Tras varios años de lucha impulsada, desde el año 2020, por el movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista Regularización Ya, el Gobierno ha aprobado esta semana el inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España. Aquel año, la Fundación porCausa, que ha estado también entre las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se llevó al Congreso, elaboró una radiografía de esta situación: a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000 personas.
Esta horquilla, según el informe, supone entre el 11% y el 13% de los inmigrantes extracomunitarios y alrededor del 0,8% de la población total que reside en España. Uno de cada dos trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea. Y los sectores principales son el de limpieza y asistencia (40%); la minería y construcción (20%); y los cuidados personales (12%).
“Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España”, afirma la directora general de porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón. Entre sus investigaciones, la fundación ha puesto el foco principalmente en la industria del control migratorio.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha calificado como “histórico”. ¿Por qué es un acuerdo histórico?
Bueno, primero, no es un acuerdo. Es una decisión histórica. O, más bien, un proceso. Un proceso histórico. Y es histórico porque este Gobierno quería regularizar desde que llegó en el año 2020. Nosotros lo sabemos porque estuvimos con el gabinete del ministro de aquel entonces, José Luis Escrivá, justo cuando se acababa de hacer la investidura. Y, desde el principio, Escrivá sabía que necesitaba hacer un cambio en la estructura de la ley, de la legislación que rodeaba a extranjería, para mantener la parte económica de nuestro país. Es decir, no ya por una cuestión de derechos humanos, sino porque necesitaba cuadrar la entrada de fuerza migrante tanto económica como laboral para sostener el sistema. Lo tenía clarísimo.
Pero han transcurrido seis años desde entonces. ¿Qué pasó en todo este tiempo?
Pasó, en primer lugar, que llegó el COVID. Esto genera una distorsión en la voluntad y también es verdad que había miedo. El equipo que trabajaba con Escrivá era muy consciente de que era un problema narrativo plantear la regularización. Pero, curiosamente, también pasó con el COVID que esa especie de cosa abstracta que era la regularización extraordinaria se convirtió y resurgió como una idea indispensable para la gente que no estaba implicada en el espacio de gobierno.
«La situación de la gente sin papeles cuando empezó el COVID era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’».
Portugal e Italia, durante la pandemia, hicieron dos regularizaciones muy amplias, parciales pero muy amplias y extraordinarias. Y, claro, las personas migrantes vieron de repente que se encontraban trabajando en sectores esenciales con miedo a estar en la calle y que les pasara algo porque no tenían papeles, pero tenían que ir a trabajar a las residencias y a los supermercados. Hay familias que se quedaron encerradas, sin trabajo, en un piso… Es decir, la situación de la gente sin papeles en aquel momento era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’.
¿Qué fue lo siguiente?
Desde PorCausa nos dimos cuenta de que el Gobierno no tenía datos suficientes para poder llevar a cabo la regularización o justificarla. Entonces lo que hicimos fue una investigación in extremis urgente para saber de qué estábamos hablando cuando hablábamos de regularización, de qué tipo de personas y en qué situaciones se encontraban, qué tipos de trabajos tenían y demás. Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España.
Pero el proceso se para. ¿Por qué?
Hay muchos supuestos. Pero el hecho es que el proceso se bloquea no porque la sociedad española no lo quiera, sino porque ahí creo que el tema de los fondos europeos debió de jugar un rol importante. Pero el movimiento que pide que la regularización se lleve a cabo no se para. Y creo que eso es lo que es histórico. Porque esas personas migrantes que estaban en unas condiciones de una precariedad legal y económica bastante elevadas siguen alzando la voz y siguen autorrepresentándose cuando tienen riesgo de ser detenidas, hasta el punto de que inspiran todo lo demás, inspiran el movimiento de una población, de una sociedad civil nacional que, impresionada, les sigue. Y creo que eso es lo más bonito que ha pasado.
La noticia ha traspasado fronteras, de hecho. Este miércoles la recogía, por ejemplo, The New York Times.
Sí, es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente con todo lo que está sucediendo. Porque es una muestra de generosidad por todas las partes, empezando por los movimientos de lucha, que también han aceptado ayuda y han dejado participar a un montón de gente. Además, hay que tener en cuenta que crear debates es muy complicado cuando la gente está trabajando y tiene precariedad. Es difícil poder quedar con ellas para organizarse.
«El proceso de regularización es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE».
Aun así se logró, y la recogida de firmas para la ILP ha hecho que todas las personas que estuvieron involucradas se sientan parte del éxito de la regularización actualmente: si firmaron 700.000 personas, ¿cuántas habría involucradas? Unas 200.000. Es que es una barbaridad, fue una movilización increíble. Y, además, durante todos estos años se ha ido consolidando la narrativa de que la regularización es indispensable, a pesar del ruido. Hubo una respuesta contundente de ‘esto hay que hacerlo, esto está muy bien y esto es lo correcto’.
La Conferencia Episcopal la ha apoyado y celebrado. Y el PP, que apoyó la tramitación, ahora dice que la denunciará en Europa.
La Conferencia Episcopal era una de las asociaciones de la ILP. Y el PP votó a favor de la tramitación presionado por la Conferencia Episcopal o, si no, por Cáritas. En cualquier caso, Feijóo no tiene ninguna posibilidad tal y como está planteada la regularización. Se ha reformulado el texto original con el que se hizo la regularización en el año 2005, con el gobierno de Zapatero. Y eso era y es constitucional. Porque, además, para presentar una ILP, primero tienes que pasar por todos los tribunales nacionales.
«Lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto, porque sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que irá a Europa».
Por eso Feijóo sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que va a Europa. Y, por otra parte, el Pacto europeo no contempla quitar la soberanía para la regularización. Lo que sí impediría es regularizar a gente que no está ahora, o sea, que no está dentro del marco, gente que entra nueva al país. Por tanto, lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto. Y lo que está haciendo Vox es mentir.
El PP, además, ha hecho varias regularizaciones.
Sí, y de hecho esta es la regularización que Fátima Báñez no hizo. Rajoy estuvo dos legislaturas y él ya sabía que tenía que regularizar. Porque si tú tienes una ley que permite la entrada pero no permite la regularización de la gente cuando viene a trabajar, entonces la irregularidad se acumula y tienes que cambiar la ley para que todas las personas que vengan puedan venir con papeles. Porque el problema es que en España hay trabajo y lo que no hay es la posibilidad de obtener los papeles. Tú ahora no puedes prescindir de ese medio millón de personas. Aparte de que en ese medio millón hay más de 100.000 niños, que esa es otra.
Es también un triunfo en mitad del contexto de discursos de odio en el que estamos inmersos, ¿no?
Yo creo que es un paso adelante en un momento, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE. Hay una rama de demócratas socialistas que lo que está pidiendo es democracia y sistemas justos y equitativos. Y creo que hay una demanda social absoluta para que esto sea así. Por eso ha sido una buena noticia para muchísimas personas en muchísimas partes del mundo.
En La Marea acabamos de publicar un dossier sobre la ultraderechización del voto y una clave que aportan los especialistas es el factor inmigración.
Hay un estudio muy interesante que muestra cómo perciben las personas en España la migración. Y hay una parte que indica que para todas las personas, sean del género que sean, voten al partido que voten, su prioridad a la hora de enfrentarse con la migración es el orden y que las personas participen dentro del sistema productivo. En ese sentido, creo que la regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Lo que pasa es que Vox quiere que no lo alimente. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión.
«La regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión».
¿Afectará, será un golpe esta regularización a la industria del control migratorio, investigada también en PorCausa?
Ojalá, pero no. Estaría muy bien, pero no. La industria se va a seguir blindando porque, en realidad, el Gobierno español juega con la doble narrativa del ‘te cierro la frontera y no te está entrando nadie por África, pero entonces yo regularizo a la gente porque tal y porque cual’. Son dos relatos que coexisten.
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