El nuevo Reglamento de Retorno, en tramitación, abre la puerta a una mayor vigilancia, controles raciales en vía pública y espacios privados, así como deportaciones masivas a centros de privación de libertad fuera de la UE.
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Poco después del desastre de la Primera Guerra Mundial y con la revolución socialista en Alemania como telón de fondo, Max Weber reflexionaba en un famoso discurso en Múnich, en enero de 1919, sobre la naturaleza de la política. Las teorías del sociólogo e historiador alemán sobre la «autoridad carismática» y la «legitimidad basada en la legalidad», así como la «ética de la convicción moral» y la «ética de responsabilidad», que luego vieron la luz en su célebre obra La política como vocación, siguen siendo válidas hoy en día. Weber también analiza y compara los sistemas políticos de la época para fundamentar sus tesis.
En el Reino Unido de principios del siglo XX, Weber deplora un estilo político que predice la era de las redes sociales, «cuando para mover a las masas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase que los que emplea el Ejército de Salvación. Resulta lícito calificar la situación presente como dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas». Al contrario, en Estados Unidos, cuyo ascenso como poder mundial comenzaba con el fin de la Gran Guerra, Weber considera el sistema electoral como una mera máquina de repartir puestos y poder. «En Alemania, a diferencia de lo que sucede en América, teníamos partidos políticos con convicciones, que, al menos con bona fides subjetiva, afirmaban que sus miembros representaban una concepción del mundo», destaca. Sin embargo, el problema en la época imperial alemana que murió con la derrota militar del káiser fue un parlamento demasiado débil frente a un cuerpo de funcionarios demasiado fuerte, según el pensador.
En 1919, Weber no podía prever la aparición de los Hitler, Mussolini, Franco o Stalin. Tampoco se hubiera imaginado el fenómeno que supone Donald Trump. Durante décadas, mucha gente en Europa consideraba que Estados Unidos no sólo era la democracia más antigua de la era moderna, sino también la más estable frente a la propensión de los europeos hacia regímenes totalitarios. Con Trump, el admirado sistema de contrapesos (checks and balances) parece haber colapsado como un castillo de naipes. Peor aún, Trump aspira a lograr lo mismo en Europa, donde apoya a partidos de ultraderecha como Vox en España. ¿Es posible un fenómeno Trump en Europa?
El país más vulnerable es el Reino Unido, donde el partido Reform UK del ultranacionalista Nigel Farage lidera todas las encuestas. Con el sistema electoral del first-past-the post, donde el candidato o candidata con más votos se lleva el escaño en cada uno de los 650 distritos, es fácil lograr una mayoría absoluta. En las elecciones de 2024, al laborista Keir Starmer le bastó un mero 33,7% de los votos para conquistar una mayoría abrumadora de 411 de los 650 escaños, el resultado menos proporcional en la historia del país.
Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform, explicó a la revista The Economist en septiembre pasado los planes para deportar a 600.000 migrantes y meter mano al servicio público británico al estilo del DOGE liderado por Elon Musk. «La separación de poderes es mucho más débil que en América. Aquí, un primer ministro con una mayoría amplia en la Cámara de los Comunes tendría mucho más control sobre la política nacional que un presidente de Estados Unidos. Un Musk británico podría recortar a su gusto», advierte el artículo.
En Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, el presidente de la República comparte el poder con el parlamento, que elige a un Ejecutivo liderado por un primer ministro o ministra. Salvo que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen gane una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional funcionaría como contrapeso.
La acumulación de poder resulta más difícil en Alemania. El sistema proporcional requiere prácticamente una mayoría de votos para obtener una mayoría de escaños en el Bundestag. Sin embargo, la Cámara Baja del Parlamento alemán comparte el poder con el Bundesrat, la Cámara Alta, donde se sientan los gobiernos de los 16 estados federados. Las elecciones en los länder no coinciden, por lo cual es poco probable que la ultraderecha de Alternativa para Alemania se pudiera hacer con el control del Bundesrat en un tiempo breve. También en España, el poder de las comunidades autónomas amortigua la influencia del Gobierno central, como estamos viendo actualmente.
Finalmente, la Unión Europea ofrece ciertas garantías contra abusos que podría acometer un Donald Trump en Madrid, Berlín o París. La justicia europea y las instituciones vigilan la libertad de expresión y el estado de derecho. Por algo, Farage fue el gran promotor del Brexit, para librarse de interferencias en un futuro gobierno suyo. «Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines –idealistas o egoístas– o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere», advirtió Weber en 1919. Trump ha dejado claro que no reconoce las reglas ni ninguno de los límites previstos a su poder en la Constitución de Estados Unidos. Las elecciones parlamentarias de noviembre serán la prueba definitiva de su determinación. ¿Aceptaría una derrota de los republicanos y una pérdida de control sobre una o ambas cámaras del Congreso?
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“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.
Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.
Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.
Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.
Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.
En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.
Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?
El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
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Esta señora es la presidenta de la Comisión Europea y, en consecuencia, sus declaraciones y actuaciones están inevitablemente vinculadas a su cargo. Lo más reciente –diría que lo penúltimo, dados sus continuos pronunciamientos, en muchos casos extralimitándose en las competencias asociadas a su privilegiada posición institucional– ha consistido en manifestar su comprensión al ataque a Irán: “Quiero ser clara: no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní”, justificó de este modo la gravísima e inaceptable violación del derecho internacional, alineándose con la política imperialista, sembrada de arbitrariedades, de la administración Trump y con el régimen genocida de Israel.
En paralelo, también recientemente, ha declarado que “reducir la apuesta por la energía nuclear fue un error estratégico para Europa” y que la misma es limpia y barata (!!!), por lo que debería ser un pilar central en la transición energética hacia un modelo verde y sostenible. Y esto lo dice en un contexto donde los indicadores sobre el cambio climático empeoran continuamente.
Esta es la misma mujer que, en calidad de máxima responsable comunitaria, junto al primer ministro británico, rindió vasallaje a Donald Trump en su resort de lujo, situado en Turnberry (Escocia), dando el visto bueno a su política arancelaria y comprometiéndose –¡comprometiendo a la Unión Europea!– con una voluminosa compra en el mercado estadounidense de energía y armamento.
Estas son algunas pinceladas recientes de quién es Ursula von der Leyen, la máxima responsable de la UE.
En este contexto, por supuesto, doy todo el valor que tiene –mucho, en mi opinión– a las recientes decisiones adoptadas por el gobierno de coalición, declarando la ilegalidad de la guerra contra Irán y prohibiendo la utilización de las bases militares estadounidenses en Rota y Morón como apoyo logístico a esa guerra. Ese pronunciamiento debería acompañarse de una gran movilización social –que lamentablemente no se está produciendo–, que tendría que ser mucho más que una manifestación, con el lema de “no a la guerra”. Otra oportunidad perdida por parte de las izquierdas.
Pero en este momento hay que ir mucho más lejos, me refiero concretamente a la política de ocupación de Gaza y Cisjordania y de exterminio de la población palestina practicada por el Gobierno de Israel con el decisivo apoyo, económico y militar, de Estados Unidos, con un destacado papel del poderoso lobby sionista. Ante esta situación, indecentemente, las instituciones comunitarias miran hacia otro lado, al tiempo que algunos países –Alemania y Francia son dos ejemplos– continúan apoyando de muy diferentes maneras –inversiones, intercambios comerciales…– al régimen genocida.
Es cierto que, al mismo tiempo, buena parte de los países europeos –España está en este grupo– reconocen el derecho a la existencia de un Estado palestino, pero dicho reconocimiento es a todas luces insuficiente. Si se queda ahí es claramente un brindis al sol, una cortina de humo que encubre y de alguna manera justifica el genocidio. La dramática situación de la población palestina exige mucho más, más compromiso y determinación… porque ahora mismo, mientras escribo estas líneas, tan sólo hay hambre, enfermedad, desplazamientos continuos de la población, congelación de la ayuda humanitaria, asesinatos llevados a cabo por el ejército israelí y ocupación permanente del territorio. Un absoluto desprecio a los derechos humanos más básicos y a la legalidad internacional. No cabe mirar a otro lado. Hay una situación de emergencia; la prueba del algodón de que queda algo de decencia en la política institucional pasaría por romper todo tipo de relaciones, económicas y diplomáticas, con Israel.
Una última reflexión sobre las proclamas en el sentido de levantar la bandera europea frente al unilateralismo y la política de agresión practicada con total impunidad por Estados Unidos. Me pregunto y opino que hay que preguntarse ¿qué hay detrás de esa bandera, qué principios la sostienen? Una pregunta que abre un debate, en mi opinión vital, que no se debe pasar por alto. Porque la Europa realmente existente –es aquí donde debemos poner el foco– ha mostrado una total sumisión a la política agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación a la guerra de Ucrania, apuesta por la militarización de la sociedad y la economía como un engranaje básico de una Europa más fuerte, ha renunciado a implementar una política fiscal progresiva frente a las grandes fortunas y corporaciones, ha experimentado un intenso aumento de la desigualdad, no está enfrentando las gravísimas consecuencias del cambio climático y ha promovido y mantenido políticas centradas en la moderación salarial, la austeridad presupuestaria.
Para mí está claro: ESTA EUROPA NO.
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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
La entrada Carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea- Declaración a favor de la regulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».
· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.
“Un desprecio a la democracia”
Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.
“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.
Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.
“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.
Impactos sociales y climáticos ignorados
Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.
En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.
Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.
La entrada 170 organizaciones denuncian la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur al vulnerar principios democráticos fundamentales se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,
Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.
La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.
La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.
Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo.
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Cuando se pretende justificar el aumento del gasto militar con el argumento de que es una de las piezas clave del fortalecimiento del proyecto europeo, cuando se relaciona dicho aumento con la modernización y reestructuración de la economía… cuando se razona en esos términos se abre una puerta que será, que ya es, muy difícil cerrar.
Porque, sin que haya existido un debate en condiciones –¿para qué debatir lo que resulta obvio?–, con estos planteamientos se pretenden cargar de razón los que defienden un crecimiento sustancial del gasto militar.
Abundan los pronunciamientos en esa dirección. El primero. En una entrevista reciente publicada en El País (12 de febrero), Anders Fogh Rasmussen (antiguo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) señala: “Tenemos que poner a nuestras economías en pie de guerra… las fábricas de automóviles deberían aprovechar su exceso de capacidad para producir armamento”. Otro. En un artículo publicado en el mismo diario (13/09/2025) Josep Borrell se manifestaba en estos términos: “La defensa europea debe situarse en el mismo nivel de prioridad que la política energética, la transición verde o la digital. Porque sin seguridad no habrá prosperidad ni libertad”. Y otro más. En una nota de prensa de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad de la Unión Europea, afirma que “la inversión en nuestras capacidades de defensa… impulsará el crecimiento económico, fomentará la innovación y creará puestos de trabajo”.
Tres ejemplos, entre otros muchos, que apuntan en la misma dirección: el aumento del gasto militar es inevitable, inaplazable y positivo. Constituye una pieza esencial, imprescindible, en el proceso de modernización y reestructuración de las economías (incluso en el mantenimiento del gasto social). En consecuencia, hay que apostar fuerte por el mismo, integrándolo en el conjunto de la política industrial y tecnológica.
Una pregunta, para mí obvia y obligada: ¿Cómo se puede hacer una valoración del impacto económico del gasto militar si no se realiza un análisis previo de las necesidades y las urgencias sociales, productivas y climáticas? ¿Dónde está ese debate y también dónde están las políticas económicas y sociales que lo concretan? Responder a estas cuestiones es crucial e ignorarlas o darlas por contestadas es un fraude, una estafa a la ciudadanía.
Porque, lejos de las visiones megaoptimistas y sesgadas, lo cierto es que la economía no va bien para las clases populares en aspectos fundamentales. Una parte sustancial del empleo es de mala calidad y los salarios de muchos trabajadores son bajos, la pobreza se mantiene en niveles elevados, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas avanza sin freno y el acceso a la vivienda es cada vez más difícil para una buena parte de la población. Asimismo, el Estado, sus recursos, políticas y marcos regulatorios, constituyen un espacio de disputa estratégica donde los intereses corporativos son cada vez más fuertes, encontrándose los defensores de lo público en posiciones de inferioridad.
En un terreno más concreto, de hecho, el aumento del gasto militar va de la mano de la reducción o estancamiento del gasto social (ya es una realidad) y representa la negación de una eventual agenda climática (que, en realidad no existe). Asimismo, es muy discutible la supuesta porosidad gasto civil/militar y tecnologías de doble uso y, al ser en su mayor parte actividades intensivas en capital, tienen un limitado impacto en el empleo.
En esta breve nota valorando las consecuencias sobre la economía del aumento del gasto militar, es obligado hacer una mención especial al fortalecimiento del denominado complejo militar industrial. Una densa y opaca red donde, además de las firmas fabricantes de armamentos, se dan cita fondos de inversión, grandes bancos, oligopolios tecnológicos, compañías energéticas, medios de comunicación, empresas proveedoras de servicios, grupos de presión…; en definitiva, un actor decisivo y cada vez más relevante, con demostrada capacidad para colonizar instituciones y gobiernos.
Cuestiones en mi opinión trascendentes que merecen un debate ciudadano, que no puede sustituirse por declaraciones grandilocuentes y vacías; un debate con una carga política y social muy importante, que no puede dejarse en manos de los “técnicos” ni de las cúpulas de los partidos y las instituciones. La pregunta que me parece pertinente y que es obligado responder es esta: ¿qué supone en el contexto que acabo de describir brevemente más gasto militar, más militarización?
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Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.
Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.
Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.
El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.
Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.
Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.
Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.
Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.
Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.
Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.
Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.
Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.
Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.
Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.
La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.
La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.
En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.
Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.
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Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para ctxt.
El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional.
Hay muchos motivos por los que el año que está a punto de acabar merece ser recordado con frustración y dolor. Hemos vuelto a contemplar auténticos genocidios. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el número de conflictos armados ha vuelto a ser el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en algunos de ellos potencias nucleares, con el riesgo añadido que eso conlleva. Amnistía Internacional ha mostrado que la situación de los derechos humanos se deteriora en todo el mundo. Las causas, según esta organización, son la “inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas”, así como “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo”.
Hay, pues, numerosos elementos que podrían ser tomados como muestra de la desastrosa situación en la que se encuentra el planeta. Sin embargo, me parece que hay uno que tiene una especial relevancia geopolítica y estratégica, y que yo elegiría como referente de 2025: la renuncia de la Unión Europea a ser un baluarte libre y autónomo de la paz y la democracia, y el reconocimiento público de su sometimiento servil e indigno hacia Estados Unidos.
Costaría trabajo señalar un solo mes en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra de enemistad de la administración Trump hacia la UE
Costaría trabajo señalar un solo mes del año en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra, en fin, de desprecio, agresividad y enemistad de la administración de Donald Trump hacia la Unión Europea, sus valores fundacionales y su ciudadanía. Y el mismo esfuerzo llevaría encontrar alguna respuesta firme, digna y con coraje por parte de sus mandatarios.
En febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó que Europa defienda la democracia, y señaló a la extrema derecha neofascista como la portadora de los valores que Estados Unidos quiere compartir en nuestro continente. Poco más tarde, Trump ridiculizó a Zelenski y después los líderes europeos lo visitaron para ser recibidos como alumnos a quienes el director de la escuela apercibe y da instrucciones. Después, la mayoría de los gobiernos europeos se arrodillaron ante “papito”, según llamó el secretario general de la OTAN a Trump, y aceptaron un caprichoso, irracional e injustificado compromiso de llegar al 5 % del PIB en gasto militar. Por si eso fuese poco, la presidenta de la Comisión Europea superó todas las marcas de la indignidad aceptando las imposiciones comerciales del presidente estadounidense en un campo de golf propiedad de este último. La Estrategia Nacional de Seguridad publicada hace unas semanas confirmó de la forma más nítida posible que Estados Unidos desprecia a la Unión Europea y que se dispone a apoyar a las fuerzas políticas que ponen en cuestión su propia existencia. El año termina con sanciones a dirigentes europeos que pusieron en marcha normas comunitarias en defensa de libertades y derechos de ciudadanía elementales.
Ante todo eso, la Unión Europea apenas ha abierto la boca. O ha callado, o no ha ido más allá de mostrar algunas respuestas tibias, tan tímidas, impotentes e ineficaces que, en lugar de reforzar o marcar su posición, lo que han conseguido es producir vergüenza y quedarse en una situación aún más insignificante, en ridículo y en evidencia en el escenario internacional. Ha sido tan sumisa ante las afrentas de Estados Unidos como silente ante las crueldades de Israel en Palestina. En ambos casos, cobarde y, por tanto, cómplice de la autocracia y del crimen.
La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme
La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme. Una respuesta, sin embargo, que la debilita aún más porque es una estrategia que carece de elementos esenciales para poder ser una sincera y útil apuesta para garantizar nuestra defensa: unidad política y un ejército auténticamente paneuropeo, no depender del material bélico y de la inteligencia de terceros y en concreto de Estados Unidos, autonomía energética e industria potente y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a tomar las armas bajo una misma bandera. El aumento del presupuesto militar sólo lleva a lo único que saben hacer bien los dirigentes y las instituciones europeos, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones.
La Unión Europea ha capitulado ante Estados Unidos cuando este se ha mostrado como enemigo de Europa. Y lo peor no es que lo haya hecho ante los aranceles, las anunciadas sanciones a empresas o las ya establecidas sobre personalidades europeas, como he mencionado, o ni siquiera ante la que va a ser cada vez mayor intromisión trumpista en Europa para apoyar al neofascismo europeo. Lo que realmente está dando por bueno es lo que Estados Unidos ya expresa sin ningún disimulo: su nueva y obligada estrategia para sobrevivir como potencia imperial pasa por reducir Europa a la nada, económica y políticamente hablando.
La pregunta clave en esta situación es si la Unión Europea está en condiciones de responder de otro modo, o si necesariamente ha de darse por vencida, aun a sabiendas de que esto sólo la llevará a la irrelevancia internacional y quizá por un camino sin vuelta atrás hacia su progresiva desintegración.
Johnny Ryan, director de Enforce, una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles que supervisa los derechos humanos en las grandes plataformas digitales, escribió en septiembre pasado un artículo significativamente titulado Europa debe tomar la bazuca o será humillada. De él se deduce que si Europa no se está defendiendo es porque sus dirigentes no lo desean, y no porque carezcan de medios para hacerlo.
El arma a la que se refería Ryan es, simple y llanamente, que Europa cumpla sus propias leyes –en concreto el Reglamento General de Protección de Datos– y que utilice los instrumentos anticoerción de los que dispone.
Como señala Ryan en otro un artículo posterior publicado en The Guardian, se sabe que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están entrenando sus modelos de IA con grandes cantidades de datos personales, algo que es ilegal en Europa y que sólo salvan gracias a que la Comisión Europea viene haciendo la vista gorda con la normativa muy laxa en ese aspecto de Irlanda.
Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone EEUU y bloquear la producción de chips
Si la Unión Europea “tuviera el coraje de ejercer esta presión –dice Ryan– estas empresas tecnológicas estadounidenses tendrían que reconstruir sus tecnologías desde cero para gestionar los datos correctamente”. Y a esto se podría añadir que Europa dispone de otra “bomba” que produciría un daño inmenso a la economía estadounidense si la utilizara: la empresa neerlandesa ASML –sujeta a legislación neerlandesa, normativa europea, y decisiones políticas del gobierno holandés y de la Unión Europea– es la única que fabrica las máquinas de litografía sin las cuales no se pueden grabar los microchips esenciales para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone Estados Unidos y bloquear la producción de chips.
Como dice Ryan, es poco probable que la burbuja de la inteligencia artificial sobreviviera a este doble impacto. La Unión Europea podría frenar en seco la economía estadounidense, actualmente impulsada por la inversión en inteligencia artificial.
Son sólo dos ejemplos que fácilmente demuestran que Europa sí dispone de instrumentos para enfrentarse inmediatamente a Estados Unidos y negociar en lugar de someterse, si sus dirigentes quisieran; como han querido los de Brasil, por ejemplo, cuando han plantado cara con dignidad a una potencia mucho más poderosa.
La inacción de Europa es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente
No se trata, sin embargo, de una simple falta de voluntad y dignidad de las autoridades europeas. Su inacción es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente a escala paneuropea, de un diseño institucional concebido para satisfacer la avaricia corporativa en lugar de para generar bienestar y que, por tanto, ha dejado sin suficiente protección ni seguridad a la gente corriente, lo que ahora la lleva a caer cada vez más en brazos de la extrema derecha. En lugar de generar pulsión democrática que le ayudara a defenderse de agresiones exteriores, los dirigentes y las instituciones europeas se han convertido en la fuente de insatisfacción que alimenta al autoritarismo; y la vergüenza y repulsa ante el modo en que se comportan sus dirigentes sustituyen al afecto y la complicidad que son imprescindibles para forjar comunidades unidas, libres y estables.
Quienes han decidido y deciden ahora los destinos de Europa sometiéndose al imperio de las grandes empresas y al interés de Estados Unidos la han convertido en enemiga de sí misma. En una especie de enferma autoinmune, pues ella misma genera los elementos que la atacan, en lugar de producir los valores de la paz, la democracia, el bienestar y la seguridad como las mejores y más efectivas defensas ciudadanas y civilizatorias que son para protegerse de cualquier amenaza exterior.
Y sólo hay un error mayor que eso: creer que se sufre una simple enfermedad pasajera que desaparecerá cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca. En el supuesto optimista que no venga una etapa aún peor en 2028, la vuelta del Partido Demócrata podrá aliviar las formas, pero no evitar lo fundamental, como ya empezó a ocurrir con Obama y Biden, o hubiera sucedido si hubiese ganado Kamala Harris. El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional. Es lo que ocurrirá inexorablemente si aquí no se recupera la dignidad y si no se da completamente la vuelta al diseño de la Unión Europea.
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Publicado por Rafael Poch.
Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE.
Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para la UE, a pesar de que el país no es miembro de la UE y de que oficialmente no estamos en guerra con Rusia Aufgelesen: Ein Plan zur «Entmachtung» Russlands – Lost in EUrope .
Truco número tres: las sanciones contra Rusia https://lostineu.eu/best-of-2022-sanktionen-made-in-washington/, que hasta ahora tenían una duración limitada de seis meses, se convertirán en permanentes para evitar un posible veto, por ejemplo, de Hungría, y la devolución de los fondos a Rusia.
Truco número cuatro: las sanciones se complementarán con una nueva normativa que obligará a las instituciones financieras como Euroclear a entregar los activos rusos depositados en ellas. Russisches Vermögen: EU plant «Diebstahl» durch die Hintertür – Lost in EUrope Esto se aplicará en toda la UE, también en Alemania.
Truco número cinco: los actos jurídicos decisivos se aprobarán por mayoría cualificada. Esto significa que no habrá veto, ¡ni siquiera Bélgica podría impedir por sí sola el acceso a Euroclear!
Para poner en práctica estos trucos, Von der Leyen quiere invocar el artículo 122 del Tratado de la UE. No soy jurista, pero, en mi opinión, con ello está tergiversando el Derecho de la UE. Pero léalo usted mismo (aquí en español: EUR-Lex – 12012E122 – ES – EUR-Lex ):
(1) Sin perjuicio de los demás procedimientos previstos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar, en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, las medidas adecuadas a la situación económica, en particular si se producen graves dificultades en el abastecimiento de determinados productos, especialmente en el sector de la energía.
(2) Si un Estado miembro se ve afectado por dificultades o se encuentra seriamente amenazado por dificultades graves como consecuencia de catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios ajenos a su control, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir conceder a dicho Estado miembro, en determinadas condiciones, ayuda financiera de la Unión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de la decisión.
¿Qué tiene que ver la política económica de la UE con Ucrania? ¿Y desde cuándo es Ucrania miembro? Aquí se está manipulando el Derecho de la UE para poder pasar por alto a Bélgica y sacar a Ucrania del apuro.
No es la primera vez. El reconocimiento de Ucrania como candidato a la adhesión ya se produjo incumpliendo las normas de la UE. Von der Leyen incluso viajó a Kiev en abril de 2022 (¡!) para entregar los formularios de adhesión y echar una mano… Von der Leyen verspricht Ukraine Tempo bei EU-Beitritt – news.ORF.at
P.D.: No soy el único que piensa así. El Financial Times también enumera toda una serie de problemas jurídicos…
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El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte
aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
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