Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.

Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.

Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Hacia la independencia: el camino lo marca Canadá

Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.

El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.

Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.

Golpear a las grandes tecnológicas con regulación

Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.

Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.

Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.

Terminar con la dolarización de la economía

Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.

Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.

Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.

Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.

Sin unidad política en la UE

Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.

Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.

Alianzas internas y disonancia con China

La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.

La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.

En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.

Medidas simbólicas contra las políticas sociales trumpistas

Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.

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Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para ctxt.

El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional.

Hay muchos motivos por los que el año que está a punto de acabar merece ser recordado con frustración y dolor. Hemos vuelto a contemplar auténticos genocidios. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el número de conflictos armados ha vuelto a ser el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en algunos de ellos potencias nucleares, con el riesgo añadido que eso conlleva. Amnistía Internacional ha mostrado que la situación de los derechos humanos se deteriora en todo el mundo. Las causas, según esta organización, son la “inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas”, así como “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo”.

Hay, pues, numerosos elementos que podrían ser tomados como muestra de la desastrosa situación en la que se encuentra el planeta. Sin embargo, me parece que hay uno que tiene una especial relevancia geopolítica y estratégica, y que yo elegiría como referente de 2025: la renuncia de la Unión Europea a ser un baluarte libre y autónomo de la paz y la democracia, y el reconocimiento público de su sometimiento servil e indigno hacia Estados Unidos.

Costaría trabajo señalar un solo mes en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra de enemistad de la administración Trump hacia la UE

Costaría trabajo señalar un solo mes del año en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra, en fin, de desprecio, agresividad y enemistad de la administración de Donald Trump hacia la Unión Europea, sus valores fundacionales y su ciudadanía. Y el mismo esfuerzo llevaría encontrar alguna respuesta firme, digna y con coraje por parte de sus mandatarios. 

En febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó que Europa defienda la democracia, y señaló a la extrema derecha neofascista como la portadora de los valores que Estados Unidos quiere compartir en nuestro continente. Poco más tarde, Trump ridiculizó a Zelenski y después los líderes europeos lo visitaron para ser recibidos como alumnos a quienes el director de la escuela apercibe y da instrucciones. Después, la mayoría de los gobiernos europeos se arrodillaron ante “papito”, según llamó el secretario general de la OTAN a Trump, y aceptaron un caprichoso, irracional e injustificado compromiso de llegar al 5 % del PIB en gasto militar. Por si eso fuese poco, la presidenta de la Comisión Europea superó todas las marcas de la indignidad aceptando las imposiciones comerciales del presidente estadounidense en un campo de golf propiedad de este último. La Estrategia Nacional de Seguridad publicada hace unas semanas confirmó de la forma más nítida posible que Estados Unidos desprecia a la Unión Europea y que se dispone a apoyar a las fuerzas políticas que ponen en cuestión su propia existencia. El año termina con sanciones a dirigentes europeos que pusieron en marcha normas comunitarias en defensa de libertades y derechos de ciudadanía elementales.

Ante todo eso, la Unión Europea apenas ha abierto la boca. O ha callado, o no ha ido más allá de mostrar algunas respuestas tibias, tan tímidas, impotentes e ineficaces que, en lugar de reforzar o marcar su posición, lo que han conseguido es producir vergüenza y quedarse en una situación aún más insignificante, en ridículo y en evidencia en el escenario internacional. Ha sido tan sumisa ante las afrentas de Estados Unidos como silente ante las crueldades de Israel en Palestina. En ambos casos, cobarde y, por tanto, cómplice de la autocracia y del crimen.

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme. Una respuesta, sin embargo, que la debilita aún más porque es una estrategia que carece de elementos esenciales para poder ser una sincera y útil apuesta para garantizar nuestra defensa: unidad política y un ejército auténticamente paneuropeo, no depender del material bélico y de la inteligencia de terceros y en concreto de Estados Unidos, autonomía energética e industria potente y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a tomar las armas bajo una misma bandera. El aumento del presupuesto militar sólo lleva a lo único que saben hacer bien los dirigentes y las instituciones europeos, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones.

La Unión Europea ha capitulado ante Estados Unidos cuando este se ha mostrado como enemigo de Europa. Y lo peor no es que lo haya hecho ante los aranceles, las anunciadas sanciones a empresas o las ya establecidas sobre personalidades europeas, como he mencionado, o ni siquiera ante la que va a ser cada vez mayor intromisión trumpista en Europa para apoyar al neofascismo europeo. Lo que realmente está dando por bueno es lo que Estados Unidos ya expresa sin ningún disimulo: su nueva y obligada estrategia para sobrevivir como potencia imperial pasa por reducir Europa a la nada, económica y políticamente hablando.

La pregunta clave en esta situación es si la Unión Europea está en condiciones de responder de otro modo, o si necesariamente ha de darse por vencida, aun a sabiendas de que esto sólo la llevará a la irrelevancia internacional y quizá por un camino sin vuelta atrás hacia su progresiva desintegración.

Johnny Ryan, director de Enforce, una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles que supervisa los derechos humanos en las grandes plataformas digitales, escribió en septiembre pasado un artículo significativamente titulado Europa debe tomar la bazuca o será humillada. De él se deduce que si Europa no se está defendiendo es porque sus dirigentes no lo desean, y no porque carezcan de medios para hacerlo.

El arma a la que se refería Ryan es, simple y llanamente, que Europa cumpla sus propias leyes –en concreto el Reglamento General de Protección de Datos– y que utilice los instrumentos anticoerción de los que dispone. 

Como señala Ryan en otro un artículo posterior publicado en The Guardian, se sabe que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están entrenando sus modelos de IA con grandes cantidades de datos personales, algo que es ilegal en Europa y que sólo salvan gracias a que la Comisión Europea viene haciendo la vista gorda con la normativa muy laxa en ese aspecto de Irlanda. 

Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone EEUU y bloquear la producción de chips

Si la Unión Europea “tuviera el coraje de ejercer esta presión –dice Ryan– estas empresas tecnológicas estadounidenses tendrían que reconstruir sus tecnologías desde cero para gestionar los datos correctamente”. Y a esto se podría añadir que Europa dispone de otra “bomba” que produciría un daño inmenso a la economía estadounidense si la utilizara: la empresa neerlandesa ASML –sujeta a legislación neerlandesa, normativa europea, y decisiones políticas del gobierno holandés y de la Unión Europea– es la única que fabrica las máquinas de litografía sin las cuales no se pueden grabar los microchips esenciales para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone Estados Unidos y bloquear la producción de chips.

Como dice Ryan, es poco probable que la burbuja de la inteligencia artificial sobreviviera a este doble impacto. La Unión Europea podría frenar en seco la economía estadounidense, actualmente impulsada por la inversión en inteligencia artificial. 

Son sólo dos ejemplos que fácilmente demuestran que Europa sí dispone de instrumentos para enfrentarse inmediatamente a Estados Unidos y negociar en lugar de someterse, si sus dirigentes quisieran; como han querido los de Brasil, por ejemplo, cuando han plantado cara con dignidad a una potencia mucho más poderosa.

La inacción de Europa es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente 

No se trata, sin embargo, de una simple falta de voluntad y dignidad de las autoridades europeas. Su inacción es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente a escala paneuropea, de un diseño institucional concebido para satisfacer la avaricia corporativa en lugar de para generar bienestar y que, por tanto, ha dejado sin suficiente protección ni seguridad a la gente corriente, lo que ahora la lleva a caer cada vez más en brazos de la extrema derecha. En lugar de generar pulsión democrática que le ayudara a defenderse de agresiones exteriores, los dirigentes y las instituciones europeas se han convertido en la fuente de insatisfacción que alimenta al autoritarismo; y la vergüenza y repulsa ante el modo en que se comportan sus dirigentes sustituyen al afecto y la complicidad que son imprescindibles para forjar comunidades unidas, libres y estables.

Quienes han decidido y deciden ahora los destinos de Europa sometiéndose al imperio de las grandes empresas y al interés de Estados Unidos la han convertido en enemiga de sí misma. En una especie de enferma autoinmune, pues ella misma genera los elementos que la atacan, en lugar de producir los valores de la paz, la democracia, el bienestar y la seguridad como las mejores y más efectivas defensas ciudadanas y civilizatorias que son para protegerse de cualquier amenaza exterior. 

Y sólo hay un error mayor que eso: creer que se sufre una simple enfermedad pasajera que desaparecerá cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca. En el supuesto optimista que no venga una etapa aún peor en 2028, la vuelta del Partido Demócrata podrá aliviar las formas, pero no evitar lo fundamental, como ya empezó a ocurrir con Obama y Biden, o hubiera sucedido si hubiese ganado Kamala Harris. El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional. Es lo que ocurrirá inexorablemente si aquí no se recupera la dignidad y si no se da completamente la vuelta al diseño de la Unión Europea.

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Publicado por Rafael Poch.

Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE.

Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para la UE, a pesar de que el país no es miembro de la UE y de que oficialmente no estamos en guerra con Rusia Aufgelesen: Ein Plan zur «Entmachtung» Russlands – Lost in EUrope .

Truco número tres: las sanciones contra Rusia https://lostineu.eu/best-of-2022-sanktionen-made-in-washington/, que hasta ahora tenían una duración limitada de seis meses, se convertirán en permanentes para evitar un posible veto, por ejemplo, de Hungría, y la devolución de los fondos a Rusia.

Truco número cuatro: las sanciones se complementarán con una nueva normativa que obligará a las instituciones financieras como Euroclear a entregar los activos rusos depositados en ellas. Russisches Vermögen: EU plant «Diebstahl» durch die Hintertür – Lost in EUrope Esto se aplicará en toda la UE, también en Alemania.

Truco número cinco: los actos jurídicos decisivos se aprobarán por mayoría cualificada. Esto significa que no habrá veto, ¡ni siquiera Bélgica podría impedir por sí sola el acceso a Euroclear!

Para poner en práctica estos trucos, Von der Leyen quiere invocar el artículo 122 del Tratado de la UE. No soy jurista, pero, en mi opinión, con ello está tergiversando el Derecho de la UE. Pero léalo usted mismo (aquí en español: EUR-Lex – 12012E122 – ES – EUR-Lex ):

(1) Sin perjuicio de los demás procedimientos previstos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar, en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, las medidas adecuadas a la situación económica, en particular si se producen graves dificultades en el abastecimiento de determinados productos, especialmente en el sector de la energía.

(2) Si un Estado miembro se ve afectado por dificultades o se encuentra seriamente amenazado por dificultades graves como consecuencia de catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios ajenos a su control, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir conceder a dicho Estado miembro, en determinadas condiciones, ayuda financiera de la Unión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de la decisión.

¿Qué tiene que ver la política económica de la UE con Ucrania? ¿Y desde cuándo es Ucrania miembro? Aquí se está manipulando el Derecho de la UE para poder pasar por alto a Bélgica y sacar a Ucrania del apuro.

No es la primera vez. El reconocimiento de Ucrania como candidato a la adhesión ya se produjo incumpliendo las normas de la UE. Von der Leyen incluso viajó a Kiev en abril de 2022 (¡!) para entregar los formularios de adhesión y echar una mano… Von der Leyen verspricht Ukraine Tempo bei EU-Beitritt – news.ORF.at

P.D.: No soy el único que piensa así. El Financial Times también enumera toda una serie de problemas jurídicos…

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European Water Movement.

El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental. 

El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.

“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.

El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.

Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.

El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.

La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.

Organizaciones¹ de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte
aquí.

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1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.

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9 de diciembre

Se va acabando el año y este jueves Edurne y yo tendremos nuestra última intervención pública, en Logroño, donde hablaremos de imaginación y memoria. Llego cansado al final del año, con la sensación de haberme metido en más asuntos de los que puedo abarcar. Lo malo es que una y otra vez constato que no sé frenar. Quiero creer que no es por un exceso de ambición o por un deseo desmedido de figurar, sino más bien porque hay tantos temas que me interesan y trabajar en ellos es una forma de aprender y quizá también de crear algo interesante. Según escribo estas líneas tengo una sensación de déjà vu; seguro que ya he escrito alguna vez frases muy similares y que desde la última tampoco he aprendido a corregir mi tendencia al exceso de trabajo. Y luego hablan de la sabiduría que da la edad.

Hemos pasado unos días en Italia. Presentaciones, entrevistas, lo habitual, pero en un contexto que de lo que te da ganas es de no hacer nada útil. Paseamos por Nápoles, paseamos por Roma y preferiríamos no tener obligaciones.

Nuestra editora y amiga está atravesando una época difícil desde que murió su compañero, hace ahora más de un año. Edurne y yo la escuchamos, sentimos con ella el dolor de la pérdida; luego, a solas, nos decimos que no debemos desperdiciar el tiempo que estamos juntos, que tenemos que aprender a disfrutarlo más; no, no a disfrutarlo, que eso ya lo hacemos, sino a darle más espacio en nuestra vida. Con lo que vuelvo al tema de trabajar menos.

Entretanto leemos que Trump cultiva «en secreto» una política hostil hacia Europa prestando apoyo a la extrema derecha. ¿En secreto? ¿No nos habíamos dado cuenta aún? Rusia y Estados Unidos buscan lo mismo: minar nuestras democracias. Lo que no es distinto de lo que llevan décadas haciendo en Asia, África y Latinoamérica: apoyar a todo régimen autoritario a condición de que se pliegue a los deseos y a los negocios de las superpotencias. Y en Alemania Merz corre a besar el culo de Trump sin el menor embarazo. ¿Es un cambio de actitud que implica ir abandonando el barco europeo para buscar por su cuenta una alianza con Estados Unidos? ¿Estamos ante el principio de la disgregación de la UE? El Reino Unido nunca fue un auténtico defensor del europeísmo, con lo que su salida tampoco lo socavó. Pero si un país como Alemania decide jugar por su cuenta, podremos decir que la política agresiva de Trump y Putin habrán surtido efecto. Es lógico que las ratas abandonen el barco que se hunde, pero es preocupante que sea el capitán quien corre dando codazos para hacerse con un salvavidas.

10 de diciembre

Hay días en los que ni siquiera el diario me sale con fluidez. Como si no fuera capaz de fijarme más que en lo obvio y escribir lo obvio. En días así es mejor no empecinarse. Estudio un rato euskera, pero me canso enseguida. Pongo silicona en unas juntas. Quito una lámpara vieja feísima que estaba en la casa cuando nos mudamos. Traslado trastos. Entremedias sigo el avance del crowdfunding de La Marea y pienso en los millones de euros de dinero público que se gastan para comprar la sumisión de medios informativos que ni siquiera merecen ese nombre. Imagino una pendiente en la que se distribuyen los medios: cuanto más a la izquierda, más arriba de la pendiente; más abajo cuanto más a la derecha. Y el dinero rueda con enorme facilidad pendiente abajo. La cúspide ni la toca, pero la extrema derecha, más bien, corruptos con disfraces fascistoides, reciben millones… Bah, lo dejo aquí para no meterme en una espiral de desánimo. El crowdfunding saldrá adelante, me digo, aunque no convencido del todo.

Entre otras muchas cosas, Trump es un idiota. Anda por ahí proclamando que su ejército ha birlado un petrolero venezolano «muy grande, el más grande que se haya visto nunca»: todo lo que hace es lo más grande, lo más bonito, lo más inteligente. Y ha logrado la paz en por lo menos ocho conflictos bélicos. Es un idiota que habla para idiotas. O para listos a los que viene bien ese discurso.

Y ahora parece que la Administración Trump planea exigir acceso a los contenidos de los últimos cinco años en las redes sociales de los turistas. Me parece bien, por fin una buena idea de los lacayos de Trump. Esta va a ser su mayor contribución a la lucha contra la contaminación atmosférica y el calentamiento global. No tenía la menor intención de viajar a Estados Unidos, pero confío en que la medida disuada a muchos que sí la tenían.

11 de diciembre

Termino de releer Casandra, de Christa Wolf, reeditado hace poco por Malas Tierras; creo que ya se ha publicado la novela en un par de ocasiones en español con muy poca fortuna. Qué extraño esto, la fortuna de los libros. También Claus y Lucas apenas llamó la atención cuando se publicó en España la primera vez –no sé cómo habrá sido en América Latina– y cuando se reeditó se convirtió en un clásico casi instantáneo. Para mí Casandra es una de las novelas más importantes escritas en alemán en el siglo XX. Novela densa, poética, intensa que usa el pasado para hablar del presente sin que la escritura se vuelva mera herramienta para alcanzar un fin. La leí creo que poco después de irme a vivir a Alemania y recuerdo que lloré al cerrar el libro. Sin embargo, no recuerdo por qué lloré: ¿por el destino individual de Casandra, por la muerte de una mujer que había defendido la verdad hasta las últimas consecuencias cuando nadie en Troya quería verla? ¿O por la estupidez brutal de los humanos que son capaces de destruir cualquier signo de vida y de inteligencia con tal de no renunciar a la imagen que tienen de sí mismos?

Es, por cierto, una de las novelas que retratan de forma más descarnada la violencia contra las mujeres. Aquí los héroes guerreros son violadores; los cobardes también. Y Aquiles, el de los pies ligeros, es «Aquiles, el animal» o «Aquiles, la bestia», no sé cómo lo habrán traducido al español.

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En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México. 

Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz. 

Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.

Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en  los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.

En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que ​provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima. 

Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios. 

¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales. 

Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.

Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.

Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.

Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.

Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.

Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.

Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.

Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico. 

Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.

¡Por una economía social y solidaria!

¡No más acuerdos de comercio e inversiones!

¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!

¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!

Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).

Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025. 

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De Mario Martínez, publicado originalmente para El Salto.

A veces nos olvidamos que los euros digitales ya existen, pero sólo los pueden utilizar los bancos privados y los tesoros nacionales. Por eso no es raro ver posturas muy diferentes en las instituciones de la Unión Europea (UE). Quienes reconocen, por primera vez, sus sorprendentes beneficios lo celebran a viva voz, mientras la gran banca, que ve su acceso privilegiado a dinero digital del Banco Central Europeo (BCE) en peligro, hace lo posible para frenarlo. Con un BCE ya comprometido con su implementación que ha hecho sus deberes, el respaldo que el Eurogrupo, que reúne a los ministros de finanzas de los países de la UE, acaba de dar al proyecto es clave para que salga adelante. Pero de poco servirá si el Parlamento Europeo sigue aplazando la parte que le toca. El ponente designado, el español Fernando Navarrete del Partido Popular, ya ha admitido que no tendrá lista su propuesta hasta octubre y que la posición definitiva de la Eurocámara no llegará antes de mayo.

Mientras se apela una vez más a argumentos débiles que se vienen repitiendo por la banca durante los últimos años, amplificados por una intensa campaña de bulos en redes para poner en duda la necesidad de esta alternativa pública de pagos, las razones para su implementación se hacen cada vez más evidentes. Hace pocos meses, el BCE publicó unas pérdidas históricas: en 2024 registró un déficit de 7.944 millones de euros, atribuible en gran parte al alza de los tipos de interés y al coste que supone remunerar la liquidez que los bancos depositan en sus arcas, esos euros digitales que sólo ellos pueden tener. La situación es similar para todos los bancos centrales del eurosistema, incluido el español. Los recursos públicos fluyen para sostener privilegios bancarios en abundancia, que siguen ahí para dar una apariencia de seguridad a los mal llamados depósitos bancarios, que no dejan de ser promesas con extrema fragilidad que crea la banca.

Lo cierto es que los bancos tienen acceso a lo que podríamos llamar “dinero digitalizado de banco central” hoy mismo: reservas que mantienen en cuentas del BCE, remuneradas, funcionando como un colchón líquido que ninguna persona ni empresa común puede poseer. Un circuito paralelo de dinero al margen de la economía real. Cuando el BCE remunera esas reservas (una carga económica que recae en última instancia sobre los contribuyentes), los bancos privados obtienen ingresos sin intermediación ni riesgo de crédito directo. Es decir una renta no ganada o beneficio caído del cielo que explica en España más de la mitad de sus beneficios récord durante los últimos años.

El proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios

Aunque no es la única medida a nuestro alcance para detener las sangrantes pérdidas de la banca central, el proyecto del euro digital sacude los cimientos del actual sistema monetario abriendo camino para poner fin a este tipo de privilegios. Plantea habilitar una infraestructura pública para que los ciudadanos y empresas puedan usar dinero digital emitido por el banco central directamente, con controles de volumen para evitar que los depósitos bancarios “se escapen” en exceso hacia el euro digital y desestabilicen el modelo privado, que no soporta la más mínima competencia. El BCE ha hablado de límites de tenencia, facturación de comisiones y salvaguardas para la estabilidad financiera.

Los bancos llevan años maniobrando para que los límites sean paralizantes, para que la diferenciación y remuneración de sus euros digitales especiales (llamados reservas bancarias) se mantenga, y para que la transición hacia un euro digital realmente universal sea tan pausada e inconveniente que nada cambie. Que cada monedero de euros digitales esté vinculado a una cuenta bancaria, que no puedan atesorarlo empresas o que los límites por persona sean tan bajos como para hacerlo impráctico están ya contemplados en la imperfecta y necesaria propuesta actual. Pero los bancos saben que estas limitaciones no tienen por qué durar para siempre.

El apoyo decidido al proyecto por parte del BCE, la Comisión Europea y ahora también del Eurogrupo encuentra fácil explicación frente amenazas geopolíticas claras, como la actual dependencia de servicios de pago estadounidenses o la posibilidad real de defender y ampliar el rol internacional del euro frente a las Stablecoins denominadas en dólares o yuanes. A su vez otros grupos de presión como consumidores, empresas o grandes tecnológicas, asfixiados por las costosas comisiones o queriendo entrar en el juego de crear dinero en igualdad de condiciones, están forzando este cambio.

El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno

El euro digital, si se diseña con garantías, podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera. Pero si se imponen las estrictas limitaciones que propone la banca, quedará reducido a un simple complemento de los depósitos privados, sin capacidad real de empoderar a la mayoría.

Más allá de si el dinero es físico o digital, lo que está en juego es quién controla el dinero, quién se beneficia de sus cambios y si los instrumentos públicos sirven para todos o sólo para unos pocos. El euro digital puede ser una herramienta de justicia financiera si se le exige ambición desde el día uno: acceso universal, privacidad y un horizonte claro para reducir todas sus limitaciones.

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La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.

Mark Segal. Publicado en ESG Today

Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.

El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.

El paquete Ómnibus fue publicado por la Comisión en febrero como parte de su agenda de simplificación para impulsar la competitividad europea y reducir las cargas administrativas de las empresas, proponiendo una amplia serie de cambios en la normativa, entre los que se incluyen la Directiva sobre la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), la CSDDD, el Reglamento sobre taxonomía y el Mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM).

Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.

Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.

Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.

El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.

La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.

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La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…

La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.

Noticia de Reuters 9 de octubre de 2025

TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters.
El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.

La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre.
Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores.
La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía.
Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.

La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa.
La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global.
Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N).
Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.

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