Dos acusados tienen una cita en el Juzgado de lo Penal Uno de Albacete este jueves, 9 de abril, por un presunto delito de robo con fuerza en local abierto al público, por unos hechos ocurridos en marzo de 2022 en un hotel de Riópar. Según Fiscalía, ambos se alojaron en el establecimiento y, al …
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Un hombre está acusado de un delito de lesiones por una presunta agresión ocurrida en julio de 2019 en la localidad albaceteña de Alcadozo. Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el procesado golpeó supuestamente en varias ocasiones con una silla en la cabeza a otro durante una discusión. La cita del acusado …
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete celebrará este jueves, 9 de abril, el juicio contra una mujer acusada de un delito de robo con fuerza en casa habitada por unos presuntos hechos que habrían ocurrido en enero de 2020 en una casa de Almansa. La procesada encontró unas llaves que el propietario …
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete tiene señalado para este miércoles, 8 de abril, el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito de extorsión por unos hechos ocurridos en agosto de 2021. Según Fiscalía, el procesado reclamó a la víctima 3.000 euros bajo amenazas y consiguió que realizara varias transferencias …
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La Sección Penal del Tribunal de Instancia Número Tres de Albacete, tiene previsto celebrar este miércoles, 8 de abril, el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito contra la intimidad, por el que la Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel. Según sostiene el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, …
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La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Albacete tiene previsto celebrar este miércoles, 8 de abril, el juicio contra una mujer, madre de una menor, acusada por un presunto delito de maltrato habitual en el ámbito familiar y otro de injurias hacia su hija. Según sostiene el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, …
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar este martes, 7 de abril, el juicio contra un hombre de nacionalidad argelina y 33 años de edad, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel. Según sostiene el escrito de …
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Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.
Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026
Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios.
Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”
“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”, destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.
Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.
Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.
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El vídeo de El Salto en el que se muestra la detención de Serigne Mbaye y la violencia de los agentes de policía muestra también cómo viene funcionando la policía desde hace años. Quieren evitar que cualquiera sea testigo, que la gente se pare, que grabemos, que denunciemos. Y lo hacen amparándose en la ley mordaza aprobada por el PP pero que el Gobierno más progresista de la historia mantiene.
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No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).
Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.
Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.
Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.
A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:
Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.
Más sobre política sensata:blogsostenible
No hace mucho se reunieron dos de los políticos más brillantes del panorama nacional español. Incluso sus oponentes lo reconocen. Ambos pertenecen a partidos distintos, pero coinciden en lo esencial, además de mantener un discurso claro y directo —tal vez con alguna exageración cómica o hipérbole innecesaria—, pero sin bulos y sin pelos en la lengua. Me refiero a Emilio Delgado (diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid) y a Gabriel Rufián (diputado en el Congreso por ERC).
Lo que estos dos políticos han planteado es algo bastante antiguo: la unión de la izquierda, especialmente teniendo en cuenta que la ley electoral en España es bastante injusta y que difícilmente van a aprobarse algunas de las propuestas para mejorar la representación del pueblo y reducir el número de políticos.
Lo que proponen no es la unión en un único partido nacional, sino un pacto por regiones para que, siguiendo la vigente Ley D’Hondt, se maximice el número de escaños conseguidos. La idea puede funcionar y frenar el envite de la derecha y la ultraderecha con todo lo que esto supone: devaluación del sector público, desprecio por el medioambiente, defensa del machismo, etc. Con respecto a la naturaleza, si ya el PP era un partido peligroso (demostrado sobradamente aquí), con sus nuevos socios —negacionistas impenitentes— la cosa no pinta bien ni para el medioambiente, ni para los animales, ni para nadie, salvo para una minoría que sabe bien lo que quiere y dónde pone su dinero.
Las luchas entre partidos pueden ser muy aburridas. Tenemos que centrar el debate en qué es lo mejor para nuestra sociedad en su conjunto y no para cada votante en particular.
A la gente corriente —currantes o en paro, jóvenes o ancianos— nos da igual que se llamen de izquierdas o derechas. Lo que queremos es compromiso con los problemas reales de las personas y del planeta. Repartidos en tres epígrafes, los siguientes quince puntos que deberían estar en el programa y en la boca de cualquier partido decente:
Si un partido político o una coalición aboga por todo (o casi todo) lo dicho arriba, creo que contará con mi apoyo y con el de muchos otros. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de sensatez y humanidad.
Más sobre política sensata:Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la defensora asesinada hace diez años y su sucesora al frente del COPINH, considera que la llegada al poder en Honduras del empresario Nasry Asfur “es un retroceso”. Pero matiza, “ellos también tienen miedo de nuestra lucha”.
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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
La entrada Carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea- Declaración a favor de la regulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Un exhaustivo informe auspiciado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que el asesinato de la defensora hondureña se produjo en un “contexto de tolerancia, encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales”. Diez años después del crimen, su recuerdo sigue impulsando resistencias y exigiendo justicia.
La entrada Berta Cáceres, del crimen prevenible y tolerado por el Estado a la siembra de su lucha se publicó primero en Pikara Magazine.
Azar vive en Afganistán y ha intentado varias veces denunciar el maltrato de su marido sin éxito. La nueva norma del régimen Talibán dicta que, si no hay huesos rotos o heridas graves, no hay maltrato. Para Azar supone que años de golpes “moderados” nunca hayan existido oficialmente.
La entrada “Si no me rompe los huesos, nadie me escucha” se publicó primero en Pikara Magazine.
A raíz de la denuncia por agresión sexual de una agente de policía al exjefe de la policía nacional, Jose Ángel González, reflexionamos sobre el mandato de denunciar que se viene repitiendo estos días.
La entrada Denuncia, denuncia, denuncia se publicó primero en Pikara Magazine.
La publicación masiva de archivos sin ordenar, duplicados, censurados en unos casos y revelando la identidad de las víctimas en otros es una estrategia documentada por la literatura política. La transparencia es aquí aparente y no funciona para controlar al poder sino para legitimarlo.
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El colectivo Rosas Negras ha publicado el libro ‘La sombra del Estado’, para tejer una narrativa colectiva ante las infiltraciones policiales que se han destapado en el Estado español desde 2022. A pesar de que el texto recoge los casos particulares, no quieren poner el foco en esa individualidad, por lo que el libro viene cargado de genealogía, alianzas y reflexiones políticas.
La entrada La sombra del Estado: hay luz bajo la penumbra se publicó primero en Pikara Magazine.
Cuando tienes frío en tu casa te abrigas o pones la calefacción. Imagina lo que es tener frío y no poder ir a tu casa, ni poder abrigarte, ni tener una simple estufa. Ha llegado el frío también a los campamentos de refugiados, y los gobiernos europeos, como hicieron en verano, siguen intentando ignorar el problema.
La guerra es siempre dramática pero tenemos el deber moral de ayudar a los civiles que huyen. Pensemos en los miles de niños que se han perdido en su huida de la guerra: Save the Children dice que “cada hora desaparece un niño refugiado“. El 20% de los refugiados son niños, y de ellos, el 90% viajan solos. Y de ellos… el 100% está ahora sin hogar.
España es un país solidario y la gente corriente haríamos mucho más si nuestro gobierno lo facilitara. ¿Acaso no podríamos acoger en nuestros hogares al menos a los niños que viajan solos? Muchas familias y ayuntamientos se ofrecerían a ello si nuestro gobierno, en vez de poner trabas a los refugiados, lo permitiera.
Mariano Rajoy impone dificultades para acoger a los refugiados, como también denunciaron las alcaldesas de Madrid y Barcelona, ciudades que acogerían refugiados si el gobierno central lo permitiese.
Por su parte, el rey de España Felipe VI tampoco ha hecho nada al respecto, aunque sí ha tenido tiempo para involucrarse en el “negocio ilegal” de venta de armas a Arabia Saudí, como han denunciado Greenpeace y Amnistía Internacional (que hasta está recogiendo firmas contra esto). La Casa Real española, callada también ante los abusos y la corrupción de las eléctricas, podría acoger refugiados como hizo el Papa Francisco, pero si no lo hace, al menos debería presionar a nuestro gobierno para que se comporte con un mínimo de espíritu humano (cristiano también, si se desea).
Comete un delito el que, en caso de accidente, no ayuda a las víctimas “cuando pudiere hacerlo”. En nuestro mundo «al revés», no pasa nada si no ayudas a cientos de refugiados pudiendo hacerlo y habiéndose comprometido a hacerlo.
Los ciudadanos corrientes, mientras pensamos algo más que hacer, podemos asociarnos a algunas de las ONG que trabajan sobre el terreno: Save the Children, Médicos Sin Fronteras, ACNUR, UNICEF, Open Arms… y no parar de presionar a los que mandan: No olvidemos que ellos mandan porque les dejamos mandar.
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