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En febrero de 1976, en mitad del exilio y la guerra, la fotógrafa francesa Christine Spengler inmortalizó a Nuena Djil Bani, fusil al hombro, cargando en brazos a su bebé. Aquella imagen se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo saharaui por la libertad. Cincuenta años después, la protagonista de esa foto recuerda cómo en aquel momento ella y sus compatriotas lidiaban con «el impacto psicológico de la ocupación y el exilio».
Nació en mayo de 1956 en Amgala, en el Sáhara español. En esta pequeña ciudad, conocida por sus manantiales de agua, se libraron algunas de las batallas más cruentas entre el Frente Polisario y las tropas de ocupación marroquíes. Antes de la guerra ella y su familia se movían con libertad por el desierto, como tantos saharauis. Ahora la localidad, a escasos metros del muro militar erigido por Marruecos con ayuda de Arabia Saudí e Israel, está rodeada de minas antipersona. Nuena mantiene vivo el sueño de regresar a su tierra en libertad: «Mi deseo es que ese día llegue, que la alegría y la felicidad inunden a todo el pueblo saharaui bajo la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática». Está orgullosa de su gente y de la valentía de quienes dieron la vida en el frente.
Hoy, algunos jóvenes consideran que no hay otra salida que volver a la lucha armada. Nuena opina que este conflicto tiene unas causas específicas, y si estas no desaparecen, el pueblo saharaui tiene legítimo derecho a retomar las armas.
Nuena Djil recuerda con nitidez un día concreto de 1974. De repente, tres de sus hermanos aparecieron en casa cubiertos de pintura roja. Aquello le impactó. Todavía no lo sabía, pero la policía española solía rociar con pintura a los saharauis que se manifestaban para después perseguirlos y encarcelarlos. Un día encontró un papel de uno de ellos y quedó fascinada. Tenía delante los 16 principios de la revolución saharaui: derecho a la autodeterminación y la independencia; unidad árabe, africana y del Tercer Mundo; lucha contra el colonialismo; constitución de un Estado democrático islámico; derechos y libertades fundamentales; igualdad y promoción de la mujer y los jóvenes… Nuena pidió explicaciones a su hermano, que se enfadó al ver que hurgaba en sus cosas. Él solo le dijo que algo muy importante estaba ocurriendo. Los saharauis ya llevaban tiempo luchando para liberar a su pueblo del yugo colonial español.
Al año siguiente, en 1975, estalló todo. Fue entonces cuando Nuena dio el paso y se involucró en el movimiento de liberación. El 14 de noviembre, con Franco agonizando, el joven rey Juan Carlos dio orden a las tropas españolas de abandonar la provincia del Sáhara Occidental. Los ejércitos de Marruecos y Mauritania invadieron el territorio.
Nuena empezó a involucrarse más y más en la resistencia. Lo hizo de forma clandestina, sin integrarse en una célula organizada del Frente Polisario. Su primera misión consistía en ocuparse de guardar y administrar documentos y dinero con el que se compraban enseres y suministros para apoyar la lucha. Por su hogar pasaban todo tipo de mandos militares del Polisario antes de momentos clave, como las reuniones con representantes españoles o las visitas a los familiares de los «mártires», aquellos que habían dado su vida por la libertad del Sáhara.
Un día de 1976 el marido de Nuena llegó a casa exaltado. Le dijo que debían irse de inmediato. Las fuerzas marroquíes estaban apresando a los saharauis. Circulaban las primeras informaciones sobre torturas y bombardeos. Pusieron rumbo a Dajla, en el sur del país. Nuena entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo al ver a miles de personas llegadas de todas partes, con lo puesto, en busca de un lugar seguro para sus familias. Poco después Nuena, su hija y su hijo, muy pequeños entonces, fueron a Smara, donde encontraron un ambiente aún más pesado.
Aires de guerra, rostros de miedo e incertidumbre bajo un sol abrasador. Cuatro días después, Nuena supo que el ejército marroquí estaba acercándose a Smara. Ella y su marido ayudaron sin descanso a todo el mundo a subir a camiones para alejarse y ponerse a salvo. Fueron a Mahbes, en el extremo nordeste del Sáhara, cerca de la frontera con Marruecos y Argelia. Nuena recuerda lo traumático de aquel camino, con ataques y bombardeos constantes de la aviación marroquí. Fue testigo de cómo esta «usó armamento prohibido internacionalmente contra población civil e indefensa, como el fósforo blanco y el napalm». En los campos de refugiados todavía se ven las secuelas que sufren muchas personas que sobrevivieron a estas armas ilegales. Nuena no tiene dudas de que «Marruecos tenía la clara pretensión de llevar a cabo un genocidio». Ningún mando militar marroquí ha rendido cuentas ante un tribunal por estos hechos.
En el camino del exilio hacia Tinduf (Argelia) iban escuchando una radio. Supieron que Dajla también había sido bombardeada. Se enteró de que su hermana había sido herida y su sobrina había fallecido. La tristeza lo inundó todo.
Nuena forma parte de la memoria viva del pueblo saharaui y aquellos años de guerra descarnada. Ella y sus hijos llegaron una semana después a Rabuni, en Argelia, «país que nos acogió como a hermanos». Allí está actualmente la sede de la RASD, el gobierno saharaui en el exilio. Cincuenta años después, todavía expresa agradecimiento hacia aquella familia que les dio una pequeña carpa en la que estuvo viviendo sola con sus hijos una semana. Días después, sintió alivio cuando un camión trajo a su madre, su hermana y otros familiares que habían logrado sobrevivir a las bombas.
El Uali Mustafa Sayed, «el che Guevara saharaui», líder y cofundador del Frente Polisario, decidió lanzar una operación contra la capital de Mauritania el 9 de julio de 1976. Aquel ataque hizo que el ejército mauritano se retirara de la guerra, pero no fue gratis. Nuena lo recuerda bien porque entre los muertos estaban su marido y también El Uali. «Aquello marcó drásticamente mi vida», afirma.
En esos días llegaban a Rabuni miles de civiles saharauis; a finales de 1976 crearon la wilaya (una forma de división administrativa que en Tinduf corresponde a cada uno de los campamentos) de El Aaiún, en referencia a la capital del Sáhara. Los saharauis ponen a cada wilaya el nombre de una ciudad del territorio que dejaron, reproduciendo así el mapa desde el exilio: Dajla, Smara, Auserd… Nuena recuerda que hicieron un pozo y lo bautizaron como «el pozo de la revolución». Ella y su hermana sabían leer y escribir –«gracias a mi hermano Aba Adkhil Bani, que en paz descanse»–, así que se ocuparon de elaborar listas y censos y organizar el campamento, entre otras muchas tareas.
Desde entonces Nuena ha desempeñado muchas más funciones: dirigió la Media Luna Roja saharaui, fue secretaria adjunta de orientación política en su daira (‘barrio’), incluso dirigió todo lo relativo a cultura en el campo de refugiados de El Aaiún, un rol destacado porque, a su parecer, «permitía la liberación de las mujeres para poder trabajar más y hacer que el día a día fuera más próspero». Incluso llegó a ser una de las dirigentes de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, donde apostó por que mujeres más jóvenes adquirieran cargos de poder. En 1983 volvió a casarse y, de nuevo, perdió a su marido en combate. Su último cargo llegó en 2018 a propuesta del Ministerio de Defensa: dirigir la escuela militar de mujeres. Aceptó: «En defensa de mi marido y mis tres hermanos, que cayeron en la guerra».
Nuena ha recorrido el mundo denunciando los abusos contra el pueblo saharaui. Estuvo en México, Cuba, Chile, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Francia, donde se especializó en organización de bibliotecas. Y conoce bien España, donde ahora recibe tratamiento médico por un delicado cuadro asmático, común entre los saharauis que viven en los campamentos.
De la guerra aprendió que «es un engaño y una mancha de deshonor en la frente de quien la provoca, pero también una lección para saber quién es el verdadero amigo, quién es el enemigo y a quién debemos nuestro agradecimiento». Habla de las autoridades de España y la «traición histórica al pueblo saharaui» con su tono más serio. Pide que España revise «el nefasto Acuerdo Tripartito de Madrid» y «revele el destino de Sidi Brahim Basiri, líder histórico, que fue torturado y desaparecido en la época colonial española».
La hospitalidad es un valor central de la cultura saharaui. El agradecimiento es un arte que este pueblo domina y demuestra en gestos y actos de reciprocidad. Nuena quiere que esta entrevista termine con su agradecimiento: «A quienes nos apoyan, y también a La Marea, por dar voz a nuestra causa y contribuir a que el mundo conozca la verdad de nuestro pueblo y su incansable anhelo de libertad y justicia».
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En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
La entrada Manifiesto contra el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
COMUNICADO DE PRENSA
18 de noviembre de 2025
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
Notas:
El informe “A toxic Cocktail: the EU-Mercosur Deal. Limes reveal how european pesticides travel around the world (and back), traducido al castellano por Ecologistas en Acción, está disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/289636/
La entrada Pedro Sánchez y Luis Planas reciben un baño de pesticidas en una protesta para denunciar el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Estamos viviendo en una distopía que con frecuencia difiere poco de las fantásticas propuestas que generan la literatura o el cine. Se ridiculiza el pacifismo y las propuestas de desarme; y, desde la caída del muro de Berlín los medios de comunicación han creado la ficción de que no existe una alternativa al neoliberalismo feroz, individualista y competitivo.
El calentamiento global nos advierte de la necesidad de cambiar el sistema, pero no encontramos en la cultura voces que describan un mundo nuevo sin desigualdades, donde el bien común sea el objetivo principal de toda la sociedad, y la humanidad deje de ser depredadora del planeta, y que además sea entretenido y atractivo.
Muy al contrario, la literatura, el cine o los videojuegos están plagados de relatos distópicos, donde el sistema es violento, pero los héroes son seres individualistas que son capaces de vencer la violencia sistémica con violencia. Y cuando llega el final, y el héroe o la heroína vence, nadie describe cómo va a ser esa nueva sociedad, qué valores la van a cohesionar.
Al celebrar el 25 aniversario de la fundación de ATTAC España, veinticinco años de reclamar Otro Mundo Posible, propusimos el concurso “Utopía realizable” para encontrar relatos de cómo sería vivir en esa sociedad utópica. Ha habido respuestas de todo tipo, algunas han plasmado sociedades supervivientes de catástrofes, otros relatos han sido descriptivos de mundos fantásticos, y también hemos tenido algún trol neoliberal que nos enmendaba la plana.
Aquí os dejamos los diez relatos que, a juicio del jurado, se han acercado más a nuestra propuesta. Como podréis ver, la utopía a veces está cerca, y con frecuencia está en la voluntad de cambiar las cosas y compartir esa voluntad con otras personas. Los héroes y heroínas de estas historias no son especialmente fuertes, incluso algunos son vulnerables, pero de la solidaridad, la justicia y el encuentro con otros logran la fortaleza para crear otro mundo posible.
La entrada Libro de relatos de premiados y finalistas del concurso de relatos “UTOPÍA REALIZABLE” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Las periodistas Khadija Amin, de Afganistán, Valeria Guzmán, de El Salvador, y Luciana Peker, de Argentina, exiliadas en el Estado español, participan en el IV Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola, organizado por Pikara Magazine.
La entrada “La extrema derecha está unida y a nosotras nos dejan solas” se publicó primero en Pikara Magazine.
Por María Fernanda Gadea y Berta Lago de Attac España, para NuevaTribuna.
La renta básica universal e incondicional se presenta hoy como una de las propuestas más revolucionarias para transformar nuestra sociedad y avanzar hacia un horizonte de justicia social plena. Frente a un contexto global marcado por crecientes desigualdades, precariedad laboral y crisis climática, esta medida emerge como la herramienta más efectiva para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad más libre, justa e igualitaria.
La renta básica universal e incondicional (RBU o RBI) se define como una asignación monetaria que recibirían todas las personas residentes en un territorio por el simple hecho de existir, sin necesidad de cumplir requisito alguno más allá de justificar un período previo de residencia. Como explica la Red Renta Básica, se trata de «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada».
Este ingreso presenta cinco características fundamentales que la distinguen de cualquier otra prestación, subsidio o ayuda social: es incondicional (no requiere demostrar nada para percibirla), universal (dirigida a toda la población), individual (se paga a cada persona independientemente de con quién conviva), suficiente (con una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas) y monetaria (se cobra en dinero).
A diferencia de las rentas mínimas condicionadas actuales, que están sujetas al cumplimiento de requisitos específicos y conllevan estigmatización social, la renta básica se concibe como un derecho universal similar a la sanidad o la educación públicas. Su cuantía debería ser igual o superior al umbral de la pobreza, garantizando así que ninguna persona se vea privada de los recursos necesarios para una vida digna.
La Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) ha sido una de las organizaciones pioneras en España en la defensa de la renta básica como derecho de ciudadanía. Desde principios de la década de 2000, ATTAC ha impulsado esta propuesta a través de su Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, considerándola un instrumento fundamental de reparto de la riqueza colectivamente generada y complementario a los demás pilares del Estado del Bienestar.
Ya en 2004, el Observatorio de Renta Básica de ATTAC Madrid destacaba que se trataba de un derecho humano emergente, señalando hitos importantes como la promulgación de la Ley de Renta Básica de la Ciudadanía en Brasil ese mismo año. La organización ha mantenido una constante labor formativa, como demuestra la jornada que organizó en marzo de 2015 centrada específicamente en la formación sobre renta básica de ciudadanía, contribuyendo al debate público y académico sobre sus implicaciones y beneficios.
Más recientemente, ATTAC ha consolidado su liderazgo en este ámbito organizando, como miembro de la Red Renta Básica, el XXIII Simposio de Renta Básica bajo el título «Renta Básica: El derecho a la existencia en un mundo en peligro», celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 25 y 26 de octubre de 2024. Este encuentro, realizado con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, constituyó una gran oportunidad para analizar los efectos transformadores de la Renta Básica en este mundo desigual, convulso e inseguro y debatir y reflexionar sobre ello con personas expertas. El simposio abordó el impacto de la renta básica en la transformación socioecológica, el acceso a derechos de los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, y los diferentes sistemas de bienestar social.
ATTAC enmarca la renta básica dentro de su propuesta más amplia de transformación social, entendiendo que no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre.
Una de las principales virtudes de la renta básica radica en su extraordinario potencial redistributivo. Al tratarse de una prestación universal financiada mediante una reforma fiscal progresiva, genera una transferencia neta de recursos desde los sectores más privilegiados hacia el conjunto de la ciudadanía.
Esta redistribución se produce tanto por el propio cobro de la renta básica como por la necesaria reforma del sistema fiscal que requiere su financiación. A diferencia de los subsidios condicionados, que solo llegan a sectores marginados, la renta básica beneficia al conjunto de la población, eliminando las «trampas de la pobreza» que caracterizan a los sistemas actuales.
Además, su gestión sería más eficiente que la de las prestaciones condicionadas existentes, al requerir una burocracia mínima y evitar los elevados costes administrativos derivados del control de requisitos y condiciones.
La renta básica atacaría de raíz uno de los principales problemas de nuestro tiempo: las crecientes desigualdades sociales. Los datos más recientes muestran que la desigualdad se ha intensificado en el último lustro a escala global: el 1% más rico posee ya más riqueza que el 95% de la población mundial en 2024, y controla aproximadamente el 43% de los activos financieros totales. En este contexto, la universalidad de la renta básica la convierte en una herramienta especialmente poderosa para reducir las brechas sociales.
Como destaca la investigación académica, la renta básica mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo y se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Al proporcionar una base económica sólida a toda la ciudadanía, aumentaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores frente a empleadores, permitiendo rechazar trabajos en condiciones inadecuadas.
Esta mejora del poder de negociación es especialmente relevante en el actual contexto de precariedad laboral creciente. La renta básica al garantizar la seguridad económica ex-ante tendría claras consecuencias en un aumento significativo del poder de negociación de las personas empleadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.
La crisis climática requiere transformaciones profundas en nuestros modelos de producción y consumo que pueden generar importantes costes sociales. En este contexto, la renta básica emerge como un componente necesario para una transformación socioecológica y elemento clave para la justicia climática. La seguridad económica que proporcionaría la renta básica facilitaría la implementación de políticas climáticas ambiciosas sin generar rechazo social.
Además, diversos estudios y resultados de pruebas piloto sugieren que la renta básica podría tener efectos positivos directos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podría fomentar el trabajo voluntario, proyectos artísticos o productivos enfocados al cuidado de nuestro planeta y, en definitiva, abrir espacios de oportunidad para la emergencia de nuevas formas de innovación social orientadas a la sostenibilidad.
La renta básica presenta un enorme potencial emancipador desde una perspectiva feminista. Como señala la investigación especializada, siete de cada diez personas pobres en el mundo son mujeres y hay el doble de mujeres que de hombres sobreviviendo con salarios bajos. En este contexto, la universalidad e incondicionalidad de la renta básica la convierten en una herramienta especialmente valiosa para combatir las desigualdades de género.
La seguridad económica que la renta básica proporcionaría a las mujeres potenciaría su autonomía material, evitaría que sufran condiciones denigrantes de trabajo y, en muchos casos, les ayudaría a liberarse de ciclos de violencia machista con sus parejas o en sus hogares.
Históricamente, el movimiento feminista ha sido pionero en la defensa de la renta básica. Ya en 1977, el Congreso Nacional de Liberación de la Mujer de Gran Bretaña aprobó oficialmente una resolución a favor de la renta básica universal. Esta tradición feminista se mantiene vigente, como demuestra el manifiesto feminista «Recursos y autonomía para todas: un manifiesto feminista para la renta básica» lanzado en diciembre de 2019, que situó esta demanda en el centro de la agenda de las feministas que luchan por la emancipación y la igualdad.
La renta básica no solo mejoraría las condiciones materiales de vida, sino que fortalecería sustancialmente la participación democrática de la ciudadanía. Al eliminar la inseguridad económica que limita la capacidad de las personas para dedicar tiempo y energía a la participación política y social, la renta básica ampliaría significativamente los espacios de democracia participativa.
Para los jóvenes, este efecto sería especialmente relevante. Como señala la Red Renta Básica, la Renta Básica tendría un fuerte efecto emancipador para las personas jóvenes, confiriéndoles mayor capacidad de decisión sobre sus planes de presente y de futuro. En un contexto donde más del 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en España, la renta básica les proporcionaría la base material necesaria para participar activamente en la construcción de alternativas sociales y políticas.
La seguridad económica que proporciona la renta básica permitiría a las personas dedicar más tiempo a actividades de voluntariado, participación en organizaciones sociales y movimientos ciudadanos. Esta liberación del tiempo respecto a la mera supervivencia económica es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una ciudadanía más activa y comprometida.
La relación entre renta básica y salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales.
En este contexto, el “Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal”, publicado en 2020 por la asociación Activament de Catalunya, defendía la RBU como una medida preventiva de la salud mental. El manifiesto argumentaba que garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales.
Las experiencias internacionales confirman el potencial transformador de la renta básica. El caso más destacado es Alaska, donde desde 1982 funciona un dividendo ciudadano financiado con los ingresos petroleros que ha llegado a proporcionar hasta 2.000 dólares anuales por persona. Los resultados han sido muy positivos: Alaska se ha convertido en el estado más igualitario de los Estados Unidos sin efectos negativos sobre el empleo o la inflación.
El experimento finlandés de 2017-2018, que proporcionó 560 euros mensuales a 2.000 desempleados durante dos años, arrojó resultados esperanzadores. Aunque no aumentó significativamente el empleo, sí mejoró sustancialmente el bienestar de los participantes: estaban más satisfechos con sus vidas y experimentaron menos tensión mental que el grupo de control. También tenían una percepción más positiva de su bienestar económico. Además, aumentó la confianza de los beneficiarios en los demás y en las instituciones de la sociedad.
Especial mención merece el experimento alemán de renta básica, uno de los más rigurosos y extensos realizados hasta la fecha. Llevado a cabo entre junio de 2021 y mayo de 2024 por la organización Mein Grundeinkommen en colaboración con diversas instituciones académicas, incluyó 122 personas que recibieron 1.200 euros mensuales sin condiciones durante tres años.
Los resultados son contundentes: no hubo reducción en el empleo, los beneficiarios trabajaron unas 40 horas semanales, igual que las personas del grupo de control. Sí se llevó a cabo una reorientación profesional, ya que muchos aprovecharon la seguridad económica para formarse, cambiar de trabajo o iniciar nuevos proyectos. Los investigadores concluyeron que los beneficiarios experimentaron un incremento en su satisfacción vital y una mayor satisfacción laboral. Además, su comportamiento social y su sentido de la solidaridad también se han visto reforzados. Como señala el estudio, lejos de desincentivar la mejora laboral, la ha mejorado.
La renta básica universal e incondicional representa mucho más que una simple medida de política social: constituye una propuesta integral de transformación hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Su potencial para redistribuir la riqueza, combatir las desigualdades, facilitar la transición ecológica, empoderar a las mujeres, fortalecer la democracia y mejorar la salud mental la convierte en la herramienta más completa de que disponemos para avanzar hacia la justicia social.
Como demuestra el compromiso histórico de ATTAC, desde sus jornadas formativas de 2015 hasta la organización del reciente XXIII Simposio de Renta Básica, esta propuesta cuenta con un sólido respaldo teórico y práctico. Los resultados de experimentos como el alemán, junto con las evidencias internacionales y el creciente consenso científico, confirman que la renta básica no es una utopía inalcanzable, sino una propuesta racional y factible cuya implementación depende fundamentalmente de la voluntad política y social.
En un mundo amenazado por la desigualdad, la crisis climática, la precariedad y los problemas de salud mental, la renta básica se alza como la mejor solución para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la construcción de una sociedad del bien común. Como se afirmó en el XXIII Simposio, «en una época de grandes incertidumbres ambientales, políticas y socioeconómicas, como la actual, la idea de proporcionar a cada miembro pleno de la sociedad un ingreso mínimo e incondicional que garantice una base material de subsistencia abre un horizonte de esperanza». La RBU se perfila, así como uno de los Derechos Humanos Emergentes de nuestro siglo.
María Fernanda Gadea, Vicecoordinadora de ATTAC España
Berta Lago, Coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATTAC España
La entrada Renta Básica Universal: la única garantía de que nadie quede atrás se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Mientras Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. Feijóo ha manifestado su predisposición a valorar su regularización.
Desde su irrupción en el tablero político nacional, Ciudadanos enarboló la bandera de la legalización de la gestación subrogada altruista que, como se explicábamos en el caso de Grecia, termina siendo comercial bajo el paraguas de poder remunerar, como defendía en la propuesta de ley que registró en el Parlamento en 2017, «los gastos y molestias ocasionadas por el embarazo». Albert Rivera e Inés Arrimadas aprovechaban los micrófonos para buscar los votos del sector de la población partidaria de esta práctica, cuyo porcentaje respecto al total se desconoce.
De hecho, la única encuesta que se ha realizado al respecto la hizo a unas 3.700 personas un equipo de investigación del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante en 2018. Sin embargo, no fue difundida hasta 2023, coincidiendo con su publicación en una revista científica y la presentación de sus resultados en un congreso organizado en Bilbao por varias asociaciones de familias que han tenido bebés mediante vientres de alquiler. Según esta muestra, el 58% de la ciudadanía consultada considera que habría que regular esta práctica y el 53% estaría dispuesta a recurrir a ella en caso de problemas de infertilidad y de desear formar una familia.
A la vez que Ciudadanos se desinflaba en los resultados electorales, ganaban peso en el seno del Partido Popular las voces partidarias de la gestación subrogada. El senador Javier Maroto ha sido el encargado de impulsar este cambio ideológico en un partido que reivindica sus bases católicas, aun cuando el papa Francisco pidió la abolición del alquiler de vientres en todo el mundo. Maroto, quien ha rechazado ser entrevistado sobre este asunto, fue el encargado de casar con su pareja a Eduardo Chaperón, portavoz de Son Nuestros Hijos, la principal asociación de clientes de la gestación subrogada en España.
El actual secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado ante los medios de comunicación su predisposición a valorar su regularización, lo que demuestra la normalización que ha vivido esta práctica en los últimos años.
Para ello, ha sido fundamental el papel que han jugado caras conocidas de todo el espectro ideológico. Los cantantes Miguel Póveda y Ricky Martin, el actor Javier Cámara, la baronesa Carmen Cervera, los periodistas de televisión Tony Cruanyes y Lluís Guilera o el futbolista Cristiano Ronaldo son algunos de los rostros que han normalizado esta práctica.
Paralelamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha surgido un nuevo fenómeno digital: el de hombres y mujeres que buscan convertirse en influencers compartiendo sus vidas como padres y madres por gestación subrogada en Instagram y Tik Tok. Es el caso, por ejemplo, de Javier Serna, de Iván Ibáñez y Serafín Llamas (a través de una cuenta llamada «Papá y Papá») o de la abogada especializada en la materia Beatriz Huerga. En los países en los que es legal, también son numerosas las mujeres que publicitan su embarazo antes de entregar el bebé.
La asociación Son Nuestros Hijos se ha convertido en la más conocida de las que reúnen a quienes han recurrido a los vientres de alquiler para tener hijos e hijas. Dicen representar a más de mil familias y reivindican, en respuesta a preguntas de La Marea, ser «la única que ha denunciado un supuesto caso de ilegalidad cometido por una agencia».
En realidad, lo que interpusieron fue una demanda ante la Fiscalía para que investigase las presuntas irregularidades que la abogada Núria González recogió en su libro Vientres de alquiler respecto a la agencia Gestlife. A través de una entrevista por escrito, sostienen que no abogan por ninguna empresa en particular: «No recomendamos ni desaconsejamos como asociación ninguna clínica de reproducción asistida ni agencia, no entra dentro de nuestra función como asociación de familias que somos».
Aunque en su código ético aseguran que no apoyan la gestación subrogada comercial, muchos de sus asociados han recurrido a esa vía. Como el resto de asociaciones europeas, reivindican que España legalice un modelo altruista como los que se están aprobando en Dinamarca o Irlanda, antesala habitual para legalizar el alquier de vientres comercial.
La entrada El ‘lobby’ a favor de la gestación subrogada en España se publicó primero en lamarea.com.
«Las responsabilidades están ahí y eso no va a variar». Aunque celebra el acuerdo de paz en Gaza, el Gobierno español considera que deben continuar las investigaciones por genocidio contra el primer ministro israelí, Benjamín Netenyahu. Así lo expresó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día de la firma en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.
«Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, precisamente basado en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, y también hay una investigación de la Corte Penal Internacional», recordó. Además, la Fiscalía española ha abierto una investigación al respecto.
Este mismo martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en ello en una entrevista en la Cadena SER: «La paz no puede significar el olvido ni la impunidad. Las personas que hayan sido actores principales del genocidio perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia».
Según ha dicho, «se mantiene el embargo de armas» a Israel hasta que se consolide la paz en Gaza y no ha descartado que España envíe tropas de paz a Gaza. «Tenemos que consolidar el alto el fuego».
La entrada El Gobierno insiste en el genocidio: “La paz no puede significar impunidad” se publicó primero en lamarea.com.
Esta semana hemos sentido un odio visceral que no podíamos reprimir. Aunque habitualmente somos unas nostálgicas a las que les gusta hablar de luchas pretéritas, hoy nos centramos en una actualidad abrumadora que demuestra que este país y la mayor parte de sus instituciones apestan. Hablamos de la condena, sin pruebas, a cuatro antifascistas zaragozanos […]
La entrada Odiando se publicó primero en Radio Topo.
Firma aquí la petición ciudadana en defensa de los grandes simios
El Gobierno español no puede seguir incumpliendo su palabra y la ley. La humanidad tiene una deuda pendiente con sus parientes más cercanos: los grandes simios.
Chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos no son simples animales: son homínidos, miembros de nuestra misma familia evolutiva, con quienes compartimos más del 98% de nuestro ADN. Ellos sienten, ríen, lloran, transmiten cultura, se comunican y establecen lazos familiares tan profundos e irrompibles como los nuestros. Y, sin embargo, el Gobierno de España está incumpliendo la ley y abandonando a estos seres.
En marzo de 2023, la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales obligaba al Ejecutivo a presentar en un plazo máximo de tres meses un proyecto de Ley de Grandes Simios. Han pasado más de dos años y ni siquiera existe un borrador.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, no solo ignora una obligación legal, sino que perpetúa una injusticia histórica contra seres que, científicamente, pertenecen a nuestra misma familia. España podría ser pionera en el mundo con la primera ley integral de grandes simios, pero el retraso amenaza con convertir una oportunidad histórica en una vergüenza internacional.
La ciencia ha demostrado, una y otra vez, que los grandes simios poseen capacidades cognitivas y emocionales complejas:
Privarlos de libertad y mantenerlos en jaulas no es ni cultura ni educación, es un crimen ético contra nuestra propia familia evolutiva. Y, sin embargo, siguen sin la protección legal que se les prometió.
Uno de los puntos más importantes de esta campaña es exigir que la futura Ley de Grandes Simios prohíba la reproducción en cautividad. Los zoos justifican la cría como parte de “programas de conservación”, pero:
En realidad, la reproducción en cautividad solo alimenta el negocio de los zoos, que los muestran como meras estampas vivientes para el entretenimiento humano.
El único camino real para garantizar la supervivencia de los grandes simios está en sus hábitats naturales, no en jaulas. Es allí, en las selvas y bosques tropicales, donde debemos:
Todo lo demás es un engaño. Ningún zoo ha salvado a los grandes simios de la extinción, ni tampoco lo hará, porque los zoos fabrican seres sin cultura propia, incapaces de subsistir en el medio natural.
En 2008, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de España aprobó por unanimidad de todos los partidos una Proposición No de Ley para proteger a los grandes simios. El Gobierno de entonces ignoró aquella decisión.
Hoy, la historia se repite: el Ejecutivo vuelve a dar la espalda a nuestros hermanos evolutivos. Y no podemos permitirlo. Por ello, decimos ¡basta ya de tanto dar largas y tanto engaño! El Gobierno debe cumplir la propia ley que ha aprobado. El Ministerio de Derechos Sociales es el responsable y exigimos una reunión con el Ministro para exponer nuestras inquietudes, nuestro malestar y presentar un borrador que ha sido elaborado por expertos. Lee la carta pública al ministro.
Este incumplimiento no solo es ilegal. Es también una traición a la palabra dada y un atropello a la justicia más elemental.
Hoy, el Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians, hacemos un llamamiento contundente a toda la sociedad civil:
Los grandes simios no pueden esperar más. Necesitan que alcemos la voz por ellos, que nos unamos en una sola fuerza. Puedes ver aquí el VÍDEO DE LA CAMPAÑA.
Los grandes simios no son objetos, no son recursos económicos, no son entretenimiento.
Son parte de nosotros, de nuestra familia. Hermanos evolutivos que sienten y sueñan, que aman y sufren, que esperan justicia desde hace demasiado tiempo.
El Gobierno está incumpliendo la ley, está traicionando a la ciencia, a la ética y a la humanidad misma.
No podemos permitir que sigan enjaulados, explotados y tratados como mercancía. No podemos tolerar que se rompan sus familias y se les arrebate su cultura. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se les condena al sufrimiento en cautividad. España debe ser pionera en el mundo. Hagamos historia. Hagamos justicia. Los grandes simios no pueden esperar más.
Pedro Pozas Terrados
Coordinador del Proyecto Gran Simio
Otros temas que te van a encantar:invitadoespecial
Firma aquí la petición ciudadana en defensa de los grandes simios
El Gobierno español no puede seguir incumpliendo su palabra y la ley. La humanidad tiene una deuda pendiente con sus parientes más cercanos: los grandes simios.
Chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos no son simples animales: son homínidos, miembros de nuestra misma familia evolutiva, con quienes compartimos más del 98% de nuestro ADN. Ellos sienten, ríen, lloran, transmiten cultura, se comunican y establecen lazos familiares tan profundos e irrompibles como los nuestros. Y, sin embargo, el Gobierno de España está incumpliendo la ley y abandonando a estos seres.
En marzo de 2023, la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales obligaba al Ejecutivo a presentar en un plazo máximo de tres meses un proyecto de Ley de Grandes Simios. Han pasado más de dos años y ni siquiera existe un borrador.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, no solo ignora una obligación legal, sino que perpetúa una injusticia histórica contra seres que, científicamente, pertenecen a nuestra misma familia. España podría ser pionera en el mundo con la primera ley integral de grandes simios, pero el retraso amenaza con convertir una oportunidad histórica en una vergüenza internacional.
La ciencia ha demostrado, una y otra vez, que los grandes simios poseen capacidades cognitivas y emocionales complejas:
Privarlos de libertad y mantenerlos en jaulas no es ni cultura ni educación, es un crimen ético contra nuestra propia familia evolutiva. Y, sin embargo, siguen sin la protección legal que se les prometió.
Uno de los puntos más importantes de esta campaña es exigir que la futura Ley de Grandes Simios prohíba la reproducción en cautividad. Los zoos justifican la cría como parte de “programas de conservación”, pero:
En realidad, la reproducción en cautividad solo alimenta el negocio de los zoos, que los muestran como meras estampas vivientes para el entretenimiento humano.
El único camino real para garantizar la supervivencia de los grandes simios está en sus hábitats naturales, no en jaulas. Es allí, en las selvas y bosques tropicales, donde debemos:
Todo lo demás es un engaño. Ningún zoo ha salvado a los grandes simios de la extinción, ni tampoco lo hará, porque los zoos fabrican seres sin cultura propia, incapaces de subsistir en el medio natural.
En 2008, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de España aprobó por unanimidad de todos los partidos una Proposición No de Ley para proteger a los grandes simios. El Gobierno de entonces ignoró aquella decisión.
Hoy, la historia se repite: el Ejecutivo vuelve a dar la espalda a nuestros hermanos evolutivos. Y no podemos permitirlo. Por ello, decimos ¡basta ya de tanto dar largas y tanto engaño! El Gobierno debe cumplir la propia ley que ha aprobado. El Ministerio de Derechos Sociales es el responsable y exigimos una reunión con el Ministro para exponer nuestras inquietudes, nuestro malestar y presentar un borrador que ha sido elaborado por expertos. Lee la carta pública al ministro.
Este incumplimiento no solo es ilegal. Es también una traición a la palabra dada y un atropello a la justicia más elemental.
Hoy, el Proyecto Gran Simio y la Fundación Animal Guardians, hacemos un llamamiento contundente a toda la sociedad civil:
Los grandes simios no pueden esperar más. Necesitan que alcemos la voz por ellos, que nos unamos en una sola fuerza. Puedes ver aquí el VÍDEO DE LA CAMPAÑA.
Los grandes simios no son objetos, no son recursos económicos, no son entretenimiento.
Son parte de nosotros, de nuestra familia. Hermanos evolutivos que sienten y sueñan, que aman y sufren, que esperan justicia desde hace demasiado tiempo.
El Gobierno está incumpliendo la ley, está traicionando a la ciencia, a la ética y a la humanidad misma.
No podemos permitir que sigan enjaulados, explotados y tratados como mercancía. No podemos tolerar que se rompan sus familias y se les arrebate su cultura. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se les condena al sufrimiento en cautividad. España debe ser pionera en el mundo. Hagamos historia. Hagamos justicia. Los grandes simios no pueden esperar más.
Pedro Pozas Terrados
Coordinador del Proyecto Gran Simio
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26 de septiembre de 2025
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
Adhesiones colectivas e individuales
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