El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.

El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.

El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.

El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.

Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.

1) El análisis del mundo y sus retos

El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.

El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.

Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.

En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.

El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.

2) Economía, industria y salto tecnológico

El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.

Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.

El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.

La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.

Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.

3) Soft power

Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.

China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.

Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.

4) Democracia de base y derechos humanos

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.

En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.

Este desplazamiento no implica, sin embargo, que China se haya convertido en un referente en la defensa de los derechos humanos. El propio Plan evita cualquier referencia a derechos civiles y políticos entendidos como límites al poder del Estado, y los concibe fundamentalmente en términos de desarrollo material, estabilidad y cohesión social.

Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.

El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.

Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.

5) Medioambiente

Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.

La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.

El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.

6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán

El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.

No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.

En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.

La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.

La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

PAU NOY / CATALUNYA PLURAL // En el año 2000, un presidente del Gobierno español anunció un fabuloso programa de construcción ferroviaria, sellando un compromiso que parecía más un eslogan electoral que una planificación técnica racional: todas las capitales de provincia peninsulares debían quedar conectadas con Madrid mediante la alta velocidad en menos de cuatro horas y media.

Aquella decisión marcó el inicio de una fiebre constructora sin parangón en el continente europeo. Hoy, España ostenta el título de ser el primer país de Europa –y el segundo del mundo, solo por detrás de China– en kilómetros de vías de alta velocidad. Pero bajo el hormigón y el balasto del AVE se esconde una realidad inquietante: un modelo radial que, más que vertebrar el territorio, lo ha succionado hacia el centro. El AVE solo une Madrid con España, pero no vertebra.

La metáfora del imperio: todas las vías llevan a Madrid

El dicho clásico afirmaba que “todos los caminos conducen a Roma”. El Imperio romano entendía las infraestructuras como una herramienta de control político y administrativo; la red servía para transmitir órdenes de la capital a la periferia y para extraer recursos de esta hacia el centro. El modelo ferroviario español del siglo XXI ha replicado, de forma casi mimética, este viejo esquema imperial.

El AVE no se ha diseñado para conectar regiones entre sí, sino para conectarlas todas, de forma exclusiva y excluyente, con la Puerta del Sol. Esta obsesión radial ha ignorado la lógica de los principales flujos económicos: el corredor mediterráneo, el del Ebro y la cornisa cantábrica.

Mientras un empresario de Murcia puede llegar a Madrid en tiempo récord, conectarse con València o Barcelona –con quienes comparte intereses vitales a través del denominado Corredor Mediterráneo– sigue siendo muy poco amable: cuatro horas y media en tren hasta València y tres horas más hasta Barcelona. El resultado no es una España vertebrada, sino una España “radializada”, donde la capital actúa como un gran agujero negro que absorbe talento, inversión y poder político.

Vías sin trenes: el espejismo del asfalto

Con cerca de 4.000 kilómetros de red de alta velocidad, España dispone de una infraestructura formidable, pero dramáticamente vacía. El dato es contundente: somos líderes en kilómetros de vía por habitante, pero estamos a la cola en densidad de circulación. Hemos construido el escenario, pero nos hemos olvidado de contratar a los actores.

Esta falta de trenes no es casualidad, sino el fruto de haber construido sin estudios rigurosos de demanda. Se han priorizado criterios de exhibicionismo político por encima de la eficiencia económica. En muchos tramos, el número de pasajeros diarios es tan bajo que el coste de mantenimiento de la infraestructura se convierte en un lastre insostenible para las arcas públicas. España se ha gastado más de 65.000 millones de euros en una red que, en muchos puntos, es un desierto de acero. La tesis es clara: no nos faltan vías, nos faltan trenes y, sobre todo, nos falta sentido común en la inversión.

El precio del olvido: el colapso del tren cotidiano

Mientras se cortaban cintas inaugurales en estaciones de AVE situadas en medio de la nada o en ciudades de 50.000 habitantes, el ferrocarril de proximidad –el que realmente utiliza el 95% de los usuarios a diario– se iba degradando por inanición inversora. Durante décadas, la inversión en Cercanías y Regionales ha sido la hermana pobre de los presupuestos del Estado. Ahora, con el gobierno de coalición, esta dinámica ha cambiado, pero la política ferroviaria tiene mucha inercia y costará una década revertir la situación de postración del ferrocarril de proximidad.

La crisis crónica del sistema de Cercanías de Catalunya es el ejemplo más flagrante de esta desatención. Averías constantes, catenarias que fallan, falta de personal y una infraestructura mal protegida frente a los embates de la naturaleza han convertido el trayecto diario de cientos de miles de personas en una tómbola de incertidumbres. Pero el mal de las Cercanías no es exclusivo de Catalunya. Aunque en Barcelona la situación es especialmente crítica por el volumen de pasajeros y la falta de ejecución de obras clave como el túnel del Turó de Montcada, un cuarto túnel atravesando Barcelona o la estación de La Sagrera, otras regiones también padecen un servicio de proximidad envejecido y precario.

En Catalunya nos quejamos, con razón, de la situación de los trenes. Han tenido que llegar tres temporales atlánticos consecutivos para que todo salte por los aires. La red catalana está sostenida con alfileres. Pero en términos cuantitativos, el servicio que ofrece Renfe es incomparablemente mejor que el del resto de comunidades autónomas, fuera de Madrid. Aquí cada día salen 1.100 trenes, pero en muchas comunidades autónomas no llegan ni a 100.

Se ha producido una paradoja cruel: podemos ir de Barcelona a Madrid en dos horas y media con una puntualidad británica (hasta ahora), pero no podemos garantizar que un ciudadano de Vilanova i la Geltrú o de Granollers llegue a su trabajo a tiempo. Se ha apostado por el lujo del viajero ocasional de larga distancia en detrimento de la necesidad básica del ciudadano que se desplaza para trabajar o estudiar. ¿Cuántos ciudadanos españoles cogen un AVE al menos una vez al año? ¿El 2%?

Cuando en 2010 se cedieron al AVE dos de las cuatro vías de Cercanías que entran por el sur, muchos pusimos el grito en el cielo porque veíamos la hecatombe que se nos venía encima. Nos dijeron que estábamos en contra del progreso, porque para la dirección política del país el progreso era la alta velocidad, no el tren del 95% de los viajeros. Ahora estamos viendo que eran otros quienes han conseguido frenar el progreso del país.

Una decisión política, no técnica

Hay que preguntarse por qué se ha seguido este camino. La respuesta no está en los manuales de ingeniería, sino en los despachos del centralismo político. El AVE se ha utilizado como una herramienta de cohesión emocional: “llevar el AVE” a una ciudad era el símbolo definitivo de que esa capital no había sido olvidada por Madrid. Pero la realidad es que el AVE, por sí solo, no genera riqueza si no existe un tejido económico que lo aproveche. Al contrario, a menudo actúa como una vía de drenaje: facilita que la gente se vaya a trabajar a la capital en lugar de quedarse en el territorio.

Además, el coste de oportunidad ha sido inmenso. Una parte de los 65.000 millones de euros invertidos en alta velocidad podría haber transformado por completo la movilidad de todo el Estado, haciéndola más sostenible, eficiente y justa. Pero la apuesta fue otra: se optó por una política de grandes obras faraónicas que dejan una bonita fotografía en el periódico, pero que no resuelven los problemas estructurales del transporte y que a menudo generan enormes lastres.

Conclusiones para un nuevo modelo

El modelo del AVE español es el reflejo de un Estado que todavía se mira el ombligo. Una España radial es una España más débil, porque menosprecia la potencia de sus periferias y de sus nexos interconectados. La prioridad de los próximos años no debería ser colocar ni un solo kilómetro más de vía de alta velocidad allí donde no exista una demanda real que lo justifique.

El foco debe desplazarse hacia:

• La inversión masiva en Cercanías y regionales (de hecho, los regionales se han convertido en unas Cercanías de mayor distancia). Garantizar un servicio digno para los tres millones de personas que en España dependen del tren cada día. Ahora, con la creación del abono único de transporte establecido por el Ministerio de Transportes, si existe colaboración de las comunidades autónomas y la inversión necesaria, se ha creado una gran oportunidad para aumentar esta cifra hasta los cinco millones de viajeros diarios en tan solo una década.
• La malla transversal: romper el modelo radial y potenciar los corredores. El Mediterráneo, que ya está en un estado muy avanzado y para el que es necesario asegurar que Renfe disponga de los trenes necesarios para cubrir la enorme demanda —no vaya a ser que tengamos un corredor brillante sin trenes—. El del Ebro, que une Barcelona con Navarra, La Rioja y Euskadi pasando por Aragón, con un enorme potencial de viajeros. Y también el Cantábrico, donde existe una red de trenes de vía estrecha con un gran potencial para el transporte regional, hasta superar los 10 millones de viajeros. Este sería un buen ejemplo para desmitificar la alta velocidad: no hace falta ir a 250 km/h, hace falta una oferta cadenciada y fiable. De hecho, en Portugal no hay alta velocidad y los servicios regionales de tren son mucho más importantes que en nuestro país.
• La eficiencia operativa: poner más trenes sobre las vías ya existentes en lugar de seguir construyendo infraestructuras que quedarán infrautilizadas. En 2022 el gobierno de coalición encargó la fabricación de 500 trenes. No puede ser que los primeros convoyes empiecen a llegar en 2026. España debe lograr plazos mucho más cortos en la entrega de trenes. La industria ferroviaria española es una de las más importantes del mundo. Es necesario un pacto con ella para que los trenes se entreguen en dos años y, para ello, posiblemente haya que garantizarle una compra sostenida de material. Como en España no faltan vías sino trenes, tiene trabajo asegurado hasta 2050, al menos.

Hemos aprendido, a golpe de billete y de retrasos en Cercanías, que tener la red de alta velocidad más extensa de Europa sirve de poco si el sistema de transporte falla en el kilómetro cero de la vida de los ciudadanos. Es hora de dejar de mirar hacia Roma –o hacia Madrid– y empezar a mirar hacia las necesidades reales del territorio.

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Los medios occidentales han dado cada vez mayor peso a la hipótesis del desembarco de la República Popular China en la isla. Este análisis escudriña los movimientos que llevan a ese escenario y también los elementos disuasorios ante de ese paso.

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Trump no ha inventado el dispositivo que a lo largo de toda la historia de EEUU ha vigilado, clasificado y castigado cuerpos racializados. Lo que ha hecho ha sido acelerarlo, financiarlo y convertirlo en espectáculo.

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La carta nombra explícitamente a Trump —y no a un presidente de los Estados Unidos— como presidente y le otorga un poder unilateral sin precedentes.

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El año empezaba con el Gobierno sirio bombardeando los enclaves kurdos de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh, en el norte de Alepo, la segunda ciudad en importancia tras la capital. Los combates, que habían comenzado el 6 de enero, provocaron el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas.

Tras esa primera victoria ante los kurdos, el gobierno ha lanzado una rápida ofensiva al este del Éufrates que está poniendo contra las cuerdas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —alianza multiétnica compuesta primordialmente por kurdos, pero también por árabes, asirios, armenios, turcomanos y yazidíes— y poniendo en riesgo a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida como Rojava, donde viene existiendo desde 2014 una particular estructura de autogobierno y de democracia directa sobre las bases del confederalismo democrático, que además se había convertido en refugio para miles de yazidíes y otras minorías étnicas y religiosas que huían de las masacres perpetradas por el Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.

El punto de partida de los últimos acontecimientos en el agitado avispero sirio se habría formalizado en París los días 5 y 6 de enero, en una reunión en la que Siria e Israel habrían acordado un mecanismo de comunicación conjunto bajo la supervisión de Estados Unidos, dentro de un plan más extenso de recomposición geoestratégica para la zona.

Esos mismos días habría estado también en París el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, poniendo en evidencia el interés de Turquía en acabar con el experimento en el noreste de Siria, en lo que Ankara considera la «amenaza kurda» de sus fronteras. De hecho, Turquía ya invadió el enclave sirio de Afrin en 2018, y suele lanzar con cierta asiduidad ataques con drones contra territorio de la Administración autónoma.

Y el 9 de enero, mientras todavía se producían combates en Alepo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunían en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, en un primer viaje oficial de dirigentes de la UE al país desde la caída de Bashar al Assad, y anunciaban un paquete de ayudas de 620 millones de euros para la «recuperación y reconstrucción» durante los años 2026 y 2027. El encuentro suponía otro paso significativo en la normalización del régimen sirio, tras la recepción de Al Sharaa en la Casa Blanca el pasado noviembre.

De comandante de Al Qaeda a presidente reconocido internacionalmente

Ahmed al Sharaa —Abu Mohamed al-Golani es su nombre de guerra—, excomandante de Hayat Tahrir al Sham (HTS), la rama siria de Al Qaeda hasta 2016, era considerado terrorista por el gobierno de EE. UU. hace menos de un año, y contaba con una orden de búsqueda y captura valorada en 10 millones de dólares. Tras la caída de Al Assad, el Gobierno norteamericano se dio prisa en eliminar la amenaza oficialmente, levantar la mayoría de las sanciones económicas en junio y, poco después, eliminar a HTS de su lista de organizaciones terroristas. Al Sharaa había pasado en pocos meses de ser un peligroso terrorista islamista a convertirse, en el particular lenguaje de Trump, en «un joven atractivo, un tipo duro con un pasado turbulento, un luchador (…) que está haciendo un excelente trabajo».

Pronto, la mayoría de gobiernos occidentales seguirían los mismos pasos, levantando sanciones, eliminando a HTS de las listas de terroristas y validando internacionalmente el nuevo régimen sirio. Desde entonces, y pese a que sus actuaciones generan no pocas sombras en cuanto al respeto a las minorías y los derechos humanos —masacres contra la minoría alauita en la costa mediterránea o la drusa en la región de Sueida; todo ello dentro de una política de contribución a la «unidad social de Siria»—, Al Sharaa se desempeña como presidente interino de Siria reconocido internacionalmente.

Con el nuevo equilibrio de poder en Siria y un gobierno prooccidental en Damasco, los intereses estratégicos estadounidenses han cambiado radicalmente y Washington ha comenzado a dar la espalda a sus aliados tradicionales en la zona, sometiendo ahora a los kurdos a una enorme presión política, militar y económica para obligarlos a la integración en el Estado central. Así lo expresaba recientemente Tom Barrack, enviado de Trump a la zona, afirmando que el propósito original de las FDS, a las que Estados Unidos apoyaba hasta ahora como aliado local que luchaba contra el ISIS, había expirado y ya no tenía «interés a largo plazo en retener su presencia en Siria».

Con la ofensiva iniciada hace dos semanas, que solo puede entenderse con el respaldo de Estados Unidos al Gobierno sirio, las fuerzas de la AANES han iniciado una rápida retirada de las zonas que controlaban junto al Éufrates, y especialmente de las ciudades de Raqqa —capital del califato yihadista hasta que fuera liberada en 2014 por las FDS— y Deir ez-Zor.

Según fuentes kurdas, las tribus árabes en el terreno, con las que las FDS habían mantenido buenas relaciones hasta el momento, habrían desertado y se habrían unido al ejército y las milicias islamistas fieles a Al Sharaa. El hecho tendría que ver con la reunión en Turquía, a finales de año, entre una delegación gubernamental y líderes tribales árabes para convencerlos de cooperar frente a sus hasta ahora aliados kurdos.

Tras la caída de las ciudades del Éufrates, el rápido avance del gobierno —que estaría apoyando Turquía con efectivos militares— ha llegado hasta el territorio de Rojava, epicentro del confederalismo democrático kurdo, partiendo la AANES en dos y amenazando la propia existencia de la administración autónoma y su estructura de autogobierno y de democracia directa.

Una experiencia de democracia radical

En medio de las tensiones que asaltan Oriente Medio, en el Kurdistán sirio se ha ido estructurando en estos últimos años una de las experiencias político-sociales más radicales y novedosas de la escena internacional: desde que en 2011, y en el contexto de la Primavera Siria, los kurdos se hicieran con el control de un amplio territorio al noreste del país conocido como Rojava, han ido poniendo en práctica un sistema de organización basado en el confederalismo democrático, síntesis del comunalismo planteado por el pensador y activista ecologista Murray Bookchin, las reflexiones de Immanuel Wallerstein y el oportuno tamiz del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, que habría pasado de un marxismo-leninismo de sus inicios a postulados más cercanos a las propuestas libertarias —no confundir con la perversión del término llevada a cabo por Milei en los últimos tiempos—.

La AANES se basa en un modelo de autoadministración para las diferentes comunidades que la integran a través de una serie de comunas y consejos organizados en diferentes niveles, y en los que el feminismo, el anticapitalismo, la lucha por el medio ambiente y el respeto por el multiculturalismo serían fundamentales.

La base legal de esta nueva forma organizativa es el denominado Contrato Social, que entró en funciones en enero de 2014; un texto constitucional que destaca la diversidad étnica y religiosa como base para la reorganización política y social de los pueblos bajo una forma no estatal, con principios de democracia directa, equilibrio ecológico y respeto al derecho de la mujer. En términos económicos, establece que los edificios, tierras y recursos naturales son públicos y deben ser administrados socialmente, a la vez que se promueve el cooperativismo.

Finalmente, uno de los aspectos más destacados de este proceso social es lo que se ha dado en llamar la «Revolución de las Mujeres», que implica su participación paritaria en todas las comunas y asambleas donde se toman las decisiones, lo que incluye la formación de su propio ejército, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, por sus siglas en kurdo), fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico y la defensa de la administración autónoma.

Con Kobane a punto de ser rodeada, la AANES y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán han hecho un llamamiento internacional a acudir en su apoyo —kurdos de países fronterizos estarían intentando acudir a la llamada— y apuestan por una resistencia total, recordando la lucha desesperada contra el Estado Islámico en 2014 y 2015, cuando no solo los combatientes de las Unidades de Protección Popular (YPG) y las YPJ fueron quienes derrotaron al ISIS, sino también el amplio apoyo internacional y las decenas de brigadistas llegados de otras partes del mundo. Con ese objetivo, este mismo fin de semana se han sucedido numerosas muestras de apoyo en ciudades latinoamericanas y europeas, entre ellas españolas como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Por su parte, el Gobierno sirio anunció un primer alto el fuego el 20 de enero, con el que daba cuatro días a las fuerzas kurdas para integrarse en el Estado central. También afirmaba haber llegado a un principio de acuerdo de 14 puntos y podría haber liberado presos del Estado Islámico de cárceles como la de Shaddadi, hasta ahora controlada por las FDS. Otras, como la de Hawl, seguirían bajo supervisión estadounidense.

Tras el fin de esa primera tregua de cuatro días, Damasco ha anunciado una nueva prórroga de dos semanas para permitir que los estadounidenses trasladen el resto de prisioneros del Estado Islámico a Irak. Mientras tanto, el Ejército Nacional Sirio y las milicias aliadas continúan enviando refuerzos al frente, solo posponiendo una inevitable ofensiva.

Se avecinan semanas decisivas para la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria y la continuidad de su novedosa experiencia de coexistencia multiétnica y multirreligiosa. Si las FDS ya desempeñaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en 2015, ahora se ven obligadas nuevamente a luchar por su supervivencia.

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La pregunta que conviene hacerse no es si la inteligencia artificial (IA) vive una burbuja. Las burbujas, cuando se describen en abstracto, parecen fenómenos casi naturales: aparecen, crecen, estallan y desaparecen. El problema es que, en economía política, las burbujas no caen del cielo. Se construyen. Y, una vez construidas, no siempre explotan, sino que a menudo se institucionalizan. Lo que a menudo se presenta como el desarrollo orgánico de los distintos agentes que participan libremente en un mercado, es en realidad una compleja trama de intereses políticos ideológicamente cargados que se alimentan de recursos públicos. 

Y si hablamos de la IA en 2026, el riesgo principal no es un colapso súbito del sector, sino algo más persistente y menos espectacular: la normalización de un modelo altamente concentrado, intensivo en recursos energéticos y… sostenido por un relato tecnosolucionista en manos de una élite ultraderechista que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Concentración: cuando el índice deja de ser un índice

Hoy, una parte sustancial del valor bursátil estadounidense –y, por extensión, del ahorro global indexado– descansa en apenas una decena de compañías, la mayoría de ellas grandes tecnológicas. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta concentran buena parte del peso del S&P 500 y dominan el top 10 del índice junto a algunas excepciones puntuales como Berkshire Hathaway, la empresa matriz de Warren Buffet. 

Según datos de S&P Dow Jones Indices, el peso agregado de estas diez empresas suma ya más de un tercio del total del índice, un nivel de concentración que no se registraba desde antes del estallido de la burbuja puntocom. Cuando un índice supuestamente diversificado depende en tal medida de un núcleo reducido de gigantes tecnológicos, deja de funcionar como termómetro del conjunto de la economía y pasa a reflejar, sobre todo, la hegemonía de la Big Tech y su promesa de crecimiento futuro ligada a la inteligencia artificial.

Por eso el Banco de España, en sus últimos Informes de Estabilidad Financiera, ha señalado explícitamente los riesgos asociados a la elevada concentración bursátil y a las valoraciones exigentes en determinados sectores tecnológicos: “La potencial corrección de la valoración de las empresas tecnológicas de EEUU y su elevado peso bursátil continúa suponiendo un factor adicional de riesgo de mercado”, señalan. 

Infraestructura: la nube pesa toneladas

El segundo pilar de esta burbuja no es financiero, sino material. La inteligencia artificial no flota en el aire como pompas de jabón. Se ejecuta en centros de datos que consumen electricidad, agua, suelo y capacidad de red. Y lo hacen a una escala que ya no puede considerarse marginal. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que los centros de datos, junto con la IA y las criptomonedas, consumen ya alrededor del 1,5% de la electricidad mundial y que esa cifra podría duplicarse antes de 2030, alcanzando niveles comparables al consumo anual de países como Japón. Además, según apuntan, el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la IA está siendo mucho más rápido de lo previsto hace apenas dos años.

Cada nuevo centro de datos compite por electricidad con hogares, transporte e industria. Obliga a acelerar inversiones en redes de alta tensión, subestaciones y sistemas de respaldo que, en la práctica, se financian en gran medida con dinero público. Presiona territorios concretos –municipios, comarcas– que asumen impactos ambientales y urbanos mientras los beneficios económicos se concentran lejos. Es decir; la burbuja de la IA no se infla solo con capital privado, sino con decisiones públicas sobre suelo, red eléctrica y prioridades energéticas.

Agua, territorio y externalidades invisibles

A la electricidad se suma otro recurso cada vez más escaso: el agua. El enfriamiento de grandes infraestructuras digitales requiere cantidades significativas de agua dulce, especialmente en climas cálidos o en centros de datos de alta densidad. La UNESCO ha advertido de que el auge de la inteligencia artificial está disparando simultáneamente la demanda de energía, agua y minerales críticos, intensificando tensiones ecológicas ya existentes.

Estudios académicos publicados subrayan que la huella hídrica del entrenamiento de grandes modelos de IA es todavía poco transparente y, en muchos casos, subestimada. La burbuja no es solo financiera, también es territorial. Se manifiesta cuando se prometen empleos y modernización a cambio de infraestructuras que consumen recursos locales y cuyos beneficios fiscales y productivos apenas revierten en el entorno inmediato.

Poder de mercado: la IA como oligopolio de hecho

El ecosistema de la IA se organiza en torno a unos pocos actores que controlan simultáneamente la infraestructura en la nube, los chips especializados, los modelos fundacionales y, en muchos casos, los datos. Tres empresas –Amazon Web Services, Microsoft Azure, y Google Cloud–, concentran aproximadamente dos tercios del mercado global de nube. Una empresa –NVIDIA–, controla más del 80% de la producción de chips. Y cuatro empresas –OpenAI, Google DeepMind, Meta y Anthropic– concentran el desarrollo de los modelos fundacionales más avanzados. 

La OCDE también ha alertado de que la inteligencia artificial presenta una fuerte tendencia a la concentración debido a las economías de escala, las barreras de entrada y el control de infraestructuras críticas. No estamos ante un mercado emergente abierto, sino ante un oligopolio en formación que fija precios, condiciones de acceso y ritmos de innovación.

De hecho, la situación adquiere todavía un tono más grave si tenemos en cuenta que algunas de estas grandes empresas, como Tesla o Palantir, están al servicio ideológico de una ultraderecha que cada día que pasa se parece más al fascismo de entre guerras del siglo pasado. La burbuja de la IA, con su corazón en Estados Unidos, se funde en un conjunto de intereses corporativistas y oligopolistas en el que las subvenciones, las excepciones regulatorias, los contratos públicos y recalificaciones de suelo se convierten en moneda de cambio para no quedarse fuera de la carrera tecnológica. 

A todo ello se superpone un relato omnipresente. La inteligencia artificial aparece como solución transversal al estancamiento productivo, al envejecimiento demográfico, a la crisis climática, incluso a la escasez de recursos públicos. Cada problema tiene su algoritmo pendiente, un discurso que cumple la función política precisa de desactivar el conflicto. Si la tecnología promete hacerlo todo más eficiente mañana, cualquier crítica hoy se presenta como miedo, atraso o falta de visión.

Y así se matan dos pájaros de un tiro: el que pretende defender un cierto grado de privacidad, y el que pretende defender la necesidad de un mayor grado de redistribución económica. 

¿Burbuja o proyecto político?

Llegados a este punto, la pregunta cambia. No se trata de saber si la burbuja de la inteligencia artificial explotará en 2026 o en 2028. Se trata de entender qué ocurre si no explota. Qué pasa si se consolida un sistema altamente concentrado, energéticamente voraz y políticamente blindado por la urgencia tecnológica.

Porque incluso sin crash, el resultado puede ser profundamente disfuncional: más dependencia tecnológica, más desigualdad territorial, más transferencia de recursos públicos hacia rentas privadas y menos capacidad democrática para decidir prioridades.

La historia económica reciente ofrece suficientes precedentes. Las grandes crisis no suelen llegar por sorpresa. Llegan después de años de advertencias ignoradas, normalizaciones progresivas y relatos tranquilizadores. Cuando el ajuste llega –si llega– ya no se discute el modelo: se gestiona el daño. Y se hace siempre protegiendo aquellos que generaron la burbuja y se beneficiaron de ella. ¿Y los perdedores, quienes serán? También los de siempre, por supuesto. 

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Esta semana hemos asistido en Davos al discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, considerado histórico por mucha prensa generalista, por ser certero en el análisis y un cierre del “viejo orden mundial basado en normas”. Un calificativo, el de histórico, algo exagerado pues Carney no propone cambios de fondo, aunque sí de alianzas.

Un discurso tan sincero como hipócrita

Honesto con la actualidad internacional, Carney ha sido también muy hipócrita. No ha reconocido que, lo que llama “viejo orden”, no es que ahora sea injusto, sino que las injusticias inherentes a él, ahora dañan a Canadá. De ahí su reclamo de un mundo basado en valores y normas, sin hegemonías. 

Estas llamadas al respeto del Derecho internacional significan dos cosas. Por una parte, que sigue gozando de un apoyo mayoritario en el imaginario, pues marca las líneas rojas que aseguran la coexistencia pacífica. Esas reglas, inspiradas en la Carta de la ONU, no han cambiado en 80 años. Ni en la Guerra Fría; ni en la posterior hegemonía de EE. UU., finalizada en 2003 con la ilícita invasión de Iraq; ni en este periodo de reconfiguración de los equilibrios, con dos superpotencias, China y EE. UU., y un reguero de potencias medias, como Rusia, la UE, Brasil, India o Sudáfrica.

En segundo lugar, que el nuevo orden mundial, el que fija el reparto de poder, se decidirá sobre las reglas clásicas del Derecho internacional. Los “órdenes mundiales” cambian porque son fruto de su momento histórico. Y ese cambio puede venir desde el derecho o contra él.  

Carney afirmaba que ahora “el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben». Evidentemente, los débiles ya conocían esta realidad y no es nueva. El líder canadiense no ha reconocido la participación de su país en las injusticias, pero sí reconoce que “prosperó” bajo el mismo orden.   

Canadá ha participado, con EE. UU., en el genocidio en Gaza, colaborando con Israel; y en las guerras ilegales (por distintas razones) en Kosovo, Afganistán, Siria o Libia. Canadá, este mismo mes, no ha condenado la agresión a Venezuela. Carney reclama en su discurso el mantenimiento de los principios jurídicos que ordenan el Derecho internacional, a saber, “prohibición de uso de la fuerza, integridad territorial, soberanía, independencia, derechos humanos y cooperación”. Pero es incapaz de denunciar y reaccionar cuando todos ellos son violados.

Cualquier estudio objetivo de los conflictos internacionales en los últimos 30 años situará a la OTAN en el centro de la belicosidad mundial. Esa otra evidencia de la que en Occidente no queremos hablar. Carney, cuando habla de crear un “nuevo orden”, no se atreve a proponer el desmantelamiento de la OTAN. Al contrario, se reafirma en su adhesión a la misma. Cuando Europa y Canadá entiendan que la OTAN no necesariamente les ha protegido nunca, es posible que sí se inicie un cambio de era basado en las mismas normas de Derecho internacional que ya tenemos, pero más justo y equilibrado. Eso sí sería histórico. 

La propuesta de Canadá: más Derecho internacional

El “nuevo orden” que propone Carney es un mayor respeto al mismo sistema jurídico. Insiste, varias veces en su discurso, en apoyar un modelo basado en los principios y procedimientos que ya existen. No enmienda el Derecho internacional, sino que lo abraza. Una forma suave de reconocer que, hasta ahora, no lo hacían del todo. Una gran noticia.

Canadá se suma a lo que ya hacía el Sur Global, con Brasil, Sudáfrica, México, Colombia y, en menor medida, India, a la cabeza. Con más fuerza aún, los Estados pequeños y empobrecidos, los que necesitan el Derecho internacional para existir. 

Este EE. UU. de Trump ha reculado cada vez que el propio Canadá, México, Brasil o China han respondido a las amenazas en su contra, y su valentía les honra, con represalias, previstas en las normas internacionales. Trump solo sale victorioso de los encontronazos con la UE y el Reino Unido porque practican la técnica, estúpida ante un matón, de la distensión. Y Carney, sin duda un firme defensor de las represalias pacíficas, ha comprobado que funcionan. 

El primer ministro canadiense acusa a las “potencias” de desmontar el viejo orden mundial. Lo dice en genérico, pero sabe que esa estrategia es la estadounidense, no la del resto. Ni tan siquiera la de Rusia, potencia media también, que no puede liderar ningún cambio de calado. China no está jugando a eso y Carney lo sabe (y por eso pacta con ella). China defiende un orden basado en reglas comunes y previsibles, porque su forma de ampliar su influencia no es agresiva. 

¿Qué propone entonces Canadá? Propone, en lo jurídico, más cooperación, más diplomacia, más tratados internacionales, mejores organizaciones internacionales y más multilateralismo. Propone “inversiones colectivas”, “normas compartidas”, “diferentes coaliciones para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses comunes” y “crear instituciones y acuerdos que funcionen tal y como se describe”. Es decir, construir más normas de Derecho internacional, partiendo de las existentes, que sean más efectivas, menos injustas.

En definitiva, Carney no viene a proponer un cambio jurídico internacional. Su discurso suena nuevo porque es un líder occidental. Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no.

Carney no se atreve a romper del todo con EE. UU., pero sí hace una cosa crucial: anuncia públicamente el fin de la hegemonía estadounidense, también en el bloque occidental. Le niega el bilateralismo que Trump anhela, y exhorta al resto a seguir esa vía.  

Plantea un multilateralismo económica y militarmente neoliberal, favorable a las grandes empresas. En lo geopolítico, una suerte de “no alineamiento” frente a las potencias, siguiendo las propuestas del candidato de izquierda a la presidencia francesa, Jean Luc Melenchon. Tal vez las llamadas del Sur Global sobre un futuro con normas y valores respetados lleguen tanto a los liberales canadienses y los “rojos” europeos. Sería un inicio.

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Este artículo sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

A lo largo del último siglo, las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han configurado buena parte de la historia política, económica y social del continente. Desde ocupaciones militares directas hasta golpes de Estado, guerras por delegación y sanciones económicas, la política exterior estadounidense ha tratado la región como un espacio de intervención legítima. No se trata de una suma de errores aislados, sino de una lógica persistente de dominación que atraviesa distintas épocas y gobiernos.

Hacemos un repaso a las principales intervenciones estadounidenses –directas o indirectas– en el continente americano.

Cuba, Puerto Rico y el origen del imperio (1898–presente)

La guerra hispano-estadounidense de 1898 marca el inicio del siglo americano en la región. Puerto Rico no fue “intervenido”: fue colonizado. Más de un siglo después sigue siendo un territorio no incorporado, sin soberanía plena y sometido a decisiones económicas y fiscales impuestas desde Washington.

Cuba, formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense durante décadas, con bases militares, gobiernos condicionados y una economía subordinada. La Revolución de 1959 rompió ese marco y desencadenó una represalia prolongada: invasión en Bahía de Cochinos (1961), operaciones encubiertas, sabotajes y un embargo económico que persiste hasta hoy. El objetivo no fue solo derrocar a un gobierno, sino hacer inviable un modelo político alternativo.

México (1914–1917): ocupación y castigo ejemplar

En 1914, Estados Unidos ocupó militarmente Veracruz durante siete meses. Años después, lanzó la Expedición Punitiva contra Pancho Villa, con miles de soldados penetrando en territorio mexicano. No se trató de una guerra formal, sino de una demostración de poder: México podía ser castigado sin declaración de guerra.

Haití (1915–1934): ocupación, trabajo forzoso y Estado fallido

La ocupación de Haití por los marines supuso la disolución del Parlamento, la reescritura de la Constitución para permitir la propiedad extranjera de la tierra y la imposición de sistemas de trabajo forzoso (corvée). La represión de las revueltas campesinas dejó miles de muertos, según estimaciones históricas. Estados Unidos se retiró dejando un Estado debilitado y una estructura represiva que condicionaría todo el siglo XX haitiano.

Nicaragua (1912–1933): marines, Sandino y Somoza

Las ocupaciones estadounidenses en Nicaragua culminaron con la retirada formal de los marines, pero no con el fin del control. Washington dejó el monopolio de la violencia en manos de la Guardia Nacional, creada y entrenada por EE. UU. En 1934, esta fuerza asesinó a Augusto César Sandino. Poco después, su jefe, Anastasio Somoza García, instauró una dictadura familiar que duró más de cuatro décadas. La intervención no fue puntual: fue estructural.

República Dominicana (1916–1924 / 1965): invasión para frenar la democracia

Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y volvió a intervenir en 1965, cuando 42.000 soldados desembarcaron para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La invasión dejó miles de muertos civiles y consolidó un régimen alineado con Washington tras la dictadura de Trujillo.

Guatemala (1954): el golpe que abrió la era del terror

En 1954, la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, mediante bombardeos limitados, guerra psicológica y presión diplomática. El golpe puso fin a un gobierno democrático y abrió una cadena de dictaduras militares.

El resultado final fue una guerra interna de 36 años con más de 200.000 muertos y desaparecidos, mayoritariamente población indígena. La ONU calificó las campañas contrainsurgentes de los años ochenta como genocidio. Washington nunca asumió responsabilidad alguna.

Brasil (1964): el golpe preventivo

Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar contra João Goulart. La dictadura resultante (1964–1985) dejó centenares de asesinados, miles de torturados, censura y persecución política. El mensaje fue claro: incluso reformas moderadas eran inaceptables.

Chile (1973): democracia aplastada

Estados Unidos financió la desestabilización económica y política del gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el palacio de La Moneda. Allende murió ese día.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 asesinados y desaparecidos, decenas de miles de torturados y un país transformado en laboratorio neoliberal. No fue una desviación: fue una decisión estratégica.

Operación Cóndor (1975–1983): terrorismo de Estado coordinado

Chile no fue una excepción. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron secuestros, torturas y asesinatos a través de la Operación Cóndor. Estados Unidos no dirigió cada operación, pero facilitó inteligencia, formación y cobertura diplomática. En Argentina, el saldo fue de 30.000 desaparecidos. Washington sabía. Y calló.

Centroamérica en los años ochenta: guerras sucias por delegación

En El Salvador, Estados Unidos financió un ejército responsable de masacres como El Mozote, donde casi 1.000 civiles fueron asesinados. La guerra dejó 75.000 muertos. En Nicaragua, armó a la contra, un grupo paramilitar acusado de terrorismo sistemático contra la población civil. Honduras se convirtió en plataforma militar regional.

El resultado fue devastador: sociedades rotas y democracias frágiles.

Granada (1983): invasión exprés

Estados Unidos invadió Granada para derrocar al gobierno surgido tras el asesinato de Maurice Bishop. La operación, presentada como rescate humanitario, fue una intervención militar directa contra un pequeño Estado caribeño.

Panamá (1989): invasión abierta

Cuando Manuel Noriega dejó de ser útil, Estados Unidos invadió Panamá. Bombardeó barrios densamente poblados para capturar a un antiguo aliado. Las estimaciones independientes sitúan las víctimas civiles entre varios centenares y algunos miles. La operación fue presentada como quirúrgica. Fue una invasión clásica.

Haití (2004): derrocamiento en el siglo XXI

Estados Unidos participó activamente en la destitución forzada de Jean-Bertrand Aristide, junto a Francia y Canadá. El resultado fue una nueva ocupación internacional y el colapso institucional que aún persiste.

Honduras (2009): golpe legitimado

El golpe contra Manuel Zelaya fue condenado retóricamente, pero tolerado en la práctica. Desde entonces, Honduras ha vivido una intensificación de la violencia política y el asesinato de activistas como Berta Cáceres.

Bolivia (2019): presión y ruptura institucional

Estados Unidos no ejecutó el derrocamiento, pero respaldó el marco político y diplomático que legitimó la salida forzada del gobierno de Evo Morales y abrió un periodo de represión con decenas de muertos.

Venezuela (2002–presente): sanciones y asfixia

Desde el apoyo al golpe fallido de 2002 hasta las sanciones económicas, la estrategia ha sido el cambio de régimen. El impacto ha recaído de forma directa sobre la población civil. El secuestro del Nicolás Maduro es solamente el último acto de una larga historia de opresión, intervencionismo, e incumplimiento del derecho internacional.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Comienza un nuevo año y las trompetas del apocalipsis resuenan con más fuerza que nunca. La internacional reaccionaria avanza sin freno. Al frente, Donald Trump, amigo íntimo del pederasta Jeffrey Epstein. Europa no queda al margen de este movimiento de fondo. Al contrario: el continente gira cada vez más hacia la militarización de los presupuestos y la “protección” de las fronteras, externalizando la violencia mediante acuerdos con terceros Estados para que hagan el trabajo sucio que los gobiernos ya no quieren asumir directamente.

La normalización de la extrema derecha

En el Reino Unido, uno de los pocos gobiernos socialdemócratas del viejo continente, el primer ministro Keir Starmer se muestra incapaz de frenar el ascenso de Nigel Farage, líder de UKIP y figura central del proyecto que empujó al país hacia el Brexit. El laborismo gobierna, pero no marca agenda. Mientras tanto, la extrema derecha impone el marco mental, el lenguaje y las prioridades, mientras Downing Street administra el desgaste.

En Alemania, Friedrich Merz, canciller de la CDU y rostro visible del partido que ha sido motor de la economía europea durante décadas, inauguraba el año con una frase cargada de ironía histórica: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Es la misma expresión que, durante la crisis de 2008, los líderes alemanes repetían con cierta petulancia a la población española para justificar recortes y austeridad. Hoy, pronunciada desde Berlín, la sentencia revela una evidencia incómoda. El viejo catecismo económico no ha desaparecido: ha regresado al centro, revestido de un nuevo lenguaje de orden y sacrificio.

Francia y el final del espejismo centrista

En Francia, la crisis institucional parece no tener fin, pero su horizonte político es cada vez más claro. A medida que se agota el mandato de Emmanuel Macron, la figura de Marine Le Pen se vislumbra con nitidez al final del túnel. El macronismo, que se presentaba como un dique de contención frente a la extrema derecha, ha acabado erosionando los mismos cimientos que decía querer proteger. Partidos desarticulados, Parlamento bloqueado y una política reducida a la gestión tecnocrática del conflicto. En este contexto, Le Pen ya no aparece como una amenaza excepcional, sino como una sucesora plausible.

Mientras tanto, Suecia —paradigma durante décadas del pleno empleo y del Estado del bienestar— muestra hoy niveles de desigualdad, segregación y violencia impensables hace apenas una generación. El relato del “modelo nórdico” se resquebraja al mismo tiempo que la extrema derecha entra en los gobiernos o los condiciona desde fuera.

Pedro Sánchez, sin cartas

En España, la situación no difiere demasiado del panorama general de las democracias liberales occidentales. Pedro Sánchez, el prestidigitador, parece empezar a quedarse sin trucos. O, directamente, con el manual de resistencia agotado. La disidencia interna aflora, como siempre que los mandos subalternos empiezan a oler sangre. La política de partidos es un negocio despiadado, y la lealtad dura exactamente lo que duran las expectativas de poder.

Apostar por la supervivencia política de Sánchez ya no es una cuestión de habilidad personal. Es, sobre todo, una cuestión de inercia institucional. Gobernar sin presupuestos sólidos, sin una mayoría estable y con una oposición que no aspira a ganar sino a desgastar tiene un recorrido limitado. Sin embargo, el relato de la resistencia, que durante años le ha permitido convertir cada crisis en una victoria táctica, empieza a perder eficacia. La ciudadanía está fatigada, y el partido ya piensa en el post-sanchismo.

La excepción catalana

¿Cómo consiguen, entonces, los socialistas catalanes sobrevivir al terremoto que amenaza con llevarse por delante el legado de la familia política más poderosa que ha existido en democracia liberal? La respuesta solo se entiende desde el ecosistema catalán y los años del procés independentista. Es ahí donde se construye una especificidad propia dentro del Estado.

El apoyo a la independencia, que llegó a rozar el 47–48% en el momento álgido del procés, se ha reducido de manera sostenida hasta situarse hoy en torno al 38–40%. Este descenso no implica la desaparición del independentismo. Pero sí la pérdida de su centralidad como eje vertebrador del sistema político catalán. En este nuevo contexto, el PSC ha sabido ocupar el espacio de fuerza estabilizadora en un país cansado de la confrontación permanente.

Además, la principal fuerza de la oposición, Junts, se ve erosionada por el ascenso de Aliança Catalana. Se trata de una formación independentista con rasgos de ultraderecha que fragmenta aún más el espacio soberanista. Su presencia dificulta cualquier alianza transversal que permita un cambio de gobierno. Por un lado, imposibilita pactos con las fuerzas de izquierda. Por otro, hace inviable una entente con la derecha españolista del PP y Vox. Esta combinación —menor apoyo independentista, fragmentación interna y ausencia de una derecha capaz de sumar— garantiza al socialismo catalán una cierta tranquilidad electoral a corto plazo, aunque se trate de un equilibrio precario y profundamente contingente.

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Las recientes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela representan algo más que un nuevo episodio de tensión bilateral. Constituyen un desafío directo al derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede evolucionar el orden mundial si se normaliza el uso unilateral de la fuerza. Ataques con drones, operaciones navales, interceptaciones de embarcaciones y amenazas de bloqueo han convertido al Caribe y al Pacífico oriental en un escenario de militarización sin precedentes.

El coste humano de esta escalada resulta especialmente alarmante. En los últimos meses, más de un centenar de personas han muerto como consecuencia de bombardeos y ataques contra embarcaciones llevados a cabo por fuerzas estadounidenses. Las víctimas eran civiles, ejecutados sin haber sido detenidos, juzgados ni sometidos a procedimiento alguno, lo que podría encuadrarse en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional.

El marco jurídico es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admiten dos excepciones: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas concurre en el caso venezolano. No existe mandato alguno que legitime un bloqueo ni ataques armados, ni se ha acreditado una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa. Lo que hay es una actuación unilateral que vulnera principios básicos del orden jurídico internacional.

Además de la prohibición del uso de la fuerza, la actuación unilateral de EE.UU. atenta directamente contra los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países, que conforman la base de una convivencia pacífica entre Estados y sobre los que descansa el derecho internacional.

Sin embargo, tampoco debe resultar extraño si tomamos en cuenta el desprecio de Donald Trump hacia el sistema multilateral, desautorizando reiteradamente a Naciones Unidas, calificándolas de “organismo inútil” y defendiendo que Estados Unidos no necesita el aval de nadie para “defender sus intereses”. En relación con Venezuela, Trump ha sido aún más explícito. En diversas declaraciones públicas ha subrayado que posee “enormes reservas de petróleo” y que esos recursos “no pueden quedar en manos de enemigos de Estados Unidos”. Altos cargos de su administración han insistido en la necesidad de “proteger intereses energéticos estratégicos” en la región.

Cuando el uso de la fuerza coincide tan claramente con intereses económicos, el derecho internacional pasa a convertirse en un obstáculo incómodo. Como ha señalado el prestigioso jurista y exrelator de la ONU, Richard Falk, cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas comunes “el derecho internacional deja de cumplir su función de contención del poder”.

La magnitud del despliegue militar estadounidense refuerza esta preocupación. Estados Unidos no concentraba tanto poder militar en la región desde los años ochenta, durante los conflictos en Centroamérica y la invasión de Panamá. Tampoco se recuerda, desde el final de la Guerra Fría, una presencia militar tan intensa y prolongada en el espacio marítimo frente a las costas de Venezuela y Colombia como foco de presión.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada a petición de Venezuela, varios Estados denunciaron que las acciones estadounidenses violan la soberanía venezolana y socavan los principios fundacionales de la ONU. El representante de China fue especialmente contundente al advertir que “el uso unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad debilita gravemente el orden internacional basado en el derecho”.

No se trata de una discrepancia ideológica, sino de la defensa de normas mínimas que permiten la convivencia entre Estados, la estabilidad en la región y un aspecto clave, siempre olvidado, el impacto de estas medidas sobre la población civil. Los bloqueos de facto, las sanciones y las amenazas militares no castigan a los gobiernos, sino a las sociedades y, especialmente, a los grupos más vulnerables.

Pero hay una cuestión aún más profunda. Lo que ocurre en Venezuela puede interpretarse como un laboratorio de una reconfiguración del orden mundial. Como advierten varios analistas, como la politóloga Anne-Marie Slaughter, el abandono del multilateralismo solo “conduce a un mundo regido por esferas de influencia y por la ley del más fuerte”. Aceptar esta lógica implica asumir que el derecho internacional es prescindible cuando resulta incómodo y también normalizar que las grandes potencias puedan imponer su voluntad por la fuerza, fundamentalmente por sus intereses económicos.

Defender el derecho internacional hoy significa preservar las reglas que evitan que el mundo retroceda a la “diplomacia de las cañoneras” propia del imperialismo del siglo XIX. La actuación de Estados Unidos en Venezuela no solo vulnera la legalidad internacional, sino que apuntala un modelo de relaciones internacionales basado en el unilateralismo, la coerción y la fuerza, erosionando el sistema multilateral y sentando un precedente extremadamente peligroso para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.

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Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

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Este análisis se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente

Once meses después de la inauguración de Trump 2.0, quizá lo que más impresiona sea la ambición desbocada de su gobierno. De conservador desde luego no tiene nada: desprecia todo lo existente. Desde el primer día, las y los miembros del equipo ministerial de Trump, además de sus asesores más cercanos –Russell Vought, el director de presupuestos, y Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto– se comportan como verdaderos revolucionarios.

Para comprender esta actitud jacobina es importante recordar que se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante que busca acelerar el Día del Juicio Final (la rapture); la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádica y supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites «globalistas» (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca. No queda claro cuánto de todo este ideario comparte el propio presidente ni cuán involucrado está Trump en los detalles del día a día. Partiendo de lo que suele responder a preguntas de la prensa, se desprende que se entera de más bien poco. Para fines prácticos no importa demasiado.

Lo que sí importa es que esta administración ha apostado de lleno por una táctica de tierra quemada. Esto hace que compilar un inventario tentativo de daños sea un ejercicio tan necesario como perturbador.

Inmigración

La política represora e inhumana del gobierno federal norteamericano hacia los inmigrantes –en particular las y los indocumentados– no es nada nueva. De hecho, ha sido una constante desde los años de Bill Clinton y apenas se ha atenuado bajo presidencias demócratas. Aun así, Trump 2.0 ha sabido empeorar una situación ya muy mala. A nivel retórico, es constante la demonización: los inmigrantes son retratados como «escoria de la peor calaña», asesinos, violadores y locos. (En una confusión tan trágica como hilarante, Trump se empeña en confundir a los solicitantes de asilo, asylum seekers, con pacientes de manicomio, insane asylum).

Esta retórica ha servido para justificar medidas mucho más concretas. En términos policiales, se han expandido los poderes, el presupuesto y las filas de las dos agencias federales responsables de vigilar la frontera e implementar las políticas migratorias, ICE y la patrulla fronteriza. Sus métodos de vigilancia y detención son ya directamente dictatoriales, dado que incluyen las desapariciones forzosas a manos de agentes enmascarados que se desplazan en vehículos sin marcar. Aunque los números son difíciles de contrastar, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre que, en lo que va de año, entre deportaciones y autodeportaciones, se ha «eliminado» a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, como daño colateral de las redadas masivas de ICE, han sido detenidos y maltratados al menos 170 ciudadanos estadounidenses, como confirmó una investigación independiente del medio ProPublica.

Es importante comprender que el radio de acción de una agencia como la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no se limita de ningún modo a las zonas propiamente fronterizas, porque «la frontera», legalmente, abarca hasta a 100 millas a la redonda de puertos y aeropuertos internacionales, con lo que cubre más de la mitad del territorio nacional. En un documental reciente, Frontera adentro, los cineastas Pamela Yates y Paco de Onís demuestran que, hoy, la frontera está por todas partes: atraviesa y divide a millones de comunidades y familias. Al mismo tiempo, nutre las ganancias cada vez mayores de lo que llaman el Complejo Industrial Fronterizo, cuyo presupuesto combinado se aproxima a los 40.000 millones de dólares por año. Los cientos de centros de detención que ICE tiene en propiedad, alquila o está construyendo por todo el territorio nacional son, además de instrumentos de represión, una mercancía. Si las cuotas mínimas de detenciones que se imponen a las unidades de la policía migratoria sirven a un propósito político, también tienen una función económica: cada cama vacía es una fuente de pérdidas.

Nacionalismo

Bajo esta presidencia, el patriotismo excepcionalista estadounidense de siempre ha llegado a nuevos paroxismos. Trump ha intensificado su campaña, iniciada durante su primer mandato, en favor de una historia «patriótica» que inspire unidad y orgullo, intentando intervenir, con éxito desigual, en la enseñanza, los museos, las agencias estatales, los parques nacionales y el calendario de días festivos. En todos estos casos el patrón es el mismo: censurar relatos críticos e históricamente rigurosos, o que tengan protagonistas no blancos o no masculinos, a favor de otros relatos ramplonamente celebratorios con una base factual más bien tenue. Así, este mes de octubre Trump sacó una proclamación en que renombraba el 12-O (que Biden tildó de Día de los Pueblos Indígenas) como Día de Colón. La proclamación describió al navegante genovés enviado por los Reyes Católicos españoles como «el héroe estadounidense original» que «allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental… el 4 de julio de 1776». (¿Cómo reaccionaría Trump si se enterara del Día de la Hispanidad?).

Constitución y Estado de Derecho

Tanto en su política migratoria como en su satanización de toda oposición (sea en su propio partido, de la izquierda o del extranjero) como «extremista», «peligrosa», «terrorista» y «antiamericana», el gobierno de Trump ha violado de forma sistemática numerosos derechos constitucionales y socavado el Estado de derecho. Las dos enmiendas más zarandeadas son la Primera (que regula la libertad de expresión) y la Quinta (que protege contra las detenciones arbitrarias). Por otra parte, Trump viola casi diariamente la independencia de su fiscal general, Pam Bondi, instándola a que instrumentalice su departamento para perseguir a los enemigos personales del presidente, incluidos a republicanos prominentes como James Comey (exdirector del FBI) o John Bolton (que tuvo varias funciones clave en el primer gobierno de Trump). En términos más generales, el Gobierno ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para asociar la violencia política con el «extremismo» de izquierdas, «Antifa», fundaciones como las de George Soros o la Ford, y el terrorismo.

Este último eslabón de la cadena asociativa es crucial porque, según la legislación adoptada a la zaga del 11 de septiembre de 2001, la asociación –directa o indirecta– con organizaciones identificadas como terroristas conlleva la suspensión automática de toda una serie de derechos y protecciones constitucionales. Siguiendo el modelo adoptado con respecto al genocidio palestino en Gaza (toda crítica a Israel es una expresión antisemita y de apoyo a Hamás, una organización terrorista), el último memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) busca tildar una larga de serie de ideas progresistas de terroristas, es decir, tan peligrosas que quien las expresa infringe la ley.

Concretamente, el NSPM-7 apunta a «campañas sofisticadas y organizadas» y «conspiraciones criminales y terroristas» como causas de un «incremento dramático de la violencia política» de izquierdas; exige que las fuerzas del orden investiguen sus «estructuras, redes, entidades, organizaciones y fuentes de financiación»; y afirma que este patrón de actividades violentas y terroristas se unifica «bajo el paraguas autodenominado del “antifascismo”». «Los hilos comunes que animan esta conducta violenta –agrega– incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad».

Libertad de prensa y expresión

La supresión de libertades mediante la coartada del terrorismo es solo uno de los dos frentes que ha desplegado el Gobierno para controlar la esfera pública. El otro afecta más directamente a los medios. Desde enero, estos se han visto sometidos a varias formas de presión e intimidación.

Ha habido millonarios juicios por difamación a las cadenas televisivas ABC y CBS y a los diarios Wall Street Journal y New York Times. También hemos visto chantajes que instrumentalizan los intereses económicos de las empresas mediáticas, como los que motivaron la suspensión o cancelación de los programas de cómicos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. El Gobierno también ha intentado condicionar el acceso de la prensa a recursos e información gubernamentales a cambio de un mayor control (léase censura), intento que acabó por fracasar con las y los corresponsales que cubren el Departamento de Defensa.

Universidades

Los ataques a las universidades, tanto privadas como públicas, han sido múltiples y variados, desde la práctica abolición del Departamento de Educación –fuente central de becas y préstamos para estudiantes universitarios– hasta los cortes repentinos de sistemas de financiación regulados por ley.

Es más, la financiación federal de becas y proyectos de investigación se ha convertido expresamente en instrumento de chantaje para destruir la autonomía universitaria, socavar la libertad de cátedra y –según afirman los arquitectos de estas medidas– liberar los más de 4.000 centros de educación superior del país del control de una «extrema izquierda» que lleva dominándolos desde, al menos, la década de 1960. Ese control se manifestaría, entre otras cosas, en un sistema de selectividad que discrimina sistemáticamente a estudiantes blancos bien preparados en favor de minorías menos capaces, y en una demonización y marginalización, en las clases, los planes de estudio y la esfera pública universitaria, de ideas conservadoras y toda persona que las exprese.

Separación de poderes

El sofisticado sistema de equilibrios y contrapesos (checks and balances) que el alumnado de los institutos aprende a admirar como la base de la mejor democracia del mundo ha resultado bastante menos resistente de lo esperado. Así, por ejemplo, el gobierno de Trump ha socavado el propio sistema federal, violando la soberanía de los estados al enviar a unidades del Ejército (no solo los reservistas de la Guardia Nacional sino también a los marines, una fuerza expedicionaria de élite) a «restaurar el orden» o «asistir a agentes federales» en estados y ciudades gobernados por líderes del Partido Demócrata.

La rama legislativa de la trias politica, el Congreso, con ambas cámaras controladas por el Partido Republicano, no solo ha seguido ciegamente a Trump, sino que ha dejado que la rama ejecutiva pise una y otra vez sus funciones constitucionales –incluido su poder presupuestario–. La rama judicial ha resistido mejor, sobre todo el sistema de jueces federales, aunque la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores, se ha cuidado mucho de contrariar al presidente. Entre sus decisiones más escandalosas ha estado la de permitir que los agentes federales de ICE invoquen el aspecto físico de la persona, y el idioma que habla, para considerarla sospechosa de violar alguna norma migratoria. En otras palabras, la Corte ha permitido que el racismo institucional se cuele por la puerta de atrás.

Por otra parte, la Corte tampoco ha querido poner demasiado freno a los intentos por parte de Trump y los suyos de destruir la neutralidad de agencias regulatorias, de arbitraje o de salud pública, desde la Reserva Federal bancaria (la «Fed») hasta la Junta de Relaciones Laborales (NLRB) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).

Mientras estoy redactando esto, la Corte parece inclinarse a cargarse una provisión de ley electoral que prohíbe rediseñar los distritos electorales para diluir el voto de las minorías raciales o étnicas. Si se levantara esa prohibición, nada le impediría al Partido Republicano manipular el mapa electoral para asegurar una mayoría cuasi permanente en la Cámara de Representantes.

De momento, hay estados que están trabajando en leyes que puedan frenar estas maniobras. California, por ejemplo, aprobó la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tiene como objetivo neutralizar la redistribución partidista promovida por estados republicanos (y trumpistas) como Texas. La proposición devuelve al Congreso estatal la capacidad de definir los distritos durante cinco años, hasta el próximo censo; así evitará que las elecciones legislativas de medio término de 2026 se decidan mediante un gerrymandering controlado por el Partido Republicano.

Posdata

Este breve inventario es necesariamente incompleto. Entre las áreas que no he mencionado está la economía –no solo el daño infligido por la errática política arancelaria, sino también los intentos por socavar las estructuras y los derechos sindicales, sobre todo de los funcionarios–, el derecho internacional –con la destrucción de barcos en el Caribe como botón de muestra–, la imposición de políticas regresivas a las Fuerzas Armadas –que ha expulsado a la mayoría de las personas trans, negándoles el derecho a la jubilación anticipada con pensión– o el hecho de que el gobierno de Trump haya abierto las puertas de la Casa Blanca de par en par a la corrupción, aceptando regalos millonarios de regímenes extranjeros, encauzando los recursos de la Casa Blanca hacia fines partidistas y de campaña, chantajeando a empresas mediáticas y bufetes legales e intercambiando favores legislativos y regulatorios a cambio de donaciones millonarias.

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Trumpismos a la europea

A pesar de que muchas de las políticas de Trump en EE.UU. no han sido bien recibidas y han socavado su popularidad, han hallado imitadores en Europa. En el parlamento de Países Bajos, la mayoría derechista (menguada tras el triunfo liberal-progresista en las elecciones del 29 de octubre) aprobó una moción que identificaba «Antifa» como una organización terrorista. Aunque fue un gesto puramente simbólico (tanto los expertos en inteligencia como el Gobierno en funciones respondieron que no hay organización llamada así y que, además, la ultraderecha representa una amenaza más seria), ha habido miembros del Europarlamento que abogaban por seguir el modelo holandés.

De forma similar, se ha venido intensificando la retórica y la política antiinmigrantes. En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer ha promovido una ley masiva de seguridad fronteriza (Border Security, Asylum and Immigration Bill) que criminalizaría a los inmigrantes y solicitantes de asilo y a cualquier persona que les preste ayuda, al mismo tiempo que expande el poder del aparato policial.

Retóricamente, son cada vez más los políticos de centroderecha y centroizquierda que adoptan marcos ultraderechistas. En varios países europeos, los partidos del centro ya hablan de la necesidad de políticas de «remigración», un término íntimamente asociado con la Teoría del Gran Reemplazo. En enero, el entonces primer ministro francés François Bayrou dijo que la inmigración producía una «sensación de sumersión», tomando prestada una metáfora ultraderechista.

La restricción de derechos constitucionales en Europa no se limita a los inmigrantes y las personas y organizaciones asociadas, ni tampoco a los países con gobiernos más abiertamente autoritarios, como Hungría. Ya en julio de 2024, Amnistía Internacional afirmaba que «los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente». Por otra parte, en septiembre de 2025, el propio Consejo de Europa señaló que «el recurso a la ley para restringir la libertad de expresión es un problema cada vez más grave» y que «desde 2019 se ha producido un fuerte aumento de las detenciones y encarcelamientos de periodistas».

Uno de los casos más flagrantes ha sido el de Alemania, cuyo Gobierno e instituciones culturales se han empeñado en censurar, si no criminalizar, cualquier crítica al Estado de Israel y cualquier defensa del pueblo palestino –no solo en protestas y manifestaciones públicas sino también en espacios universitarios y culturales–. Así como en Estados Unidos, personas críticas con Israel han acabado detenidas y deportadas.

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Las narrativas en primera persona sobre violencias sexuales están tomando cada vez más protagonismo en el sector editorial y contribuyen a avanzar hacia una reparación que el sistema pocas veces provee.

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Este artículo forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.

La palabra «nakba» (‘catástrofe’) se suele utilizar para referirse a Palestina; sin embargo, en términos relativos, resulta aún más apropiada para aludir a la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y Mauritania en 1975 y a la huida subsiguiente de casi la mitad de la población, mientras los saharauis que quedaron en el territorio ocupado tuvieron que hacer frente al horror de la tortura, las cárceles secretas y las desapariciones.

La «nakba saharaui» obligó a una entidad que apenas contaba con dos años y medio de existencia a realizar un trabajo inmenso: organizar la vida de los refugiados, luchar militarmente contra la ocupación, defender diplomáticamente su causa y apoyar la resistencia. Una tarea titánica para una organización entusiasta, pero pequeña e inexperta. Cincuenta años después puede hacerse una reflexión sobre el papel pasado y actual del Frente Polisario teniendo en cuenta que la población saharaui sigue siendo pequeña y que el Frente Polisario cuenta con un número de personas muy inferior al de sus adversarios.

Si tuviera que decir en qué tuvo su mayor acierto el Frente Polisario diría que fue en la organización de los campamentos de refugiados. El Frente Polisario consiguió, con escasos medios, pero con enorme ilusión y el apoyo de algunos pocos países y asociaciones, lo que ningún país de su entorno tenía: una alfabetización casi total y una asistencia sanitaria gratuita y de calidad. Educación y sanidad fueron las «joyas» del Polisario. Pero hoy la situación de la educación y la sanidad se han deteriorado por causa de lo que siempre fue la gran asignatura pendiente de su gestión: la economía.

Ni que decir tiene que conseguir una estructura económica solvente en unos campamentos de refugiados en el desierto es cualquier cosa menos fácil. Pero en mi opinión no se hizo el esfuerzo necesario en esta tarea al considerarla no prioritaria en un momento en que se contaba con una ayuda proveniente de organizaciones internacionales (ONU y UE), Estados (Argelia, Libia y Cuba) y asociaciones (sobre todo españolas). El empobrecimiento de España y de Cuba y la pérdida del apoyo económico libio aún antes de la caída de Gadafi, sumados al proceso de globalización, terminaron afectando a los logros del Polisario. Ya no se trataba simplemente de que el sueldo a profesores y sanitarios fuera ridículo. Siempre lo fue, pero inicialmente el Estado saharaui proveía las necesidades básicas de alimento y alojamiento. Ocurre que la evolución del mundo llevó a nuevas necesidades que el Estado saharaui no podía proveer, lo que empujó a muchas personas a emigrar. Que el capital humano formado por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) pueda dar a la RASD el retorno que se esperaba es hoy en día el mayor reto al que se enfrenta el Polisario en la administración de los campamentos de refugiados.

Cuando se produjo la «nakba saharaui» ningún servicio de inteligencia del mundo apostaba a que el Frente Polisario, sin la intervención directa de otro Estado (como Argelia), pudiera hacer frente a Marruecos y a Mauritania. También aquí el Frente Polisario sorprendió: a pesar de su notoria inferioridad numérica y de la carencia de aviación, consiguió derrotar a Mauritania y poner en jaque a Marruecos. La aceptación por Marruecos del Plan de Arreglo (1988-1990) no se explica tanto por la presión diplomática como por la presión militar saharaui. Sin embargo, los 30 años de alto el fuego (1990-2020) tuvieron un elevado coste para el Polisario. Puede ser comprensible que ante la escasez de recursos los esfuerzos se concentraran en otros objetivos, pero cinco años después de la reanudación de la guerra parece claro que el Polisario no estaba preparado para la misma. Resulta especialmente sorprendente que no disponga de drones que, por el contrario, usa el adversario con gran eficacia. A mi entender, uno de los grandes retos actuales del Polisario es una revisión de su estrategia militar.

La diplomacia saharaui ha tenido una considerable evolución en estos años. Ha perdido la audacia y la frescura de sus inicios, pero ha ganado en profesionalidad, aunque ésta a veces puede caer en la tentación del conformismo. Desde 2011 –cuando se sumó Sudán del Sur–, ningún Estado más ha reconocido a la RASD. A mi entender, el Polisario no supo aprovechar la entrada de Marruecos en la Unión Africana, que exigía reconocer a la RASD, y esta omisión ha terminado sirviendo a Marruecos para desactivar desde dentro las iniciativas africanas en favor del Sáhara Occidental. En contraste con ello, los procesos iniciados en 2012 por el Frente Polisario ante la Unión Europea han concluido con un éxito sin precedentes en las sentencias del 4 de octubre de 2024.

Algo parecido ha ocurrido con el «Polisario del interior». Después de la brutal represión del campamento de Gdeim Izik, en noviembre de 2010, la resistencia en los territorios ocupados se encuentra bajo mínimos. Por supuesto, esto es en buena medida consecuencia del perfeccionamiento de los sistemas de control y de espionaje marroquíes, a lo que hay que añadir el considerable aumento de colonos que convierte a la población saharaui en minoría. Sin embargo, sorprende que no haya habido una campaña de sabotajes en el interior para complementar la ofensiva militar al otro lado del muro.

El mundo de 2025 no es el de 1975. Algunos alineamientos de entonces se mantienen hoy. Otros han cambiado. Logros del pasado hoy han desaparecido. Logros inimaginables en el pasado han terminado por ocurrir. El Frente Polisario intenta adaptarse, quizá más despacio de lo que sería preciso, pero sigue ahí. El sueño marroquí de hacerlo desaparecer o condenar no se ha cumplido. Y probablemente no se cumplirá.

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Carlos Ruiz Miguel es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de esta universidad.

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Este artículo se publicó originalmente en #LaMarea109. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Una pesadilla recurrente de la izquierda andaluza podría ser esta: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla fumándose, sin ser fumador, plácidamente un puro en el palacio de San Telmo mientras contempla ensimismado cómo las volutas del cigarro ascienden muy, muy despacio hasta diluirse silenciosamente en las oquedades del bello artesonado que ennoblece el techo de su despacho presidencial. Y lo peor de todo: el tipo llevaría como unos siete años fumándose el maldito puro.

Desde que en 2022 logró su mayoría absoluta, no menos inesperada que la milagrosa carambola que cuatro años antes lo llevó a la presidencia, los intentos de la oposición de erosionar su figura se asemejan a esas inocuas espirales de humo que nuestro hombre observa abstraído, sin inquietud, consciente de que las pobres volutas, como la izquierda andaluza, no pueden dejar de ser lo que son: humo, niebla, sombra, nada.

En su primer mandato Moreno tuvo que lidiar con las exigencias ocasionalmente montaraces de aquel Vox, que, en alianza con Ciudadanos, lo había hecho presidente y garantizaba la estabilidad de su gobierno; los apuros en que, de cuando en cuando, los ultras ponían al presidente se vieron, sin embargo, felizmente neutralizados por un entreguismo del partido naranja que hizo la legislatura conservadora mucho más plácida de lo que auguraba la aritmética parlamentaria.

Lo nunca visto en 30 años

Ya con la mayoría absoluta lograda merced al abstencionismo de la izquierda y el desistimiento de C’s, que Moreno premiaría recompensando a su líder Juan Marín con un cargo tan poco expuesto y trabajoso como bien remunerado, su actual segundo mandato había venido siendo una balsa de aceite en la que el presidente flotaba serenamente sin temor a perturbación alguna hasta que –en política no hay bien que ocho años dure– en octubre pasado saltaba el escándalo del cribado de cáncer de mama: al menos 2.317 mujeres, según el moderado cómputo de la Junta, no fueron advertidas de que debían hacerse una nueva prueba porque el resultado de la primera era dudoso. Nunca durante las tres décadas largas que lleva implementado el programa había sucedido nada comparable. Nunca. Para la Junta se trata de un error; para la oposición, de un escándalo; para las mujeres, de un espanto.

La ola de indignación social cogió al presidente a contrapié, como si no diera crédito a lo que estaba pasando, y desde hacía muchos meses además, en el sistema sanitario andaluz. ¿Un error? ¿Una disfunción? ¿Una chapuza? Cuando cualquiera de estas tres particularidades se prolonga durante años sin que nadie les ponga fin, error, disfunción o chapuza mudan de estado político: lo que era anécdota adquiere el estatus de categoría, lo que parecía accidental alcanza el rango de estructural, lo que era amenaza ocasional pasa a ser peligro permanente.

Un mes después de estallar la crisis, que en pocos días había obligado al presidente a prescindir de su consejera de Salud, la Junta todavía no había dado una explicación creíble, convincente y detallada de las causas de ese gigantesco error/disfunción/chapuza que tiene en vilo a miles de mujeres. Además de fuertemente politizado (como no podía ser menos), el caso de las mamografías ha pasado a estar judicializado. La Fiscalía está decidida a averiguar por qué pasó lo que pasó: para sonrojo del periodismo y bochorno de la política, la justicia parece hoy por hoy la única garantía de que se acabe sabiendo la verdad, pues ni el periodismo, que no pasa por su mejor momento, ni la oposición, que está en el peor, han logrado taladrar el muro de opacidad, escapismo y silencio levantado por el Gobierno andaluz para protegerse a sí mismo, no a las mujeres, de los efectos virtualmente letales derivados de su imprevisión, su ineptitud o su negligencia.

¿Pecador yo? ¡Pecador tú!

Mientras, la tardanza de San Telmo en dar la explicación que mujeres y opositores le reclaman alimenta la sospecha de que las causas de lo sucedido no se deberían meramente a una mala praxis profesional, sino que pondrían en cuestión el propio modelo sanitario del Partido Popular, cuyo deterioro habría favorecido el fortísimo incremento del número de andaluces que en la última década han contratado un seguro privado: en 2014 eran 1,2 millones; en 2025 ya son 1,8 millones, el 22% de la población de la comunidad.

Si el escándalo andaluz del cáncer de mama hubiera tenido lugar con un gobierno socialista, las derechas estarían comportándose, como mínimo, como lo están haciendo las izquierdas, ansiosas por hallar la pistola humeante del delito, la soñada conexión causa efecto entre: 1) los recortes en la sanidad pública en forma de traspaso de fondos a la privada y de facilidades laborales a los médicos para compatibilizar su empleo público y su consulta privada; y 2) las 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama a las que no se avisó para hacerse una nueva prueba.

El PP se opone en Andalucía a la comisión parlamentaria para investigar los fallos del cribado de cáncer de mama. Obviamente, si estuviera en la oposición apoyaría esa comisión, como la apoya la misma izquierda que, de estar en el gobierno, la rechazaría sin contemplaciones aunque tal vez con un leve cargo de conciencia. En un espacio público tan altamente polarizado como el español opera con regularidad la ley de hierro según la cual importa mucho más la filiación del pecador que el pecado mismo.

Aun así, también esta ley tiene sus excepciones: no está operativa en casos de una incompetencia tan extrema que hace inviable toda absolución, como ha ocurrido con el expresidente valenciano Carlos Mazón; y no está en vigor tampoco en los casos de negligencia con resultado de muerte, amputaciones o mucho dolor, como puede haber ocurrido en Andalucía. En tales casos, la gravedad del pecado se impone sobre la adscripción de quien lo comete, de modo que en las siguientes elecciones autonómicas un buen número de votantes del partido pecador bien pudiera optar por quedarse en casa o incluso por marcharse con su voto a la competencia.

Salud y propaganda

Sea o no la punta del iceberg de otros males de fondo que aún no han aflorado a la superficie, el principal impacto de la crisis del cribado de cáncer quizá radique finalmente en haber dado una intensa visibilidad local y una inédita proyección nacional al deterioro galopante de la sanidad pública andaluza: hace años tu médico de cabecera te daba cita al día siguiente de pedirla; hoy tarda diez, doce, quince, veinte días. Y del especialista ni hablamos. No hay propaganda gubernamental, por muy sofisticada que sea, ni publirreportajes de la prensa amiga, por muy engrasados que estén, capaces de convencer a usuario alguno de que la sanidad pública funciona hoy mejor que hace siete años.

¿El declive asistencial del sistema sanitario público puede poner en apuros electorales a Moreno, considerando que en su primer mandato pudo culpar verosímilmente a sus predecesores socialistas, pero en el tramo final del segundo y disfrutando de mayoría absoluta y más presupuesto, rotundamente no? Ese podría ser el pálpito más extendido en una izquierda que parece confiar demasiado en que la sanidad gane las elecciones por ella. Políticamente, el escándalo del cribado ha sido el primer gran susto de Moreno Bonilla desde que es presidente. Sueña la izquierda con que el susto acabe en muerte, pero parece poco probable: las dos derechas siguen sumando muchos más votos y escaños que las dos, tres o incluso cuatro izquierdas que combaten a aquellas con no menos ardor que a sí mismas.

No es aventurado conjeturar que los días del Moreno moderado estarían contados si la cita electoral andaluza de la primavera o el verano de 2026 confirma el incremento de votos que las encuestas le auguran a Vox: si los de Abascal se aproximan al 20%, los de Moreno no podrán conservar la mayoría absoluta. Pero es pronto para tales elucubraciones: la marca Moreno está fuerte en Andalucía; su perfil templado contrasta con el nacional-populismo de Isabel Díaz Ayuso, el otro gran referente autonómico del PP y una lideresa que parece haber fagocitado a Vox pero pagando el elevado peaje de lograrlo pareciéndose a él. La estrategia de Moreno se diría justo la contraria: cerrar el paso a los de Abascal pareciéndose lo menos posible a ellos, posando de humano, de modesto, de humilde, de plural. De guay.

En todo caso, el calendario le da un cierto margen, pues antes de las andaluzas habrá elecciones en Extremadura el 21 de diciembre y en Castilla y León en marzo, citas cuyo desenlace habrá de serle útil a Moreno para afinar su estrategia no tanto mirando a su izquierda como a su derecha, que es donde hoy suma nuevos enteros el partido decidido a llenar de pirañas la balsa de aceite donde sestea Moreno y a arrebatarle el puro imperial cuyas volutas, según la pesadilla roja, contempla extasiado mientras sueña con una segunda mayoría absoluta.

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