La Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia han llegado a un pacto para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España. El acuerdo llega después de años de negociaciones en los que la jerarquía eclesiástica insistió en manejar los casos de pederastia desde dentro, a través de un método propio (el llamado ‘Priva’, Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso) que no ha satisfecho a muchos demandantes que no podían acudir a la justicia ordinaria por haber prescrito los delitos. Tras el convenio firmado hoy, las indemnizaciones se pagarán bajo la supervisión del Estado. «Todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia. El Estado no abonará ni un céntimo», recalcó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El procedimiento acordado implica a la Iglesia, el Gobierno y la oficina del Defensor del Pueblo para valorar los casos y la cuantía que deben recibir las víctimas. En caso de que no haya un acuerdo, prevalecerá el dictamen del Defensor del Pueblo, que es quien en principio elaborará las propuestas de reparación. Las reclamaciones se tramitarán a través del Ministerio de Justicia. Las personas afectadas podrán hacerlas a título individual o por medio de las asociaciones de víctimas.
Según explicó el ministro Bolaños, era necesaria «una reparación justa» de estos delitos, que por sus características eran muy difíciles de abordar por la vía judicial: muchos de ellos ocurrieron hace décadas y estaban prescritos, los delincuentes sexuales habían fallecido o eran muy mayores, las víctimas sólo contaban con su testimonio como prueba y los abusos no sólo no se investigaron en su momento, sino que se ocultaron.
También fue complicada la relación con la Iglesia para llegar a este acuerdo, una negociación que el ministro ha calificado de «compleja, ardua, dura, larga». Los obispos llevaban tres años negándose a reconocer y reparar unos delitos considerados a menudo, desde su punto de vista, como meros «pecados», y ajenos por tanto a la jurisdicción secular. Según explicó Bolaños, la labor del Vaticano ha sido fundamental para desencallar las conversaciones cuando éstas llegaban a un punto muerto.
Finalmente, el clero se ha avenido a un acuerdo que lleva la firma de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal; de Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, y del ministro de Justicia. «Hoy saldamos una deuda histórica, moral, que teníamos con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica», declaró Bolaños.
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