El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad «de vivir con igualdad de derechos», así como responder a «una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía», según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La medida –ha añadido Saiz– ha sido «largamente trabajada y dialogada» y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.

Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. «Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», ha defendido la ministra.

Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, «lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema», según ha sostenido Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.

La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. «Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica«, ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.

La portavoz del Gobierno ha recordado que «gobiernos de distintos colores» han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado».

La entrada El Gobierno inicia el proceso de regularización de personas migrantes se publicó primero en lamarea.com.

España es un Estado aconfesional. Así lo dice la Constitución aprobada en 1978. Sin embargo, la religión continúa teniendo un gran peso en los grupos de decisión política y económicos del país, sobre todo la Iglesia católica. Para luchar por la laicidad del Estado nació en 2001 Europa Laica, desde donde un cuarto de siglo después continúan observando cómo hay aspectos que no responden a esa presumible aconfesionalidad. 

En su 25 aniversario, el presidente de la entidad, José Antonio Naz (Almodóvar del Río, Córdoba, 1954), repasa la actualidad política, social y cultural del país. La conversación pivota desde los avances tenues por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez en torno a la laicidad a los conciertos de Hakuna o el último disco de Rosalía, pasando por el concordato con el Vaticano, los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, la red “cristoneofascista” mundial y la espiritualidad en los jóvenes. 

Llevamos casi ocho años de Gobierno progresista, incluso “socialcomunista” según algunos de sus detractores. ¿Se ha avanzado algo en este tiempo hacia la laicidad del Estado?

La nueva junta de Europa Laica, constituida en mayo del año pasado, precisamente partía de un análisis de la situación del momento. Llegamos a la conclusión de que este gobierno mucho hablar, pero poco hacer. En la legislatura de 2019 al menos estaba el compromiso de revisar el concordato con el Vaticano o impulsar una ley de conciencia. También hablaron de llevar a cabo una restitución completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia sin certificación oficial alguna, pero al final no realizaron un decreto ley que invalidara la norma aprobada por Aznar, así que cada particular o institución afectada tiene que ir a litigar a los tribunales.

En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable. Cuando tenemos conversaciones con los responsables políticos parece que estamos de acuerdo con el planteamiento, pero hay algo, no sabemos muy bien el qué, que hace que luego no se traduzca en legislación.

«En el actual Gobierno directamente ya no aparece nada relativo a la laicidad. Es algo bastante lamentable».

¿Qué aspectos positivos han tenido los ejecutivos presididos por Pedro Sánchez?

Reconocemos que sí se han dado algunos avances más ligados a los derechos individuales y aspectos morales. Más allá de que ya se plantearan bajo gobiernos socialistas la ley del aborto o del matrimonio igualitario, nos alegramos de la ley de eutanasia. El problema está en el desarrollo de estas leyes, sobre todo cuando hay Administraciones autonómicas que rechazan aplicarlas en sus territorios.

¿En qué se puede ver la ligazón Iglesia-Estado a día de hoy?

Se ve muy claro con un ejemplo. El primer funeral en recuerdo a las víctimas de la dana de València fue religioso, y ahí estaban prácticamente todos los representantes públicos del Estado, desde el rey hasta alcaldes. Luego es cierto que hubo otro funeral civil. Digamos que hay un conocimiento moral y lógico de que la Iglesia debería estar separada del Estado, pero luego es incapaz de alejarse de hábitos y tradiciones que directamente beben del nacional-catolicismo franquista.

¿Cómo valoráis las conversaciones del Gobierno con el Vaticano? ¿Y la continuidad del concordato?

El concordato es una aberración, un total anacronismo, algo injustificado e injustificable. De nuevo, reproducimos en democracia unos acuerdos franquistas. Que gobiernos de sociedades modernas tengan que ir a buscar la aprobación de un jefe espiritual como el papa solo significa que sigue existiendo una subordinación y dependencia hacia él.

«Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país».

Se habla mucho de las conversaciones que terminaron con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Ni la gran cruz, símbolo cristiano por excelencia y también de represión y genocidio español, va a desaparecer, ni los benedictinos van a abandonar la basílica. Pensamos que cuando Carmen Calvo visitó el Vaticano para tratar este tema, a cambio ofreció dar carpetazo al tema de las inmatriculaciones. Es como si siguiéramos en la época absolutista, donde el papa, como guía espiritual, tuviera poder para decidir en la política de un país.

Ahora que habla de poder, la Iglesia católica sigue teniendo una gran autoridad en los grupos de decisión política y económica en España. ¿Qué se podría hacer para reducir ese poder?

Vivimos en una sociedad totalmente secularizada y seguimos manteniendo un Estado y una Administración como si estuviéramos en el nacional-catolicismo, y eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay muchos jueces ligados al Opus Dei. Incluso el PSOE tiene una corriente cristiana entre sus filas.

Nosotros creemos que el mayor poder que tiene la Iglesia proviene del propio Estado. Eso se ve claramente con los servicios sociales. Un servicio público se externaliza en gran medida a órdenes religiosas para que lleven a cabo su negocio de la caridad. Gracias a las subvenciones estatales, ellas hacen una labor increíble de propaganda. También pasa en la educación. Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema. Que aquí cada uno crea en lo que quiera, pero que los demás no tengamos que pagar sus creencias.

«Mantener los conciertos con escuelas religiosas no son ideas propias de un estado democrático. Acabar con toda esa financiación es una forma de acabar con el problema».

La Iglesia ha aceptado la responsabilidad que ha tenido como institución no solo en los casos de abusos sexuales a menores durante años, sino también en su ocultación. ¿Es suficiente? ¿El Estado debería seguir teniendo relaciones con una institución así?

La Conferencia Episcopal Española ha sido y sigue siendo una de las más reacias en este tema, y eso que el anterior papa dijo que había que pedir perdón y facilitar la actuación de la justicia. Aquí siempre han ido a remolque. Primero negaron todo, luego lo minimizaron, y han puesto todas las trabas que han podido.

El acuerdo suscrito entre la Conferencia y el Gobierno lo acogen las víctimas con mucha ilusión. Habrá que ver al final cómo la Iglesia se enfrenta a las reparaciones por los daños causados. De todas formas, el Gobierno debería tener las mismas relaciones con la Iglesia como con cualquier otra institución o entidad privada.

¿Qué papel juegan actualmente otras religiones en España?

Son minoritarias, pero sí sirven para que el confesionalismo vaya a más. Es decir, el Estado no se dirige al laicismo, sino al multiconfesionalismo. En este sentido, se dan fenómenos curiosos, por ejemplo, con el Islam. Recuerdo el caso de un ayuntamiento que negó el uso de un polideportivo municipal para un ritual musulmán. Si cede dependencias públicas a otras confesiones, hablamos de islamofobia, está claro. Lo llamativo es que los partidos que en teoría deberían ser laicos salieran en su defensa. Lo público no debe usarse por opciones privadas y particulares, sean quienes sean.

Hace apenas unos días vimos cómo alguien progresista como Zohran Mamdani llegaba a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué opinión le merece que se destaque de él que es musulmán?

Es destacable porque un hecho así en Nueva York, Estados Unidos, es anómalo, porque siguen mucho a Dios, que normalmente en cristiano. Sin embargo, el simple hecho de resaltar la religión de un alcalde ya es una muestra de poco laicismo en la política. Este hombre está ahí porque lo han elegido para ser alcalde, no para ejercer como musulmán.

Hay muchos políticos cuyas ideas están contaminadas de preceptos religiosos, sobre todo católicos. Ayuso, en Madrid, se ha negado a realizar el listado de médicos de la sanidad pública objetores de conciencia que no quieren practicar abortos y al que está obligada por ley. ¿España puede estar segura de los “derechos laicos” que ya ha conseguido?

No solo no puede estar segura, sino que quizá vayamos involucionando. Nosotros tenemos mucha relación con la asociación Derecho a morir dignamente y vemos por todas partes la connivencia que hay de poderes ultraconservadores que impiden el poder disfrutar del derecho a la eutanasia, por mucha ley que esté aprobada. Juan José Tamayo, teólogo, define lo que sucede como “cristoneofascismo”, y es un fenómeno mundial.

España parece el centro de experimentación de estas redes ultrarreligiosas con gran poder económico. El Opus Dei o los Legionarios de Cristo Rey, así como Comunión y Liberación, tienen una fuerza grandísima. Y también existen colectivos terroristas de similar orientación, como El Yunque. No es Ayuso únicamente. Todo forma parte de un entramado mucho más extenso y poderoso.

En los últimos tiempos presenciamos artefactos culturales que nos retrotraen al cristianismo de una forma u otra. Ahí quedan los conciertos para miles de personas del grupo católico Hakuna, la película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y elogiada por grupúsculos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y queda una Rosalía recatada, con velo tapándole el pelo, casi volviendo al monasterio. ¿Qué está pasando?

Hakuna es parte de esta ofensiva religiosa que comentamos. De hecho, fue creado por gente del Opus. El fenómeno Rosalía es otra cosa. Se puede comparar con lo que pasa en Latinoamérica desde hace tiempo, una especie de moda y simbología no relacionada con aspectos religiosos necesariamente. Y sobre la película, lo que es evidente es que proyecta el pensamiento católico más conservador.

El problema yo creo que está en el foco. Según las encuestas, en torno a un 20% de los jóvenes se declaran creyentes de un credo. ¿Por qué no se habla del otro 80%? Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios, actuar por la paz o defender el planeta. Quizá deberíamos mirarlos más a ellos.

De todas formas, parece que hay otros tantos jóvenes que ven la religión como un refugio. ¿Qué les diría a ellos?

Está claro que la espiritualidad de cada uno entra dentro de las reflexiones sobre el mundo que les rodea. Yo les diría que se adentraran en esos pensamientos con independencia, que es la base del laicismo, la libertad de conciencia.

¿Por qué el laicismo ya no está en el debate público? Actualmente, ¿qué tipo de personas militan en el laicismo?

Nosotros estamos haciendo mucha memoria con nuestro 25 aniversario. Hemos visto que el laicismo está ahora mucho más presente que hace dos décadas. Desgraciadamente, lo que sigue sin estar mucho es en la agenda política. Sin embargo, nos percatamos de que, a nivel de reflexión personal y sentimental, el laicismo ha llegado más a la sociedad, quizá porque se ve el peligro que entrañan algunas confesiones con los fundamentalismos y fenómenos radicales de odio.

Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque hay una sociedad secularizada que debe impulsar que esa secularización llegue a los resortes del Estado. El llamamiento más claro que podemos hacer es que cada persona comience a razonar sus pensamientos o acciones, porque en muchos casos actuamos de forma irracional, manteniendo unas costumbres y hábitos sin saber muy bien por qué.

Sobre quiénes militamos en el laicismo, lo hacemos personas reflexivas, tolerantes y de diversas procedencias, ya sea geográficas, profesionales y de estatus económico. En general, el motivo de estar aquí es luchar por una sociedad que avance en modernidad y democracia.

——

Fe de errores: originalmente, se escribió Guerrillero de Cristo en lugar de Legionarios de Cristo. Actualización realizada el 27/1/26 gracias al comentario de un lector.

La entrada José Antonio Naz, presidente de Europa Laica: “Hay muchos jóvenes cuya forma de entender la espiritualidad es ser solidarios y defender el planeta” se publicó primero en lamarea.com.

“¿Dónde en Estados Unidos tiene su sede Antifa? ¿Y cuántos miembros tiene?” le preguntó Bennie G. Thompson, congresista por el estado de Misisipi, a Michael H. Glasheen, el director de Operaciones de Seguridad Nacional, que fue llamado a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes el pasado 12 de diciembre. “Si, como usted dice, Antifa es el objetivo número uno del FBI, esos datos seguramente me los podrá dar, ¿no?” “Eh, la situación es fluida”, contestó, con cara de susto y visiblemente incómodo, el veterano funcionario, que lleva más de 15 años en el cuerpo policial federal hoy dirigido por Kash Patel.

Desde que el presidente Trump puso a Patel a cargo del FBI, en febrero de 2025, este se ha convertido en uno de los principales instrumentos judiciales para perseguir a los enemigos políticos del presidente —incluido James Comey, exdirector del propio FBI—. Para entender cuáles pueden ser las dinámicas internas de la organización, hablo con el periodista Tim Weiner, un Premio Pulitzer que lleva más de cuatro décadas cubriendo los servicios de inteligencia estadounidenses. Weiner (White Plains, Nueva York, 1956) es autor, entre otros libros, de Enemigos. Una historia del FBI (2014); Legado de cenizas. La historia de la CIA (2024); y, más recientemente, La misión. La CIA en el siglo XXI (Debate).

¿Me puede explicar qué pasó en esa incomodísima comparecencia del director Glasheen ante el Congreso en diciembre?

Su misión, por así decirlo, era justificar algo que la administración Trump está tratando de impulsar, y que es análoga a lo que hizo el FBI bajo J. Edgar Hoover hasta 1973. El objetivo que ha identificado Trump —a su manera, indeleblemente estúpida— es demostrar que personas como George Soros están financiando las operaciones de “Antifa”, ese grupo tan misterioso como aterrador.

¿Qué significa eso?

Significa que la oficina dirigida por Kash Patel se está movilizando para llevar a cabo una guerra política contra los oponentes reales e imaginarios del presidente. Trump ha afirmado una y otra vez que Antifa es una quinta columna, un enemigo interno, un grupo terrorista doméstico. Al adoptar el lenguaje de la lucha internacional contra el terrorismo, normalizado tras el 11-S, intenta crear un marco que le permita perseguir y procesar a los supuestos enemigos de su Gobierno. El mayor obstáculo aquí, por supuesto, es que el antifascismo es una ideología. No hay ninguna organización con ese nombre. En la práctica, el FBI y el resto del Departamento de Justicia están diseñando planes para acosar —y, si pueden, perseguir judicialmente— a la izquierda norteamericana, en la medida en que cabe hablar de una izquierda en este país.

Todo esto tiene precedentes históricos. En Legado de cenizas cuento que, en octubre de 1967, tras la primera gran manifestación contra la guerra de Vietnam, el presidente Johnson convocó al entonces director de la CIA, Richard Helms, en la Casa Blanca. Johnson, que estaba convencido de que el movimiento pacifista y la lucha por los derechos civiles estaban controlados y financiados por Moscú y Pekín, le dijo: “Quiero que haga lo que sea necesario para seguir la pista de los comunistas extranjeros que están detrás de esta intolerable injerencia en nuestros asuntos internos”.

A partir de ese momento, la CIA, el FBI y el NSA intensificaron el espionaje a los estadounidenses. Esta no solo era una misión imposible, sino profundamente ilegal: la CIA y el NSA tienen expresamente prohibido, salvo contadas excepciones, espiar a los estadounidenses, a menos que se trate de espías o agentes de potencias extranjeras. Todo esto no tardó en acarrear serios problemas para los servicios de inteligencia cuando, en diciembre de 1974, el periodista Seymour Hersh reveló estas prácticas en el New York Times.

Ahora bien, este es el modelo que Trump y sus secuaces de la justicia están tratando de seguir con el FBI con el fin de reprimir y oprimir a los enemigos políticos del Gobierno. Ya ha habido numerosos intentos de procesar y perseguir a personas como James Comey —ex director del FBI que, además, es republicano—. De forma similar, el Departamento de Justicia acaba de imputar ¡al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis! Nada de esto llegará a ninguna parte, desde luego. Es como tratar de clavar una gota de mercurio a la pared.

Glasheen, que lleva mucho tiempo en el FBI y no es tonto, debe saber todo esto perfectamente. ¿Cómo se deja poner en una posición así? ¿Por qué no dimite?

Las dimisiones como protesta son algo muy poco habitual, aunque es verdad que a veces ocurren.

En ese sentido, ¿cabe hablar de una facción política del FBI que está en tensión con una facción de funcionarios de carrera?

No sé si cabe hablar de facciones dentro del FBI. Sí te puedo contar lo que sé que ha estado sucediendo durante el último año. Trump ha ordenado a Patel, del FBI, y a Radcliffe, de la CIA, que purguen a cualquiera que haya investigado la intromisión maligna de Rusia en las elecciones de 2016 y a cualquiera que haya trabajado en el enjuiciamiento de los insurrectos del 6 de enero. En el FBI, concretamente, Patel ha purgado a los directores de Seguridad Nacional e Inteligencia, a todos los dirigentes locales que trabajaron en estos casos, en Washington, Nueva York y otros lugares.

De hecho, las direcciones de Seguridad Nacional e Inteligencia han quedado despobladas; mucha gente ha sido reasignada al trabajo contra contra los inmigrantes. Al mismo tiempo, el FBI se ha convertido en un instrumento de guerra política en nombre del presidente, tal y como lo fue bajo las presidencias de Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, cuando el FBI lo dirigía Hoover.

Hoover, durante las casi cinco décadas que dirigió el FBI, lo moldeó a su imagen. Pero Patel solo lleva un año al mando. Imagino que el cuerpo funcionarial es menos susceptible de dejarse persuadir por este intento de que renazcan los viejos tiempos. ¿Hay resistencia interna? ¿O es que las purgas han funcionado?

El FBI es, ha sido y seguirá siendo muy blanco, muy masculino, muy conservador políticamente. Por tanto, no creo que se pueda decir que haya gente dentro del FBI trabajando en secreto para la Resistencia. Pero sí creo que se puede predecir que todo esto no llevará a nada. Una cosa es imputar a la gente —sea el gobernador de Minnesota o un vecino cualquiera que ha asumido el mando de la patrulla anti-ICE de su barrio—.

Otra cosa es que esa imputación tenga éxito. Este último año, muchas imputaciones han resultado rotundos fracasos, entre ellas la del mismo James Comey. Abrir una investigación contra alguien es una táctica punitiva de por sí, claro está. De entrada, obliga a la gente a buscarse un abogado. Eso cuesta dinero. Después, es probable que, una vez abierta la investigación, se intervengan teléfonos o vigilen comunicaciones. Todo lo cual, sin duda, es una herramienta de opresión. Aún no hemos llegado a que una persona acabe juzgada y condenada por expresiones o conductas protegidas por la Constitución. Pero estamos muy cerca.

Hasta la fecha, ha resistido el dique formado por los grand juries (grandes jurados) y el poder judicial.

En efecto. El dique lo han integrado los grandes jurados, las y los jueces, y el hecho de que son muy pocos las y los fiscales dispuestos a llevar a cabo procesos judiciales abiertamente políticos.

El sistema, en otras palabras, guarda los principios constitucionales contra los embates de un FBI cada vez más hooveriano.

Todo lo que hemos visto hasta la fecha lo indica. Por otra parte, es un triste consuelo pensar que, si el Departamento de Justicia de Trump, el FBI incluido, ha fracasado y seguirá fracasando en sus intentos de perseguir a los enemigos políticos del presidente, es en gran parte gracias a la estupidez de sus líderes. Su mayor obstáculo es que son idiotas. Pam Bondi es una idiota. Kash Patel es un idiota. También lo es Lindsey Halligan, que se cree fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Todo me recuerda a esa maravillosa escena de Blazing Saddles (Sillas de montar calientes), con Gene Wilder y Cleavon Little, en la que Wilder le dice a Little: “¿Qué te esperabas? Hay que recordar que son gente de campo, simples hijos de la tierra. O sea, imbéciles”. Cleavon Little es incapaz de contener la risa, pero igual incluyeron la escena tal cual.

O sea, que estamos viviendo una farsa.

Mira, si J. Edgar Hoover era un relámpago (lightning), Kash Patel es una luciérnaga (lightning bug). Ese hombre es tonto. Si te digo la verdad, lo único que me da esperanza, además de las y los jueces y fiscales, es que esta gente está chiflada.

El daño que está causando en el FBI, ¿será duradero?

Creo que es reparable, pero llevará años, si no décadas. Porque lo que han hecho fundamentalmente es abusar y corromper la confianza en la que se basa su poder. ¿Quién iría a trabajar para el FBI en este momento? ¿Quién iría a trabajar para la CIA o el Departamento de Justicia? Han sido tantas las personas que han dimitido en silencio —y a veces no tan en silencio— en señal de protesta, que el Departamento se ha convertido en un buque fantasma. Siempre llega un momento —y esto ha sido así a lo largo de décadas— en el que la gente tiene que decidir: ¿me quedo e intento preservar lo que hay de bueno aquí o me voy por una cuestión de conciencia? El número de personas que deciden quedarse disminuye cada día que pasa.

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis le dijo al New YorkTimes que lo ocurrido en esa ciudad estas semanas ha echado por tierra años de trabajo para reconstruir la confianza del público en las fuerzas del orden. Imagino que con las fuerzas del orden federales ocurre algo similar. Pasarán años antes de que la población estadounidense vuelva a confiar en cualquier cosa que salga del Departamento de Interior, el Departamento de Justicia o el FBI.

Una cosa que me ha llamado la atención en Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, es que personas que nunca se identificarían con la izquierda —veteranos militares, personas que nunca han marchado ni se han manifestado en toda su vida— se hayan incorporado a la Resistencia y se hayan sumado a quienes se enfrentan a los matones de Trump, gritándoles: “¡Fuera de mi barrio, putos nazis!”

Lo único que frenará esto —además de las y los jueces que prohíben las acciones ilegales o inconstitucionales, además de las y los fiscales que se niegan a llevar casos amañados a los tribunales— es un rechazo popular masivo a Trump y al Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre. Uno de los factores que más ha contribuido a que se produzcan estas atrocidades es la abdicación del Congreso. Por tanto, habrá que echar a los congresistas. Pero, fíjate, incluso si se lograra, habría después que sustituir el liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso con personas que —y perdona la expresión— tengan cojones. El poder legislativo tiene que oponerse a esto, sí o sí. Pero para ello es necesario que los líderes del Partido Demócrata dejen de ser tan tímidos y temerosos.

La entrada Tim Weiner, periodista: “Mi única esperanza es que el FBI y el Departamento de Justicia están siendo dirigidos por idiotas y chiflados” se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Hay días en que la política española parece escrita por un guionista obsesionado con las metáforas matrimoniales. Junts per Catalunya anuncia un “divorcio” con Pedro Sánchez y, sin embargo, ambos continúan compartiendo techo, mirándose de reojo, calculando si todavía necesitan al otro para pagar la hipoteca de la legislatura. Es una historia de seducciones, gestos estudiados y una tensión permanente que ya no sorprende a nadie. Pero es también –y sobre todo– un ejercicio de hipocresía mutua: cada uno interpreta el papel que más le conviene mientras la política real avanza por otros cauces.

Por un lado, Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo amable. Sabe que necesita a Junts per Catalunya para no hundirse y despliega, cuando conviene, una coreografía de contrición y seducción: reconocer “retrasos”, insinuar rectificaciones, prometer que “esta vez sí” se cumplirán los acuerdos. Son gestos calculados, que siempre llegan cuando el Gobierno tiene el agua al cuello y necesita reconstruir, como sea, una mayoría que nunca termina de serlo. Estos movimientos ni comprometen de verdad ni obligan a demasiado; solo quieren insuflar la sensación de que el diálogo está vivo, de que hay opciones, de que el naufragio aún puede aplazarse.

Por otro lado está Junts per Catalunya, atrapada en una posición tan incómoda como imprescindible. Llevan semanas exhibiendo un discurso de máxima firmeza, proclamando que el acuerdo con el PSOE está en fase terminal, que la legislatura agoniza. Pero, a la hora de la verdad, no cierran la puerta: bloquean, sí, pero no rompen. Se indignan, pero no ejecutan. Simulan desvincularse, pero no son capaces –ni quieren– empujar el sistema hacia unas elecciones que dejarían la amnistía a medio camino. Es su propia versión de la farsa: gritar mucho, actuar poco y resistir lo suficiente para no perder la pieza central del tablero.

La realidad –cruda, prosaica– es que Junts per Catalunya no tiene alternativa. No puede matar la legislatura hasta que la amnistía sea irreversible. Ese es el núcleo del “baile de las apariencias”: su supervivencia política es ahora inseparable de la ejecución final de la ley que debe proteger a sus dirigentes. Esto explica que hayan optado por una estrategia de resistencia silenciosa: hacer todo el ruido posible para que su base perciba músculo y dignidad, pero mantener suficiente margen para volver a negociar cuando cambien las condiciones.

También explica la incomodidad de ver cómo el aparato de Junts per Catalunya denuncia, con gravedad republicana, el incumplimiento del Estado… mientras en paralelo sostiene, en la práctica, la misma legislatura que critica. Las palabras van en una dirección; los hechos, en otra. Y demasiada gente ya lo ha entendido. El PSOE lo sabe y juega con ventaja. Sabe que Junts per Catalunya necesita tiempo y sabe que, por mucho que gruñan, el bloque independentista no se puede permitir provocar un terremoto que haga descarrilar la amnistía. Por eso Sánchez puede practicar ese estilo tan suyo de gobernanza al límite: ofrecer medio compromiso, anunciar medio paquete de medidas, avanzar medio metro, retroceder un cuarto. Es un ejercicio de cinismo sostenido que solo funciona porque la correlación de fuerzas lo permite y porque nadie quiere asumir el coste de una ruptura real.

Esta “cohabitación hostil” mantiene en suspenso toda la actividad legislativa, pero mantiene igualmente vivo el relato de unas relaciones que aún pueden reconducirse. Es un teatro que sirve a ambos: al PSOE para comprar estabilidad y presentarse como la fuerza dialogante; a Junts per Catalunya para exhibir firmeza mientras prolonga, indefinidamente, la ficción de que son ellos quienes tienen el pulso de la gobernabilidad.

Pero en algún momento la danza dejará de funcionar. Porque este juego de seducciones y reproches permanentes no construye nada y solo aplaza decisiones. Y porque, cuando la amnistía esté finalmente cerrada, Junts per Catalunya tendrá que demostrar si su estrategia era resistir para avanzar o si, sencillamente, no tenía ningún otro lugar al que ir. Igualmente, el PSOE tendrá que dejar de actuar como si el Estado fuera un campo de pruebas y empezar a asumir que cumplir acuerdos no es una concesión, sino una obligación.

Hasta entonces seguiremos asistiendo al baile. Un baile cansado, hecho de gestos que ya no engañan y de palabras que suenan gastadas. Un baile en el que todos saben lo que busca el otro, pero todos prefieren fingir que se trata de una gran partida de ajedrez. Cuando en realidad es, simplemente, una coreografía de supervivencia.

La entrada Divorcio a la vista, convivencia asegurada: la política sentimental entre Sánchez y Junts se publicó primero en lamarea.com.