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AnteayerSalida Principal

Barcelona fuera de juego: el espacio público secuestrado por el turismo

7 Diciembre 2025 at 09:55

Pasar por delante de algunos referentes turísticos de Barcelona, como la Casa Batlló, en el Passeig de Gràcia, puede resultar un acto inolvidable. Primero, evidentemente, porque se trata de una de las obras de Gaudí más reconocidas, perteneciente a su etapa naturalista y verdadero ejemplo de su genio como arquitecto de y para la burguesía catalana del momento; y, en segundo lugar, por la gran cantidad de personas que se agolpan en la puerta –futuros visitantes unos, curiosos y fotógrafos más o menos profesionales otros–que dificultan enormemente el paso de los peatones y de las bicicletas que recorren la acera y el correspondiente carril bici. Pero si el simple tránsito por esta parte de la ciudad es complicado para cualquier peatón, todavía lo es mucho más para aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional: en estos casos, la tarea pasa de ser inolvidable a ser imposible.

Hace mucho tiempo que las normativas obligan a dejar las fachadas de los edificios como espacios libres y seguros para que las personas ciegas puedan utilizarlas como guía para desplazarse por la ciudad, pero el reciente Código de Accesibilidad –Decret 209/2023, de 28 de novembre ligado a la Llei 13/2014 d’Accesibilitat aprobada por el Parlament de Catalunya, es aún mucho más claro al respecto. Además de esta obligación lógica y razonada, todas las calles han de disponer de diferentes elementos podotáctiles en el suelo con el objetivo de ofrecer orientación para transitar con seguridad por calles y plazas. No obstante, todos estos elementos son dificultados e impedidos por la Casa Batlló.

En la capital catalana, la Carta de Ciutadania. Carta de derets i deures de Barcelona reconoce, en su capítulo 1, el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones de accesibilidad universal para vivir dignamente. Esta cuestión debería reflejarse en el espacio público y es función del Ayuntamiento proteger de manera activa y de oficio este derecho. Así, si este se viera en algún momento afectado, tiene el deber y la obligación de notificar el incumplimiento a las partes afectadas y, si el hecho persistiera, sancionar e intervenir para eliminar cualquier elemento que incumpliese las normativas de accesibilidad vigentes.

El Ayuntamiento de la ciudad, por otro lado, cuenta con un buzón donde realizar denuncias, preguntas o consultas sobre diferentes tipos de situaciones que puedan afectar o interesar a la ciudadanía. Así, es posible requerir información, por ejemplo, sobre el sueldo de los diferentes concejales que conforman el consistorio o, como es el caso, si la Casa Batlló dispone de algún tipo de permiso que le permita ocupar y alterar la circulación de los peatones a su paso por las inmediaciones del inmueble y que contravenga las normativas de accesibilidad que prohíben ocupar los espacios de fachada para proteger los itinerarios de personas ciegas.

La misma Carta de ciutadanía antes citada indica que “todas las personas tienen derecho a relacionarse con la administración municipal de una manera imparcial y objetiva y (…) con transparencia y confianza legítima”, algo que no siempre sucede cuando se plantea una reclamación sobre un hecho como el que nos ocupa, pues el Ayuntamiento parece cerrar sistemáticamente incidencias que no se han resuelto, actuando sin la transparencia necesaria para que los vecinos y vecinas dispongan de la información concreta sobre las actuaciones relacionadas con sus quejas. Estos hechos provocan un gasto innecesario para la administración, ya que los vecinos y vecinas se ven obligados a trasladar la denuncia a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una acción superflua si el Ayuntamiento realmente estableciera una relación de transparencia y confianza con las personas que viven en la ciudad.


Barcelona
Extracto de la Resolución de la Sindicatura de Greuges sobre el derecho al espacio público y a la accesibilidad.

Este es el caso de la Casa Batlló y sus reiterados incumplimientos en relación con el derecho a la accesibilidad para personas con diversidad funcional por el espacio público que se encuentra ante sus puertas. Tras plantear, por parte de los autores de este artículo, el caso ante la Sindicatura de Greuges de la ciudad, esta ha constatado que no solo incumple las normas de accesibilidad teniendo conocimiento de ello, sino que, además, la ocupación del espacio público que realiza para su negocio la lleva a cabo sin ningún tipo de permiso municipal. Nos encontramos, por tanto, ante una apropiación indebida del espacio público en beneficio de una actividad privada de carácter turístico, con decenas de millones de euros de beneficios anuales según algunos medios de comunicación, además de ante el incumplimiento del más elemental de los derechos de la ciudadanía: la libre circulación por las calles y plazas de una ciudad y la garantía de la misma para la totalidad de las personas, independientemente de sus características físicas o sociales. El tan manido derecho a la ciudad, incluso desde una perspectiva de derecho positiva, es automática y sistemáticamente vulnerado.

La Gran Via como espacio de desposesión

Evidentemente, este no es el único ejemplo representativo de esta casuística, sino que, desgraciadamente, nos encontramos ante un mecanismo más común de lo que podríamos pensar. Con el objeto de poner de manifiesto cómo este proceso de usurpación del espacio público es altamente frecuente en la ciudad de Barcelona, se ha seleccionado un amplio espacio de la misma basado en dos características principales: su proximidad al centro turístico, comercial, simbólico y político de la ciudad y la presencia en sus inmediaciones de una alta concentración de equipamientos turísticos, principalmente hoteles. Entre las muchas localizaciones que cumplían estos dos aspectos se encuentra la Gran Via de les Corts Catalanes, específicamente el tramo entre la Plaza de Tetuán y el Passeig de Gràcia, precisamente cercano a dos de las obras de Gaudí más conocidas: la ya citada Casa Batlló y la Casa Milà o Pedrera.

En esta área existen un total de ocho hoteles: Casa Bonay, GrupHotel Gran Via 678, Gran Hotel Havana, Hotel Palace, Hotel Indigo, Hotel Granvia, Hotel Almanac y Cotton House Hotel, todos calificados entre cuatro y cinco estrellas, excepto el Granvia que solo tiene tres. Cabe recordar que la existencia de esta alta concentración de hoteles en esta parte de la ciudad responde a la deriva turística que tomó Barcelona a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, algo que ya se estaba gestando anteriormente, durante los años 70, cuando la ciudad buscó modificar su economía urbana, pasando de una centrada en la producción industrial a otra más orientada hacia el sector terciario, con la celebración de ferias y congresos como elemento principal.

La especialización turística de la ciudad es más que evidente cuando se realiza una mirada a la estadística del sector. Mientras que en 1990 Barcelona solo contaba con un total de 118 hoteles, en 2024, tres décadas después, estos habían alcanzado la cifra de 442, un 375% más. Si hablamos de plazas hoteleras, estas han pasado de 18.569 existentes en 1990 a 77.068 disponibles en 2024, un incremento del 415%. Si nos referimos a visitantes, estos pasaron de 1,7 millones en 1990 a 7,9 millones en 2024. Los incrementos llegan al 464%, sin contar pisos turísticos irregulares o excursiones sin pernoctación. Un aumento tan significativo de visitantes altera inevitablemente las condiciones de vida de la ciudad anfitriona.

La falta de gobernanza en el turismo suele estar detrás del inicio de las dinámicas de turistificación, un proceso que podríamos entender como aquel mediante el cual todas las relaciones sociales en un espacio determinado pasan a estar mediadas por el turismo. Entre sus efectos se encuentra lo que David Harvey denominó “acumulación por desposesión”: la apropiación por parte del capital de recursos que antes estaban fuera del mercado. Esta forma de acumulación es evidente, a veces, en el sector turístico: la actividad vive de recursos ajenos, propiedad colectiva de la ciudadanía gestionadas por la administración bajo figuras públicas –playas, naturaleza, cultura, calles, aceras–. Este es el caso de la apropiación realizada por referentes turísticos como la Casa Batlló y por los hoteles de la Gran Via. Durante la investigación para este artículo, al menos cinco hoteles –Havana, Palace, Indigo, Almanac y Cotton House– ocupan irregularmente el espacio público frente a sus accesos siguiendo el camino trazado por la Casa Batlló.

Barcelona
Entrada del Hotel Índigo, en Gran Vía de les Corts Catalanes, en Barcelona.

La apropiación se materializa mediante la disposición de grandes maceteros, alfombras estetizantes o por la ocupación de la acera por vehículos de clientes en espera. Esta ocupación decorativa no funcional, destinada a añadir distinción, es una forma de acumulación por desposesión, pues los hoteles se apropian de un recurso común con el fin de ampliar sus beneficios. Y lo llevan a cabo, además, mediante el incumplimiento de normativas de accesibilidad, perjudicando la seguridad de las personas con discapacidad. Resulta evidente que, ante la inacción municipal, responsable de velar por el derecho a la accesibilidad urbana, algunas empresas relacionadas con el turismo más elitista parecen ocupar la ciudad palmo a palmo para beneficio privado.

Este quehacer de parte del sector turístico vendiendo lo que no es suyo no se limita a la apropiación de las aceras, sino que es mucho más extensivo. El caso de las terrazas de bares y restaurantes, sería otro ejemplo palmario que mostraría una de las vertientes más notorias, aunque menos señaladas y comentadas. Su habitual presencia nos ha hecho acomodarnos a la idea de que una ciudad es también un parque de mesas y sillas que ocupan el espacio de nuestra cotidianeidad. Ya ni las vemos. Sin embargo, como actividad social y económica, se encuentra basada en unos recursos, una materialidad, que no es suya, sino que es de todos.

Para finalizar…

La importancia del sector turístico en Barcelona es innegable: 14% del PIB y 16% del empleo. Cualquier planteamiento de gobernanza urbana debe garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental, evitando que la ocupación de esferas que no le pertenecen o lleguen al extremo de perjudicar la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo y, como ejemplo, el trabajo de campo breve realizado en el tramo estudiado de la Gran Via barcelonesa. Tal y como se ha intentado mostrar, los hoteles en él situados actúan como si la calle fuese un recurso propio, pese a ser bien público, y haciéndolo infringen una clara normativa autonómica y municipal que busca la inclusión de todas las personas y su acceso al derecho a la ciudad; un derecho que no debe y puede ser incompatible con actividades económicas.

La apropiación indebida del espacio urbano pone en riesgo un derecho internacional: la accesibilidad. Personas ciegas o con discapacidad deben poder disfrutar la ciudad sin arriesgarse. Sorprende, por tanto, la pasividad del Ayuntamiento ante prácticas visibles especialmente en zonas turistificadas.

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Huelga en Manantial Gestión (sector de la salud mental de la Comunidad de Madrid), con “plantillas extenuadas”

2 Diciembre 2025 at 12:19

La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

  • Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
  • Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
  • Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
  • Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
  • Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

  • Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
  • Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
  • Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
  • Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
  • Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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Cincuenta días de dignidad: la huelga que desafía a Gazc Sevilla

23 Noviembre 2025 at 12:33

Extraído de cnt.es

Han pasado ya cincuenta días desde que la plantilla de Gazc Sevilla S.L., empresa del sector aeronáutico, decidió plantarse. Lo hicieron el 6 de octubre, convocando una huelga indefinida bajo las siglas de CNT Sevilla. Medio centenar de jornadas después, el pulso sigue firme, sin visos de acuerdo y con una certeza: “Los ánimos no decaen. Estamos más unidos que nunca y haciéndole frente a la empresa”, asegura Jesús, uno de los trabajadores en huelga.

La chispa saltó tras meses de incumplimientos: categorías profesionales ignoradas, recortes ilegales en el abono de vacaciones, imposiciones en el calendario y pérdida progresiva de derechos. “Siempre hemos estado en triple turno, con noches muy mal pagadas porque el convenio nos deja vendidos. Las tardes son horrorosas y la empresa obliga, aunque digan que no, a echar horas extras”, denuncia Jesús.

La creación de la sección sindical de CNT en mayo fue la respuesta a una oleada de despidos y al hartazgo acumulado. La empresa, lejos de negociar, rechazó todas las reivindicaciones. La asamblea decidió entonces ir a la huelga indefinida con objetivos claros: reconocimiento de categorías, mejoras para quienes trabajan en nocturnidad, estabilidad en el empleo y fin de los recortes. “Si no tuviéramos esta caja de resistencia y el apoyo del sindicato, no hubiéramos aguantado 50 días como llevamos”, admite Jesús.

La dirección de Gazc Sevilla no ha movido ficha. “Ellos siguen aparentando que todo va bien, que sacan la producción, pero desde fuera se ve que no llegan. Están tirando de esquirolaje interno y externo, echando horas extras, dejando máquinas andando”, relata el trabajador. Incluso han recurrido a prácticas ilegales: “Ya los hemos cogido trabajando fines de semana, tenemos vídeos y denuncias en la Guardia Civil. Se exponen a sanciones”.

La empresa, que recibe cuantiosas ayudas públicas, prefiere asumir pérdidas, pagar seguridad privada —“22.000 o 23.000 euros al mes”— e instalar cámaras antes que atender unas demandas que los huelguistas califican de “modestas”. “No es por dinero, no ceden por orgullo. No quieren dar su brazo a torcer ante una huelga”, sentencia Jesús.

La huelga ha fortalecido la afiliación: de 20 a casi 40 trabajadores en la sección sindical. “La gente lo ha visto claro: el sindicato es una herramienta válida. Sin CNT, esto no sería posible”, afirma. La Caja de Resistencia y el apoyo de colectivos sociales como Barrios Hartos y Gente de barrio sostienen la moral alta. “Hay días buenos y malos, pero siempre hay compañeros que te levantan cuando flaqueas. Si uno está mal, otro va y lo anima. Así estamos aguantando”, confiesa Jesús.

El conflicto ha destapado también el papel de otros sindicatos. “UGT siempre ha estado del lado de la empresa. Nunca han conseguido nada para los operarios, solo para los de turno de mañana. Ahora han sacado comunicados contra nosotros, incluso cuestionando la legalidad de la huelga”, denuncia Jesús. “Siempre que levantábamos la voz, nos daban de lado. Esta vez no ha sido diferente”.

Las demandas son claras y concretas. “El acuerdo ideal pasa por dos puntos: un plus de 150 euros para compensar las horas extras que otros echan y nosotros no podemos, y vacaciones más flexibles para conciliar con la familia. Si en verano cierran tres semanas, que nos den una a elegir en otra fecha”, explica Jesús. “Si la empresa acepta eso, se puede llegar a un acuerdo. Pero no vamos a negociar a la baja”.

Para entender la magnitud del conflicto, conviene saber qué hacen estos trabajadores: “Realizamos mecanizado de piezas aeronáuticas. Somos el primer eslabón, el más importante, porque si nosotros no producimos, el resto no puede trabajar. Y somos los que peor estamos: tres turnos, noches mal pagadas y presión constante para echar horas extras”.

La pregunta flota en el aire. ¿Cuánto más puede durar? “Es cuestión de tiempo. Pero llegará el momento en que tengan que sentarse sí o sí”, asegura Jesús. Su predicción: “No creo que aguanten mucho más. Van tarde en las entregas y se exponen a denuncias. Yo creo que será antes de lo que muchos esperan”.

Mientras tanto, la huelga sigue marcando el ritmo en Gazc Sevilla. Una lucha que, más allá de las cifras, habla de dignidad obrera frente a la soberbia empresarial. Porque, como repiten en el piquete, “si no peleamos nosotros, nadie lo hará por nosotros”.

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Animalia Libertaria III: Un semillero de esperanza animalista

22 Noviembre 2025 at 12:30

Crónica extraída de la web de CNT-AIT Madrid

El crecimiento del movimiento animalista en Madrid tiene citas que ya son tradición. Este domingo, la tercera edición de Animalia Libertaria confirmó su consolidación como uno de esos encuentros imprescindibles donde la comunidad antiespecista no solo recauda fondos, sino que fortalece sus lazos. Con diez asociaciones beneficiarias, el mercadillo demostró cómo la solidaridad se traduce en acción concreta.

La mañana comenzó con el ajetreo característico de los voluntarios montando puestos, pero con una novedad significativa: la mayor diversidad de asociaciones participantes. Protectoras de perros, santuarios de animales de granja y colectivos de colonias felinas compartían espacio, creando un ecosistema completo de cuidado animal. En el puesto de «Soy Positivo», dedicado a gatos leucémicos e inmunos rescatados, una voluntaria explicaba: «Cada euro significa una ayuda para comprar pienso cada mes».

Uno de los momentos más impactantes llegó con la performance de Madrid Animal Save. Pusieron sus pantallas con un vídeo de los animales sacrificados en mataderos de dos minutos que, si lo veías, te recompensaban con un bono de 2 € de descuento en la comida/bebida del evento. La acción, breve, pero intensa, logró captar la atención incluso de los que ya llevamos tiempo difundiendo el antiespecismo.

La zona de comida vegana se convirtió en un punto de encuentro bullicioso y festivo. La oferta gastronómica ha evolucionado notablemente desde las primeras ediciones, con diferentes opciones caseras de 7 asociaciones diferentes junto a bebidas de proveedores ecológicos y veganos. Es un placer ver disfrutar a la gente sin que ningún animal pague con su vida.

Lo más valioso de esta edición fue quizás su capacidad para mostrar las diferentes facetas del movimiento. No solo se hablaba de adopción, sino también de justicia climática, consumo responsable y políticas municipales. Había fanzines de diversas temáticas con los que profundizar en diversas temáticas interseccionales que nos afectan en nuestro día a día.

Al finalizar la jornada, con las cajas llenas de donaciones y los teléfonos con nuevos contactos, los organizadores miraban satisfechos el resultado. Más que un mercadillo, Animalia Libertaria se ha convertido en ese espacio donde los que luchan por los animales cargan pilas, encuentran complicidad y recuerdan que no están solos en esta batalla. La cuarta edición ya se antoja necesaria.

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El movimiento Stop Cop City en Atlanta: Una historia de resistencia y represión

3 Diciembre 2025 at 10:06

Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois

El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.

Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.

El inicio del conflicto

Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.

Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.

La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).

Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista

El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.

Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.

El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.

Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.

Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.

Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.

Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.

Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.

El asesinato de Tortuguita

En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.

En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.

Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.

En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.

Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City

La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3 que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.

La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.

En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.

El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.

A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.

En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.

Represión y acusaciones

El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.

Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).

En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.

Stop Cop City everywhere”

Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.

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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city

2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.

3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.

4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.

5La web www.stopcop.city sigue siendo bastante activa

6En www.es.crimethinc.com/2024/02/07/stop-cop-city-por-doquier-resistiendo-los-centros-de-entrenamientos-policiales-en-todos-lados-con-un-informe-desde-lacey-washington podéis encontrar un mapa con todos los centros policiales que se van a construir.

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El Convenio de Acción e Intervención Social, en juego

2 Diciembre 2025 at 09:53

El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).

La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.

Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.

Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.

Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.

El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.

En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.

Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.

Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.

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La campaña ‘Altri Non’ continúa su lucha

4 Diciembre 2025 at 07:58

Hace algo más de un año, la multinacional portuguesa Altri anunció que pretende construir una macroplanta de celulosa junto al río Ulla en Palas del Rei (Lugo), con apoyo de la Xunta y con financiación europea. De salir adelante, además del impacto visual en un tramo del Camino de Santiago, la planta extraerá del Ulla 46 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo humano de una ciudad como Vigo, de los que devolverá 30 millones de litros depurados pero aún contaminados y a diferente temperatura. Además, expulsará a la atmósfera tanto dióxido de carbono como el que emiten 21.500 coches, junto a cenizas, partículas y otros gases elevadamente tóxicos.

Frente a esta noticia, todos los municipios entre Palas del Rei y la ría de Arousa, donde desemboca el Ulla, se han organizado en una campaña llamada ‘Altri Non’, que ha logrado el apoyo de la mayoría de las gallegas. Se trata de un movimiento popular, ecologista y de defensa de la tierra que, aunque puede recibir el apoyo de varios partidos políticos de izquierda, se organiza al margen de estos por parte de vecinas y activistas. En el último año han convocado manifestaciones masivas, recolecta de firmas, presentado alegaciones al proyecto, colgado pancartas por todas las comarcas, etc. y han logrado convertirse en una de las luchas más visibles de los últimos tiempos.

Hace unos meses, lograron su primera victoria: el proyecto de Altri no recibió los fondos europeos que solicitó, lo cual hace que su viabilidad peligre. La empresa, por su parte, asegura que cumple con todos los requisitos, culpa a la campaña de su fracaso y todavía no se da por vencida, por lo que las vecinas deben seguir alertas.

La tierra se defiende

‘Altri Non’ nos recuerda a varias otras campañas de vecinas que se organizan para defender su tierra de iniciativas empresariales que la pretenden destruir, como la lucha contra la construcción del embalse de Itoiz (Navarra) en los 80-90, liderada por la Coordinadora de Itoiz o el Nunca Mais(Galiza) en los 2000.

Si nos vamos a ejemplos más recientes, podemos encontrar el de Salvemos Canal Roya (Pirineo aragonés), que se oponía a la interconexión mediante túneles de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal. Después de una larga campaña con manifestaciones históricas en Jaca y Zaragoza, festivales de música y cientos de acciones de protesta, de recibir el apoyo mediático de sectores científicos, deportivos, de organizaciones ecologistas y sociales, pasando por miles de pancartas colgadas en pueblos y hogares de todo el Alto Aragón, en 2023 la Diputación de Huesca pidió la redistribución de los fondos europeos para otros fines. Es curioso cómo tantos de estos proyectos empresariales hechos a sí mismo encallan en cuanto no reciben jugosas subvenciones europeas.

También tiene motivos para el optimismo la campaña que se opone a la construcción de una filial del museo Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urbaibai (Bizkaia). A principios de diciembre de 2025, los promotores anunciaron la probable retirada del proyecto, que se ha encontrado con la oposición frontal de las vecinas de los municipios colindantes, por su impacto ecológico y la turistificación masiva que ya vienen sufriendo. Entre los motivos citados se encuentran las trabas administrativas, la contestación social, el coste político que puede suponer y el riesgo reputacional para el universo Guggenheim. Sin embargo, ésta no era la primera vez que intentan sacar adelante el museo (hubo un primera intento en 2008), por lo que nada impide que intenten volver a la carga de nuevo en 2027, tras las elecciones. Por ello, Guggenheim Urdaibai Stop permanecerá alerta.

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La lucha por la universidad pública en Madrid

1 Diciembre 2025 at 11:24

Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)

Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.

La situación en las universidades madrileñas

La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.

La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.

El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).

Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.

Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.

La situación en la UCM

El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.

Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.

Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).

A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.

Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)

A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?

Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.

Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.

El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.

Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.

El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.

¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.

Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.

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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.

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Carta abierta al ayuntamiento de Águilas

26 Noviembre 2025 at 11:37

Recientemente nos ha llegado a nuestro e-mail la intención del Ayuntamiento de Águilas de revocar el título de Hijo Predilecto de Águilas a Pedro Costa Morata.

Desde Ecologistas en Acción Almanzora Levante dejamos clara nuestra postura:
No entendemos la motivación ( si es que la hay ) de que unos políticos dediquen su tiempo, energía y recursos públicos a abrir un expediente con el único fin de repudiar públicamente a un vecino.

¿Por qué decimos “repudiar públicamente”? ¿Acaso no son los términos “hijo” y “predilecto” relaciones simbólicas que establece una comunidad con sus más fieles y desinteresados vecinos? ¿Qué clase de autoridad paterna cree necesario rechazar públicamente un vínculo que ella misma ha generado en un momento determinado? En definitiva: ¿Cuál es la motivación de este expediente público para con un vecino cuyo currículum ha contribuido a elevar el nombre de la ciudad de Águilas?

Todas estas preguntas nos hacen pensar que quizá la principal pandemia del siglo XXI, dado lo innecesario de este expediente, sea la mezquindad generalizada, y que probablemente estemos viviendo los mismos síntomas sociales que establece Leopoldo Alas en “La regenta”: esa malsana enfermedad social que consiste en elevar a un miembro de la comunidad a los altares para después disfrutar de su rechazo público.

El que Pedro Costa sea un baluarte o no del ecologismo es la cuestión más pequeña de todas: en sus 60 años de activismo, ha acercado y hermanado a todas las regiones y comarcas de España que se ha encontrado en su camino. Ha hecho suyas todas y cada una de las problemáticas humanas de la España rural, dando aliento a los oprimidos y defendiéndolos frente a los abusos de los poder con una destreza pasmosa y una valentía propia de un Espartero.

Lo más valioso de su obra ha sido generar y propiciar unas relaciones de admiración y respeto entre los vecinos y asociaciones de las distintas comarcas murcianas y almerienses.

Gracias a Pedro, cualquier problema que afecte a un vecino de Águilas, es un problema que un huercalense, un mojaquero o un pulpileño siente como de su propio vecindario.

Gracias a Pedro, hemos conocido todos los rincones de las Península Ibérica, a través de su extraordinaria obra literaria que sacraliza hasta el más recóndito de los bienes naturales, reverenciando los valores del paisaje español, valores que hoy no pasan de ser una mera cuestión de mercado para capricho de empresas y arbitrariedades políticas.

Pedro Costa no necesita las fanfarronadas institucionales de ser “Hijo Predilecto de”. Es hermano de todos nosotros, todos los que habitamos al abrigo y aguardo de las accidentadas cordilleras ibéricas. Y sabemos que, sin conocerle, podemos contar con su apoyo incondicional.

Ecologistas en Acción Almanzora Levante

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Las contradicciones fundamentales del capitalismo rentista

19 Noviembre 2025 at 23:46

Por Javier Gil. Este artículo, extraído de Zona de Estrategia, es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:
cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).

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Socavando la montaña mercantilizada

18 Noviembre 2025 at 00:26

Por Juan Cruz López, editor de Piedra Papel Libros. Extraído de El Salto

Lo hemos visto en demasiadas ocasiones: decenas de montañeros haciendo cola para poder coronar una cumbre de las que llaman míticas. O montañas de basura acumuladas en parajes alpinos que parecieran haber sucumbido a la pasión del ser humano por las alturas. Hablamos, claro, de los efectos secundarios del alpinismo bajo el régimen del capitalismo de pantallas.

Lo hemos visto por la televisión o en nuestros teléfonos móviles, pero no hace falta ir muy lejos para darse cuenta de hasta qué punto las dinámicas sociales del capitalismo han permeado la práctica de los deportes de montaña en la actualidad. Depredación del medio ecológico, turistificación de entornos naturales, proliferación de rocódromos vinculados a grandes grupos empresariales, deportivización extrema… Y junto a todo lo anterior, la casi obligada exhibición del logro, la integración del éxito deportivo en el branding personal que favorecen las redes sociales y la búsqueda de una anhelada singularidad que, por un lado, corroe los vínculos humanos y, por otro, nos desconecta de toda la otredad que atesora la montaña.

Una tónica generalizada en la mayor parte de los deportes, sobre todo en los que se practican individualmente, y que se replica, al menos en lo que tiene que ver con la explotación de la marca personal y la búsqueda desesperada de una singularidad exclusiva, en aquellos entornos cerrados destinados a la optimización del cuerpo y la mente, ya sean gimnasios, spas o retiros espirituales.

Y es que, a día de hoy, la práctica deportiva y el cuidado del cuerpo, se diría que junto a la psicología positiva y el coaching, se han convertido en dos elementos clave en la producción de una subjetividad que contribuye a la fragmentación social, la individualización de las problemáticas sociales y su patologización; una subjetividad que, a partir de lo anterior, pareciera relacionarnos con el mundo exterior a través de una manera de vivir compuesta de sucesivas experiencias de consumo. Porque sí, la montaña también puede ser consumida, y al menos para algunos lobbies empresariales, debe serlo sin cortapisas, ya que se la explotación de los entornos naturales ha de ser un elemento de primer nivel en la reestructuración de la industria de servicios que ha de sostener la nueva fase del capitalismo verde.

Sin embargo, y como casi en todos los ámbitos de la sociedad, también en la práctica del alpinismo y la escalada hay voces disidentes. El pasado 19 de junio, por ejemplo, en una mesa redonda organizada por Piedra Papel Libros en la sede madrileña de la Fundación Anselmo Lorenzo, se dieron cita varios colectivos para hablar de montañismo desde una óptica anticapitalista y eminentemente libertaria. Entre estos colectivos, la Unión de Grupos Excursionistas Libertarios de Madrid, que podría considerarse heredera de aquellos grupos anarquistas que antes de la Guerra Civil hacían de la conexión con la naturaleza una herramienta clave para la autoemancipación de la clase trabajadora, apuesta por un modelo de alpinismo y escalada que, al mismo tiempo que fomenta una práctica desmercantilizada y anticompetitiva, contribuye a volver a conectar el alpinismo con el legado de valores revolucionarios asociados al anarquismo ibérico.

Precisamente, esas genealogías militantes, más concretamente, aquella que conecta a los colectivos anarquistas de montaña de la actualidad con los grupos naturistas y excursionistas libertarios de principios del siglo XX, se pueden rastrear, aun de manera parcial, en La bandera en la cumbre, de Pablo Batalla Cuesto, autor también de La virtud en la montaña. Vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista.Hablamos de dos libros que forman parte de una fecunda cosecha editorial en la que también podemos citar algunas obras importantes y arriesgadas, como Alpinismo bisexual y otros escritos de altura, de Simón Elías, Escalantes e Ingrávidas, de María Francisca Mas Riera, o Cartografías nómadasQuebrantahuesosLa montaña apócrifa y Fin de cordada, de Olga Blázquez, responsable también del blog Antecima Anticima, donde se pueden leer y descargar gratuitamente algunos trabajos bien interesantes como Sociología del trabajado asociado al montañismo.

Nos encontramos, pues, en un momento donde la progresiva mercantilización del alpinismo y la escalada está siendo contestada, tanto a nivel teórico como práctico, por una pequeña constelación de grupos cuyo trabajo está abriendo nuevas vías de oposición al modelo hegemónico. Rocódromos autogestionados, colectivos anticapitalistas de montaña, grupos excursionistas de inspiración ácrata, libros y fanzines, encuentros y jornadas… No son pocos los proyectos e iniciativas que desde distintos ámbitos están planteando alternativas reales.

Esperemos, por supuesto, que este movimiento vaya creciendo en los próximos años, multiplicando esas voces disidentes y evidenciando que es posible intervenir en una arena política ―la del deporte― hasta hace bien poco pretendidamente desconflictivizada. Estaremos atentos.

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Hacia la emancipación de los cuerpos trans: conceptualizando el trans-anarquismo

17 Noviembre 2025 at 00:41

Este texto, escrito por Bruno Latini Pfeil y Cello Latini Pfeil, fue publicado por primera vez por la Biblioteca Anarquista Lusófon en 2023. Traducción desde el original en portugués por Tía Akwa

En este ensayo, buscamos reflexionar sobre los entrelazamientos entre transexualidad, anarquismo y crítica a la cisnormatividad. Lejos de basarnos en un supuesto esencialismo sobre «ser trans» o «ser anarquista», concentramos nuestro estudio en una crítica, trans y anarquista, a la patologización y marginalización de la transexualidad y a la naturalización de la cisgeneridad. Señalamos que las organizaciones trans se valen de estrategias políticas alineadas con principios anarquistas – tales como acción directa, autodeterminación, apoyo mutuo, violencia revolucionaria e indivisibilidad de la libertad –, y que los movimientos anarquistas comúnmente reproducen violencias racistas/sexistas, en desacuerdo con los fundamentos de solidaridad y negación de la autoridad. A pesar de tal postura contradictoria, defendemos que los conceptos anarquistas fundamentales se muestran necesarios en las luchas por la emancipación trans. Así, reforzamos la conceptualización del trans-anarquismo, a partir de la identificación del sesgo inherentemente libertario de los movimientos trans por despatologización de la transexualidad, desnaturalización de la cisgeneridad, combate a la opresión intelectual y oposición a la dominación del Estado y sus instituciones.

TRANS-ANARQUISMO COMO CRÍTICA A LA OPRESIÓN INTELECTUAL

Es el reconocimiento de una incomodidad, raramente designada como tal, lo que motiva la escritura de este ensayo. Es la incomodidad ante cierta postura, que precede al contenido y lo determina, lo que genera confort o desplazamiento. El desplazamiento que suscitamos gira en torno a la cisnormatividad[1] y sus atravesamientos en corporalidades trans y disidentes de género[2]. Por medio de la institucionalización de la cisnorma, ocurre la disciplinarización de la transexualidad, su histórico de patologización y sus revueltas ante la autoridad institucional.

En tal institucionalización, destacamos la operacionalización de la autoridad científica, bien señalada por Paul B. Preciado (2019) en su célebre discurso “Yo soy el monstruo que os habla”. En él, el autor invitó a un auditorio lleno de psicoanalistas a reconocer las atrocidades defendidas en psicoanálisis y psiquiatría sobre el tratamiento, o la clínica, de la transexualidad; condujo a una tradicional escuela francesa de psicoanálisis a reconocer las violencias institucionales que atraviesan cuerpos trans en sus posibilidades discursivas:

Yo, como un cuerpo trans, como un cuerpo no binario, al que ni la medicina, ni la ley, ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría reconocen el derecho de hablar con conocimiento especializado sobre mi propia condición, ni la posibilidad de producir un discurso o una forma de conocimiento sobre mí mismo. (PRECIADO, 2019, s.p.)

Preciado enfrentó el conservadurismo psicoanalítico que aún comprende la transexualidad como rasgo narcisista, o como característica de la psicosis, o como expresión contemporánea de histeria. A pesar de oponerse a posturas de la ciencia moderna, el psicoanálisis se forja en el seno de la misma, de modo que reproduce muchos de sus discursos universalistas. Traemos el ejemplo de Preciado porque es justamente en esa posición discursiva en la que nos encontramos: al oponernos a las ‘verdades’ de la ciencia moderna, e identificar la construcción histórica de la monstruosidad, del ‘Otro’, Preciado invierte los roles – se comprende en el lugar de la figura patologizada por los manuales diagnósticos, y elabora una crítica a la modernidad y sus artimañas. El cuerpo diagnosticado, patologizado y silenciado se coloca en posición de enunciador, se autodetermina y reduce el diagnóstico a un agregado de palabras cuya relación de sentido denuncia su carácter [cis]normativo.

Así, la crítica de Preciado al psicoanálisis no se limita a un único campo de saber, sino que se amplía al saber biomédico legitimado por las universidades occidentalizadas (GROSFOGUEL, 2016), las referidas máquinas de producción de conocimiento de la modernidad. Tal saber biomédico institucionaliza una dicotomía entre sujeto-investigador y objeto-investigado, pautando una jerarquía de saberes; o, como define Santos (2007), una monocultura del saber.

“Yo soy el monstruo que os habla”, enunció Preciado, y aquí enunciamos: yo soy el monstruo que os escucha. Individuos trans tuvieron, durante la recurrente historia del diagnóstico ‘transexual’, que escuchar a sujetos cis, en su mayoría blancos y heterosexuales, en sus elaboraciones sobre la ‘verdad’ de la transexualidad. La cisgeneridad históricamente ocupa espacios donde se elaboran diagnósticos, categorizaciones clínicas sobre disidencias sexuales y de género, entre las cuales destacamos la transexualidad. Tal como Preciado, nos sentimos inclinados a ese lugar de monstruosidad, pues es esa posición la que la transexualidad, mientras categoría diagnóstica, ocupó y actualmente ocupa. Tal es el escenario ofrecido a cuerpos disidentes de género en la academia, y es por posicionarnos contra esa y cualquier otra forma de violencia institucional que adoptamos, como referencial teórico, el pensamiento político anarquista.

La ‘anarquía’ contraría el imaginario de que las sociedades exigen naturalmente un regimiento estatal que las organice. Todo Estado, independientemente de su configuración, opera por medio de la imposición de la autoridad. La preocupación primordial de cualquier organización gubernamental es la preservación de su soberanía. Contraponiéndonos a cualquier imposición de autoridad, cuestionamos el rol de instituciones que se vuelven, en determinados momentos, a grupos sociales marginalizados en cuanto a la disidencia de género – o, como consta en la undécima edición del Código Internacional de Enfermedades, a la ‘incongruencia de género’.

Así, por medio de un referencial teórico anarquista, demostramos la intersección entre el anarquismo y las críticas a la cisnormatividad, de modo a elaborar lo que comprendemos como trans-anarquismo.

Elis L. Herman (2015), en su artículo Tranarchism: transgender embodiment and destabilization of the state, estudia la literatura tranarquista, que serían estudios asociando transgeneridad con anarquía. Herman discrepa de una asociación esencialista entre ser trans y ser anarquista, argumentando que, para ello, sería necesaria una definición única de transgeneridad – algo inviable ante las plurales existencias trans. Con todo, hay que reconocer el carácter transgresor y disruptivo de la disidencia de género, así como de la histórica resistencia a las violencias del Estado. Como escribe Herman (2015, p. 78) “La persona no conforme al género ha tenido una rica historia de resistencia por a la opresión estatal”. Nuestra asociación de anarquía con transexualidad no se reduce a un esencialismo, pues parte de la identificación, en la materialidad de organizaciones trans y de saberes trans contrahegemónicos, de importantes principios anarquistas – tales como acción directa, autodeterminación, apoyo mutuo, defensa invariable de la libertad y oposición a la opresión intelectual.

En una crítica anarquista a la ciencia institucionalizada, tenemos que el señalamiento de la cisnormatividad, dentro o fuera de la academia, toca el núcleo del rechazo libertario a la opresión intelectual (BAKUNIN, 1975). Al adentrarnos en la academia y reconocernos como sujetos de investigación; al producir un saber que reconoce la cisgeneridad y la restricción, nos valemos inherentemente de un posicionamiento libertario, de disrupción de la norma. Elaboramos, entonces, el trans-anarquismo como una ampliación del alcance del saber libertario, como el reconocimiento de los movimientos trans que se posicionan contrariamente a toda forma de violencia institucional y la combaten cotidianamente.

Para conceptualizar trans-anarquismo, es importante que se comprenda nuestro objeto de crítica – a saber, el saber institucionalizado sobre transexualidad –, así como nuestra proposición – que se reconozca la naturalización de la cisgeneridad dentro del pensamiento anarquista, así como la actuación de movimientos trans autónomos en nuestro contexto histórico y territorial. Buscamos identificar una laguna en las teorizaciones anarquistas con relación a los saberes trans, y proponemos que tal laguna sea llenada por la elucidación de un trans-anarquismo.

LA DESIGNACIÓN INSTITUCIONALIZADA DE LA TRANSEXUALIDAD

Al inicio del siglo XX, innumerables sexólogos, psiquiatras y psicoanalistas europeos y norteamericanos adoptan los términos transexualismo, travestismo, transexualidad para referirse a expresiones de género no-cisgéneras. A partir de la década de los 60, se nombra el fenómeno transexual, es decir, una supuesta emergencia de cuadros diagnósticos de transexualidad. Colocados como objetos de estudio, individuos trans tenían sus narrativas reducidas a la “condición transexual”; sus angustias, sus sufrimientos psíquicos y demás conflictos serían atribuidos a la transexualidad. Criterios para el diagnóstico de la transexualidad, o para su categorización, se establecieron por medio de tales premisas.

En otro trabajo, presentamos una historicización de este conjunto de criterios diagnósticos (PFEIL & PFEIL, 2022b). La patologización de la transexualidad tuvo un recorrido bastante datado y localizado: en 1978, se funda, en EE.UU., la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, responsable de publicar los Standards of Care (SOC). En 1980, la transexualidad es incluida en el Código Internacional de Enfermedades (CID), firmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y actualmente en su undécima versión. En este mismo período, la transexualidad es incluida en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM), firmado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y actualmente en su quinta versión. Hay diferencias entre los tres documentos: el SOC trata de cuestiones protocolares, defendiendo cirugías transgenitales como forma de tratamiento, así como procedimientos terapéuticos intensos; el CID-11 piensa la transexualidad como una incongruencia de género, contrastando con sus versiones anteriores, en que constaba el diagnóstico de ‘transexualismo’; el DSM-IV la aborda como un ‘Trastorno de Identidad de Género’ y trata de la identificación de la transexualidad en la infancia.

En su décima versión, el CID presentaba la transexualidad como el “deseo de vivir y ser aceptado como persona del sexo opuesto”. Ese deseo debería poseer datación. El individuo debería sentirlo por al menos dos años para, entonces, ser considerado verdaderamente trans. Actualmente, la definición no sufrió tantas modificaciones, pero la transexualidad dejó de ser un trastorno para ser una incongruencia. De todo modo, la disidencia de género, comprendida como incongruencia, continúa contrastando con una supuesta convergencia de género, es decir, aquello de lo que la disidencia está divergiendo.

Es interesante pensar que a la heterosexualidad, a la endonormatividad y a la cisgeneridad jamás se les atribuyó un lugar en el SOC, en el CID o en el DSM. Tales categorías no necesitan ser nombradas. Los códigos y manuales de medicina/psiquiatría producen la generificación en la medida en que estipulan qué cuerpos deben ser generificados, demarcados, y cuáles no necesitan ser mencionados, pues se camuflan como naturaleza. Los vínculos firmados entre sexo y naturaleza, heterosexualidad y función reproductiva, cisgeneridad – jamás mencionada o asumida – y biología serían tan solamente “un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre el otro” (PRECIADO, 2014, p. 26). Se naturaliza el cuerpo cisgénero y heterosexual, y las variaciones que de este derivan deben ser sometidas a la regulación institucional – comúnmente por medio de patologización. Se transforma el cuerpo contranormativo en aberración, en monstruosidad.

La designación monstruosa de la transexualidad puede ser percibida en ambulatorios trans. Aún que funcionen como dispositivos de acceso a la salud especializada, espacios coordinados exclusivamente por profesionales cisgéneros, sin participación dialógica con personas trans, reproducen invariablemente transfobias institucionales. El imaginario monstruoso de la transexualidad se reproduce en discursos médicos, siendo forzosamente impuesto a los pacientes: aquellos que no lo corroboran enfrentan impedimentos para ser aceptados en procesos transexualizadores; y aquellos que lo corroboran son acusados de reproducir las normas con las que desean romper. Los protocolos que rigen ambulatorios trans son tanto visibles como invisibles (BENTO, 2006); se expresan en burocracias y etapas evaluativas, de modo explícito, como también en miradas, comentarios sutiles, humillaciones y restricciones. Somos caracterizados como personas “[…] portadoras de un conjunto de indicadores comunes que las posicionan como transtornadas, independientemente de las variables históricas, culturales, sociales y económicas” (BENTO & PELÚCIO, 2012, p. 572).

De modo bastante frustrante, pero no imprevisible, tales espacios de salud se transforman en espejos de la cisnorma; ambulatorios trans se figuran como laboratorios de la cisgeneridad (PFEIL, 2019) – el transexual verdadero es aquel que refleja, en el máximo de instancias posible, lo que preconiza la cisnormatividad. El imaginario social desarrollado en torno a la transexualidad es de ambigüedad, al paso que el imaginario en torno a la cisgeneridad es de congruencia.

La caracterización mientras trastorno acompaña la historia de la transexualidad. De la misma forma, la no-nombración [não-nomeação] de la cisgeneridad acompaña su recorrido de naturalización. Se percibe, en ese escenario, una dinámica de nombración: ¿quién puede nombrar a quién? ¿Quién detenta el poder institucional, la autoridad científica y política, para nombrar?

Ese sujeto moderno se encarga de la autoridad de determinar a sí mismo como universal y de elaborar la figura del Otro, o, según Kilomba (2019), de la Alteridad. La Alteridad se inserta en la monstruosidad referida por Preciado. Podemos comprenderla como formada por la alterización, proceso observado por Toni Morrison (2019) en su obra El origen de los otros. Tal dinámica de nombración ocurre concomitantemente a una dinámica de no-nombrar. Siendo así, la conceptualización de la transexualidad en el CID-11 y el DSM-IV, manuales que corroboran institucionalmente discursos médicos fomentados hace tiempo por las universidades occidentalizadas, es respaldada por un imaginario social repleto de cultura, detentado en las manos de una blancura cisgénera y heterosexual. He aquí la traducción de norma en naturalización, acompañada por la producción de relaciones de poder institucionalizadas.

La academia que define qué es la transexualidad y la patologiza es la misma que se niega a reconocer el concepto de cisgeneridad – teniendo en vista que su emergencia se dio como iniciativa de despatologización, para anular el falaz antagonismo (PFEIL & PFEIL, 2022b) entre transexualidad y normalidad.

Marcan la nombración de ‘transexualidad’ y ‘cisgeneridad’ dos procesos históricos: la nombración del Otro por el sujeto universal, y la nombración del sujeto universal por el Otro (PFEIL; PFEIL, 2022a). Al paso en que la cisgeneridad nombra la transexualidad, sea mientras patología, rasgo perverso o comorbilidad delirante, la transexualidad, en contrapartida, se propone nombrar la cisgeneridad. Es algo que no ocurre mediante legitimación académica e institucional, sino mediante la revuelta de movimientos trans ante la patologización. Es en ese punto que identificamos nuestro sesgo libertario.

TRANS-ANARQUISMO COMO ESTRATEGIA EMANCIPATÓRIA

Para unos, el Estado es la representación del bien colectivo, del derecho universal, la cosa pública. La sumisión al Estado, la disposición de morir por él, significaría un acto sublime de devoción al colectivo, a la nación o a un ideal de “defensa de los valores”. La libertad de un individuo no dependería de la libertad de los otros, por el contrario – la libertad de los otros anularía la libertad de uno. El Estado sometería a su autoridad a los individuos de una sociedad para preservar su libertad y garantizarles seguridad. Esa perspectiva reproduce una idolatría al Estado, que De Moraes (2020b) nombra estadolatría: la incapacidad de concebir la vida sin el Estado, sin una instancia que nos gobierne. Con todo, como escribe De Moraes (2020a, p. 08), “todos los Estados funcionan a partir del derecho de matar”, incluyendo aquellos que adoptan un sistema de gobierno representativo, que se camufla detrás de la defensa de la democracia. La estadolatría, según el autor, se propagaría en las universidades occidentalizadas, consolidándose como una verdad no asumida – idolatramos el Estado, pero no lo sabemos.

El anarquista italiano Errico Malatesta comprendía que el anarquismo se sostiene fundamentalmente en la defensa de la libertad, impulsándonos a combatir todo lo que la restringe. Es anarquista aquel que se rebela contra la imposición de la autoridad – algo presente en el acto de autodeterminarse, como viven las personas trans. Para decirnos anarquistas, debemos unir la intolerancia frente a la opresión con “el amor por los hombres y con el deseo de que todos los demás tengan igual libertad” (MALATESTA, 2009, p. 7). La defensa de la abolición del Estado y del principio de autoridad está directamente ligada al hecho de que los anarquistas “son contra todas las formas de opresión de clase, sexual y racial, así como toda la manipulación política por parte del Estado” (ERVIN, 2015, p. 129), y se entienden favorables “de la amplia diversidad sexual, racial, cultural e intelectual, en vez de chauvinismo sexual, represión cultural, la censura y la opresión racial” (ERVIN, 2015, p. 147).

Nos corresponde realizar, todavía, un señalamiento sobre la cisnormatividad reproducida dentro de movimientos anarquistas. Anarquistas queer tejen críticas fuertes con relación a la reproducción de violencias de género dentro de ese campo práctico y teórico. Jeppesen & Nazar (2012) investigan las relaciones históricas entre anarcofeministas, anarcoqueers y el movimiento anarquista, y perciben tres movimientos: en el interior del anarquismo, feministas y queers desafían las normas de género vigentes y la reproducción de racismo, misoginia, transfobia; en el interior de grupos feministas y queer, denuncian la devoción al Estado, la estadolatría (DE MORAES, 2020a); en grupos antirracistas y anticoloniales, anarcofeministas y anarcoqueer comúnmente enfrentan discriminación. Así, las narrativas producidas por movimientos anarquistas feministas y queer experimentan una división – y menor diseminación – en relación con narrativas anarquistas cisnormativas, masculinas y blancas. Aún que no se pueda tratar del anarquismo como algo hegemónico, debemos asumir que, internamente a los movimientos anarquistas, se produce una hegemonía – de pensadores hombres, blancos, cisgéneros y heterosexuales que comúnmente reproducen normatividades y violencias racistas/sexistas. A despecho de su oposición vehemente a la autoridad del Estado y sus instituciones, se reproducen, en el seno de movimientos libertarios, dominaciones alineadas a la mantenimiento racista y patriarcal del Estado moderno. El anarquismo queer surge, entonces, en las décadas de los 60 y 70 como alternativa a ese direccionamiento contradictorio. En sus producciones artísticas y literarias, activistas del anarquismo queer señalan, entre otras cuestiones, para la consolidada narrativa histórica de la transexualidad.

Al identificar la historia de la transexualidad como forjada bajo miradas cisnormativas, por psiquiatras y sexólogos cisgéneros cuyas teorizaciones poseían aporte y legitimación institucional, queda nítida la relación entre los movimientos por despatologización y las críticas anarquistas al saber institucionalizado; entre la nombración de la cisgeneridad y la nombración de la violencia. No por acaso, es común que la reacción de académicos cisgéneros ante la nombración de la cisgeneridad sea como la reacción a una ofensa: negación, rebajamiento del concepto como ‘no científico’. Como mencionamos en otro trabajo (PFEIL & PFEIL, 2022a), esa reacción se asemeja a una recusa en abdicar de la universalidad, o de un aspecto naturalizado de sí. De la misma forma, al nombrar la estadolatría percibimos reacción similar, puesto que individuos estadólatras comúnmente se sienten ofendidos al tener su posición posicionada. A ese fenómeno, lo nombramos ofensa de la nombración (cf. PFEIL & PFEIL, 2022a).

La pretensión académica de producir un saber imparcial choca con las narrativas trans que ponen de manifiesto el sesgo de los diagnósticos que se elaboran sobre nosotros. Cabe, por tanto, una crítica anarquista a la ciencia institucionalizada. En su definición de qué es ser anarquista, Rocker se distancia de una utopía, del sueño de una realidad perfecta, y se acerca a la necesidad de buscar constantemente por la mejora de las condiciones de vida. Para él, el anarquista es “[…] una interpretación del pensamiento que se encuentra en constante progresión, que no se puede encerrar en cualquier círculo, a no ser que se quiera renunciar a él” (ROCKER, 2009, p. 4). De la misma forma, la producción de conocimiento no puede encerrarse en un círculo cerrado de individuos.

La ciencia universalista que forja la legitimidad de la autoridad gubernamental dirige el modo como personas trans son tratadas en ambulatorios y hospitales, en procesos transexualizadores, en tribunales y otras instancias. Si los gobernantes legitiman su posición de poder por medio de una legislación basada en sesgo científico, inferimos entonces que los profesionales de salud también legitiman su posición de poder por medio de un sesgo científico. La defensa anarquista de libertad es, así, contrariada, así como de igualdad – como escribe De Moraes (2020b, p. 68), “la plena libertad es incompatible con el racismo, la discriminación y la sociedad patriarcal, con el proyecto de la modernidad, con el capitalismo y la colonialidad”.

El sesgo científico legitima otras violencias institucionales, tales como las burocracias en procesos de rectificación de nombre y género, o operaciones policiales de caza a travestis. Hasta 2018, por ejemplo, para que un individuo trans brasileño rectificara nombre y género en sus documentos civiles, debería presentar legalmente informes psiquiátricos y psicológicos que atestaran su transexualidad. El Estado solamente reconocería como trans a los individuos encuadrados en los criterios de la patologización. Con relación a la violencia policial, tenemos la Operación Tarántula que, en 1987, se destinó a cazar travestis en las calles de São Paulo, bajo alegación de que estarían contribuyendo para la proliferación del VIH (CAVALCANTI et al., 2018). La utilización del crimen de “contagio venéreo de VIH” para acusar travestis y cazarlas demuestra el entrelazamiento entre la ciencia institucionalizada y el poder del Estado. O sea, lo que es verdadero para la ciencia también lo es para la legislación. Es a partir de la legitimación de ese saber falaz sobre transexualidad que demás instituciones gubernamentales se posicionan.

En ambos los escenarios citados, opera la Necrofilia Colonialista Outrocida (DE MORAES, 2020a) por medio del Estado y de sus instituciones. De Moraes conceptualiza la Necrofilia Colonialista Outrocida (NCO) en tres tiempos: necrofilia siendo el amor por la muerte; colonialista como herencia del colonialismo; y outrocida como el deseo por el aniquilamiento del ‘otro’ – que se designa por el cuerpo negro, indígena, trans, con discapacidad. La outremización (MORRISON, 2019) produce la Outridad (KILOMBA, 2019), siendo el outrocidio (DE MORAES, 2020a) la operacionalización del exterminio del otro. El objetivo de nombrar la cisgeneridad es exactamente escanar ese movimiento outrocida. Solamente el Otro posee un nombre: el trans, el negro, el indígena, la persona con discapacidad etc; solamente el Otro es marcado como alvo. El sujeto de la blancura y de la cisgeneridad, por otro lado, no es visto por las instituciones genocidas; no es transformado en alvo. Y si la NCO caracteriza, en la actualidad, el poder del Estado moderno, podemos afirmar que el Estado es inherentemente anti-trans, anti-negro, anti-indígena, anti-discapacidad, productor de Outridades y practicante de outrocidios.

La NCO sería, entonces, aquello que mueve el poder del Estado moderno: un anhelo colonial y, por tanto, racista y patriarcal, por la muerte del Otro. Es común condenar reacciones populares a la violencia del Estado como terroristas o prácticas criminales. Anarquistas comprenden el uso de la fuerza, todavia, por otro sesgo: “Queremos emplear la fuerza contra el gobierno porque éste nos tiene dominados por la fuerza” (MALATESTA, 2007, p. 56). La violencia revolucionaria es una forma de autodefensa contra las cotidianas investidas institucionales contra nuestros cuerpos, tal como ocurrió en las revueltas de la Cafetería Gene Compton (1966) y de StoneWall (1969) en Estados Unidos. Esas dos revueltas de personas disidentes de género contra fuerzas policiales desencadenaron innumerables movimientos trans revolucionarios alrededor del mundo. Si el Estado es la negación de la libertad, toda violencia que le es dirigida se constituye como autodefensa. He aquí la expresión de la violencia revolucionaria, organizada con base en acción directa y apoyo mutuo, y efectuada para garantizar la autodeterminación frente a la deslegitimación institucional.

En relación a corporalidades trans, la muerte social precede a la muerte física, en la medida en que el irreconocimiento de nuestras identidades, legitimado por el sesgo científico, desconsidera nuestras existencias. Somos aniquilados en la medida en que luchamos para existir, para ser y construir un lugar que no sea un no-lugar. Y esa lucha se pauta en acción directa – pues el Estado no se organiza de modo a reconocer nuestras existencias – y apoyo mutuo (KROPOTKIN, s.d.). Las tentativas de burlar ese mecanismo raramente son individuales; son perpassadas por redes de cooperación (PFEIL, 2020). La doble origen de la idea anarquista, según Kropotkin, se debruza en la crítica a la jerarquía y al autoritarismo, acompañada del elogio a organizaciones sociales y movimientos que nítidamente rechazan ambos los factores criticados.

Es en ese sentido que observamos la actuación del anarquismo queer, que denuncia la categorización de ciertas inclinaciones como normales (JEPPESEN & NAZAR, 2012). En la complejificación teórica de las vertientes anarquistas, organizaciones anarquistas crecieron mucho en virtud de movimentaciones de mujeres que, aunque comúnmente no se consideraran feministas, contribuyeron fuertemente tanto para el anarquismo como para las ideas radicales de emancipación femenina.

En encuentros anarquistas de la década de los 80 y posteriormente, hubo una diseminación de materiales asociados al pensamiento queer radical, alineados a la perspectiva política anarquista (JEPPESEN & NAZAR, 2012). Se percibe, así, que los movimientos de personas queer, trans y LGBTI+ de manera general surgen de fuera de los muros del Estado, fuera de instituciones, de aparatos gubernamentales coercitivos. Los dispositivos institucionales que actualmente se vuelven a personas trans, como, en Brasil, ambulatorios trans regidos por el Proceso Transexualizador, no operarían sin la presión de estos movimientos, y no se habrían mejorado, en el sentido de reproducir menos violencias institucionales, no fueran las denuncias colectivas de usuarios y activistas.

Nuestro direccionamiento libertario nos conduce a la confrontación del dominio del Estado, de las normatividades que restringen nuestras libertades, con la reivindicación continua de la autodeterminación. Pues que, como se ha escrito en otro trabajo (PFEIL, 2020), si la libertad de un pueblo es su capacidad de autogobernarse, la libertad de un cuerpo es su capacidad de autodeterminarse. La elaboración de trans-anarquismo no se trata, por tanto, de identificar algo como una esencia trans, o una esencia anárquica; se trata de identificar el aspecto anárquico de las estrategias de movimientos trans en confrontar el Estado – considerando que ser trans significa tener que enfrentarse con violencia del Estado y sus instituciones, en mayor o menor intensidad, invariablemente. Esa violencia institucional se traduce, en el escenario académico, en apagamiento histórico y exclusión; o en algo que Santos (2007) nombra como epistemicidio. En nuestro caso, se silencian narrativas trans sobre transexualidad, y se exaltan narrativas cisnormativas. Las consecuencias de eso se esparcen desde la elaboración de leyes antitrans hasta la demonización de cuerpos trans.

Comprendemos, así, que el sesgo científico respecto a la transexualidad produce silenciamiento. Los movimientos por la despatologización denuncian ese silenciamiento. No es de nuestro anhelo ‘pedir’ por libertad a sujetos incapaces de concederla y de comprenderla; sujetos enredados en la normatividad de tal forma que consideran amenazadora cualquier incidencia de desvío – “aquel que amarra es tan preso como aquel cuyos movimientos son dificultados por las cuerdas atadas” (PRECIADO, 2019, s.p.). Es incoherente pedir por libertad a aquellos que la reparten – Bakunin (1975, p. 26) explícitamente defiende la indivisibilidad de la libertad: “La libertad es indivisible: no se le puede suprimir una parte sin destruirla por entero”. La libertad de uno depende de la libertad de los otros. Nuestra libertad de autodeterminación depende de la libertad de cualquier persona trans en autodeterminarse. No es posible que una persona sea plenamente libre en su expresión e identidad de género mientras todas las otras no sean capaces de autodeterminarse en relación a sus cuerpos y expresiones de género. Y esto abarcando no solamente la transgeneridad, como cualquier marcador de sexualidad, territorialidad, identificación étnico-racial y corporalidad.

Bakunin argumenta que una academia revestida de soberanía no posee otro destino sino la corrupción moral e intelectual. La opresión intelectual, que toma el saber como posesión y privilegio, es una de las más crueles, pues determina que o se posee saber o no se posee, y lo que decide quién posee o no saber es un poder institucionalizado. Es contraponiéndose a esa academia, revestida de soberanía, que nombramos la cisgeneridad, la blancura, la corponormatividad, y demás artificialidades institucionalizadas como ‘naturaleza’. Es en el sentido del trans-anarquismo que tales nombraciones llevan consigo la potencia de la desnaturalización, hasta incluso internamente a los movimientos anarquistas.

Sugerimos, entonces, que cuerpos trans, al posicionarse contra las normatividades sistematizadas e institucionalizadas en forma de naturaleza, transgreden la Ley y la moralidad y demuestran su fragilidad. Al nombrar la cisgeneridad en espacios de producción de conocimiento – especialmente en los espacios que sirvieron como berce de la patologización –, confrontamos la opresión intelectual que nos empuja fuera de los muros institucionales. Del punto de vista teórico, si partimos del principio de que la cisnormatividad, como componente fundamental de la blancura, se sostiene en prácticas de opresión y violencia, percibimos no haber ideología que mejor contribuya para la emancipación de los cuerpos trans que el anarquismo, este método para alcanzar la libertad. Malatesta (2009, p. 04) define anarquismo como “el método para realizar la anarquía por medio de la libertad y sin gobierno, o sea, sin organismos autoritarios que, por la fuerza, aún que sea por buenos fines, imponen a los demás su propia voluntad”. He aquí la expresión de la cisnorma en ambulatorios trans, en el histórico de patologización y violencia policial contra cuerpos disidentes de género.

Si, como afirma Preciado, somos colocados en el lugar de la monstruosidad, que nos apropiemos de tal designación; que nos valgamos del trazo monstruoso para orientar nuestras elaboraciones teóricas; que la monstruosidad sirva como evidencia de singularidad, y que denuncie la artificialidad de las identidades modernas. Es en este sentido que defendemos la importancia práctica y teórica de una perspectiva transanarquista: que se oriente por el desmantelamiento de las naturalizaciones modernas/coloniales no solamente en relación a la cisgeneridad, como a los demás posicionamientos que se niegan a nombrarse.

Al igual que el anarquismo queer, surgido inicialmente en Europa y Estados Unidos, el transanarquismo reitera las críticas al propio movimiento anarquista, identificando, en el corazón de esta filosofía política, la reproducción de discursos cisheteronormativos. Considerando la imposibilidad práctica de defender las vidas trans y, por consiguiente, la autoridad del Estado como necesaria para la organización social, comprendemos que existen inclinaciones inherentemente libertarias en los movimientos trans, categorizadas, en la teoría política anarquista, bajo los conceptos de acción directa, ayuda mutua, federalismo y violencia revolucionaria; y comprendemos que la violencia institucional se reproduce en los movimientos anarquistas, lo cual, si bien puede parecer que excluye a los cuerpos trans de la «escena revolucionaria», solo contribuye a fragmentar los movimientos emancipadores: este es el separatismo observado por Jeppesen y Nazar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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CAVALCANTI, Céu; BARBOSA, Roberta Brasilino; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. Os Tentáculos da Tarântula: Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil Pós-redemocratização. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 38, n.spe 2, p.175-191, 2018.

DE MORAES, Wallace dos Santos. AS ORIGENS DO NECRO-RACISTA-ESTADO NO BRASIL – CRÍTICA DESDE UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL & LIBERTÁRIA. Rio de Janeiro: Revista Estudos Libertários, v. 2, n. 6, 2020a.

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GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Revista Sociedade e Estado, v. 31, n.1, 2016.

HERMAN, Elis L. Tranarchism: transgender embodiment and destabilization of the state. Carolina do Norte (EUA): Contemporary Justice Review – Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, v. 18, n. 1, 2015, p. 76-92.

JEPPESEN, Sandra; NAZAR, Holly. Genders and Sexualities in Anarchist Movements. In.: KINNA, Ruth (Org.). The Continuum Companion to Anarchism. Nova Iorque: Continuum International Publishing Group, 2012.

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. 1ª ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

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MORRISON, Toni. A origem dos outros: seis ensaios sobre racismo e literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

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ROCKER, Rudolf. Porque Sou Anarquista. Santiago de Compostela: CNV de Compostela, 2009.

SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007.

[1] La cisnormatividad es el término acuñado para describir la naturalización de la identidad cisgénero; su transformación en una norma considerada ideal. La identidad cisgénero es un término que se utiliza para designar a quienes se identifican con el género que se les asignó al nacer, a diferencia de las personas transgénero.

[2] Definimos la disidencia de género como cualquier experiencia de género que diverge de la cisnormatividad y la heteronormatividad.

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El Eko de Carabanchel moviliza a los movimientos sociales de Madrid para defender el espacio y resistir a la gentrificación

20 Noviembre 2025 at 23:17

El ESLA EKO, espacio okupado, liberado por la Asamblea Popular de Carabanchel en 2011, está en peligro de desalojo. En noviembre de 2024 un fondo de inversión compró el edificio por un precio muy bajo en una subasta y, desde entonces, se han sucedido las maniobras para tratar de expulsar de este edificio a los movimientos sociales y la asamblea que lo habitan. En agosto, la asamblea del espacio denunció el intento de entrada en el edificio de una escuadra aparentemente contratada para el intento de desokupación del EKO.

Con el objetivo de frenar ese intento de desahucio, la asamblea del espacio social convocó una manifestación el pasado 15 de noviembre, saliendo desde la plaza de Marqués de Vadillo. El comunicado de la convocatoria leía lo siguiente: “Queridas vecinas y compañeras, como sabéis hace un año el fondo buitre Midtown Capital compró el edificio de ESLA EKO. Hace 2 meses, el fondo buitre contrató la empresa de desokupación Home Back, para intentar desalojar el espacio. En aquella madrugada, colectivamente defendimos el espacio y en estos meses, vecinas y colectivos autogestionados nos habéis demostrado apoyo y solidaridad, participando activamente en la defensa del espacio.

Esta situación es uno de los síntomas del proceso de gentrificación que vive el barrio de Carabanchel, donde fondos buitres, las empresas de desokupación y la creciente represión policial consecuencias de las políticas fascistas y especuladoras de Ayuso & company amenazan la vivibilidad del barrio y expulsan a sus vecinas. ESLA EKO, con sus 15 años de historia, ha albergado innumerables actividades políticas, sociales y culturales generando incomodidad a estos intereses. Por este motivo, nos quieren eliminar y no hay mejor forma para hacerlo que a través de la especulación. Somos conscientes que esta situación es común a muchos barrios y espacios autogestionados y por esto creemos necesario empezar a movilizarnos conjuntamente. En un momento histórico donde la guerra y el avance de la extrema derecha son los protagonistas, defender los pocos espacios autogestionados y okupados es fundamental si queremos seguir tejiendo redes de apoyo mutuo e imaginando otros futuros posibles”.

Unas dos mil personas acudieron a gritar “defiende el EKO, defiende el barrio” y numerosas pancartas y banderolas dieron color a una tarde gris bajo la lluvia de Madrid. Una parada con espectáculo de fuego y después un trayecto a pie hasta el gran edificio que es el EKO. Allí, lectura de comunicado y despliegue de una gran pancarta con bengalas desde la azotea ponían fin a la manifestación, que vino seguida de un encuentro en el espacio.

Tal y como cuenta El Salto, el distrito de Carabanchel, que ha sido bautizado como el “Soho madrileño” por las revistas de tendencias, es uno de los exponentes más claros de la gentrificación de barrios hasta hace unas décadas populares, con tejidos asociativos fuertes y precios por metro cuadrado más asequibles que en zonas más céntricas y con poblaciones de alto poder adquisitivo». Por eso, desde el espacio se incide en que la manifestación no interpela únicamente sobre la defensa del Eko, sino que tiene que ver con la defensa de un modelo de ciudad distinto al que plantean “fondos buitre”.

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Apuntes históricos del antisionismo entre la comunidad judía

16 Noviembre 2025 at 22:44

Por Ángel Malatesta. Extraído de Regeneración Libertaria

La única apuesta para extirpar de raíz el sionismo globalmente es a través de organizar una oposición con enfoque de clase, anticolonial, y antiimperialista a nivel internacional. Para ello es fundamental que en el seno de la comunidad judía transfronteriza, se trabaje junto a organizaciones políticas en todo Oriente Próximo, donde el papel de la fuerza social de los trabajadores, y especialmente las mujeres y disidencias, tengan un rol primordial. Desde sus orígenes, la naturaleza del Estado de Israel es colonialista, genocida y de apartheid, siendo respaldada actualmente su existencia y acción de despojo y expulsión del pueblo palestino por parte de las potencias imperialistas con EEUU y Europa a la cabeza. El sionismo no es más que la puesta en práctica de esa ideología de terror y exterminio capitalista contra la humanidad, en esta ocasión con tintes ultrarreligiosos y racistas, queriendo reducir a la nada al pueblo palestino.

La causa palestina está, por lo tanto, unida a la lucha anticapitalista y anticolonial a nivel mundial a día de hoy. El sionismo, en tanto que fuerza absolutamente hegemónica en Israel defendida por el imperialismo y sus intereses estratégicos en Oriente, se ha convertido en una doctrina política que ha secuestrado al propio pueblo judío, y a toda la humanidad. Rastrear en la historia de la comunidad judía la oposición verdaderamente de clase e internacionalista que desde sus albores ha combatido al sionismo, marcan un camino indispensable para la construcción de esa lucha en la actualidad. El sionismo ha hecho bandera del antisemitismo frente a toda crítica a su proyecto genocida y, sin embargo, después del pueblo palestino, el sionismo tiene por principal enemigo a cualquier otro judío que no sea sionista. Utiliza el sufrimiento histórico del pueblo judío para legitimar un proyecto colonial opresor contra otro pueblo.

Origen del sionismo instalado en un proyecto nacionalista y colonial

El sionismo había nacido en Europa a finales del siglo XIX como una rama del nacionalismo moderno en el seno del judaísmo secular. Los estados-nación europeos rechazaron en sus proyectos políticos a comunidades sociales que no pudieran ser incluidas en ese ideal nacionalista, y por lo tanto se iniciaron fuertes opresiones hacia numerosos pueblos disgregadores de ese orden nacional. No todas esas comunidades han resistido conformando proyectos políticos hegemónicos que buscasen construir estados-nación opresores de otros pueblos. Sin embargo, en 1897 se funda la Organización Sionista Mundial, donde se aboga por la creación de un Estado nacional Judío, y apoyándose en la tradición judía y rabínica, comenzarán a desarrollar un proyecto político de migración hacia el territorio de la Palestina Otomana, y posteriormente el Mandato Británico de Palestina. Partiendo de que el pueblo judío conformaban una nación ancestral, se inicia como un proyecto colonialista integrado en el nacionalismo de su época, y por tanto, de un proyecto de dominación de las burguesías nacionales en pugna en el capitalismo. Se iniciaron las olas de colonización sionista, o «Aliyá» en su denominación hebrea, promoviendo asentamientos agrícolas con apoyo financiero de sionistas europeos. Alcanzarían su objetivo principal en 1948 con la creación del Estado de Israel como proyecto supremacista, y en la agenda del imperialismo capitalista como principal aliado y desestabilizador de Oriente desde la segunda mitad del siglo XX.

Estos grupúsculos sionistas fueron minoritarios inicialmente, y aprovechaban las situaciones violentas de pogromos antisemitas en Europa para justificar su proyecto nacional como una emancipación. Sin embargo, una mayoría de judíos europeos apostaban por la defensa de la clase obrera y la revolución en los países en los que habitaban, rechazando la idea de crear un estado-nación israelí, que era un proyecto político en la línea burguesa y colonial. Los nacionalismos siempre engendran respuestas expansionistas y reactivas que ofrecieron como resultado la creación de los fascismos, y el sionismo tiene su origen en esa doctrina, enmarcada en un nivel superior de explotación capitalista e imperialista.

La creación del «Bund», la oposición judía antisionista y socialista revolucionaria

En la zona oriental de Europa los trabajadores judíos venían organizándose en agrupaciones revolucionarias desde mediados del siglo XIX, siendo especialmente activos en la Rusia zarista, encuadrados en organizaciones socialistas. La Liga General de Trabajadores Judíos se funda también en 1897, concretamente en Vilna (Lituania), congregando a judíos polacos, rusos, bielorrusos o lituanos del territorio del Imperio Ruso, bajo la denominación en yidis de «Bund».

Este movimiento judío antisionista fue una de las organizaciones de izquierdas más relevantes en preparar el terreno para el estallido de la Revolución Rusa de 1905, y muchos de sus miembros fueron perseguidos por las autoridades zaristas por su doble condición de judíos y socialistas. El «Bund» creó toda una red de autoprotección del antisemitismo en estrecha relación con la creación de un proyecto emancipador socialista revolucionario. Organizaron escuelas, bibliotecas, clubes deportivos, e incluso centros sanitarios donde se atendía a las clases populares excluidas.

Esta organización judía antisionista se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), fundado en Minsk, que era de ideología marxista. Portaban en su seno una posición internacionalista, viendo el sionismo como un proyecto profundamente nacionalista, mientras que el «Bund» propiciaba priorizar la lucha de clase en los territorios donde hubiera comunidades judías en Europa. En la Revolución Soviética de 1917 mantuvieron disputas y oposiciones con la fracción bolchevique, por lo que fueron perseguidos como organización. En el periodo de Entreguerras, algunos de sus miembros pasaron a formar parte del «Kombund», judíos comunistas que apoyaban el nuevo escenario político bolchevique, aunque posteriormente la mayoría sufrirían la tortura o el asesinato por el régimen estalinista.

El «Bund» se convirtió en una fuerza importante en la comunidad judía en Nueva York, y mantuvo su fuerza clandestinamente en Lituania y Polonia. En este último país, en las campañas que hacían líderes sionistas alentando a la colonización del territorio palestino, el «Bund» les acusaba de aliarse con posturas antisemitas. También operó en Polonia el conocido como «Folkspartei» que, a diferencia del bundismo, no alentaba a la lucha de clases, sino que era un partido judío social-liberal y laico, aunque igualmente enfrentado al sionismo. Estas organizaciones como el «Bund» participaron de la resistencia contra el Holocausto nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos de sus miembros acabaron asesinados.

Algunos de sus supervivientes acabaron cayendo en las tesis sionistas laboralistas y conformarían entidades colonizadoras en el territorio de Palestina tras la creación del Estado de Israel. Otros antiguos bundistas, que habían logrado exiliarse, restablecieron organizaciones en Europa o América, pero no volverían a tener la fuerza antisionista que alcanzaron en el primer tercio del siglo XX. El sionismo explotaría hasta la saciedad el Holocausto para hacer avanzar su proyecto colonialista. Las comunidades judías que, en la segunda mitad del siglo XX, se posicionaban contra Israel y su apartheid sobre Palestina, comenzaron a ser acusados por Israel de ser judíos que se odian a sí mismos. Esta persecución dentro de la propia comunidad judía por el sionismo, convierte a la ideología sionista en la principal fuerza hegemónica antisemita agresora de judíos en el mundo.

La lucha judía y palestina conjunta en territorio colonizado por Israel

Inicialmente la primera organización comunista en Palestina fue fundada en 1919 por judíos, trabajadores escindidos de la organización «Poale Zion», de la corriente del sionismo laboralista, viendo que el objetivo nacional sionista estaba siendo un engaño para la comunidad judía y que muchos trabajadores judíos eran manipulados por el sionismo para acabar en el territorio de mayoría árabe. Se estableció el Partido Socialista de los Trabajadores (MPS, en hebreo) que comenzó a denunciar el sionismo como una ideología reaccionaria en todas sus vertientes, y llamaron a la unidad de los trabajadores judíos y árabes contra el imperialismo británico valedor del sionismo. Sin embargo, ese partido comunista palestino refundado en 1923, posteriormente sería estalinizado y convertido oficialmente en Partido Comunista de Israel («Maki», por sus siglas) en los años 30, además, el propio Stalin llevaría adelante persecuciones antisemitas en la URSS. Algunos países satélite soviéticos proveerían armas a Israel a través de los miembros de ese partido comunista estalinizado, que tuvo un papel destacado en acometer la Nakba palestina en 1948.

A finales de los años 30 nació la Liga Comunista Revolucionaria en Palestina, una organización antiestalinista compuesta por jóvenes judíos trotskistas exiliados mayoritariamente de Alemania y de otras partes de Europa, quedando completamente expatriados ante los fascismos europeos. A ellos se unieron comunistas árabes como Jabra Nicola, quienes, una vez concluido el conflicto mundial y tras la Nakba palestina, se convertirían en activistas antisionistas y marxistas en diversos países europeos.

En el año 1962, nace Matzpen («Brújula» en hebreo), una organización socialista revolucionaria israelí y antisionista, que estaría activa hasta la década de los 80. Reunió a activistas judíos y árabes con diversos antecedentes en corrientes u organizaciones de izquierdas en Israel. En junio de 1967 se posicionaron contra la «Guerra de los Seis Días» y las nuevas tierras colonizadas por Israel en territorio palestino. Sus activistas entraron en contacto a través de conferencias con miembros de la nueva izquierda internacional, alcanzando incluso a comunicarse con los «Panteras Negras» en los EEUU. Además, también establecieron contactos con grupos palestinos como el Frente Democrático por la Liberación de Palestina (FDLP) o la Organización por la Liberación de Palestinas (OLP), que lideraron la lucha palestina en los años 70. Matzpen se disolvería en múltiples organizaciones de distintas corrientes del marxismo, participando posteriormente alguno de sus miembros originales en la Primera Intifada.

El anarquismo en Israel y los movimientos judíos antisionistas en la actualidad

El anarquismo en Israel puede rastrearse en los inicios del movimiento de los kibutz, comunidades y asentamientos del sionismo laboralista en territorios árabes desde las primeras oleadas judías. Igualmente que el marxismo, el anarquismo ha mantenido una relación bastante mixta, compleja y cambiante según acontecimientos internacionales en vinculación con el sionismo. Las ideas proudhonianas o incluso de Gustav Landauer influyeron en algunos de los primeros kibutzim, es decir, colonizadores de los kibutz israelíes. La organización Hapoel Hatzair (traducida del hebreo como «El joven trabajador») publicaba artículos sobre Kropotkin o Tolstoi, asegurando llevar una línea antiestatista, antimilitarista y pacifista de cooperación con los campesinos árabes. En realidad eran una vía del sionismo laboralista, que no representaban una confrontación al sionismo como proyecto colonizador. Incluso el sionista de origen ruso Joseph Trumpeldor, declarándose anarco-comunista propuso en los años 20 construir una «Comuna General en Palestina». La influencia anarquista en estos colonos judíos fue más de carácter moralista, porque no conformaron una organización declaradamente socialista libertaria y antisionista.

Tras la Nakba palestina, activistas anarquistas se posicionaron contra Israel desde el punto de vista de conformación estatal, debido a sus implicaciones racistas y colonialistas. Surgieron algunas agrupaciones anarquistas que tenían sus propias publicaciones, pero tenían un carácter aislado y una falta de conexión con las luchas sociales e internacionales fundamentalmente. Fue tras 1967, y la mencionada «Guerra de los Seis Días», cuando activistas anarquistas cooperaron con «Matzpen», y colaboraron en la creación de las «Panteras Negras Israelíes». Igualmente activistas anarquistas protestaron en el interior de Israel contra la Guerra del Líbano de 1982 con Toma Sik, superviviente del Holocausto y destacado antimilitarista israleí, fundando una sección en la Internacional de Resistentes a la Guerra («WRI» en sus siglas en inglés).

El anarquismo continuó activo en la década de 1980 como parte del movimiento punk israelí, así como entre los objetores de conciencia e insumisos que se negaron a acudir a reprimir la Primera Intifada. Se creó una efímera Federación Anarquista Israelí que protestó contra la brutalidad policial y la instalación del primer McDonalds en Israel. En los años 90 el anarquismo israelí se centra en las protestas antiglobalización, y en luchas por los derechos de los animales ayudando a configurar Anonymous for Animal Rights (similar a la organización PETA estadounidense). También algunos colectivos anarquistas israelíes se suman a proyectos movimientistas de la post-izquierda como «Food Not Bombs» o «Reclaim the Streets». Será durante la Segunda Intifada en los años 2000 cuando surgió una nueva ola de organización en torno al Movimiento de Solidaridad Internacional («ISM» por sus siglas en inglés) y anarquistas israelíes apoyaron acciones palestinas contra los checkpoints en las carreteras y los toques de queda callejeros.

En el año 2003 nace «Anarchists Against the Wall» (AatW, en sus siglas en inglés), un grupo de acción directa contra la construcción del muro israelí en Cisjordania, denunciando la limpieza étnica y la violencia que ello suponía. El grupo se autodisolvió en el año 2010 tras sufrir una enorme represión por parte de las IDF israelíes. Grupos anarquistas aislados participaron de las protestas por la justicia social en 2011 en Israel (el equivalente al movimiento 15-M u «Occupy Wall Street»). Durante esta década y concretamente en la pandemia del Covid-19, colectivos anarquistas en Haifa organizaron proyectos de apoyo mutuo y distribución de alimentos durante el confinamiento. En la actualidad, hay pocos grupos anarquistas operando en Israel con un programa antisionista que logre aunar una corriente hegemónica; y otras corrientes radicales tampoco cuestionan en su mayoría el carácter nacionalista y racista israelí. Sin embargo, en las protestas desde hace dos años en Israel se conforma un «Bloque Antiapartheid» y de boicot contra el propio estado israelí con cientos de activistas reclamando el fin de los crímenes en Palestina, y un movimiento contra el servicio militar en Israel.

Debe destacarse, a la figura de Ilan Shalif, un anarco-comunista israelí, que participó del «Matzpen» originalmente, que también apoyo a «Anarchist Against the Wall», y que la década pasada trató de impulsar «Ahdut» (traducido al castellano como «Unidad»), un colectivo anarquista comunista. En la actualidad mantiene que para detener al sionismo se debe constituir una fuerza internacionalista y antiimplerialista contra las élites israelíes; y que la causa palestina está inscrita en la lucha del «Sur Global» contra los proyectos del colonialismo.

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La solidaridad es posible: ayuda directa a Gaza

5 Noviembre 2025 at 18:50

Mientras dos millones de personas están en peligro de morir de hambre, hay quienes cocinan ollas de comida, distribuyen agua potable y cultivan verduras entre los escombros. Una referencia de apoyo directo para los que intentan sobrevivir al genocidio en Gaza.

Ver las noticias que llegan de Gaza nos puede hacer sentir impotentes, pero la solidaridad es posible, no solo mediante acciones de protesta, boicot o sabotaje, sino también a través del apoyo a los grupos que trabajan en el terreno sin parar para crear islas y líneas de supervivencia para quienes viven bajo esta brutal ocupación.

Podemos apoyarles tanto mediante donaciones como a través de la divulgación del trabajo que están llevando a cabo. Las donaciones y el apoyo son formas directas de ayudar a los que intentan sobrevivir a un genocidio. Los grupos de apoyo mutuo recogidos en la web de It’s Going Down y listados aquí abajo también publican constantes actualizaciones sobre su trabajo, mostrando los frutos de la solidaridad, que se concretan en la creación de infraestructuras que salvan vidas y en la satisfacción directa de necesidades. Al desarrollar la capacidad de ampliar la solidaridad material en el terreno, estos grupos pueden realmente ayudar a quienes están siendo directamente afectados.

Equipo Sanabel

El Equipo Sanabel (Sanabel Team) es “un grupo de ayuda mutua liderado por palestinos que presta apoyo en Gaza desde 2018”. El grupo proporciona ayuda económica, prepara comidas calientes que reparte diariamente, trae camiones cisterna, distribuye bienes de primera necesidad (como pañales y leche en polvo para bebés), y trabaja para suministrar artículos como tiendas de campaña y lonas a las personas desplazadas por la ocupación en curso. Publican actualizaciones constantes de su trabajo en el Instagram y están involucrados en una gran variedad de proyectos en distintos lugares.

“Nuestra misión es continuar ofreciendo ayuda directa en el terreno a las familias durante este periodo. Los fondos será destinados a necesidades como alimentos, agua y materiales para construir refugios, siempre que estén disponibles. La reconstrucción de la vida será la siguiente fase”, dicen, añadiendo que “juntos, creamos un efecto dominó que nutre no solo los cuerpos, sino también nuestras almas. Tenemos el firme compromiso de marcar la diferencia en nuestra comunidad”.

IG: https://www.instagram.com/thesanabelteam/

Web: https://www.thesanabelteam.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@SanabelTeam/

Equipo Sadaqah

El Equipo Sadaqah (Sadaqah Team) es una iniciativa de apoyo mutuo en el terreno que actúa en Gaza y en Líbano. De acuerdo con sus propias palabras, esta iniciativa “depende totalmente de la generosidad de las personas. Cada donación que recibimos nos ayuda a llegar a más comunidades que necesitan urgentemente de apoyo. La situación en Gaza y en Líbano es desoladora. Con tan poca ayuda internacional que llega, las personas están luchando hasta por lo más básico. Sin embargo, juntos podemos lograr un cambio, proporcionando algo de alivio y de esperanza en estos tiempos devastadores”.

IG: https://www.instagram.com/the.sadaqah.team/

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/TharcisZaaruolo

Operación Ramo de Olivo

La Operación Rama de Olivo (Operation Olive Branch) es, en sus propias palabras, “un esfuerzo colectivo de base, impulsado por voluntarios, para conectar y amplificar las voces palestinas, en un esfuerzo para apoyar sus necesidades vitales, que incluyen, entre otras, las solicitudes de ayuda mutua. Nuestra iniciativa de solidaridad está dirigida por un variado consejo central de defensores globales, incluyendo voces palestinas y judías”.

GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/operationolivebranch

Colectivo de Apoyo Mutuo de Gaza

El Colectivo de Apoyo Mutuo de Gaza (Gaza Mutual Aid Collective – GMAC) proporciona comidas calientes y apoyo directo en Gaza. El GMAC “es un colectivo de base comprometido en ayudar económicamente al pueblo de Gaza, cuya calidad de vida ha sido deteriorada progresivamente a lo largo de casi dos décadas debido al bloqueo colonial aéreo, terrestre y marítimo y al acoso de la ocupación sionista”.

Instagram: https://www.instagram.com/gazamutualaid/

Web: https://gazamutualaid.substack.com/

Venmo: @/amirqudaih

PayPal: amirqudaih@gmail.com

Thamra

Thamra es “una organización palestina que fomenta la soberanía alimentaria. Trabajamos para alcanzar la autosuficiencia y restaurar nuestra tierra”. El apoyo recibido será utilizado para “garantizar que la población de Gaza tenga acesso a frutas y verduras frescas”, “construir huertos urbanos (…) en terrazas, jardines y tejados – para capacitar las familias a cultivar sus propios alimentos, promoviendo la sostenibilidad y la autosuficiencia”, o “reparar y restaurar pozos de agua en barrios de toda la Franja de Gaza para garantizar que las comunidades tengan acceso a este recurso vital”.

IG: https://www.instagram.com/thamra_org

GoFundMe: https://gofund.me/771b0495

Proyecto Sameer

El Proyecto Sameer (Sameer Project) es una iniciativa de apoyo mutuo que está llevando a cabo varias campañas para proporcionar apoyo y ayuda directa en Gaza. Es decir, una “iniciativa basada en donaciones, liderada por palestinos de la diáspora, que trabaja para apoyar a las familias desplazadas en Gaza”.

IG: https://www.instagram.com/thesameerproject

LinkTree: https://linktr.ee/thesameerproject

Proyecto Efecto Mariposa

El Proyecto Efecto Mariposa (Butterfly Effect Project) es “un grupo internacional de voluntarios dedicados, unidos por una misión común: dar voz a los oprimidos y apoyar a las víctimas de la guerra, centrada especialmente en el pueblo de Palestina – Gaza. Nuestra misión principal es compartir sus historias en las redes sociales, garantizando que sus experiencias y luchas lleguen a un público internacional”

“Además de dar voz, damos ayuda humanitaria inmediata en el terreno, atendiendo a las necesidades urgentes de innumerables familias afectadas por conflictos. Nuestro compromiso a largo plazo se amplia a la realización de campañas, donde trabajamos de manera incansable para aumentar la concienciación y fomentar cambios significativos”.

IG: https://www.instagram.com/butterflyeffect.project/

Web: https://www.thebutterflyeffectproject.org/

Foto de portada de la organización palestina Thamra

Este artículo es una traducción de:  https://www.jornalmapa.pt/2025/08/25/a-solidariedade-e-possivel-apoio-directo-a-gaza/

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A 18 años del asesinato de Carlos Palomino

11 Noviembre 2025 at 17:10

Carlos no murió, le mataron por defender lo que creía justo” – Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino.

Hace 18 años, el 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcaría a toda una generación de antifascistas.

El asesinato de Carlos

El antifascista Carlos Palomino se dirigía al barrio madrileño de Usera junto a varios de sus compañeros y compañeras. La Coordinadora Antifascista de Madrid (CAM) había organizado una respuesta ante un acto contra la inmigración que el partido neonazi Democracia Nacional había convocado en dicho barrio. La estrategia consistía en llevar a cabo una contramanifestación con el objetivo de hacer presión, señalarles y no permitir que su discurso de odio se normalizara.

Estos jóvenes decidieron coger el metro para llegar hasta el lugar. Al entrar en el vagón se dieron cuenta de la presencia de un neonazi que viste la marca Three Stroke. Más tarde se conocería su nombre: Josué Estébanez, un militar fascista del Ejército de Tierra de 23 años que se dirigía a la concentración racista. Instantes antes se había percatado de la presencia de los antifascistas, esperando en el andén la llegada del metro. Decidió aguardar con una navaja abierta. En cuanto Carlos se acercó, Josué le propinó una puñalada directa al corazón sin ningún tipo de titubeo. Los antifascistas salieron del vagón, pero antes, dos de ellos, recibieron navajazos, quedando heridos. Instantes más tarde, Josué huyó hasta la calle donde es alcanzado por el resto de compañeros de los agredidos hasta que la policía llega al sitio. Carlos es trasladado al hospital Doce de Octubre, donde más tarde se confirmó la desgracia: había muerto.

El relato mediático que equipara víctima y victimario

A su muerte le siguió un relato mediático que obviaba o disminuía el componente ideológico detrás del asesinato de Carlos. De esta manera, se aupaba una versión simplista, que reducía todo a una pelea entre “bandas rivales”, entre “dos extremos” o entre “tribus urbanas”. Se ponía al mismo nivel a los neonazis que a los antifascistas; se ponía en el mismo nivel al joven Carlos que a su asesino Josué.

Recorte de prensa antiguo, en este caso del asesinato de Vicente Cuervo, que nos recuerda que esta estrategia de equiparar víctimas a sus asesinos fascistas no es nueva

Otros medios, como El Heraldo, llegaron a poner de titular en una noticia estas declaraciones de Josue Estévanez: “Le ataqué porque me vi acorralado”, con subtítulos como “Soy español nada más, una persona a la que le gusta que gane la selección española”.

Condena de Josué

Dos años después, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Josué Estébanez a un total de 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio y una indemnización de 150.000 euros.

Doce años después de su crimen, el 15 de marzo de 2019, el austrialiano Brenton Tarrant llevó a cabo un ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo a otras 50. El día de su ataque, publicó un manifiesto de 74 páginas titulado El gran reemplazo, en el que deploraba «la expansión del Islam y el genocidio blanco«. Uno de los cargadores del fusil que utilizó en su matanza llevaba escrito, en letras blancas, «Josué Estébanez».

En el año 2022, coincidiendo con el 15º aniversario del asesinato de Carlos, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) concedió el primer permiso de salida a Josué.

18 años después, la memoria frente al odio

Por Janio Mora Murillo. Extraído de AraInfo

Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Esta fue la consigna con la que el partido neonazi Democracia Nacional llevó a cabo una manifestación hace 18 años. El 11 de noviembre de 2007.

Históricamente, el fascismo, con la intención de atraer a las masas, ha utilizado dos elementos discursivos clave para la propagación de sus ideas: estos son el miedo y el victimismo. Los cuales a su vez desembocan en la emoción movilizadora por excelencia de esta corriente ultra: el odio. La victimización nacional ha funcionado y funciona como elemento legitimador de la moral fascista, siendo esta victimización un trampolín que permite dar el pistoletazo de salida a las proclamas racistas. Así lo pusieron en práctica en sus respectivos países Hitler y Mussolini, entendiendo que sus naciones habían sido humilladas por la elite liberal, la Primera Guerra Mundial o la conspiración internacional judía. Las puertas del miedo y la inseguridad se abrían de par en par y con ellas llegaban los adeptos a los regímenes totalitarios.

Aunque las hostilidades por parte de los grupos más radicalizados siguen siendo dirigidas hacia la población semita, desde hace unos cuantos años las miradas de la extrema derecha, con su victimismo, miedo y odio, están puestas sobre las personas migrantes. Con una gran diferencia. Lo que antes eran unas pocas miradas irrisorias, ahora son millones de ojos.

En aquel 11 de noviembre que mencionamos al comienzo, términos como “inmigración masiva”, haciendo alusión a un plan de sustitución racial, o frases como “barrer la calle de esa escoria venidera de tierras lejanas” (inmigrantes), solo eran aplaudidas por unas pocas decenas de personas que se encontraban en aquella manifestación. En la actualidad, ya no sorprende que expresiones similares o calcadas reciban la aprobación de miles de personas, ya sea en actos físicos o a través de redes sociales.

Las crisis, ya sean estas económicas, sociales o institucionales, son momentos decisorios donde se pone en juego las lógicas políticas imperantes y sus relaciones de poder. Así en estos contextos entre lo viejo y lo nuevo nos encontramos con dos posibles desenlaces: una prolongación o una ruptura de lo hegemónico. La ruptura, no es algo que pueda atender a razones de un único espacio político, sino que es algo que se puede encontrar en disputa entre diferentes fuerzas ideológicas. Así, la extrema derecha, planteando un análisis distorsionado de la realidad, se bate en duelo aprovechando la degradación política, para llamar la atención de las masas.

Y de momento no le va mal. Utilizando un discurso en el que encontramos constantes guiños y paralelismos a los fascismos históricos (nacionalismo exacerbado, un pasado mítico que anhelan, división social entre un “nosotros” -los buenos- contra un “ellos” -los malos-, demonización de la democracia, etc.), han sabido dar la batalla cultural y mediática, normalizando lo que hace unos años no era normal. Transversalizando lo que hace no mucho era residual. Quien consigue influenciar, determinar, marcar la lectura que la población hace de los problemas de la sociedad y sus soluciones, gana.

Pero aquel 11 de noviembre no solo se escucharon aplausos de fascistas. También se escucharon lamentos, gritos de rabia y desolación. Un joven llamado Carlos se dirigía junto a varios compañeros y compañeras a la contramanifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Madrid con un único propósito, obstaculizar la propagación de odio que un partido neonazi pretendía expandir por las calles del barrio de Usera. No consentir que su discurso se normalizara.

En el metro de camino a la contramanifestación, los y las jóvenes antifascistas se topan con el neonazi Josué Estébanez, el cual se dirigía a la manifestación racista. En ese preciso instante en el que cruzan miradas, aun nadie lo sabía, pero se iba a producir un asesinato. Y su autor, no iba a titubear.

Los movimientos fascistas se sirven de una violencia simbólica promovida a través de la palabra para crecer como movimiento. Es una forma de movilizar las emociones de odio que necesitan para señalar al enemigo a batir, y por lo tanto dar sentido a su existencia (presentándose como salvadores). Cuando se asume esto como deber y sobre todo como identidad, recorrer el pequeño paso que separa la violencia simbólica de la física, no cuesta nada. Ya que la primera es la antesala de la segunda.

Cuando el militar neonazi apuñaló a Carlos, fue la culminación de todo un proceso que tuvo como desenlace el asesinato de un chaval de 16 años. El odio, que Estébanez llevaba tiempo gestando dentro de sí, llegó a su máximo nivel. El odio siguió el transcurso esperado. Porque cuando el fascismo se apodera de una persona, esta pasa a ver el mundo en blanco y negro. Y lo contrario a su figura y a lo que representa deja de tener ningún tipo de valor. La vida de una persona migrante, LGTBIQ +, de un izquierdista, de un demócrata, deja de tener relevancia. Es el enemigo y como tal, hay que lapidarlo.

Carlos, desangrado, se encontraba entre la vida y la muerte. El asesino intenta escapar, pero previamente propina navajazos a otros dos compañeros. El resto lo consigue reducir una vez es alcanzado en la calle. Los servicios médicos trasladan a Carlos al hospital Doce de Octubre. Ya era tarde. Al rato se confirmó la desgracia que marcaría a toda una generación de antifascistas. Había muerto.

Los fascistas se llenan la boca hablando de amor a la patria, amor a la raza, amor a la bandera por encima de todo. Decía Erich Fromm que “quien sólo ama a un hombre no ama a ninguno”. Nosotros decimos que quien en nombre del amor solo sabe discriminar, no ama, odia.

En su libro «Pedagogía antifascista», Enrique Javier Díez, recuerda dos frases de Albert Camus haciendo referencia al fascismo: 1ª) La peste “nunca muere o desaparece para siempre; puede permanecer dormida durante años, hasta que vuelva a parecer otra vez” 2ª) “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”. Se hace imprescindible recordar estas palabras en un momento donde, como señala Josep Ramoneda, la encrucijada capitalista nos deja vislumbrar dos caminos principales opuestos. Estos son, el avance con vista al futuro hacia el desarrollo de democracias alejadas de lógicas neoliberales o el retroceso al pasado con la instauración de autoritarismos post democráticos.

Hoy no son pocos los y las jóvenes que, ya no solo escapan de los cantos de sirena de la extrema derecha, sino que lejos de correr, se plantan, le miran de tú a tú y le dicen: ¡No pasaréis! Carlos fue (es) uno de esos jóvenes que predicó con el ejemplo. No tomo el camino de la indiferencia, tomo el de la lucha. No callo, gritó. No sucumbió ante la injusticia, la desafió.

Este 11 de noviembre, recordaremos su ejemplo. Como dice el poema de Mercedes Sosa:

Que no calle el cantor porque el silencio

cobarde apaña la maldad que oprime,

no saben los cantores de agachadas

no callarán jamás de frente al crimen

Carlos Palomino y la verdad que hubo que pelear: 18 años de memoria y resistencia

Por Alejandro Plana. Extraído de Diario Red

ace dieciocho años, un 11 de noviembre de 2007, ocurrió algo que marcó para siempre a toda una generación de antifascistas. Aquel día, Carlos Palomino, un joven de 16 años se dirigía junto a sus compañeros y compañeras hacia el barrio madrileño de Usera. Iban a participar en una movilización convocada por la plataforma Madrid Antifa como respuesta a un acto racista organizado por el partido neonazi Democracia Nacional.

Carlos no iba solo: lo acompañaban sus amigos, sus convicciones y la certeza de que el silencio nunca puede ser una opción frente al odio y la barbarie fascista. En el metro de Legazpi, un militar y militante neonazi, Josué Estébanez, decidió atacarle sin dudar. Le asestó una puñalada directa al corazón. Carlos murió minutos después.

El impacto fue inmediato. Miedo, rabia y desolación recorrieron los barrios antifascistas de Madrid. A ello se sumó la indignación al ver cómo la policía protegía a los neonazis y cómo parte de los medios trataban de criminalizar al joven asesinado, culpabilizando a su entorno y a su familia. No era la primera vez que ocurría: la misma estrategia mediática ya se había repetido tras los asesinatos de Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Richard, Aitor Zabaleta o Jimmy. Convertir a la víctima en sospechosa y deslegitimar el movimiento antifascista se convirtió —y sigue siendo— en una práctica habitual.

Los titulares de entonces hablaban de una “pelea entre bandas rivales”, de “enfrentamientos entre extremos” o de “tribus urbanas”. Se colocaba en el mismo plano a los agresores neonazis y a quienes se organizaban para combatir el fascismo. Un ejemplo fue el diario Hoja de Lunes, que tituló: “Muere un joven de Vallecas en enfrentamientos extremistas”.

Sin embargo, la verdad se defendió con fuerza frente a esa maquinaria mediática, política y judicial. Gracias a la lucha de familiares, amistades, colectivos y medios alternativos, se logró desmontar ese relato falso. La realidad era clara: Carlos Palomino fue asesinado por ser antifascista. Su muerte fue un asesinato político.

Esa violencia institucional no terminó en 2007. Recientemente se ha sabido que María Ángeles Gómez Armendáriz, una agente policial infiltrada durante 35 años en espacios de la izquierda, llegó a espiar a madres que luchan para que sus hijos reciban justicia. Entre ellas, Mavi, la madre de Carlos, y Elena, la de ‘Alfon’. Esta agente llegó incluso a posar junto a Mavi, sosteniendo pancartas en las concentraciones por la memoria de Carlos.

A pesar de todo, su nombre sigue vivo. Dieciocho años después, Carlos Palomino forma parte del imaginario colectivo: está en las pancartas de las manifestaciones, en los murales, en las gradas de los estadios con hinchadas antifascistas y en los conciertos de grupos como Non Servium, Kaos Urbano o Improbus, y tantos otros que mantienen viva su memoria.

Gracias a esa lucha por defender la verdad frente al relato oficial, hoy Carlos representa a todas las personas que no se callan ante la injusticia. Está en quienes enfrentan el racismo, el machismo y la desigualdad, en cada puño alzado y en cada consigna que recuerda que la memoria no se rinde.

Hoy, 11 de noviembre de 2025, se volverá a salir a la calle para gritar que Carlos vive. Porque su asesinato fue político, pero su vida, su ejemplo y su memoria son una victoria colectiva.

Intentaron silenciarlo, pero su voz sigue resonando. Intentaron apagarlo, pero su luz aún deslumbra. Intentaron pararlo, pero la lucha sigue.

Dieciocho años después, las calles de Madrid recordarán que no olvidamos ni perdonamos. Porque recordar a Carlos es seguir luchando contra el fascismo de ayer y de hoy.

Supongo que aún no he superado el no poder decirte adiós.

Mi corazón, despedazado, aquel día se quedó,

añorando un último abrazo que nunca llegó.

Pero hermano, sigues vivo, siempre vivo en mi corazón.

A 18 años del asesinato del compañero antifascista Carlos Palomino

Por la redacción de Kaosenlared

El 11 de noviembre de 2007 el Partido Democracia Nacional, de clara ideología ultraderechista, había convocado una manifestación contra la inmigración, que fue autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo lugar un grupo de jóvenes antifascistas y de izquierda convocaron, a su vez, una contra-manifestación para mostrar su oposición a las ideas y a la presencia de un partido neonazi como Democracia Nacional.

Los hechos –según se refleja en el vídeo que grabó la escena- ocurrieron de la siguiente forma: uno de los manifestantes ultras, un militar profesional de 24 años, Josué Estébanez de la Hija, que luego negó dirigirse a participar de la manifestación, al ver la entrada de muchos jóvenes en el vagón de metro en el que se encuentra, en la estación de Legazpi, sacó del bolsillo trasero del pantalón una navaja que escondió detrás de su cuerpo. En ese momento un muchacho le increpa por la camiseta que lleva, en la que puede leerse el lema ‘Three Stroke’ de clara simbología neonazi. Josué, sin mediar palabra, agarra por el cuello al muchacho y le asesta una puñalada en el costado izquierdo, a la altura del corazón. Este hecho provocó la huida de los pasajeros del vagón, que estaba en aquellos momentos atestado de gente. Luego, Josué Estébanez propinó otra cuchillada a un joven que intentó reducirle y, tras vaciar un extintor, abandonó el vagón perseguido por una multitud de gente y los servicios de seguridad.

El muchacho que había recibido la primera puñalada, Carlos Palomino, fue trasladado lo antes posible fuera del metro a una carpa improvisada en el mismo Paseo de Las Delicias, muy cerca de donde está colocada la placa en su homenaje. Poco se pudo hacer, pues el filo del arma le había alcanzado el corazón. Murió cincuenta minutos más tarde. Su otro compañero, también herido, logró sobrevivir.

En cuanto al agresor, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 26 años de prisión, 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio.

Carlos Palomino había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas: era hijo único de una familia trabajadora y tenía 16 años. Era un adolescente comprometido en la lucha por los derechos de igualdad y bienestar social, contrario al racismo y a las ideologías ultraderechistas. Su único delito fue defender sus ideas públicamente y, por ello, fue asesinado aquella mañana soleada de domingo del mes de noviembre. No pudo sospechar la rabia, la intolerancia y el odio de su agresor.

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Reimaginar la comunicación del siglo XXII

5 Noviembre 2025 at 19:54

¿Quieres participar en este proceso que inicia en diciembre y culmina en marzo en la ciudad de Quito? ¡Postula a una beca antes del 16 de noviembre!

Buscamos un grupo de personas comprometidas con el uso creativo de tecnologías autónomas 🤖 y nuevas narrativas 🎙 para transformar la comunicación desde los territorios. 🌱

Organizado por Corape y DW Akademie América Latina, el equipo de Radios Libres participará en el acompañamiento metodológico de este espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y desafíos de la comunicación comunitaria y sus posibilidades de incidir en estos tiempos de IA y Fakenews.

¿Quienes puedes postular? Perfil de participantes

  • Que sea “joven”, sea lo que signifique eso. Aunque no existe un rango de edad, sí buscamos personas que estén involucradas en las nuevas lógicas de comunicación.
  • Que tenga cierta experiencia en herramientas tecnológicas, tanto analógicas como digitales, no necesariamente las más populares.
  • Que esté involucrada en alguna experiencia novedosa de comunicación que su organización esté experimentando.
  • Con liderazgo y capacidad para aportar a las reflexiones.
  • Que se comprometa a participar en el proceso tanto virtual como presencial.

Algunos puntos importantes antes de postular a la beca:

  • El proceso iniciaría la primera quincena de diciembre con un encuentro virtual.
  • Durante los meses de enero y febrero tendríamos, un encuentro virtual y algunas actividades asíncronas que no ocuparían más de 4 horas al mes.
  • En marzo, el encuentro será presencial en la ciudad de Quito, Ecuador el 17 y 18 de marzo de 2026.
  • El 19, 20 y 21 de marzo, les invitaremos a quedarse en otro evento, la Juntanza de la Comunicación, de la que CORAPE y DW Akademie son parte.
  • CORAPE y DW Akademie cubrirán los costos de viaje, alojamiento y alimentación de las personas seleccionadas para participar en el proceso.

Si quieres participar solo tienes que completar el siguiente formulario hasta el 16 de noviembre de 2025.

¿Dudas o preguntas? Puedes escribir a lisseth@corape.org.ec con copia a santiago@radioslibres.net

Maricarmen se queda

2 Noviembre 2025 at 00:37

El movimiento de vivienda crea la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

El fin de semana del 10 al 12 de octubre, inquilinas organizadas de más de una decena de territorios distintos viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Su creación es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora. La coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal “Nos Quedamos”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en todo el Estado. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial. Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas.

Maricarmen se queda

El ejemplo más reciente de sindicalismo inquilino lo encontramos en la campaña “Maricarmen se queda”: Maricarmen es una mujer de 87 años, que lleva 70 años viviendo de alquiler en su casa, en el barrio de Retiro, desde que su padre firmó un contrato de renta antigua, al cual se subrogaron primero su madre y luego ella.

En este sentido, Maricarmen es víctima de las leyes machistas del franquismo, ya que su madre no figuraba en el contrato original como arrendataria, porque solo podía hacerlo su marido. Por eso, cuando falleció el padre de Maricarmen, su madre se tuvo que subrogar en el contrato, pese a ser la coinquilina original. Y, al fallecer la madre de Maricarmen, su hija se subrogó por segunda vez, a pesar de que ésta debería haberse considerado la primera subrogación.

Entonces, la propiedad no puso pegas a la prórroga y le mantuvo las condiciones a Maricarmen. Sin embargo, un fondo buitre ha comprado la vivienda, ha resuelto el contrato de renta antigua y le ha incrementado el alquiler en más de un 300%.

El Sindicato de Inquilinas inició una campaña, que ha tenido una enorme repercusión mediática, para mantener a Maricarmen en su casa. Se empapeló el barrio con carteles informando del desahucio y varios comercios apoyaron poniendo el cartel en sus escaparates; se informó a todas las vecinas del edificio, yendo puerta por puerta, del inminente desahucio; se organizó un pasacalles por el Retiro y por la calle Sainz de Baranda, en la que participó el AMPA del colegio Escuelas Aguirre haciendo un taller de carteles en apoyo a Maricarmen; y, por último, se convocó una concentración el día del desahucio (previsto para el 29 de octubre) frente a su vivienda. Sin embargo, gracias a la presión ejercida, el día antes del lanzamiento, el Juzgado decidió suspenderlo, para otorgarle más tiempo para buscar una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

El 29 de octubre, finalmente, se convirtió en una celebración. Maricarmen compareció ante los medios, emocionada, mientras las vecinas gritaban “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”. Al cuello llevaba una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

Por ahora, Maricarmen se queda; pero depende de todas que se quede para siempre.

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Cuarenta años de okupación en Lavapiés (1985-2025): memoria viva de un barrio que quiere resistir

1 Noviembre 2025 at 00:13

En noviembre de 1985 se cumple el 40º aniversario de la primera okupación en Madrid: Amparo 83, en el corazón de Lavapiés. Aquellos diez días de okupación, impulsados por el Kolectivo KOKA y que contaron con un importante apoyo vecinal y cobertura mediática, fueron el punto de partida de un movimiento que acabó transformando el paisaje político, social y cultural de la ciudad de Madrid.

Cuatro décadas después, queremos recorrer esas huellas a través de los lugares que fueron testigos de cómo un barrio quiso reinventar la ciudad desde abajo. El paseo del próximo 29 de noviembre será la primera jornada de este recorrido histórico por la okupación en Lavapiés entre 1985-2005.

Contexto político: «Jóvenes sin curro y sin vivienda, la solución okupación»

Influenciada por los movimientos de squatters europeos, la okupación surge en Madrid como protesta contra la falta de vivienda accesible y la especulación inmobiliaria, contra la crisis provocada por la reconversión industrial, contra el golpe del paro y la heroína sobre los barrios más empobrecidos de la ciudad, por señalar algunos motivos. Dentro de este contexto surgen redes autónomas vinculadas a los movimientos antimilitarista, ecologista, anarquista y contracultural. Frente a una ciudad que empezaba a especular con el suelo urbano, las okupaciones propusieron reapropiarse del espacio y transformarlo en un bien común: vivienda, cultura, convivencia, comunidad.

A las primeras okupaciones periféricas, les siguieron durante los 90, una segunda ola de okupaciones más organizadas y con mayor visibilidad pública. Los centros sociales autogestionados se convirtieron en lugares de experimentación política, cultural y feminismo autónomo que se entrelazaban, por ejemplo, con las luchas migrantes, con las desigualdades del barrio o con los movimientos globales contra la guerra o la globalización neoliberal.

Lavapiés fue un escenario idóneo por sus características: barrio obrero, céntrico, con un alto número edificios abandonados, un fuerte proceso de reconversión urbanística…Estos y otros aspectos se convirtieron en oportunidades para diversas experiencias de okupación que se entrelazaron con movimientos sociales, vecinales y sindicales preexistentes generando una comunitaria que trascendió los muros okupados.

Primeras okupaciones (1985–1994): el germen de una ciudad posible

Amparo 83 (1985)

Fue la primera okupación con un proyecto sociocultural explícito. Durante pocos días se organizaron talleres, cine, debates y encuentros vecinales. Aunque el desalojo fue rápido, de esa experiencia nació la Asamblea de Okupas de Madrid, primer intento de coordinación del movimiento.

CSA Minuesa (1988–1994)

La antigua imprenta de la Ronda de Toledo, rescatada por los y las trabajadoras de la fábrica cuando ésta se declaró en quiebra, fue uno de los primeros grandes centros sociales autogestionados de Madrid cuyo. Talleres, escuela popular, comedor, biblioteca, conciertos y debates convirtieron Minuesa en una referencia. Su desalojo en 1994, tras seis años de intensa actividad, fue uno de los más violento, pero consolidó la okupación como parte del tejido urbano madrileño.

Una página de un periódico antiguo relata el desalojo del centro social okupado de Minuesa

La explosión del movimiento (1995–2000): «okupa tú también»

Lavapiés 15 (1996)

Okupado en abril de 1996, combinó vivienda colectiva con comedor popular y espacios culturales. Su breve existencia (duró solo 6 meses) fraguó la idea de las okupaciones como espacios abiertos a otras identidades o a la posibilidad de una casa okupada de mujeres (que se concretaría en la experiencia de la Eskalera Karakola).

Eskalera Karakola I (Embajadores 40, 1996–2005)

Primer espacio okupado y gestionado exclusivamente por mujeres que gestó un feminismo autónomo y cotidiano: debates sobre cuidados, apoyo a mujeres migrantes y trabajadoras precarias, espacio seguro para diversidades sexuales…

El Laboratorio I (Embajadores 68, 1997–1999)

Nació como una okupación pública y multitudinaria. Su nombre expresaba la voluntad de experimentación, tal y como apuntaba uno de sus primeros textos, «fuera de los caminos trillados de la okupación». Su objetivo: crear un gran laboratorio urbano de experimentación social y cultural fuera de la clandestinidad habitual. Para intentar asegurar un proceso más a largo plazo y evitar el desalojo, plantearon la posibilidad de negociar con las instituciones.

El Laboratorio II (Plaza de Cabestreros, 1999–2001)

Ocupó el edificio del antiguo colegio de Cabestreros, en pleno Lavapiés. Tuvo un carácter más cerrado que su predecesor, utilizándose principalmente como vivienda. Gracias a su ubicación (plaza de Cabestreros) amplió la dimensión vecinal a través de diferentes actividades.

El Laboratorio III (Amparo 103, 2002–2003)

Más pequeño y de vida efímera, el Labo 03 dejó la vivienda en un segundo plano para ampliar la colaboración con otros colectivos del barrio, facilitando la participación de personas que no habían tenido contacto con el movimiento okupa o de forma indirecta.

La Biblio (2000–2003)

Proyecto cultural y de préstamo de libros autogestionado. La Biblio demostró que la okupación podía convertirse en un servicio comunitario real, abierto a vecinas y vecinos, y sirvió como espacio intergeneracional de cultura libre.

De la okupación a la cesión (2003–2005)

Eskalera Karakola II (Embajadores 52, desde 2005)

Tras el desalojo de Embajadores 40, el colectivo se reubicó con un acuerdo de cesión municipal, manteniendo su autonomía política. Supuso un cambio de paradigma: del enfrentamiento a la negociación sin renunciar a la autogestión transfeminista.

El Laboratorio en el exilio: Solar de Olivar (2003–2005)

Solar autogestionado al aire libre entre las calles Olivar y Valencia. Representó una transición de la ocupación de edificios a la reapropiación del espacio público. Su importancia radica en haber abierto el movimiento o el espacio al barrio en su conjunto.

«10, 100, 1000 centros sociales»: una invitación a caminar la memoria

Desde el local anarquista Magdalena quieren empezar a montar paseos históricos con el objetivo de recordar procesos de luchas pasados y potenciar los presentes. Buscamos que la historia no sea un producto de consumo acrítico, sino un vehículo que nos sirva para no olvidar nuestro pasado de lucha más reciente, saber de dónde venimos para que nos pueda ayudar a ver dónde nos queremos dirigir, hacerlo desde un posicionamiento crítico que nos sirva para aprender de aciertos y errores. En nuestro caso, cuando escuchamos de primera mano, de la mano de sus propios protagonistas, esas luchas, sinceramente nos llega el impulso y nos dan más ganas de seguir luchando.

Por ello queremos recordar la historia de los Centros sociales okupados del barrio donde hemos habitado siempre, Lavapiés.

El paseo se dividirá en dos jornadas, la primera de ellas abarca desde 1985 al 2005 (Lavapiés 15, Eskalera Karakola I y II, Laboratorios I, II y II, La Biblio, Solar Olivar…) y será el sábado 29 de noviembre de 2025. El segundo paseo, del 2006 a la actualidad lo organizaremos más adelante.Caminar por sus calles será también recorrer la historia reciente de muchos colectivos de Madrid: una historia de resistencia, autogestión y creación de propuestas alternativas. Cuarenta años después de Amparo 83, las preguntas siguen vivas: ¿qué ciudad queremos habitar?, ¿qué significa cuidar un barrio?, ¿cómo hacer memoria de la ocupación sin convertirla en piezas de museo? No se trata de idealizar, sino de habitar críticamente ese pasado. Las historias de Lavapiés son parte de nuestra historia colectiva; traerlas al presente nos ayuda a repensar las estrategias para proteger y generar espacios comunitarios en la ciudad.

Y aunque la historia de la okupación puede tener entidad propia, la memoria colectiva se construye a través de los grupos sociales que la viven. Por ese motivo, en este paseo estarán algunas de las personas que fueron parte de esta historia. Junto a ellas queremos volver a abrir las puertas de estas okupaciones, aprender de sus luces y sombras, y reconocer los vestigios del pasado que están en nuestro presente.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar con relatos, fotos, objetos, recuerdos…para que este paseo sea un ejercicio de memoria compartida y aprendizaje, para que sea un espacio de (re) encuentro con el que seguir protegiendo los barrios y creando espacios comunitarios en la ciudad.

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