El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el indulto a Las seis de La Suiza, condenadas a tres años y seis meses de prisión: dos años por un delito de obstrucción a la justicia y 18 meses por un delito de coacciones. Las trabajadoras cumplían actualmente la pena en régimen de tercer grado.
La medida, que ha partido del departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, será parcial puesto que la ley prohíbe indultos totales cuando hay un informe en contra por parte del tribunal sentenciador. Esto supone que las penas accesorias, como la indemnización, ya liquidada, de 125.000 euros (90.000 por “daños morales”, 35.000 por “perjuicios económicos”), no tiene vuelta atrás, pero las sindicalistas no volverán a la cárcel. «Es una condena inapropiada en una democracia», había dicho Díaz ante el clamor de las protestas.
Aunque el indulto supone un alivio, el fondo del asunto continúa sin resolverse: «La represión al sindicalismo y a quienes se organizan sigue vigente. El indulto no es un regalo, sino fruto de una lucha incansable”, han afirmado las propias trabajadoras afectadas tras conocer la aprobación, que han agradecido toda la solidaridad mostrada por sindicatos y organizaciones: “Queremos dar las gracias a quienes llenasteis las calles, a quienes gritasteis cuando intentaban silenciarnos, a quienes nos abrazasteis sin pedirnos que fuéramos heroínas, a quienes entendisteis que la dignidad no tiene que ser perfecta para ser legítima; queremos agradecer a todas las personas, colectivos y movimientos sociales que nos acompañaron y sostuvieron durante todos estos años tanto a nivel humano como organizativo. Lo que nos salvó no fue la esperanza sino el movimiento de solidaridad que se levantó a nuestro alrededor”.
“Este caso –han continuado– ha demostrado algo que ya sabíamos: cuando atacan a una, respondemos todas. No permitamos que se pierdan los aprendizajes que hemos adquirido en esta lucha, necesitamos seguir tejiendo la solidaridad y necesitamos hacerlo cada vez mejor. Hoy celebramos, sí, pero no olvidamos a quienes siguen sufriendo represión. Tampoco que este caso sienta un mal precedente en lo colectivo y que hoy se sigue pretendiendo que hacer sindicalismo sea delito. Gracias al apoyo mutuo no pudieron con nosotras y, que nadie lo dude, tampoco podrán con las que vendrán detrás”, han zanjado las sindicalistas.
Desde la Comisión de Laboral de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) expresan también “alegría y solidaridad con las compañeras”, pero advierten igualmente de la criminalización del sindicalismo: “El indulto extingue la pena, pero no reconoce lo injusto de la condena. Y la doctrina del Tribunal Supremo que equipara acción sindical con coacción penal queda intacta, pues el indulto no borra esa sentencia».
El colectivo añade que puede ser una eventual base de jurisprudencia con sentencias futuras para restringir la libertad sindical: “Siempre hemos dicho que la sentencia analizó las conductas –concentraciones, piquetes, campañas en redes– como si fueran actos de particulares frente a un tercero, ignorando que se producían en el seno de un conflicto laboral. Es un enfoque incorrecto y muy peligroso”.
Por su parte, Èrika Conrado, secretaria general de CNT, cree que es un indulto “que llega nueve meses tarde, pero, a la espera de la letra pequeña, bienvenido sea». «Reiteramos que las compañeras han cumplido parte de una condena injusta, pero si lo que se proponía la sentencia era doblegarnos, han conseguido todo lo contrario: se ha conseguido una unión social y sindical sin precedentes, que a fin de cuentas es la que ha presionado para que no se olvide el caso y finalmente se logre el indulto. El sindicalismo está más vivo que nunca y, ante la escalada represiva y la regresión de derechos, la gente empieza a ser consciente de la necesidad de la unión y de la lucha colectiva”, ha concluido.
Diez años de calvario
El conflicto que llevó a las sindicalistas a la cárcel –en régimen de tercer grado– se inició hace casi diez años, cuando una trabajadora a la que la pastelería La Suiza le debía horas extras y vacaciones, y además denunció acoso, decidió acudir a CNT y exponer su caso. Tras los intentos de negociar con la entidad, el sindicato organizó la habitual campaña de denuncia, lo que llevó al empresario a interponer una batería de denuncias contra la organización y se abrió un proceso judicial contra más de 30 personas –algunas de ellas, paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas–. Finalmente, seis personas, entre ellas la trabajadora implicada, fueron condenadas a tres años y seis meses de prisión.
El magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón que emitió la sentencia en primera instancia es el conocido popularmente como el ‘justiciero de Poniente’, por acarrear a sus espaldas un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales. Al controvertido juez se le sumó en el proceso una familia empresarial conocida por sus vínculos con la política local conservadora y Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con experiencia en el tratamiento penitenciario de presos terroristas y del crimen organizado como juez central de Vigilancia Penitenciaria. Todo ello conformó los mimbres que explicarían un resultado que dejó estupefactas a las organizaciones sindicales y a buena parte de la sociedad asturiana.
De hecho, el indulto no se habría adoptado sin la intensa campaña desarrollada por todo el espectro sindical de clase, que llegó a unir sus voces en un hecho sin precedentes con un grito unánime: “Hacer sindicalismo no es delito”. Además, las movilizaciones sociales se extendieron a todo el Estado, y han cobrado durante todo este tiempo un protagonismo especial en Asturias, cuyo Gobierno autonómico también había solicitado la medida.
Precisamente fueron asociaciones las que, una vez declarada definitiva la sentencia, han venido recordando que “una de las responsabilidades y facultades del Gobierno, aun dentro de la división de poderes, es la posibilidad de corregir o matizar aquellas cuestiones que el Poder Judicial no puede afrontar, precisamente por su propia naturaleza, basada en la aplicación de leyes sin contar con otro tipo de factores”. Por tanto, el Poder Ejecutivo podía ofrecer una medida de gracia “si considera que determinadas sentencias generan un daño personal y social que excede al de la sentencia”. Este sería uno de esos casos.
Después de nueve meses de ejecución de la sentencia y diez años de calvario judicial y personal por haber sido “mujeres apoyando a mujeres”, como les gusta recordar, las sindicalistas al menos no tendrán que volver a la cárcel.
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