las sanciones: una manipulación deliberada del tipo de cambio en favor de las redes de intermediación vinculadas a la oligarquía gobernante, al servicio de un Estado que ha convertido la liberalización neoliberal de los precios en una doctrina sagrada.
Los campistas de pseudoizquierda reducen la crisis a las sanciones estadounidenses y la hegemonía del dólar, borrando el papel de la clase dominante de la República Islámica como agente activo del despojo y la acumulación financiarizada. Los campistas de derecha, generalmente alineados con el imperialismo occidental, culpan únicamente a la República Islámica y consideran irrelevantes las sanciones. Estas posiciones se espejan entre sí, y cada bando tiene claros intereses en adoptarlas. En contra de ambos, insistimos en reconocer el entrelazamiento del saqueo y la explotación global y local. Sí, las sanciones devastan la vida de las personas —a través de la escasez de medicamentos, la falta de piezas industriales, el desempleo y la erosión psicológica—, pero la carga se socializa sobre el pueblo, no sobre la oligarquía militar-securitaria que amasa una enorme riqueza controlando los circuitos informales de la moneda y el petróleo.
VI. Las contradicciones
En las calles se escuchan consignas contradictorias, desde llamamientos a derrocar la República Islámica hasta nostálgicos llamamientos a la monarquía. Al mismo tiempo, los estudiantes corean consignas dirigidas tanto contra el despotismo de la República Islámica como contra la autocracia monárquica. Las consignas a favor del Sha y de Pahlavi reflejan contradicciones reales sobre el terreno, pero también se amplifican y se fabrican a través de las distorsiones de los medios de comunicación derechistas, incluida la vergonzosa sustitución de la voz de los manifestantes por consignas monárquicas. El principal responsable de la manipulación mediática es Iran International, que se ha convertido en un megáfono de la propaganda sionista y monárquica. Según se informa, su presupuesto anual ronda los 250 millones de dólares, financiados por personas e instituciones vinculadas a los gobiernos de Arabia Saudí e Israel.
Durante la última década, la geografía de Irán se ha convertido en un campo de tensión entre dos horizontes sociopolíticos, mediados por dos modelos diferentes de organización contra la República Islámica. Por un lado, se encuentra la organización social concreta e integrada a lo largo de las líneas divisorias de clase, género/sexualidad y etnia, que se manifiesta de forma más vívida en las redes interconectadas forjadas durante el levantamiento de Jina en 2022, que se extienden desde la prisión de Evin hasta la diáspora y producen una unidad sin precedentes entre diversas fuerzas, desde las mujeres hasta las minorías étnicas kurdas y baluchis, que se oponen a la dictadura al tiempo que plantean horizontes feministas y anticolonialistas. Por otro lado, se encuentra una movilización populista presentada como una «revolución nacional», cuyo objetivo es producir una masa homogénea de individuos atomizados a través de las cadenas de televisión satelital. Respaldado por Israel y Arabia Saudí, este proyecto busca reunir un cuerpo cuya «cabeza» —el hijo del derrocado Sha— pueda ser posteriormente insertada desde fuera, con una intervención respaldada por potencias extranjeras, e implantada en él. Durante la última década, los monárquicos, armados con un enorme poder mediático, han empujado a la opinión pública hacia un nacionalismo extremo y racista, profundizando las divisiones étnicas y fragmentando la imaginación política de los pueblos de Irán.
El crecimiento de esta corriente en los últimos años no es un signo del «atraso» político del pueblo, sino el resultado de la falta de una amplia organización de izquierda y de poder mediático para producir un discurso alternativo contrahegemónico, una ausencia y debilidad producidas en parte por la represión y la asfixia, que abrieron espacio para este populismo reaccionario. En ausencia de una narrativa poderosa por parte de las fuerzas de izquierda, democráticas y no nacionalistas, incluso consignas e ideales universales como la libertad, la justicia y los derechos de las mujeres pueden ser fácilmente apropiados por los monárquicos y vendidos al pueblo bajo una apariencia progresista que esconde un núcleo autoritario. En algunos casos, esto se presenta incluso con un vocabulario socialista: es precisamente aquí donde la extrema derecha también devora el terreno de la economía política.
Al mismo tiempo, a medida que se intensifica el antagonismo con la República Islámica, también se han intensificado las tensiones entre estos dos horizontes y modelos; hoy en día, esta división se puede ver en la distribución geográfica de las consignas de protesta. Dado que el proyecto del «regreso de Pahlavi» representa un horizonte patriarcal basado en el etnonacionalismo persa y una orientación profundamente derechista, en los lugares donde ha surgido la organización popular de trabajadores y feministas —en las universidades y en las regiones kurda, árabe, baluchi, turcomana, árabe y turca— los eslóganes a favor de la monarquía están en gran medida ausentes y a menudo provocan reacciones negativas. Esta situación contradictoria ha dado lugar a diversas formas de malentendidos sobre el reciente levantamiento.
VII. El horizonte
Irán se encuentra en un momento histórico decisivo. La República Islámica se encuentra en una de sus posiciones más débiles de la historia: a nivel internacional, tras el 7 de octubre de 2023 y el debilitamiento del llamado «Eje de la Resistencia», y a nivel interno, tras años de repetidas insurgencias y levantamientos. El futuro de esta nueva ola sigue siendo incierto, pero la magnitud de la crisis y la profundidad del descontento popular garantizan que en cualquier momento pueda estallar otra oleada de protestas. Aunque se reprima el levantamiento actual, volverá a producirse. En esta coyuntura, cualquier intervención militar o imperial sólo puede debilitar la lucha desde abajo y reforzar la mano de la República Islámica para llevar a cabo la represión.
Durante la última década, la sociedad iraní ha estado reinventando la acción política colectiva desde abajo. Desde Baluchistán y Kurdistán en el levantamiento de Jina hasta ciudades más pequeñas en Lorestán e Isfahán en la actual ola de protestas, la agencia política —sin ninguna representación oficial desde arriba— se ha trasladado a las calles, a los comités de huelga y a las redes locales e informales. A pesar de la brutal represión, estas capacidades y conexiones siguen vivas dentro de la sociedad; su habilidad para volver y cristalizarse en poder político persiste. Pero la acumulación de ira no es lo único que determinará su continuidad y dirección. La posibilidad de construir un horizonte político independiente y una alternativa real también resultará decisiva.
Este horizonte se enfrenta a dos amenazas paralelas. Por un lado, puede ser apropiado o marginado por fuerzas de derecha con sede fuera del país, fuerzas que instrumentalizan el sufrimiento de la población para justificar sanciones, guerras o intervenciones militares. Por otro lado, algunos segmentos de la clase dominante —ya sean facciones militares y de seguridad o corrientes reformistas— están trabajando entre bastidores para promocionarse ante Occidente como una opción «más racional», «más barata» y «más confiable»: una alternativa interna desde dentro de la República Islámica, no para romper con el orden de dominación existente, sino para reconfigurarlo bajo una cara diferente. (Donald Trump pretende hacer algo similar en Venezuela, doblando a elementos del gobierno gobernante a su voluntad en lugar de provocar un cambio de gobierno). Se trata de un frío cálculo de gestión de crisis: contener la ira social, recalibrar las tensiones con las potencias mundiales y reproducir un orden en el que se niega a los pueblos la autodeterminación.
Frente a estas dos corrientes, el resurgimiento de una política internacionalista de liberación es más necesario que nunca. No se trata de una «tercera vía» abstracta, sino del compromiso de situar las luchas populares en el centro del análisis y la acción: la organización desde abajo en lugar de los guiones escritos desde arriba por líderes autoproclamados, en lugar de falsas oposiciones fabricadas desde fuera. Hoy en día, el internacionalismo significa mantener unidos el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la obligación de luchar contra todas las formas de dominación, tanto internas como externas. Un verdadero bloque internacionalista debe construirse a partir de la experiencia vivida, las solidaridades concretas y las facultades independientes.
Esto requiere la participación activa de las fuerzas de izquierda, feministas, anticolonialistas, ecologistas y democráticas en la construcción de una organización amplia y clasista dentro de la ola de protestas, tanto para recuperar la vida como para abrir horizontes alternativos de reproducción social. Al mismo tiempo, esta organización debe situarse en continuidad con el horizonte liberador de luchas anteriores, y específicamente con el movimiento «Jin, Jiyan, Azadi», cuya energía aún tiene el potencial de desbaratar, de un solo golpe, los discursos de la República Islámica, los monárquicos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y aquellos antiguos reformistas que ahora sueñan con una transición controlada y la reintegración en los ciclos de acumulación estadounidense-israelíes en la región.
Este es también un momento decisivo para la diáspora iraní: puede ayudar a redefinir una política de liberación o puede reproducir la agotada dicotomía entre «despotismo interno» e «intervención extranjera» y, con ello, prolongar el callejón sin salida político. En este contexto, es necesario que las fuerzas de la diáspora den pasos hacia la formación de un verdadero bloque político internacionalista, que marque líneas claras contra el despotismo interno y la dominación imperialista. Esta postura vincula la oposición a la intervención imperialista con una ruptura explícita con la República Islámica, rechazando cualquier justificación de la represión en nombre de la lucha contra un enemigo externo.
La mirada desde Siria
Este es un extracto de una declaración de internacionalistas anarquistas en el territorio en el norte de Siria.
Irán es un actor importante en la geopolítica de Oriente Medio. Su influencia también tuvo un fuerte impacto en Siria durante la era de Assad. Las rutas de contrabando y otras rutas de transporte pasaban por Siria, abasteciendo a Hezbolá. Tras la caída del régimen de Assad, Irán fue expulsado de Siria y, en general, ha perdido su antiguo poder en la región. Los daños sufridos durante los ataques israelíes en junio de 2025 se convirtieron en otro factor que afectó a la situación de la República Islámica.
Las protestas han estallado regularmente en Irán. Las protestas de 2022 bajo el lema «Mujer, vida, libertad» son famosas en todo el mundo. Al igual que entonces, las protestas se extendieron por todo el país. El descontento de la población se extendió debido a factores económicos —la inflación, el aumento de los precios y la pobreza—, pero finalmente llegó a pedir el derrocamiento del régimen. Los manifestantes se enfrentan a la policía en las calles y algunos han resultado muertos y heridos.
Durante la escalada entre Israel e Irán en 2025, un detalle interesante a destacar fueron las declaraciones de Netanyahu y Trump sobre la desestabilización intencionada de Irán con el objetivo del cambio de régimen. Se trata de un enfoque bastante habitual de Estados Unidos hacia los gobiernos «inconvenientes» en las regiones de su interés: allanar el camino para políticos más colaboradores, como intentaron hacer en Afganistán. Durante la última escalada de la guerra entre Israel e Irán, corrieron rumores de que ya existía una figura gobernante «democrática» provisional, respaldada y preparada por Estados Unidos. Aunque esta información no se ha confirmado, podemos imaginar que podría ser cierta, teniendo en cuenta los métodos de Estados Unidos en otros casos (por ejemplo, el reciente secuestro del presidente venezolano). En este contexto, queda claro el significado de la intención declarada de Trump de acudir en ayuda de los manifestantes iraníes si Irán «mata cruelmente a los manifestantes pacíficos, como suele hacer».
El Kurdistán iraní, Rojhilat, es una de las regiones rebeldes de Irán. Sus intentos de declarar la autonomía no han tenido éxito durante décadas, pero la lucha guerrillera en el territorio de Irán continúa. El PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán) ha apoyado a los manifestantes y ha condenado de nuevo al régimen actual.
El movimiento de liberación kurdo lucha por la libertad no solo en Siria o Turquía. Las noticias de Rojhilat ocupan los titulares con menos frecuencia, pero la situación en Irán es especialmente difícil para la lucha de liberación. Las fuerzas del PJAK incluyen un ala armada femenina, lo que es especialmente importante en el contexto de una dictadura que ejerce una «policía de la moral» sobre la población y, como es habitual, perjudica a los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres.
La inestabilidad en Teherán podría ser beneficiosa para la región kurda y debilitar las alianzas imperialistas del eje Rusia-Irán-China. Sin embargo, un gobierno títere instalado por Estados Unidos, Israel o cualquier otro país no resolverá la cuestión kurda en Irán. Además, abordar la cuestión kurda en un marco imperialista neoliberal no puede proporcionar una solución verdadera para un Oriente Medio multiétnico y multirreligioso. El confederalismo democrático, que ya está siendo aplicado en el noreste de Siria por el Partido de la Unión Democrática (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) y defendido por el PJAK en Rojhilat, ofrece una opción mucho más prometedora para lograr la paz.
Mientras la comunidad internacional mira hacia Venezuela y Groenlandia, en la Cisjordania ocupada, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprovecha para continuar anexionándose territorios palestinos.
Para materializar otro proyecto israelí, que lleva el nombre de E1 y por el cual se prevé la construcción de 3.401 viviendas para colonos, se ha abierto una convocatoria pública destinada a aquellas empresas que quieran llevar a cabo esta nueva construcción. Se trata de una vulneración más del derecho internacional por parte de Israel en territorio palestino.
Se enterraría la solución de los dos Estados
El objetivo de este proyecto colonial, tal y como ha reconocido la administración israelí, es dinamitar la idea de un posible Estado palestino; de ahí el interés en que se lleve a cabo. La nueva construcción estaría geográficamente ubicada entre Jerusalén, Ramallah y Belén y se proyecta como una extensión del asentamiento de Ma’ale Adumim, más que como un nuevo asentamiento. Queda cercano a Jerusalén Este, tendrá una extensión de unos 12 kilómetros cuadrados y albergará unas 7.600 viviendas familiares, según adelanta el periódico israelí Haaretz.
Mapa elaborado por Peace Now donde se muestra el asentamiento E1.
La idea no es nueva, y varios gobiernos anteriores ya la habían intentado llevar a cabo. Hasta ahora, sin embargo, la comunidad internacional —incluido Estados Unidos— se había negado en rotundo por las implicaciones políticas que tiene. De hecho, el plan llevaba congelado desde 2005. Ahora, parece ser que Estados Unidos habría dado el visto bueno, a diferencia de países como Francia, Canadá o Australia, que ya en agosto, cuando se aprobó la puesta en marcha del proyecto, mostraron su rechazo a esta nueva construcción.
Israel ha movido ficha y ha acelerado los tempos de los procedimientos. También porque el primer ministro israelí, que está siendo juzgado por un caso de corrupción, quiere abonar el terreno de cara a las próximas elecciones
Ahora, aprovechando el revuelo internacional por el secuestro de Nicolás Maduro y la intervención en Venezuela por parte de Trump y las polémicas en torno a Groenlandia, Israel ha movido ficha y ha acelerado los tempos de los procedimientos. También porque el primer ministro israelí, que está siendo juzgado por un caso de corrupción, quiere abonar el terreno de cara a las próximas elecciones generales, que se celebrarán en octubre de este año que justo empieza.
De construirse, y si nada lo impide así parece que así será, el E1 desplazará a miles de palestinos; y esa es la meta. El ministro israelí de Finanzas y colono él mismo, el ultra Bezalel Smotrich, ya lo anunció en agosto: “Haremos desaparecer a los palestinos con acciones, no con eslóganes”. Las implicaciones políticas que esto tendría son inmensas, puesto que dificultaría, por no decir que enterraría, un posible acuerdo de paz futuro.
La política de asentamientos no ha dejado de crecer
Con parte de los medios de comunicación internacionales y las organizaciones humanitarias centradas en el genocidio que desde el 7 de octubre de 2023 se está llevando a cabo en Gaza, desde 2022 y hasta diciembre de 2025 se habían construido hasta 69 asentamientos nuevos, según Peace Now, una organización que monitorea la actividad colonial de Israel. De hecho, ese mismo mes, el gobierno de Netanyahu anunció la construcción de 19 más; algo que se materializará en los próximos meses.
Número de licitaciones para la construcción de asentamientos por año. Fuente: Peace Now.
Esta política de asentamientos ha ido acompañada de un incremento, en los últimos dos años, de la violencia en Cisjordania contra la población local palestina. Buena muestra de ello ha sido la última campaña de la aceituna, especialmente violenta. A lo largo de este otoño, tanto organizaciones locales como internacionales han denunciado la violación sistemática de los derechos de los y las agricultoras palestinas, a quien se ha impedido llevar a cabo la campaña.
El pasado miércoles 7 de enero veía la luz un nuevo informe de Naciones Unidas en el que precisamente se habla de esa violencia y de la situación de “asfixia” que vive la ciudadanía palestina en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El informe, de una cuarentena de páginas, califica la situación de “segregación racial y apartheid” y hace hincapié en el deterioro de la calidad de vida de los y las palestinas a lo largo de estos últimos tres años.
En una intervención en vídeo, a raíz de la publicación del documento, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, aseguraba que: “Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania, ya sea en el acceso al agua, a colegios, hospitales, al visitar familiares o amigos, o al cultivar sus olivos; cada aspecto de la vida diaria de los palestinos en Cisjordania está controlado y restringido por las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel”. En el vídeo, Turk se refiere a la situación en Palestina como “apartheid”. Es el primer Alto Comisionado que usa esta terminología.
El informe también hace referencia a la futura construcción del E1: “Al dividir Cisjordania en dos y aislar a Jerusalén del resto de Cisjordania, el plan restringirá drásticamente aún más la capacidad de los palestinos para desplazarse dentro de la Cisjordania ocupada, con efectos catastróficos para el disfrute de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la salud, la educación y el mantenimiento de los vínculos familiares. Paralelamente, el gobierno de Israel impulsó la construcción de una carretera exclusiva para palestinos —la llamada ‘carretera del tejido de la vida’ o ‘carretera de la soberanía’ — para desviar el tráfico palestino del bloque de asentamientos en la zona E1 y consolidar su anexión. En total, 18 comunidades de pastores palestinos que viven en la zona designada para la zona E1 corren un riesgo inminente de desplazamiento”.
Naciones unidas considera que “los avances del gobierno de Israel sobre el terreno, la expansión agresiva de los asentamientos, incluido el plan E1, junto con la apropiación de tierras palestinas, el desplazamiento forzado de residentes de sus aldeas y la creciente violencia de los colonos, reflejan colectivamente un esfuerzo sistemático por socavar la presencia palestina en la Cisjordania ocupada y un esfuerzo coordinado por afianzar el control israelí y obstruir permanentemente la formación de un Estado palestino contiguo allí”, se puede leer en el informe.
Por último, se insta a respetar las resoluciones y se pide al gobierno de Israel que ponga fin a la política de asentamientos en Cisjordania para que la población palestina pueda volver a sus hogares.
Un año más, y los que quedan, venimos con la cruda realidad semestral de cada año, que es la de tener que pagar el dominio web y alojamiento en Nodo50 para poder mantener un espacio de contrainfo libre de roñas publicitarias en un lugar donde nuestros datos están más seguros que con Meta o cualquiera de esos sitios «gratuitos» donde cada año más las ideas que se alejan de aquello que buscan los algoritmos desaparecen. Solemos pediros unos eurillos para cubrir los gastos del servidor, cuya factura entra puntual a las 0:00h del 1/01 alegrándonos el corazón (o algo).
Así que recuperamos el mensaje del Acratosaurio del año pasado y os pedimos contribuir a los gastos de la web. Porque no hay tal cosa como productos «gratuitos» en el capitalismo sin que tú pagues con algo más que tus datos y tiempo.
Estimada persona que nos lees, o a ti que no nos lees y ves esto por casualidad. Esta página nació para coordinar campañas, informar de nuestros logros, compartir experiencias, y apoyar al anarquismo. Desde que iniciamos esta andadura, hemos gastado un dineral en mantenerla y en hacer frente a gastos de juicios y campañas solidarias. La totalidad de ese dinero ha salido de quienes la han considerado digna seguir existiendo. Semestralmente nos vemos obligados a solicitar vuestro apoyo para pagar el servidor independiente en el que nos alojamos, y al cual cotizamos una cantidad que para nosotros, que estamos a dos velas, es importante. Y esa es toda nuestra contabilidad.
Si os preguntáis cómo es posible que la web de alasbarricadas tenga una economía tan espartana, y que carezca de anuncios publicitarios, se debe a lo siguiente: aquí no cobra nadie. Es más: nadie quiere cobrar nada. Todo el trabajo que exige una web en materia de diseño, eliminación de spam, y lectura y maquetación de textos, procesos judiciales, solidaridad activa…, se hace como es tradicional en este medio, de forma altruista y militante. Nuestro única ambición es engrandecer al Mundo Libertario y difundir la Idea.
Es por ello que solicitamos nuevamente vuestro apoyo económico, que podéis dirigir del modo que prefiráis a la dirección de ahí arriba, y si ello sirve de algo, os aseguro que ese dinero será siempre bien empleado.
Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:
“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.
Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.
Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.
Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.
El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.
En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.
De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.
Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.
Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.
Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.
Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.
Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.
Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.
El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.
Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.
Cuando en el 2011 decidimos embarcarnos en la aventura de publicar un periódico mensual, el movimiento por la vivienda estaba empezando a coger fuerza. Todavía teníamos recientes las manifestaciones de V de Vivienda que arrancaron en el 2006, las primeras Plataformas de Afectadas por las Hipotecas (PAHs) se habían creado en 2009 y habían logrado paralizar varios desahucios y, pocos meses después, las asambleas de barrio surgidas durante el 15-M (2011) crearían comisiones de vivienda que lucharían, con mayor o menor éxito, por evitar la expulsión de sus vecinas de sus casas.
La cronificación del problema de acceso a la vivienda
Quince años después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Pese a que han proliferado PAHs (como en Madrid Centro, Vallekas o pueblos del sur de Madrid), asambleas de vivienda (como en Villalba, Carabanchel, Latina, etc), sindicatos de barrio (como en Hortaleza o Moratalaz), grupos de Stop Desahucios (Granada, Gipuzkoa, etc) y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal (Madrid, Barcelona, Málaga, etc) y a pesar a los miles de desalojos parados por la acción directa de las vecinas, la crisis se ha hecho crónica.
Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas en este tiempo, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos, con subidas de más del 75% en algunos territorios del Estado, según Eurostat.
Ayudas al rentismo para paliar el problema
Pese a llevar más de seis años soportando a los autodenominados gobiernos más progresistas de la galaxia (PSOE, Podemos y Sumar), éstos no han hecho nada por solucionar el problema. Todas sus políticas giran en torno a dar más ayudas a los rentistas, a los que piden que actúen con responsabilidad, pero nunca confrontan o limitan su poder. Nada de fijar precios máximos de alquiler, prohibir los arrendamientos de temporada o aumentar la duración de los contratos. El último ejemplo: a principios de enero de este año, el gobierno anunció un sistema de incentivos para que los propietarios que deben renovar contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio, que se traduce en una bonificación fiscal del 100% del IRPF para aquél que decida no especular (más de lo que ya lo está haciendo). En otras palabras, se trata de subvencionar con dinero público el rentismo, congelando los altos precios que se vienen dando desde hace años.
Decisiones como ésta visibilizan que no es que la socialdemocracia no sea incapaz de solucionar el problema, sino que es parte del mismo.
La sociedad de propietarios y la lucha de clases
A diferencia de lo que hace el movimiento de vivienda, la progresía (que participa alegremente del rentismo) no sitúa el marco de la vivienda en términos de lucha de clases, sino en una simple falta de oportunidades. Así, la izquierda institucional se encuentra mucho más cómoda hablando, por ejemplo, de desigualdad generacional, en vez de clases sociales. Y tiene algunos datos que lo respaldan: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve.
Sin embargo, si analizamos con detenimiento los datos, podemos observar que en 2008, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda y hoy tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. Y es que ahí tenemos la respuesta al problema: es la vivienda lo que marca la diferencia, no los jubilados. Por ello, desde 2007, la tasa de emancipación juvenil ha caído al 15%, y tres de cada cuatro chavales con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.
¿Existe una desigualdad de riqueza entre los boomers y las nuevas generaciones? Sí, pero gran parte de la misma se explica por la propiedad inmobiliaria. Por ello, no podemos meter en el mismo saco a toda una generación como lo hace, por ejemplo, Analía Plaza (con bastante humor) en La Vida Cañón (Ediciones Temas de Hoy). La diferencia estriba en la clase, no en la edad; y la clase se ve cada vez más definida por el número de viviendas en propiedad.
“Durante los últimos 50 años, la llamada sociedad de propietarios se convirtió en un proyecto central de integración económica y política”, explica el sociólogo Javi Gil en un artículo. “El neoliberalismo hizo de la financiarización de la vivienda la palanca de crecimiento durante décadas. Los hogares accedieron de forma masiva a la propiedad, lo que los transformó en clase media. Y su bienestar comenzó a apoyarse cada vez menos en los salarios o en el Estado de bienestar, y más en la revalorización de sus viviendas.
Conceptos como capitalismo patrimonial o capitalismo rentista se han empezado a utilizar para describir esta nueva realidad: una economía en la que la riqueza depende cada vez menos del trabajo y la producción, y cada vez más de la revalorización de los activos, con la vivienda como eje central. No es un detalle menor que el valor de los bienes inmuebles constituya hoy el mayor depósito de riqueza del planeta, equivalente a casi cuatro veces el PIB mundial.
Esta transformación ha disparado la concentración de riqueza y ensanchado la brecha social. La propiedad de activos se reparte de forma profundamente desigual, y en los últimos 50 años la distancia entre los más ricos y el resto de la sociedad no ha hecho más que crecer.
En 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda. Hoy, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo. La conclusión es demoledora: como generación, el acceso a la propiedad es imposible, porque los salarios se han desligado de los precios de la vivienda”.
El colmo es que, pese a que la vivienda está profundizado la desigualdad económica de nuestra sociedad, el discurso de la clase dominante se va imponiendo cada vez más. En quince años hemos pasado de la solidaridad generalizada con las desahuciadas – en 2013 la revista Pronto regalaba pegatinas de “Stop Desahucios” – a que empresas de desokupación influyan en la agenda política, se aplauda a políticos que dejan a familias enteras en la calle como hizo Albiol en Badalona estas navidades y todas las reformas políticas van dirigidas a dar más poder a los propietarios y castigan a quien no tiene casa. Gracias a una alianza entre empresas de seguridad, inmobiliarias, medios de comunicación y políticos de todos los ámbitos – recordemos a Rita Maestre hablando de la okupación como un “problema” o a Manuela Carmena repitiendo los mantras de Desokupa – el español medio empatiza más con el “pequeño” propietario que acumula cuatro inmuebles como fuente de ganancia que con una familia sin alternativa habitacional.
Acabemos con el negocio de la vivienda
Las manifestaciones del 13 de octubre de 2024 (Madrid) y del 5 de abril de 2025 (estatal), en las cuales participaron más de 150.000 personas en cada una, han sido las más masivas por el tema de la vivienda desde la Transición, lo cual evidencia la enorme preocupación que genera la situación actual. En ellas, la demanda principal fue la de poner fin al negocio de la vivienda. Por ejemplo, el comunicado de la segunda de estas manis establecía que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio”.
¿Y cómo se pretende conseguir acabar con la especulación? No es fácil. El movimiento de vivienda es muy amplio, englobando a anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas y militantes y afectadas sin adscripción a un marco teórico. Y, por ello, las estrategias escogidas a lo largo de los años han sido variadas (lo cual, a veces, genera conflictos): poner el cuerpo frente a comisiones judiciales y cordones policiales para parar desahucios, negociar alquileres sociales con bancos, okupar edificios y alojar a múltiples familias, hacer campañas visibilizando casos dramáticos, convocar manifestaciones para exigir reformas legislativas, etc. Y, si bien a nivel social no se ha logrado siquiera hacer la vivienda algo más accesible, sí ha logrado encontrar soluciones prácticas e individuales para miles de personas a lo largo de los años. Y eso no es poco.
La lección que podemos sacar de los últimos años es que el asalto institucional que protagonizaron activistas como Ada Colau no ha servido para nada. Todas las victorias se han logrado desde los movimientos sociales, desde la solidaridad y la horizontalidad. Es obvio que ningún gobierno va a acabar con la mercantilización de la vivienda, por lo que algo tan básico como garantizar la cobertura de una necesidad humana parece un objetivo radical que únicamente se conquistará mediante estrategias colectivas igualmente radicales. Y la huelga de alquileres puede ser una de ellas.
Una huelga de alquileres tendría como objetivo desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a empresas de alquiler seguro que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos (como la huelga de alquileres de Barcelona de 1931), pero también recientes (como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019 o algunas propuestas de impago de las rentas durante la pandemia de 2020).
Durante los últimos quince años el movimiento de vivienda ha demostrado ser resiliente y valiente. No ha parado su actividad pese a que en 2015 se reformaron las leyes administrativas y penales para criminalizarlo (exponiéndose varias a activistas a la posibilidad de ir a prisión), ni a las amenazas de grupos fascistas que están trabajando para algunos fondos. Por ello, esperemos que su lucha continúe y que sepa hacer todo lo necesario para acabar con el negocio de la vivienda de una vez por todas.
El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.
Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».
«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».
En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.
El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.
Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.
Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.
El manual
El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.
Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.
Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.
A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.
Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.
Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.
Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.
La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.
Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.
Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.
El regreso del saqueo
El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.
Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.
En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».
Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.
En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.
El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.
No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.
A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.
La cuestión del liderazgo
En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.
Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.
La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».
Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.
Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.
Qué esperar, cómo prepararse
El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.
A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.
Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.
A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.
Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.
En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.
Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.
Apéndice: lecturas adicionales
Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.
Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:
«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.
Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».
Son cerca de las dos de la madrugada del sábado 3 de enero cuando los habitantes de Caracas despiertan con un estruendo espantoso; son bombas y misiles que caen en distintos puntos de la ciudad. Tres explosiones destruyen parte del aeropuerto de La Carlota, ubicada en una zona poblada del este de la ciudad. La onda expansiva hace retumbar casas y edificios a kilómetros a la redonda. El Fuerte Tiuna, zona ubicada en el sur, donde se concentra el poder militar (el ministerio de la defensa, la sede de las FFAA) y residencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es atacado brutalmente por unos diez helicópteros militares estadounidenses. Caen las bombas y las instalaciones arden. Las familias de militares residentes en la zona huyen. Buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica ni internet. Al tiempo, son bombardeadas otras instalaciones militares y de comunicación en otros puntos del país.
El pánico se apodera de la gente y poco a poco va dando paso al desconcierto. Para la mayoría de los venezolanos, aunque la invasión haya sido anunciada por Donald Trump durante meses, ser bombardeados por naves militares yankees era una distopía, algo absolutamente irreal o un delirio del gobierno.
Mientras, distintos puntos de Caracas, el estado Vargas, Aragua y Miranda arden y la gente que habita a sus alrededores sale a las calles despavorida, los medios oficiales guardan silencio. Por las redes del chavismo circula el llamado a la calma, el discurso de que se trata de pequeños ataques, e incluso, que se trata de naves venezolanas, es decir, lo de siempre; menospreciar o tapar lo que está pasando, aunque el gobierno pueda estar cayendo. En Venezolana de Televisión (el canal del Estado), una reportera apostada en una calle vacía hablaba de la normalidad y control de la situación.
La gente se vuelca a las redes para conseguir algo de información, para entender lo que pasa, para administrar la angustia. Van circulando videos de las explosiones, los ataques, los incendios. Vemos helicópteros enormes atravesando el cielo de la ciudad entre la oscuridad. Imágenes inconexas, sueltas, sin un hilo que vaya generando un sentido. Esas dos horas se hacen eternas por la magnitud de la violencia y el terror que siembra.
Solo pasadas las cuatro de la mañana se conocen las declaraciones de Donald Trump, que anuncia que las fuerzas de seguridad norteamericanas han secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores y que los llevan a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes como narcotráfico, posesión de armas de guerra y cualquier otra cosa.
Casi dos horas después de los bombardeos aparece el Ministro de la Defensa, solo, en un video grabado, denunciando de que se trata de una agresión imperial. Ninguna explicación de qué pasó, de por qué la defensa falló y mucho menos reconociendo su responsabilidad en esa falla. El canal del Estado anuncia que se ha decretado “Estado de Conmoción Externa”, lo que implica excepcionalidad y restricción de garantías constitucionales, de nuevo sin detalle ni explicación alguna. Hay un silencio hermético que aumenta el desasosiego y la incertidumbre, primero, y luego, la sospecha.
En su alocución posterior, un Donald Trump emocionado habla del éxito de la “operación”. “Fue perfecta”, “la vi en directo como si fuera una película”, “si ustedes hubieran visto la velocidad, la violencia”, “solo nosotros podíamos hacerlo” dice, con una excitación casi obscena. Es poder regocijándose sobre sí mismo, celebrando su propia barbarie, narcisista, delirante.
Dos días después de la invasión en Venezuela hay un ambiente de incredulidad por lo sucedido, de conmoción por la agresión y por la soberbia que la rodea, pero también de incertidumbre por lo que vendrá. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, mezclan documentales de animales con lectura de comunicados oficiales llenos de consignas y nada más. Tampoco encontramos información en otros medios públicos como Telesur que fue creada para combatir el cerco mediático. Las pocas alocuciones oficiales, después de los discursos antimperialistas de rigor, han llamado a la calma y a la normalidad. No hay información. No hay datos, no hay cifras de heridos y fallecidos, no hay registro de las zonas destruidas, no hay análisis de lo qué ocurrió y de cómo ocurrió. Posiblemente porque explicar cómo penetraron el sistema de defensa sin bajas visibles en el equipamiento o personal militar estadounidense, o mejor dicho, explicar por qué los sistemas de defensa no se activaron, aunque la invasión había sido anunciada durante meses, es bastante comprometedor para quien controla los medios y detenta hasta ahora el poder.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es designada presidenta “encargada” gracias a la maniobra legal del Tribunal Supremo de Justicia, que decreta ausencia temporal del presidente (y no la ausencia definitiva) y así evita la obligación de convocar a elecciones en 30 días. En su intervención del sábado por la tarde lanza las consignas antiimperialistas de rigor, pero el domingo invita al gobierno de Estados Unidos a construir una agenda de colaboración y dice que su prioridad es un vínculo armónico con ese país.
Por su parte, las declaraciones de Marco Rubio hacen que todas las narrativas creadas para justificar la agresión se desmoronen. No hay ninguna alusión a cómo desmantelaran el supuesto “cartel de los soles”, no se habla de elecciones, de derechos humanos, ni se menciona el destino de los más de 800 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas.
Entre la gravedad de los hechos y el vacío de información las venezolanas, quedamos atrapadas en la incertidumbre y la necesidad de hallar sentido. Los opositores seguidores de María Corina Machado, hacen malabarismos retóricos para tratar de explicar cómo es que, a pesar de ser promotores de la invasión, los dejaron por fuera de la negociación. Los seguidores del gobierno tratan de hacer conciliar la indignación por la agresión imperial con los llamados a la normalidad. Es un país escindido hasta en el desconcierto.
Quienes no comulgamos ni con la oposición clasista y antidemocrática (y su ingenuo relato de salvación), ni con el gobierno impopular que se está resquebrajando, optamos por atar los retazos de información de aquí y de allá. La ausencia de un relato coherente que hile un suceso tan atroz, con el llamado a la calma y a la normalidad produce un vacío de sentido. La gente no sabe muy bien cómo describir lo que se siente, hay un estado general de conmoción y a la vez de pasividad general.
Es difícil no pensar en negociaciones para entregar a Maduro (o no resistir al secuestro, que es casi lo mismo). En especial, después de que los portavoces del gobierno estadounidense hayan dicho que esto se viene preparando con participación interna desde hace meses. Y, menos aún, después de que Marco Rubio declarara que ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez quien se ha mostrado siempre “dispuesta a colaborar”. Sabemos que el principal interés del gobierno estadounidense (además del geopolítico) es la riqueza petrolera venezolana. Ya Donald Trump anunció que va a invertir en la infraestructura petrolera para recuperarla y que genere riqueza para el país –¿el suyo?–. También dijo que para eso necesita en el poder a quien le garantice un mínimo de gobernabilidad y estabilidad.
Mientras tanto, queda la sensación de que nunca sabremos exactamente cómo se fraguó y ejecutó la agresión. Pero la incertidumbre hacia el futuro inmediato es muy grande para detenernos a pensar en ello. Las preguntas sobre lo que puede pasar se multiplican. En ese escenario, la idea de que el gobierno bolivariano se convierta en el nuevo administrador de las petroleras gringas se nos aparece como una imagen bizarra, como el más triste final de lo que alguna vez fue un sueño revolucionario.
En mayo de 2019 hacíamos un optimista resumen sobre el clima feminista del momento en un artículo titulado «¿Feminismo para qué? Feminismo para todo» que hablaba de la miríada de fortalezas revitalizadas en la última década: la ecofeminista, la antirracista, la sindicalista, etc. Lo escribimos en un momento en el que el feminismo se encontraba en la cresta de la ola: había encadenado dos años consecutivos de huelgas generales en el 8M y había logrado confrontar, de forma masiva, el machismo institucional, la cultura de la violación y la normalización de la violencia sexual. Es cierto que quedaba mucho por conquistar – por ejemplo, se hablaba de desterrar el feminismo blanco y por difundir un feminismo antirracista, decolonial y de clase, o acabar con la transfobia, entre otros debates –, pero parecía que avanzábamos, a paso firme, hacia delante.
El clima es distinto ahora. La organización feminista se siente débil, diluida y desmotivada. Mientras otras apuntan al disenso interno como origen de la falta de fuerza, nosotras queremos rescatar aquel artículo en el que también apuntábamos como verdadera némesis del movimiento a la misoginia de los aliados de PP y Vox y a la manosfera.
Es triste cerrar esta última edición de este periódico con un llamamiento a la alerta en vez de una celebración del camino recorrido, pero la ola reaccionaria es fuerte y su campaña de los últimos seis años ha estado llena de argucias y señuelos.
La némesis es una idea: la familia, entendida como el conjunto de personas adultas y menores dirigidas y poseídas por un arquetipo de hombre. Este concepto del “orden natural” es el que subyace a los movimientos reaccionarios que pelean por la prohibición del aborto, la eliminación del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la erradicación de la disidencia sexual o de género o, incluso, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una batalla contra la soledad masculina a través de la dominación del resto de cuerpos.
Pero esta idea no es bonita de vender y necesita de marketing. En octubre de 2015, l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius publicó un interesante informe titulado «De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos. Los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Kenia» que analiza cómo ha sido sostenida la estrategia ultraconservadora a través de instituciones, la financiación privada y una renovada técnica comunicativa. La conclusión del informe es que el nuevo mensaje conservador no proviene de un movimiento reaccionario, puntual y contestatario frente al feminismo institucional, sino de redes de poder antiguas, consolidadas y enraizadas en la élite internacional.
En la misma línea, la autora Nuria Alabao, en una entrevista para Píkara1, sitúa la génesis de este pulso cultural a finales de los años 60: «Después de estas revueltas del 68, con el surgimiento de las luchas feministas y de las disidencias sexuales, emergen diversos actores conservadores, no solo partidos, también iglesias y movimientos sociales, que van a construir una gramática política reaccionaria para oponérseles. Las guerras de género tienen su origen en esa reacción organizada frente a las conquistas de nuevos sujetos que cuestionaban el orden sexual y familiar y la moral tradicional y que transformaron la sociedad, quiero creer que para siempre».
Ejemplos cotidianos de esta técnica comunicativa renovada los encontramos en las redes, la televisión, las ponencias supuestamente profesionales o los falsos debates del feminismo.
La sororidad con las embajadoras de Instagram
El 2 de octubre de 2022 la millonaria Tamara Falcó se sienta en un escenario. Luce coleta tensa y camisa nacarada. Clean Look. Es ponente en el Congreso Mundial de Familias que se celebra en México. Tamara se lamenta ante cientos de personas, se le quiebra la voz hablando de la infidelidad de su prometido, de sus dudas frente al compromiso, del bienestar de unos hijos de aún no han nacido. Para curarse ha asistido a una misa de sanación y ya no siente enfado sino compasión. Se redime. Se santifica.
Pero centrémonos en el atrezzo. ¿Quién ha pagado el escenario? Las sillas las ha mandado poner Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia, que junto a Sharon Slater, presidenta de la Family Watch International, representan el brazo ejecutor de las campañas coordinadas globalmente contra los derechos reproductivos. En España se articulan, entre otros, a través del Foro de la Familia, Hazte Oír y CitizenGo y con ellas se puede trazar el pentagrama que une la Rusia de Putin y su perpetuo hostigamiento de la comunidad LGTBIQ+, el trumpismo estadounidense, el evangelismo latinoamericano y el ultracatolicismo español.
Nueve meses después, Tamara se casará con el tipo aquél, cumpliendo así con el manifiesto del Foro de la Familia y consolidando “la unión entre un hombre y una mujer; unidad jurídica, social y económica”. El debate está servido. Arden las redes. Pero Falcó saldrá indemne porque es una mujer sufridora y criticar a la mujer que sufre, en ese momento, muestra falta de solidaridad para el feminismo liberal.
También es “poco sororo” criticar a María Pombo, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y otro tanto de ingresos anuales. Cuando en febrero de 2024 fue acusada de clasismo, la influencerrespondió que ella era “feminista”, escudándose en la palabra como Perseo detrás del espejo y apelando a una sororidad que da carta blanca al ejercicio de otras violencias.
Y así van desfilando las novísimas embajadoras del antiguo pensamiento: desde RoRo (que da de comer en la boca a su novio Pablo lo que a él se le antoje) y a los nazis de la DANA, hasta la falangista y estilosa Isabel Medina Peralta, o la ya olvidada Melisa Rodríguez.
El deber de sororidad se consolida en la opinión pública como mandato del feminismo hegemónico en irónica defensa de las mujeres que portan ahora la voz del nacional catolicismo español en formato neoliberal.
Esta indulgencia permea en las capas más cotidianas de nuestras vidas. Son cientos las mujeres que, agobiadas por la falta de corresponsabilidad con sus maridos y el techo de cristal profesional, enarbolan el lenguaje y la simbología del feminismo (pero obvian los discursos de clase o antirracistas) para dar continuidad al modelo de trabajo esclavo, malpagando a sus limpiadoras o cuidadoras. Una violencia que se canjea por otra.
El altavoz de un ruido ensordecedor
En este último lustro también han sido muchas las que han sacado el lápiz para definir los contornos de la “mujer”. El incomprensible debate en torno a la cuestión de la transexualidad o la definición biologicista de la mujer sólo han servido para pisotear la dignidad de unas mujeres ya de por sí vulnerabilizadas. La estrategia de la derecha también ha estado ahí, encontrando alianzas en los sectores TERF de la izquierda.
El ejemplo más emblemático ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando Hazte Oír sufragó la ponencia de Lidia Falcó (Partido Feminista), histórica activista antifranquista, y Alicia Rubio (Vox) para empujar su campaña contra la Ley Trans, organizada por CitizenGo. Otra vez la tríada, disfrazada de debate plural y moderno, se pone la careta de algún tipo de feminismo para cumplir con los hitos de su agenda.
El sujeto del feminismo
Las injusticias no vienen solas y el debate sobre el sujeto del feminismo ha lastrado la última etapa del movimiento feminista abriendo vórtices involutivos de todo tipo: desde la desatención a la verdad científica (y sus importantes limitaciones), hasta el de la lucha contra la estigmatización de la salud mental, pasando por la recanonización estética de los cuerpos tanto por dentro (fiscalizando niveles hormonales) como por fuera (con el resurgir de las viejas manifestaciones estéticas de la feminidad).
En febrero de 2023 se celebraba el Encuentro Internacional Feminista del ya difunto Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Una de las mesas fue la de «Masculinidades» y no fueron pocas las compañeras que la criticaron (antes de escuchar su contenido), manifestando su frustración por la presencia de este contenido “para hombres”.
Parece, sin embargo, que lo que en aquel encuentro apuntaban la profesora estadounidense Raewyn Connell y el sociólogo argentino Lucho Fabbri era necesario para continuar con la trasformación social: el sujeto del feminismo es la humanidad.
Parte del feminismo considera que esto es imposible, porque la humanidad incluye a los cientos de miles jóvenes varones cis-hetero de entre 18 y 24 años que votaron al partido de Alvise en los pasados comicios europeos. Y otra parte también lo considera problemático porque ha interiorizado el discurso de la extrema derecha respecto de los extranjeros como potenciales agresores sexuales2.
En definitiva, la campaña de la derecha ha construido para nosotras dos enemigos-señuelo: las personas trans y los jóvenes varones, especialmente extranjeros. Pero, pese a estos años de ceguera, parece que en los últimos meses la cuestión se está reorientando. Iniciativas como Broders.es3, promovida por la divulgadora Pamela Palenciano, buscan romper los imperativos heteropatriarcales que pesan sobre los hombres al tiempo que se ofrece un espacio seguro en el que desarrollarse sin aislamiento.
Un ejército de técnicos y expertos
Las estrategias ultraderechistas siempre han estado presentes en los sectores profesionales, pero cada vez disimulan menos. El 23 de octubre de 2025 el Colegio de la Abogacía madrileña celebraba su primer Congreso de Derecho de Familia, patrocinado por editoriales y empresas inmobiliarias. Por él desfilaron magistrades del Supremo, Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para hablar de cosas del gremio.
La magistrada del TEDH, María Elosegui Itxaso, refiriéndose a los casos de abuso sexual de menores dijo lo siguiente: “Pienso que estas materias no deben de politizarse, sino enfocarse con profesionalidad tanto por parte de los jueces, como de la fiscalía y administraciones públicas. (…) Es frecuente que las madres aleguen que los padres han abusado de los menores, cuando en muchísimos casos se comprueba que no es así. Este nuevo concepto emergente que se ha creado en ámbitos de Naciones Unidas, de “madres protectoras”, no ayuda nada.(…) Las madres deben cumplir con la legislación y transgredirla no conduce a buen fin”.
Elosegui ignoró así el informe de Save The Children de 2021 que revelaba que “entre un 10 y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, o el que un grupo de antropólogas publicó en 2022, titulado “Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España”, en el que analizaba aquellos casos en que las mujeres que habían buscado amparo judicial habían terminado penalizadas de alguna manera por el protocolo institucional.
Consciente o inconsciente, Elosegui y otros participan de una ofensiva intelectual contra el cambio y el desarrollo de mecanismos para la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, poniendo el broche final a esta ofensiva de los amantes de un pasado de subyugación de la mujer.
3Se trata de un espacio pensado para chicos y hombres jóvenes donde hablar, compartir dudas, crear comunidad y pedir apoyo en diversos temas, como la sexualidad, las relaciones, la estética, etc.
En los últimos quince años, en los que ha estado activo este periódico, el movimiento por la liberación animal en el Estado español ha evolucionado como parte de un proceso de transformación colectiva que ya se venía fraguando en la década anterior.
Cuando sacamos el número 100 de esta publicación, allá por el año 2019, publicamos un artículo titulado “Hacia un mundo más animal”, en el que fotografiamos los últimos diez años del movimiento antiespecista. Entonces ya señalamos algunos cambios significativos, como el auge de las investigaciones encubiertas, la expansión del veganismo y la proliferación de colectivos con tácticas y estrategias diversas. Hoy, al releer aquellas reflexiones, podemos afirmar que las semillas regadas en estos años de activismo han comenzado a dar frutos y aquellos cambios se han ido enraizando en el movimiento en defensa de los demás animales.
A medida que el movimiento por la liberación animal se consolida, la industria de la explotación animal se siente cada vez más amenazada. Las investigaciones encubiertas en granjas, mataderos y laboratorios han abierto procesos judiciales y han despertado la atención mediática, llevando incluso al prime time la cuestión animal en casos como el especial de Salvados sobre una granja que suministraba a El Pozo o el caso del laboratorio Vivotecnia, con eco incluso en la prensa internacional. La imagen pública de la industria se ha deteriorado notablemente en los últimos años y su relato es cada día más cuestionado.
Frente a este avance del movimiento, el sector ha desarrollado estrategias defensivas como la creación de falsos sellos de “bienestar animal”, campañas de lavado de imagen con publicidad engañosa de vacas felices o promesas de transparencia que buscan recomponer una reputación cada vez más dañada. Estas maniobras demuestran que la industria percibe la presión del movimiento antiespecista como un desafío real, viéndose obligada a reaccionar para contener el creciente rechazo social hacia sus prácticas.
Estos cambios no solo incomodan a la industria, sino que también empiezan a filtrarse en el ámbito institucional, donde la presión social obliga a introducir modificaciones que, a pesar de su resistencia, evidencian que el debate ya no puede esquivarse. En los últimos años se han aprobado leyes que prohíben el uso de animales en espectáculos como los circos, o la reciente Ley de Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe la venta en tiendas de algunas especies como perros, gatos y hurones. Estas medidas, aunque son muy limitadas, muestran cómo la presión social comienza a abrir grietas en un marco político históricamente reacio al cambio.
Algo similar ocurre con propuestas impulsadas desde la ciudadanía, como la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, que proponía derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP reunió más de 700.000 firmas, superando con creces el mínimo legal para su debate en el Congreso y evidenciando que gran parte de la sociedad rechaza la tauromaquia. Aun así, la iniciativa fue bloqueada y no llegó a debatirse, mostrando hasta qué punto las estructuras políticas siguen actuando como un dique de contención frente a cualquier intento de cuestionar los intereses económicos vinculados a la explotación animal.
En paralelo a estos procesos, el movimiento antiespecista también ha ido ampliando los frentes de lucha en el ámbito local. En Madrid, por ejemplo, la desaparición de los circos con animales o la campaña contra la matanza de cotorras han demostrado cómo los colectivos antiespecistas pueden responder y plantar cara a las políticas municipales. Temáticas de corte más histórico en el movimiento como la caza, sostenida todo este tiempo por el colectivo No A la Caza (NAC) o la lucha contra el uso de pelo y pieles impulsada por Madrid contra el Pelo Animal (MCPA), han conseguido señalar y acorralar a empresas que siguen perpetuando el uso de animales en una sociedad que no necesita escopetas en el monte ni abrigos o complementos de piel en los armarios. Colectivos locales con estrategias globales tejen redes internacionales, consiguen pequeñas victorias y construyen alianzas con activistas de otros territorios, compartiendo saberes y enriqueciendo la lucha antiespecista.
También la lucha contra la experimentación animal, durante años ausente en la agenda activista estatal, ha reaparecido con fuerza gracias a la investigación encubierta de Carlota Saorsa en el laboratorio Vivotecnia, reactivando un frente olvidado y produciéndose el documental Infiltrada en el Búnker de Pablo de la Chica, financiado por una gran plataforma audiovisual.
En estos quince años, los santuarios de animales también han cobrado un papel fundamental dentro del movimiento antiespecista. En el 2007 apareció el primer santuario en el Estado español, el Hogar de Luci y casi 20 años después existe hasta una Federación Española de Santuarios Animales (FESA) que estima que hay entre 40 y 60 santuarios en todo el territorio nacional. Más allá de la tarea de cuidado, los santuarios muestran en la práctica que otras formas de relación con los animales son posibles. Son ejemplo práctico de relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la consideración de los intereses propios de los animales. En un contexto donde la industria y las instituciones se empeñan en presentar la explotación animal como algo inevitable, los santuarios son resistencia política del movimiento de liberación animal.
Mientras, en el terreno táctico, el movimiento también ha cambiado. Si hace más de una década buena parte del imaginario antiespecista giraba en torno a acciones de rescate o de acción directa, en los últimos años se ha producido un cambio hacia estrategias que priorizan la investigación, como el trabajo de Animals View,Linas Kortas o el de organizaciones que contratan a profesionales para destapar la realidad de los centros de explotación animal y libran batallas en el ámbito jurídico e institucional peleando y ganando derechos para los demás animales, con la aparición de operadores jurídicos como Intercids.
Este cambio no significa una renuncia al modelo anterior, sino que se trata de una adaptación a un contexto donde el impacto social de las imágenes, los procesos judiciales y la presión mediática se ha vuelto una herramienta política que sienta precedentes y va cambiando el orden social.
En este sentido, las redes sociales han jugado un papel importante, ayudando a que investigaciones que antes circulaban en entornos más militantes ahora lleguen a cientos de miles de personas más fácilmente. También la revolución tecnológica permite salir a la calle haciendo un activismo respaldado con pantallas que muestran esas imágenes de la realidad que padecen millones de animales o los streaming y directos en las vigilias a las puertas de los mataderos, poniendo a los demás animales en el centro de su lucha, y acercándonos la realidad y mostrando lo que la industria no quiere que sepamos.
Pero estos avances conviven con retos importantes para el movimiento antiespecista. El ascenso de discursos autoritarios en todo el mundo no solo impacta en derechos humanos, sino también en los demás animales, reforzando políticas que blindan su explotación. Lo vimos con claridad durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, cuando el Gobierno decidió excluir a los perros de caza para satisfacer al lobby cinegético. El antiespecismo ha trabajado en estos años en conectar con las distintas formas de opresión y busca situarse junto a otras luchas sociales. El reto sigue estando en que ese paso sea compartido, ya que buena parte de los movimientos sociales continúan resistiéndose a integrar la cuestión animal, reproduciendo jerarquías que dificultan un cambio real.
Además, la represión sigue golpeando al movimiento antiespecista a nivel global. Recordemos especialmente el caso sufrido en el Estado español en 2011, donde la criminalización de activistas condicionó y transformó el activismo en el Estado, cambiando sus estrategias. En otros contextos, como en Reino Unido, con Animal Rising, han enfocado su activismo de liberaciones en tácticas que buscan llevar el juicio público al debate social. La persecución sigue siendo una constante y nos recuerda que la defensa de los demás animales continúa siendo vista como una amenaza para el orden económico dominante. Casos como el de Susarón en Chile muestra cómo la respuesta penal se dirige contra quienes señalan la violencia estructural y no contra quienes la ejercen.
Sin embargo, mientras las instituciones frenan la trayectoria de lucha antiespecista, el cuestionamiento del especismo se abre paso por otros caminos, especialmente en la academia y en la educación.
Y es aquí donde la aparición y consolidación de los Estudios Críticos Animales en el Estado español empieza a jugar un papel clave, ampliando el debate más allá de la política institucional y situándolo también en universidades y colegios. En la última década, y con más fuerza en los últimos años, estos estudios van ocupando un espacio que antes no existía. Han surgido grupos de investigación, congresos, seminarios y publicaciones que abordan el especismo desde perspectivas filosóficas, sociológicas, jurídicas y culturales, generando un cuerpo teórico que acompaña y enriquecen las luchas en la calle. En este desarrollo académico destacan Aula Animal, en el campo educativo o en la academia como la UPV/EHU en Euskal Herria, la Universidad de Barcelona (UB) y UPF (Pompeu Fabra) que colaboran a través del Centre for Animal Ethics y el ILECA (Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales) que coordina publicaciones en castellano, contribuyendo a legitimar la cuestión animal, abriendo nuevas vías de pensamiento y cuestionando incluso el lenguaje cotidiano, señalando cómo muchas expresiones de nuestro día a día reproducen la idea de que los animales son recursos, contribuyendo a normalizar su explotación.
En paralelo, empieza a crecer un campo editorial comprometido con estos debates. La traducción y publicación en castellano de textos de autoras de otros territorios que reflexionan sobre la agencia, la voz o las formas de resistencia de los demás animales ha ampliado el alcance del cuestionamiento antiespecista más allá de la academia. Editoriales veteranas como Ochodoscuatro conviven ahora con otras editoriales que van abriendo su catálogo a obras críticas, reforzando un debate cultural que va llegando cada día a más gente.
Quince años después, es evidente que el movimiento antiespecista en el Estado español no es el mismo. Se ha afianzado en algunos aspectos, se ha diversificado y participa en espacios que antes le eran ajenos, logrando que la explotación animal deje de ser un tema invisible. Pero también es evidente que los obstáculos siguen siendo enormes: la industria que se reinventa, unas instituciones que protegen y cierran filas junto a quienes se benefician de la explotación animal y un contexto político cada día más hostil, con la ultraderecha ganando espacio. Aun así, el movimiento no parte del mismo lugar que hace una década y media. Hoy cuenta con herramientas, redes, saberes y experiencias que sostienen un trabajo a largo plazo y permiten imaginar un horizonte más amplio.
Los avances logrados no son suficientes y nos parecen siempre escasos, pero cada paso es imprescindible para llegar hasta donde estamos. Si algo muestran estos quince años de lucha es que el antiespecismo sigue avanzando y que, hoy como ayer, aún queda todo por hacer.
En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.
La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.
La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.
Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.
Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.
A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.
Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras
Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.
También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.
Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.
En peligro el derecho a la protesta
En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.
Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.
“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.
El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.
Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
_________________________________
1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
Hoy, la vida en Gaza es una cuestión de fe. La inseguridad acerca de la propia supervivencia o de la de los seres queridos es el pan de cada día. Literalmente, hay más incertidumbre que alimento.
En una guerra no solo se sufren los bombardeos con pérdidas humanas y materiales. Se padecen los desplazamientos forzados, las hambrunas y, en Gaza también, la escasez de agua y el bloqueo de la ayuda internacional por la acción de Israel.
Psicológicamente, en esta ofensiva contra la población palestina hay un fuerte componente de deshumanización, algo tan sencillo como no atribuir la categoría de persona a un ser humano. Son procesos característicos en el estudio de los genocidios a lo largo del tiempo y en la práctica de tortura.
Más vulnerables a los enfermedades mentales
Como consecuencia, ser superviviente conlleva una ruptura en ciertos valores morales. Por ejemplo, ante la creencia en la humanidad o ante el hecho de que todas las vidas tienen un mismo valor. La salud mental y el bienestar están conectados con la percepción de justicia social y de derechos humanos. Además, a todo esto se añade que antes del 7 de octubre de 2023, Gaza ya acusaba un contexto de años de inestabilidad sociopolítica, de ciclos de violencia, de privaciones económicas y de dificultades en el acceso a recursos, como los sanitarios. Estos factores han debilitado la salud mental de la población gazatí durante décadas y los palestinos han llegado exhaustos psicológicamente a su asedio actual.
Se ha demostrado que la exposición a conflictos armados tiene un importante impacto en la salud mental de la población civil. En concreto, desde 1948 el impacto del trauma intergeneracional en los palestinos ha aumentado su vulnerabilidad para el desarrollo de dolencias psíquicas.
En 2024, y a consecuencia del actual genocidio, se encontró ansiedad severa (65 %), depresión (72.7%) y probable trastorno de estrés postraumático (72.3 %) en la población palestina evaluada.
Un estudio reciente muestra que la probabilidad de padecer estrés en Gaza es doce veces superior a la probabilidad que se presentaba en 2020 y la prevalencia de angustia psicológica es tres veces mayor, aumentando del 19,5 % en 2020 al 67,2 % en 2025.
¿En qué apoyarse cuando todo se derrumba?
Sumud es un término árabe que alude a la capacidad psicológica de resistencia a la ocupación, definida como el corazón resiliente para muchos palestinos. El apoyo en la comunidad es esencial cuando todo falla, con una relevancia mayor cuando las vivencias son compartidas y unos necesitan de otros para sobrevivir. Recientemente se ha visto que en la población joven palestina el apoyo social es un elemento de protección que mitiga los síntomas del trastorno de estrés postraumático (reviviscencias, evitación, cognición y emoción negativas e hiperactivación).
Igualmente, las prácticas religiosas y espirituales, el apoyo entre iguales y la solidaridad comunitaria potencian el bienestar en los climas de adversidad, como en las guerras o en las crisis humanitarias.
De la misma forma que existe una transmisión generacional del trauma, existe una transmisión generacional de la resiliencia. En Palestina, la intencionalidad de mantener la cultura y la identidad dibujan tanto procesos como resultados resilientes y de crecimiento postraumático.
Manifestaciones que mejoraron la salud
En Gaza, algunas acciones políticas de resistencia como las movilizaciones por la “Gran Marcha del retorno” de 2018 tuvieron efectos positivos en la salud mental de los gazatíes. Fueron manifestaciones pacíficas convocadas a través de redes sociales, donde participaron jóvenes y familias en un ambiente lúdico y festivo. Las protestas incluían cánticos, actuaciones de clowns y acróbatas e incluso celebraciones de bodas, y se concentraban entre la Franja de Gaza e Israel.
Inicialmente, se reportaron mejoras en la salud mental de los participantes, en el sentido de un aumento de la esperanza y una capacidad de participación en movilizaciones sin precedentes. Se observaron mejoras en los estados de ánimo y en las respuestas al trauma, ya que el factor político es un elemento resiliente y protege frente a la violencia política.
Sin embargo, en marzo de 2019, los manifestantes y sus familiares sufrieron violencia en respuesta a su involucración en la marcha y se alcanzaron las tasas más altas de palestinos heridos desde las hostilidades de 2014.
En definitiva, trauma y resiliencia son conceptos que definen desde hace décadas la identidad palestina en Gaza, y cada vez con mayor frecuencia, la definen también en Cisjordania.
Hoy en día, resulta complicado abordar el estado de salud mental de una comunidad como la gazatí. Día a día la asfixia psicológica y de necesidades básicas y sociales es mayor. Por eso, estamos lejos de predecir el impacto psicosocial y clínico que acusará a largo plazo la población de Gaza.
Piro Subrat (Alcalá de Henares, 1990) resiste con un móvil de esos diminutos. Atiende una llamada y queda con alguien para venderle uno de sus libros: “¿Tendrás siete euros? Si no, tranquilo, que llevo cambios”. Dejó la carrera de Historia a medias porque muchas cosas estaban “estudiadas mal a propósito y la peña las iba repitiendo sin ningún sentido crítico”. Llegó a la conclusión de que podría sobrevivir sin tener aquel título el día que un colega le preguntó si creía realmente que podría morirse de hambre en Madrid. Dejar la universidad fue el impulso que necesitaba para ponerse a investigar y a escribir Invertidos y rompepatrias. Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español (1868-1982). El libro es una enciclopedia, un trabajo en el que se evidencian los kilómetros y kilómetros que ha hecho rebuscando en los archivos y en las memorias de activistas bolleras, maricas, travestis. Al apagar la grabadora seguimos hablando de las dificultades de la investigación histórica y él, un tipo tierno y tranquilo, reconoce que trabaja siempre con mucho cuidado. Si alguien no quiere participar, él no insiste. El libro ha recibido muy buenas críticas, pero hay algo que es especialmente importante: las y los protagonistas se reconocen en el relato. “La peña que lo ha vivido me ha dicho que chapó”. A pesar de las 568 páginas, a él le sabe a poco aunque ya no le daba la vida. Gran parte del libro está centrado en la transición, una época de gran fragmentación política.
Solo hacer el mapa de todos los colectivos habrá sido una odisea.
La transición, o transacción como dicen algunos, es un tema que me gusta desde hace muchos años, pero, sí, es complicado. A veces me encontraba con partidos y pensaba: “¿Quién es esta peña?”. Buscabas y no salía nada, así que he tenido que ponerme a preguntar hasta que me decían: “Sí, eran las juventudes de no sé qué partido”. A veces encontraba una pegata descontextualizada ahí entre mil anuncios.
Dices que se dan explicaciones históricas mal interpretadas a posta. ¿Es eso más evidente a la hora de contar la historia de los movimientos LGTB o del feminismo?
Sí, aunque la historiografía feminista no la conozco tan en profundidad. Me imagino que habrá habido un proceso parecido al de la historiografía LGTB porque hay un proceso parecido en muchas cosas. La historiografía LGTB empieza a originarse a finales de los 90, en un momento triunfalista del movimiento: la aprobación de las parejas de hecho hasta el matrimonio igualitario. Hay tendencia a generar el relato como si fuera una línea temporal totalmente recta, sin ninguna curva, una historia que va desde las luchas contra la ley de peligrosidad social hasta la aprobación del matrimonio igualitario, obviando que siempre había habido grupos que no estaban a favor de la integración. Hay excepciones, pero la historia está escrita por peña de las altas esferas del movimiento LGTB, muy vinculadas al PSOE, y han obviado tendencias políticas radicales, el papel de las lesbianas y, de manera extrema, el papel de las travestis poniéndolas, como mucho, como un adorno decorativo de las manifestaciones de la transición.
Es habitual asegurar que las lesbianas, debido a la invisibilidad a la que solemos estar relegadas, no sufrieron represión durante la dictadura franquista.
Ahora empiezan a aparecer obras que cambian esa idea porque, sí, sufrieron represión. Era otro tipo, no tan pública, distinta a la que pudieron sufrir los gais masculinos o las travestis. Falta mucha memoria. Amanda Klein, una militante del Movimiento Comunista de España y del movimiento de liberación homosexual, es la madre política del movimiento homosexual, la persona que introduce los análisis marxistas y es muy desconocida. Ella no ha querido pasar a la historia con su nombre legal solo se sabe que que firmaba como Amanda Klein. Creo que era catalana, pero vivía en Francia, es todo lo que he podido saber. La historiografía feminista la ha obviado porque, y no me he leído todo lo que se ha publicado, está muy intervenida por el Partido Socialista. Lo que se sabe está muy centrado en el feminismo de la igualdad y se han dejado de lado investigaciones que serían muy interesantes. La historia de Mujeres Libres la ha hecho una peña muy concreta vinculada al anarquismo, gente que ha conocido personalmente a las últimas militantes. La histora está muy centrada en las feministas burguesas, algunas bastante conservadoras, por cierto.
¿Qué puede aportar la memoria a la resolución de los conflictos y a las tensiones que tenemos hoy?
Mi libro, y más investigaciones, claro, demuestran que había una alianza muy importante entre los grupos feministas y el movimiento gay, utilizando la terminación de la época. Un movimiento en el que había una gran cantidad de travestis y transexuales, utilizando también la terminología de la época. Travestis eran consideradas las que no estaban operadas.
Había grandes alianzas. En los 70, te encuentras también a feministas en contra de la ley de peligrosidad y rehabilitación social porque afectaba a las mujeres. Además del delito de adulterio, podían meterte la ley de peligrosidad social por abandono del hogar. Esa ley penalizaba también la prostitución. Había un debate sobre el trabajo sexual en ese momento, pero creo que más tendente a estar a favor. Había grupos feministas en las coordinadoras de marginados, espacios básicamente compuestos por la peña a la que aludía esta ley.
Ahora son algunas feministas lesbianas las que están haciendo políticas en contra de la peña trans. La lucha de reforma de la ley de peligrosidad social estuvo, en gran parte, protagonizada por travestis. Fueron las que se llevaron muchas hostias en las manis y fueron las que sufrieron mucha represión más tarde en las redadas. Estuvieron ahí dando el callo hasta que se despenalizó la ley. Bueno, una parte porque la ley continuó hasta 1995. Luego esta peña fue la que menos se benefició de la reforrma porque siguieron siendo marginalizadas y represaliadas. Fueron las que menos beneficios obtuvieron de las luchas de los años 70 y, joder, que ahora se estén haciendo políticas en contra de lo trans, me parece que es una gran desmemoria.
En los 70 había ciertas tensiones también entre algunas compañeras maricas que preferían que las mujeres trans no tuvieran un rol de tanta visibilidad en las protestas.
Sí, sí. Eran muchas y estaban en una situación de marginalidad muy grande. Las manis y las protestas les interpelaban impresionantemente. Además, también tenían cierta organización informal, que de esto no se habla tanto. Al final las chavalas travestis de la época entrevistadas son muy pocas. Ahora un colega acaba de encontrar a una, pero la mayoría están muertas o ultrafuera. En Barcelona se ha hablado mucho con Silvia Reyes, pero es una persona que ha aparecido relativamente hace poco. Estaban organizadas entre ellas porque se conocían de verse en Las Ramblas practicando la prostitución o donde fuera en Madrid o Bilbao. Tenían redes informales de apoyo, iban en bloque a las manifestaciones porque eran las que más necesitaban que se derogase esa ley. Era una ley que tenía un sesgo de clase muy grande, de esto se ha hablado poco hasta ahora. A la peña que tenía pasta o era de clase media no se la aplicaban o salían sin cargos. Afectaba mucho a la peña pobre y evidentemente a las travestis. Ahora se empiezan a ver los archivos porque ponen trabas si no han pasado 50 años. En muchos aparecen como si fueran tíos. Si no hay, por ejemplo, un atestado policial en el que digan “se la conoce como sé qué…” o una foto, tampoco podemos saber quiénes eran.
Me da la sensación de que las personas trans desaparecen del activismo después de la transición
El movimiento en general dio un bajón muy grande cuando se derogó la ley de peligrosidad y rehabilitación social, pero no lo dejó todo el mundo. En Valencia, por ejemplo, la peña siguió vinculada al activismo hasta el final de sus días.
Tanto los archivos como la memoria pueden llevarnos a confusiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los materiales que ibas recopilando?
Cuando manejas un documento histórico, no lo puedes dar al cien por cien como verídico porque hay intereses políticos detrás. He encontrado tres documentos que decían cada uno una cosa diferente del mismo hecho y, al cotejar con una nueva fuente oral, te dice otra distinta. Son procesos muy complejos y algunos archivos son de acceso complicado por la ley de protección de datos, por el desorden o porque se han perdido algunos de ellos. He intentado no tener mucha relación con las instituciones porque mi experiencia no es buena ni en la hemerotecas municipales ni mucho menos en la Biblioteca Nacional. Me parece un horror. No pude acceder a material anterior al año 59 porque no tengo el carnet de investigador, así que en ese punto me tengo que joder. He utilizado muchos archivos autogestionados gracias a que vengo del activismo. No es una investigación académica porque quiero hacerme guay y obtener lo que sea sino que es una investigación por activismo. Eso me ha abierto algunas puertas.
¿Y cuáles te ha cerrado?
Se me han cerrado las puertas institucionales porque no tenía un profesor ni una licenciatura detrás ni nada de eso. Creo que la mayor parte del material que hubiera podido encontrar en archivos institucionales, lo he encontrado de otra manera.
Ha sido una relación compleja la de la izquierda con los movimientos LGTB.
Sí, ha sido compleja, porque se viene de una homofobia muy grande. Yo creo que empieza a cambiar a partir de Mayo en el 68 y de la revuelta de Stonewall. Hay que tener en cuenta que la izquierda, en el amplio significado de la palabra, es una fuerza de cambio muy importante en la transición. La mayor mayor parte de la izquierda apoya la reivindicación del movimiento, dan la cara en las manifestaciones, dan la cara en el Congreso de los Diputados, más o menos, y dan la cara en muchos actos poniendo DNIs para que se hicieran manifestaciones firmadas con el partido o con el sindicato de turno. Eso hay que tenerlo en cuenta: la izquierda respondió mayoritariamente bien a las reivindicaciones.
Piensa que en ese momento se pensaba que incluso se podía acabar con el capitalismo. Mucha peña de movimiento pertenecía también a partidos, sindicatos y organizaciones más de base. Creo que se respondió bien excepto algunos grupos muy concretos. Principalmente los vinculados a la CNT del exilio o al marxismo más estalinista, que ya sabemos que la libertad sexual no es algo que les haya gustado nada a nivel histórico. Incluso podríamos conectar aquello con cierto grupo de la actualidad, pero en general la respuesta fue buena. Eso no quita que no hubiera fricciones, que no estuviera un partido a la vez apoyando una manifestación y que luego estuvieran diciendo mierdas homofóbicas en un mitin. La cosa cambia un poco en los 80 porque hay una despolitización general. Gana la reforma pactada, luego [el golpe de estado de] Tejero…, y todos los movimientos, se van un poco abajo. Y ahí ya está el PSOE a tope infiltrándose en los movimientos hasta la actualidad, que sigue estando superinfiltrado, por ejemplo, en la FELGTB [Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales]
¿Y cuál es la situación ahora?
Los grupos más cercanos a la base, los no parlamentarios, los grupos anarquistas o autónomos creo que sí que tienen este tema bastante presente. Sigue habiendo tensiones, pero creo que en general la relación ahora mismo es de bastante cercanía. Sí que tenemos el problema de los grupos tránsfobos y de algún sector que viene del marxismo, que está teniendo estas políticas, pero creo que salvando esto… la peña en general de izquierdas es bastante cercana a las propuestas que hacemos. Creo que también, debido a la crisis económica y a que el mito de la transición se ha venido abajo, el activismo disidente sexual y de género cada vez está más radicalizado. Hay más peña pendiente de propuestas radicales, la hegemonía que ha tenido la FELGTB lleva años rompiéndose. Pertenezco también a esos grupos, no estoy aquí hablando desde el erudito que investiga. Hay más tendencia a acercarse a estas ideas radicales porque el movimiento LGTB de toda la vida está dando una respuesta bastante tibia a la situación.
¿Se tendía en la transición a aglutinar más?
En la transición hay un momento en el que se pensaba que se iba a hacer una revolución de verdad, que se iba a acabar con el capitalismo. Al final no ocurrió. Entonces había que contar con la mayor parte de peña posible. Además, en los 70 hubo todo una teoría, que recorrió Estados Unidos, Europa y seguramente más lugares, que hablaba de la revolución de la peña marginada, de que los márgenes de la sociedad iban a organizarse. Esa teoría tuvo cierto eco sobre todo en entornos anarquistas. El nivel de implicación que hubo en la Transición no se ha conseguido más allá porque también el contexto de los últimos 40 años ha sido distinto. No parece tanto un contexto de cambio social, parece más de derrota, de ir resistiendo o lo que se pueda.
¿Te ha costado dar con testimonios?
Algunas personas piensan que su relato es una tontería aunque igual es oro puro, pero las jerarquías informales de mierda… A veces piensan que su relato no es importante porque no estaban a tope tal con el megáfono en la mani. También hay otra peña, mucha peña, que ha vuelto al armario de mayor y no quiere que su nombre se relacione con ciertos movimientos; o gente que no quiere que lo sepan en el trabajo o que lo sepa su familia.
¿Hay alguna historia de las que has rescatado que te haya impactado especialmente?
El asesinato de Francis en Rentería en el 79. Tardé años en encontrar una foto suya y la encontré gracias a una persona de Valencia porque Francis era Torrent y actuó en Valencia. Hace poco conocí a una persona de EHGAM (Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua) Gipuzkoa en Alcoy y me contó movidas muy interesantes en las que me hubiera gustado profundizar, pero no me dio la vida.
¿Por ejemplo?
Que tuvieron alguna fricción con la izquierda abertzale porque querían que se plantease el asesinato de Francis, a manos de un policía nacional, como parte de la represión al movimiento independentista. Algunas no lo veían y querían que se enfatizara que habían matado una travesti. La historia de María Isabel, por ejemplo, también me llamó la atención así que me alegro de que estés escribiendo el libro.
¡De tu libro pueden salir cientos!
De cada organización de la que he escrito se podrían sacar tropecientos libros, sí.
