Fotografía: Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Tom Kucharz

La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.

Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.

Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.

Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.

La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.

La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.

Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.

“No admisible”

El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación

“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).

Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.

La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.

El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.

¿Qué dice el derecho?

Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.

El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.

El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.

El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones

Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.

Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación

“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.

Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.

Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.

¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?

Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.

Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.

Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.

La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha

El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.

La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.

Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.

La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.

Un atropello generalizado

Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.

La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.

Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.

Macron traiciona al campo francés

Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.

Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.

Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.

Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.

Movilización en Estrasburgo y Belém

Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.

Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.

En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.

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En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México. 

Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz. 

Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.

Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en  los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.

En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que ​provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima. 

Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios. 

¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales. 

Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.

Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.

Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.

Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.

Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.

Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.

Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.

Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico. 

Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.

¡Por una economía social y solidaria!

¡No más acuerdos de comercio e inversiones!

¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!

¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!

Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).

Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025. 

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COMUNICADO DE PRENSA

18 de noviembre de 2025

 

• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos

• Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social

• Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias 

• El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos

Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 

La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.

“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al  perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes. 

Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español  —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción,  han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5). 

La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.

Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos

Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”. 

Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó  ​que ​este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO₂ en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur. 

Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO₂ de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación. 

«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.

Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia. 

Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente. 

“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.

Notas: 

1. European Trade Justice Coalition. https://europeantradejustice.org/toxic-trade-tour/
2. El líquido utilizado, de color verde, es inocuo y está elaborado a base de materiales naturales y fácilmente lavable.
3. Manifiesto: https://www.noalttip.org/manifiesto-contra-el-acuerdo-comercial-entre-la-ue-y-los-paises-del-mercosur/ 
4. Sindicatos, consumidores, grupos de derechos humanos y organizaciones ambientalistas, economistas, pueblos indigenas, municipios locales y otras organizaciones de la sociedad civil han criticado el acuerdo. Además, más de 2 millones de ciudadanos de la UE que han firmado peticiones en contra. 

El informe “A toxic Cocktail: the EU-Mercosur Deal. Limes reveal how european pesticides travel around the world (and back), traducido al castellano por Ecologistas en Acción, está disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/289636/

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Artículo original publicado en juantorreslopez.com por Luciana Ghiotto

Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.

¿Qué es una moneda estable?

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.

Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.

Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.

La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.

Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.

Crecimiento vertiginoso

Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.

¿Para qué usar monedas estables?

Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?

Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables. 

También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.

Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.

Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».

El verdadero interés de las monedas estables

A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.

Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.

En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.

En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.

Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».

Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.

Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:

– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.

– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.

– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.

– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.

– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.

– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.

– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.

Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump

El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.

Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses. 

No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.

Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.

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