La propuesta de la ministra de Vivienda de articular un decreto ley para ofrecer bonificaciones fiscales a los caseros nació prácticamente muerta. No solo generó una oleada inmediata de críticas desde fuera del Gobierno, sino que encontró un rechazo explícito dentro de la propia coalición, especialmente en sectores de Sumar, que cuestionaron su utilidad y su orientación social. Todo apunta a que difícilmente llegará a materializarse. Pero precisamente por eso merece ser tomada en serio como síntoma político: no tanto por lo que va a hacer, sino por lo que revela sobre cómo se sigue pensando la vivienda desde el poder.

La idea de fondo es conocida, demasiado conocida: si se reduce la carga fiscal a los propietarios que contengan o rebajen el alquiler, estos trasladarán ese alivio al precio y el mercado se autorregulará en beneficio de los inquilinos. Es una lógica que se presenta como pragmática y “realista”. El problema es que descansa sobre dos supuestos empíricamente frágiles: que los caseros necesitan incentivos para no subir precios en un mercado tensionado, y que los beneficios fiscales no acabarán absorbidos como renta adicional.

Basta mirar los datos para entender por qué esta política es, como mínimo, profundamente regresiva. Según cifras difundidas por el propio Ministerio de Derechos Sociales a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta mediana de quienes cobran alquileres ronda los 52.000 euros anuales, frente a unos 28.800 de quienes los pagan. Los caseros tienen, de media, una renta un 82% superior a la de los inquilinos. 

Mientras tanto, la situación material de los inquilinos se ha deteriorado hasta niveles difícilmente sostenibles. En las grandes ciudades españolas, una parte muy significativa de los hogares destina ya más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, y en los tramos más precarizados esa proporción se acerca o incluso supera el 70%. Son cifras muy por encima de cualquier umbral internacionalmente aceptado de accesibilidad (en torno al 30%). En este contexto, resulta difícil sostener que la prioridad de la política pública deba ser aliviar la fiscalidad de quienes ya están en una posición estructuralmente favorable.

Ideas viejas que nunca funcionaron

No estamos delante de un nuevo debate o idea. A principios del siglo XX, el Estado español ya ensayó una estrategia muy parecida a la que propone hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: incentivos fiscales, subvenciones indirectas y apelaciones a la “responsabilidad social” de los propietarios como vía para resolver la crisis habitacional. Aquella política se presentó como moderna y realista. Y fracasó. No porque faltara buena voluntad, sino porque estaba mal planteada de raíz: intentaba resolver un problema estructural con herramientas diseñadas para no molestar a quienes se beneficiaban de él.

De allí en adelante, las bonificaciones y las exenciones fiscales se han promovido en casi todos los gobiernos. Los ministros socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga apostaron por incentivos fiscales y liberalización del mercado del alquiler, y los gobiernos del PP, en sus distintas etapas, echaron mano de reducciones del IBI a los propietarios que alquilaban viviendas. Todos lo hacían bajo el pretexto de “incentivar la oferta” y reducir los precios. Y los precios han seguido subiendo, y el mercado de la vivienda se ha ido concentrando cada día más en manos de menos personas. Hasta hoy.

Aun así, que esta idea vuelva a aparecer no es casual. Responde a un marco mental muy arraigado en la política española: la vivienda se sigue tratando como un bien intercambiable más, como si fuera un paquete de chuches o un nuevo detergente, y no como una infraestructura social básica. Desde ese marco, la solución “natural” siempre pasa por incentivos de mercado, nunca por regulación dura ni por planificación pública ambiciosa.

El propio rechazo interno dentro del Gobierno revela hasta qué punto esta medida no encaja ni siquiera dentro del relato progresista oficial. Sumar ha sido claro al señalar que bonificar a los caseros no solo no garantiza una bajada de precios, sino que desplaza recursos públicos hacia un grupo social ya privilegiado. Es una cuestión de eficiencia, si se quiere. Pero sobre todo es una cuestión de principios.

La necesidad de un parque público de viviendas (y otras medidas)

La alternativa no es ningún misterio. Los sindicatos de vivienda y las plataformas de inquilinas llevan años señalando un conjunto bastante coherente de medidas que no requieren alquimia jurídica, sino voluntad política: congelar efectivamente los precios del alquiler; cerrar el coladero del alquiler temporal y por habitaciones; actuar contra fondos de inversión y grandes tenedores que mantienen viviendas vacías para presionar al alza el mercado; y reforzar de forma real los mecanismos antidesahucios.

Y, en el horizonte estructural, la cuestión es todavía más clara. Sin un parque público de vivienda amplio, no hay control real de precios. Los países y ciudades que han conseguido estabilizar sus mercados no lo han hecho a base de desgravaciones, sino con una oferta pública robusta que marque suelo y techo. Un 30% del total de vivienda en manos públicas no es una fantasía ideológica, es el estándar de ciudades tan poco sospechosas de ser comunistas como podrían ser Viena o Ámsterdam.

Desde esta perspectiva, la propuesta de bonificar a los caseros no es solo una mala política pública, sino más bien un síntoma de hasta qué punto el campo político sigue cooptado por la lógica inmobiliaria. Solo se entiende por dos vías: o por una ignorancia histórica llamativa, o –lo que parece más probable– por la interiorización profunda del marco mental de una clase rentista que ha logrado presentar sus intereses como “sentido común económico”.

Ahora bien, no todo son malas noticias. En paralelo a este inmovilismo político, empieza a abrirse una grieta en el frente jurídico. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha empezado a consolidar una doctrina que cuestiona algunos de los principales atajos legales utilizados por grandes propietarios para eludir la regulación: desde el uso fraudulento del alquiler de temporada hasta la desnaturalización de los contratos para sortear topes y prórrogas.

Es un movimiento tímido, pero políticamente significativo. No porque los tribunales vayan a resolver el problema de la vivienda –no lo harán–, sino porque demuestra que incluso dentro del marco jurídico actual hay margen para reequilibrar mínimamente la relación entre propietarios e inquilinos cuando la presión social y el conflicto acumulado empiezan a ser demasiado evidentes.

Y eso vuelve todavía más anacrónica la propuesta de bonificar a los caseros. Mientras una parte del aparato judicial empieza a cerrar las grietas más obscenas del mercado del alquiler, el Gobierno plantea reabrirlas por arriba mediante incentivos fiscales. Aunque este decreto ley no vea la luz, la pregunta sigue en pie: ¿cuántas veces más tiene que fallar la misma idea para que dejemos de presentarla como solución? 

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Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:

“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.

Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.

Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.

Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.

El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.

En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.

De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.

Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.

Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.

Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.

Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.

Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.

Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.

El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.

Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.

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Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas ciudades de España, Europa, América y Asia. En 2021 ingresó en la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi con un discurso sobre «Los valores de la arquitectura catalana». Es autor de 47 libros sobre arquitectura, urbanismo y política. Los últimos, Renombrar la arquitectura y Lawfare urbano. Hizo una incursión en la gestión política durante el primer mandato de Ada Colau (2015 y 2019) como concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí.

¿Qué recuerdo tiene de esos cuatro años de concejal de Vivienda en Barcelona?

Fue un privilegio poder dedicarme a mi ciudad y poder sacar adelante muchas cosas que tanto Barcelona En Común como yo teníamos en mente que debían hacerse en la ciudad. Entré ya con 60 años. Ada Colau me pidió estar en la candidatura porque les faltaba un arquitecto. Estaban el abogado laboralista, la abogada experta en derecho urbanístico, la feminista, el ecologista, el experto en turismo, la experta en participación… Era una idea algo tecnocrática, en el buen sentido. Se consideraba que era necesario tener concejales y concejalas de cada uno de los aspectos para nosotros más importantes. Yo había trabajado en el programa de Urbanismo y Vivienda pero no tenía ninguna ambición de entrar en el Ayuntamiento. Fui el undécimo de la lista.

Y salió.

Salí y ganamos porque fuimos once. Lo asumí y para mí fue un privilegio. Yo he estado toda la vida en la universidad. He hecho alguna obra, pocas, pero me he dedicado más al mundo académico. Para mí era un reto interesantísimo poder tener relación con la realidad, con los barrios, con la gente y poder aplicar las cosas que creía que debían hacerse en la ciudad, en vivienda, en espacio público, en equipamientos. Además de vivienda era concejal de Sant Martí, el distrito donde hay la mayor diversidad, la gente más rica y la más pobre. En la Villa Olímpica y Diagonal Mar hay gente más bien rica y, en cambio, en el Besòs Mar está la más pobre. Es el distrito en el que hay más transformación urbana, más patrimonio industrial, etc. Lo elegí yo, sabiendo que era complicado. Para una persona de izquierdas, para aquel joven antifranquista, poder intervenir en mi ciudad era como si, al final, se hubiera cumplido una ilusión. Ahora bien, era agotador, estando como estábamos en minoría, aunque durante una época gobernamos con el PSC. Como concejal de vivienda incluí también la rehabilitación. Dije que no quería urbanismo. Janet Sanz era la persona ideal para esa área. Yo no quería estar peleándome con los promotores y especuladores. Durante cuatro años no tenía otra cosa en la cabeza. Perdías la salud y si no batallabas por seguir teniendo vida personal y familiar, se te comía. Lo recuerdo como una etapa apasionante. Muchas cosas salieron bien, otras tardaron más, otras no salieron… Dije a Ada Colau que cuatro años sólo porque para mí era irresistible continuar. No soy político por naturaleza, me interesa la política, pero no soy un político profesional. Para mí era muy agotador. Hay gente que se dedica a la política y aguanta y aguanta y, además, va cambiando de cargo, lugar y especialidad. Yo inicié todo lo que creía que debía hacerse, del patrimonio industrial, de vivienda, de espacio público, de mejora de la escuela pública, de cooperativas, etc. y pensé que ya había hecho lo que tenía que hacer. Es un recuerdo estimulante, pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, recuerdo el estrés que producía la situación. Éramos once concejales de los comunes y cada mañana, cuando escuchabas la radio y si había habido un incendio, una ocupación, un conflicto, pensaba: «todo esto depende de nosotros». Durante cuatro años. Vas aprendiendo cómo se gestiona la ciudad y eso también es otro privilegio. Normalmente como ciudadano no ves la tramoya, no ves los intereses que presionan a la ciudad, como los especuladores se saltan los permisos, todo lo que hay detrás de la escenografía urbana. Cuando estás dentro ves toda la maquinaria que hace funcionar la ciudad todos los días y que tiene muchas cualidades, con un ayuntamiento como el de Barcelona que, aunque tiene una muy buena tradición y estructura, también está lleno de inercias, lentitud administrativa y conflictos. Ves cómo funciona la Guardia Urbana, cómo funciona el sector inmobiliario, cómo son las asociaciones de vecinos, cómo funciona todo. Es como estar actuando dentro del teatro, del circo o de la plaza de toros.

¿Ha escrito sobre eso?

Sí, hice un libro con Zaida Muxi, mi mujer, que es una feminista famosa que ahora trabaja en México, que se titula Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Significaba, al volver a la universidad, intentar explicar el aprendizaje de esta experiencia política, incorporarlo al conocimiento de la cultura, la teoría y el mundo académico. Hay excepciones como Oriol Bohigas, que fue un gran arquitecto y político, pero el perfil de ser académico y haber estado en la política se da poco. Generalmente, los académicos se dedican a la investigación y docencia, a su mundo, y los políticos son pragmáticos, van aguantando años y años. Tengo amigos y amigas que son arquitectos y han sido políticos, pero es una situación minoritaria. Mientras estaba de concejal tomaba notas. Dije que todo aquello debía pensarlo, darle vueltas y comunicarlo. Escribí bastante para no olvidar muchas cosas.

De esa época, han quedado las superillas. Primero recibieron mucha oposición pero al final casi todo el mundo está encantado con ellas.

Las superillas fue una de las propuestas por las que apostamos. Además, la primera se hizo en el distrito de Sant Martí, en Poblenou, de acuerdo con Salvador Rueda (ex-director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento). Consideramos que debíamos probarlo rápido, ponerlo en la práctica. Ha tenido un recorrido, porque también es cierto que superilla, hecha con nueve manzanas, según el esquema del Rueda, sólo está la del Poblenou. Después ha evolucionado más a Eix Verd, como es la calle Girona, Consell de Cent, Rocafort. Es una idea que ha ido evolucionando. Poblenou cambió totalmente con la superilla. Entras y oyes los pájaros, los niños jugando, el rumor de una ciudad tranquila. La gente que vive en la superilla está feliz. Pero sí que encontramos una oposición que no esperábamos. Debo reconocer que fuimos ingenuos, pensamos que la gente enseguida diría que era buenísimo. Algunos banqueros, el lobby del automóvil y algunos negocios relacionados con los coches y motos, salieron en tromba haciendo una resistencia durísima. Tanta resistencia fue una sorpresa. También fue una cierta sorpresa que los que vivían en las superillas se organizaron, empezaron a realizar actividades y fanzines para defenderlas. Empezó en Poblenou y después se ha ido extendiendo por la ciudad. En perspectiva, reconozco que quizás no se explicó lo suficiente. Cuando estás en política contar las cosas que se hacen no es fácil. Para empezar, nosotros no teníamos los medios a favor. En el caso de Ada Colau teníamos la mayoría en su contra. La filósofa María Zambrano decía que los políticos no saben explicar lo que hacen. Existe cierta dificultad, además, de explicarlo de manera honesta. Otra cosa es hacer clientelismo y publicidad. No es fácil explicar y convencer a la gente para que participe. Hacerlo perfecto es imposible. Por mucho que avises y lo cuentes, hay mucha gente que no se da por enterada. Ahora, la gente está bastante encantada, pero costó arrancar.

Escribió un libro para denunciar el “lawfare urbano”. ¿No se puede evitar este lawfare?

El último caso ha sido el del Fiscal General del Estado. Es un mecanismo terrible, sin ética, destructor del enemigo político. Históricamente, el lawfare es un concepto estadounidense. Lo empezaron Estados Unidos con el maccarthysmo y la denuncia de los intelectuales y artistas de izquierda. Es un mecanismo de denunciar con malas artes a quien consideras enemigo, acusándole de cosas que no son ciertas. Ada Colau sufrió muchísimos… Como Mònica Oltra en Valencia o Lula en Brasil. En el caso de la Superilla nos atacaban pero no nos pusieron ninguna denuncia. Nos amenazaron con que seguro que conseguirían desmontarla pero no lo consiguieron. En el primer mandato de Colau, cuando estaba yo, tuvimos alguna denuncia de la extrema derecha, pero no salieron adelante. En el segundo mandato, cuando Ada Colau volvió a ser alcaldesa, todos los lobbies de Barcelona –Foment del Treball, hoteleros, AGBAR, el sector inmobiliario–, se fueron reuniendo y decidieron que no podía continuar, que tenían que hundirla. Fueron cuatro años sistemáticos de hacerle la vida imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento iban desbordados. Si estás en desacuerdo con alguna decisión del Ayuntamiento, lo reglamentario es presentar un contencioso administrativo, con criterios urbanísticos o legales, pero eso no sale en la prensa. Vieron que con el lawfare, poniendo una denuncia, salía en la prensa, porque Ada Colau tenía que ir a declarar a los juzgados y los medios lo magnificaban. Todas las denuncias han ido cayendo por su propio peso porque no estaban justificadas. Ninguna de las veinticuatro denuncias tenía base. Pero en los periódicos no salía cuando se decidía que no había base. Los lobbies vieron que tenían un campo que mediáticamente era muy rentable. Aunque no consiguieran lo que pedían, desgastaba la credibilidad de Ada Colau. La pérdida de votos, por parte de la gente que la votaba responde en parte al desgaste que se logró con este lawfare. Era para desautorizarla, deslegitimarla, a través de ese debilitamiento. Es un proceso muy terrible que hunde a políticos y políticas. Se debería acusar de prevaricación a los jueces que cometen el delito de dejar entrar denuncias o pleitos sin base. Hay jueces que, al final, dicen que una denuncia no tiene base, pero el que ha dado rienda suelta a esta denuncia penal también es un juez.

En 2007 se aprobó un Plan para el Derecho a la vivienda en Cataluña que preveía llegar a un 15% de vivienda asequible, pero todavía estamos a un 2%. ¿Qué ha fallado?

Fue una ley que sacó adelante Carme Trilla desde la Secretaría de Vivienda del gobierno del tripartito, que hablaba de solidaridad urbana. Con ese 15% se entiende que no todo debía ser público. Ahora, el 2% es vivienda pública y, a grandes números, habría un 4% porque hay un 2% más de alquiler asequible, de oenegés, de fundaciones, de propietarios sin ánimo de lucro. Habría un 2% público y un 2% asequible. No todos los propietarios son especuladores. Hay propietarios que prefieren cobrar alquileres asequibles y tener a la gente viviendo en sus viviendas, que las cuiden y que estén de alquiler mucho tiempo. Pero sí, claro, al 15% no hemos llegado. Cuando entramos en el Ayuntamiento se recuperaron partes no aplicadas de esta ley. El Ayuntamiento invirtió más, transformamos lo que era el Patronato Municipal de la Vivienda en el IMHAB (Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona), lo doblamos de personal y espacio de trabajo, pero no fue suficiente. Quien debía aplicar este plan innovador era la Generalitat, y desde 2007 ha ido cayendo con los recortes del presidente Mas, con las complicaciones del procés, con un INCASOL inoperativo, en situaciones en las que nunca ha sido prioritaria la vivienda. Esto tiene una explicación histórica: desgraciadamente España tiene una tradición de mala política de vivienda desde siempre, y no desde Franco. Franco hizo vivienda, como decía su ministro Arrese, «para propietarios y no para proletarios, de venta limitada y no de renta limitada». Pero es que cuando en Europa se hacía la política socialdemócrata de vivienda, en el período de entreguerras, es decir, Viena iniciaba su política de vivienda que dura hasta la fecha, además de Fráncfort, Hamburgo, Amsterdam o Londres, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera, eran especuladores de medio pelo los que hacían vivienda. Eran las casas baratas, que las llamaban las casas de papel. Las políticas de vivienda han sido siempre insuficientes, sin ningún cuidado y sin homologación alguna en Europa. En políticas de vivienda, España es una anomalía. Tenemos esta tradición de unos gobernantes que no han hecho sólidas políticas de vivienda. Durante el franquismo se realizaron unos seis millones de viviendas con dinero público y todas han pasado al mercado. Y después tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, muy poco social, con poca preocupación por el valor social de la vivienda. Aquí radica una de las claves de las políticas de vivienda, que es conseguir sacar vivienda del mercado. Cuanta más vivienda se saca del mercado, como ocurre en Viena o en Vitoria, en el País Vasco, más se puede controlar el precio del alquiler y el precio de la compraventa. La idea de sacar vivienda del mercado nunca la ha tenido nadie en nuestro país, sino que, en todo caso, se ha hecho vivienda para que el sector inmobiliario se enriquezca y pase a haber más propietarios.

¿Ninguno de los gobiernos de España y de Cataluña han hecho políticas que vayan en la buena dirección para avanzar?

No. Ni PP ni PSOE. El PSOE puede haber dicho que haría algo, sin embargo, a la hora de la verdad, quien eliminó la ley de los alquileres estabilizados fue Miguel Boyer, en un gobierno socialista. Y después, cuando el PP hizo el desastre de la nueva Ley del Suelo, de convertir la mayor parte de suelo en urbanizable, el precio del suelo se dobló en vez de bajar. No ha habido, en los gobiernos ni del PP ni del PSOE ni en los gobiernos catalanes, salvo en el tripartito, que tampoco pudo arrancar, una voluntad de una política de vivienda. Las políticas de vivienda no se improvisan, no pueden realizarse en cuatro años, ni en ocho prácticamente, sino que piden voluntad política, inversión y, sobre todo, continuidad. Con el PSOE y Sumar tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda en España de 2023, y se han ido haciendo también correcciones y añadidos. Legalmente no está mal, faltan cuestiones como regular el alquiler de temporada, algo que se acaba de aprobar en Catalunya. Sin embargo, tenemos una base que permite avanzar. En principio debe invertirse más. El PP invertía un 0,06% del PIB en vivienda, cuando en Europa se había llegado a invertir entre el 1% o el 2% en algunos países. El PSOE ha vuelto a recuperar lo invertido en la época anterior del PSOE. Tampoco es mucho. Tienes que tener las leyes y la inversión, y que esto se realice y dure muchos años. De momento, esto nunca ha sucedido ni en España ni en Catalunya. La recientemente nombrada directora de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa47, ha dicho que se tardarán cinco años en notar este cambio de política de vivienda.

Algunos indicadores han mejorado en el sector de la vivienda, pero la preocupación ciudadana por esta cuestión ha crecido. El tema de la vivienda es el que más preocupa ahora a la gente.

Obviamente, porque el alquiler ha subido muchísimo, presionado porque existe mucha demanda y una oferta insuficiente, calentada por la falsa expectativa de ganancias con Airbnb y del alquiler de temporada. Esto, claro, tensiona mucho el mercado. El mercado funciona en base a la expectativa no de un alquiler asequible, ni del alquiler según el índice de precios, sino de alquileres de temporada, de hacer coliving, alquilar a expats que puedan pagar mucho, viviendas de lujo. Todo esto inflaciona el precio. El alquiler ha subido, y puede significar el 50% de las rentas, de los recursos de una pareja o familia; y la compraventa también ha subido un buen porcentaje. Son muchos factores que convergen y hacen que el que está de alquiler esté pagando mucho. Quizás muchos quisieran comprar, pero les cuesta hacerlo porque los precios han subido mucho. Hoy ha salido en el periódico que se han comprado más pisos este año, tantos como en la época de la burbuja inmobiliaria, pero el 70-80% pagan al contado. Éstos no son de aquí. La gente de aquí, en su mayoría, paga con hipoteca, no al contado. Son inversores, compañías inversoras o gente de Europa o Norteamérica que compran pisos aquí y tienen mucho dinero. Se hacen viviendas, no es suficiente, hay que hacer muchas más, pero gran parte de las que se hacen no van por la gente de Barcelona, ??su área metropolitana o Catalunya, sino que van para inversores, expats o gente que quiere tener una vivienda para venir en verano. No está cumpliendo su función social, sino que es una inversión. Esto hace que el alquiler suba y que la compraventa suba. Te arriesgues a comprar o estés de alquiler, la mayor parte de la gente está en una situación inquietante porque está pagando mucho por el alquiler, está pagando mucho de hipoteca o está queriendo comprar y ve que no puede. Si el problema de la vivienda no se resuelve, hay cada vez más conciencia y aparece como el mayor problema. Además, tenemos casos como el de la casa Orsola o el caso de las promociones de coliving que incumplen las normas y expulsan a la gente. Es un fenómeno que no sólo vives tú o tus familiares o conocidos, sino que ves todos los días que desahucian a gente. Es un conflicto cada vez más visible.

Hay sondeos de opinión que dicen que el giro hacia la extrema derecha de mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, se debe en gran parte al tema de la vivienda. ¿Es el factor principal para que se produzca este giro?

Hay más factores. El problema de la vivienda implica la dificultad de emancipación, de tener una vida más libre, un proyecto de vida. Es cierto que a la gente joven o a ciertas generaciones les condiciona. Se dice que Vox aumenta el número de votantes, que los jóvenes tienden a ser más de derechas, que los hombres jóvenes siguen siendo machistas… Son ciertas tendencias, pero el mundo está muy polarizado. Veamos lo que ha pasado en Chile. Tenían que elegir entre un candidato del Partido Comunista o uno de extrema derecha, pinochetista, de lo más facha. Ha ganado el de la extrema derecha. Hay jóvenes conservadores y jóvenes que siguen a Vox, pero hay muchísimos jóvenes activistas que ocupan espacios en desuso, que están en el Sindicat de Llogateres, que se organizan. Siguen habiendo jóvenes comprometidos. Se dan los dos fenómenos. Es cierto que se polarizan cada vez más en posiciones más extremas, que ante los conflictos, los problemas, los retos, la tendencia es ir hacia la extrema derecha y contra la política, los políticos, y desconfiar de todo y creerse cualquier mentira. Pero también hay una reacción anticapitalista, que considera que este sistema no funciona y que debemos luchar en su contra. Quizás sí que a la hora de votar acaba ganando un poco más los que van hacia la derecha que los activistas y los de izquierdas anticapitalistas, pero los dos polos existen. No puede simplificarse con una única tendencia, sino que es más bien una polarización. Ocurre que no se han inventado nuevos sistemas, porque el comunismo y el socialismo han tenido problemas para ser duraderos. La socialdemocracia, que tiene más de cien años —nuestro PSC es socialdemocracia–, cree en el desarrollo, en un crecimiento que no tiene ningún límite. Y después el fascismo sigue siendo un modelo. Seguimos con modelos anacrónicos. No tenemos modelos sociales, utopías o modelos de vida para nuestro tiempo. Más que nada, el problema de la vivienda es no poder imaginar mundos que no sean la extrema derecha, el fascista, contra los migrantes, etc… o la socialdemocracia, que es Pedro Sánchez o Salvador Illa, que sigue diciendo que hay que ampliar el aeropuerto o hacer grandes inversiones. Hay una falta de modelos que no sean estos que, de alguna forma, están desgastados y que vuelven a reaparecer.

Dice que hay que construir viviendas, aunque hay expertos que aseguran que la solución no es construir más.

Sí, sí, debe construirse más, pero hay que hacerlo todo. Una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar cuántos pisos vacíos había en Barcelona. No llegaba ni al 2%. En las zonas tensionadas no existen pisos vacíos que se puedan utilizar. Puede que haya pisos vacíos de uno de esos inversores que los tiene y quiere alquilarlos a un precio muy alto y no los alquila, o que los tiene un mexicano, un danés o un suizo que sólo lo utiliza un mes al año. No pueden considerarse vacíos porque tienen su propietario aunque esté infrautilizado. O sea que hay que hacerlo todo: recuperar pisos vacíos, comprar viviendas, algo que como Ayuntamiento hicimos bastante y ahora se hace mucho menos. Con la ley de tanteo y retracto que extendimos a toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene prioridad en cualquier compraventa de suelo calificado de vivienda o de un edificio de viviendas. Debería haber mucha más inversión en los edificios, si son interesantes, por su situación, por su precio, por si hay pisos vacíos y son utilizables. Hay que comprar pisos ya hechos, pero también hay que hacer pisos nuevos. Debe hacerse en los tejidos urbanos en suelo urbanizable y no urbanizar más suelo, no hacerlo en lugares inundables o cargándose bosques. Debe completarse el tejido urbano que existe. En el Área Metropolitana hay mucho suelo todavía. También en Barcelona, ??en el distrito de Sant Martí, por ejemplo, o en la Marina del Prat Vermell. En muchas ciudades catalanas queda todavía suelo, quedan también zonas industriales obsoletas. Se trata de aprovechar ese suelo existente y reforzar la estructura urbana.

¿Qué hay que hacer con los pisos de la Sareb?

La Sareb tiene solares, mucho suelo, y tiene pisos. La Sareb no ha sido bien gestionada y es un fondo infrautilizado. Nosotros fuimos de los primeros que logramos un acuerdo con la Sareb en el mismo 2015. Nos reuníamos con ellos cada dos meses y nos iban cediendo pisos. Pero los pisos que tiene la Sareb, y cada vez supongo que será más así, no son pisos en buen estado, o están ocupados. Tiene un pasivo de pisos, pero difícilmente utilizables de inmediato. A nosotros nos cedía cada dos meses, por ejemplo, 50 pisos, pues un 50% estaban en muy mal estado, estaban destrozados y un 50% estaban ocupados. Con los que estaban ocupados lo que en principio se hacía era regularizar la situación. Lo que tiene la Sareb muchos ni saben muy bien dónde está. Esto quizás ha ido evolucionando, pero en la época cuando yo estaba de concejal de vivienda, era así. Tenían una cartera de miles de pisos y suelo, pero muy caótico y poco utilizable directamente. Cuando Pedro Sánchez dice que conseguirán de inmediato 50.000 pisos de la Sareb e inmediatamente 13.000, por mi experiencia es que estarán en mal estado u ocupados. La Sareb debería intervenirse, poner orden y sacar el máximo partido social de lo que tiene, pero siempre sabiendo que están mal situados, en barrios muy periféricos, en zonas más degradadas. En un sector inmobiliario tensionado, todo lo apetitoso ya está utilizado y de algún modo se le está quitando rentabilidad. Lo que queda son restos que nadie quiere, y eso es lo que tiene la Sareb.

Hablaba del 30% de reserva de viviendas por temas sociales. El alcalde Collboni dice que no ha funcionado.

Era una medida que nosotros sacamos adelante con el apoyo de la reclamación de los movimientos sociales, de la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Observatorio DESC, la FAVB y la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible). Barcelona en común compartió esta exigencia del 30%, que se aplica en Nueva York, en París, en Vancouver y en otros muchos lugares, y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo hicimos gracias a esa presión de los movimientos ciudadanos que provocó que los partidos políticos no quisieran quedar mal y se aprobara. Es una medida compleja que tuvo muchos enemigos, pero necesaria. El Ayuntamiento tiene suelo en zonas de transformación, en la Sagrera, en el 22@, en la Marina del Port Vell, pero no las tiene en el Eixample o en Gràcia, en los tejidos históricos. También tiene en Ciutat Vella porque hay mucha transformación. Para tener viviendas asequibles en estas áreas debes encontrar otra medida. En estos distritos no puedes comprar tantas viviendas y el 30% sirve para ello, para poder ir disponiendo de viviendas asequibles, ya sea a partir del tanteo y retracto o con el 30%, en una promoción nueva del Eixample o en una rehabilitación integral. Tal y como está la normativa, siempre debe ser económicamente viable. No se exige que el promotor salga perdiendo. Se negocia, porque el 30% no da un número redondo; se negocia cuántas viviendas pasarán a ser asequibles, si serán de alquiler, si serán de venta, cómo se hará… Se negocia operación por operación. En este momento hay unas 150 viviendas que se han terminado o que están en proceso, que no son muchas, es cierto. Es lo que se ha conseguido después de que primero no se aplicara directamente, porque el PSC retrasó su aplicación, lo que permitió que se pidieran muchas licencias antes de que la norma entrara en vigor. Muchos promotores se lo saltan. En la rehabilitación se lo saltan la mayoría porque no piden permiso para todo el edificio, sino que lo van pidiendo por piezas para que no conste que es una rehabilitación integral. La tendencia del sector inmobiliario es saltárselo. Como no aceptan esta ley, buscan trampas para saltársela.

Apostó fuerte por las cooperativas de vivienda.

Promovimos toda una nueva generación de cooperativas de vivienda que han hecho famosa Barcelona. Hemos creado simpatía en todo el mundo. Incluso en Viena, en los sitios más avanzados, admiran nuestras cooperativas de vivienda, con cesión de uso, buena arquitectura, arquitectos jóvenes, etcétera. El ayuntamiento actual deja que vayan haciendo, pero ya no las promociona.

No ha retirado la norma del 30%.

No ha logrado retirarlo, pero no ponen las multas y no hay sanciones. Toda normativa o reforma avanzada, tipo 30%, tanteo y retracto, que con la rehabilitación no expulses a los vecinos, los apartamentos turísticos ilegales, requiere sanciones, una política de vigilancia, sancionadora, que no es agradable, pero no hay otro remedio. He visto que el ayuntamiento pone ahora multas de 500 euros a los promotores de coliving que no piden permiso. Nosotros poníamos multas de 30.000 y 60.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales. Estas normativas que van contra los intereses dominantes, de los lobbies, de los inversores, de los especuladores, requieren una política de inspección y multas, no tanto para ganar dinero sino para parar esa presión.

¿Qué política de vivienda debe realizarse en este momento de emergencia climática?

En las viviendas públicas que hace el IMHAB del Ayuntamiento de Barcelona como en las que hace el IMPSOL, el operador del Área Metropolitana, se tienen en cuenta estas cuestiones de las fachadas, ventilación natural, ahorro energético, materiales sanos, plantas flexibles que se puedan transformar,… Se tiene bastante en cuenta. Quizás no lo suficiente, porque, por ejemplo, debería exigirse más, que no pueden ser todas las fachadas iguales, porque es diferente que una fachada dé al este, al sur, al oeste o al norte. La incidencia del sol es muy distinta. Se podría ser aún más estricto, pero sí existe la intención, la voluntad, y hay proyectos que son muy atractivos y de referencia. Existe el problema de la relación entre la cantidad y la calidad. De vivienda pública de calidad en el Área Metropolitana se hace, pero poquísima, es prácticamente simbólica. Debería multiplicarse por 10, como mínimo. Debería haber mucho más. Hay que hacer vivienda porque hay un crecimiento demográfico de miles y miles de personas que las necesitan, para los jóvenes que quieren emanciparse y para las familias que se dividen. La clave es quien es el operador. El IMHAB ha vuelto a ser muy funcionarial y muy lento. El IMPSOL está más dinámico, aunque construye más en el Llobregat que en el Besòs, pero la vivienda debería ser toda de alquiler y debería ser más en zonas urbanas. Pero el gran problema es INCASOL, el operador de la Generalitat. Illa ha asegurado que hará 50.000 viviendas. Esperemos que pueda. Pero si el operador que tienes es el INCASOL, que ha sido obsoleto, incapaz de hacer viviendas durante muchos años, tienes que transformarlo, cambiarlo. Al final las viviendas no salen como setas. Si tú no transformas el operador que debe realizar las viviendas, no las harás, es imposible.

Cree que mientras estemos en un sistema de mercado capitalista, los lobbies tienen las de ganar.

Es una cuestión política. El capitalismo algún día se acabará. No ha habido ningún sistema político que dure eternamente. Todos han ido desapareciendo. El capitalista tiene mucha capacidad de transformarse. Se ha transformado ahora en esta economía mal llamada colaborativa, con las plataformas, con el mundo digital, Internet, IA, etc. Pero algún día se acabará. Quizás no lo veremos, pero mientras esté el sistema capitalista, los poderosos tienen las de ganar. Tienen el resorte del poder. En el Ayuntamiento lo ves. No éramos los poderosos de la ciudad. Sabíamos quiénes eran los poderosos. Y éstos reclaman su poder, sus prioridades y su capacidad de decisión y actuación. Es un sistema pensado para los poderosos que tienen el capital, los medios de producción, los mejores sistemas informáticos… Son los que dominan. La única solución es encontrar mecanismos para frenarlo, encontrar alternativas, sobrevivir dignamente dentro de este sistema. El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista. Ya lo escribieron Engels y Marx: el primer sistema de dominio y explotación es el trabajo y el segundo, la propiedad del suelo y la vivienda. El sistema capitalista se apropia del suelo, de lo común, e intenta acumular en pocas manos el suelo y la vivienda. Es la lógica de ese sistema. Puedes intentar desde el Estado intervenir o hacer pactos público-privados e intentar llegar a soluciones más o menos de un cierto equilibrio, mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre estás en un sistema injusto. Es así. Un día se acabará, lógicamente. Pero puede durar todavía.

Le preocupa el tema de los sin techo.

Sí. Si tienes como prioritaria la cuestión de la vivienda, los sin techo viven la peor condición al respecto; sin casa, sin cobijo, sin intimidad, desprotegidos, durmiendo en la calle, vulnerables a todo tipo de agresiones. Ninguna política de vivienda puede olvidarlos.

¿Tiene alguna medida para mejorarlo?

Antes de entrar de concejal, sobre todo a través de Ricard Gomà, conocí a bastantes sin techo; había estado en contacto con Arrels y con la Comunidad de San Egidio, y he visitado sitios de acogida de gente sin techo. En Barcelona son unos 2.000. Te das cuenta de que es gente que ha tenido mala suerte, que ha acumulado problemas familiares, desgracias, enfermedades, adicciones. Es una situación de la condición humana en la que puede caer todo el mundo. Cualquiera puede encontrarse con una serie de desgracias. También intentamos hacer cosas desde Derechos Sociales, pero cuando tienes un problema de la vivienda tan grande que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los migrantes, etc, por mucho que hagas, es difícil dar prioridad al problema de los sin techo. Puedes intervenir, pero es difícil de afrontar y resolver. Si me interesa el problema de la vivienda la situación más precaria es la de la que no la tiene. Soy consciente de que es un tema difícil. Algunos países como Finlandia, Austria o Canadá han podido afrontarlo porque tienen el problema de la vivienda mejor enfocado. Tienen vivienda para gente joven, para mayores, tienen cooperativas para gente con problemas de todo tipo. Y tienen también edificios para gente sin techo. En nuestro caso, que tenemos un problema de la vivienda tan grande de carencia de políticas de vivienda, afrontar esta cuestión sólo se puede hacer con acuerdos con fundaciones, con entidades privadas, e intentar que no aumente, que disminuya, intentar que no se produzcan estas situaciones. Y el siguiente paso son los que viven en asentamientos, que también es muy preocupante, en naves industriales, edificios abandonados, en barracas… Al menos tienen un cobijo muy precario. Se puede mirar que los niños puedan acudir a un colegio, que tengan sanidad,… Estos sí que se realojan más en viviendas sociales. Los APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales) proveen módulos prefabricados para acoger algunos sin techo. En Ciutat Vella hay uno y en Glòries hay otro. Son contenedores marítimos reconvertidos en vivienda. Vuelve a ser el mismo problema de la cantidad. Tienes 2.000 sin techo y puedes encontrar una digna solución para 20, 40 o 100.

Si volviera a tener 60 años y a ser concejal de vivienda en un gobierno progresista, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades?

Haría cosas parecidas a las que hicimos. Apostar por las cooperativas, por la prefabricación, por hacer vivienda nueva, sostenible y ecológica para afrontar el cambio climático. Intentar resolver el problema de los sintecho y de los que están en los asentamientos. Para ello debes aplicar todas las medidas posibles, de recuperar pisos vacíos, comprar, construir, rehabilitar, acuerdos público-privados,… Estos acuerdos público-privados, que hicimos alguno, son difíciles porque desde el sector público hay cierta desconfianza burocrática hacia lo privado y los privados tienden a ser especuladores. Pocos quieran hacer acuerdos con el Ayuntamiento para promover iniciativas con cierto interés social. En otros países, sobre todo de cultura angloamericana, tienen más desarrollado trabajar juntos público y privado. Aquí, en principio, el mundo público y privado tienen muy pocos contactos. Lo que ves con la experiencia es que falta muchísima más inversión, muchísimos recursos humanos, gente trabajando en ello, mucha continuidad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene presupuesto, pero debería invertir mucho más en vivienda. La Generalitat de Catalunya si no transforma el INCASOL e invierte más, no hará nada. Y el gobierno español, que debería ser el que pasara el dinero a las autonomías, no sabemos exactamente qué está haciendo y lo que se sabe que hace es insuficiente. La política que aplicaría sería similar con algunos matices, sabiendo por experiencia que algunas cosas funcionan mejor que otras. Si sigues teniendo unos operadores escuálidos y que van haciendo viviendas a un ritmo que nada tiene que ver con las necesidades de crecimiento, las necesidades de la gente que no tiene recursos, de las familias vulnerables, no resuelves el problema, más bien aumenta.

Volvería a sufrir.

Sí. Pero es imprescindible afrontar el reto. Por ello, debe multiplicarse la inversión, aportar más recursos humanos, no renunciar a ninguno de los instrumentos y medidas (compra de pisos, obra nueva, rehabilitación, industrialización, cooperativas, disciplina de vivienda, regulación de los alquileres, incluidos los de temporada, el 30% de vivienda asequible, la reducción de los apartamentos turísticos, etc.). Y también es necesario insistir mucho más en potenciar operadores y acuerdos público-privados.

La entrada Josep Maria Montaner: “El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista” se publicó primero en lamarea.com.

Por Manuel Gabarre de Sus. Publicado originalmente para ctxt.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 durante el Gobierno de Rajoy a partir de la transferencia de activos de cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), junto con otras en proceso de reestructuración. La entidad que surgió de allí podría haber cambiado el acceso a la vivienda en España, puesto que llegó a adquirir 400.000 inmuebles y 100.000 préstamos a promotores, provenientes de la gran crisis inmobiliaria. Ese patrimonio debería haber sido la base de un sistema público de vivienda similar al de otros países europeos como Francia o Austria. Pero sucedió todo lo contrario: pese a financiar aquellas compras con dinero público, el Estado ha malvendido los bienes para el provecho del sector financiero. De la privatización de Sareb se han beneficiado muchas personas bien conectadas con el mundo político y empresarial, dado que la venta de sus viviendas y solares se ha realizado de manera oculta, pero no ha redundado en provecho de la sociedad española.

Ahora, una pequeña parte de aquellos bienes que todavía le quedan a Sareb pasará al fin a formar parte del sector público a través de la sociedad Casa 47. Esta política debería haberse implantado desde la creación de la entidad hace trece años. A continuación, explicamos cómo se ha llegado a esto.

La creación de Sareb

Luis de Guindos fue la persona clave en la privatización de Sareb. El 25 de junio de 2012 solicitó la asistencia financiera a la Unión Europea para sufragar el rescate de las entidades bancarias. Así, De Guindos, representando al Gobierno de España, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Política Financiera con la Comisión Europea y el Banco de España. 

Este contrato recogía las condiciones que imponía la Comisión Europea para rescatar a la banca española con un préstamo de cien mil millones de euros. A cambio, la troika –formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea– imponía su programa político al Gobierno español. Este programa incluía la pérdida de derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, los recortes de los servicios públicos y el fin del sistema de vivienda español basado en el endeudamiento hipotecario.

El rescate también incluía la creación de un organismo que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas

El dinero de aquel rescate provenía del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los países de la Unión Europea habían dotado a este fondo con 700.000 millones de euros. Su finalidad declarada era rescatar a aquellos países que no pudieran financiarse en los mercados durante una situación de crisis. Pero la finalidad real fue crear un cortafuegos que protegiese a la banca europea de la quiebra de las entidades bancarias españolas, griegas o irlandesas que estaban fuertemente endeudadas con ella.

El contrato del rescate también incluía la creación de Sareb, puesto que se exigió la constitución de una entidad que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas. Estos bienes estaban formados por las viviendas provenientes de embargos y de desahucios, así como por todos los préstamos a las promotoras inmobiliarias. Además, el contrato de rescate exigía la privatización de los bienes inmobiliarios adquiridos. Era urgente arreglar el problema de la vivienda en España. Pero, en lugar de cambiar de modelo mediante la gestión pública de esas viviendas, la troika obligó a seguir girando la rueda del negocio inmobiliario. Lo hizo para el provecho del sector financiero europeo y, sobre todo, de Estados Unidos. Todo esto en un país donde solo en el año 2014 se produjeron más de 70.000 ejecuciones hipotecarias según el CGPJ. 

Los bienes de Sareb

Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios. Desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas

Multitud de bancos y de cajas de ahorro quebraron cuando los deudores hipotecarios quedaron en paro. A su vez, los promotores tampoco podían atender los créditos con los que financiaron la construcción de viviendas. Sareb compró los bienes inmobiliarios de estas entidades financieras pagándoles 51.000 millones de euros. Ese precio era algo menos de la mitad del valor que tenían anotado los bancos por esos bienes (107.000 millones de euros). Los bienes estaban compuestos por más de cien mil viviendas provenientes de embargos, así como por los créditos de los promotores inmobiliarios. Aunque se tratase de promotores solventes que atendían sus créditos en plazo, Sareb se quedó con ellos. Estos préstamos estaban respaldados por locales, hoteles, suelos industriales, viviendas y solares. De esta manera, Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios y 100.000 préstamos a promotores. Los había de todas las categorías: desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas de las ciudades españolas.

El trampantojo de Sareb

Los grandes bancos españoles aportaron unos 2.600 millones de euros y el Estado, otros 2.200 millones al capital de Sareb. De este modo, Sareb disponía de 4.800 millones de capital, pero pagó 51.000 millones a las cajas y los bancos quebrados. ¿Cómo fue posible? La respuesta es que Sareb recibió un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo. El objetivo declarado era devolver ese préstamo vendiendo sus bienes. Según expuso el Ministerio de Luis de Guindos a la Comisión Europea, Sareb tendría unas ganancias del 14  % anual. El entonces ministro prometió que “Sareb no costaría ni un solo euro a los españoles”. 

El préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado

Eran conscientes de que eso era imposible. Sareb estaba destinada a perder decenas de miles de millones de euros con cargo a la ciudadanía. El motivo era que el préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado. Todo lo que Sareb no pudiese devolver recaería sobre la Administración. Esa es la razón por la que su quiebra en el año 2022 incrementó la deuda pública en 30.000 millones. La Unión Europea premió a Luis de Guindos por su gestión y actualmente es vicepresidente del Banco Central Europeo. Cabe preguntarse para quién se gobierna en Europa.

La opacidad de Sareb

La entidad vendió los solares y las viviendas de manera opaca. Gracias al trampantojo con el que había ocultado lo que realmente era –una gran inmobiliaria pública– pudieron funcionar como una organización de naturaleza privada y escapar de los controles administrativos. 

La legislación exige que la Administración venda sus bienes a través de subastas públicas. Cuando la venta de bienes inmuebles supera los 20 millones de euros, el Consejo de Ministros debe rubricarla. Sin embargo, Sareb esquivó todos estos controles debido a su condición fraudulenta de empresa privada. De esta manera, las inmobiliarias de los tres grandes bancos que habían aportado capital en Sareb –Santander, La Caixa y Banco Sabadell– vendieron las viviendas y los suelos de Sareb de manera opaca. Se desconoce el precio de venta, quién las compró y dónde estaban ubicados. Las inmobiliarias de los bancos cobraban comisiones a la entidad por las ventas de su patrimonio, con las que recuperaban lo perdido en su capital. Sareb es probablemente la mayor estafa a la ciudadanía de las últimas décadas. 

El fondo oportunista Cerberus se coló entre los vendedores de los bienes de Sareb. Cerberus es un fondo de inversión vinculado con el Partido Republicano: su fundador y consejero delegado es Steve Feinberg. Donald Trump lo nombró a comienzos de 2025 subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y desde ese cargo dirige el colosal presupuesto militar americano. Por otra parte, el principal enlace de los republicanos en España es José María Aznar desde que apoyó la guerra de Irak. Así que Cerberus contrató como consejero a José María Aznar Botella. También contrató como presidente de su inmobiliaria Haya a Juan de Hoyos, el mejor amigo del expresidente. Inmediatamente Sareb le encomendó a Haya las ventas de los bienes de la antigua Caja Madrid. Así, el entorno de los Aznar pudo vender con total opacidad los bienes de la caja que habían contribuido a arruinar con el nombramiento de Miguel Blesa. 

La quiebra de Sareb

A finales de 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente

Sareb generaba pérdidas de miles de millones de euros cada año. A los tres años de su creación ya debería haber declarado su quiebra. Pero el Gobierno la eximió de esta obligación. Entre los compradores de los bienes de Sareb se encuentran los fondos oportunistas de Estados Unidos como Blackstone y Goldman Sachs. Adquirieron miles de viviendas, así como el suelo urbano por donde debían crecer las ciudades españolas. Así fue cómo perdimos la oportunidad de crear un potente parque público de vivienda.

A finales del año 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente. Eurostat exigió a las autoridades españolas que calificasen la deuda de Sareb como pública. En el año 2022, Sareb pasó a ser una empresa pública donde el Estado tenía más de la mitad del capital. A pesar de su condición pública, el Ministerio de Economía decidió que Sareb no tenía que seguir los mismos criterios de transparencia que cualquier empresa estatal. De este modo, encomendó a los fondos oportunistas Blackstone y KKR la venta de su patrimonio. Por supuesto, las ventas continuaron realizándose de manera opaca.

Casa 47: ¿Un final feliz?

Este año, el Gobierno ha anunciado la incorporación de una parte de los bienes de Sareb a una empresa pública de vivienda llamada Casa 47. La creación de Casa 47 es una noticia excelente. Se puede ver como una victoria de los movimientos sociales, e incluso podría ser el inicio de un cambio en el sistema de vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que pudo ser Sareb es una noticia triste: solo se traspasarán 40.000 viviendas a Casa 47, junto con 2.400 solares para construir otras 55.000 viviendas. Esas casi cien mil viviendas públicas son una cantidad muy importante, pero apenas suponen una décima parte de los bienes que tuvo Sareb en su día. 

Sareb podría haber sido el germen de una entidad pública con un millón de viviendas. Con ese volumen el gobierno habría sido capaz de intervenir en los precios y de crear unas ciudades más agradables. Aunque el Estado se ha quedado con un buen número de viviendas y solares a través de Casa 47, esa cantidad es insuficiente para determinar las condiciones del acceso a la vivienda. Además, Sareb nos ha causado unas pérdidas de unos 25.000 millones de euros. En suma: Sareb es la historia de un gran desfalco de proporciones históricas.

La entrada Sareb: el final de una gran estafa se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.

Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio. 

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategia Nos quedamos que «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. 

En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones. 

La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes». 

La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».  

Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen. 

La entrada Los vecinos de Tribulete 7 logran imputar por primera vez a un fondo buitre por acoso inmobiliario. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Se suele hablar mucho de jóvenes cuando se habla de vivienda. Y es, en efecto, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este sector de la población. Pero también existe un colectivo de edad avanzada, bastante invisibilizado, con serios problemas habitacionales. Según un estudio publicado este martes por Provivienda, el 22,7% de los hogares encabezados por personas mayores de 65 años se encuentra en exclusión residencial, es decir, en una situación en la que no tienen cubiertas sus necesidades básicas de vivienda.

«Envejecer bien no debería ser un privilegio heredado, sino un derecho garantizado. Los datos del informe muestran que la vivienda es un pilar estructural del bienestar: cuando no reúne condiciones adecuadas, se convierte en un factor de exclusión», señala la codirectora general de Provivienda, Gema Gallardo. Según el documento, esta problemática afecta de manera especialmente intensa a quienes viven de alquiler. En este grupo, la exclusión residencial alcanza el 53,5%, y el 44,7% de los hogares no dispone de recursos suficientes tras afrontar el pago de la vivienda, con lo que quedan expuestos a la inestabilidad del mercado. 

Si bien el estudio muestra que la vivienda en propiedad es mayoritaria entre la población mayor –llega al 87,8% de los hogares encabezados por personas de 65 años–, estos hogares también sufren problemas relacionados con la calidad de la vivienda o su entorno. «Si bien supone un factor de protección, la propiedad no garantiza una situación libre de dificultades. El 19,6% de los hogares encabezados por personas mayores que residen en vivienda en propiedad también se encuentra en exclusión residencial, con problemas relacionados con la pobreza energética o los gastos asociados al mantenimiento del hogar«, afirma la responsable de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez. 

A ello se suman importantes barreras físicas, que afectan a uno de cada tres hogares donde viven personas mayores. El porcentaje de hogares que declara mala accesibilidad del edificio asciende al 36,3% entre quienes declaran tener una limitación grave, que pueden experimentar dificultades para salir de su edificio de forma autónoma.  

Titulado Una llave para nuestro futuro: vivienda y envejecimiento en comunidad, el informe, que indica que la gran mayoría de las personas mayores envejece en su hogar –el 96,6% vive en su vivienda, frente al 3,4% que reside en centros colectivos–, también advierte sobre el aumento de los hogares unipersonales. El porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas ha pasado del 16,6% en 1991 al 23,4% en 2021, y actualmente el 47,2% de los hogares encabezados por personas de 65 o más años son unipersonales. Esta tendencia incrementa el riesgo de soledad no deseada dado que, según sostiene Martínez, «en el caso de las personas mayores, a diferencia de las jóvenes, la soledad no deseada está fuertemente asociada al modo de convivencia y a la composición de los hogares».  

Impacto en el futuro

El informe señala tendencias que tendrán un impacto directo en el envejecimiento futuro. «Las generaciones más jóvenes acceden cada vez menos a la vivienda en propiedad: la tenencia entre menores de 35 años desciende del 66% al 31,8% entre 2002 y 2022. Al mismo tiempo, el alquiler se encarece y los contratos son cada vez más inestables, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial en la vejez», afirma Martínez.    

El informe concluye que el contexto residencial favorece que las desigualdades aumenten, las brechas entre personas propietarias e inquilinas se amplían y la soledad se intensifica en un contexto de hogares unipersonales y carencia de infraestructuras sociales.

Entre la batería de propuestas que aporta el informe, destaca mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del parque residencial, clave para prevenir situaciones de dependencia o el impulso de los apoyos comunitarios y servicios de proximidad que permitan a las personas mayores permanecer en su hogar y evitar ingresos institucionales no deseados. «Garantizar viviendas accesibles, asequibles y adecuadas, junto con apoyos comunitarios y servicios de proximidad, se presenta como un eje clave para un envejecimiento digno y en comunidad», subraya Gallardo.

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Fotografía: No hay un «grave déficit» de vivienda en España ni construir más reduce los precios, según la UPC – UPC

Artículo original publicado en canalunyapress.es por J.C. Meneses Montserrat

España no sufre un “grave déficit” de producción de vivienda, pese a lo que sostiene el Banco de España. Así lo concluye el estudio Cinco tesis sobre la política de vivienda en España, elaborado por investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y divulgado este martes.

El trabajo, firmado por Blanca Arellano y Josep Roca, analiza los informes recientes sobre el encarecimiento del mercado residencial y las herramientas disponibles para las administraciones públicas. Según los autores, el acceso a la vivienda es “cada vez más difícil”, con precios que ya superan los máximos históricos: las viviendas en venta son un 13,8% más caras que en 2007 y los alquileres han subido un 40% respecto a aquel pico.

Un exceso de viviendas, no un déficit

La primera tesis del estudio cuestiona directamente los informes del Banco de España. Entre 2011 y 2021, el parque de viviendas creció muy por encima del número de hogares: 959.554 unidades más. En total, en 2021 existía un excedente acumulado de 8.084.485 viviendas, equivalente al 30% del parque residencial, de las cuales 3.837.328 estaban vacías.

Los investigadores consideran que este “colchón” es más que suficiente para absorber cualquier necesidad coyuntural y que hablar de escasez estructural “no se ajusta a la realidad”.

Construir más no baja los precios

El informe también desmonta otra idea extendida: que aumentar la oferta de vivienda reducirá los precios del mercado. Según la UPC, ocurre lo contrario. Construir más no garantiza accesibilidad si no se actúa sobre el tipo de vivienda:

La solución no es construir más, sino construir vivienda asequible”

El fenómeno no es exclusivo de España: el encarecimiento es “general en Europa”. Aun así, el país destaca por haber sido el mayor consumidor de suelo urbano entre 2000 y 2012 dentro de la Unión Europea, con 2.447 km² urbanizados, más que Italia, Polonia y Reino Unido juntos.

La clave: vivienda social y alquiler regulado

Otra de las conclusiones apunta a la necesidad urgente de aumentar la vivienda social. En España, este tipo de oferta representa menos del 10% de las transmisiones de propiedad y cayó al 7,8% en los primeros trimestres de 2024. Para Arellano y Roca, esta falta de producción es “uno de los estigmas de la política de vivienda en España”.

Entre los beneficios citados: facilitar el acceso a colectivos vulnerables; favorecer la emancipación juvenil; y equilibrar el mercado residencial

Factores que tensionan el mercado

El estudio identifica tres causas principales del aumento de precios:

• El crecimiento del alquiler de temporada
• La expansión del alojamiento turístico
• La escasa movilización de viviendas vacías

La investigación ha sido publicada en el monográfico Arquitectura y vivienda: nuevas formas de habitar de la revista científica Ciudad y Territorio, editada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se presentará el 26 de noviembre en Madrid.

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Por Julen Bollain. Publicado originalmente para Público.

El debate sobre la vivienda en la izquierda española se ha convertido en un intercambio de eslóganes que rara vez aterriza en la realidad material. Y, sin embargo, la cuestión es bastante sencilla. O la izquierda asume que es imprescindible aumentar de forma sostenida la vivienda asequible o seguirá administrando la escasez mientras la extrema derecha convierte la frustración cotidiana en combustible político.

En los últimos días ha vuelto la idea de que ciudades como Viena «no son comparables» con España porque surgieron en condiciones históricas irrepetibles. Es una objeción elegante, pero profundamente conservadora. Porque, si aceptáramos ese marco, no podríamos usar referencias internacionales para nada. Ni educación, ni fiscalidad, ni política industrial. Viena no es un modelo perfecto ni plenamente trasladable, pero sí demuestra algo que atraviesa toda la evidencia internacional y es que, cuando un país combina regulación firme con construcción sostenida de vivienda asequible, los precios dejan de comportarse como un mecanismo de expulsión social.

La anomalía, en realidad, está aquí. Hemos convertido la construcción en un debate identitario, como si edificar vivienda protegida fuese una concesión ideológica y la regulación fuese la única forma legítima de intervenir. Todo esto tendría cierta gracia si no fuera porque detrás hay vidas muy concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, ciudades donde es normal pagar 1.300 euros por un UCZ (un-casi-zulo) y donde la vivienda social continúa siendo una rareza estadística.

Si uno observa el paisaje actual de posiciones dentro de la izquierda, se pueden distinguir tres grandes enfoques:

El primero es el de la izquierda reguladora, que sitúa el problema en el poder de fijación de precios y la captura de rentas. Sin esta mirada, no habría topes al alquiler, protección frente a desahucios injustos o control del alquiler turístico. Y esta izquierda tiene razón, sobre todo, en un punto nuclear: dejar la vivienda completamente en manos del mercado conduce a procesos de exclusión rápida. Pero, desde mi modesta opinión, cuando esta posición se absolutiza —cuando se concibe la regulación como sustituto de la producción de vivienda asequible— se termina gobernando la escasez, no resolviéndola.

El segundo enfoque es el de la izquierda que reivindica la planificación y la provisión pública. Aquí el diagnóstico es que ningún país ha garantizado el derecho a la vivienda sin un parque público o cooperativo robusto. España tiene apenas un 3% de vivienda con algún tipo de protección, frente a medias europeas mucho mayores. No es casual que los precios se comporten como lo hacen. Y no es solo Viena. También son Países Bajos, Dinamarca o Austria, quienes llevan décadas construyendo vivienda asequible de manera estable. La clave no es replicar modelos, sino asumir que la oferta pública y concertada debe crecer de forma sostenida, año tras año, para que el alquiler deje de ser un mecanismo de selección por renta.

El tercer enfoque es el de la izquierda que considera que, dadas las limitaciones fiscales y técnicas de muchas administraciones, no se podrá escalar la vivienda asequible sin colaboración con actores privados sometidos a reglas estrictas. Es decir, sometidos a topes de rentabilidad, cesiones obligatorias de suelo, precios congelados de por vida o participación de cooperativas de uso. Este enfoque no busca entregar la ciudad al mercado, sino utilizar la capacidad regulatoria del Estado para orientar inversiones y multiplicar el impacto del suelo público disponible.

El problema no es que existan tres sensibilidades. El problema es que la izquierda española sigue atrapada en un marco dicotómico que no ayuda. Regular o construir, intervención o colaboración, Estado o mercado. Ese marco es falso. Y, además, a quien beneficia es a la derecha, porque mientras se discute la pureza doctrinal, los precios siguen subiendo, la oferta asequible sigue siendo insuficiente y los sectores más vulnerables del mercado del alquiler se encuentran cada vez más solos.

La realidad es bastante más prosaica y más urgente. En 2024, el alquiler medio de un piso en Barcelona rozó los 1.600 euros. En Madrid superó los 1.450. En ciudades intermedias como Málaga, Bilbao o Palma, es habitual que un piso cueste entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Y, claro, no hablamos de lujo. Hablamos de viviendas estándar. Con salarios medios de 1.500 a 1.800 euros, la aritmética se vuelve devastadora.

España necesita regulación firme para contener abusos, pero también necesita construir vivienda pública. Necesita limitar el alquiler turístico, pero también necesita promover vivienda en cesión de uso, en alquiler público y en fórmulas de precio tasado permanente. Necesita colaboración con cooperativas, fundaciones y, en determinados marcos, con promotores privados sometidos a condiciones estrictas.

Lo que no necesita es seguir creyendo que el mercado, si se le deja «respirar», resolverá mágicamente la crisis. Ese es el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino que ha desembocado en un país con uno de los mayores porcentajes de viviendas vacías de Europa, pero con un parque público raquítico y una presión de precios que golpea de forma desigual a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores con salarios medios.

No se trata de elegir entre intervenir o construir. Se trata de asumir que una política de vivienda seria debe hacer ambas cosas y debe hacerlas bien. Regular para frenar abusos. Construir para reducir la escasez. Planificar para evitar que la ciudad se convierta en un mecanismo de selección por renta. Y, sobre todo, consolidar un parque estable de vivienda asequible que dé seguridad y horizonte vital a quienes hoy viven pendientes de cada renovación contractual.

La vivienda no es un símbolo. Es una infraestructura social. Si la izquierda renuncia a construirla —material y políticamente— otros decidirán cómo, dónde y para quién se construyen las ciudades del futuro. Y la mayoría social no puede permitirse que eso vuelva a ocurrir.

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Por Javier Gil. Este artículo, extraído de Zona de Estrategia, es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:
cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).

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📢📢Desde ONDA NEGRA, el programa de CGT Aragón-La Rioja, os ofrecemos a través de Radio Topo📻 una hora cargada de información laboral y sindical, social, feminismo y cultura💪🏽 👉🏿Podrás escuchar el programa durante tres semanas😁. 👉🏽El programa Nº 40 se emitirá los días 19 y 26 Noviembre y el 3 de diciembre.  #OndaNegra. ⚫Los miércoles […]

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beste norabait bizitzera joaten zarenean, leku populatuago batera, beti esaten dute 'herria txiki geratu zaizula' klaro eta inoiz ez 'herriak bota zaituela'

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El lunes 3 de octubre al menos cuatro personas trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a un domicilio de la calle Mena en Bilbao para desalojarlo. En respuesta, unas 90 personas se concentraron y la Ertzaintza desplegó a una treintena de antidisturbios.

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El movimiento de vivienda crea la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

El fin de semana del 10 al 12 de octubre, inquilinas organizadas de más de una decena de territorios distintos viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Su creación es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora. La coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal “Nos Quedamos”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en todo el Estado. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial. Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas.

Maricarmen se queda

El ejemplo más reciente de sindicalismo inquilino lo encontramos en la campaña “Maricarmen se queda”: Maricarmen es una mujer de 87 años, que lleva 70 años viviendo de alquiler en su casa, en el barrio de Retiro, desde que su padre firmó un contrato de renta antigua, al cual se subrogaron primero su madre y luego ella.

En este sentido, Maricarmen es víctima de las leyes machistas del franquismo, ya que su madre no figuraba en el contrato original como arrendataria, porque solo podía hacerlo su marido. Por eso, cuando falleció el padre de Maricarmen, su madre se tuvo que subrogar en el contrato, pese a ser la coinquilina original. Y, al fallecer la madre de Maricarmen, su hija se subrogó por segunda vez, a pesar de que ésta debería haberse considerado la primera subrogación.

Entonces, la propiedad no puso pegas a la prórroga y le mantuvo las condiciones a Maricarmen. Sin embargo, un fondo buitre ha comprado la vivienda, ha resuelto el contrato de renta antigua y le ha incrementado el alquiler en más de un 300%.

El Sindicato de Inquilinas inició una campaña, que ha tenido una enorme repercusión mediática, para mantener a Maricarmen en su casa. Se empapeló el barrio con carteles informando del desahucio y varios comercios apoyaron poniendo el cartel en sus escaparates; se informó a todas las vecinas del edificio, yendo puerta por puerta, del inminente desahucio; se organizó un pasacalles por el Retiro y por la calle Sainz de Baranda, en la que participó el AMPA del colegio Escuelas Aguirre haciendo un taller de carteles en apoyo a Maricarmen; y, por último, se convocó una concentración el día del desahucio (previsto para el 29 de octubre) frente a su vivienda. Sin embargo, gracias a la presión ejercida, el día antes del lanzamiento, el Juzgado decidió suspenderlo, para otorgarle más tiempo para buscar una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

El 29 de octubre, finalmente, se convirtió en una celebración. Maricarmen compareció ante los medios, emocionada, mientras las vecinas gritaban “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”. Al cuello llevaba una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

Por ahora, Maricarmen se queda; pero depende de todas que se quede para siempre.

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En noviembre de 1985 se cumple el 40º aniversario de la primera okupación en Madrid: Amparo 83, en el corazón de Lavapiés. Aquellos diez días de okupación, impulsados por el Kolectivo KOKA y que contaron con un importante apoyo vecinal y cobertura mediática, fueron el punto de partida de un movimiento que acabó transformando el paisaje político, social y cultural de la ciudad de Madrid.

Cuatro décadas después, queremos recorrer esas huellas a través de los lugares que fueron testigos de cómo un barrio quiso reinventar la ciudad desde abajo. El paseo del próximo 29 de noviembre será la primera jornada de este recorrido histórico por la okupación en Lavapiés entre 1985-2005.

Contexto político: «Jóvenes sin curro y sin vivienda, la solución okupación»

Influenciada por los movimientos de squatters europeos, la okupación surge en Madrid como protesta contra la falta de vivienda accesible y la especulación inmobiliaria, contra la crisis provocada por la reconversión industrial, contra el golpe del paro y la heroína sobre los barrios más empobrecidos de la ciudad, por señalar algunos motivos. Dentro de este contexto surgen redes autónomas vinculadas a los movimientos antimilitarista, ecologista, anarquista y contracultural. Frente a una ciudad que empezaba a especular con el suelo urbano, las okupaciones propusieron reapropiarse del espacio y transformarlo en un bien común: vivienda, cultura, convivencia, comunidad.

A las primeras okupaciones periféricas, les siguieron durante los 90, una segunda ola de okupaciones más organizadas y con mayor visibilidad pública. Los centros sociales autogestionados se convirtieron en lugares de experimentación política, cultural y feminismo autónomo que se entrelazaban, por ejemplo, con las luchas migrantes, con las desigualdades del barrio o con los movimientos globales contra la guerra o la globalización neoliberal.

Lavapiés fue un escenario idóneo por sus características: barrio obrero, céntrico, con un alto número edificios abandonados, un fuerte proceso de reconversión urbanística…Estos y otros aspectos se convirtieron en oportunidades para diversas experiencias de okupación que se entrelazaron con movimientos sociales, vecinales y sindicales preexistentes generando una comunitaria que trascendió los muros okupados.

Primeras okupaciones (1985–1994): el germen de una ciudad posible

Amparo 83 (1985)

Fue la primera okupación con un proyecto sociocultural explícito. Durante pocos días se organizaron talleres, cine, debates y encuentros vecinales. Aunque el desalojo fue rápido, de esa experiencia nació la Asamblea de Okupas de Madrid, primer intento de coordinación del movimiento.

CSA Minuesa (1988–1994)

La antigua imprenta de la Ronda de Toledo, rescatada por los y las trabajadoras de la fábrica cuando ésta se declaró en quiebra, fue uno de los primeros grandes centros sociales autogestionados de Madrid cuyo. Talleres, escuela popular, comedor, biblioteca, conciertos y debates convirtieron Minuesa en una referencia. Su desalojo en 1994, tras seis años de intensa actividad, fue uno de los más violento, pero consolidó la okupación como parte del tejido urbano madrileño.

La explosión del movimiento (1995–2000): «okupa tú también»

Lavapiés 15 (1996)

Okupado en abril de 1996, combinó vivienda colectiva con comedor popular y espacios culturales. Su breve existencia (duró solo 6 meses) fraguó la idea de las okupaciones como espacios abiertos a otras identidades o a la posibilidad de una casa okupada de mujeres (que se concretaría en la experiencia de la Eskalera Karakola).

Eskalera Karakola I (Embajadores 40, 1996–2005)

Primer espacio okupado y gestionado exclusivamente por mujeres que gestó un feminismo autónomo y cotidiano: debates sobre cuidados, apoyo a mujeres migrantes y trabajadoras precarias, espacio seguro para diversidades sexuales…

El Laboratorio I (Embajadores 68, 1997–1999)

Nació como una okupación pública y multitudinaria. Su nombre expresaba la voluntad de experimentación, tal y como apuntaba uno de sus primeros textos, «fuera de los caminos trillados de la okupación». Su objetivo: crear un gran laboratorio urbano de experimentación social y cultural fuera de la clandestinidad habitual. Para intentar asegurar un proceso más a largo plazo y evitar el desalojo, plantearon la posibilidad de negociar con las instituciones.

El Laboratorio II (Plaza de Cabestreros, 1999–2001)

Ocupó el edificio del antiguo colegio de Cabestreros, en pleno Lavapiés. Tuvo un carácter más cerrado que su predecesor, utilizándose principalmente como vivienda. Gracias a su ubicación (plaza de Cabestreros) amplió la dimensión vecinal a través de diferentes actividades.

El Laboratorio III (Amparo 103, 2002–2003)

Más pequeño y de vida efímera, el Labo 03 dejó la vivienda en un segundo plano para ampliar la colaboración con otros colectivos del barrio, facilitando la participación de personas que no habían tenido contacto con el movimiento okupa o de forma indirecta.

La Biblio (2000–2003)

Proyecto cultural y de préstamo de libros autogestionado. La Biblio demostró que la okupación podía convertirse en un servicio comunitario real, abierto a vecinas y vecinos, y sirvió como espacio intergeneracional de cultura libre.

De la okupación a la cesión (2003–2005)

Eskalera Karakola II (Embajadores 52, desde 2005)

Tras el desalojo de Embajadores 40, el colectivo se reubicó con un acuerdo de cesión municipal, manteniendo su autonomía política. Supuso un cambio de paradigma: del enfrentamiento a la negociación sin renunciar a la autogestión transfeminista.

El Laboratorio en el exilio: Solar de Olivar (2003–2005)

Solar autogestionado al aire libre entre las calles Olivar y Valencia. Representó una transición de la ocupación de edificios a la reapropiación del espacio público. Su importancia radica en haber abierto el movimiento o el espacio al barrio en su conjunto.

«10, 100, 1000 centros sociales»: una invitación a caminar la memoria

Desde el local anarquista Magdalena quieren empezar a montar paseos históricos con el objetivo de recordar procesos de luchas pasados y potenciar los presentes. Buscamos que la historia no sea un producto de consumo acrítico, sino un vehículo que nos sirva para no olvidar nuestro pasado de lucha más reciente, saber de dónde venimos para que nos pueda ayudar a ver dónde nos queremos dirigir, hacerlo desde un posicionamiento crítico que nos sirva para aprender de aciertos y errores. En nuestro caso, cuando escuchamos de primera mano, de la mano de sus propios protagonistas, esas luchas, sinceramente nos llega el impulso y nos dan más ganas de seguir luchando.

Por ello queremos recordar la historia de los Centros sociales okupados del barrio donde hemos habitado siempre, Lavapiés.

El paseo se dividirá en dos jornadas, la primera de ellas abarca desde 1985 al 2005 (Lavapiés 15, Eskalera Karakola I y II, Laboratorios I, II y II, La Biblio, Solar Olivar…) y será el sábado 29 de noviembre de 2025. El segundo paseo, del 2006 a la actualidad lo organizaremos más adelante.Caminar por sus calles será también recorrer la historia reciente de muchos colectivos de Madrid: una historia de resistencia, autogestión y creación de propuestas alternativas. Cuarenta años después de Amparo 83, las preguntas siguen vivas: ¿qué ciudad queremos habitar?, ¿qué significa cuidar un barrio?, ¿cómo hacer memoria de la ocupación sin convertirla en piezas de museo? No se trata de idealizar, sino de habitar críticamente ese pasado. Las historias de Lavapiés son parte de nuestra historia colectiva; traerlas al presente nos ayuda a repensar las estrategias para proteger y generar espacios comunitarios en la ciudad.

Y aunque la historia de la okupación puede tener entidad propia, la memoria colectiva se construye a través de los grupos sociales que la viven. Por ese motivo, en este paseo estarán algunas de las personas que fueron parte de esta historia. Junto a ellas queremos volver a abrir las puertas de estas okupaciones, aprender de sus luces y sombras, y reconocer los vestigios del pasado que están en nuestro presente.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar con relatos, fotos, objetos, recuerdos…para que este paseo sea un ejercicio de memoria compartida y aprendizaje, para que sea un espacio de (re) encuentro con el que seguir protegiendo los barrios y creando espacios comunitarios en la ciudad.

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Gasteiz: cuando la Ertzaintza protege al fascismo

El pasado 12 de octubre, mientras en Madrid se desplegaban desfiles militares y banderas rojigualdas, en Gasteiz se vivía otra escena que, pese a su escala menor, revela la profundidad del problema. La Falange Española —un partido fascista que nunca ha dejado de reivindicar el legado de Franco— celebró un acto “patriótico” en pleno centro de la ciudad. “Euskal presoak, cámara de gas” y “pasamos y volvimos a pasar” fueron algunas de las lindezas que soltaron esa jornada.

Frente a ellos, un grupo de antifascistas decidió concentrarse para mostrar su rechazo a que el fascismo volviera a ocupar el espacio público vasco. La respuesta del Estado fue clara: 19 personas detenidas (uno de ellos menor de edad), imputadas por supuestamente lanzar piedras a la policía, cargas policiales y los falangistas vitoreando a la Ertzaintza.

Según relatan varios medios, la policía vasca cargó contra quienes se manifestaban contra el odio, usando pelotas de goma y empujones, mientras escoltaba y protegía a los militantes de ultraderecha. Según informa el periodista Danilo Albin en Público¹, los falangistas aplaudieron y jalearon a los agentes cuando estos detenían a manifestantes, gritando “Ahí está la escoria etarra, grande policía”. El Gobierno vasco, por su parte, ha intentado justificar la actuación de la Ertzaintza apelando al “mantenimiento del orden” y al “derecho de reunión”.

Unos días después, el canal de Telegram de la Liga Antiglobalista Internacional (una internacional de 15 partidos de extrema derecha procedentes de varios países, impulsada por el oligarca ruso Konstantin Maloféyev, cercano al Kremlin) publicó el siguiente mensaje: “El 12 de octubre, nuestros hermanos de La Falange celebraron una reunión en Vitoria con motivo del Día de la Unidad Española. Antifa y los separatistas, que superaban en número a los falangistas hasta diez veces, intentaron interferir en la concentración y atacar a los nacionalistas. A pesar de su superioridad numérica, la izquierda recibió una terrible paliza tanto por parte de La Falange como de la policía”.

Los hechos de Gasteiz nos recuerdan que el antifascismo sigue siendo necesario. Que el fascismo, por muy marginal que parezca, encuentra amparo en las instituciones cuando éstas no se atreven a condenarlo con claridad. Y que, frente al fascismo y su blanqueamiento institucional, la respuesta sigue siendo la misma de siempre: organización, solidaridad y antifascismo.

Barcelona: más detenciones en protestas propalestinas

En el mes de octubre, lejos de bajar los brazos ante el anuncio del alto el fuego en Gaza, el movimiento propalestino salió a la calle como siempre, para asegurarse de que la paz que se logre sea justa y duradera.

En este contexto, las movilizaciones de apoyo a Palestina se encontraron con una respuesta policial contundente, sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, el 4 de octubre, diez personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Plaça de Catalunya, acusadas de causar destrozos en empresas que colaboran con la ocupación.

Unos días después, el 15 de octubre, en el contexto de la huelga general por Palestina convocada por varios sindicatos, unas 50.000 personas recorrieron la capital catalana. En el transcurso de la protesta, según la versión oficial, se produjo la quema de contenedores, el lanzamiento de objetos hacia una línea policial frente al Consulado de Israel y otros actos de “vandalismo”. Los Mossos d’Esquadra intervinieron utilizando spray de pimienta y cargas con porrazos, lo que derivó en la detención de 15 personas, de las cuales 11 eran menores de edad. Según publica Izquierda Diario, estos fueron detenidos mientras volvían a sus casas, por el hecho de llevar simbología palestina y por presentar síntomas de haber sido rociados con spray. Han denunciado haber recibido tratos vejatorios, insultos, humillaciones racistas y falta de asistencia sanitaria en comisaría, donde no se les permitió ducharse, ni cambiarse la ropa llena de spray.

Según la organización Som Defensores, desde el asalto a la flotilla se han detenido a 34 manifestantes (la mitad menores y la mayoría personas racializadas) y se ha empleado en seis ocasiones gas pimienta para disolver manifestaciones. Al menos en una ocasión, tras usarse en la estació de Sants, entre 30 y 40 personas tuvieron que ser atendidas por equipos médicos.

Vallekas: un barrio que se organiza contra mercenarios y bulos

Lo que medios como Cuatro y Telemadrid vendieron hace unos días como una “batalla campal” entre “desokupadores” y “Bukaneros y ultras de izquierdas que defienden a los okupas” en Puente de Vallekas es, en realidad, el episodio más visible de un hostigamiento sostenido contra un vecino y un gimnasio popular, envuelto en desinformación y con presencia activa de una empresa de desokupación integrada por escuadristas neonazis. El relato dominante —con platós dando altavoz a un supuesto propietario y cámaras buscando imágenes de choque— sirve para criminalizar al barrio y tapar la raíz del problema: la precariedad habitacional y la entrada de matones profesionales con agenda ideológica en los conflictos de vivienda.

El caso arranca con un señor apodado “Daan”, boxeador y empresario que se presentó en televisiones como dueño de una vivienda ubicada en la calle Leonor González. Sin embargo, Irene Zugasti, periodista de Diario Red, ha accedido a la nota simple del Registro y ha comprobado que Romero no figura como propietario; la casa es de unos herederos. En cualquier caso, el habitante, Juan Carlos, una persona que trabaja cuidando a personas mayores, vive allí desde hace casi nueve años con apoyo vecinal —preferían casa habitada y cuidada frente al riesgo de narcopisos—. Romero, por su parte, ya ha sido condenado por coacciones contra él por anteriores episodios de acoso. Pese a ello, siguió apareciendo acompañado de miembros APD Security Iberia, empresa de “desokupación” con historial violento², intentando echar por las malas a Juan Carlos, mientras ciertas cadenas amplificaban su versión sin contraste.

El 14 de octubre se produjo el salto cualitativo: miembros de APD acudieron armados con palos y atacaron el Club Deportivo La Fábrika, un gimnasio popular con casi quince años de arraigo, muy cercano al domicilio de Juan Carlos. Si hubieran atacado una hora más tarde, se habrían encontrado una clase para niñas y niños de entre 7 y 13 años. La intimidación a este local venía de lejos, pues desde el primer día que acudieron a amenazar a Juan Carlos, el 26 de septiembre, los miembros de APD ya intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase, una escena que fue retorcida en televisión, presentando a los asistentes al gimnasio como agresores.

Los neonazis agredieron a algunas de las personas allí presentes y reventaron la puerta con palos al grito de “rojos maricones”. Así, parte del equipo de gimnasio se vio obligado a defender su local.

“Nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes, perpetrada por una empresa de desokupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda”, explica La Fábrika en un comunicado. “Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai, MMA y a la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar.

[…] El martes 14 de octubre estos escuadristas de desokupación volvieron. […] Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. En el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. […] Un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse, cruzándose con uno de estos elementos, que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio; en este momento comienza la “batalla campal”. Para nosotrxs fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla”³.

La policía, ausente en el inicio según la crónica, llegó más tarde y terminó por derribar el acceso al gimnasio. En total, detuvieron a 17 personas: 10 escuadristas de APD y 7 vecinas de Vallekas, entre las cuales había personas que habían defendido el gimnasio, pero también vecinos que llegaron más tarde y que ni siquiera habían presenciado lo ocurrido. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque, y cinco vecinos. Los agresores, aún estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, detalla el comunicado.

El barrio, sin embargo, ha respondido con la mejor de nuestras armas: la solidaridad. Se ha organizado una presencia permanente junto a Juan Carlos para defender su vivienda y una defensa pública del gimnasio como proyecto comunitario. El pasado 24 de octubre, cientos de personas recorrimos las calles de Vallekas en una manifestación, convocada por PAH Vallekas, por la vivienda digna y contra las mafias de desokupación. Su punto de partida fue La Fábrika y terminó en el estadio del Rayo.

Frente a matones y bulos, organización vecinal, información verificada y antifascismo cotidiano.

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1Tras publicar Albin (periodista de origen uruguayo, afincado en Bilbao, que hace seguimiento a la actividad de la extrema derecha) el artículo en el que explicaba cómo los falangistas jalearon a la policía, el ultraderechista Martín Ynestrillas publicó un vídeo con su rostro, diciendo que es “un uruguayo que no entiende nada de lo que pasa en este país” y llamándole “miserable”, “embustero”, “canalla” e “idiota”.

2Nos remitimos a las detalladas investigaciones que han llevado a cabo Sistema 161 e Irene Zugasti, revelando los vínculos de esta organización con organizaciones de extrema derecha como Bastión Frontal, Yomus, España 2000 o Amanecer Dorado y empresas de seguridad formadas por militares israelíes. Entre los antecedentes de algunos de sus miembros se encuentran amenazas a familias en Tetuán, amenazas fascistas en València e, incluso, disparos en un desalojo en Illescas.

3Animamos a buscar en redes el resto del comunicado, que denuncia el papel cómplice de determinados medios de comunicación en el blanqueo de los discursos de odio y en la tergiversación de la realidad, así como habla de la implantación de La Fábrika en el barrio.

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Por Martina Di Paula López y Aurora Báez Boza. Extraído de El Salto

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades para exigir solución al drama habitacional. Este fin de semana, la lucha por el derecho a la vivienda ha vivido un nuevo momento histórico en Málaga con la celebración del I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinos y la creación de una confederación de organizaciones de arrendatarios para dar un nuevo impulso a la lucha contra la especulación con “más huelgas de alquileres y una huelga general por la vivienda en el horizonte”.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado. Los contratos de temporada, por habitación o turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. Una situación crítica que se expande por todo el territorio con muchas semejanzas, pero con particularidades locales.

En Catalunya, la concentración de la propiedad tiene nombre de bancos y fondos de inversión, como CaixaBank, BBVA, Cerberos o  Black Sorne. A lo que hay que sumarle el poder de la oligarquía catalana. Solo Cerberos tiene 3.500 viviendas vacías en una Comunidad con un 1,2% de vivienda pública. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el “banco malo” que el Gobierno prometió reconvertir en empresa pública de vivienda, continúa amenazando de desahucio a familias a las que no permite negociar alquileres sociales. El resultado es que las viviendas que deberían estar al servicio de la población son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario como Blackstone, Servihabitat y KKR, fondo proisraelí. En Madrid, el 43% de los contratos de alquiler son a fondos de inversión, en un marco de políticas hostil y barrios que cada vez se llenan de más “inmobiliarias y grupos de desocupación”, denuncian desde el Sindicato. 

CaixaBank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España desde la absorción de Bankia, con más de 25.000 pisos en alquiler. Bajo el programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa, se ha dado una estrategia de “desahucio invisible”. Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogar los contratos, exigiendo subidas del alquiler de entre el 50% y el 100% a pesar de que estaba vigente la “prórroga covid” del “escudo social”. En Catalunya, hay actualmente 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa que han demandado a la entidad bancaria, cuentan desde el Sindicat de Llogateres. El objetivo es detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y hacer que las viviendas pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl).

“En Andalucía, los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”. Según los datos del INE de 2024, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más pisos turísticos alberga. Un caso muy cercano en Málaga —donde en diez años los precios de alquiler han subido más del 100%— es el que se da frente a la Iglesia de San Agustín, donde a finales de año desaparecerá la histórica Tetería de San Agustín si se lleva a cabo la conversión del edificio en viviendas turísticas tal y como está previsto. 

Aunque sea una tendencia cada vez mayor, en ciudades más pequeñas la concentración de propiedad es más dispersa. En Málaga, capital de Andalucía donde la vivienda es más cara, la mayoría de propiedades verticales de alquiler pertenecen al instituto municipal de la vivienda y la agencia autonómica ABRA. Esto contrasta con los más de 900 desahucios que se ejecutaron en el año 2024 en una ciudad con 16.700 viviendas vacías (6,4% de las viviendas) y 8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga). En Málaga, donde un 15% de población vive en alquiler, el sindicato destaca el trabajo desde Málaga para Vivir, Techo por derecho y Biznegras.

Como explican Hannah Soraya y Assiatu Diallo, el rentismo y el racismo inmobiliario forman una dinámica de doble desposesión. En su artículo aportan cifras del informe de la Fundación Foessa que muestran que alrededor de un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato, siete de cada diez destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento. Además, en el informe de Provivienda de 2024, se muestra que el 99% de inmobiliarias han llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza. La Ley 15/2022, de 12 de julio, que debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda se contradice con otras leyes, como la Ley de Extranjería, que exige tres años de empadronamiento para la regularización.

En Sevilla, las viviendas vacías aumentan a 40.000 (un 10% de la ciudad) y las viviendas turísticas a 14.000. Cádiz es la única capital de provincia andaluza donde hay una pérdida paulatina de población, con cada vez menos contratos de alquiler (de los cuales, el 80% son de alquiler de temporada en portales como idealista). En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad. Además, se trata de la ciudad con más cruceristas por habitantes del Estado español. Ya en 2023 Carmen Marchena explicaba desde El Salto Andalucía la situación de esta provincia. A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía se ha negado ha considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares identificados. Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán prohibidos es Sevilla con 2.289 viviendas consideradas ilegales, seguida de Marbella, con 1.802 apartamentos ilegales, y Málaga con 1.471.

Una de las aristas principales de este problema es la expansión de un modelo turístico extractivo. “A la gente nos expulsan del centro de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos que venir a trabajar al sector servicios para sostener este modelo”, denuncia Kike España. El más destacado es el turismo de sol y playa, presente sobre todo en la costa mediterránea. Cecilia del Castillo, invitada al encuentro como parte de la confederación de Ecologistas en Acción, denuncia que “la turistificación nos asfixia, nos roba las casas y nos roba el espacio fuera de las casas”. También en Aragón podemos hablar del “artificial” turismo de nieve. “La nieve se fabrica, es artificial, porque la crisis climática tiene sus consecuencias” denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, explicando que “a día de hoy el modelo de turismo de la nieve ya está hiperfinanciado, subvencionado y da pérdidas sistemáticamente”. En Zaragoza el precio del alquiler ha subido más de un 64% y en el resto de Aragón un 67%. Aragón tiene 130.000 viviendas vacías y también está llegando el modelo turístico que transforma los alquileres de larga temporada a turísticos. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. Desde los sindicatos de inquilinas proponen como horizonte ideas de expropiación, planificación y redistribución de la vivienda además de una medida inmediata de bajada de alquileres. 

Los precios de los alquileres siguen subiendo, mientras el sistema legal y político no camina hacia la resolución de esta crisis con una ley de vivienda aprobada en 2023 que los colectivos de derecho a la vivienda consideran que no llega a suponer una regulación real de los alquileres ni pone frenos al negocio inmobiliario. Además, hay comunidades que se niegan a llevar a cabo la normativa estatal y la contraponen con políticas que favorecen la construcción, blinda la propiedad privada, persiguen la ocupación y llenan el debate social con términos como inquiocupación. Es el caso de Andalucía, que busca aprobar su propia legislación de vivienda, Madrid que se ha negado en diversas ocasiones a permitir una bajada en los precios de alquiler o en País Valenciá que pretende reformar su ley de vivienda para “frenar la ocupación ilegal”. En muchas localidades, incluso, los ayuntamientos han creado oficinas de antiokupación, como en Sevilla, Valencia, Palma, Granada, Alicante o Córdoba.

Otra de las críticas a la Ley aprobada en 2023 es que no llega a prohibir los desahucios sino que realizaba una prórroga hasta finales de 2025. Lo que no supone que se hayan dejado de producir desahucios, al contrario en 2024 se aumentó el porcentaje de ejecuciones aumentó un 3,4% con respecto al año anterior, realizándose un total de 27.564.

Un momento histórico

Con la afirmación de que “estamos en un momento histórico para el movimiento de vivienda y para los movimientos sociales organizados del Estado” en un “proceso de financiarización especulativa de la vivienda” daba comienzo Kike España, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, al primer Congreso Nacional del Sindicato de Inquilinas de Málaga. A lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, inquilinas organizadas de territorios viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la confederación de sindicatos de inquilinas, además de realizar acciones y debates donde se invitaron a  otras organizaciones.

Los Sindicatos de Inquilinas comenzaron a surgir en el año 2017 como organizaciones permanentes, tras la crisis de vivienda derivada del boom inmobiliario que estalla en 2007. Las primeras ciudades donde se organizaron son Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza.

Laura Bennedeti, del Sindicat de Llogateres de Cataluña, explica que “en 2017 todavía arrastramos la crisis de la burbuja y tenemos contratos que finalizan cada tres años”. Por ello, se plantean los Sindicatos de Inquilinas como organización estable en torno al derecho a la vivienda y cuestionando su mercantilización como bien especulativo. Laura Bennedeti cuenta que ahora mismo hay consolidados sindicatos en Catalunya, Madrid, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Asturias, Vigo, Ibiza y Formentera, además de grupos motores en Valencia, Mallorca y Almería. Desde los sindicatos destacan la singular situación de insularidad que se da en Baleares y Canarias que ha generado un conflicto especialmente difícil donde cada vez hay más población obligada a migrar.

“Este 2025 marca un punto de inflexión, se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes”, explican desde el Sindicato de Inquilinas en un momento donde los precios del alquiler están en su máximo histórico. “El sindicalismo inquilino se ha consolidado como actor central en la lucha por el derecho a la vivienda”, afirma Laura.

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, plantea las huelgas de alquileres como realidad para “avanzar y afianzar las negociaciones colectivas como forma en la que nos organizamos entre todas las inquilinas contra este sistema rentista” siendo una forma de “rescatar una herramienta histórica de lucha”. Por ello, Valeria afirma con firmeza que “el miedo, por fin, está cambiando de bando”.

Hoja de ruta a futuro

El proceso continúa, al igual que la expansión de los sindicatos de inquilinas. Tras salir a la calle en más de 40 ciudades, cientos de miles de personas se han manifestado en 2024 y 2025 contra los desahucios, las subidas abusivas y la turistificación”. Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido. “Es una estrategia para que ninguna inquilina se vea obligada a abandonar su casa y pueda renovar contrato a precio que pueda pagar”, explica Laura Bennedeti. 

Los bloques de lucha, como denominan a la organización de inquilinas que viven en propiedades verticales, se nombran como potenciales fuerzas de acción, sobre todo en un contexto donde cada vez son más habituales los desahucios en bloque tras el cambio de propiedad del edificio. También aparecen las brigadas inquilinas. Kike España trae el ejemplo del distrito de carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa, donde se ha constituido el bloque de lucha Avenida Europa 15. “Este es un ejemplo donde las inquilinas defienden sus derechos y perenne encima de la mesa que no se van a ir a ningún lado”, declara Kike. El objetivo es fortalecer las estructuras que existen y aumentar las relaciones para que exista una actuación coordinada.

Algunas de las aristas de la crisis de vivienda en las que trabajará el sindicato de inquilinas son la regulación de precios, el uso de vivienda vacía y el racismo inmobiliario. “Bajar el precio de los alquileres un mínimo de 50%, la recuperación de la oferta secuestrada o desarticular los grupos de desocupación” son algunas de las medidas que proponen desde los Sindicatos de Inquilinas según explica Valeria Racu. Además, se busca fortalecer los diálogos y confluencias con los sindicatos de inquilinas rurales, los sindicatos de trabajo, los movimientos pensionistas, ecologistas y las organizaciones por Palestina en la “lucha por territorios habitables para todas”, como concluyen al final del encuentro.

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Desalojos, Comunidades autogestionadas, emigración versus turismo .Hoy hablamos con nuestro amigo Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Con él hablaremos de la amenaza de desalojo de la Comunidad de la Marisma, de qué son, cómo surgen y se gestionan las comunidades . También trataremos dos temas […]

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Hoy nos trasladaremos a Barcelona, donde se están dando movilizaciones en muy diversos ámbitos en muy corto espacio de tiempo. Hablaremos con una compañera de allá que nos contará cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, los motivos de las diversas acciones y cómo pueden ir evolucionando las cosas por allá. Después hablaremos con un […]

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Un coloquio con representantes políticos y sociales que tratan de roer el duro hueso de hacer compatible las políticas de vivienda con la realidad social. Muchas gracias a todos/as los participantes, con los que ya habíamos contado en anteriores ediciones por separado en nuestros tres especiales de vivienda.

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