En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial
26 de septiembre de 2025
Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.
Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas.
Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos.
El lavado verde y las falsas soluciones
Denunciamos que, en el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la “sostenibilidad” y el “crecimiento verde” se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un
desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento imposible, sobre todo teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático, de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países.
Hoy en día, el dogma del crecimiento económico, permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos a costa de la vida y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y futuro, siendo muchos convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español.
Por todo ello, ante la inviabilidad e indeseabilidad de más crecimiento proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo, una reorganización democrática de la economía y un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico, que perpetúan modos de vida imperiales.
Hacia un nuevo modelo ecosocial
Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara: Transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada y de creciente desigualdad.
Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes.
Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo ésta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del Norte Global hacia al Sur o Mayoría Global.
Una agenda para un pacto post-crecimiento
Hacemos un llamamiento a lograr un pacto post-crecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como: ¿Qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar?, ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades?, ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? O ¿Cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común post-crecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de éste. Para ello, proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación.
Medidas base propuestas
1. Servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria:
• Poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda con criterios ecosociales, iniciando planes de rehabilitación para acabar con la pobreza energética, reducir el consumo energético y sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares.
• Garantizar el acceso a transporte público asequible y de calidad y movilidad sostenible en áreas urbanas y comarcas rurales, mejorando la calidad, la frecuencia y las interconexiones desde un principio de equidad, en el marco de un proceso de transición hacia una reducción de la movilidad y su descarbonización, que reduzca la movilidad individual motorizada fósil en favor de la movilidad colectiva sostenible y las formas de movilidad activa.
• Favorecer la generación energética distribuida y descentralizada en base a energías renovables (ej. comunidades energéticas solares) en el marco de una transición energética justa, basada en la suficiencia y en la reducción del consumo, en el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que incorpore criterios de planificación territorial y de justicia global, priorizando el ahorro energético y la eficiencia antes de la generación.
• Asegurar la gobernanza democrática del agua desde un enfoque público-comunitario, que establezca un riguroso control de cauces y acuíferos y dé seguridad en el abastecimiento de agua para consumo humano.
• Impulsar sistemas integrales de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida, que integren la dimensión ecológica, fomenten una cultura del cuidado y garanticen equidad y justicia social, de género e interseccional.
• Mejorar y ampliar la cobertura de la salud pública sin depender del mercado, al igual que las instituciones e infraestructuras de cuidado y salud comunitaria dirigidas a promover la salud y a prevenir las enfermedades.
• Asegurar la gratuidad y universalidad de la educación pública en todas sus fases, favoreciendo una educación integral con enfoque ecosocial que incluya la formación de personal docente.
• Poner en marcha los medios necesarios para garantizar universalmente las necesidades en el contexto de reducción y/o restructuración de las múltiples ramas de la economía
con fuertes impactos ecosociales. Una medida que podría favorecer este proceso es una garantía de trabajo ecosocial que permita acceder a un empleo con impactos sociales y ecológicos positivos a todas las personas que lo deseen, favoreciendo una transición justa en los sectores que deben reducirse o transformarse.
• Impulsar marcos regulatorios que incidan en la fase de diseño de cualquier producto para permitir la substitución de componentes y la reparabilidad, aumentando así la durabilidad y eliminando la obsolescencia.
• Activar planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático a base de la protección de ecosistemas y la regeneración de los suelos.
• Incrementar la resiliencia frente a la emergencia climática y ambiental con políticas públicas preventivas contra los incendios forestales, las inundaciones y sequías con implicación y recursos disponibles a nivel municipal y territorial.
• Favorecer la co-creación de planes municipales de transición ecosocial como herramientas democráticas y transformadoras con un enfoque público-comunitario.
2. Renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos:
• Poner en marcha una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente que garantice la seguridad económica de todas las personas, contribuyendo a las actividades dirigidas al sostenimiento cotidiano de la vida y a la participación social y democrática en la transformación socioecológica.
• La puesta en marcha de esta renta básica se fundamenta en un reparto justo y adecuado de la riqueza social y natural, por lo que su financiación conlleva una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, donde quien más contribuya sea el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza, mayores responsables de la crisis ecológica actual, junto a otras medidas de fiscalidad ecosocial.
3. Fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales:
• Poner fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas al sector de los combustibles fósiles y a las industrias de alto impacto ambiental y territorial, como es el caso de la agroindustria, asegurando una transición justa en todos los sectores afectados.
• Una política financiera y monetaria que ajuste los flujos de inversión privados, vía crédito guiado, para alinearlos con objetivos sociales y ecológicos definidos a través de procesos democráticos, anulando la lógica del lucro por lucro.
4. Decrecimiento del sector turístico:
• Llevar a cabo un decrecimiento del sector turístico implica controlar los pisos turísticos, poner límites a las plataformas digitales y a la entrada de visitantes y a los vuelos y cruceros en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar y dignidad de las poblaciones locales, primando la justicia social y el equilibrio territorial.
5. Transición agroecológica:
• Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos con políticas agrarias y alimentarias que favorezcan la producción ecológica, cuidando la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la salud de las personas que trabajan en el campo y a las consumidoras. Esto permite al sector primario romper con la dependencia actual de los insumos fósiles cada día más escasos.
• Incorporar la soberanía alimentaria y biorregional y una perspectiva ecofeminista a la transición agroecológica , apoyando rentas dignas, precios justos, dietas saludables para todas las personas, asumiendo las tareas de cuidados de forma equitativa, y reduciendo el transporte y desperdicio alimentario.
• Priorizar en la compra pública los alimentos ecológicos, de temporada, circuito corto, de empresas de la economía social y solidaria, y favorecer la formación – al personal vinculado – en alimentación saludable y ecológica y desperdicio cero.
• Impulsar un desmantelamiento de la agricultura y ganadería industrializada y contaminante mediante planes territoriales de transición agroecológica justa en los que participe la ciudadanía, que impulsen la producción ecológica y su venta en circuitos cortos, la formación a jóvenes y mujeres agricultoras en manejo agroecológico y el acceso a la tierra a través de bancos de tierra u otras formas de acceso social a la tierra, dando prioridad a residentes en los pueblos para frenar el despoblamiento rural y favorecer el relevo generacional.
6. Impulso de la economía social y solidaria:
• Reforzar la presencia de la economía social y solidaria en sectores esenciales que garantizan necesidades básicas para asegurar que se gestionen bajo principios de cooperación, equidad y sostenibilidad ecológica.
• Impulsar una transición hacia modelos circulares y de decrecimiento, priorizando aquellos sectores esenciales para la vida, y desmantelando dinámicas especulativas en
favor de actividades comerciales, industriales, tecnológicas y financieras que se sostengan en fórmulas de economía social y solidaria: cooperativas de producción agroecológica, de comercio justo y de proximidad, supermercados cooperativos, comunidades energéticas, cooperativas de vivienda en cesión de uso y, las finanzas éticas, que impulsen iniciativas que garanticen justicia social y sostenibilidad ecológica.
• Incorporar cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones públicas para dar prioridad a los modelos empresariales de la Economía Social y Solidaria.
• Incorporar en los currículos educativos empresariales el modelo de empresa de Economía Social y Solidaria, basado en la toma de decisiones compartida, diversas y democráticas que impulsen la participación, prestando atención a los procesos y las relaciones, e incorporando en su cultura organizativa la salud emocional y la corresponsabilidad en los cuidados.
7. Reforma fiscal justa y verde:
• Poner en marcha una política de ingresos máximos que permita financiar el conjunto de medidas aquí propuestas, estableciendo un tope a los ingresos en el actual 0,1% con mayores ingresos en el Estado español. Esta política debe integrarse dentro de un nuevo marco fiscal donde quienes más contribuyan sean las empresas más contaminantes y el 1% de la población con mayores ingresos y riqueza.
• Impulsar activamente una fiscalidad justa y verde a nivel estatal, europeo e internacional, con medidas como una agenda tributaria de la riqueza y las rentas del capital, en particular a los “super ricos” y grandes patrimonios y hacer que las grandes corporaciones extractivistas paguen por sus daños al medio ambiente y a las sociedades.
• Tener unos presupuestos públicos que garanticen los servicios básicos, los cuidados a lo largo de toda la vida y la transición ecológica justa.
8. Democracia deliberativa permanente y vinculante:
• Diseñar y poner en marcha mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante que permitan una planificación ecosocial a largo plazo, como es el caso de las asambleas climáticas permanentes. La participación de la ciudadanía es una herramienta clave contra la corrupción, para construir políticas de suficiencia a gran escala y desmantelar el secuestro de la acción pública por los lobbies y grupos de intereses. En definitiva, más democracia para hacer posibles modos de vida definidos desde una autonomía colectiva que acabe con estructuras tecnocráticas y corruptas.
• Defensa de espacios cívicos y autónomos propicios para el trabajo, expresión y participación de la sociedad civil, dentro y fuera de las fronteras del Estado español, generando condiciones favorables para ello.
9. Protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza:
• Poner en marcha las medidas legislativas necesarias para proteger los derechos de las generaciones futuras a un planeta habitable.
• Poner en marcha las medidas legislativas de justicia ecológica necesarias para dotar de derechos a la naturaleza, siguiendo el precedente del Mar Menor y los diversos casos a nivel internacional; así como salir de la postura antropocéntrica utilitarista para desarrollar una teoría legal con visión ecocéntrica que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza.
• Generar y publicar una métrica ecosocial de progreso “más allá del PIB” en el lNE.
10. Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión:
• Cancelación de los Tratados de Comercio e Inversión, los ya firmados y aquellos que se estén negociando buscando vías multilaterales de cooperación entre países donde el intercambio comercial priorice el cumplimiento de los derechos humanos y los principios acordados en la COP 21 para frenar el cambio climático.
11. Cancelación de deuda y reparación histórica:
• Llevar a cabo la abolición de las deudas odiosas e ilegítimas con los países del Sur o Mayoría Global y favorecer la transferencia de tecnología junto a la cooperación internacional y otras medidas de reparación de las diversas deudas coloniales históricas entre las que se encuentra la deuda ecológica y climática, desde una perspectiva de solidaridad internacional.
12. Decrecimiento digital:
• Poner la esfera digital al servicio del bien común con herramientas efectivas para evitar burbujas tecnológicas – y de centros de datos -, regular inversiones y proteger derechos.
• En educación y salud y los trámites de la administración, garantizar de manera prioritaria la atención y servicio personal y adaptado, dejando los procedimientos digitales como algo voluntario.
• Garantizar la soberanía digital y la protección de la democracia poniendo coto al poder de las grandes empresas tecnológicas, paralizando los planes de extensión de la vigilancia automatizada e implementando masivamente el uso de software libre en las instituciones públicas.
• Reducir el consumo hídrico, material y energético del sector de las TIC fomentando el uso colectivo de equipos existentes, poniendo fin a la obsolescencia programada y liberando internet de los oligopolios para favorecer su desacoplamiento de los grandes nodos y su uso descentralizado. Esto implica establecer una moratoria a la construcción de centros de datos.
Próximos pasos y compromiso colectivo hacia 2026
Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica, y la resiliencia ecológica y social, haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta Declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026 un Foro Social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas.
Fotografía: Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.
Artículo originanl publiado en osalto.gal por Tom Kucharz
«Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal», con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1500 páginas.
Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00.
Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción en los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años.
En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que «El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar». Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales), y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo.
Una cosa parece segura: cuando en octubre se retira la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya.
Una semana caliente
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado 2 mociones sobre el acuerdo comercial, instando al gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discute en el Consejo de la UE. También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublin fue decisivo en el voto simbólico del parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur.
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia.
En clave geopolítica
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana, Angela Merkel, pretendían restarle protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).
Un regalo para la oligarquía latinoamericana
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones).
Neocolonial
El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza.
El modelo Brumadinho
El 25 de enero la empresa minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte a más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV.
UE cómplice de Bolsonaro
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil, ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de «poner un punto final a todos los activismos» del país. Se han registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes.
Violencia machista y homofobia
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia, deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación.
Una bomba climática
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4×4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada.
Deforestar la Amazonía
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases con efecto invernadero que Holanda.
Las mentiras de Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su gobierno dijo en el parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como «traición». Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia.
La trampa con el Acuerdo de París
El pre-acuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a la élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el acuerdo. En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas «barreras no arancelarias». Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética.
Negocios para la agroindustria, pobreza para el resto
Todos los países involucrados en el acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten que muchos sectores quedarán desprotegidos.
¿Quién puede tumbar el acuerdo?
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos. La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo?
Necesitamos movilizarnos
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente de gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina.
