Representantes de 12 organizaciones latinoamericanas se encuentran reunidas en la segunda edición de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio, en Buenos Aires, para aprender técnicas de documentación de violaciones de derechos humanos, y formarse en la gestión de sus servidores autónomos.
El objetivo de la Escuela es que, frente a los latifundios digitales que dominan esta era de una internet concentrada y privatizada, las organizaciones sean capaces de cultivar huertas digitales comunitarias que les permitan almacenar de manera segura su información y ofrecer servicios a sus comunidades. A lo largo de diez días,
Las organizaciones participan con dos integrantes, cada uno de los cuales ha optado por el eje de documentación o el de huertas digitales. El eje de documentación estará centrado en procesos de construcción de memoria y narrativas, metodologías de archivo y organización de la información, técnicas de registro audiovisual, e investigación de fuentes abiertas. A su vez, harán una salida de campo para documentar la manifestación en conmemoración de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. El eje de huertas digitales se enfocará en las reflexiones tecnopolíticas que respaldan el desarrollo de infraestructura autónoma, la gestión y resguardo de datos en entornos de confianza, administrados comunitariamente, el uso de la terminal y la instalación y administración de servicios. Un tercer eje, el de cuidados digitales, ofrecerá claves y sugerencias para incorporar prácticas de seguridad holística en sus proyectos.
A través de un proceso de mentoría y sesiones virtuales, las organizaciones participantes tendrán dos meses para implementar un proyecto que ponga en práctica los conocimientos adquiridos en la Escuela. A su vez, serán invitadas a integrar Abya Yala, “una red de activistas, desarrolladorxs y técnicxs cuyo objetivo es hacer más fácil para organizaciones y comunidades el despliegue de plataformas digitales autónomas y seguras”.
JULIA CASTILLO // ¡¡¡Ay si la buena mujer levantara la cabeza!!! La Sirvienta, la película, nos acerca a la figura de Vicenta María López de Vicuña, fundadora de Congregación de Religiosas de María Inmaculada, y aunque la producción de Pablo Moreno apareció en el listado de candidatas para la 38ª edición (2024) de los Goya, no obtuvo ninguna nominación final por parte de la Academia de Cine.
La sinopsis, según Filmaffinity, es la siguiente: “La historia de Vicenta María López Vicuña, fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, que desde hace más de 150 años llevan dedicadas a la promoción de las mujeres que salían de sus pueblos para labrarse un futuro mejor en el servicio doméstico de la capital. La historia real de una mujer, de muchas”.
Huelga decir que no pienso verla. Mi tiempo, cuanto más vieja me hago, más valioso lo considero. Es por ello por lo que no pienso perderlo, al menos conscientemente. Con la sinopsis tengo suficiente.
Pues bien, os cuento cómo llegué a esta buena mujer. Hay, en mi pueblo (me disculpen los habitantes de esta preciosa ciudad de Coruña por llamarle pueblo, pero considérenlo una licencia poética), un edificio al que siempre le tuve cierto apego y, más que nada, me provocaba mucha curiosidad. Supe de él porque un familiar muy cercano estuvo por allí, en el edificio que ocupaba ese solar antes del actual, hace más de 70 años, y contaba historias que, pasando el tiempo, cada vez me encajaban menos.
Años después, casualidades de la vida, residiendo en Madrid, conocí a una mujer que me contó historias que, en principio, nada tenían que ver con el lugar, pero de alguna manera me llevaban a él. Y la mente no engaña. Razones tiene que no siempre entiende tu razón.
Transcurridos unos 10 años más, terminamos, ella y yo, frente a ese edificio hablando de ese edificio, y de algún otro muy similar, también situado en Coruña. No me digáis que no tenéis curiosidad por conocer la historia.
Pues bien, si no la tienes deja de leer ahora mismo. No pierdas el tiempo porque quien no quiere saber no merece saber.
….
El actual edificio empezó a funcionar allá por los años 70 y albergó, hasta hace nada y menos, a una de estas congregaciones “asociadas” al Patronato.
Lugar que fue uno de los –estimados, porque no existen datos oficiales (curiosamente casi todos los archivos se quemaron unos y otros se mojaron en sendos incendios e inundaciones)– cerca de 900, sí, sí, 900 centros religiosos, esparcidos por todo el territorio español, donde el Patronato de Protección a la Mujer rescataba a chicas, caídas o en riesgo de caer, mandacarallo con el eufemismo. Literal y oficialmente, su fin era la «dignificación moral de la mujer» para erradicar la prostitución y el vicio.
Ah, ¿no sabes qué era el Patronato ese?
Pues te aconsejo que busques los libros de Consuelo García del Cid Guerra y te los leas todos. Los de ella y los de otras mujeres, también supervivientes de esta Gestapo a la española, como ellas le llaman.
El Patronato (que sin la complicidad de varias congregaciones religiosas jamás habría existido), aunque oficialmente se fundó en 1941 auspiciado por el ínclito y dependiente del Ministerio de Justicia y, también oficialmente, desapareció en 1985, no se fundó ese año sino que era originario del siglo XIX y, como veréis, desapareció ya próximo al siglo XXI, y eso si no tenemos en cuenta que esas congregaciones se hicieron una operación de cirugía estética, en diferentes clínicas, y siguen con sus prácticas de “ayuda social” con el beneplácito de los gobiernos, sean del color que sean, y financiadas con nuestros impuestos y/o con fondos europeos de los que tocará devolver, también con nuestros impuestos.
Huelga decir que el “contubernio judeomasónico” se daba entre Iglesia y Estado, ¿verdad? ¿Se daba…hummm?
Pero te adelanto unos cuantos datos para ponerte en situación transcribiendo parte de un artículo, publicado en BBC.com, donde Marina narra lo que su madre le contó de su pasado en uno de esos centros.
“… Días después voló a Madrid con su padre. Allí, la llevaron directamente a otro convento, perteneciente al sistema del Patronato, dependiente del Ministerio de Justicia español. A ella y a las demás mujeres internadas las clasificaron y segregaron. Mariona cuenta que acabó en la primera planta, reservada para ‘las rebeldes, las que consideraban mujeres de mala vida'».
El Patronato tenía potestad para detener a cualquier mujer menor de 25 años que no se ajustara a las normas. No eran delincuentes, sino mujeres consideradas necesitadas de «reeducación». Pero Mariona nunca supo las historias de las demás jóvenes con las que estuvo confinada.
«No nos dejaban hablar. Es increíble», cuenta. «Y te preguntas, ¿cómo lo conseguían?».
A las internas solo se les permitía intercambiar saludos sencillos entre sí, una forma de control y una manera de evitar que las chicas «malas» influyeran en las demás.
«Lo que no podías hacer era llegar a conocer bien a otra chica», dice Mariona. «Porque entonces te separaban: enviaban a una de nosotras a otro dormitorio, o incluso a otra institución».
Cree que había alrededor de cien internas en el convento. Dormían veinte por habitación, con una monja en un extremo, y la puerta cerrada con llave. La rutina diaria era agotadora: oraciones, misa, limpieza del convento y luego horas en un taller confeccionando ropa para comerciantes locales. Mientras las chicas cosían, una monja leía en voz alta para que nadie hablara.
«Había adoctrinamiento», recuerda Mariona. «Para que entendieras que te habías portado muy mal. Entonces, una vez que te dabas cuenta de esto, pedías perdón y te confesabas”.
Por cierto, de esta historia salió un cortometraje que sí obtuvo un Goya el año siguiente (2025) y varios premios más.
Y esto no es nada, porque esta chica, llevada allí por sus propios padres para que fuera reeducada dentro de la fe católica, para que fuera una buena mujer y dejase de ser “roja”, era solo una variedad, por llamarle de alguna manera. Porque, para terminar en alguno de aquellos centros, les sobraban pretextos.
Las mujeres que acababan allí lo hacían por motivos que el propio Patronato de Protección a la Mujer clasificaba como “desviaciones morales” o “riesgo social”. En la práctica, bastaba con encajar en alguno de estos perfiles:
Prostitución o “riesgo de prostitución”. Era la categoría principal. El propio Patronato hablaba de mujeres “caídas o en peligro de caer”.
Madre soltera o embarazo fuera del matrimonio. Especialmente si la familia denunciaba la situación o pedía “reeducación”. Incluso cuando su embarazo era consecuencia de una violación. Hubo muchas mujeres que fueron violadas por sus propios padres y las que acababan encerradas eran ellas, gozando ellos de plena libertad incluso para visitarlas y embarazarlas de nuevo. Lee, lee lo que cuentan ellas.
Conducta considerada “inmoral”. Una categoría muy amplia que podía incluir: relaciones sexuales, fuera del matrimonio, salir de noche, vivir sola, mantener relaciones con hombres sin permiso familiar.
Rebeldía o conflicto familiar. Padres o tutores podían pedir la intervención del Patronato para “corregir” a una hija.
Vagancia o desamparo. Chicas pobres, sin trabajo o consideradas “sin control familiar”.
Huérfanas o menores tuteladas. Muchas procedían de instituciones de beneficencia.
Hijas de presos o de familias republicanas. Esto aparece en bastantes testimonios de posguerra.
Lesbianismo o sospecha de homosexualidad. Considerado desviación moral.
Víctimas de abuso o violación. Como aclaré en el punto 2. Paradójicamente también podían acabar internadas por considerarse “deshonradas”.
Denuncias policiales o vecinales. La policía podía poner a disposición del Patronato a mujeres consideradas “escandalosas”.
Todas ellas eran seleccionadas, incluso con prueba de virginidad. Completa o Incompleta, aparecía en el resultado de ese examen. Ahí eras clasificada, dependiendo de este importante dato, pero también si estabas embarazada porque terminabas en centros como La Maternidad de Peñagrande en Madrid, donde, casualmente, morían bebés de los que nunca aparecieron los restos.
Si sigo escribiendo puedo llenar páginas, pero ellas ya lo cuentan mucho mejor que yo, ellas, LAS SUPERVIVIENTES.
Síguelas, búscalas, léelas… aprende historia de tu país. Es conveniente. Ah, y la relación de esa señora, de la que encabeza mi artículo, con todo esto es… la congregación que moraba en el edificio situado en la calle Santiago, nº 1 de esta ciudad… Vinculado al Patronato de Protección a la Mujer.
Y quien te diga lo contrario…
MIENTE.
Gracias por leer hasta aquí. Si te interesa saber más, busca documentales, artículos y, sobre todo, los libros escritos por las supervivientes.
Big Blue Button es una plataforma de videoconferencias diseñada para talleres, capacitaciones y clases en línea. Es software libre. Y puede ser instalado en un servidor propio, aumentando los niveles de seguridad, privacidad y autonomía.
Diversas organizaciones tienen “instancias” (servidores web donde está instalado BBB) que se pueden usar para videoconferencias.
La web del propio software ofrece una demo por si la quieres probar.
A continuación tienes un breve manual de uso, aunque la interfaz es muy similar al resto de plataformas de videoconferencias. Al inicio están las instrucciones para la computadora y al final las del celular.
Al entrar con el enlace de acceso debes ingresar tu nombre o nickname y aceptar los términos de referencia.
El sistema pregunta luego si quieres unirte con micrófono (podrás activarlo para hablar) o solamente como oyente.
Si te unes con micrófono, tendrás que permitir al navegador que acceda al micrófono. Dependiendo de si usar Firefox, Chrome y otro, la petición que aparece es distinta, pero debes seleccionar “Permitir” (1) y posteriormente “Unirse al audio” (2):
El sistema avisa que se está conectando.
Al entrar, en la parte interior (1) activas y desactivas cámara y micrófono. En la esquina inferior derecha (2) levantas la mano y reacciones. En la superior derecha (3) hay opciones para configurar o salir de la sala. Y en la esquina superior izquierda (4) se abre la lista de usuarias y usuarios y el acceso al chat.
Quien modera la sala puede activar las notas compartidas para anotar colectivamente. Y con el botón derecho sobre un usuario cualquiera, se le puede enviar un mensaje privado. Abajo está la caja para enviar mensajes.
En el teléfono celular, en la esquina superior izquierda, hay un icono que nos permite abrir el chat público. Y en la parte inferior están los mismos controles descritos para la computadora con los que activar y desactivar la cámara y el micrófono.
Una capacitación para entender cómo funciona la inteligencia artificial y practicar con aplicaciones y modelos abiertos. Fue organizado por AMARC-ALC, CPR y Radios Libres. ¡Descarga los recursos y vuelve a ver el video de la sesión!
La IA, sobre todo la Generativa, está cada vez más presente en nuestras vidas. Programa software, hace de psicóloga o de tutora de matemáticas e, incluso, locuta por radio. Todo esto nos impacta de múltiples formas, también en el trabajo de los medios comunitarios.
El objetivo del taller fue reflexionar sobre esas implicaciones desenredando los aspectos técnicos. Es decir, entendiendo cómo funciona internamente, qué son los “modelos de lenguaje” y por qué muchas veces la IA “alucina” o, directamente, se inventa las cosas. Una vez abierta la caja negra, exploramos de forma práctica aplicaciones de IA de código abierto que podemos usar en nuestras computadoras, sobre todo si estamos trabajando con información sensible que preferimos que se mantenga privada.
LUCÍA CASADO* / El 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, va a celebrase este 2026 en uno de los contextos políticos más reaccionario de las últimas décadas. Crisis económica, social y cultural, ofensiva contra las condiciones de vida y los derechos políticos de la clase trabajadora, guerras imperialistas y rearme, auge electoral y callejero de la extrema derecha y refuerzo del carácter autoritario de los Estados. Y en este marco, el machismo y la misoginia se presentan como uno de los ejes centrales del proyecto reaccionario: defensa del modelo de familia burguesa, jerárquica y heterosexual, donde se canonizan los roles de género, se subordina a las mujeres y se castiga, margina o patologiza a quienes se apartan de ese modelo.
Frente a esta ofensiva, el feminismo, tanto en su vertiente institucional como en su faceta movimentista o de base, se ha mostrado impotente. No es que el feminismo “haya llegado demasiado lejos”, como proclaman las nuevas derechas para justificar su programa reaccionario, sino que este no ha sido capaz de ir lo suficientemente lejos como para enfrentarlas ni para avanzar de manera efectiva hacia la emancipación real de las mujeres trabajadoras. El abandono del horizonte de superación del capitalismo, y, por tanto, también de la articulación del programa estratégico y la construcción de las herramientas necesarias para ello, ha conducido así a la desorganización, desmovilización y desilusión de sus bases, dejándonos inermes frente a la reacción en marcha.
La situación se agrava especialmente para las mujeres proletarias. Se nos asignan los empleos más precarios y peor remunerados, a menudo en condiciones de informalidad y sin derecho a jubilación ni paro. Persisten la brecha salarial y la parcialidad forzosa. Se deterioran los servicios públicos (como parte del saqueo al fondo de salario) y se privatizan los cuidados, trasladando aún más carga a nuestras espaldas, mientras el coste de la vida y de los bienes básicos se dispara y los alquileres se vuelven inasumibles.
Por si todo esto no fuera poco, seguimos encontrándonos con casos tan brutales y repugnantes como el caso Epstein. Casos que no son anomalías aisladas, sino que constituyen la expresión de una realidad tan antigua como persistente: la oligarquía goza de total impunidad para ejercer violencia sexual contra niñas y mujeres pobres. La sociedad de clases capitalista crea las condiciones materiales, jurídicas e ideológicas para que la explotación sexual de las mujeres proletarias pueda organizarse, encubrirse y perpetuarse en las altas esferas del capital.
En la misma lógica se inscriben los asesinatos y agresiones machistas de las que son acusados policías. Pese a la resistencia sistemática de los gobiernos a investigar, es un secreto a voces que los cuerpos policiales concentran una parte significativa de estas violencias y disfrutan de un alto grado de impunidad. Si consideramos que cualquier agresión machista es extremadamente difícil de nombrar y denunciar, las mujeres trabajadoras quedan completamente desprotegidas frente a las instituciones del Estado capitalista, cuyo papel esencial es mantener la sociedad de clases y, por tanto, perpetuar la violencia necesaria para sostener el poder de los capitalistas.
Esta realidad ha sido omitida por la socialdemocracia en el Gobierno y por el llamado “feminismo institucional” o “feminismo ministerial”. Estos se han erigido como referentes de la lucha contra la violencia machista, mientras sus medidas se han centrado en endurecer el Código Penal y reforzar los cuerpos de seguridad, lavando la imagen de la policía y presentándola como “defensora de las víctimas”, como si más patrullas en nuestros barrios y más agentes formados en “perspectiva de género” fueran a frenar la violencia machista. Pero reforzar a la policía del Estado capitalista es una medida abiertamente antiproletaria: esos recursos no se destinan a combatir las raíces materiales y estructurales de la violencia de género, sino a reforzar el control social sobre nuestra clase. Se emplean en hacer redadas en nuestros barrios, en aporrearnos en las manifestaciones donde defendemos derechos como el aborto y en ejecutar desahucios, incluso cuando esa vivienda sea el único reducto que nos separa a nosotras mismas y a nuestras hijas de un maltratador.
Ahora bien, las limitaciones del feminismo no se agotan en su ala institucional, pues el proyecto feminista en su conjunto comparte límites estratégicos que lo condenan a la impotencia.
Uno de esos límites tiene que ver con el sujeto. Por definición, el feminismo renuncia a organizar a la clase trabajadora como sujeto para centrase en la organización de las mujeres en sentido amplio. Lo que implica defender intereses esencialmente sectoriales e interclasistas, frente a la posibilidad de defender intereses universales.
Lo hemos visto históricamente con el acceso al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos, negados de facto para las mujeres pobres. Lo vemos en casos como el de Epstein, que se dan con total impunidad a causa de la dependencia económica de las víctimas. Lo vemos en la posibilidad de alejarse de un padre o una pareja que nos maltrata, o de dejar un trabajo en el que soportamos a un jefe acosador. La realidad material dicta que las conquistas del feminismo solo las puede ejercer efectivamente quien puede pagarlas, esto es, las mujeres burguesas y de clases medias, mientras las mujeres trabajadoras continúan sufriendo las formas de explotación y opresión más intensificadas.
Además, el feminismo, con independencia de la variante en la que se enmarque («interseccional», «anticapitalista», «autónomo» o «de clase», entre otros), no tiene un proyecto de sociedad que pueda contraponer al proyecto capitalista. Así pues, ha renunciado a conquistar el poder político y a construir un «Estado de todos los oprimidos y oprimidas» que pueda recibir y aplicar sus demandas. De esta forma, y pese a que las individualidades que lo compongan puedan oponerse al Estado y al reformismo, el feminismo se ve obligado una y otra vez a dirigir sus demandas al mismo Estado que sostiene la propiedad privada, protege a la patronal y administra la violencia sobre nuestra clase, confiando en que desde ahí se concedan unas mínimas reformas que siempre llegan filtradas por la lógica de la desigualdad y la dominación.
De este modo, el feminismo, lo quiera o no, termina funcionando como un engranaje de legitimación del Estado capitalista: al tener que dirigir a este sus demandas como único receptor legitimado, las reformas que se obtendrán estarán inevitablemente condicionadas por la lógica de la sociedad de clases. Y esto no solo neutraliza cualquier potencial revolucionario de las reivindicaciones feministas, sino que, además, sirve al Estado capitalista para mejorar su imagen, maquillar su carácter violento y opresor y ajustar su dominación a los tiempos y necesidades actuales.
No obstante, el feminismo ha logrado visibilizar y desnaturalizar múltiples formas de violencia machista, generando información y politizando a toda una generación de jóvenes entre 2016 y 2020. Nosotras venimos de ahí y reconocemos ese legrado progresivo. Sin embargo, como proyecto, hemos llegado a la conclusiónde que estecarece de la capacidad para enfrentar y revertir el actual auge reaccionario y, sobre todo, para conquistar derechos de manera estable para todas las mujeres, de los que tienden a quedar excluidos las mujeres de clase trabajadora y el proletariado LTBIQ+.
La conclusión que se impone es sencilla: no habrá fin de la opresión de género sin fin del capitalismo. Y, por lo tanto, no hay lucha por la liberación de las mujeres efectiva y real que no pase a su vez por una lucha contra el sistema capitalista.
Superar este sistema implica, primero, reconstituir a la clase trabajadora en partido propio e independiente, una fuerza social disciplinada y arraigada en los centros de trabajo, en los barrios y en la juventud; y, segundo, en que ese partido conquiste el poder político, derribe el Estado de los capitalistas y levante un nuevo Estado que organice la transición hacia el socialismo, una nueva forma de organizar la sociedad en la que las bases de todas las formas de opresión y explotación son progresivamente eliminadas.
En ese nuevo poder de clase, la abolición del capital no es una consigna vacía, sino un programa concreto: expropiar a los grandes propietarios, planificar la economía según las necesidades sociales y eliminar de raíz las condiciones materiales y subjetivas que hoy obligan a tantas mujeres a soportar maltrato, precariedad y humillación. Pues solo de esta forma los derechos conquistados dejan de depender de nuestra posición de clase y su acceso se vuelve realmente universal.
Este planteamiento implica que la emancipación de las mujeres trabajadoras debe ser obra de ellas mismas, codo con codo con el resto de su clase. A través de un movimiento que no se conforme con gestionar la violencia, la desigualdad y el miedo, sino que se proponga destruirlos de raíz. Lo cual exige un programa claro que, en el ámbito de género, implica abolir la familia, socializar el trabajo doméstico y garantizar una verdadera emancipación en el ámbito sexual.
Nada de esto será posible sin un cuerpo militante en continuo aprendizaje y expansión. Un cuerpo capaz, por un lado, de reconocer y abordar las distintas subjetividades presentes en el interior del proletariado, para poner fin a cualquier forma de violencia intraclase y garantizar su unidad. Y, por otro lado, capaz de fortalecer su organización, expandirse territorialmente, e intervenir y confrontar cada agresión machista y expresión de la opresión de género, construyendo además una infraestructura que combata de manera efectiva las violencias, las agresiones y las distintas expresiones de explotación.
El reto no es menor. Conocemos la dureza y la crudeza de las violencias, desigualdades y aislamiento que padecemos las mujeres proletarias.
Por eso nos toca estar a la altura de las circunstancias y del reto histórico que las militantes revolucionarias tenemos por delante: levantar un proyecto socialista que haga de la emancipación de las mujeres trabajadoras una tarea central de toda la clase, sabiendo que solo un movimiento consciente podrá arrancar de raíz la opresión de género y cualquier otra forma de dominación de la que el capital se alimenta para sobrevivir.
Contra el capitalismo, el machismo y el fascismo: las mujeres trabajadoras vamos a estar en primera línea. Que nuestros enemigos sepan que, si ellos avanzan, nosotras avanzaremos también.
Lucía Casado es militante del Movimiento Socialista.
Aprende con esta videoconferencia cómo usar tu teléfono sin necesidad de que esté vinculado a Google y sin renunciar a ninguna aplicación. Un taller organizado por Internet Ciudadana.
Aunque lo ideal sería migrar el celular a un sistema operativo más libre, sobre todo después de los últimos anuncios de Google sobre lo que hará con Android, es una tarea compleja y avanzada. Por eso, este taller-conversatorio de iniciación celebrado el jueves 5 de marzo de 2026, se planteó como un espacio para dar los primeros pasos e ir liberándonos de los servicios de Google sin perder información ni dejar de usar las aplicaciones que necesites. En el video y en la presentación podrás:
aprender a desvincular tú celular de la cuenta de Google y gestionar los contactos o revisar el correo con otras aplicaciones.
instalar aplicaciones usando tiendas alternativas a Play Store.
configurar el celular para que las aplicaciones dejen de escuchar cuando no deben.
conocer aplicaciones alternativas para todos los servicios que te ofrece Google y otros proveedores de software privativo.
Un taller de Internet Ciudadana impartido por José Castro (Ética Digital), Miguel Guardado Albarreal (Comuna Digital) y Santiago García Gago (Radios Libres).
Si quieres enterarte de más formaciones como esta del colectivo Internet Ciudadana, puedes inscribirte en la lista de de correo escribiendo a esta dirección: fsi-alc@internetciudadana.net o visitar su web.
Un año más, el Festival Internacional de cine de Berlín se ha desarrollado en medio de la polémica, haciendo de espejo a la contradicción en la que se encuentra Alemania con respecto a su pasado, su memoria y su historia. El gran festival político y del público por excelencia sigue sin posicionarse contra el genocidio de Palestina cometido por el Estado de Israel. La directora del tercer festival más importante del cine, Tricia Tuttle, y el director alemán Wim Wenders, presidente del jurado de esta edición 76, argumentaron que «no se debe esperar que los artistas hablen de todos los temas políticos».
Una frase poco acertada -que se suma a la memoria mal hecha desde la culpa del país- que ha salpicado al que, por excelencia, es el festival más político. El comunicado de la institución respaldaba las palabras de Wenders al insistir en separar “el cine de la política”, cuando se entiende que todo cine es político ya que habla de nuestras sociedades y de los humanos, animales políticos.
El cineasta palestino Abdallah Al-Khatib durante su discurso en la Berlinale 2026.
Con todo, la 76ª Berlinale entregó su palmarés y consagró al director alemán de origen turco, lker Çatak, con el Oso de Oro por Gelbe Briefe (Yellow Letters), un drama sobre la resistencia a través de la correspondencia, un mecanismo de resistencia íntima y política en la Turquía de los 80.
El Gran Premio del Jurado fue para el «western anatolio» de Emin Alper, Kurtulus (Salvation), y Sandra Hüller se llevó el Oso a mejor interpretación por Rose, donde da vida a una madre rebelde en la Austria rural. El jurado también reconoció el trabajo de los nonagenarios Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay por su emotivo papel como pareja enfrentada al desahucio en Queen at Sea.
Otro año prometedor para el cine en español
Con las calles heladas de Berlín, el toque más cálido lo puso el siempre bien acogido audiovisual latino. Vale la pena resaltar películas y series que sí tienen una posición clara y que hacen de este festival un gran escaparate de cine comprometido que explica otras realidades de nuestra sociedad. Una de ellas es, sin duda, la que promete ser una de las series del año en España: Ravalear, de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta (directores). Incluida en la Berlinale Special Series, nos habla de la especulación, la codicia y la pérdida de humanidad con un tema tan básico para la vida como lo de la vivienda.
El actor Enric Auquer en la serie Ravalear.
Con una realización casi documental, agitada, diversa y en constante movimiento, como el mismo barrio barcelonés del Raval, nos adentramos en la perversión del sistema capitalista con respecto a la gentrificación y a la especulación, tocando, con sus múltiples matices, el tema de la ocupación. Las víctimas son las de siempre, los sectores trabajadores y los más vulnerables. La serie, que podrá verse completa en España en mayo, nos habla de una realidad palpable y actual: las lógicas más crueles que enfrentan los de abajo, además de centrarse en esos modelos de ciudad que ya son globales.
Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa
Por otro lado, Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa (Panorama), obtuvo el Premio Teddy (premios LGTBIQ+) al mejor largometraje. La obra nos muestra la contradicción principal de la vida: la material. Una pareja trabajadora del campo de Almería – él un chico trans y ella una andaluza de origen marroquí- forma un cóctel explosivo y muy acertado para mostrar las grandes contradicciones de base, las de las desigualdades, capital-trabajo. Envueltos en los prejuicios sociales por sus propias particularidades y condiciones, el director retrata con delicadeza y una realización muy realista, al puro estilo de cine social, los miedos, contradicciones y anhelos de la pareja y sus familias. Temas como el egoísmo, la liberación, la aceptación, la familia y el amor hacen de este debut una pieza tierna y acertada en la que, de nuevo, la Berlinale es la plataforma de estas nuevas miradas que prometen. Un año más, desde Berlín, sale una de las películas más interesantes del año.
También las películas latinoamericanas han tenido buena visibilidad en esta edición de la Berlinale. Moscas, de Fernando Eimbcke (Sección Oficial), es un retrato conmovedor y sensible que habla del cariño, las heridas y los duelos. Una fotografía en blanco y negro, resaltando la belleza de la inocencia de un niño, Cristian, nos cuenta la historia de Olga, una mujer calculadora y rígida, que se cruza con la vida del pequeño y su padre para acabar de cerrar duelos compartidos. Un gran debut para México y una brillante y encantadora actuación de un jovencísimo Bastian Escobar. La película obtuvo el Premio del Jurado ecuménico (Competencia) y de la Berliner Morgenpost.
La casa de los espíritus, serie de Francisca Alegría y Andrés Wood.
Del cono sur del continente, nos encontramos con una adaptación del libro La casa de los espíritus, serie dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood que capta bien la profundidad y magia (sin exagerar los artificios) de la novela de Isabel Allende, siendo consciente siempre de las limitaciones de este formato. La obra se adentra en las personas, sus misterios y sus luchas internas, y nos engancha al formato de las plataformas. La memoria familiar y la memoria histórica de un país se funden con sus múltiples matices y se puede disfrutar de los muchos acentos del español. Como nos tiene acostumbrados el realismo mágico, hablar con los muertos es un pilar para entrar en esta magia.
Con Narcisode Marcelo Martinessi, premiada con el FIPRESCI de Panorama, se ponen sobre la mesa temas que hoy siguen siendo claves para entender este mundo: la globalización y la intervención de EE. UU. desde las estructuras estratégicas y culturales. La historia sitúa a Narciso, un trabajador de una emisora de rádio en plena dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner. El rock se introduce gracias al carisma del protagonista y trae consigo un movimiento cultural que genera rechazo. El rock, sus bailes y muchos de sus seguidores son vistos como “invertidos”. La película no es redonda, pero retrata una época y nos alerta de la oscuridad también de nuestro contexto histórico. Es inevitable no comparar el debate de hoy con respecto al reggaeton y los diferentes referentes de las nuevas generaciones, porque el rock y sus bailes también fueron detestados en sus inicios.
Hijo propio, de Maite Alberdi (directora de La Memoria infinita, nominada a los Oscar en 2024), muestra un retrato muy humano de una chica que finge un embarazo por la presión social para ser madre, llevándola hasta las últimas consecuencias. Jaripeo de Efraín Mojica y Rebecca Zweig (Panorama) sorprende al explicarnos la vida de la diversa comunidad queer en un contexto de rancheros y vaqueros del México profundo.
El Oso de Cristal a mejor película y Gran Premio del Jurado internacional, Chicas Tristes, de Fernanda Tovar (GENERATION), habla del despertar sexual de unas adolescentes, la amistad y la línea roja y sensible del consentimiento. Y una de las sorpresas, fue la Mención especial a la difícil de conectar y ver, Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes.
Finalmente, cabe resaltar, por un lado, el premio GEN Z Audience Award para Cura Sana, de la catalana Lucía G. Romero, una de las miradas nuevas e interesantes del cine español. Por otro lado, dos pinceladas del cine alemán: la vida de un taxista palestino en Berlín en Where to?, de Assaf Machnes, una de las películas más emocionantes, sensibles y llenas de humanidad que nos habla del refugio, el desamor, los matices de la lectura política y la empatía.
Y, para acabar, un retrato de la complejidad del conflicto capital-trabajo en un sistema perverso de precariedad y codicia, que traspasa a las relaciones personales con Ich verstehe Ihren Unmut, de Kilian Armando Friedrich.
Santiago García Gago, Radios Libres y Colectivo de Medios Comunitarios del Cuyo (Comecuco), Argentina; y Lázaro Cruz García, Universidad de Murcia, Riccap España.
María aún debe ocultar su nombre tras un seudónimo, a pesar de llevar siete años exiliada en San José de Costa Rica. Es una de los 293 periodistas que han tenido que abandonar Nicaragua en distintas oleadas desde la crisis sociopolítica de 2018. Desde entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he registrado, al menos, 355 personas fallecidas y más de 100.000 exiliadas. “Huimos del país perseguidos por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, nos cuenta María para este capítulo del Anuario con su voz disfónica y entrecortada. Según el médico especialista se debe a una faringitis crónica que le dejó la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, ella lo achaca a “todas las cosas que, como periodista, me he tenido que callar estos años. No puedo decir nada porque aún tengo familia en Nicaragua que puede sufrir represalias”.
Según el informe anual sobre la Libertad de Prensa en el mundo que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF) “el régimen Ortega-Murillo ha erradicado la prensa independiente de Nicaragua”. El país se ha convertido en el peor valorado de la región, bajando hasta el puesto 178 de los 200 analizados. Nicaragua ocupa el segundo lugar entre los países con mayor número de periodistas exiliados en América Latina y Caribe tras Venezuela, con 477 casos, y por delante de Cuba con 98. Entre estos tres países, suman más del 90% de los periodistas desplazados o exiliados durante este periodo, una dramática lista que completan Guatemala (19), Ecuador (13) y El Salvador (10), tal como lo analizó el estudio “Voces desplazadas: radiografías del exilio periodístico Latinoamericano 2018 -2024”, un trabajo de Oscar Mario Jiménez, Dagmar Thiel, Johanna Rodríguez, Alejandra Matus y Fernando Martínez.
A pesar de seguir siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, México no aparece en los primeros puestos de esta lista de periodistas exiliados. Sin embargo, quienes informan desde allá, enfrentan peligros mayores. La organización Artículo 19 ha documentado 175 asesinatos de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación desde el año 2.000. Esta feroz represión la ejercen, principalmente, el crimen organizado y el narcotráfico. Es por eso que, muchos periodistas, han optado por autocensurarse ante el riesgo que corren sus vidas y no pasan a integrar las listas de exiliados.
La radiografía del informe “Voces desplazadas” ilustra, por tanto, un fenómeno que se reavivó y agudizó en los últimos siete años: además de las amenazas del crimen organizado y de otros actores paraestatales, se incrementó la persecución y represión a periodistas y comunicadores por parte de distintos poderes y fuerzas del Estado. Poderes que amenazan, coaccionan, agraden, detienen y encarcelan a quienes, desde un medio de comunicación, les investigan, fiscalizan y confrontan.
Y aunque la atención global entre los años 2018 y 2024, sobre todo los últimos tres, se ha focalizado en la trágica situación que sufren quienes informan desde Palestina o Ucrania, los periodistas venezolanos y nicaragüenses, a los que recientemente se suman salvadoreños y guatemaltecos, siguen reclamando la atención internacional sobre un problema que se agrava año tras año: “solo entre mayo y junio de 2025 salieron 53 periodistas de El Salvador en el marco de una cruzada del gobierno contra voces críticas y periodistas que han revelado las irregularidades gubernamentales”, expresa la periodista salvadoreña Loida Martínez Avelar, a quien entrevistamos para el Anuario, citando datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Martínez lleva 18 años investigando actos de corrupción y violaciones a derechos humanos en su país para la Revista Factum. En junio de 2025, tuvo que refugiarse en Guatemala debido a la persecución y a las amenazas directas del gobierno de Nayib Bukele.
La paradoja es que mientras varios periodistas salvadoreños, como Loida, se refugian en Guatemala, algunos colegas de ese país tienen que huir debido a las amenazas y la persecución, en su caso, del sistema judicial guatemalteco. Uno de ellos es Nelton Rivera, cofundador y miembro de la dirección de Prensa Comunitaria. Este medio digital independiente de Guatemala, realiza periodismo comunitario medioambiental, de investigación y anticorrupción desde 2012. Denuncian a las empresas mineras y su extractivismo inescrupuloso, a las hidroeléctricas, al negocio depredador de la palma de aceite, a la corrupción de los funcionarios públicos y a quienes deberían fiscalizarles. Este periodismo incómodo ha desencadenado ataques físicos y sabotajes digitales, ademá de una campaña de desinformación, intimidación y criminalización promovida por el “pacto de corruptos”. Así es como se denomina en Guatemala a la alianza entre el sector empresarial, la élite económica del país, la oligarquía, las redes criminales, y los militares que fueron responsables de delitos de lesa humanidad durante la contrainsurgencia.
Actualmente, siete integrantes del medio Prensa Comunitaria se han tenido que exiliar, entre ellos Rivera, quien prefiere no revelar su destino por motivos de seguridad y explicó en una entrevista para este capítulo que: “cuando nos filtraron que el Ministerio Público me iba a acusar por delitos de lavado de activos, con el antecedente del director del medio El Periódico, José Rubén Zamora, acusado y encarcelado por un delito similar a pesar de haber demostrar el origen lícito de los fondos, entendimos que pretendían llevarme a la cárcel como un nuevo castigo ejemplar. Además, amenazaban con intervenir y ahogar financieramente nuestro medio. Por eso, la primera semana de abril 2025 tomé la decisión de salir del país”.
El virus del autoritarismo se extiende por la región
Desde la segunda década del siglo XXI, el mundo experimenta una regresión de la democracia y el avance de políticas neoconservadoras y populistas de diferentes colores e ideologías. Este hecho tiene su correlato en varios países de América Latina y el Caribe, donde se profundizan regímenes autoritarios y un preocupante aumento de la polarización. En consecuencia, se evidencia “un descenso general de la libertad de expresión debido al deterioro de las condiciones de trabajo de la prensa, a las agresiones violentas, a la censura por parte del Estado, a las persecuciones judiciales y al hostigamiento digital”, como se documenta detalladamente en el informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”.
La lista de países de la región que se encaminan a un destino similar se ampliará en 2026. Chile será gobernado por el ultraderechista José Antonio Kast. Y en Honduras, el candidato conservador Nasry Asfura gobernará con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca consolidar su influencia en América Latina, incluso, con intervenciones militares directas, como la ocurrida el 3 de enero de 2026 en Venezuela para capturar a Nicolas Maduro. Kast y Asfura, se suman a este funesto inventarios de mandatarios que amenazan la libertad de expresión como los mencionados Ortega o Bukele, o Daniel Noboa en Ecuador y el presidente argentino Javier Milei, quien ha iniciado acciones penales contra distintos periodistas llevando a Argentina a descender 21 puestos en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa de RFS.
“El manual del dictador se ha expandido por la región. Aunque cada país tiene sus particularidades, hay una verdad indiscutible: el periodismo libre e independiente está pasando uno de sus peores momentos. Nada podrá ser mejor, todo indica que se incrementará la persecución de la prensa; incluso en países como Costa Rica que siempre ha sobresalido por su respeto a la democracia”. Loida Martínez, Revista Factum, El Salvador.
En medio de las denuncias, el hostigamiento y la criminalización del oficio de informar y comunicar, cada día, más periodistas se ven obligados a exiliarse o autocensurarse para evitar procesos penales, la prisión o agresiones físicas cada vez más violentas. Este éxodo masivo, que comenzó con comunicadores y comunicadoras de Venezuela, en estos últimos 5 años se acrecentó con sus colegas centroamericanos.
Además de la dramática situación que viven quienes se tienen que exiliar, la expulsión de estas voces críticas provoca en sus países los denominados “apagones informativos”: zonas donde no existen medios independientes. En Nicaragua, por ejemplo, el 56% del país estaría en esta situación, según la asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
A las limitaciones para ejercer la libertad de expresión y las restricciones para que exista una esfera pública con pluralidad de voces, hay que sumar la desarticulación de los movimientos sociales y fragmentación de la sociedad civil provocada por diversos factores como la deslegitimización de las protestas y la acción colectiva, la profundización de las políticas neoliberales o la reconfiguración del escenario político y social. De este modo, los gobiernos autoritarios y populistas allanan el camino para imponer unilateralmente sus propias narrativas silenciando cualquier capacidad de crítica o fiscalización independiente del poder, como explica Daiana Bruzzone en Más derechos, menos derechas.
La crudeza del exilio
A pesar del esfuerzo que realizan las y los periodistas que salen de sus países para seguir informando desde el exterior, el exilio no es sinónimo de seguridad ni garantía para ejercer el derecho a la libertad de expresión. El miedo y los riesgos se mantienen “debido a represalias en contra de sus familiares que aún permanecen en Nicaragua, y por la presencia de redes de vigilancia transfronteriza y ataques digitales a sus cuentas”, explica Lourdes Arróliga en el diagnóstico de PCIN de 2025.
El exilio afecta a los periodistas en múltiples ámbitos: dificultades para conseguir un estatus migratorio legal, muchas veces porque al salir apresuradamente no cuentan con todos los documentos de identificación y otros que solicita el país de acogida; discriminación y rechazo; y obstáculos legales para ejercer su profesión, entre otros. En el informe sobre la situación de los periodistas nicaragüenses, “un 59% de los encuestados respondió que sí ha laborado en áreas distintas al periodismo en los últimos doce meses”.
“Nos enfrentamos al desarraigo, al trauma de vivir fuera, de quedarnos sin la posibilidad de acceder a la justicia para defendernos al estar en condiciones precarias, de vivir al día porque los programas de protección son escasos o limitados. Es decir, las condiciones de exilio que han vivido decenas de guatemaltecos durante muchísimas décadas”. Nelton Rivera, cofundador y miembro de la dirección de Prensa Comunitaria, Guatemala.
A esto hay que sumar diversas afecciones a la salud física y daños psicoemocionales, tales como ansiedad, trastornos del sueño, depresión y estrés, entre otros padecimientos.
“Las mujeres estamos expuestas a un doble riesgo, pues además del duelo por abandonar un país y a la familia, también nos enfrentamos a los riesgos de criminalidad en el nuevo lugar de acogida. El acoso callejero y el desconocimiento de las zonas peligrosas nos expone el doble. Además, las que tenemos enfermedades crónicas u otros padecimientos no contamos con una atención médica adecuada”. Loida Martínez, Revista Factum, El Salvador.
Apoyo internacional
Son varias las organizaciones internacionales que se dedican a prestar apoyo a periodistas amenazados que tienen que salir de sus países en busca de refugio. La mayoría ofrecen fondos económicos de emergencia para garantizar: viajes, primera vivienda o reunificación familiar; acceso a servicios de salud; o asesoría legal y migratoria.
A las más antiguas como Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Free Press Unlimited (FPU), Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), Network of Exiled Media Outlets (NEMO), Red Internacional de Periodistas (Ijnet) o Reporteros Sin Fronteras (RSF), se suman otras para apoyar, específicamente, en la región debido al incremento de casos. Entre ellas están la Red Latinoamericana de Periodistas en el Exilio de la (RELPEX) impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2024, la que está integrada por 260 periodistas de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Guatemala y El Salvador.
Otra de ellas, que actúa prioritariamente en Centroamérica, es la Casa para el periodismo libre, inaugurada en agosto de 2024 en San José, Costa Rica. Este proyecto, impulsado por la DW Akademie en alianza con el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), es parte de la iniciativa global Space for Freedom de DW Akademie que cuenta con casas similares en otras regiones para fortalecer las competencias en seguridad y prevención de riesgos de periodistas de distintas partes del mundo.
La Casa, aspira a ser un espacio para el intercambio de experiencias y apoyo para periodistas en el exilio colaborando en su inserción laboral.“Nosotros estamos un paso después de la emergencia”, afirma Edgar Zamora Orpinel, project manager de la organización alemana que promueve la iniciativa en entrevista para este capítulo. Aunque articulan con otras organizaciones internacionales para brindar fondos de emergencia puntuales, priorizan la asistencia una vez que las y los periodistas salen de país, apoyándoles para que continúen informando. Por ejemplo, la Casa ofrece un espacio equipado con material técnico audiovisual para que entrevisten o reporten con seguridad y privacidad. Además, organizan programas de capacitación para obtener certificación oficial de universidades costarricenses.
“Las actividades del proyecto las proponen los periodistas y la idea es que les permitan seguir con su vida desde varias perspectivas, no solo la laboral con las capacitaciones, sino también emocionales, de relajación, esparcimiento y conversación”. Edgar Zamora Orpinel, project manager DW Akademie / Casa para el periodismo libre.
Para el periodista nicaragüense Julio López, editor del libro El periodismo nicaragüense está vivo, “el exilio es aferrarse a la libertad”. También, es una forma de activismo democrático, un mecanismo para conservar la memoria histórica, y una manera para lidiar con la tristeza y el desarraigo.
A pesar del temor y la persecución, para Lourdes Arróliga –periodistas nicaragüense en el exilio y editora del Diagnóstico situacional 2025 publicado por PCIN– “el exilio, en lugar de significar silencio, se ha convertido en un espacio de resistencia”. Espacio desde el que estos periodistas, la mayoría sirviéndose de Internet, siguen alzando sus voces críticas para denunciar los abusos de poder de los gobiernos autoritarios.
Los informes sobre periodistas en el exilio no comunican la tipología del medio al que pertenecen. Sin embargo, al analizar la lista de los periodistas y comunicadores , en su mayoría provienen de medios locales o alternativos y se definen como críticos e independientes. Por lo general, las grandes cadenas mediáticas, de origen privado-comercial, optan por no enfrentarse directamente con las autoridades por lo que sufren menos represión mientras que “los medios comunitarios continúan interviniendo públicamente en pos de la defensa y el fortalecimiento de una cultura democrática”, expresan categóricamente María Magdalena Doyle y Valeria Meirovich en el artículo “La politicidad de las radios comunitarias”, del compilado de CLACSO Más derechos, menos derechas.
Nelton Rivera sostiene que, en el caso guatemalteco, la mayoría de colegas exiliados pertenecen a medios independientes o son periodistas freelance. Solamente tienen registro de uno que pertenece a un medio corporativo. En la Alianza Intermedios, de la que forma parte la salvadoreña Loida Martínez, participan íntegramente medios comunitarios, independientes y alternativos, la mayoría de ellos son nativos digitales. Edgar Zamora destaca lo heterogéneo del exilio periodístico nicaragüense aunque “la mayoría pertenece a los que se podría denominar como un ecosistema de medios más alternativos, más locales e incluso hiperlocáles y algunas radios comunitarias”.
La mayoría de esos periodistas y comunicadores reivindican los principios impulsados por los primeros medios alternativos que surgieron en América Latina y el Caribe a mediados del siglo XX, definidos por la comunicadora argentina Margarita Graziano en 1980: “lo alternativo, en tanto tal, se levanta frente a otra concepción no solo de la comunicación sino de las relaciones de poder y de la transmisión de signos e imposición de códigos que esas relaciones permiten vehicular”.
La realidad que enfrentan actualmente muchos medios de comunicación independientes en distintos países de América Latina y el Caribe se va pareciendo, cada vez más, a la que vivieron aquellos pioneros medios alternativos que enfrentaron las represión de gobiernos autoritarios y brutales dictaduras. En este resurgir del unilateralismo global, de posturas ultraconservadoras que parecían enterradas, de la radicalización de las desigualdades, y de la impunidad ante las invasiones y las agresiones militares, los medios independientes y alternativos vuelven a postularse como espacios de resistencia y defensa de derechos frente a dinámicas autoritarias del Estado. Medios y periodistas que, incluso desde el desarraigo del exilio, buscan contrarrestar la concentración de poder, la censura, la restricción de libertades y la criminalización de voces disidentes.
En un contexto de auge de la extrema derecha y una nueva estrategia geopolítica, que implica deslegitimar la democracia, concentrar y controlar las infraestructuras tecnológicas de la comunicación e información, promover el negacionismo científico, y no creer en los fundamentos mínimos de la convivencia, este sexto informe anual de la RICCAP se propone como un llamado al diálogo, a la paz y a la cohesión social frente a la polarización que promueven grupos extremos.
La trayectoria editorial de este sexto informe 2025, construido capítulo a capítulo de manera intercontinental, revela el esfuerzo de investigadoras e investigadores de distintos países de Iberoamérica ―España, Portugal y Latinoamérica―que analizan y reflexionan sobre la evolución de los medios y experiencias de comunicación alternativa y comunitaria. Estos son agentes fundamentales para la democracia, la diversificación del ecosistema informativo, la elaboración de narrativas de paz, y la promoción del diálogo y la inclusión social.
Compartimos nuestra contribución a la nueva revista de Internet Ciudadana. Este nuevo número, el 16, llega con artículos sobre la inteligencia artificial, la falacia de la neutralidad o la “ingenuidad tecnológica”, un término que bautiza este artículo y que pronunció alguien impensado.
“Desde hace tiempo existen múltiples pruebas de que algoritmos proyectados para maximizar la implicación en las redes sociales —redituable para las plataformas— premian emociones rápidas y penalizan en cambio expresiones humanas que necesitan tiempo, como el esfuerzo por comprender y la reflexión. Encerrando grupos de personas en burbujas de fácil consenso y fácil indignación, estos algoritmos debilitan la capacidad de escucha y de pensamiento crítico y aumentan la polarización social.
A esto se sumó una confianza ingenuamente acrítica en la Inteligencia Artificial como ‘amiga’ omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, ‘oráculo’ de todo consejo. Todo esto puede desgastar aún más nuestra capacidad de pensar de modo analítico y creativo, de comprender los significados, de distinguir entre sintaxis y semántica.
Aunque la IA puede proporcionar apoyo y asistencia en la gestión de tareas comunicativas, eludir el esfuerzo de pensar por nosotros mismos y conformarnos con una recopilación estadística artificial, a la larga corre el riesgo de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas.”
Esta cita no es nuestra. Tampoco pertenece a Evgeny Morozov, Shoshana Zuboff o algún otro acérrimo crítico del actual sistema sociotécnico y sus plataformas digitales. Aunque no lo creas, estos párrafos son parte del “Mensaje del Santo Padre León XIV para la 60a jornada mundial de las comunicaciones sociales”. Una misiva plagada de párrafos contundentes que alertan sobre los riesgos de las actuales TIC digitales y los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad por la adopción acrítica de la Inteligencia Artificial.
A pesar de profesar un profundo ateísmo, más si se trata de una institución como la Iglesia Católica, no podemos estar más de acuerdo con las afirmaciones del Santo Padre. ¿Se habrá convertido León XIV en un ciberpesimista? ¿Estará apostatando de la tecnología? ¿Perdió la fe en las redes sociales? ¿En un agnóstico de la Inteligencia Artificial?
Nada de eso. Robert Prevost, nombre bautismal del Papa León XIV, solo analiza críticamente los riesgos del actual modelo de desarrollo de las tecnologías digitales de comunicación e información. Un modelo impulsado por un puñado de magnates autoritarios y financiado por poderosos fondos de inversión especulativa que, guiados por un afán desmesurado e ilimitado de riqueza, ignoran las repercusiones sociales de su avaricia, algunas de ellas señaladas por el Papa y por las que ya están enfrentando a la justicia.1
Muy probablemente, al abordar este tema de ese modo, el Papa se sienta como Juan el Bautista: un predicador en el desierto. O como Moisés, indignado ante una sociedad embriagada de tecnomisticismo que idolatra a ChatGPT o se postra ante la última aplicación de moda.
Sin embargo, León XIV no se amedrenta en su carta y, al igual que hizo Jesús cuando agarró el látigo para expulsar a los mercaderes del templo, azota directamente a los falsos profetas de esta nueva religión binaria: los fundadores de un “puñado de empresas” que, aprovechando el control oligopólico de los algoritmos y los sistemas de Inteligencia Artificial, son “capaces de orientar sutilmente los comportamientos e incluso reescribir la historia de la humanidad”.22
“Confianza ingenuamente acrítica en la Inteligencia Artificial”
Ciertamente, es muy sencillo claudicar y dejarse seducir por este nuevo becerro de oro que nos maravilla con sus prodigiosas capacidades de procesamiento informático. Sin embargo, el Papa alerta de los peligros de confiar ciega e ingenuamente en las promesas que acompañan el despliegue de la Inteligencia Artificial. Promesas tecnofetichistas que no son nuevas. Los mismos argumentos que hoy repiten los medios de comunicación, ponentes en webinarios académicos o tu cuñado en la cena familiar, son los que a finales de los 90 acompañaron el despliegue de Internet y, una década después, el desarrollo de las redes sociales y las plataformas 2.0.
También entonces depositamos en aquellos sistemas la esperanza para: democratizar la comunicación y conformar una esfera pública más plural, diversa e informada; empoderar a la ciudadanía para una participación política más activa; reducir la brecha digital; educar de forma innovadora y más eficiente mejorando las posibilidades de los estudiantes más desfavorecidos; aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de gobiernos y empresas que serían fiscalizadas por la ciudadanía; o la creación de comunidades globales que nos permitieran alcanzar mayor equidad y justicia social.
Sería demagógico afirmar que nada de esto se alcanzó. Evidentemente, Internet y sus aplicaciones, posibilitan la producción colaborativa de conocimiento, permiten comunicarnos con una inmediatez impresionante, articular con personas de cualquier parte del planeta o aprender y divertirnos con memes y videos, entre otras muchas cosas.
Pero si profundizamos el análisis, ¿cuáles de aquellas promesas se cumplieron realmente?, ¿qué hemos logrado transformar estructuralmente?, ¿tenemos sociedades más democráticas y justas o creció la exclusión y la inequidad? Casualmente, la acertada carta del Papa coincidió con dos noticias globales que aportan respuestas concretas a estas preguntas.
Noticia 1: prohibiciones
La primera es que Francia y España, siguiendo los pasos de Australia, prohibirán el uso de redes sociales a menores de 15 y 16 años, respectivamente.3 Esta controvertida medida fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional francesa –130 votos a favor frente a 21 en contra– y cuenta con el respaldo del 79% de los adultos y de un 67% de los jóvenes que la consideran justificada.
Estas leyes se aprobaron para mitigar los daños, evidentes y probados, que provocan en la salud mental de jóvenes (y adultos): “estas redes sociales prometían conectar, fragmentaron. Prometían informar, saturaron. Prometían divertir, encerraron.”, afirmó una de las diputadas que respaldó la iniciativa.
El presidente español, Pedro Sánchez, anunció que las plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X o Twitch, tendrán que implementar obligatoriamente mecanismos de verificación de la edad de quien accede. De esta forma, aspira a proteger a los menores del “salvaje Oeste digital” donde abunda la pornografía, la manipulación y desinformación, la violencia o los abusos.
Al anunciar las restricciones –que la Unión Europea está estudiando implementar en todos los países miembros porque “enganchan a los niños a algoritmos manipuladores”– Sánchez apuntó contra los “amos del algoritmo”, gobernantes de “Estados fallidos” donde no se respetan legislaciones ni se persiguen los delitos. Y señaló particularmente a uno de estos tecnooligarcas: Elon Musk y su Inteligencia Artificial Grok, investigado por la creación de millones de imágenes pornográficas de mujeres sin su consentimiento: “los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio. Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”. Sus declaraciones le valieron los insultos de “tirano y traidor” por parte de Musk.
Noticia 2: rentabilidad
La segunda noticia que coincidió con la carta del Pontífice, fue el anuncio del crecimiento exagerado de las ganancias de las Big Tech, alimentado por las inversiones en IA Generativa. Tesla/X, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Oracle y Microsoft alcanzaron en 2025 “cifras inéditas” que no solo aumentan su ya inmensa riqueza –los dueños de estas empresas integran la lista de las diez personas más ricas del mundo, en el orden que las citamos– sino que consolidan su descomunal poder. Un poder que les autoriza a insultar presidentes o ignorar leyes.
No. El presidente español, en sus declaraciones, apuntó en la dirección adecuada al recordar que la tecnología no es neutra. Una falacia que, de tanto repetirla, se ha convertido en una especie de virtud teológica tecnocientífica.
Un mito muy útil ya que deriva la responsabilidad sobre quienes usan la tecnología y no sobre quienes la producen: “No son ellos a quienes hay que señalar, sino a esos traficantes que con sus algoritmos crean adicciones. Hay que neutralizarlos”, alegó el diputado francés Rodrigo Arenas, al oponerse a la ley aprobada en su país por creer que culpabiliza a las familias y profesores, cuando son las víctimas de las plataformas.
No existe la “neutralidad técnica”, ni siquiera de objetos sencillos como un martillo o un cuchillo. Desde una concepción instrumental y funcional, ciertamente estos artefactos pueden ser usados para algo bueno o malo. Eso no significa que sean neutras, porque cualquier tecnología está imbuida de valores humanos, empezando por los principios y la visión de mundo de quienes diseñan o financian. En ese diseño influyen también otros factores externos como el contexto social, económico, político.
Por lo tanto, no son solamente herramientas sin implicaciones éticas. Todas encarnan valores, principalmente cuando se integran dentro de un sistema tecnológico más amplio que modela los comportamientos sociales y consolida estructuras de poder.
No hay que perder la fe
El Papa León XIV termina su misiva con una recomendación: ser escépticos y no dejarnos dominar por la ingenuidad. Sin embargo, esa penitencia no implica perder la fe y dejar de creer en la tecnología.
Negar la neutralidad nos permite reconocer que todo desarrollo se rige por ciertas reglas, valores y normas que están presentes en el diseño de los objetos técnicos. Estas especificaciones integran lo que el filósofo canadiense Andrew Feenberg llama el “código técnico”. Este código naturaliza las decisiones de dominación como si fueran puramente técnicas o relacionadas con la eficiencia, neutrales, cuando son profundamente sociopolíticas y económicas. En el caso de las TIC y la IA, este código lo redactan los hombre (blancos, del Norte Global, heteronormativos) más ricos del planeta.
Feenberg, al igual que León XIV, nos invita a un “involucramiento táctico”. Esto significa apropiarse de los “elementos técnicos” para diseñar tecnologías desde otros paradigmas y alejarnos así de los códigos opresores. Solo evaluando seriamente sus impactos sociopolíticos o medioambientales podremos construir tecnologías con un verdadero fin democrático y liberador.
Por ejemplo, los elementos técnicos que permiten las creación de redes sociales se puede regir por un código técnico que favorece los intereses de un personaje como Elon Musk que nos traiciona entregando nuestros datos por varios puñados de monedas de plata o por otro que crea redes libres y diversas como las del Fediverso.4 Y así con cada una de las TIC digitales.
León XIV tiene claro que el código técnico que rige el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial no augura un futuro prometedor para la humanidad. Sorprendentemente, su opinión coincide con la de Dario Amodei, que nada tiene que ver con la religión. Amodei es el director ejecutivo de Anthropic/Claude, una empresa fundada por exempleados de OpenIA (ChatGPT) que abandonaron la compañía debido a las polémicas decisiones de su presidente Sam Altman.
En un extenso manifiesto publicado en enero de 2026, Amodei afirma que “la humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”5 . Y esboza cinco áreas críticas de riesgo: que la IA escape del control humano; que se use con fines destructivos; que se profundice la exclusión económica y se concentre más la riqueza debido a los cambios en el ámbito laboral que implica esta tecnología; que sea controlada por actores irresponsables y autoritarios concentrando el poder;6 y que no podamos enfrentarnos a los efectos imprevisibles de la IA. Cómo “única solución”, Amodei aboga por legislación y propone una “Constitución de la IA” definiendo claramente qué podrán hacer, y qué no, los algoritmos que rigen su funcionamiento.
Pareciera que la Inteligencia Artificial logró algo impensado: poner de acuerdo a ciencia y religión. Tanto la fe como los postulados científicos coinciden en recomendarnos que evitemos la confianza ingenua y acrítica en la Inteligencia Artificial y en todas las promesas que la rodean. Ojalá como humanidad estemos a la altura de dar respuesta a este desafío sin tener que esperar al Juicio Final.
Notas y referencias
“Los gigantes tecnológicos se enfrentan a un juicio histórico en EE. UU. por acusaciones de adicción a las redes sociales”. Meta, YouTube y TikTok acusados de crear productos intencionadamente adictivos y perjudiciales para los jóvenes. Meta, incluso, es consciente de que muchos de sus anuncios son engañosos o, directamente, estafas. Así lo evidencian documentos internos de la compañía que calculan que el 10% de sus ingresos se obtienen por estos anuncios fraudulentos, unos 15.000 millones de anuncios fraudulentos al día. Sin embargo, evitan tomar medidas porque eso implicaría perder miles de millones de ingresos por publicidad. ︎
Este empeño autoritario por reescribir la historia llevó a Elon Musk a ofrecer millones de dólares a Wikipedia para que cambie su enfoque, acusando a la enciclopedia colaborativa de ser “woke”. Al ignorar su propuesta, Musk anunció su propia alternativa Grokipedia, alimentada por su inteligencia artificial. ︎
Medidas polémicas sobre las que no se ha cerrado el debate pero que tienen su correlato en el mundo fuera de línea con prohibiciones para el acceso de los jóvenes a otros productos dañinos como la venta de alcohol o tabaco o el acceso a las apuestas deportivas. ︎
“Las redes sociales existentes se adaptan mucho mejor al programa iliberal que a un proyecto emancipador. Cuanto más disparatada sea la campaña, cuanto menos dependa de la construcción de lazos políticos sólidos, mejor es la relación entre esfuerzo invertido y resultados. Dedicando una hora al día a Twitter puedes convencer a millones de que la Tierra es plana y de que Hillary Clinton participa en una red de pedofilia satánica en una pizzería de Washington. Hacen falta vidas enteras de huelgas y asambleas para convencer a la gente de que el jefe que los explota es un explotador”, afirma el sociólogo César Rendueles en su último libro titulado “Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia”. ︎
Hace dos años ya publicó otro con bastante repercusión sobre los posibles ámbitos donde impactaría la IA. ︎
ANDREU SEGURA y AMANDO MARTÍN-ZURRO // Próximamente el Consejo de Ministros debe decidir qué ciudad alojará la Agencia Estatal de Salud Pública que (entre paréntesis) ha costado más de 10 años que el parlamento español apruebe. Las candidatas oficiales han sido ocho, aunque, como es preceptivo tener en cuenta el dictamen que emitirá una comisión pertinente, ésta, al parecer, puede proponer una sede distinta si así lo considerara justificadamente.
Escoger la ubicación es un primer paso, aunque, ya que habrá que erigirla, todavía tardaremos en disponer de ella. Eso sin contar con la eventualidad de cambios electorales que pudieran interferir el proceso. Sin embargo, como es obvio, la elección no es intrascendente.
Y aunque la convocatoria ha establecido unos determinados requisitos, entre los que destacan los geográficos –micro (edificio), meso (situación) y macro (geopolítica)– convendría que los componentes de dicha comisión –que, por cierto, no estaría de más saber quiénes son– tuvieran en cuenta otros criterios, particularmente los relativos al ámbito de la salud pública, sin olvidar que tal decisión tiene también carácter político. Una característica necesaria dado que los criterios exclusivamente técnicos no abarcan todas las dimensiones de la cuestión.
Político, no sólo partidista. Porque debería ser coherente con una idea determinada del Estado. Que no tiene por qué ser la que hoy la mayoría de las fuerzas parlamentarias interpretan. Pero también porque más allá de las preferencias ideológicas, los planteamientos estratégicos acostumbran a ser más fructíferos.
Desde un punto de vista más técnico, desarrollar la Agencia en un entorno con sólidas estructuras de salud pública puede facilitar la cooperación de los recursos sanitarios propios de la ciudad y su entorno. Por eso sería bueno conocer cuáles son las contribuciones más específicamente salubristas que cada una de las ciudades implicadas considera que justifican su candidatura. Y también lo sería para que la ciudadanía –y las entidades, corporaciones y organizaciones– tuvieran conocimiento del proceso, lo que facilitaría su implicación personal y colectiva con la promoción y la protección de la salud comunitarias que al final resultará imprescindible. Sin menospreciar la transparencia exigible en una democracia representativa.
Una información que –según parece– debe constar en el dictamen de la comisión evaluadora, aunque sería a posteriori, sin que esté claro el formato con que deba facilitarse. Por eso, si fuera posible, sería mejor conocerla con anterioridad, lo que generaría mayor interés público. Y, dado que las candidatas son ocho no parece demasiado difícil obtenerla. Quizá mediante una encuesta estructurada donde se pidieran datos concretos sobre los dispositivos de salud pública disponibles, su antigüedad y sus productos o resultados.
Una indagación que podría emprender alguna institución o entidad no afectada por sesgos potenciales sobre la preferencia de una u otra candidatura. Alguna entidad independiente, lo suficientemente solvente y competente para hacerlo. Quizás algún medio de comunicación social o incluso alguna asociación profesional o científica.
Y sin ocultar que –por razones obvias– nos gustaría que fuera elegida Barcelona, nos parece que algunas de las cualidades que resumimos a continuación, podrían justificar su elección.
En primer lugar, su larga tradición de salud pública, con unas raíces profundas, desde el «Abajo las Murallas» de Pere Felip Monlau que dio pie al Ensanche de Cerdà, imbuido de criterios higiénicos –por cierto, desarrollado gracias a la decisión del Gobierno español– a la actualización del alcantarillado por parte del arquitecto e ingeniero García Faria, un diseño que justificó mediante un análisis de la mortalidad casa por casa de diez años.
Sin dejar al margen la historia del antiguo Instituto Municipal de Higiene, hoy la internacionalmente reconocida Agencia de Salud Pública de Barcelona, la cual, además de ejercer sus responsabilidades legales en el ámbito de la salud comunitaria lleva a cabo proyectos innovadores de promoción de la salud, como el de SalutalsBarris.
Ni menospreciar tampoco la red de atención primaria y comunitaria AUPA o los servicios de medicina preventiva de los hospitales del Vall d’Hebron, Sant Pau, Mar y Clínic, que también son unidades docentes para la especialidad de medicina preventiva –el primer año de la residencia de la especialidad de estas unidades forma parte del programa oficial de máster en salud pública, impartido ininterrumpidamente desde el curso académico 1988-89 (actualmente UPF y UAB) con el patrocinio de la Agencia de Salud de Barcelona, de la Diputación de Barcelona, del Instituto de Salud Global (IS Global)– así como de la Secretaría de Salud Pública de Catalunya y sus servicios territoriales, que dan apoyo explícito a la candidatura, como también lo ha hecho el Cercle de Salut y el Consorci de salut i social, sin obviar las contribuciones que pueden hacer muchas instituciones cívicas y académicas, como las corporaciones profesionales o sociedades integradas en la Acadèmia de Ciències de la Salut de Catalunya i Balears o en la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, especialmente su cuarta sección (ciencias médicas, sociales y afines).
Lo que es poco discutible es la urgente necesidad de satisfacer la aspiración que hace más de 14años establecía la Ley General de Salud Pública. Independientemente de qué ciudad se elija, nos parece imperativo poder contar con los servicios de una prestigiosa Agencia Estatal de Salud Pública capaz de responder plenamente a las necesidades y retos de este ámbito en una sociedad desarrollada del siglo XXI.
Andreu Segura es es doctor en Medicina y Cirugía, epidemiólogo y especialista en Salud Pública y en Medicina Preventiva.
Amando Martín-Zurro es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y en Medicina Interna.
Como ya hemos contado en infinidad de ocasiones, este periódico nació para convocar a la huelga del 29 de septiembre de 2010, con el doble objetivo de llamar a la movilización contra los recortes impuestos por el PSOE y de visibilizar el papel paralizador de los sindicatos oficiales.
Año y medio después, y ya con un año de publicación periódica, sacábamos 4.000 periódicos a las calles de Madrid contra la reforma laboral del PP a la que denominamos la reforma del miedo y que fue enfrentada con la huelga general del 29 de marzo de 2012.
El abaratamiento de los costes del despido y la prioridad de los convenios de empresa, tendrían unas consecuencias claras que se confirmaron con el paso del tiempo:
“cobraremos menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. La reducción de la indemnización por despido e incluso su supresión durante el año de prueba supone una merma de nuestros ingresos y un incentivo para los empresarios a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy simple: “reducir los costes laborales” para “aumentar la productividad”. A las claras, que nosotros trabajemos más por menos para que “todos” (pero unos antes que otros) podamos salir de la crisis.
Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que persigue imponer en los trabajadores a costa de aumentar el poder de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que los trabajadores nos vemos sometidos, que puede llevarnos a aceptar todas las condiciones que exija el empresario. Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el empleado y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su “rendimiento”. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que más de cinco millones de parados están prácticamente obligados a aceptar cualquier trabajo, ¿Quién va a exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un convenio de empresa?”
… a la calma
Unos meses después, salíamos a la calle el 14 de noviembre en la Huelga General europea y no fue hasta el 8 de marzo de 2018 y 2019 cuando el movimiento feminista nos llamó a dejar quieta la herramienta (y el delantal y el monedero) porque era la hora de luchar.
La ausencia de convocatorias de huelga general, a pesar de que la ofensiva no se detuvo, se explica no solo por la inacción de las dos grandes centrales sindicales, sino en la parálisis entre la clase trabajadora provocada por la crisis y la inestabilidad laboral.
Si bien la falta de paros generales llaman más la atención, la reducción de huelgas sectoriales o de empresa han sido también una dinámica constante en estos años. Analizando las jornadas no trabajadas por convocatoria de huelga, excluyendo los paros generales, observamos que en los años anteriores a 2010 se perdieron entre ochocientas mil y millón y medio de días de trabajo al año por huelga. En 2011 y 2012, pasamos a parar en quinientos y ochocientos mil días, respectivamente, y desde entonces a 2020, las jornadas de trabajo perdidas fluctúan entre los doscientos y trescientos cincuenta mil días.
En los últimos años, vivimos un ligero aumento de los días no trabajados por huelgas, habiéndose convocado 707 huelgas e todo el Estado, siendo 253 de ellas en Euskadi, que viene liderando la lucha obrera.
Aunque parezca un sinsentido, podemos decir que en estos momentos, más allá de la no convocatoria de huelgas generales, el problema está en su convocatoria irreflexiva.
La huelga debe ser una herramienta de lucha que sirva para ganar un conflicto o, al menos para mostrar al enemigo nuestra fuerza. Si bien no podemos negar la buena voluntad de sus convocantes, las llamadas huelgas generales de 2024 y 2025 por Palestina parecen olvidar estos objetivos.
La reciente huelga convocada por CGT, animado por organizaciones solidarias con el pueblo palestino, ha estado muy lejos de esos propósitos. Según cifras de la Seguridad Social, solo alrededor de siete mil personas dejaron de trabajar ese día y la manifestación, al menos en Madrid, tuvo una participación muy inferior a la histórica convocatoria que unas semanas antes sacó a la calle a cientos de miles personas.
En palabras de CNT-AIT Albacete,“vemos que se profundiza en una dinámica donde las convocatorias de huelga se convierten en inocuas y los mismos afiliados a los sindicatos ni siquiera las secundan. Con estas formas de convocatoria de arriba abajo y los resultados de incidencia, se puede llegar a banalizar culturalmente la herramienta de transformación social más poderosa que tiene la clase trabajadora, la Huelga General.
Sin duda, el despertar de una solidaridad internacionalista ante un genocidio merece todo el apoyo e iniciativa de los sindicatos de clase (…). El boicot y el sabotaje contra el sionismo deben ser la forma de acción predominante, porque el desplazamiento, los asesinatos y las agresiones sionistas al pueblo palestino van a continuar, a pesar de los “ultimátums de paz”.
Misma reflexión realizaban desde CNT Granada: hemos visto que preparar una huelga general que llame a secundarla a todos los sectores productivos en apenas una semana es una ardua – por no decir prácticamente imposible – tarea: es difícil llegar en tan poco tiempo a aquellas trabajadoras/es de las empresas en las que sí tenemos presencia para que ese día hagan huelga con nosotras y, aún más complicado todavía, llegar a las plantillas de los sectores productivos en los que no tenemos presencia para que se unan el 15 de octubre a las protestas y paren de producir ese día. Eso, si es que nos tomamos en serio lo que supone una huelga general. Otra cosa distinta es que esta convocatoria se esté tratando de una huelga de carácter simbólico utilizando, además, las redes sociales como casi único medio de difusión y no emanando de los centros de trabajo: ¿cuántas personas que no participan de movimientos sociales se habrán enterado de esta convocatoria del 15 de octubre?
Así pues, queremos ser honestas con nuestra afiliación, a quienes nos debemos, con nuestras secciones, motor de nuestro sindicato, y con todas aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas: una huelga es una poderosa herramienta de lucha de la clase trabajadora y, como tal, debe usarse con estrategia y, por qué no, con tiempo (como así se vino haciendo en las Huelgas Feministas del 8M de 2018 y 2019: meses y meses de trabajo previos al gran día en el que todas paramos y salimos a las calles por el fin del patriarcado).
Si la huelga no sirve para detener de verdad el tejido productivo, aunque sea por un día, para formar asambleas de trabajadoras/es que debatan qué pueden hacer por Palestina, etc, ¿de qué sirve para el objetivo de detener el genocidio, de pedir el cese de relaciones con el estado sionista? Debemos plantearnos si nuestras luchas son cascarones vacíos o tienen un movimiento real detrás. Y, como es el caso que nos concierne, si queremos que esta tenga un apoyo desde la base de la clase trabajadora y que desborde los límites de lo que conocemos como ‘movimientos sociales’, no basta con convocar ‘a golpe de corneta’ una huelga. Necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestra afiliación, así como de la clase trabajadora en su conjunto. Un trabajo más difícil pero necesario, que cambia cualitativamente las posibilidades de enfrentarnos ante la barbarie.
La derogación que no deroga
Tras unos años de poca actividad en cuanto a normas que afectaran a las relaciones laborales, en 2019 se firmó el pacto de investidura que abría el camino al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. En el que PSOE y Unidas Podemos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. También se establecía que se sustituiría la Ley Mordaza, así que ya sabéis el resultado.
Al poco tiempo, Yolanda Díez, en ese momento sucesora de Pablo Iglesias, nos explicaba (es un decir) que “técnicamente no se podía derogar la reforma laboral”, lo que era manifiestamente falso y que demostraba la falta de respeto constante que tiene la izquierda a sus votantes.
Así, tras un camino marcado por excusas y declaraciones grandilocuentes, llegamos a la nueva reforma laboral de la izquierda, pactada y aplaudida al unísono por patronal y sindicatos mayoritarios.
Revisando el texto de la norma, hace unos años nos preguntábamos y respondíamos: «¿Se ha derogado la reforma laboral? Rotundamente, no. ¿Se han derogado, al menos, los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Pues depende de para quién. Para los trabajadores, no. Para los sindicatos mayoritarios, que habían perdido poder de negociación en el ámbito de los convenios colectivos, tal vez sí.
Como agradecía la patronal, la nueva norma mantenía «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas»(modificaciones de condiciones de trabajo, ERTE, movilidad funcional) y no alteraba en nada el régimen del despido, tanto el individual como el colectivo«.
La reforma basó su éxito en la desaparición de la contratación temporal fraudulenta, utilizando una fórmula infalible: cambió los términos. Quien se acostaba siendo temporal se levantó siendo fijo discontinuo. Los que tenían la suerte de ser transformados a indefinidos, verían que la alegría duraba poco tiempo: sin trabas al despido, es irrelevante el tipo de contrato.
Lo que era evidente que ocurriría (y que la ministra de Trabajo sabía porque, como no nos olvidamos de repetir, era abogada laboralista) sucedió. Los contratos temporales fueron sustituidos por indefinidos que finalizaban por no superar el periodo de prueba (tipo de cese que ha aumentado un 656%) o, si la duración era algo mayor, se usaba el despido disciplinario o el objetivo (aumentando este despido un 145% y y 186% respectivamente).
Por tanto, la duración de los contratos, tras la reforma, ha tenido poco cambio y la precariedad e incertidumbre se mantiene, aunque no podemos dar datos exactos puesto que esa estadística se ha dejado -hábilmente- de publicar.
Otra de las victorias altamente publicitadas por los Gobiernos de coalición (tanto de Podemos como de Sumar), es la gran cifra de personas ocupadas. Esos datos ocultan una realidad y es la disminución de la media del número de horas trabajadas por persona. La duración media de la jornada es de 31 horas semanales, lo que desvela que existe una ocupación a tiempo parcial indeseada cada vez mayor que logra que tener un contrato de trabajo no evite estar en situación de pobreza.
Además de innegables avances en temas de conciliación de vida familiar (más duración del permiso por nacimiento, alguna mayor facilidad para la adaptación de jornada y ampliación de algunos permisos), otra bandera del Gobierno ha sido la ampliación del salario mínimo. Si bien es cierto que éste casi se ha duplicado desde el año 2011 (de 641 euros a 1.220) la inflación del 34,5% de este periodo se ha llevado gran parte de la subida (hay que tener en cuenta que el IPC no incluye el precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 45% y del 12,8% solo este último año). Además, esta subida del salario mínimo no ha empujado la subida del resto: el salario mediano de 2011 ascendió 19.287 euros y el de 2025 a 24.800, lo que supone, teniendo en cuenta la inflación, una pérdida salarial de mil euros anuales.
Unas notas sobre el cisma en CNT
No podemos hablar de cuestiones sobre el trabajo y pasar por alto algo sobre lo que hemos mantenido un prudente (y puede que algo cobarde) silencio durante estos años. La ruptura en el anarcosindicalismo entre las CNTs, con especial gravedad en lo sucedido en nuestra ciudad, nos hace caer en el pesimismo sobre el mundo nuevo que queremos construir y nos hace dudar de si nuestros principios de asamblearismo, apoyo mutuo, acción directa y antipunitivismo podrán ser los pilares de éste. No queremos ahondar en el conflicto, quien quiera conocer las versiones de ambos bandos puede leer los comunicados de cada organización (y quien quiera lanzarse al barro puede ver los lamentables foros y publicaciones en redes sociales de ex-compañeros echándose mierda), pero sí reprochar (algunas como afiliadas, todas como compañeras) la incapacidad de ambas organizaciones de resolver un problema con la madurez y generosidad que se debía esperar del sindicato.
Demandas en los juzgados, agresiones entre compañeros, calumnias, decisiones tomadas de espaldas a la afiliación y construcción de un relato donde la CNT contraria era el mayor enemigo imaginable, ha eclipsado el trabajo de algunas afiliadas que, en la sombra, han tratado de poner algo de sentido en esta ruptura mientras algunos trataban de torpedear cualquier acercamiento. Todo nuestro respeto hacia ellas y nuestro mayor deseo de que, contra todo pronóstico, el conflicto no acabe de una manera que nos avergüence a todas durante años.
“Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es la resistencia” – Biznaga
Cuando empezamos a publicar este periódico en el año 2011, el auge de la extrema derecha no era una de nuestras principales preocupaciones. Éramos conscientes de que el franquismo sociológico seguía permeando las instituciones del Estado (policía, jueces, altos funcionarios, etc), que existían grupos fascistas que atacaban a minorías y que parte de la ultraderecha seguía habitando espacios dentro de los partidos conservadores como el PP, por lo que no sabíamos que no podíamos relajarnos y confiarnos. Sin embargo, gracias al buen trabajo del movimiento antifascista –revitalizado en 2007 tras el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar neonazi–, las ideas de la extrema derecha se habían contenido y, cuando el descontento por las recetas neoliberales del PSOE y PP para salir de la crisis fue en aumento, las propuestas que se pusieron sobre la mesa eran mayoritariamente de izquierdas. Las había más rupturistas y más reformistas que terminarían por mantener el sistema capitalista-democrático-liberal intacto, pero no daba la sensación de que el mundo viraría en poco tiempo hacia el fascismo.
Quince años después el contexto es muy distinto. Los levantamientos que entre 2010 y 2020 pretendieron reestructurar las sociedades –el 15-M en el Estado español, el movimiento occupy en EEUU, la Primavera Árabe, el parque Gezi en Turquía, V de Vinagre en Brasil, las revueltas de Chile, Grecia, Hong Kong, etc– fracasaron y en buena parte del mundo gobiernan hombres autoritarios, que no creen en los derechos humanos ni en las democracias liberales (nosotras tampoco, pero por motivos distintos) y que defienden la ley del más fuerte y los etnoestados.
¿Por qué ha virado el mundo hacia la extrema derecha?
¿Cómo ha podido pasar esto? La respuesta es compleja y multifactorial. Autores como Vincent Bevins han dedicado libros enteros a este fenómeno, por lo que no podemos dar una respuesta fácil en dos páginas, aunque sí podemos intentar dar algunas pinceladas superficiales sobre cómo percibimos que ha ocurrido en nuestro contexto.
En primer lugar, (1) hay que señalar las invasiones imperialistas de Afganistán e Irak por parte de EEUU (apoyadas por varias potencias europeas, que mantienen una relación tóxica con su novio yanki), así como sus agresiones sobre Siria y Libia y el continuo expolio occidental de los recursos naturales de África. Estas guerras normalizaron la islamofobia –demonizando a las personas del mundo árabe– y desestabilizaron varios regímenes de Oriente Medio, provocaron millones de muertos y el desplazamiento forzoso de muchos más, dando pie a una gran crisis de refugiados.
Por su parte, (2) la respuesta europea a esta crisis no fue la de reaccionar con empatía y generosidad como se debería haber hecho (máxime teniendo en cuenta que el desastre era nuestro), sino de forma racista y violenta contra las personas de origen extranjero. Los gobiernos conservadores y socialdemócratas profundizaron las dinámicas de explotación, colonialismo e imperialismo, las fronteras se endurecieron –aumentando la mortalidad de quienes intentan penetrar en esta fortaleza que es Europa–, se delegó en terceros países la gestión de la inmigración y los discursos de odio dentro de nuestros países fueron paulatinamente en aumento.
En este contexto, (3) los partidos y organizaciones de la vieja y nueva extrema derecha comenzaron a cobrar fuerza, explotando el miedo (“nos van a quitar el trabajo”, “no cabemos todos”, “no respetan a las mujeres”, “son criminales”) y deshumanizando a “los otros”. Y su odio no solo lo han dirigido hacia migrantes, sino también contra la comunidad trans, las personas LGTBIQ, el feminismo, el ecologismo, etc, conectando así con un movimiento ultraconservador que lleva décadas tratando de revocar los avances sociales que se han ido conquistando a lo largo del tiempo.
(4) El papel de los medios de comunicación ante estos discursos ha sido lamentable, dando altavoz a seres despreciables que vomitan xenofobia, sin confrontarlos, sin exponerlos. Quienes pensaban que los argumentos racistas decaerían por su propio peso, o que había que ignorar a los fascistas porque se morirían solos si no les hacemos casito, resultaron estar equivocadas: sus ideas se encuentran cada vez más normalizadas.
Además de extender discursos discriminadores, (5) la derecha también ha sabido instrumentalizar los bulos para obtener réditos. Cada vez que ocurre un hecho noticiable, las mentiras racistas, homófobas, tránsfobas, o contra personas de izquierdas no tardan en emerger. Así, no solo han conseguido convencer a muchas personas a base de bulos, sino que también han conseguido que nadie sea capaz de discernir la verdad en ese enorme lodazal que componen los medios de comunicación y las redes sociales.
Mención especial merecen (6) las redes sociales, porque los oligarcas tecnológicos de Silicon Valley, muchos de los cuales creen en su superioridad genética (como Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etc) y que el mundo sería mejor si se les permitiera gobernar como emperadores, han manipulado sus algoritmos para amplificar los mensajes de destacados nazis y enterrar los discursos que les plantan cara.
También ha sido grave (7) el papel de los partidos progres en los últimos años a la hora de generar desencanto. La socialdemocracia e, incluso, algunos partidos de izquierdas (como es el caso de BSW en Alemania), temiendo que la derecha fuera a superarles, comenzaron a imitar los discursos antiinmigración de la extrema derecha, creyendo que teniendo una postura un poco más suave y respetuosa les votarían a ellos. Pero se equivocaron; cuando los votantes perciben que una marca imita a otra, prefieren la original.
Además, los partidos de izquierdas lograron desmovilizar a miles de personas que participaban en los movimientos transformadores de los primeros años de la década pasada, prometiendo que “asaltarían los cielos” en su nombre. Sin embargo, cuando formaciones como Podemos o Sumar entraron en los gobiernos, no lograron conquistar nada. Ni derogaron la Ley Mordaza, ni la reforma laboral, ni consiguieron que Interior respondiera por las infiltraciones policiales en movimientos sociales, ni reformaron la policía, ni la Justicia, ni el problema de la vivienda, ni la escalada militar, ni nada. La izquierda institucional se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas de la gente y su falta de credibilidad allana el camino a la derecha.
Otra de las causas por las que triunfa la extrema derecha se debe (8) a que llevamos más de dos años asistiendo a un genocidio en tiempo real en Palestina y nadie ha movido un puto dedo por pararlo. Esto ha envalentonado racistas en general e islamófobos en particular, que han comprendido que no pasa nada por atacar violentamente a un pueblo entero, siempre y cuando estés del lado del más fuerte. Por tanto, no extraña que Trump se crea con derecho a secuestrar a Nicolás Maduro, anexionarse Groenlandia o amenazar explícitamente a cualquiera que ose criticarle; es la misma lógica imperialista.
El fascismo ha generado monstruos que vemos a diario en los medios: soldados israelíes que torturan a presos palestinos son aplaudidos y tratados como héroes por sus compatriotas, paramilitares de ICE aterrorizan y disciplinan a personas migrantes en ciudades de EEUU y Nayib Bukele farda de sus centros de encierro en El Salvador, por citar algunos ejemplos.
Mientras, el capitalismo sigue su curso, pues esta nueva era totalitaria no le amenaza, sino que se trata más bien de una vuelta de tuerca. (9) La desafección que ha promovido un sistema basado en la desigualdad ha sido el gran alimento de la extrema derecha. Por eso, recordamos hoy las palabras de Buenaventura Durruti: “Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios”.
El antifascismo, más necesario que nunca
El historiador Mark Bray define el antifascismo como una ideología que se autodefiende de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evita que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Y resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.
Un movimiento antifascista fuerte, amplio y de base es nuestra única esperanza para detener la oleada ultraderechista que pretende arrasarnos. Y eso lo saben los fascistas. Por eso, en los últimos meses Trump ha declarado el movimiento antifascista como “organización terrorista doméstica” en EEUU y ha defendido la brutalidad policial ejercida contra sus opositores –como los agentes de ICE que asesinaron a Renée Nicole Good con tres tiros en la cabeza por protestar contra sus redadas racistas–. Y miedo nos da que le de por designarla como “organización terriorista internacional” y empiece a aprobar sanciones contra quienes le desafíen (como ha hecho en el último año con los jueces del Tribunal Penal Internacional que pidieron la detención de Netanyahu o a la relatora de la ONU para el conflicto palestino, Francesca Albanese, que no puede tener cuentas bancarias a su nombre, volar en algunas aerolíneas o reservar habitaciones de hotel).
La coalición Patriotas por Europa (grupo al que pertenece Vox) solicitó hace unos meses que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento antifascista en nuestro continente. Por ahora no ocurrirá, pero tiempo al tiempo. El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura definida como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).
El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas, acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.
Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.
Durante cuatro encuentros, entre julio y septiembre de 2025, docentes y estudiantes exploraron herramientas digitales libres, reflexionaron sobre el uso de datos y experimentaron con producción de contenidos en audio y video. Todo el proceso estuvo acompañado por materiales pedagógicos, asistencia técnica —presencial y virtual— y una metodología participativa que promovió el aprendizaje colectivo.
La experiencia culminó con la creación conjunta de un video grupal y una serie de podcasts, resultado del trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, y evidencia del potencial transformador de una educación digital crítica, inclusiva y participativa.
El próximo objetivo de las organizaciones participantes en la iniciativa sería replicar la experiencia en otras escuelas de la región y escalarlo para que sea incorporado en la política pública de educación en distintos países de América Latina y el Caribe.
El podcast de la experiencia
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) ha producido este audio sobre la experiencia que puedes descargar y transmitir por tu radio para que se conozca este interesante laboratorio de alfabetización tecnológica crítica. Hay testimonios de organizadores, docentes y estudiantes involucrados. ¡Quizás, al escucharlo, alguna otra escuela se anima a implementarlo!
Conoce este catálogo colaborativo que mapea el ecosistema de tecnologías libres de la región, cono software, organizaciones, recursos y otras herramientas que te servirán para eludir el dominio actual de las corporaciones tecnológicas.
La iniciativa surgió de Internet Ciudadana, un espacio latinoamericano y caribeño, donde confluyen organizaciones, colectivos y personas que movilizan agendas comunes para construir una Internet de los pueblos, entre ellas Radios Libres.
una sección de herramientas y servicios digitales;
otra de organizaciones que trabajan en este campo;
y diversos recursos formativos como libros y capacitaciones.
Secciones que te ayudarán a entender mejor el panorama digital, a cuidarnos y a saber cómo avanzar hacia entornos digitales más libres y soberanos.
En su confección se ha priorizado la sencillez, evitando complicaciones excesivas ya que está pensado para personas que se inician en esta materia. Seguramente, más especializados echarán de menos otras herramientas y recursos que se irán sumando en el futuro. De hecho, en el mismo catálogo existen formularios para sugerir y aportar nuevas herramientas, organizaciones o recursos.
Inicia este nuevo año en el que Radios Libres cumple 12 años desde su fundación.
Los afanes imperialistas del presidente Trump, rememorando funestos y dolorosos recuerdos de las peores y más sangrientas épocas de América Latina y el Caribe, presagian un año sinuoso y turbulento. También en lo tecnológico.
El empeño del presidente estadounidense por dominar Groenlandia, no se debe únicamente a su afán por anticiparse a China o Rusia en la batalla geopolítica ante el desconcierto de la Unión Europea. Alentando sus intenciones están algunos de los principales magnates de Silicon Valley, inversores de compañías dedicadas a la Inteligencia Artificial que, desde hace tiempo, sueñan con instaurar su civilización liberal tecnoutópica en la fría Groenlandia. Tierras llenas de minerales críticos, recursos energéticos y con la posibilidad de refrigerar sin costo los centros de datos que esta tecnología necesita.
También nos dedicaremos a la actualización del censo de emisoras que mantenemos junto a Tito Ballesteros del blog Radios de América. Ya estamos recabando los datos para una nueva edición del Mapa de Radios que contabiliza las estaciones de la región desde el año 2012.
Y seguiremos compartiendo buenas noticias de proyectos amigos que impulsan y desarrollan tecnologías libres. Precisamente, este primer boletín de 2026 lo abrimos con dos de esas experiencias: el Mapeo de Tecnologías Libres, promovido por Internet Ciudadana y un podcast sobre el caso-modelo en educación digital crítica “Clickea la escuela”, llevada a cabo en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Iremos compartiendo más novedades a lo largo del año, en el que seguiremos trabajando para acercar a las radios y medios comunitarios de América Latina y el Caribe al mundo de las tecnologías libres.
El Ministerio de Salud de Gaza sigue dando testimonio del impacto del genocidio que Israel ha perpetrado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego auspiciado por Trump, la muerte de un bebé recién nacido (de siete días) y otro niño de cuatro años ha elevado a seis el número total de muertes infantiles causadas por el frío desde el comienzo del invierno, según el recuento del Gobierno de la Franja.
Además, la semana pasada se informaba de la muerte de Ata Mai, un niño de siete años, quien se ahogó el 27 de diciembre durante las inundaciones en un campamento improvisado para desplazados internos en Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos, denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Pese al efecto cloroformo que supuso la solución Trump, las muertes de civiles en Gaza siguen goteando en la Franja. Cada día desde el alto el fuego Israel ha matado a una media de cinco personas.
La última masacre tuvo lugar el jueves 8 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con un dron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de Gaza, causando la muerte de 13 personas, cinco de ellas menores de edad. El lunes, Al Jazeera informaba de que un dron cuadricóptero israelí había asesinado a tres palestinos en Khan Younis, al sur de la Franja.
Además, las autoridades de Gaza confirmaban que una milicia colaboracionista con Israel de la Franja había llevado a cabo un atentado en el que acabó con la vida de Mahmoud Al-Astal, de 40 años, director de Investigaciones Policiales.
Muertes en comisaría
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés), denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí. El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2025, pero no ha sido hasta este 2026 cuando las autoridades penitenciarias confirmaron esa muerte, que supone la número 87 de presos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, en lo que es la peor campaña de asesinatos en prisión en la historia del conflicto. 51 de esas 87 personas fueron detenidas en Gaza.
Las cifras, no obstante, es más elevada, según la PPSMO, que calcula que “decenas de detenidos mártires de Gaza siguen desaparecidos por la fuerza, junto con decenas de detenidos que fueron ejecutados sumariamente”.
Las últimas declaraciones surgidas por Donald Trump y el resto de su Gobierno sobre anexarse Groenlandia en nombre de la seguridad frente a China y Rusia dejan claro que no descarta ninguna opción (incluso la bélica) para conseguir su propósito. «Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas«, manifestó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.
Estas palabras han provocado estupor en amplios sectores de la opinión pública europea. Los aliados de Trump en Europa (Abascal, Meloni, Orbán, etc) se encuentran en la incómoda posición de elegir entre su amigo fascista o defender la integridad territorial de la sagrada «Europa», cuna de la civilización occidental y el supremacismo blanco. Por otro lado, la Europa supuestamente “progresista” también se ha encontrado con una realidad que prefiere eludir: Groenlandia continúa siendo, en pleno siglo XXI, una colonia.
Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero su relación con la metrópoli responde a un patrón colonial prolongado. Dinamarca colonizó formalmente la isla en el siglo XVIII y, aunque desde 1979 cuenta con autogobierno y desde 2009 con competencias ampliadas, la política exterior, la defensa y la seguridad siguen en manos de Copenhague.
Bajo la superficie de la socialdemocracia nórdica se esconde un historial prolongado de asimilación forzosa, racismo institucional y negación de soberanía contra la población inuit. Durante el siglo XX, el Estado danés ejecutó programas de ingeniería social que hoy resultarían difíciles de conciliar con su imagen internacional: niños inuit fueron separados de sus familias y enviados a Dinamarca para ser “reeducados”, despojados de su lengua y su identidad cultural.
La Doctrina Donroe
Tras invadir Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump explicó a los medios que había vuelto la Doctrina Monroe ( la idea de que cualquier territorio estratégicamente relevante en su entorno debe estar bajo su control directo o indirecto para evitar las injerencias externas), pero actualizada al siglo XXI, llamándola «Doctrina Donroe«. Puro imperialismo. Y su exabrupto de hacerse con Groenlandia es una expresión descarnada de una estrategia para consolidar un portaviones inamovible en el Ártico desde el que vigilar el Atlántico Norte y sostener su arquitectura global de defensa. Y eso pese a que la presencia china en Groenlandia es fundamentalmente científica y comercial y Rusia apenas actúa allí.
Para completar las posiciones estratégicas, la retórica de la Alianza Atlántica en el Ártico es el manual perfecto del cinismo geopolítico. Mientras la OTAN invoca la soberanía y el derecho internacional en otros escenarios, en el extremo norte aplica una lógica de tutela colonial que ignora sistemáticamente la voluntad del pueblo inuit (según una encuesta publicada en enero de 2025 por la empresa demoscópica Verian, encargada por los diarios Berlingske y Sermitsiaq, un 56% de la población groenlandesa votaría hoy a favor de la independencia, frente a un 28% que se opondría).
Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, han emitido un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump en las que han rechazado el «desprecio» de Washington y han vuelto a instar a la diplomacia. «Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses«, han declarado, asegurando que están «gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional«.
La OTAN como protector ambiental
En los últimos años, la OTAN ha tratado incluso de envolver su despliegue en el Ártico con un lenguaje de “protección ambiental”. La paradoja es obscena: el aparato militar figura entre los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y, sin embargo, presenta sus maniobras como salvaguarda del hielo.
Evidentemente, esas operaciones no persiguen frenar el deshielo, sino garantizar que, cuando el Ártico quede abierto, las rutas comerciales y los yacimientos estratégicos permanezcan bajo control occidental. Bajo el hielo se concentran enormes reservas de tierras raras, oro, uranio, hierro y otros minerales críticos esenciales para la industria tecnológica y la mal llamada “transición verde” del capitalismo global.
Esos minerales son hoy clave para nuestra vida tecnológica. Son 17 elementos químicos esenciales para fabricar móviles, ordenadores, baterías, aerogeneradores o coches eléctricos. Desde el escandio hasta el lutecio, pasando por el itrio, el lantano, el europio o el neodimio. Materias primas estratégicas que hoy dominan, en gran parte, países como China.
Pero hay más. Mucho más. Bajo esas capas heladas, los científicos creen que Groenlandia podría albergar grandes reservas de gas y petróleo. Y ahí entra en juego otro viejo conocido: la pasión del trumpismo por los hidrocarburos.
Informes del Financial Times y del U.S. Geological Survey detallan la creciente presión de grandes corporaciones mineras para abrir explotaciones que contaminarían territorios ancestrales y alterarían de forma irreversible el entorno ártico. La economía groenlandesa, donde alrededor del 25 % del PIB —según datos recogidos por Reuters y el Nordic Council— depende todavía de transferencias procedentes de Dinamarca, queda así atrapada en un dilema: continuar bajo una tutela colonial que limita su soberanía o financiar la independencia mediante un extractivismo salvaje que pone en riesgo las bases mismas de su supervivencia ecológica y cultural.
¿La ruptura de Europa con EEUU?
En una declaración conjunta en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, seis líderes europeos declararon que «Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia». Y, acto seguido, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desplegaron tropas en Groenlandia.
Pocas horas después, la Casa Blanca declaró que «adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica. El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe». Unos días después, Trump anunció aranceles del 10% a los países que habían enviado soldados a Groenlandia. Y ha avisado además que subirá a partir del 1 junio a un 25% y «deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia» por parte de Estados Unidos.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que si Estados Unidos tomaba Groenlandia por la fuerza, la propia OTAN se derrumbaría.
Explica Rafael Poch que «si la dependencia de Estados Unidos con respecto a Ucrania obliga a los europeos a aceptar la ocupación estadounidense del territorio de un miembro europeo de la OTAN, la humillación sería tan profunda que la idea misma de Europa como factor significativo en los asuntos mundiales desaparecería«.
Autodeterminación frente a la lógica imperial
En el fondo, lo que está en juego no es una disputa técnica sobre seguridad o desarrollo, sino el choque entre dos principios irreconciliables: el derecho del pueblo groenlandés a decidir libremente su futuro —político, económico y ambiental— o quedar sistemáticamente subordinado a una lógica imperial que convierte el Ártico en un tablero de poder y en un almacén de recursos estratégicos.
Este artículo ha sido escrito a partir de otros publicados en Kaos en la Red, Diario Red y El Salto
