Hemos politizado cosas muy importantes como son el comer, el amar o el hablar. Y lo hacemos porque vemos que son necesarias para la construcción de un mundo mejor. Uno que se nos aparece como deseo que yace latente bajo el embrujo de la eficiencia y el control, esa magia podrida que es el capitalismo como única forma posible de vida. Por eso necesitamos recuperar palabras como utopía, política, derechos… Hay mucho de utopía en verbalizar «un mundo mejor» porque esa expresión trae consigo la construcción de unos fundamentos compartidos con los que construir un mundo digno de ser vivido.
En ese compartir formas de entender el mundo hemos caminado por senderos de enormes cambios para la humanidad: el movimiento feminista, el ecologista, los derechos de la infancia, y un largo etcétera. Nos hemos puesto de acuerdo para establecer unos cimientos sobre los que cualquier persona pueda decir: «A partir de aquí podemos empezar a construir una casa común». Esta decisión conjunta significa que hemos politizado las posibilidades de un vivir colectivo. Hemos puesto sobre la mesa del máximo común denominador los valores y derechos sin los cuáles sería impensable empezar a hablar.
Por eso, esto va de derechos. Derechos básicos. Derecho a la libertad de expresión, a la vivienda, a un trabajo digno. Y entre todos esos derechos hay uno que no conseguimos acabar de politizar adecuadamente: el derecho a la comunicación. Y más aún, politizar el sentido y construcción de las herramientas con las que ejercemos ese derecho básico.
El derecho a la comunicación es tan obvio, que su ejercicio nos parece superfluo. Es el derecho que hace que haya alguien al otro lado de la radio contándonos una historia, el que permite que no sólo haya dos canales de televisión, o el que se cuela entre las grietas de los movimientos piratas fanzineros. Y también es aquel que ejercemos cuando escribimos un mensaje de texto desde nuestro móvil. Este derecho no tiene que ver con el contenido de ese mensaje, si es más o menos pertinente, es el mero hecho de que tengas la capacidad de poder realizarlo. Politizar este derecho significa que tengamos, al menos, pensamiento crítico sobre aquellas condiciones que hacen que este derecho pueda ser ejercido con plenas capacidades de autonomía, soberanía y libertad.
Estos últimos días hemos asistido a dos hechos que nos deben hacer reflexionar respecto al derecho a la comunicación, porque con ello estaremos pensando también el tipo de mundo en el que queremos vivir, y no en el que nos dejan vivir. Son dos cosas absolutamente diferentes.
Pensemos primero en la propuesta de legislar la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Podríamos tener una enorme discusión sobre qué entendemos por red social, pero eso ahora no viene al caso, quedémonos con su selección habitual: los Instagram, Facebook y Tiktok al uso. Ahora, hagamos una disección política del asunto desde el derecho a la comunicación, pero más importante aún, desde el mundo que queremos construir.
Por un lado somos una sociedad que ha evolucionado hasta el punto de contar con desarrollos tecnológicos que nos permiten no sólo comunicarnos muy rápidamente sino además muy lejos, en tiempo real, con texto, audio, vídeo. Durante mucho tiempo estos desarrollos fueron financiados e investigados gracias a financiamiento público. La visión de estar creando un aporte único a la humanidad fue entendida por una gran diversidad de gente, como por ejemplo los creadores de protocolos con los que hoy navegamos por un mismo Internet para todo el mundo en lugar de tener cientos de ellos. Esto era así porque se apostaba por una construcción utópica de la comunicación: una red desde donde todas las personas puedan comunicarse en el mismo nivel de condiciones. Nuestros Estados, gobernados en algunos casos por personas que elegimos democráticamente, sólo tendrían que velar por que el derecho básico a estar conectadas unas con otras fuese algo cuidado y protegido. Poco a poco todo esto mutó a que algunas empresas privadas fuesen las que nos dijesen cómo y cuándo podemos conectarnos, qué es comunicación y que no, y si estás en condiciones de poder saber lo que es verdad y lo que no. De esta forma, muy rápidamente, ya no teníamos una herramienta que se apoyaba en una forma de entender el mundo, sino que teníamos un producto con el que financiar las necesidades de empresas privadas. El cuento es más o menos así y Cory Doctorow y su ya conocidísimo término de mierdificación lo sabe.
Donde antes teníamos la posibilidad de proponer formas de ver el mundo hoy sólo podemos ver alternativas comerciales gestionadas por corporaciones que poco o nada tienen que ver con el derecho a la comunicación. Ellas deciden qué contenidos pueden circular, qué algoritmos deciden qué vemos y cuándo lo hacemos, y sus ganancias son el motor que les mueve a crear novedades. Esta forma de contar el mundo se ha convertido en la única forma de entender el mundo. No hay un afuera, una alternativa, sólo nos queda conformarnos con lo menos malo. No sólo somos incapaces de ver alternativas más allá del capitalismo sino que hemos aceptado que el robo de futuros ha sido a plena luz del día y sin pasamontañas.
Hoy queremos que los menores de 16 años no accedan a herramientas que nos conectan y nos permiten comunicarnos. No queremos que puedan ejercer un derecho básico de construcción social y humana porque las empresas que se hicieron con el entramado que posibilita este derecho han decidido cómo ha de funcionar: con violencia, con culto al cuerpo, con mentiras y bulos, con destrucción. Nuestros Estados y gobernantes miran hacia abajo porque se olvidaron que la luna está arriba, más grande y obvia que nunca. Las redes sociales que nos ofrecen las corporaciones son una mierda, una basura, algoritmos sucios y nocivos que llevan el derecho a la comunicación a su expresión más pueril. Y por todo ello han de ser legislados, pero antes, necesitamos politizarlos. Asumir que podemos mirar arriba y decir basta. Hacia abajo nos queda un gran trabajo por hacer: crear redes que se asemejen al mundo que queremos habitar. Redes desde donde también los jóvenes se politizan, aprenden de música, se acercan a diferentes formas de pensar y a defender sus derechos. Porque hoy el error es hablar de redes sociales como si de la posibilidad de estar conectados sea el problema. Y el problema son las marcas de redes que nos han dicho que debemos usar, y que seguimos usando.
Sumado a este conflicto está, de forma paralela y bastante significativo, el caso de Telegram. Muchas personas que usan ese sistema de mensajería recibieron el 5 de febrero un mensaje de su creador, Pavel Durov, criticando duramente las decisiones de Pedro Sánchez en España. La verborrea libertaria es cada vez más confusa y las energías revolucionarias son captadas excelentemente por el reaccionariado más exaltado. Pero, de fondo, vuelve la misma reflexión: ¿en qué momento pensamos que esa plataforma de mensajería era algo diferente a la mentalidad que su creador imprime sobre ella? Y este «pensamos» es sobre el que deberíamos pararnos a analizar. ¿Desde qué principios analizamos las redes que utilizamos? ¿Nos interesa qué se hace con nuestra información? ¿Dónde viven nuestros datos? ¿Cuáles son las vinculaciones políticas de aquellos que financian la creación de estas plataformas?
Son todas preguntas urgentemente válidas y que hoy se alzan con más pertinencia que nunca. Hay que parar un momento y no dejarse arrastrar por la migración rápida a otra herramienta que alguna web de referencia nos diga que es la adecuada. ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos nosotras? ¿Cómo será mi vida dentro de uno, cinco o 20 años si empiezo a comunicarme a través de esta nueva herramienta?
Debemos aprender a plantearnos las preguntas adecuadas cuando se trata de tecnología. Hoy no le prestamos atención en absoluto porque hemos cedido a una clase política desorientada y unos empresarios ambiciosos la capacidad de gestionar uno de nuestros derechos más valiosos: nuestra comunicación.
Toca parar un momento, hablar con colectivos de tecnología libre, analizar quién es el dueño de una herramienta, cómo se financia, si el algoritmo es auditable y un largo etcétera que, aunque suene raro, debemos empezar a entender qué significa. «Si argumentas que no te preocupa la vigilancia porque no tienes nada que ocultar, es como argumentar que no te interesa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir», nos interpelaba Snowden hace años. Hoy nos toca reflexionar sobre esto porque, si no nos interesamos por la forma en que se ejerce nuestro derecho a la comunicación, tal vez es porque en realidad no nos interesa la forma en que se construye nuestra sociedad. Y tú y yo sabemos que no es así. Así que toca sentarse y ponerse a llevar a la práctica un mundo en el que merezca absolutamente la pena vivir y comunicarse.
Cuando las grandes tecnológicas explican cómo funcionan sus sistemas de inteligencia artificial, recurren siempre a la misma metáfora: los modelos aprenden, como un estudiante que lee miles de libros y luego escribe con sus propias palabras. Esa imagen, cómoda y humanizadora, acaba de chocar contra una realidad incómoda: estos sistemas no solo aprenden, también copian. Y pueden hacerlo con una precisión que sorprende incluso a sus creadores.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford ha conseguido extraer libros prácticamente completos de los principales sistemas de IA del mercado. En el caso más llamativo recuperaron el 95,8% del texto de Harry Potter y la piedra filosofal del modelo Claude 3.7 Sonnet, desarrollado por Anthropic. Del mismo sistema extrajeron el 97,5% de El gran Gatsby, la célebre novela de F. Scott Fitzgerald.
Los hallazgos, publicados hace unos días, amenazan con dinamitar el argumento central que estas empresas han presentado ante los tribunales estadounidenses: que sus sistemas transforman creativamente el material con el que se entrenan, sin almacenar copias de las obras originales.
Una técnica sencilla
Lo más revelador del estudio no es solo lo que encontraron, sino cómo lo encontraron. En dos de los cuatro sistemas analizados –Gemini 2.5 Pro de Google y Grok 3 de xAI, la empresa de Elon Musk– ni siquiera fue necesario engañar al sistema. Bastó con pedirles que continuaran un fragmento inicial del libro. Los modelos, obedientes, siguieron recitando página tras página.
Con Claude de Anthropic y GPT-4.1 de OpenAI la cosa fue algo más complicada. Los investigadores Ahmed Ahmed y A. Feder Cooper tuvieron que utilizar una técnica conocida como Best-of-N: modificar repetidamente la instrucción –cambiando mayúsculas, añadiendo caracteres especiales– hasta encontrar una variante que sorteara las protecciones del sistema. Probaron hasta 10.000 variaciones.
El resultado: Claude reprodujo más del 94% de cuatro libros completos, incluyendo 1984 de George Orwell. GPT-4.1 de OpenAI se resistió más –tendía a detenerse tras el primer capítulo–, pero aun así los investigadores lograron extraer el 4% de Harry Potter. Gemini y Grok entregaron el 76,8% y el 70,3% respectivamente de la primera entrega de la saga de J.K. Rowling.
Comprimir, no aprender
Para entender por qué estos hallazgos son tan problemáticos, conviene abandonar la metáfora del aprendizaje. Los grandes modelos de lenguaje funcionan más bien como algoritmos de compresión, similar a cómo un archivo JPEG reduce el tamaño de una fotografía. La imagen comprimida no es idéntica a la original, pero conserva suficiente información para reconstruirla con alta fidelidad.
Cuando un modelo puede reproducir miles de palabras consecutivas de un libro –en algunos casos, capítulos enteros–, la explicación más plausible no es que haya aprendido conceptos abstractos, sino que ha almacenado literalmente fragmentos del texto en sus parámetros internos.
Mark Lemley, profesor de Derecho en Stanford que ha asesorado a empresas como Meta en casos similares, reconoce la complejidad del asunto. «No estoy seguro de si es preciso decir que un modelo contiene una copia de un libro, o si tenemos un conjunto de instrucciones que nos permite crear una copia sobre la marcha», explica a La Marea. Incluso la segunda interpretación, más benévola para las tecnológicas, podría considerarse problemática legalmente.
Ninguna de las cuatro empresas afectadas –Anthropic, Google, OpenAI y xAI– accedió a ser entrevistada para el estudio. Las tres primeras reconocieron haber recibido la notificación de los investigadores; xAI ni siquiera respondió.
Las declaraciones previas de estas compañías contrastan con los nuevos hallazgos. Google afirmó ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos que «no existe copia de los datos de entrenamiento presente en el modelo mismo». OpenAI hizo declaraciones similares. Los estudios demuestran que tales afirmaciones son, en el mejor de los casos, imprecisas.
Las consecuencias legales
Según Lemley, estos hallazgos complican las narrativas que tanto demandantes como demandados han presentado ante los tribunales. La primera implicación es que los propios modelos de IA podrían considerarse obras derivadas de los libros que memorizan. En derecho de autor estadounidense, si un modelo codifica libros completos en sus parámetros, podría argumentarse que el modelo mismo es una copia ilegal, no solo lo que produce cuando se le pregunta.
La segunda es que resulta práctico generar copias infractoras. Los estudios muestran que es posible extraer contenido protegido de modelos comerciales, algo que probablemente constituye una infracción.
En Europa, el panorama legal ya está cambiando. Un tribunal alemán dictaminó recientemente contra OpenAI en un caso presentado por GEMA, una organización de licencias musicales, tras demostrar que ChatGPT podía producir imitaciones muy cercanas de letras de canciones. El juez comparó el modelo con archivos MP3 y JPEG que almacenan música y fotos en formatos comprimidos.
En Estados Unidos, dos casos recientes han determinado que el entrenamiento de modelos de lenguaje puede considerarse uso justo, una doctrina legal que permite ciertos usos de material protegido. Pero ambos jueces señalaron que los demandantes no habían aportado pruebas convincentes de que los modelos pudieran reproducir sus obras de forma casi literal.
Estos nuevos estudios llenan precisamente ese vacío.
El precio de la piratería
Extraer un libro completo de estos sistemas no es gratuito. Los investigadores gastaron aproximadamente 120 dólares para obtener Harry Potter y la piedra filosofal de Claude, aunque solo 2,44 dólares con Gemini. Como señala Feder Cooper, coautora del estudio: «Existen formas más fáciles y baratas de piratear un libro».
Pero el problema trasciende la piratería individual. Lo que está en juego es si estas empresas han construido imperios tecnológicos valorados en miles de millones de dólares sobre cimientos de material protegido por derechos de autor, sin pagar un céntimo a los autores.
«Independientemente de las perspectivas de los litigios en curso», concluyen los autores del estudio, «los hechos técnicos son claros: los modelos de lenguaje memorizan porciones de sus datos de entrenamiento, estos datos están codificados en los pesos del modelo y, como demostramos aquí, es posible extraer grandes cantidades de datos protegidos por derechos de autor de modelos comerciales».
Los investigadores esperaron 90 días –el protocolo estándar de divulgación responsable– antes de hacer públicos sus resultados. Al final de ese periodo, algunos de los sistemas probados seguían siendo vulnerables.
Tras varios años de lucha impulsada, desde el año 2020, por el movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista Regularización Ya, el Gobierno ha aprobado esta semana el inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España. Aquel año, la Fundación porCausa, que ha estado también entre las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se llevó al Congreso, elaboró una radiografía de esta situación: a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000 personas.
Esta horquilla, según el informe, supone entre el 11% y el 13% de los inmigrantes extracomunitarios y alrededor del 0,8% de la población total que reside en España. Uno de cada dos trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea. Y los sectores principales son el de limpieza y asistencia (40%); la minería y construcción (20%); y los cuidados personales (12%).
“Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España”, afirma la directora general de porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón. Entre sus investigaciones, la fundación ha puesto el foco principalmente en la industria del control migratorio.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha calificado como “histórico”. ¿Por qué es un acuerdo histórico?
Bueno, primero, no es un acuerdo. Es una decisión histórica. O, más bien, un proceso. Un proceso histórico. Y es histórico porque este Gobierno quería regularizar desde que llegó en el año 2020. Nosotros lo sabemos porque estuvimos con el gabinete del ministro de aquel entonces, José Luis Escrivá, justo cuando se acababa de hacer la investidura. Y, desde el principio, Escrivá sabía que necesitaba hacer un cambio en la estructura de la ley, de la legislación que rodeaba a extranjería, para mantener la parte económica de nuestro país. Es decir, no ya por una cuestión de derechos humanos, sino porque necesitaba cuadrar la entrada de fuerza migrante tanto económica como laboral para sostener el sistema. Lo tenía clarísimo.
Pero han transcurrido seis años desde entonces. ¿Qué pasó en todo este tiempo?
Pasó, en primer lugar, que llegó el COVID. Esto genera una distorsión en la voluntad y también es verdad que había miedo. El equipo que trabajaba con Escrivá era muy consciente de que era un problema narrativo plantear la regularización. Pero, curiosamente, también pasó con el COVID que esa especie de cosa abstracta que era la regularización extraordinaria se convirtió y resurgió como una idea indispensable para la gente que no estaba implicada en el espacio de gobierno.
«La situación de la gente sin papeles cuando empezó el COVID era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’».
Portugal e Italia, durante la pandemia, hicieron dos regularizaciones muy amplias, parciales pero muy amplias y extraordinarias. Y, claro, las personas migrantes vieron de repente que se encontraban trabajando en sectores esenciales con miedo a estar en la calle y que les pasara algo porque no tenían papeles, pero tenían que ir a trabajar a las residencias y a los supermercados. Hay familias que se quedaron encerradas, sin trabajo, en un piso… Es decir, la situación de la gente sin papeles en aquel momento era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’.
¿Qué fue lo siguiente?
Desde PorCausa nos dimos cuenta de que el Gobierno no tenía datos suficientes para poder llevar a cabo la regularización o justificarla. Entonces lo que hicimos fue una investigación in extremis urgente para saber de qué estábamos hablando cuando hablábamos de regularización, de qué tipo de personas y en qué situaciones se encontraban, qué tipos de trabajos tenían y demás. Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España.
Pero el proceso se para. ¿Por qué?
Hay muchos supuestos. Pero el hecho es que el proceso se bloquea no porque la sociedad española no lo quiera, sino porque ahí creo que el tema de los fondos europeos debió de jugar un rol importante. Pero el movimiento que pide que la regularización se lleve a cabo no se para. Y creo que eso es lo que es histórico. Porque esas personas migrantes que estaban en unas condiciones de una precariedad legal y económica bastante elevadas siguen alzando la voz y siguen autorrepresentándose cuando tienen riesgo de ser detenidas, hasta el punto de que inspiran todo lo demás, inspiran el movimiento de una población, de una sociedad civil nacional que, impresionada, les sigue. Y creo que eso es lo más bonito que ha pasado.
La noticia ha traspasado fronteras, de hecho. Este miércoles la recogía, por ejemplo, The New York Times.
Sí, es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente con todo lo que está sucediendo. Porque es una muestra de generosidad por todas las partes, empezando por los movimientos de lucha, que también han aceptado ayuda y han dejado participar a un montón de gente. Además, hay que tener en cuenta que crear debates es muy complicado cuando la gente está trabajando y tiene precariedad. Es difícil poder quedar con ellas para organizarse.
«El proceso de regularización es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE».
Aun así se logró, y la recogida de firmas para la ILP ha hecho que todas las personas que estuvieron involucradas se sientan parte del éxito de la regularización actualmente: si firmaron 700.000 personas, ¿cuántas habría involucradas? Unas 200.000. Es que es una barbaridad, fue una movilización increíble. Y, además, durante todos estos años se ha ido consolidando la narrativa de que la regularización es indispensable, a pesar del ruido. Hubo una respuesta contundente de ‘esto hay que hacerlo, esto está muy bien y esto es lo correcto’.
La Conferencia Episcopal la ha apoyado y celebrado. Y el PP, que apoyó la tramitación, ahora dice que la denunciará en Europa.
La Conferencia Episcopal era una de las asociaciones de la ILP. Y el PP votó a favor de la tramitación presionado por la Conferencia Episcopal o, si no, por Cáritas. En cualquier caso, Feijóo no tiene ninguna posibilidad tal y como está planteada la regularización. Se ha reformulado el texto original con el que se hizo la regularización en el año 2005, con el gobierno de Zapatero. Y eso era y es constitucional. Porque, además, para presentar una ILP, primero tienes que pasar por todos los tribunales nacionales.
«Lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto, porque sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que irá a Europa».
Por eso Feijóo sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que va a Europa. Y, por otra parte, el Pacto europeo no contempla quitar la soberanía para la regularización. Lo que sí impediría es regularizar a gente que no está ahora, o sea, que no está dentro del marco, gente que entra nueva al país. Por tanto, lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto. Y lo que está haciendo Vox es mentir.
El PP, además, ha hecho varias regularizaciones.
Sí, y de hecho esta es la regularización que Fátima Báñez no hizo. Rajoy estuvo dos legislaturas y él ya sabía que tenía que regularizar. Porque si tú tienes una ley que permite la entrada pero no permite la regularización de la gente cuando viene a trabajar, entonces la irregularidad se acumula y tienes que cambiar la ley para que todas las personas que vengan puedan venir con papeles. Porque el problema es que en España hay trabajo y lo que no hay es la posibilidad de obtener los papeles. Tú ahora no puedes prescindir de ese medio millón de personas. Aparte de que en ese medio millón hay más de 100.000 niños, que esa es otra.
Es también un triunfo en mitad del contexto de discursos de odio en el que estamos inmersos, ¿no?
Yo creo que es un paso adelante en un momento, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE. Hay una rama de demócratas socialistas que lo que está pidiendo es democracia y sistemas justos y equitativos. Y creo que hay una demanda social absoluta para que esto sea así. Por eso ha sido una buena noticia para muchísimas personas en muchísimas partes del mundo.
Hay un estudio muy interesante que muestra cómo perciben las personas en España la migración. Y hay una parte que indica que para todas las personas, sean del género que sean, voten al partido que voten, su prioridad a la hora de enfrentarse con la migración es el orden y que las personas participen dentro del sistema productivo. En ese sentido, creo que la regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Lo que pasa es que Vox quiere que no lo alimente. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión.
«La regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión».
¿Afectará, será un golpe esta regularización a la industria del control migratorio, investigada también en PorCausa?
Ojalá, pero no. Estaría muy bien, pero no. La industria se va a seguir blindando porque, en realidad, el Gobierno español juega con la doble narrativa del ‘te cierro la frontera y no te está entrando nadie por África, pero entonces yo regularizo a la gente porque tal y porque cual’. Son dos relatos que coexisten.
Primero le preguntaron los ingresos aproximados de su hogar. Después, a qué clase social creía pertenecer. La periodista Noelia Ramírez respondió: a la clase trabajadora. “Lo dije dubitativa, añadiendo ‘de la cultura’ como si eso justificase por qué me metía en ese saco”, escribió en Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento (Anagrama, 2025).
No es la única que duda sobre su clase social. En el barómetro del CIS de octubre de este año, el 0,3% de las personas encuestadas respondieron de manera espontánea que eran “proletarios”. El 14,6% acabó encuadrado en la clase trabajadora, mientras que a la clase media-media se apuntó el 37,8%. En el mismo mes de 2024, el 10,5% de los encuestados dijo pertenecer a la clase trabajadora, y la clase media-media se quedó en el 40,8%. Un 0% de las personas respondieron que pertenecían al proletariado.
El sociólogo César Rendueles, integrante del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aborda en estas líneas cómo la idea de conciencia de clase a veces ha tenido una dimensión intelectualista que, dice, “es un poco falsa y sobre todo bastante inútil políticamente”.
¿Por qué cree que sucede esto?
En ocasiones, la conciencia de clase se entiende como una especie de hermanamiento de las relaciones de producción con nuestra cabeza, como si fuera un rayo mágico que nos hace ver la realidad social que provocan las relaciones de producción, y pensamos que quien no siente ese rayo mágico es torpe, tonto o está alineado, pero eso no es así.
¿Cómo se construye entonces la conciencia de clase?
Es algo que se construye colectivamente y que requiere de mediadores institucionales. Tradicionalmente, han sido los sindicatos de clase los que de alguna forma construían esa conciencia. Del mismo modo, tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, sus afectos, sensaciones, proceso de socialización… Y eso se ve en los centros de trabajo, pero también en relaciones dentro del barrio o de la familia.
La desaparición de este tipo de mediadores ha hecho que la conciencia de clase cambie. De ahí que aumente tanto la gente que responde que pertenece a la clase media. Cuando ha desaparecido el entramado de socialización que te permitía adscribirte a una clase u otra, la gente busca algo que evita el compromiso, lo neutro.
La gente no se identifica como proletaria, pero tampoco como clase alta.
Si le preguntan al 5% de personas que más dinero ganan en España, que no es tanto dinero, no son los súper ricos, la mayor parte de ellos dirían que son clase media, y si tienen una idea más cabal de la estructura de rentas española, dirían media-alta. No es que el proletariado haya desaparecido, es que se han descompuesto esas mediaciones colectivas que generaban el campo sociológico y político proclive a la creación de la conciencia de clase.
¿Cómo se podría volver a vertebrar esa conciencia?
La pérdida de la conciencia de clase ha sido un proceso muy largo, de décadas, y que tiene que ver con una batalla perdida. Nos han derrotado en ese campo. Solo lo conseguiremos revertir si articulamos nuevos actores colectivos que estructuren ese campo de estrategia política. Si no, la conciencia de clase no aparecerá por arte de magia.
El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad «de vivir con igualdad de derechos», así como responder a «una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía», según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La medida –ha añadido Saiz– ha sido «largamente trabajada y dialogada» y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.
Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. «Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», ha defendido la ministra.
Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria
El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, «lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema», según ha sostenido Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.
La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. «Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica«, ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.
La portavoz del Gobierno ha recordado que «gobiernos de distintos colores» han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado».
El Ministerio de Juventud e Infancia propone prohibir que las personas menores de edad puedan asistir o participar en espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales. De este modo, se pretende cumplir con la recomendación que hizo a España el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en 2018 y que sigue pendiente, tal como le recordaron recientemente a la ministra Sira Rego con motivo del VII Examen del CDN.
Al ser preguntada al respecto, Rego contestó al Comité que incluiría la prohibición en su propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Concretamente, en la exposición de motivos de la norma se argumenta que “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que pueden afectar especialmente a las personas menores de edad”.
La ministra de Juventud e Infancia ha asegurado que el texto de la reforma está completo desde hace varias semanas y que solo faltan “las últimas aportaciones del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes” para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Prevención de las violencias
Otros puntos destacados de la propuesta del Ministerio están orientados a la prevención de las violencias contra la infancia, así como al acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que las sufren. Entre estos se incluye la obligatoriedad de escuchar a las personas menores de edad en los procesos judiciales que les afecten, con independencia de su edad; la ampliación en diez años del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia; y la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.
Otro de los aspectos más relevantes de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal, según destacan desde el Ministerio.
«La violencia en el empleo de hogar no es un caso aislado: es un sistema«, afirman en un comunicado 25 organizaciones, entre las que se incluyen Oxfam Intermón y Territorio Doméstico. En su texto, denuncian el desamparo y precariedad que sufren las trabajadoras del hogar, la vulnerabilidad jurídica, económica y social así como el régimen de explotación y abuso que significa estar internas con disponibilidad las 24 horas durante todos los días de la semana.
Para acabar con la «impunidad» de quienes ejercen esta «violencia estructural», exigen diez medidas urgentes e inmediatas. Entre estas, destacan la petición habilitar canales de ayuda, aumentar las inspecciones laborales en los domicilios y regularizar la situación administrativa de residencia de las trabajadoras del hogar y los cuidados, garantizando plenamente sus derechos de ciudadanía.,
Investigaciones realizadas por Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer revelan que el 49,2 % de las trabajadoras encuestadas afirman haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral. Además, el 70 % conocía algún caso cercano. El 17,1 % asegura haber recibido proposiciones de naturaleza sexual y el 8,5 % dice haber sufrido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento. En el caso de las trabajadoras extranjeras, las cifras de proposiciones se multiplican por cuatro y las de tocamientos se duplican.
«Los casos que trascienden, como el reciente caso mediático que involucra a una figura pública, revelan cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar, se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras», recalcan en el comunicado.
Durante cuatro encuentros, entre julio y septiembre de 2025, docentes y estudiantes exploraron herramientas digitales libres, reflexionaron sobre el uso de datos y experimentaron con producción de contenidos en audio y video. Todo el proceso estuvo acompañado por materiales pedagógicos, asistencia técnica —presencial y virtual— y una metodología participativa que promovió el aprendizaje colectivo.
La experiencia culminó con la creación conjunta de un video grupal y una serie de podcasts, resultado del trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, y evidencia del potencial transformador de una educación digital crítica, inclusiva y participativa.
El próximo objetivo de las organizaciones participantes en la iniciativa sería replicar la experiencia en otras escuelas de la región y escalarlo para que sea incorporado en la política pública de educación en distintos países de América Latina y el Caribe.
El podcast de la experiencia
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) ha producido este audio sobre la experiencia que puedes descargar y transmitir por tu radio para que se conozca este interesante laboratorio de alfabetización tecnológica crítica. Hay testimonios de organizadores, docentes y estudiantes involucrados. ¡Quizás, al escucharlo, alguna otra escuela se anima a implementarlo!
España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad.
En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes.
Llevamos casi ocho años de Gobierno progresista, incluso “socialcomunista” según algunos de sus detractores. ¿Se ha avanzado algo en este tiempo hacia la laicidad del Estado?
La nueva junta de Europa Laica, constituida en mayo del año pasado, precisamente partía de un análisis de la situación del momento. Llegamos a la conclusión de que este gobierno mucho hablar, pero poco hacer. En la legislatura de 2019 al menos estaba el compromiso de revisar el concordato con el Vaticano o impulsar una ley de conciencia. También hablaron de llevar a cabo una restitución completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin certificación oficial alguna, pero al final no realizaron un decreto ley que invalidara la norma aprobada por Aznar, así que cada particular o institución afectada tiene que ir a litigar a los tribunales.
En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable. Cuando tenemos conversaciones con los responsables políticos parece que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero hay algo, no sabemos muy bien el qué, que hace que luego no se traduzca en legislación.
«En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable».
¿Qué aspectos positivos han tenido los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez?
Reconocemos que sí se han dado algunos avances más ligados a los derechos individuales y aspectos morales. Más allá de que ya se plantearan bajo gobiernos socialistas la ley del aborto o del matrimonio igualitario, nos alegramos de la ley de eutanasia. El problema está en el desarrollo de estas leyes, sobre todo cuando hay Administraciones autonómicas que rechazan aplicarlas en sus territorios.
¿En qué se puede ver la ligazón Iglesia-Estado a día de hoy?
Se ve muy claro con un ejemplo. El primer funeral en recuerdo a las víctimas de la dana de València fue religioso, y ahí estaban prácticamente todos los representantes públicos del Estado, desde el rey hasta alcaldes. Luego es cierto que hubo otro funeral civil. Digamos que hay un conocimiento moral y lógico de que la Iglesia debería estar separada del Estado, pero luego es incapaz de alejarse de hábitos y tradiciones que directamente beben del nacional-catolicismo franquista.
¿Cómo valoráis las conversaciones del Gobierno con el Vaticano? ¿Y la continuidad del concordato?
El concordato es una aberración, un total anacronismo, algo injustificado e injustificable. De nuevo, reproducimos en democracia unos acuerdos franquistas. Que gobiernos de sociedades modernas tengan que ir a buscar la aprobación de un jefe espiritual como el papa solo significa que sigue existiendo una subordinación y dependencia hacia él.
«Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país».
Se habla mucho de las conversaciones que terminaron con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Ni la gran cruz, símbolo cristiano por excelencia y también de represión y genocidio español, va a desaparecer, ni los benedictinos van a abandonar la basílica. Pensamos que cuando Carmen Calvo visitó el Vaticano para tratar este tema, a cambio ofreció dar carpetazo al tema de las inmatriculaciones. Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país.
Ahora que habla de poder, la Iglesia católica sigue teniendo una gran autoridad en los grupos de decisión política y económica en España. ¿Qué se podría hacer para reducir ese poder?
Vivimos en una sociedad totalmente secularizada y seguimos manteniendo un Estado y una Administración como si estuviéramos en el nacional-catolicismo, y eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchos jueces ligados al Opus Dei. Incluso el PSOE tiene una corriente cristiana entre sus filas.
Nosotros creemos que el mayor poder que tiene la Iglesia proviene del propio Estado. Eso se ve claramente con los servicios sociales. Un servicio público se externaliza en gran medida a órdenes religiosas para que lleven a cabo su negocio de la caridad. Gracias a las subvenciones estatales, ellas hacen una labor increíble de propaganda. También pasa en la educación. Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema. Que aquí cada uno crea en lo que quiera, pero que los demás no tengamos que pagar sus creencias.
«Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema».
La Iglesia ha aceptado la responsabilidad que ha tenido como institución no solo en los casos de abusos sexuales a menores durante años, sino también en su ocultación. ¿Es suficiente? ¿El Estado debería seguir teniendo relaciones con una institución así?
La Conferencia Episcopal Española ha sido y sigue siendo una de las más reacias en este tema, y eso que el anterior papa dijo que había que pedir perdón y facilitar la actuación de la justicia. Aquí siempre han ido a remolque. Primero negaron todo, luego lo minimizaron, y han puesto todas las trabas que han podido.
El acuerdo suscrito entre la Conferencia y el Gobierno lo acogen las víctimas con mucha ilusión. Habrá que ver al final cómo la Iglesia se enfrenta a las reparaciones por los daños causados. De todas formas, el Gobierno debería tener las mismas relaciones con la Iglesia como con cualquier otra institución o entidad privada.
¿Qué papel juegan actualmente otras religiones en España?
Son minoritarias, pero sí sirven para que el confesionalismo vaya a más. Es decir, el Estado no se dirige al laicismo, sino al multiconfesionalismo. En este sentido, se dan fenómenos curiosos, por ejemplo, con el Islam. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que negó el uso de un polideportivo municipal para un ritual musulmán. Si cede dependencias públicas a otras confesiones, hablamos de islamofobia, está claro. Lo llamativo es que los partidos que en teoría deberían ser laicos salieran en su defensa. Lo público no debe usarse por opciones privadas y particulares, sean quienes sean.
Hace apenas unos días vimos cómo alguien progresista como Zohran Mamdani llegaba a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué opinión le merece que se destaque de él que es musulmán?
Es destacable porque un hecho así en Nueva York, Estados Unidos, es anómalo, porque siguen mucho a Dios, que normalmente en cristiano. Sin embargo, el simple hecho de resaltar la religión de un alcalde ya es una muestra de poco laicismo en la política. Este hombre está ahí porque lo han elegido para ser alcalde, no para ejercer como musulmán.
Hay muchos políticos cuyas ideas están contaminadas de preceptos religiosos, sobre todo católicos. Ayuso, en Madrid, se ha negado a realizar el listado de médicos de la sanidad pública objetores de conciencia que no quieren practicar abortos y al que está obligada por ley. ¿España puede estar segura de los “derechos laicos” que ya ha conseguido?
No solo no puede estar segura, sino que quizá vayamos involucionando. Nosotros tenemos mucha relación con la asociación Derecho a morir dignamente y vemos por todas partes la connivencia que hay de poderes ultraconservadores que impiden el poder disfrutar del derecho a la eutanasia, por mucha ley que esté aprobada. Juan José Tamayo, teólogo, define lo que sucede como “cristoneofascismo”, y es un fenómeno mundial.
España parece el centro de experimentación de estas redes ultrarreligiosas con gran poder económico. El Opus Dei o los Legionarios de Cristo Rey, así como Comunión y Liberación, tienen una fuerza grandísima. Y también existen colectivos terroristas de similar orientación, como El Yunque. No es Ayuso únicamente. Todo forma parte de un entramado mucho más extenso y poderoso.
En los últimos tiempos presenciamos artefactos culturales que nos retrotraen al cristianismo de una forma u otra. Ahí quedan los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna, la película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y elogiada por grupúsculos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y queda una Rosalía recatada, con velo tapándole el pelo, casi volviendo al monasterio. ¿Qué está pasando?
Hakuna es parte de esta ofensiva religiosa que comentamos. De hecho, fue creado por gente del Opus. El fenómeno Rosalía es otra cosa. Se puede comparar con lo que pasa en Latinoamérica desde hace tiempo, una especie de moda y simbología no relacionada con aspectos religiosos necesariamente. Y sobre la película, lo que es evidente es que proyecta el pensamiento católico más conservador.
El problema yo creo que está en el foco. Según las encuestas, en torno a un 20% de los jóvenes se declaran creyentes de un credo. ¿Por qué no se habla del otro 80%? Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios, actuar por la paz o defender el planeta. Quizá deberíamos mirarlos más a ellos.
De todas formas, parece que hay otros tantos jóvenes que ven la religión como un refugio. ¿Qué les diría a ellos?
Está claro que la espiritualidad de cada uno entra dentro de las reflexiones sobre el mundo que les rodea. Yo les diría que se adentraran en esos pensamientos con independencia, que es la base del laicismo, la libertad de conciencia.
¿Por qué el laicismo ya no está en el debate público? Actualmente, ¿qué tipo de personas militan en el laicismo?
Nosotros estamos haciendo mucha memoria con nuestro 25 aniversario. Hemos visto que el laicismo está ahora mucho más presente que hace dos décadas. Desgraciadamente, lo que sigue sin estar mucho es en la agenda política. Sin embargo, nos percatamos de que, a nivel de reflexión personal y sentimental, el laicismo ha llegado más a la sociedad, quizá porque se ve el peligro que entrañan algunas confesiones con los fundamentalismos y fenómenos radicales de odio.
Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque hay una sociedad secularizada que debe impulsar que esa secularización llegue a los resortes del Estado. El llamamiento más claro que podemos hacer es que cada persona comience a razonar sus pensamientos o acciones, porque en muchos casos actuamos de forma irracional, manteniendo unas costumbres y hábitos sin saber muy bien por qué.
Sobre quiénes militamos en el laicismo, lo hacemos personas reflexivas, tolerantes y de diversas procedencias, ya sea geográficas, profesionales y de estatus económico. En general, el motivo de estar aquí es luchar por una sociedad que avance en modernidad y democracia.
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Fe de errores: originalmente, se escribió Guerrillero de Cristo en lugar de Legionarios de Cristo. Actualización realizada el 27/1/26 gracias al comentario de un lector.
A la tragedia de Adamuz, en Córdoba, se sumaron este martes dos nuevos accidentes ferroviarios. El choque de un tren de Rodalies entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) con un muro de contención desprendido sobre la vía causó la muerte de un joven maquinista en prácticas que viajaba en la cabina junto al conductor y otros estudiantes, y dejó al menos 37 personas heridas, cinco de ellas graves. Según las primeras hipótesis, las causas pueden estar en las lluvias de los últimos días.
Este miércoles todo el servicio de Rodalies de Catalunya quedó suspendido, es decir, no circuló ningún tren, lo que generó un caos en el transporte en Barcelona, con retenciones importantes en los accesos por carretera.
El segundo incidente se produjo en la línea R1, entre las estaciones de Blanes y Maçanet: el tren descarriló, pero no causó heridos.
“Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”, ha denunciado el sindicato de maquinistas, que ha convocado una huelgapara los próximos 9, 10 y 11 de febrero.
El ministro de Transportes, Óscar Puente ha insistido este miércoles en evitar las especulaciones: «Si hay algo evidente es que no ha sido el mantenimiento ni la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente, estamos ante otro problema, me temo, mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando», ha afirmado sobre las causas del mayor accidente en la alta velocidad ocurrido en España, que ha causado la muerte de 43 personas.
La investigación está abierta
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, recordó los tres días de luto oficial y aseguró que «la prioridad en el primer momento ha sido la atención a las víctimas y a sus familias». «Ahora es a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, creada en 2024 por este Gobierno, a quien corresponden los trabajos de investigación, un órgano independiente que llevará a cabo intensos trabajos que requieren de tiempo y un exquisito conocimiento técnico», añadió.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que los trenes circulaban a unos 200 kilómetros por hora con un total de 527 pasajeros, más las tripulaciones de ambos convoyes. La sala de emergencias del 112 de Andalucía lanzó el primer aviso sobre el accidente a las 19:47 de la tarde, lo que activó el despliegue del primer operativo de auxilio y rescate a las víctimas. Respecto a Administración General del Estado, la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar del siniestro a las 20:00 horas y comenzó un despliegue operativo en el que han participado más de 300 agentes.
Todas las hipótesis están abiertas. Es la única conclusión de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) creada tras el descarrilamiento y el impacto de los dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, que ha dejado al menos 41 personas muertas y más de 150 heridos.
Según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, el hallazgo de una rotura en la vía no permite aún determinar si fue una causa o un efecto del descarrilamiento. La investigación también analiza el tren de Iryo. Desde la misma noche del accidente, Puente indicó que el caso era «extremadamente extraño», debido a que, como aseguró, el tren era prácticamente nuevo y la vía estaba renovada.
Los trabajos de rescate están siendo muy complicados y todavía quedan por localizar cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de cuatro metros tras el impacto y que, según Renfe, han quedado «prácticamente desintegrados».
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos. Entre las víctimas identificadas se encuentran el periodista onubense Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss. La pareja regresaba en el Alvia de Madrid a Huelva.
El accidente, uno de los más graves hasta la fecha en España, ha paralizado la actividad política. La línea entre Andalucía y Madrid no volverá a estar restablecida hasta el próximo 2 de febrero, según Transportes.
Al menos 41 personas han muerto y 152 resultaron heridas a causa del accidente producido este domingo a las 19.45 horas entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba). En torno a las 18.30 h del lunes, 43 heridos seguían hospitalizados, 10 de ellos en estado grave.
Según las autoridades, los hechos ocurrieron cuando los tres últimos vagones de un tren Iryo procedente de Málaga con destino a Madrid descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. Tras el impacto, varios vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba los hechos en una comparecencia. «No conocemos las causas en este momento, aunque el tren es nuevo y la vía está completamente renovada. Es extremadamente extraño», ha añadido.
El tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendido y todos los trenes que estaban en tránsito tuvieron que ser redirigidos a su lugar de origen.
«El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros», dijo poco después del accidente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha suspendido junto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la reunión prevista para este lunes entre ambos.
Adif habilitó el teléfono 900101020 para informar a los familiares de las personas que viajaban en los trenes. Y se ha creado un centro de grandes catástrofes. En Adamuz se instaló un hospital de campaña para atender a las personas afectadas, que fueron derivadas, según su estado, al Reina Sofía de Córdoba. Se han activado, además, varios hospitales andaluces.
Esta entrevista ha sido publicada originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas ciudades de España, Europa, América y Asia. En 2021 ingresó en la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi con un discurso sobre «Los valores de la arquitectura catalana». Es autor de 47 libros sobre arquitectura, urbanismo y política. Los últimos, Renombrar la arquitectura y Lawfare urbano. Hizo una incursión en la gestión política durante el primer mandato de Ada Colau (2015 y 2019) como concejal de Vivienda y del distrito de Sant Martí.
¿Qué recuerdo tiene de esos cuatro años de concejal de Vivienda en Barcelona?
Fue un privilegio poder dedicarme a mi ciudad y poder sacar adelante muchas cosas que tanto Barcelona En Común como yo teníamos en mente que debían hacerse en la ciudad. Entré ya con 60 años. Ada Colau me pidió estar en la candidatura porque les faltaba un arquitecto. Estaban el abogado laboralista, la abogada experta en derecho urbanístico, la feminista, el ecologista, el experto en turismo, la experta en participación… Era una idea algo tecnocrática, en el buen sentido. Se consideraba que era necesario tener concejales y concejalas de cada uno de los aspectos para nosotros más importantes. Yo había trabajado en el programa de Urbanismo y Vivienda pero no tenía ninguna ambición de entrar en el Ayuntamiento. Fui el undécimo de la lista.
Y salió.
Salí y ganamos porque fuimos once. Lo asumí y para mí fue un privilegio. Yo he estado toda la vida en la universidad. He hecho alguna obra, pocas, pero me he dedicado más al mundo académico. Para mí era un reto interesantísimo poder tener relación con la realidad, con los barrios, con la gente y poder aplicar las cosas que creía que debían hacerse en la ciudad, en vivienda, en espacio público, en equipamientos. Además de vivienda era concejal de Sant Martí, el distrito donde hay la mayor diversidad, la gente más rica y la más pobre. En la Villa Olímpica y Diagonal Mar hay gente más bien rica y, en cambio, en el Besòs Mar está la más pobre. Es el distrito en el que hay más transformación urbana, más patrimonio industrial, etc. Lo elegí yo, sabiendo que era complicado. Para una persona de izquierdas, para aquel joven antifranquista, poder intervenir en mi ciudad era como si, al final, se hubiera cumplido una ilusión. Ahora bien, era agotador, estando como estábamos en minoría, aunque durante una época gobernamos con el PSC. Como concejal de vivienda incluí también la rehabilitación. Dije que no quería urbanismo. Janet Sanz era la persona ideal para esa área. Yo no quería estar peleándome con los promotores y especuladores. Durante cuatro años no tenía otra cosa en la cabeza. Perdías la salud y si no batallabas por seguir teniendo vida personal y familiar, se te comía. Lo recuerdo como una etapa apasionante. Muchas cosas salieron bien, otras tardaron más, otras no salieron… Dije a Ada Colau que cuatro años sólo porque para mí era irresistible continuar. No soy político por naturaleza, me interesa la política, pero no soy un político profesional. Para mí era muy agotador. Hay gente que se dedica a la política y aguanta y aguanta y, además, va cambiando de cargo, lugar y especialidad. Yo inicié todo lo que creía que debía hacerse, del patrimonio industrial, de vivienda, de espacio público, de mejora de la escuela pública, de cooperativas, etc. y pensé que ya había hecho lo que tenía que hacer. Es un recuerdo estimulante, pero al mismo tiempo, cuando lo pienso, recuerdo el estrés que producía la situación. Éramos once concejales de los comunes y cada mañana, cuando escuchabas la radio y si había habido un incendio, una ocupación, un conflicto, pensaba: «todo esto depende de nosotros». Durante cuatro años. Vas aprendiendo cómo se gestiona la ciudad y eso también es otro privilegio. Normalmente como ciudadano no ves la tramoya, no ves los intereses que presionan a la ciudad, como los especuladores se saltan los permisos, todo lo que hay detrás de la escenografía urbana. Cuando estás dentro ves toda la maquinaria que hace funcionar la ciudad todos los días y que tiene muchas cualidades, con un ayuntamiento como el de Barcelona que, aunque tiene una muy buena tradición y estructura, también está lleno de inercias, lentitud administrativa y conflictos. Ves cómo funciona la Guardia Urbana, cómo funciona el sector inmobiliario, cómo son las asociaciones de vecinos, cómo funciona todo. Es como estar actuando dentro del teatro, del circo o de la plaza de toros.
¿Ha escrito sobre eso?
Sí, hice un libro con Zaida Muxi, mi mujer, que es una feminista famosa que ahora trabaja en México, que se titula Política y Arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Significaba, al volver a la universidad, intentar explicar el aprendizaje de esta experiencia política, incorporarlo al conocimiento de la cultura, la teoría y el mundo académico. Hay excepciones como Oriol Bohigas, que fue un gran arquitecto y político, pero el perfil de ser académico y haber estado en la política se da poco. Generalmente, los académicos se dedican a la investigación y docencia, a su mundo, y los políticos son pragmáticos, van aguantando años y años. Tengo amigos y amigas que son arquitectos y han sido políticos, pero es una situación minoritaria. Mientras estaba de concejal tomaba notas. Dije que todo aquello debía pensarlo, darle vueltas y comunicarlo. Escribí bastante para no olvidar muchas cosas.
De esa época, han quedado las superillas. Primero recibieron mucha oposición pero al final casi todo el mundo está encantado con ellas.
Las superillas fue una de las propuestas por las que apostamos. Además, la primera se hizo en el distrito de Sant Martí, en Poblenou, de acuerdo con Salvador Rueda (ex-director de la Agencia de Ecología Urbana del ayuntamiento). Consideramos que debíamos probarlo rápido, ponerlo en la práctica. Ha tenido un recorrido, porque también es cierto que superilla, hecha con nueve manzanas, según el esquema del Rueda, sólo está la del Poblenou. Después ha evolucionado más a Eix Verd, como es la calle Girona, Consell de Cent, Rocafort. Es una idea que ha ido evolucionando. Poblenou cambió totalmente con la superilla. Entras y oyes los pájaros, los niños jugando, el rumor de una ciudad tranquila. La gente que vive en la superilla está feliz. Pero sí que encontramos una oposición que no esperábamos. Debo reconocer que fuimos ingenuos, pensamos que la gente enseguida diría que era buenísimo. Algunos banqueros, el lobby del automóvil y algunos negocios relacionados con los coches y motos, salieron en tromba haciendo una resistencia durísima. Tanta resistencia fue una sorpresa. También fue una cierta sorpresa que los que vivían en las superillas se organizaron, empezaron a realizar actividades y fanzines para defenderlas. Empezó en Poblenou y después se ha ido extendiendo por la ciudad. En perspectiva, reconozco que quizás no se explicó lo suficiente. Cuando estás en política contar las cosas que se hacen no es fácil. Para empezar, nosotros no teníamos los medios a favor. En el caso de Ada Colau teníamos la mayoría en su contra. La filósofa María Zambrano decía que los políticos no saben explicar lo que hacen. Existe cierta dificultad, además, de explicarlo de manera honesta. Otra cosa es hacer clientelismo y publicidad. No es fácil explicar y convencer a la gente para que participe. Hacerlo perfecto es imposible. Por mucho que avises y lo cuentes, hay mucha gente que no se da por enterada. Ahora, la gente está bastante encantada, pero costó arrancar.
Escribió un libro para denunciar el “lawfare urbano”. ¿No se puede evitar este lawfare?
El último caso ha sido el del Fiscal General del Estado. Es un mecanismo terrible, sin ética, destructor del enemigo político. Históricamente, el lawfare es un concepto estadounidense. Lo empezaron Estados Unidos con el maccarthysmo y la denuncia de los intelectuales y artistas de izquierda. Es un mecanismo de denunciar con malas artes a quien consideras enemigo, acusándole de cosas que no son ciertas. Ada Colau sufrió muchísimos… Como Mònica Oltra en Valencia o Lula en Brasil. En el caso de la Superilla nos atacaban pero no nos pusieron ninguna denuncia. Nos amenazaron con que seguro que conseguirían desmontarla pero no lo consiguieron. En el primer mandato de Colau, cuando estaba yo, tuvimos alguna denuncia de la extrema derecha, pero no salieron adelante. En el segundo mandato, cuando Ada Colau volvió a ser alcaldesa, todos los lobbies de Barcelona –Foment del Treball, hoteleros, AGBAR, el sector inmobiliario–, se fueron reuniendo y decidieron que no podía continuar, que tenían que hundirla. Fueron cuatro años sistemáticos de hacerle la vida imposible. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento iban desbordados. Si estás en desacuerdo con alguna decisión del Ayuntamiento, lo reglamentario es presentar un contencioso administrativo, con criterios urbanísticos o legales, pero eso no sale en la prensa. Vieron que con el lawfare, poniendo una denuncia, salía en la prensa, porque Ada Colau tenía que ir a declarar a los juzgados y los medios lo magnificaban. Todas las denuncias han ido cayendo por su propio peso porque no estaban justificadas. Ninguna de las veinticuatro denuncias tenía base. Pero en los periódicos no salía cuando se decidía que no había base. Los lobbies vieron que tenían un campo que mediáticamente era muy rentable. Aunque no consiguieran lo que pedían, desgastaba la credibilidad de Ada Colau. La pérdida de votos, por parte de la gente que la votaba responde en parte al desgaste que se logró con este lawfare. Era para desautorizarla, deslegitimarla, a través de ese debilitamiento. Es un proceso muy terrible que hunde a políticos y políticas. Se debería acusar de prevaricación a los jueces que cometen el delito de dejar entrar denuncias o pleitos sin base. Hay jueces que, al final, dicen que una denuncia no tiene base, pero el que ha dado rienda suelta a esta denuncia penal también es un juez.
En 2007 se aprobó un Plan para el Derecho a la vivienda en Cataluña que preveía llegar a un 15% de vivienda asequible, pero todavía estamos a un 2%. ¿Qué ha fallado?
Fue una ley que sacó adelante Carme Trilla desde la Secretaría de Vivienda del gobierno del tripartito, que hablaba de solidaridad urbana. Con ese 15% se entiende que no todo debía ser público. Ahora, el 2% es vivienda pública y, a grandes números, habría un 4% porque hay un 2% más de alquiler asequible, de oenegés, de fundaciones, de propietarios sin ánimo de lucro. Habría un 2% público y un 2% asequible. No todos los propietarios son especuladores. Hay propietarios que prefieren cobrar alquileres asequibles y tener a la gente viviendo en sus viviendas, que las cuiden y que estén de alquiler mucho tiempo. Pero sí, claro, al 15% no hemos llegado. Cuando entramos en el Ayuntamiento se recuperaron partes no aplicadas de esta ley. El Ayuntamiento invirtió más, transformamos lo que era el Patronato Municipal de la Vivienda en el IMHAB (Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona), lo doblamos de personal y espacio de trabajo, pero no fue suficiente. Quien debía aplicar este plan innovador era la Generalitat, y desde 2007 ha ido cayendo con los recortes del presidente Mas, con las complicaciones del procés, con un INCASOL inoperativo, en situaciones en las que nunca ha sido prioritaria la vivienda. Esto tiene una explicación histórica: desgraciadamente España tiene una tradición de mala política de vivienda desde siempre, y no desde Franco. Franco hizo vivienda, como decía su ministro Arrese, «para propietarios y no para proletarios, de venta limitada y no de renta limitada». Pero es que cuando en Europa se hacía la política socialdemócrata de vivienda, en el período de entreguerras, es decir, Viena iniciaba su política de vivienda que dura hasta la fecha, además de Fráncfort, Hamburgo, Amsterdam o Londres, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera, eran especuladores de medio pelo los que hacían vivienda. Eran las casas baratas, que las llamaban las casas de papel. Las políticas de vivienda han sido siempre insuficientes, sin ningún cuidado y sin homologación alguna en Europa. En políticas de vivienda, España es una anomalía. Tenemos esta tradición de unos gobernantes que no han hecho sólidas políticas de vivienda. Durante el franquismo se realizaron unos seis millones de viviendas con dinero público y todas han pasado al mercado. Y después tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, muy poco social, con poca preocupación por el valor social de la vivienda. Aquí radica una de las claves de las políticas de vivienda, que es conseguir sacar vivienda del mercado. Cuanta más vivienda se saca del mercado, como ocurre en Viena o en Vitoria, en el País Vasco, más se puede controlar el precio del alquiler y el precio de la compraventa. La idea de sacar vivienda del mercado nunca la ha tenido nadie en nuestro país, sino que, en todo caso, se ha hecho vivienda para que el sector inmobiliario se enriquezca y pase a haber más propietarios.
¿Ninguno de los gobiernos de España y de Cataluña han hecho políticas que vayan en la buena dirección para avanzar?
No. Ni PP ni PSOE. El PSOE puede haber dicho que haría algo, sin embargo, a la hora de la verdad, quien eliminó la ley de los alquileres estabilizados fue Miguel Boyer, en un gobierno socialista. Y después, cuando el PP hizo el desastre de la nueva Ley del Suelo, de convertir la mayor parte de suelo en urbanizable, el precio del suelo se dobló en vez de bajar. No ha habido, en los gobiernos ni del PP ni del PSOE ni en los gobiernos catalanes, salvo en el tripartito, que tampoco pudo arrancar, una voluntad de una política de vivienda. Las políticas de vivienda no se improvisan, no pueden realizarse en cuatro años, ni en ocho prácticamente, sino que piden voluntad política, inversión y, sobre todo, continuidad. Con el PSOE y Sumar tenemos una Ley por el Derecho a la Vivienda en España de 2023, y se han ido haciendo también correcciones y añadidos. Legalmente no está mal, faltan cuestiones como regular el alquiler de temporada, algo que se acaba de aprobar en Catalunya. Sin embargo, tenemos una base que permite avanzar. En principio debe invertirse más. El PP invertía un 0,06% del PIB en vivienda, cuando en Europa se había llegado a invertir entre el 1% o el 2% en algunos países. El PSOE ha vuelto a recuperar lo invertido en la época anterior del PSOE. Tampoco es mucho. Tienes que tener las leyes y la inversión, y que esto se realice y dure muchos años. De momento, esto nunca ha sucedido ni en España ni en Catalunya. La recientemente nombrada directora de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, Casa47, ha dicho que se tardarán cinco años en notar este cambio de política de vivienda.
Algunos indicadores han mejorado en el sector de la vivienda, pero la preocupación ciudadana por esta cuestión ha crecido. El tema de la vivienda es el que más preocupa ahora a la gente.
Obviamente, porque el alquiler ha subido muchísimo, presionado porque existe mucha demanda y una oferta insuficiente, calentada por la falsa expectativa de ganancias con Airbnb y del alquiler de temporada. Esto, claro, tensiona mucho el mercado. El mercado funciona en base a la expectativa no de un alquiler asequible, ni del alquiler según el índice de precios, sino de alquileres de temporada, de hacer coliving, alquilar a expats que puedan pagar mucho, viviendas de lujo. Todo esto inflaciona el precio. El alquiler ha subido, y puede significar el 50% de las rentas, de los recursos de una pareja o familia; y la compraventa también ha subido un buen porcentaje. Son muchos factores que convergen y hacen que el que está de alquiler esté pagando mucho. Quizás muchos quisieran comprar, pero les cuesta hacerlo porque los precios han subido mucho. Hoy ha salido en el periódico que se han comprado más pisos este año, tantos como en la época de la burbuja inmobiliaria, pero el 70-80% pagan al contado. Éstos no son de aquí. La gente de aquí, en su mayoría, paga con hipoteca, no al contado. Son inversores, compañías inversoras o gente de Europa o Norteamérica que compran pisos aquí y tienen mucho dinero. Se hacen viviendas, no es suficiente, hay que hacer muchas más, pero gran parte de las que se hacen no van por la gente de Barcelona, ??su área metropolitana o Catalunya, sino que van para inversores, expats o gente que quiere tener una vivienda para venir en verano. No está cumpliendo su función social, sino que es una inversión. Esto hace que el alquiler suba y que la compraventa suba. Te arriesgues a comprar o estés de alquiler, la mayor parte de la gente está en una situación inquietante porque está pagando mucho por el alquiler, está pagando mucho de hipoteca o está queriendo comprar y ve que no puede. Si el problema de la vivienda no se resuelve, hay cada vez más conciencia y aparece como el mayor problema. Además, tenemos casos como el de la casa Orsola o el caso de las promociones de coliving que incumplen las normas y expulsan a la gente. Es un fenómeno que no sólo vives tú o tus familiares o conocidos, sino que ves todos los días que desahucian a gente. Es un conflicto cada vez más visible.
«Tenemos un sector inmobiliario, de la construcción y de administradores de fincas, muy especulador, con muy poca preocupación por el valor social de la vivienda», asegura Montaner. POL RIUS
Hay sondeos de opinión que dicen que el giro hacia la extrema derecha de mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, se debe en gran parte al tema de la vivienda. ¿Es el factor principal para que se produzca este giro?
Hay más factores. El problema de la vivienda implica la dificultad de emancipación, de tener una vida más libre, un proyecto de vida. Es cierto que a la gente joven o a ciertas generaciones les condiciona. Se dice que Vox aumenta el número de votantes, que los jóvenes tienden a ser más de derechas, que los hombres jóvenes siguen siendo machistas… Son ciertas tendencias, pero el mundo está muy polarizado. Veamos lo que ha pasado en Chile. Tenían que elegir entre un candidato del Partido Comunista o uno de extrema derecha, pinochetista, de lo más facha. Ha ganado el de la extrema derecha. Hay jóvenes conservadores y jóvenes que siguen a Vox, pero hay muchísimos jóvenes activistas que ocupan espacios en desuso, que están en el Sindicat de Llogateres, que se organizan. Siguen habiendo jóvenes comprometidos. Se dan los dos fenómenos. Es cierto que se polarizan cada vez más en posiciones más extremas, que ante los conflictos, los problemas, los retos, la tendencia es ir hacia la extrema derecha y contra la política, los políticos, y desconfiar de todo y creerse cualquier mentira. Pero también hay una reacción anticapitalista, que considera que este sistema no funciona y que debemos luchar en su contra. Quizás sí que a la hora de votar acaba ganando un poco más los que van hacia la derecha que los activistas y los de izquierdas anticapitalistas, pero los dos polos existen. No puede simplificarse con una única tendencia, sino que es más bien una polarización. Ocurre que no se han inventado nuevos sistemas, porque el comunismo y el socialismo han tenido problemas para ser duraderos. La socialdemocracia, que tiene más de cien años —nuestro PSC es socialdemocracia–, cree en el desarrollo, en un crecimiento que no tiene ningún límite. Y después el fascismo sigue siendo un modelo. Seguimos con modelos anacrónicos. No tenemos modelos sociales, utopías o modelos de vida para nuestro tiempo. Más que nada, el problema de la vivienda es no poder imaginar mundos que no sean la extrema derecha, el fascista, contra los migrantes, etc… o la socialdemocracia, que es Pedro Sánchez o Salvador Illa, que sigue diciendo que hay que ampliar el aeropuerto o hacer grandes inversiones. Hay una falta de modelos que no sean estos que, de alguna forma, están desgastados y que vuelven a reaparecer.
Sí, sí, debe construirse más, pero hay que hacerlo todo. Una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar cuántos pisos vacíos había en Barcelona. No llegaba ni al 2%. En las zonas tensionadas no existen pisos vacíos que se puedan utilizar. Puede que haya pisos vacíos de uno de esos inversores que los tiene y quiere alquilarlos a un precio muy alto y no los alquila, o que los tiene un mexicano, un danés o un suizo que sólo lo utiliza un mes al año. No pueden considerarse vacíos porque tienen su propietario aunque esté infrautilizado. O sea que hay que hacerlo todo: recuperar pisos vacíos, comprar viviendas, algo que como Ayuntamiento hicimos bastante y ahora se hace mucho menos. Con la ley de tanteo y retracto que extendimos a toda la ciudad, el Ayuntamiento tiene prioridad en cualquier compraventa de suelo calificado de vivienda o de un edificio de viviendas. Debería haber mucha más inversión en los edificios, si son interesantes, por su situación, por su precio, por si hay pisos vacíos y son utilizables. Hay que comprar pisos ya hechos, pero también hay que hacer pisos nuevos. Debe hacerse en los tejidos urbanos en suelo urbanizable y no urbanizar más suelo, no hacerlo en lugares inundables o cargándose bosques. Debe completarse el tejido urbano que existe. En el Área Metropolitana hay mucho suelo todavía. También en Barcelona, ??en el distrito de Sant Martí, por ejemplo, o en la Marina del Prat Vermell. En muchas ciudades catalanas queda todavía suelo, quedan también zonas industriales obsoletas. Se trata de aprovechar ese suelo existente y reforzar la estructura urbana.
¿Qué hay que hacer con los pisos de la Sareb?
La Sareb tiene solares, mucho suelo, y tiene pisos. La Sareb no ha sido bien gestionada y es un fondo infrautilizado. Nosotros fuimos de los primeros que logramos un acuerdo con la Sareb en el mismo 2015. Nos reuníamos con ellos cada dos meses y nos iban cediendo pisos. Pero los pisos que tiene la Sareb, y cada vez supongo que será más así, no son pisos en buen estado, o están ocupados. Tiene un pasivo de pisos, pero difícilmente utilizables de inmediato. A nosotros nos cedía cada dos meses, por ejemplo, 50 pisos, pues un 50% estaban en muy mal estado, estaban destrozados y un 50% estaban ocupados. Con los que estaban ocupados lo que en principio se hacía era regularizar la situación. Lo que tiene la Sareb muchos ni saben muy bien dónde está. Esto quizás ha ido evolucionando, pero en la época cuando yo estaba de concejal de vivienda, era así. Tenían una cartera de miles de pisos y suelo, pero muy caótico y poco utilizable directamente. Cuando Pedro Sánchez dice que conseguirán de inmediato 50.000 pisos de la Sareb e inmediatamente 13.000, por mi experiencia es que estarán en mal estado u ocupados. La Sareb debería intervenirse, poner orden y sacar el máximo partido social de lo que tiene, pero siempre sabiendo que están mal situados, en barrios muy periféricos, en zonas más degradadas. En un sector inmobiliario tensionado, todo lo apetitoso ya está utilizado y de algún modo se le está quitando rentabilidad. Lo que queda son restos que nadie quiere, y eso es lo que tiene la Sareb.
Hablaba del 30% de reserva de viviendas por temas sociales. El alcalde Collboni dice que no ha funcionado.
Era una medida que nosotros sacamos adelante con el apoyo de la reclamación de los movimientos sociales, de la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Observatorio DESC, la FAVB y la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible). Barcelona en común compartió esta exigencia del 30%, que se aplica en Nueva York, en París, en Vancouver y en otros muchos lugares, y no lo hubiéramos podido hacer solos. Lo hicimos gracias a esa presión de los movimientos ciudadanos que provocó que los partidos políticos no quisieran quedar mal y se aprobara. Es una medida compleja que tuvo muchos enemigos, pero necesaria. El Ayuntamiento tiene suelo en zonas de transformación, en la Sagrera, en el 22@, en la Marina del Port Vell, pero no las tiene en el Eixample o en Gràcia, en los tejidos históricos. También tiene en Ciutat Vella porque hay mucha transformación. Para tener viviendas asequibles en estas áreas debes encontrar otra medida. En estos distritos no puedes comprar tantas viviendas y el 30% sirve para ello, para poder ir disponiendo de viviendas asequibles, ya sea a partir del tanteo y retracto o con el 30%, en una promoción nueva del Eixample o en una rehabilitación integral. Tal y como está la normativa, siempre debe ser económicamente viable. No se exige que el promotor salga perdiendo. Se negocia, porque el 30% no da un número redondo; se negocia cuántas viviendas pasarán a ser asequibles, si serán de alquiler, si serán de venta, cómo se hará… Se negocia operación por operación. En este momento hay unas 150 viviendas que se han terminado o que están en proceso, que no son muchas, es cierto. Es lo que se ha conseguido después de que primero no se aplicara directamente, porque el PSC retrasó su aplicación, lo que permitió que se pidieran muchas licencias antes de que la norma entrara en vigor. Muchos promotores se lo saltan. En la rehabilitación se lo saltan la mayoría porque no piden permiso para todo el edificio, sino que lo van pidiendo por piezas para que no conste que es una rehabilitación integral. La tendencia del sector inmobiliario es saltárselo. Como no aceptan esta ley, buscan trampas para saltársela.
Promovimos toda una nueva generación de cooperativas de vivienda que han hecho famosa Barcelona. Hemos creado simpatía en todo el mundo. Incluso en Viena, en los sitios más avanzados, admiran nuestras cooperativas de vivienda, con cesión de uso, buena arquitectura, arquitectos jóvenes, etcétera. El ayuntamiento actual deja que vayan haciendo, pero ya no las promociona.
No ha retirado la norma del 30%.
No ha logrado retirarlo, pero no ponen las multas y no hay sanciones. Toda normativa o reforma avanzada, tipo 30%, tanteo y retracto, que con la rehabilitación no expulses a los vecinos, los apartamentos turísticos ilegales, requiere sanciones, una política de vigilancia, sancionadora, que no es agradable, pero no hay otro remedio. He visto que el ayuntamiento pone ahora multas de 500 euros a los promotores de coliving que no piden permiso. Nosotros poníamos multas de 30.000 y 60.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales. Estas normativas que van contra los intereses dominantes, de los lobbies, de los inversores, de los especuladores, requieren una política de inspección y multas, no tanto para ganar dinero sino para parar esa presión.
¿Qué política de vivienda debe realizarse en este momento de emergencia climática?
En las viviendas públicas que hace el IMHAB del Ayuntamiento de Barcelona como en las que hace el IMPSOL, el operador del Área Metropolitana, se tienen en cuenta estas cuestiones de las fachadas, ventilación natural, ahorro energético, materiales sanos, plantas flexibles que se puedan transformar,… Se tiene bastante en cuenta. Quizás no lo suficiente, porque, por ejemplo, debería exigirse más, que no pueden ser todas las fachadas iguales, porque es diferente que una fachada dé al este, al sur, al oeste o al norte. La incidencia del sol es muy distinta. Se podría ser aún más estricto, pero sí existe la intención, la voluntad, y hay proyectos que son muy atractivos y de referencia. Existe el problema de la relación entre la cantidad y la calidad. De vivienda pública de calidad en el Área Metropolitana se hace, pero poquísima, es prácticamente simbólica. Debería multiplicarse por 10, como mínimo. Debería haber mucho más. Hay que hacer vivienda porque hay un crecimiento demográfico de miles y miles de personas que las necesitan, para los jóvenes que quieren emanciparse y para las familias que se dividen. La clave es quien es el operador. El IMHAB ha vuelto a ser muy funcionarial y muy lento. El IMPSOL está más dinámico, aunque construye más en el Llobregat que en el Besòs, pero la vivienda debería ser toda de alquiler y debería ser más en zonas urbanas. Pero el gran problema es INCASOL, el operador de la Generalitat. Illa ha asegurado que hará 50.000 viviendas. Esperemos que pueda. Pero si el operador que tienes es el INCASOL, que ha sido obsoleto, incapaz de hacer viviendas durante muchos años, tienes que transformarlo, cambiarlo. Al final las viviendas no salen como setas. Si tú no transformas el operador que debe realizar las viviendas, no las harás, es imposible.
Cree que mientras estemos en un sistema de mercado capitalista, los lobbies tienen las de ganar.
Es una cuestión política. El capitalismo algún día se acabará. No ha habido ningún sistema político que dure eternamente. Todos han ido desapareciendo. El capitalista tiene mucha capacidad de transformarse. Se ha transformado ahora en esta economía mal llamada colaborativa, con las plataformas, con el mundo digital, Internet, IA, etc. Pero algún día se acabará. Quizás no lo veremos, pero mientras esté el sistema capitalista, los poderosos tienen las de ganar. Tienen el resorte del poder. En el Ayuntamiento lo ves. No éramos los poderosos de la ciudad. Sabíamos quiénes eran los poderosos. Y éstos reclaman su poder, sus prioridades y su capacidad de decisión y actuación. Es un sistema pensado para los poderosos que tienen el capital, los medios de producción, los mejores sistemas informáticos… Son los que dominan. La única solución es encontrar mecanismos para frenarlo, encontrar alternativas, sobrevivir dignamente dentro de este sistema. El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista. Ya lo escribieron Engels y Marx: el primer sistema de dominio y explotación es el trabajo y el segundo, la propiedad del suelo y la vivienda. El sistema capitalista se apropia del suelo, de lo común, e intenta acumular en pocas manos el suelo y la vivienda. Es la lógica de ese sistema. Puedes intentar desde el Estado intervenir o hacer pactos público-privados e intentar llegar a soluciones más o menos de un cierto equilibrio, mejorar las condiciones de vida de la gente, pero siempre estás en un sistema injusto. Es así. Un día se acabará, lógicamente. Pero puede durar todavía.
Le preocupa el tema de los sin techo.
Sí. Si tienes como prioritaria la cuestión de la vivienda, los sin techo viven la peor condición al respecto; sin casa, sin cobijo, sin intimidad, desprotegidos, durmiendo en la calle, vulnerables a todo tipo de agresiones. Ninguna política de vivienda puede olvidarlos.
¿Tiene alguna medida para mejorarlo?
Antes de entrar de concejal, sobre todo a través de Ricard Gomà, conocí a bastantes sin techo; había estado en contacto con Arrels y con la Comunidad de San Egidio, y he visitado sitios de acogida de gente sin techo. En Barcelona son unos 2.000. Te das cuenta de que es gente que ha tenido mala suerte, que ha acumulado problemas familiares, desgracias, enfermedades, adicciones. Es una situación de la condición humana en la que puede caer todo el mundo. Cualquiera puede encontrarse con una serie de desgracias. También intentamos hacer cosas desde Derechos Sociales, pero cuando tienes un problema de la vivienda tan grande que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los migrantes, etc, por mucho que hagas, es difícil dar prioridad al problema de los sin techo. Puedes intervenir, pero es difícil de afrontar y resolver. Si me interesa el problema de la vivienda la situación más precaria es la de la que no la tiene. Soy consciente de que es un tema difícil. Algunos países como Finlandia, Austria o Canadá han podido afrontarlo porque tienen el problema de la vivienda mejor enfocado. Tienen vivienda para gente joven, para mayores, tienen cooperativas para gente con problemas de todo tipo. Y tienen también edificios para gente sin techo. En nuestro caso, que tenemos un problema de la vivienda tan grande de carencia de políticas de vivienda, afrontar esta cuestión sólo se puede hacer con acuerdos con fundaciones, con entidades privadas, e intentar que no aumente, que disminuya, intentar que no se produzcan estas situaciones. Y el siguiente paso son los que viven en asentamientos, que también es muy preocupante, en naves industriales, edificios abandonados, en barracas… Al menos tienen un cobijo muy precario. Se puede mirar que los niños puedan acudir a un colegio, que tengan sanidad,… Estos sí que se realojan más en viviendas sociales. Los APROP (Alojamientos de Proximidad Provisionales) proveen módulos prefabricados para acoger algunos sin techo. En Ciutat Vella hay uno y en Glòries hay otro. Son contenedores marítimos reconvertidos en vivienda. Vuelve a ser el mismo problema de la cantidad. Tienes 2.000 sin techo y puedes encontrar una digna solución para 20, 40 o 100.
Si volviera a tener 60 años y a ser concejal de vivienda en un gobierno progresista, ¿qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades?
Haría cosas parecidas a las que hicimos. Apostar por las cooperativas, por la prefabricación, por hacer vivienda nueva, sostenible y ecológica para afrontar el cambio climático. Intentar resolver el problema de los sintecho y de los que están en los asentamientos. Para ello debes aplicar todas las medidas posibles, de recuperar pisos vacíos, comprar, construir, rehabilitar, acuerdos público-privados,… Estos acuerdos público-privados, que hicimos alguno, son difíciles porque desde el sector público hay cierta desconfianza burocrática hacia lo privado y los privados tienden a ser especuladores. Pocos quieran hacer acuerdos con el Ayuntamiento para promover iniciativas con cierto interés social. En otros países, sobre todo de cultura angloamericana, tienen más desarrollado trabajar juntos público y privado. Aquí, en principio, el mundo público y privado tienen muy pocos contactos. Lo que ves con la experiencia es que falta muchísima más inversión, muchísimos recursos humanos, gente trabajando en ello, mucha continuidad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene presupuesto, pero debería invertir mucho más en vivienda. La Generalitat de Catalunya si no transforma el INCASOL e invierte más, no hará nada. Y el gobierno español, que debería ser el que pasara el dinero a las autonomías, no sabemos exactamente qué está haciendo y lo que se sabe que hace es insuficiente. La política que aplicaría sería similar con algunos matices, sabiendo por experiencia que algunas cosas funcionan mejor que otras. Si sigues teniendo unos operadores escuálidos y que van haciendo viviendas a un ritmo que nada tiene que ver con las necesidades de crecimiento, las necesidades de la gente que no tiene recursos, de las familias vulnerables, no resuelves el problema, más bien aumenta.
Volvería a sufrir.
Sí. Pero es imprescindible afrontar el reto. Por ello, debe multiplicarse la inversión, aportar más recursos humanos, no renunciar a ninguno de los instrumentos y medidas (compra de pisos, obra nueva, rehabilitación, industrialización, cooperativas, disciplina de vivienda, regulación de los alquileres, incluidos los de temporada, el 30% de vivienda asequible, la reducción de los apartamentos turísticos, etc.). Y también es necesario insistir mucho más en potenciar operadores y acuerdos público-privados.
Este reportaje se publicó originalmente #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.
En una sala insonorizada del Espacio Vecinal del Mercado de Sant Antoni de Barcelona, Enzo toca la batería. Aprendió a tocarla en su Chile natal, con su grupo de música rebelde, cómo él mismo lo llama. A su lado descansa El Papa rojo, la novela de J.J. Benítez. «A la gente le sorprenda que lea».
Enzo tiene 45 años y comenzó a consumir codeína –un medicamento derivado del opio–, cuando tenía 12. Fue su profesor de química, de apenas 20 años, el que le animó a él y su grupo de amigos a probar el jarabe para la tos. Sustancia que consume hasta el día de hoy. Con 20 años llegó a Catalunya. Y desde hace dos vive en situación de calle. Pasó por varios centros de tratamiento, de los que terminó escapando. Recuerda que en algunos lo ataban y le daban pastillas que lo dejaban peor de lo que estaba.
Pero Enzo no viene solo a este espacio a tocar la batería. Desde comienzos de año acude todos los lunes y viernes a la cocina comunitaria del Centro de Acogida Diurno, de la Fundació Àmbit Prevenció. Allí, durante cinco horas entre fogones, logra olvidarse del consumo. También encuentra un lugar donde construir comunidad con otras personas que, como él, sienten esta sala como un refugio seguro.
La labor del centro se enmarca en la reducción de daños, un enfoque de salud pública que respeta los derechos de las personas que usan drogas y busca minimizar los riesgos del uso de sustancias sin centrarse solo en la abstinencia.
«Aquí las personas no solo tienen un lugar donde cocinar lo que les gusta, también comparten espacio con las vecinas del barrio. Y eso ha ayudado a cambiar la mirada sobre quienes participan en el programa, ya que la mayoría duerme en estas calles», explica Natalia Lanzas, coordinadora del proyecto. «También es una excusa para generar vínculos y acompañar en otros trámites más personalizados, como derivaciones a recursos, o simplemente, ofrecer un espacio donde escucharlas desde el respeto y la empatía».
Cocina comunitaria del Mercat de Sant Antoni, en Barcelona. El espacio acoge personas en diversas situaciones de vulnerabilidad, como consumo activo o situación de calle. JULIA MOLINS
Calidad de vida
Enzo llegó a este recurso a través del Centro de Reducción de Daños de Robadors, en el Raval. Desde allí nació hace casi tres años El lado oscuro del Raval, un programa de radio impulsado por Jose Cano, educador social del centro: «Para mí esa es la reducción de daños: un lugar donde poder hablar de todo lo que les atraviesa, desde la violencia institucional hasta cuestiones de medicación. Eso da sentido a lo que hacemos».
Ese proceso ha mejorado la calidad de vida de muchas de las participantes, como es el caso de La Rata –así se presenta ella–. A su lado siempre está su perro, Gordo, al que rescató hace nueve años de un contenedor de basura. Recuerda cuando vivía en la calle del Mercado de la Boquería y Cano la visitaba cada día para recordarle su cita semanal con la radio. El vínculo y la confianza mutua que construyeron la empujó a sostener esa rutina: «La radio es un lugar donde puedo expresarme, y tener eso ha cambiado mi vida».
En el programa también se habla de un obstáculo central: la imposibilidad de acceder a los albergues en situación de consumo activo –en Barcelona hay más de 1.500 personas viviendo en la calle–. Durante la pandemia, la ausencia de un recurso de estas características llevó a impulsar un albergue pionero a nivel estatal. Tras el confinamiento, el centro se trasladó de forma permanente al barrio del Baix Guinardó. Allí, en el antiguo Hotel Aristol, funciona hoy el Centro Residencial Integral La Galena, donde conviven unas 45 personas junto a más de 40 profesionales.
«La vida en la calle es muy difícil, especialmente si eres mujer. No sabes qué hacer, a dónde ir, dónde dormir», explica Valentina. Desde la habitación que comparte con su marido, recuerda cómo debía esconder sus pertenencias para que no se las robaran y cómo más de una vez pasó la noche cubierta apenas con un cartón. Durante los ocho años que estuvo en la calle, el uso de metanfetamina la ayudó a mantenerse despierta por las noches, para prevenir abusos o violencia sexual. «El consumo me quitaba las ganas de comer. Llegué a pesar 35 kilos, mientras empujaba carros de 400 kilos de chatarra por la ciudad».
La lista de espera para acceder al centro puede alargarse unos meses para las mujeres y hasta dos años para los hombres. «Todas las personas en la calle son vulnerables, así que la prioridad la marca el orden de llegada», explica Pilar Caballer, coordinadora del albergue que gestiona la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Se hacen excepciones en situaciones de urgencia a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sufrido agresiones físicas o sexuales, o quienes presentan un cuadro de salud muy complejo. Desde su apertura, cerca de 700 personas han pasado por el centro.
«En caso de cuadro psicológico o psiquiátrico, necesitas un sitio donde estar y unos cuidados que en la calle no tienes», recalca Moi, residente desde abril –anteriormente había entrado de urgencia–. «Cuando entras de urgencia, lo primero es descansar, comer bien y estar tranquilo».
Moi, que lleva desde abril de este año siendo residente en el CRI Galena, se ha ofrecido como voluntario y hoy sirve y recoge los platos durante el turno de comida. JULIA MOLINS
El tiempo máximo de estancia ronda los dos años, tras los cuales se intenta derivar a otro recurso. «El año pasado contabilizamos 1.600 personas en calle y tenemos 45 camas. Ojalá existiera una red que diese continuidad sin que todo dependa de la financiación», remarca Ester Aranda, directora de reducción de daños de ABD.
La experiencia del CRI Galena es única en Europa, con las salas de consumo integradas dentro de un centro residencial. La gran fragilidad del proyecto es la financiación. «Todo el rato tienes que estar justificando que esto es por el bien de la sociedad –señala Aranda–. Que las personas están mejor aquí, que si no estarían peor. Y que, además, sería más caro para el sistema, porque al final lo único que importa es el dinero».
El debate social lo resume una frase que escuchan a menudo: «¿Cómo puede ser que se desaloje a familias mientras aquí se permita pincharse bajo techo?». Frente a esa crítica, Aranda es clara: «Es un derecho básico, y no puedes condicionarlo al uso de sustancias. No puedes limitar derechos porque alguien se droga; entonces deberías limitarlos para todos. El filtro de la pobreza no puede ser el consumo. Y es muy macabro, porque gran parte de este tiene que ver con el dolor, no solo con lo recreativo. Además, el coste-beneficio está demostrado: entran menos al hospital porque están aquí. Una persona en la calle cuesta mucho más».
Dentro del CRI Galena existen tres espacios de toma supervisada –inyectada, inhalada y de alcohol–. En ellos, las personas pueden consumir en un entorno seguro y sanitario, con personal especializado que ofrece material estéril y atiende en caso de sobredosis. «Nunca se ha muerto nadie en una sala de consumo», destaca Aranda, que también coordina la sala Baluard, otro recurso de reducción de daños situado en el Raval.
Dos mujeres residentes en el CRI Galena, en Barcelona, son acompañadas por un enfermero mientras salen de la sala de consumo inhalado. JULIA MOLINS
En este escenario, varios de los recursos de reducción de daños de la ciudad están financiados o dependen de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, incluyendo Robadors, Baluard y el CRI Galena. Montse Bartroli, jefa del Departamento de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la institución, explica que la filosofía de la ciudad es priorizar la vida y la salud de las personas, y que por ello la reducción de daños es un eje fundamental que debe contar con apoyo institucional.
También en el Raval, más cerca de su rambla, se ubica Metzineres, «una cooperativa que crea entornos de cobijo para mujerxs que usan drogas y sobreviven a múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia». Allí no hablan de «sala de consumo», sino de tocador. «Lo que menos ocurre allí es el consumo», explica Aura Roig, directora y fundadora del proyecto. Para muchas mujeres, ese rincón íntimo es el único momento del día en que pueden relajarse, dejar de pensar en la supervivencia y, acompañadas por otras –si quieren–, compartir y hablar de lo que les preocupa.
La apuesta de Metzineres se sostiene en una mirada feminista interseccional, que va más allá de abrir espacios exclusivos para mujeres. «Cuando se van a los servicios de reducción de daños, estos carecen de una mirada feminista. Que no es solamente tener espacios para mujeres, sino una mirada realmente feminista», reivindica Roig.
Barrios estigmatizados
A las afueras de Barcelona, en Sant Adrià de Besòs, se levanta uno de los barrios más estigmatizados del área metropolitana. La Mina nació a finales de los años sesenta como un gran polígono de realojo para familias procedentes de barracas y asentamientos. Y allí, en 2004, fue el propio vecindario quien impulsó la apertura de un centro de reducción de daños. El primer equipamiento funcionaba en unas barracas, hasta que se integró al centro de salud y hoy depende del Hospital del Mar.
«Que sea un centro sociosanitario nos da muchas ventajas: podemos derivar de inmediato a urgencias graves, hay médico las 24 horas y, además, facilita el acceso a programas específicos, por ejemplo de ginecología o salud sexual, a los que muchas mujeres consumidoras suelen llegar con dificultad por miedo, tabúes o experiencias de abuso», explica Noemí González, coordinadora del centro.
Silvia y Gevi recorren cada día las calles de San Roque, otro de los barrios estigmatizados, en este caso de Badalona, recogiendo material y ofreciendo información. Son agentes de salud, personas con experiencia directa en estos recursos y trabajan como refuerzo a la EPA (Equipamiento de Punción Asistida), una sala móvil gestionada por Asociación de Intervención Comunitaria en Drogas (ASAUPAM). Su ambulancia se ubica bajo el puente que separa Badalona y Sant Adrià. Alicia Molina coordina la organización y, con una trayectoria en reducción de daños desde los tiempos de Can Tunis, conoce bien la evolución de la reducción de daños en Catalunya: «Aquí ha habido una apuesta real, una mirada pragmática y honesta sobre el tema. Hoy sabemos que, para dejar el consumo, antes hay que reparar todo lo que hay alrededor: la vivienda, la salud, el entorno. No se trata solo de dejar la sustancia, sino de poder vivir mejor».
En el Estado español hay 20 salas de consumo supervisado –últimos datos disponibles del Plan Nacional sobre Drogas–, quince en Catalunya, una en el País Vasco y cuatro en Madrid. La del País Vasco se encuentra en Bilbao, frente a la estación principal de tren, en el barrio de San Francisco. El acceso es discreto. Al entrar en el espacio sorprende gratamente la luminosidad, con vistas a la ría.
El recurso se llama Andén 1, en alusión a una línea de metro simbólica, donde cada parada representa un paso en la reducción de daños. «Las paradas siguen una línea de menor riesgo. La primera siempre es la práctica segura dentro de la sala, la base de todo: higiene y salud», señala Marta Fernández de Aguirre, médica y responsable de reducción de daños de la Fundación Gizakia, entidad gestora de la sala durante los últimos 10 años.
«Conocemos a muchas de las personas desde hace años, y eso permite trabajar desde el vínculo y la búsqueda conjunta de objetivos. Antes se entendía el “quiero cambiar mi vida” como dejar de consumir, pero hemos aprendido que ese cambio muchas veces empieza por metas pequeñas, como decir: “Hoy quiero darme una ducha”», reflexiona Fernández de Aguirre.
Al final de la lista
Actualmente, Bilbao cuenta con dispensación de material estéril durante, prácticamente, todo el día. Junto a Andén 1, Bizkaisida y Honzta –un albergue nocturno–, también lo hace una red de farmacias que participa en el intercambio de jeringuillas, al igual que en Barcelona. Sin embargo, Ainara Sánchez, educadora y coordinadora del servicio, subraya que este tipo de recursos no se replican en otras partes de Euskadi: «Es un tema delicado, porque las drogodependencias suelen quedar al final de la lista de prioridades institucionales».
Tanto Fernández de Aguirre como Sánchez acumulan más de dos décadas de trabajo en el ámbito de las adicciones. «Aquí estás en contacto con realidades muy auténticas y muy desatendidas, con mucho sufrimiento, pero también con momentos de mejora que vale la pena acompañar», dice Fernández de Aguirre. Sánchez coincide: «Este trabajo te aporta mucho, no solo profesionalmente, también en lo personal. Es un espacio hostil, sí, pero también muy humano».
La Mesa de Reducción de Daños de Bilbao agrupa a las principales entidades que trabajan bajo este enfoque. Otra de ellas es Bizkaisida –Comisión Antisida–, situada a escasos metros de Andén 1. El centro dispone de espacios para el descanso, la higiene y la alimentación, y ofrece pruebas rápidas de VIH, hepatitis y sífilis. «Nacimos en el 87 como una respuesta directa a la situación del VIH en la ciudad. De hecho, en la calle paralela, la Dos de Mayo, se abrió el primer punto de intercambio de jeringuillas del Estado», destaca Asier Orcajo, coordinador del programa de diversidad y salud comunitaria.
«A veces cuesta desprenderse del chip de la salud entendida solo como prevención o curación. Es un enfoque del que yo también me he tenido que desprender, que nos lo meten muy a fuego en la facultad y que va muy de la mano del estigma», explica Orcajo, médico de formación.
Desde la entidad también realizan un trabajo de acompañamiento en ámbitos donde las personas suelen enfrentarse a un trato desigual: «Acompañar a estas personas a la oficina de empleo, al centro de salud, al hospital, al juzgado, a poner una denuncia si procede, además de hacerlo más humano y amable, previene situaciones de discriminación. La presencia de una persona con aspecto más o menos normativo y que sabe decir las cuatro palabras que la otra reconoce es, por desgracia, una forma de prevenir situaciones de tantas fobias, como la yonquifobia».
El uso recreativo
En el ámbito del ocio, la reducción de daños también tiene referentes como Ai Laket!, con sede en Vitoria-Gasteiz y ámbito de actuación en Euskal Herria, y Energy Control, con presencia en Catalunya, Madrid, Illes Balears y Andalucía. Ambas entidades trabajan desde la información y el análisis de sustancias para promover un consumo más seguro y consciente. «Las drogas han estado siempre y van a seguir estando. Si nadie ofrece información objetiva, la gente se expone a más riesgos. Por eso nuestro trabajo no es juzgar, sino hablar de placeres y de riesgos con claridad y sin tabúes», dice Jon Iriazabal, socio de Ai Laket!
Jon Iriazabal, trabajador de la asociación Ai Laket!, analiza diversas sustancias en el punto fijo que la asociación tiene en Vitoria. JULIA MOLINS
Berta de la Vega, coordinadora de la delegación de Madrid de Energy Control, subraya la importancia de la información verificada. «Si la decisión de una persona es consumir, debería poder hacerlo sin recibir estigma. Y que pueda hacerlo teniendo una red, –profesional, personal o ambas– sería lo ideal, pues con estigma, rechazo y miedo nadie puede gestionar de una manera coherente y sana. Pero nos sigue pesando mucho la moral. Hablamos de vidas, de bienestar, de salud pública».
50 años de activismo
En Europa, los primeros recursos de reducción de daños se dieron en torno a la epidemia del VIH/SIDA. Países Bajos y Reino Unido fueron los pioneros en este campo. De hecho, Países Bajos fue el primer país que contó con un centro de intercambio de agujas y un espacio para el consumo en Ámsterdam en 1974. Según el informe 50 años de reducción de daños en Europa, fue el activismo de las comunidades vulnerabilizadas lo que propició que los Estados actuaran con políticas más enfocadas en la salud y el bienestar de las personas.
De la misma manera, en España la reducción de daños nació en los márgenes, como respuesta desesperada a una catástrofe sanitaria y social. A finales de los años setenta, la irrupción de la heroína y la epidemia del VIH/SIDA dejaron miles de muertes, en un contexto dominado por la abstinencia y el estigma. Profesionales y activistas empezaron a inspirarse en los modelos europeos para salvar vidas sin exigir abstinencia. Durante los años noventa surgieron los primeros programas de intercambio de jeringuillas –Surt del Rotllo, en Barcelona, y Juguem Net, en Reus– y los programas de mantenimiento con metadona, que transformaron el abordaje sanitario y rompieron tabúes. En la década siguiente, el modelo se consolidó con los Planes Municipales de Drogas, las primeras asociaciones de personas usuarias y proyectos como Energy Control (1997). En 2002 y 2004 se abrieron las primeras salas de consumo supervisado, en Madrid (Las Barranquillas) y Barcelona (Baluard).
Cabe destacar que, aunque muchos informes –especialmente desde el norte global– sitúan a Europa como pionera, las prácticas para gestionar riesgos y placeres asociados al uso de sustancias psicoactivas existen en todas las culturas.
En Europa falta financiación
Todos los recursos mencionados en este reportaje tienen financiación local o nacional, no europea. Mientras que Catalunya es un referente europeo por su enfoque sobre las drogas centrado en la salud y en las personas, en Italia no fue hasta 2017 cuando una ley reconoció la reducción de daños como parte del derecho a la salud, aunque sin especificar cómo debía financiarla el sistema nacional. En la práctica, solo algunas regiones la aplican. Al igual que en el Estado español, los primeros servicios surgieron impulsados por madres de personas que usaban heroína en los años ochenta –como la asociación La Tenda, en Roma– o por colectivos de personas consumidoras, como Lab57 en Bolonia.
Esta falta de financiación es una tendencia extendida en toda Europa. Adrià Cots, experto en políticas de drogas y derechos humanos, y asociado senior en el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, recuerda: «En 2022 la Unión Europea cortó la financiación al Foro de Sociedad Civil sobre Drogas, una plataforma de organizaciones con enfoque de salud que asesoraba a la Comisión Europea».
Además, con el avance de la extrema derecha, Cots observa una priorización clara de los enfoques de control de oferta por encima de los de salud pública y reducción de daños, siendo Italia un ejemplo paradigmático. «A nivel europeo, este cambio de rasante es evidente y muy preocupante –añade–. Se está negociando ahora la nueva estrategia de drogas [empezará en 2026], y la llamada a contribuciones de la Comisión Europea fue alarmante: presentaba la estrategia como un documento antitráfico, algo inédito hasta ahora».
* Este reportaje es parte de una investigación más amplia que fue posible gracias al apoyo de Journalismfund Europe.
No afirmamos, sin embargo, que haya sido un camino fácil. El sistema está montado para que dependamos de él, para forzar la presencia en esos espacios donde la gente te busca y, nos guste o no, nos buscan en sitios donde hemos decidido no estar. Tampoco es sencillo cuantificar el alcance de la iniciativa cuando voluntariamente hemos renunciado a métricas que consideramos invasivas para la privacidad de los datos de nuestras lectoras y lectores. Pero creemos también que nuestra opción lanza un mensaje importante.
Desde enero de 2025, más medios de comunicación han seguido esta senda. Por otro lado, las noticias que siguen llegando — la sexualización de imágenes a través de la IA de X o la publicidad fraudulenta en Instagram– ratifican nuestra decisión. También lo hace el apoyo de nuestra comunidad, esa fuerza de La Mareaque hace posible que sigamos a pesar de la demanda recibida por una de nuestras investigaciones, de la falta de grandes redes o de la necesidad de más manos en el equipo. Nuestra gente ha entendido y apoyado la “osadía” de pensar que podemos comunicarnos mediante otras herramientas, y esto nos ha permitido seguir haciendo periodismo a contracorriente.
Durante este último año, nos hemos concentrado en cubrir temas en profundidad, desde investigar la industria de la gestación subrogada hasta publicar un especial sobre el Sáhara Occidental o analizar la crisis de la vivienda desde múltiples ángulos.
Este volumen de trabajo a menudo nos ha impedido dedicar la atención necesaria a redes alternativas más alineadas con nuestros principios, como Mastodon. Ese es nuestro propósito para 2026, junto con la salida de otras plataformas cuya decisión anunciaremos próximamente. Sabemos que nos queda mucho por aprender, pero vamos a esforzarnos. Queremos ser un medio independiente también en lo que respecta a la difusión de nuestro trabajo.
La Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia han llegado a un pacto para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España. El acuerdo llega después de años de negociaciones en los que la jerarquía eclesiástica insistió en manejar los casos de pederastia desde dentro, a través de un método propio (el llamado ‘Priva’, Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso) que no ha satisfecho a muchos demandantes que no podían acudir a la justicia ordinaria por haber prescrito los delitos. Tras el convenio firmado hoy, las indemnizaciones se pagarán bajo la supervisión del Estado. «Todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia. El Estado no abonará ni un céntimo», recalcó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El procedimiento acordado implica a la Iglesia, el Gobierno y la oficina del Defensor del Pueblo para valorar los casos y la cuantía que deben recibir las víctimas. En caso de que no haya un acuerdo, prevalecerá el dictamen del Defensor del Pueblo, que es quien en principio elaborará las propuestas de reparación. Las reclamaciones se tramitarán a través del Ministerio de Justicia. Las personas afectadas podrán hacerlas a título individual o por medio de las asociaciones de víctimas.
Según explicó el ministro Bolaños, era necesaria «una reparación justa» de estos delitos, que por sus características eran muy difíciles de abordar por la vía judicial: muchos de ellos ocurrieron hace décadas y estaban prescritos, los delincuentes sexuales habían fallecido o eran muy mayores, las víctimas sólo contaban con su testimonio como prueba y los abusos no sólo no se investigaron en su momento, sino que se ocultaron.
También fue complicada la relación con la Iglesia para llegar a este acuerdo, una negociación que el ministro ha calificado de «compleja, ardua, dura, larga». Los obispos llevaban tres años negándose a reconocer y reparar unos delitos considerados a menudo, desde su punto de vista, como meros «pecados», y ajenos por tanto a la jurisdicción secular. Según explicó Bolaños, la labor del Vaticano ha sido fundamental para desencallar las conversaciones cuando éstas llegaban a un punto muerto.
Finalmente, el clero se ha avenido a un acuerdo que lleva la firma de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal; de Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, y del ministro de Justicia. «Hoy saldamos una deuda histórica, moral, que teníamos con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica», declaró Bolaños.
«Nacemos dependientes y morimos dependientes», afirma Isabel Calvo, trabajadora del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Madrid. Lleva 18 años dedicada «en cuerpo y alma a los cuidados», uno de los trabajos más duros que existen. Las condiciones son tan exigentes que muchas trabajadoras acaban incapacitadas, pero sin que se les reconozca el origen laboral de sus dolencias. Asean, alimentan y acompañan a personas dependientes, a las que la mayoría de las veces tienen que mover sin la ayuda de una grúa. Sufren lesiones continuas y a veces atienden hasta a siete personas al día en jornadas partidas y con desplazamientos interminables. Su sector está feminizado, precarizado y subcontratado. Como servicio público que es, una vez estuvo gestionado por ayuntamientos y comunidades autónomas, pero lo normal hoy es que este servicio esté en manos de empresas privadas. Grandes corporaciones han encontrado en la mercantilización de los cuidados un negocio redondo. Ganan contratos públicos tirando los precios por los suelos. Las damnificadas son las trabajadoras, que llevan años protagonizando una historia de compañerismo y lucha sindical con todo en contra. Cerca de ellas ha estado Sara Plaza Casares, que coordina el libro Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio. Las ‘riders’ de los cuidados, editado por Libros de la Catarata y CGT, el sindicato que más se ha implicado en la reivindicación de sus derechos laborales. Plaza, periodista de El Salto especializada en sanidad y feminismo, ha acompañado a estas mujeres y ha recopilado sus historias en un volumen que mezcla el relato humano con una radiografía implacable del sector.
¿Cómo acabó usted en una reunión sindical con estas trabajadoras y por qué se ha implicado tanto?
Todo empezó antes de la pandemia, en una reunión informal entre colegas, aquella fue la primera vez que oí hablar de este servicio. Alguien dijo que el SAD era «el futuro». Y yo me pregunté: «¿Cómo es que el SAD es el futuro y yo no me he enterado? ¿Qué es el SAD?». Me explicaron lo que era la atención domiciliaria y la relevancia que iba a tener en una sociedad con un alto índice de personas mayores. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de su importancia. Si queremos abolir el sistema de macrorresidencias, cuyos servicios están muy pauperizados, la comida es insuficiente, falta plantilla y muchas están en manos de fondos de inversión, la respuesta es el SAD. Si queremos avanzar hacia unos cuidados personalizados, este servicio es primordial. Siempre que una persona desee acabar sus días en su casa, habría que respetar este deseo. Cuando entendí eso, empecé a seguir a las trabajadoras en sus movilizaciones, porque son mujeres muy activas. Recuerdo que en 2019 vinieron a Madrid trabajadoras de toda España para manifestarse pidiendo mejoras laborales. Luego empecé a colaborar con un programa que produce CGT, que se llama Al lío, y en uno de ellos se habló del SAD y acudieron tres trabajadoras. Cuando acabó la grabación y se apagaron las cámaras, comenzó lo realmente importante. Empezaron a hablar de sus vivencias, de las situaciones que atraviesan cada día. Algunas de ellas tenían sus relatos por escrito. Ahí nació la idea de armar un libro con ellos.
Pero el libro también es en parte un ensayo sobre el SAD.
Sí, porque yo entendía que estas vivencias tenían que ir acompañadas de un contexto. Si sales a la calle y preguntas a la gente, muy pocas personas saben lo que es el SAD. Había que explicarlo bien y señalar cuál es su situación actual. Esto ha sido una tarea muy ardua porque apenas hay investigaciones o estudios académicos sobre el tema. Y, además del contexto, entendí que el libro debería dar herramientas a estas trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. Y la mejor herramienta era contar ejemplos de su lucha. Este es un libro muy enfocado en eso, en sus movilizaciones, que además han estado muy invisibilizadas.
Cierto. Cuando otros trabajadores montan campamentos obtienen bastantes minutos de telediario. No recuerdo que haya pasado lo mismo con estas mujeres.
Es que no ha pasado, o ha pasado de forma muy esporádica. Este tipo de información, cuando la ha habido, ha aparecido en un ámbito muy local. Por ejemplo, el campamento que las trabajadoras del SAD montaron delante del palacio de San Telmo, en Sevilla, apenas tuvo repercusión nacional. Y estuvieron casi un mes allí plantadas.
Oficialmente, los poderes públicos apuestan por reducir las plazas residenciales para dar más atención a domicilio. ¿Nos lo podemos creer?
Ese es el discurso, efectivamente. Dicen que tienen esa estrategia. En esa línea, dicen también que las residencias que van a construir serán más pequeñas para que los cuidados sean más personalizados. La realidad nos demuestra todo lo contrario. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay proyectadas una barbaridad de macrorresidencias. Ellos dicen que no, que tienen menos plazas, pero siguen siendo enormes. Al mismo tiempo, el SAD no se revaloriza. Las personas dependientes que consiguen acceder a él lo hacen por muy poco tiempo: dos horas, una hora, incluso media hora al día. Imagine lo que es eso. Hay compromisos, sí, pero no se están materializando.
En su libro nombra a Ferrovial como una de las grandes empresas que están haciendo negocio con el SAD. ¿Qué otras empresas hay que pujen por estos contratos públicos?
Hay varias compañías procedentes de la construcción. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, diversificaron sus intereses y se focalizaron en los cuidados porque era un sector que daba dinerito público. Se fijaron tanto en las residencias como en el SAD. Ahí tenemos a empresas que, con otros nombres, derivan de Ferrovial o de ACS. Y, por otro lado, tenemos a fondos de inversión. En este apartado destaca DomusVi, que actualmente es el principal operador privado de residencias en España.
¿Y eso qué implica?
Bueno, ya lo hemos visto en otros sectores, como el de la sanidad. El SAD nació con una vocación municipalista. Era un servicio que prestaban originalmente los ayuntamientos. A veces se usaban pequeñas empresas cooperativas o fundaciones u oenegés, entidades que no tenían un ánimo de lucro exacerbado. Pero la Ley de Dependencia [aprobada en 2006 por el gobierno de Zapatero] dejaba una pequeña ventana a la colaboración público-privada si los ayuntamientos o las comunidades autónomas no podían prestar ese servicio. Esta pequeña ventana se ha convertido, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en una puerta enorme abierta de par en par. Lo que se pensó como algo excepcional ahora es la norma.
Y eso, claro, afecta a las trabajadoras.
Por supuesto. El servicio se ha precarizado enormemente. Yo tengo documentados casos de trabajadoras que cobraban 1.800 euros y que ahora ganan 800. Cuando trabajaban para pequeñas cooperativas tenían sus locales, un lugar para reunirse y para contactar con la coordinadora. Si tenían algún problema, siempre había alguien con quien hablar. Ahora sólo tienen un número de teléfono, y no siempre está operativo. Están terriblemente expuestas.
Además, es un trabajo muy duro. Muchas acaban incapacitadas.
Sí, uno de sus principales problemas son las enfermedades laborales asociadas a los cuidados. Acuden a hogares en los que a menudo tienen que levantar a una persona que está inmovilizada y que no cuenta con una cama articulada. Levantarlas a pulso les provoca todo tipo de enfermedades musculoesqueléticas, incluida la rotura de vértebras. Hay otras relacionadas con la limpieza, como son la bursitis en el manguito rotador o la tendinitis. Estas dolencias no suelen estar reconocidas como enfermedades laborales. Cuando acuden al médico les dicen: «Es que estás mayor, estás ya muy cascada». O: «Te duele el codo porque te has caído». Pero no le reconocen el origen laboral de la dolencia. El listado de enfermedades laborales está muy masculinizado. Y las que están asociadas a trabajos muy feminizados no se las reconoce como enfermedades profesionales.
Las trabajadoras también aspiran a que su trabajo se reconozca como especialmente penoso y puedan acceder a la jubilación anticipada. ¿Avanza este tema?
Siguen luchando. En ese aspecto no han logrado muchos avances, pero sí en otros ámbitos. Por ejemplo, han luchado mucho por que se creara un reglamento de riesgos laborales. Hasta el día de hoy no existía, pero consiguieron un compromiso por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que se creara. Las mujeres acudían a los domicilios expuestas a todo tipo de riesgos. Ahora sus empleadores deben visitar estos hogares, hacer una valoración e intentar mitigar estos riesgos. Si no hay una cama adaptada, pues debe hacerse todo lo posible por conseguirla. O si la persona dependiente no cabe en una ducha, hay que plantear una reforma. La patronal del SAD ha recurrido este real decreto. Una de las excusas para negarse a cumplirlo es que el domicilio es inviolable y que no pueden acceder a él. Las trabajadoras dicen que igual que entra en casa el revisor de la luz o del gas, pues que también se entre para ver las condiciones en las que se realiza su trabajo. A día de hoy, ellas están trabajando en la más absoluta oscuridad de la inspección laboral.
Cuando se enfrentan a algún tipo de enfrentamiento violento o de acoso sexual, ¿las empresas tienen un protocolo para actuar? ¿Hay alguien que acuda en su auxilio?
No. De hecho, no pueden abandonar el domicilio. Lo único que tienen es un número de teléfono. Les dicen que salgan al descansillo y que llamen, pero unas veces responden a su llamada y otras no. La respuesta suele ser: «Vete de ahí y mañana mandamos a otra».
Tremendo.
Es tremendo, sí. Y es un tema muy importante porque los informes dicen que casi el 30% de las trabajadoras del SAD ha sufrido acoso sexual. El peor escenario se materializó el pasado verano: una trabajadora fue asesinada en O Porriño por el marido de la mujer a la que cuidaba.
No hablamos sólo de un trabajo especialmente penoso. También es peligroso.
Sí, lo tiene todo.
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de estas trabajadoras? Cuando uno lee sus testimonios, transmiten una gran dignidad.
Yo les tengo un enorme respeto. Creo que la tarea que realizan es esencial. Paradójicamente, son ellas las que permiten que la rueda del capitalismo siga girando, a pesar de estar en el último peldaño del escalafón. Su reconocimiento es paupérrimo, pero si ellas no estuvieran ahí para proporcionar cuidados, nadie podría ir a su destino laboral para producir. Tendrían que estar cuidando. Además, admiro profundamente su dignidad y su compromiso. Es un sector muy atomizado. Van de casa en casa y muchas de ellas ni se conocen entre sí. Y a pesar de todo, han conseguido sindicarse, unirse y luchar juntas. Piense que ya están en pie a las 7 de la mañana para llevar a los hijos al colegio, luego van a trabajar a varias casas, vuelven para hacer la comida, salen otra vez a trabajar, vuelven a su hogar para apañar a los niños y aun así, a las 8 de la tarde, tienen fuerzas para salir otra vez e ir a la reunión del sindicato. Me parece admirable.
Pamplona remunicipalizó el SAD con un alcalde de Bildu, pero luego, cuando UPN volvió al poder, intentó modificar aquello creando una empresa pública y contó con el apoyo del PSOE. ¿Tiene el PSOE una postura clara respecto al SAD?
Lo que tiene el PSOE es una postura clara sobre eso que llamamos «colaboración público-privada». Hay que recordar que el PSOE votó a favor de la ley 15/97, que facilita la externalización de los servicios sanitarios, la ley que hoy maldecimos por lo que hemos visto en el caso Torrejón. Y en su Ley de Dependencia deja la puerta abierta a que estos servicios se suministren por empresas privadas. La socialdemocracia apuesta por la «colaboración público-privada», lo que, sin eufemismos y en resumen, se puede entender por «privatización».
La ley habla de que el SAD lo proporcionarán entidades privadas cuando las instituciones públicas no puedan hacerse cargo. Pero Menorca o Pamplona sí pueden. ¿Por qué otros municipios no? No tiene mucho sentido…
Yo creo que se trata de una forma de camuflaje. Hablas de excepcionalidad, pero en realidad lo que estás diciendo es que es una posibilidad. Y que a veces es la posibilidad más ventajosa.
En el libro usted recoge que el gasto medio por usuario ha pasado de 8.000 euros en 2010 a menos de 6.000 en 2024. A simple vista, uno podría pensar que no es un gran negocio. ¿Por qué tantas empresas pelean por él?
Porque es un negocio que espera crecer exponencialmente en los próximos años. Además, ahora hay una corriente que defiende que los cuidados deben realizarse en casa, por lo que se prevé que cada vez haya más dinero. Lo que tenemos que mirar es cómo se va a gestionar y que esos recursos vayan finalmente a las trabajadoras y a los usuarios, y que no haya intermediarios, que son las grandes empresas, que se apropien del pastel.
Si va a crecer tanto, se necesitarán más personas dedicadas a dar este servicio, ¿no? ¿Cuál es el perfil de estas trabajadoras? ¿Hay mujeres jóvenes entrando a trabajar en el sector?
Pues no. El SAD recae ahora mismo sobre los hombros de mujeres de entre 40 y 50 años. Hay módulos de grado medio que están en alza, son muy demandados. Sabemos que la vejez es un nicho de mercado y de empleo, pero si no mejoran las condiciones laborales, el relevo generacional va a ser materialmente imposible.
El corazón de este libro está en las experiencias de las propias trabajadoras. Todos sus testimonios son muy esclarecedores, pero hay uno que me ha llamado la atención especialmente, el de Montse Burriera, de Madrid. En él cuenta que cada día anota tres cosas buenas que le han pasado con los usuarios. Y son cosas muy pequeñas. Lo ha titulado «Acciones silenciosas que sostienen el mundo».
Sí, Montse estaba en aquel programa de televisión en el que nació la idea de este libro. Nos contó que ella tenía «algo escrito» y que lo quería publicar de alguna manera. Luego resultó que muchas otras habían hecho lo mismo, pero ella fue la que dio el primer paso.
Aparte de sus dificultades laborales, esos relatos hablan de la conexión emocional que tienen estas mujeres con las personas a las que cuidan. No se trata sólo de «te lavo, te cocino, te peino y me voy». Hay mucho más.
Muchísimo más. A mí me impresiona mucho la historia de una mujer mayor que, cuando la trabajadora llega por primera vez a su hogar, le dice: «No hagas nada. Siéntate aquí conmigo y mírame. Hace 15 días que no me mira nadie». Eso, francamente, te parte el alma. Estamos viviendo una crisis de soledad. En este país hay muchísimas personas que están envejeciendo solas y en unas condiciones muy poco dignas. Hay otro testimonio que cuenta la historia de una mujer que se ha pasado tres días sola sentada en una silla, sin cambiar de postura y sin que nadie le cambie el pañal. Eso está sucediendo hoy en día.
Qué menos que pedirle al estado del bienestar que solucione eso.
¡Claro! ¡Qué menos! Una de las cosas que me gusta contar en las presentaciones, y que es básico que se nos meta en la cabeza, es que los cuidados son un servicio público. Igual que salimos a la calle a defender la educación y la sanidad, tenemos que salir para pedir unos cuidados dignos, robustos y públicos. No depositemos esa responsabilidad en empresas privadas.
Esta entrevista se publicó originalmente en ‘Crític’. Puedes leerla íntegra en catalán aquí.
El mítico «una cosa, queridas», de la comunicadora Alba Riera (Barcelona, 1991), ya se ha convertido en una de las cuñas más reconocibles del ecosistema mediático de Cataluña. Así arranca cada semana La Turra, de 3Cat. De pequeña, Riera se fijaba en Mari Pau Huguet y soñaba con presentar su propio programa, pero fue con el boom de los pódcasts cuando empezó a abrirse camino en el mundo de la comunicación. Hoy lidera uno de los programas en catalán más escuchados en Spotify. Con ella hablamos de periodismo, de neutralidad e ideología, de las críticas a los medios públicos y de los retos que tiene por delante la profesión.
¿De dónde sale Alba Riera?
Mi familia de parte de padre es del Poblenou de toda la vida, y la de parte de madre venía de Murcia y de Andalucía. Esto me haría charnega, supongo. He vivido la mitad de mi vida en la Sagrada Família y, desde los 14 años, en el Poblenou. Son barrios a los cuales siempre he estado muy vinculada, porque soy de una generación en la que no existía Internet, y creo que esto nos ofrecía mucha más posibilidad de hacer red. Tener las raíces tan ligadas al barrio, a los amigos, a la familia, me ha convertido en una persona muy nostálgica. Idealizo mucho el pasado y muy poco el futuro.
¿La etiqueta ‘charnega’ te interpela?
Entiendo que existiera, pero actualmente dudo que tenga mucho sentido. Hicimos un episodio en La Turra que precisamente era sobre el charneguismo y buscamos a personas que pensaban de manera parecida, porque no queríamos polarizar todavía más las opiniones. Y, aun así, en este punto –que al final es el de la identidad– todavía se generaba conflicto. Yo creo que es un tema muy emocional, que despierta mucha pasión, y por eso fue un episodio que llevó muchísima polémica.
¿Por qué crees que todavía despierta pasiones?
A mí me es muy difícil separar el concepto charnego de un marco identitario nacional. Si hubiéramos polarizado todavía más las opiniones, habría sido muy fácil caer en una cosa reduccionista del tipo “Catalunya contra España”. Y yo creo que tampoco va de esto. Pero sí que me genera un poco de escozor el hecho de que, cuando se habla de charneguismo, gente que se siente charnega no acepte la cuestión de la identidad nacional.
Hablemos de tu familia paterna. Tú eres hija de Carles Riera, que fue diputado de la CUP en el Parlamento de Catalunya. ¿Te ha condicionado de alguna forma el hecho de que tu padre fuera conocido por su vinculación a este partido?
El tipo de contenido que hago claramente viene dado porque vengo de un contexto familiar donde ha habido ciertos temas de los que se ha hablado siempre, y quizás sí que he tenido una aproximación cultural y política determinadas por este hecho. Pero esto le pasa a todo el mundo. En mi caso, ser hija de Carles Riera, teniendo en cuenta el Procés y la implicación que él tuvo en esta etapa de Catalunya, como mucho puede haber hecho que mi nombre llamara más la atención en algunos contextos muy concretos. Aun así, tener un padre político –además, en un partido que no está en el poder– también puede comportar cosas negativas. Al final, todos tenemos una ideología, y dedicarse al periodismo dejando esto aparte, para mí, es imposible. Entonces, creo que la gente ya presupone dónde me sitúo yo políticamente a partir del trabajo de mi padre. Dependiendo del momento político, no sé si esto me suma o me puede restar.
Estudiaste Psicología, pero en un momento determinado diste el salto a la comunicación. ¿Cómo fue este proceso?
El periodismo y la comunicación siempre me han gustado mucho. De pequeña jugaba a ser presentadora, porque me encantaban Mari Pau Huguet y Julia Otero: yo quería ser ellas. En la escuela pedía presentar los actos, en plan los Juegos Florales. Y en la universidad me ofrecía para hacer las presentaciones orales de los trabajos, que era una cosa que nadie quería hacer. Todo el mundo tenía claro que estudiaría Periodismo, pero murió mi madre, y eso fue un trago muy heavy. Entré en un estado de tristeza muy profunda. Existe el tópico según el cual la gente que estudia Psicología es gente que tiene problemas, y claramente no es cierto. Pero, en mi caso, fue así. Con el tiempo, recuerdo despertarme de aquella fase, empezar a estar mejor y preguntarme: “¿Qué cojones hago aquí?”
Pero acabaste la carrera.
Evidentemente, porque somos de aquella generación que, si empiezas una carrera, la acabas. Pero, paralelamente, me busqué la vida: hice un posgrado de Comunicación e Industrias Creativas y también cursos y másteres de radio y televisión. Y a partir de aquí, con cero síndrome de la impostora, empecé a invitarme a todas las fiestas y a escribir a gente que tampoco conocía mucho. Ahora lo miro con distancia y pienso quién coño me creía que era, pero es que tenía súper claro que aquel era mi camino, y lo hice desde la inocencia, el desconocimiento del sector y, por lo tanto, sin apriorismos.
Era el momento del boom de los podcasts.
Yo vi en este formato una cosa que no detectaba en los medios convencionales: que a las presentadoras no les daba miedo tener un discurso propio y marcar mucho las líneas editoriales. Creo que esto es lo que nos hizo un poco reconocidas a algunas. Después, pasó una cosa que a mí me parece paradójica: cuando te proponían otros trabajos fuera de la burbuja del podcast, lo hacían para beneficiarse de la audiencia que habías conseguido. Pero, al mismo tiempo, al aceptarlas, tenías que rebajar tu discurso político, tu ideología. ¡Hombre, pero es que entonces perdemos nuestro público!
Neutralizar no tiene ningún tipo de gracia. Además, tal como está el patio, creo que utilizar la palabra “neutralidad” es peligroso. A mí me parece muy difícil explicar el mundo sin una implicación emocional e ideológica. De hecho, es imposible; todo el mundo tiene una ideología, a pesar de que solo se señale una muy concreta.
En este sentido, el periodista Jesús Rodríguez dice que no hay mayor activista, en el ámbito de los medios, que el conde de Godó.
Efectivamente. Pero es que, además, tú puedes tener una ideología muy marcada y, a la vez, como periodista, saber defender un debate donde es enriquecedor que haya personas que piensen diferente y que puedan discutir. Esta es la apuesta de La Turra. Veníamos de un momento en que, sobre todo por parte de las izquierdas, había un poco la sensación de “no me interesa hablar con alguien que piense diferente”. Creo que es un error. También, trabajando en un medio público, creo que tengo la responsabilidad de que el programa que hacemos sea tan representativo como sea posible de la realidad. Y esto vale para las personas, pero también para los temas. No nos tiene que dar miedo abrirnos en ciertos debates, los cuales, además, muchas veces, sirven para reafirmarnos.
¿Qué análisis haces de la situación en que se encuentra el sector ahora mismo?
Hay una parte del periodismo que es muy vocacional, y esto es una putada, porque entras con unas expectativas y la realidad es la de un sector muy precario, con pocas oportunidades, mucha temporalidad, muchos autónomos y un largo etcétera. Y está también el tema de los creadores de contenido y de los influencers…
Andrea Gumes y Anna Pacheco decían en una entrevista en CRÍTIC que, para tener espacio en los medios tradicionales, a veces, la vía más fácil es hacerse influencer.
Creo que no hemos conseguido encontrar un equilibrio en esto. Hay gente que sale de las redes que es buenísima comunicadora y que claramente se tiene que dedicar a ello, pero una cosa es hacer contenido y otra es saber hacer un guion, hacer reportajes, presentar un programa y defender el método periodístico. Hay muchos programas que se están pensando para influencers, y esto resta pasta y oportunidades a periodistas y a otros tipos de formatos. Tengo dudas de que el camino que tengan que seguir los medios sea, por un lado, apostar por caras muy conocidas, porque pueden ser un reclamo; y por otro, que los nuevos perfiles sean solo personas que salen de las redes sociales.
Tú llegaste a 3Cat en un momento en que se anunció la voluntad de “despolitizar una parte de la parrilla“. ¿Qué te parece esto?
Yo creo que es insostenible a largo plazo. Quizás respondía a un contexto político concreto, pero a mí me da la sensación de que ahora, precisamente, tenemos la necesidad de contenidos reflexivos que salgan de las lógicas rápidas de los reels. El mundo se está cayendo a trozos, estamos en un punto tan crítico que lo que necesitamos es pensar un poco, y siento que se darán cuenta de que despolitizar los medios públicos es un error. A muchos entes les dan miedo los escenarios que vienen, y yo confío en que, ante el miedo, en lugar de la anestesia, se genere una reacción de fuego. Y esto pasa por pedir contenidos atrevidos.
También hay una crítica a los medios públicos, que es esta supuesta tendencia hacia la españolización. ¿Hasta qué punto crees que es real?
Mira, cuando en La Turra hicimos el episodio sobre la catalanofobia, hubo una polémica con el título del capítulo. Veníamos de un verano marcado por el sketch de Esas Latinas y la heladería argentina, y la pregunta que nos planteábamos era si el catalán era discriminatorio. Está claro que no puede serlo, en cuanto lengua discriminada. De hecho, uno de los pilares del programa es la defensa de la lengua y la cultura catalanas, que están minorizadas y oprimidas. Lo que hacíamos era recoger una pregunta que alguna gente se planteaba y que había motivado muchos artículos aquellos meses. Estoy de acuerdo en que no estuvimos acertadas con el título; pero, para mí, la reacción que hubo evidenciaba un malestar real que, en aquel momento, personificamos nosotras. La gente está muy preocupada y muy encendida con este tema, y si esto está pasando, debe de ser por algún motivo. La situación del catalán es crítica, está en peligro y no hay una sensación de defensa por parte de las instituciones. Si, además, alguna gente percibe que los medios públicos cada vez son más laxos con esta situación, es normal que esto genere un cóctel Molotov.
¿Cuál dirías que ha sido La Turra más complicada de hacer?
Te diré la que a mí me dio más miedo, la que fue más complicada y la que ha sido más dura. La que a mí me dio más miedo hacer fue la de las masculinidades, porque tenía dudas sobre si se tenía que hacer. Aquí el equipo fue muy importante: nos animamos mucho las unas a las otras para perder el miedo a confrontarnos con personas que piensan diferente. Es cierto que chirriaba un poco ver una mesa de cuatro pavos más una entrevista a un quinto, pero sí que creo que en el feminismo existe esa incomodidad de decir: “Vosotros, chavales, ¿qué esperáis? Espabilaos un poco”. Necesito entender qué les pasa por la cabeza y por qué, a pesar de que cada vez hay más tíos supuestamente aliados, nos seguimos sintiendo solas. Por qué, ante los casos de acoso, hay un silencio absoluto por parte de nuestros compañeros hombres. Yo sabía que la imagen era impactante, que podía ser cuestionable y que es muy lícita la pregunta de si tenemos que dar más micros a los hombres. Pero al final pensamos que, si alguien podía tratar este tema, era La Turra, y que, además, podía hacerlo bien.
¿Y cuál ha sido la más complicada y la más dura?
La más dura iba sobre Palestina. En este caso, no había debate: lo que está viviendo la población palestina es un genocidio. Fue el episodio que teníamos que hacer con más urgencia y el que me generó más impotencia, porque fui muy consciente de los límites que tenemos como periodistas. Tenemos que hablar, pero poca cosa más podemos hacer. Y el más difícil fue el de las clases sociales. Fue la primera vez que yo, como presentadora, tuve que moderar una mesa que se exaltó. Hubo una persona que atacó verbalmente a otra, y yo tuve que controlar aquella situación. A partir de ahí hubo un antes y un después en La Turra, pero también por mí, porque perdí el miedo a que esto pudiera pasar.
¿Cómo llevas las críticas?
Sobre todo Alba Muñoz [coordinadora de contenidos de La Turra] me ha ayudado a entender que forman parte de nuestro trabajo y que son buenas. Si nosotros hacemos un programa para generar debate, lo que yo no puedo hacer después es enfadarme cuando esto pasa. Es contradictorio. Además, si no recibiéramos críticas, querría decir que estamos haciendo cosas despolitizadas y neutrales. Pero al principio las llevaba fatal. También soy muy autoexigente y, cuando eres así, una crítica te puede destrozar. La polémica con el titular de la catalanofobia, por ejemplo, en otro momento a mí me habría hundido. En La Turra, he tenido mucho el síndrome de la impostora, porque empecé de la mano de Andrea [Gumes], a quien admiro muchísimo profesionalmente. Ir con ella era perfecto, porque sentía menos presión a la hora de demostrar que yo podía defender aquel programa. Hacerlo sola también me ha ido muy bien para autodemostrarme que soy capaz. Es extraño, porque empecé en el mundo de la comunicación teniendo cero síndrome de la impostora y siendo la más chula; pero, cuando estás, te das cuenta de la responsabilidad que representa tener un micro, que quiere decir tener poder. Por lo tanto, tenía que estar a la altura. Y hay críticas muy necesarias, que se tienen que escuchar. También he aprendido a discernir cuándo son una escopinada y cuándo tienen sentido.
Decías en una entrevista en El País que es importante “ofrecer un espacio que no tiene miedo de mostrar opiniones contrarias, pero esto no quiere decir que no tengamos líneas rojas”. ¿Cuáles son las líneas rojas de La Turra?
Me haces la pregunta en un muy buen momento. Nuestras líneas rojas son los fascistas y la extrema derecha, es decir, los representantes de esta ideología. Ahora bien, creo que hay una realidad, que es el interés de los jóvenes respecto a este fenómeno. Las izquierdas tienen que hacer autocrítica, porque en muchos temas que son de urgencia social, como la vivienda, el feminismo, la crisis climática y un largo etcétera, estamos fracasando. Nos hemos fragmentado y diluido en muchos subtemas, como si tenemos que comer huevos de gallina, que nos han despistado un poco del foco, del que era urgente defender. El resultado es que hay gente que se consideraba de izquierdas, pero que está comprando el marco de la derecha y la extrema derecha. Desde La Turra, empezamos a preguntarnos si quizás tenemos que dejar de hacer ver que esto no está pasando y plantear un debate al cual vengan estos perfiles para entender por qué están haciendo este proceso. Evidentemente, tendría que haber una confrontación con la gente joven que sigue convencida de que la izquierda es el camino.
¿Y no se puede abordar esta cuestión sin llevar estos perfiles?
Estamos en entredicho todo el rato. No es nada que hayamos decidido. Pensamos que, potencialmente, podría servir para reafirmarnos en las otras posturas. A mí me encantaría ver a alguien que, desde la izquierda, le diga a un futuro fascista al que le han comido la cabeza que ha caído de bruces. Y querría ver que tú, como espectadora, pensaras: “pues sí, es un pringao”. Pero no sé si esto es lo que pasaría, y creo que hacer este debate implica asumir un riesgo grande. Lo que tengo muy claro es que, como periodistas, tenemos que ser muy responsables con la manera en que lo tratamos, pero lo tenemos que tratar. Con mucha responsabilidad, pero también con mucha decisión y con mucho fuego. Antes, cuando hablábamos de las izquierdas, además de habernos perdido en subdiscursos, pienso que también ha faltado garra, primera línea y calle.
El guionista y humorista Marc Sarrats dice que a la izquierda le falta chusma.
Nos falta 100%. Nos falta más mala hostia y nos sobra cobardía. Tenemos que tener mucho menos miedo. Necesitamos gente que entienda las lógicas de Internet y que no se esté por hostias. Todo se tiene que enmarcar en el contexto político, y ahora mismo nos hace falta determinación, gritar, levantarnos. Con la crisis de la vivienda, lo que tienen que decir las izquierdas es que todo el mundo a la calle hasta que bajen los alquileres. Estas tienen que ser las consignas de los políticos ahora mismo, para mí. La izquierda necesita mala hostia, chusma –como dice Marc– y nervio.
Hace unos días murió el famoso arquitecto Frank Gehry, premio Pritzker y autor, entre otros, del Museo Guggenheim de Bilbao. Su lamentable desaparición podría suponer una oportunidad para reflexionar sobre los efectos que dicho equipamiento generó y el papel que las ciudades en el capitalismo contemporáneo juegan en nuestras sociedades. Sí, porque caminar por una ciudad ya no significa simplemente desplazarse de un punto a otro: significa atravesar espacios concebidos por urbanistas y administraciones públicas en aras de ser mercantilizados, capas de promesas, marketing urbano y disputas de sentido y clase, en definitiva, una especie de pasaje contemporáneo de un tratado sobre la espectacularización del espacio público. Desde la academia se ha denominado a este tipo de intervenciones efecto Guggenheim; un efecto que transformó un espacio basura en un ornamento urbano, aunque sin preguntar para quién, y a cambio de qué.
Porque la ciudad, en el fondo, no es solo un conjunto de calles y edificios: la ciudad es el depositario de la sociedad urbana, de lo urbano, que denominara Henri Lefebvre, un conjunto complejo de memorias compartidas e intereses enfrentados. Cuando ese conjunto se rompe, cuando los museos —templos del turismo cultural— se elevan como tótems en medio de barrios que alguna vez fueron hogares o antiguos espacios industriales —no escenografías—, lo que se produce es una traición a la ciudad. La gran obra no ilumina, seduce: promete transformación, verticalidad, globalidad, pero también distancia social. Es una promesa dirigida a quienes tienen poder adquisitivo, a esos turistas que cruzan fronteras sin pisar vulnerabilidad; a las clases medias.
Detrás de esas obras de arquitectura icónica, auténticos contenedores culturales, hay siempre un cálculo político. Porque una obra faraónica —ya sea un museo de renombre internacional, una torre vanguardista o una intervención arquitectónica de efecto mediático— no solo ordena ladrillos, sino que reconfigura mercados, revaloriza suelo, atrae inversiones y legitima privilegios estéticos y simbólicos. La ciudad deviene mercancía, y la arquitectura colabora con el escaparate urbano.
Esta lógica invita a abrir los ojos: no hablamos de una simple renovación urbanística, sino de una transformación profunda del sentido mismo de lo que consideramos urbano. Los barrios ya no son lo que eran; se convierten en escenarios pensados para consumir: consumir identidad, consumir experiencias, consumir asfalto convertido en nostalgia editable. Los viejos vecinos se esfuman. Llegan visitantes de paso. La ciudad espectáculo avanza y la memoria colectiva se erosiona.
Y mientras tanto, se inicia un nuevo ciclo de expulsiones: precios de alquiler que suben, comercios de proximidad que cierran, rituales cotidianos que desaparecen. Lo que antes era cotidianidad se disuelve en la bruma del turismo sofisticado y la gentrificación urbana. Porque lo que vale ya no es el uso, sino la apariencia; no la comunidad, sino la postal.
Alguien podría decir que estos proyectos traen prestigio y dinamismo. Pero la pregunta persiste: ¿para quién se produce ese prestigio? ¿Para la ciudad real o para la ciudad mercancía? Numerosos estudios han demostrado que esta transformación no es casual, sino parte de un modelo de urbanismo neoliberal que convierte la ciudad en vehículo de acumulación simbólica y rentista.
El fallecimiento de Gehry invita a recuperar una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Una ciudad pensada para el turismo y el capital o una ciudad como espacio de vida? Porque cuando la arquitectura solo quiere atraer visitantes, acaba expulsando vecinos. Y cuando se vacía el derecho a la ciudad, lo que se pierde no es solo el barrio, sino la posibilidad misma de habitarlo.
