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Costa Rica: la continuidad del cambio
En el año 2005, trabajaba como joven investigadora del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. Escribí un artículo, Costa Rica, tan lejos de Suiza, tan cerca de Centroamérica, sobre los casos de corrupción que salpicaban a varios exmandatarios costarricenses, reflexionando sobre cómo Costa Rica había construido, no sin cierto sentimiento de superioridad, una imagen nacional basada en las diferencias culturales y políticas respecto a sus vecinos del istmo que se estaba desmoronando en los últimos años. El título tenía su dosis de provocación y así fue. Un sociólogo costarricense envió una réplica a mi centro de trabajo, con la solicitud de ser publicada, Costa Rica, cerca de Centroamérica y de la Europa del bienestar, destacando la capacidad de las instituciones de su país para enfrentar la crisis y lo injusto que era, por mi parte, no valorar esa fortaleza institucional.
Pero la causa exclusiva de la crisis de principios de los 2000 era más profunda y no se circunscribía a los casos de corrupción. Se vivía ya una transformación del pacto fundacional de la nación, posterior a la guerra de 1948, según el cual el Estado propiciaría la movilidad económica y la estabilidad social a través de unas potentes políticas sociales. Gracias a este acuerdo de las élites políticas, la sociedad costarricense mantuvo durante décadas unos estándares de vida superiores a la media centroamericana, además de gozar de relativa paz social en un contexto regional de revoluciones, lucha armada y contrainsurgencia estadounidense. Se acuñó el mito de la “Suiza centroamericana”, un supuesto oasis que, en realidad, era un espejismo detrás del cual se escondía la desigualdad, la pobreza y una represión a la disidencia más sutil pero no menos efectiva. La izquierda, fuera de la socialdemocracia gobernante, era minoritaria y Costa Rica se alineaba claramente con EE. UU. en tiempos de la Guerra Fría.
Sin embargo, los años noventa y sus políticas de ajuste afectaron a Costa Rica, como al resto de países de América Latina y el Caribe, iniciando la penetración de las políticas neoliberales. El país se movilizó en contra del intento de privatización en 2001 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que consiguió frenarse, y también contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que, este sí, entrará en vigor en 2009, después de un referéndum nacional en 2007 que lo aprobó con el 51,22% de los votos.
La introducción de la agenda neoliberal produjo el descrédito del liderazgo político que se tradujo en un cambio en el sistema de partidos costarricense. La implosión del bipartidismo o, a decir de otros, del hegemónico Partido Liberación Nacional (PLN), de tinte socialdemócrata, aunque cómplice del desmontaje del Estado social, dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que trataron de canalizar el descontento, bajo el liderazgo de exmiembros del PLN, como el centrista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Ese fue el caso de Luis Guillermo Solís, politólogo, profesor e investigador, que ganó las elecciones presidenciales con el PAC en 2014, después de una primera vuelta en que la izquierda del Frente Amplio (FA) alcanzó más del 17% de los votos, un hecho inédito en la historia de este moderado país. A Solís le siguió otro gobierno del PAC, encabezado por Carlos Alvarado, quien disputó la segunda ronda a un partido evangélico que obtuvo el 24% de los votos. La fragmentación partidaria llegó a la Asamblea Legislativa.
Alvarado y el PAC, que pretendían ser gobiernos de ruptura, no lograron contener el avance de la desigualdad. Algunas de las medidas fiscales que tomaron después de 2018 tampoco ayudaron a mejorar la situación y acabaron generando rechazo. La pandemia agravó la situación. La aprobación de una “ley anti-huelgas” en 2020 dejó claros los límites para canalizar las demandas sociales. El incumplimiento de la promesa democrática sobre la que se erigió la Segunda República costarricense era un hecho y dejó el camino allanado para la emergencia de nuevos liderazgos, como el de Rodrigo Chaves. Un personaje que se presentaba como outsider a pesar de haber sido ministro de Hacienda en la administración Alvarado y ser, además, un exfuncionario de carrera del Banco Mundial, con 27 años de servicio a sus espaldas y varias denuncias de acoso sexual.
Ello no fue óbice para que Chaves fuera el hombre capaz de presentarse como la solución al descontento. Ganó en 2022 frente a un candidato del PLN, el expresidente José María Figueres Olsen, protagonista de uno de los escándalos de corrupción que relataba en mi artículo de 2005. Chaves ha gobernado estos cuatro años con niveles de popularidad superiores al 60%. Su retórica de mano dura contra la delincuencia contrasta con el hecho de que durante su mandato el narcotráfico ha podido penetrar en Costa Rica como nunca. Si su modelo político es El Salvador de Nayib Bukele, de quien ha copiado la idea de crear una mega cárcel en la que encerrar a los delincuentes, un discurso que cala a medida que los índices de criminalidad se multiplican, su modelo económico es la Argentina de Javier Milei. De hecho, el también economista Chaves ha logrado subsumir bajo su liderazgo a los libertarios costarricenses, es decir, a los representantes del supuesto “anarcocapitalismo”.
Sus detractores destacan sus ataques al resto de poderes del Estado desde el Ejecutivo, su persecución a la oposición política desde el Gobierno, la confrontación con los medios y el victimismo constante que, sin embargo, ha acrecentado sus apoyos y reforzado un perfil antisistema que no es tal. Chaves no necesita ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene un discurso y unas prácticas que lo alinean con las extremas derechas continentales y mundiales, aunque con características ticas. También en su caso ha contado con un ecosistema de medios favorables en las redes sociales cuya financiación se desconoce.
Chaves ha gozado del apoyo de los EE. UU. de Trump para que Costa Rica siga siendo el fiel aliado estadounidense en Centroamérica que siempre fue, reforzando una agenda compartida de securitización de las migraciones y de combate selectivo al crimen organizado que apuntala las alianzas geopolíticas de Washington en un momento de rearticulación hemisférica estadounidense. Un respaldo que seguirá teniendo, sin duda, la próxima presidenta, Laura Fernández, elegida este 1 de febrero con más del 48% de los votos, quien se convertirá en la segunda mujer mandataria. Fernández, joven politóloga, ha sido la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPS) ante la imposibilidad de la reelección inmediata en el país centroamericano. Ya ha anunciado el inicio de una Tercera República y la “continuidad del cambio” que, en su caso, supone una profundización de las líneas establecidas por su antecesor y mentor, Rodrigo Chaves.
Para acometer algunos de los cambios, que podrían requerir modificaciones constitucionales, el PPS de Fernández cuenta con 31 de los 38 diputados necesarios para lograr la mayoría de dos tercios sobre los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La mayoría simple de 29 diputados ya la tiene. Entre las propuestas que prevén algunos analistas está la aprobación de la reelección presidencial, la venta del Banco Central de Costa Rica, el desfinanciamiento del Estado o la redacción de una nueva Constitución.
Pero, más allá de especulaciones, lo que sí le tocará a esta nueva bancada es renovar a la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con afectaciones en la Sala Tercera y la Sala de Casación Penal encargada del combate a la corrupción y el narcotráfico. Esta renovación afecta asimismo a áreas como la Sala Constitucional, que en Costa Rica depende del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Policía Judicial. Por ello, varios expresidentes han mostrado su preocupación ante lo que ven como un “riesgo para la democracia”.
No obstante, la evolución de la política costarricense en las últimas décadas, las transformaciones de su sociedad y los impactos económicos experimentados por las políticas neoliberales de las administraciones precedentes, así como la presencia creciente de una realidad desconocida como el narcotráfico, demuestran que Costa Rica no es inmune a las problemáticas que asolan Centroamérica y América Latina en general. Tampoco a las corrientes ideológicas que parecen imponerse en el mundo. Y no está claro que la fortaleza de sus instituciones vaya a resistir la arremetida.
Pero el respaldo a la “continuidad del cambio” en estas elecciones deja otro elemento para la reflexión, quizás menos evidente pero más acuciante, que apunta a una erosión de las promesas y los consensos democráticos que vendría de lejos. Aquí radica hoy, como antes, el origen de los problemas que enfrenta Costa Rica. La revisión pormenorizada de los resultados de votación por cantones –unidades administrativas– muestra que los cantones con peor índice de desarrollo han votado mayoritariamente por Fernández, en porcentajes superiores al 60% en muchos casos. Lo lógica inversa se encuentra en los cantones con mejor índice de desarrollo. La desigualdad se expresa en las preferencias electorales y en la búsqueda de soluciones.
Como en otras latitudes, cuando la democracia liberal no logra satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, la frustración puede ser canalizada por quienes dicen venir a mejorar los problemas pero, en realidad, no son más que oportunistas defensores del mismo sistema económico capitalista que está en la base de la generación de pobreza y desigualdad. En este sentido, lo que está pasando en Costa Rica no es más que parte de un fenómeno ya visto en otros escenarios que, dadas las características de la historia política costarricense, se puede interpretar como altamente excepcional, aunque no lo sea tanto. Estamos ante un caso más de víctimas votando a sus verdugos en una espiral de autodestrucción que está llevando a la humanidad a la barbarie colectiva.
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