A principios de marzo se presentó la iniciativa de cooperación militar multilateral denominada “Escudo de las Américas” promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa se anunció con una épica casi cinematográfica: una cruzada contra el narcotráfico, en la que se propone, además de compartir inteligencia militar, la posibilidad de coordinar operaciones para desmantelar los cárteles de la droga. Nada nuevo, por otro lado, ni una cuestión ni otra.
El llamado “Escudo” (Shield of the Americas, con tipografía propia de un cartel de una película de superhéroes) reúne a un grupo de gobiernos abiertamente alineados con las políticas de Trump que, como resulta obvio, deja fuera a México, Colombia o Brasil. No hay forma de revestir la realidad: lejos de ser un nuevo instrumento de cooperación regional, esta nueva iniciativa es poco más que una “foto de familia” en la que EE. UU. se exhibe con todos los gobiernos que comparten los dogmas del trumpismo, donde la geopolítica y la denominada “doctrina Donroe” se disfraza burdamente de lucha contra el narcotráfico.
Pese a su nombre grandilocuente, parece evidente que no asistimos al surgimiento de un nuevo proyecto de cooperación regional ni a un esfuerzo serio por abordar el problema del narcotráfico. Es, más bien, una operación política envuelta en retórica securitaria, diseñada para recomponer la influencia de Estados Unidos en América Latina a través de gobiernos afines, dependientes y dispuestos a asumir costes políticos y sociales en nombre de una supuesta “guerra contra la droga” que, en realidad, sirve a otros intereses. También tiene la pretensión de lanzar un mensaje al mundo de que hay un cambio de rumbo en América Latina y se presenta como una nueva alianza de gobiernos alineados con ese nuevo orden que trata de imponer Estados Unidos.
Por otro lado, desde su planteamiento inicial, el proyecto revela su inconsistencia al excluir a actores clave en sus propios fines como México o Colombia, países centrales en cualquier estrategia contra el narcotráfico. Esta ausencia es una decisión política: el “Escudo” no busca integrar, sino seleccionar y alinear. Se trata de una coalición de gobiernos ideológicamente próximos a Trump, más preocupados por exhibir su fuerza junto al poderoso que por construir un instrumento de cooperación efectivo para sus fines. Podría afirmarse que el verdadero objetivo de esta iniciativa, en realidad, es reconfigurar el mapa de alianzas en la región, reforzando eso que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como su “área de influencia”.
Por otro lado, el discurso de “mano dura” frente al crimen organizado tampoco es nuevo ni especialmente sofisticado. América Latina lleva décadas aplicando políticas represivas contra el narcotráfico con resultados, como mínimo, cuestionables: aumento de la violencia, fortalecimiento de las redes criminales y una profunda erosión institucional. El plan es volver a ese mismo esquema, ahora bajo un nuevo nombre y con un evidente sesgo geopolítico.
En este contexto, el “Escudo de las Américas”, al igual que otros planes, en la práctica se concretará en más presencia militar de Estados Unidos y en la injerencia en asuntos internos, con los efectos ya conocidos sobre la población de las zonas en las que se despliegan, sin un impacto significativo en su principal objetivo: la lucha contra los cárteles de la droga y, mucho menos aún, en el desarrollo económico y social.
No es casualidad que los gobiernos más entusiastas con esta iniciativa compartan ciertos rasgos: liderazgos personalistas, persecución de la oposición política y la protesta social, militarización de la sociedad y reformas legislativas o medidas que restringen derechos de la ciudadanía. Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Javier Milei en Argentina, son unos clarísimos exponentes de una deriva autoritaria en sus respectivos países que se manifiesta, entre otros ejemplos, en la criminalización de la protesta social, la persecución de la oposición política, la militarización de la seguridad pública, recortes de libertades y en un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Resulta especialmente preocupante que este movimiento se produzca en un momento en el que, durante años, se habían impulsado, con mayor o menor éxito, proyectos de integración regional. Iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación latinoamericana, a reducir la dependencia externa y a construir una voz propia en el escenario internacional. El “Escudo de las Américas” avanza en la dirección opuesta: fragmenta, excluye y reintroduce lógicas de subordinación que parecían, al menos en parte, superadas. Si algo anuncia esta iniciativa no es una nueva estrategia contra el narcotráfico, sino la apertura de un ciclo político en el que la subordinación se presenta como pragmatismo y el autoritarismo como solución a todos los problemas.
Frente a esta deriva, la alternativa pasaría por recuperar ese impulso a través de instrumentos de integración y cooperación regional y, en lo concreto sobre esta iniciativa, disputar el sentido mismo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Porque, de lo contrario, el “Escudo” no protegerá a las sociedades latinoamericanas, sino que terminará protegiendo, una vez más, los intereses de quienes nunca han tenido que pagar sus costes.
Enrique López Cáceres es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
Este artículo se publicó originalmente en Substack. Puedes leerlo en inglés aquí.
Más de dos semanas después del inicio de la guerra de agresión contra Irán, Estados Unidos e Israel aún no han alcanzado su objetivo bélico de provocar un cambio de régimen, y es poco probable que lo logren por esta vía. La historia muestra que los bombardeos aéreos por sí solos rara vez conducen a la victoria, y mucho menos al derrocamiento de gobiernos. Al contrario, quienes son atacados suelen cerrar filas en torno a sus líderes, especialmente cuando el agresor, como en este caso, bombardea escuelas y hospitales.
Pero la guerra podría resultar ser mucho más que una misión fallida y costosa para Estados Unidos. Los ataques con misiles de Irán contra bases estadounidenses y otros objetivos en los Estados del Golfo están sacudiendo toda la estructura de poder de la región. Por un lado, estos ataques demuestran que Estados Unidos es incapaz de defender a los países del Golfo. Conviene recordarlo: el acuerdo histórico de los años setenta entre Estados Unidos, por un lado, y Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, por otro, se sostenía sobre dos pilares. Las monarquías vendían su petróleo exclusivamente en dólares e invertían los excedentes de petrodólares en Estados Unidos. Esto garantizaba un flujo permanente de capital hacia Estados Unidos y, en particular, hacia Wall Street. A cambio, Estados Unidos ofrecía modernización tecnológica y, sobre todo, seguridad.
Ese segundo pilar se está derrumbando ante nuestros ojos. Las bases militares estadounidenses han demostrado no solo ser en gran medida inútiles frente a los misiles iraníes, sino también una carga para los Estados del Golfo, ya que constituyen objetivos evidentes. Además, sectores importantes de la población en algunos de estos países llevan tiempo oponiéndose a dichas bases. En Baréin, por ejemplo, donde el 60% de la población es chií, se produjeron muestras de celebración tras el éxito iraní al infligir graves daños al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense. La presencia de Estados Unidos se revela así como un posible factor de inestabilidad política interna.
La magnitud de los ataques contra las bases estadounidenses es considerable. Irán logró, por ejemplo, destruir dos instalaciones clave de radar en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos, esenciales para guiar los misiles THAAD, un componente central de la defensa contra los misiles iraníes. La reconstrucción de estas infraestructuras, valoradas en miles de millones de dólares, podría llevar meses o incluso años. Otras bases importantes también fueron alcanzadas, como la de Erbil, en Irak, la mayor base de la Fuerza Aérea estadounidense en el país.
La situación podría agravarse aún más si Estados Unidos e Israel se enfrentan a una escasez de misiles interceptores. Estos ya eran limitados al final de la guerra de doce días contra Irán en junio de 2025, una de las razones clave por las que ambos países optaron entonces por un alto el fuego. Ahora, según diversos informes, los arsenales podrían acercarse a una escasez más severa, lo que debilitaría decisivamente una defensa ya de por sí incompleta.
Estados Unidos también ha demostrado ser incapaz de mantener abiertos los estrechos de Ormuz, a pesar de la promesa de Donald Trump de escoltar a los buques. Su llamada urgente a la OTAN y a otros aliados para que envíen barcos al Golfo Pérsico subraya la gravedad de la situación. El hecho de que todos sus aliados —desde el Reino Unido y Alemania hasta Australia y Japón— hayan rechazado la petición es una señal humillante del creciente aislamiento e impotencia de Estados Unidos. El estrecho de Ormuz es la arteria vital de las monarquías del Golfo. No solo dependen de él las exportaciones de petróleo y gas, sino también importaciones esenciales. Si permanece cerrado durante un periodo prolongado, las economías y las sociedades del Golfo afrontarán nuevas turbulencias.
Mientras las élites de las monarquías del Golfo empiezan a asumir que Estados Unidos no puede protegerlas e incluso está llevando la guerra a sus territorios, las repercusiones económicas socavan aún más el statu quo. El modelo de negocio de estos países se basa en la estabilidad. Tanto el turismo como la inversión extranjera descansan sobre la promesa de un mundo brillante, protegido de la pobreza y de las guerras constantes de los países vecinos. Pero ese modelo también podría colapsar. ¿Quién compraría islas frente a la costa de Dubái si no hay seguridad frente a los misiles? Y si las grandes fortunas se alejan, ¿quién querrá invertir miles de millones en una región con un futuro incierto?
La guerra también ha puesto de relieve la vulnerabilidad del suministro de agua dulce en la región. Las plantas desalinizadoras, que proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del consumo de agua en los Estados del Golfo, podrían quedar fuera de servicio con unos pocos ataques de misiles iraníes. Sin agua dulce, ni siquiera los más ricos pueden sobrevivir. Además, una evacuación rápida podría resultar imposible. Al inicio del conflicto, los vuelos privados disponibles se redujeron drásticamente en cuestión de horas, ya que pocos proveedores estaban dispuestos a asumir el riesgo. Los enclaves de lujo podrían convertirse en trampas.
Muchas de las monarquías petroleras han diversificado sus economías en los últimos años. Uno de los nuevos pilares son los centros de datos operados por grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Google, Microsoft, Palantir, NVIDIA u Oracle. Sin embargo, Irán ya ha atacado centros de datos de Amazon en Baréin y en los Emiratos, con importantes repercusiones sobre los servicios digitales. Además, el liderazgo iraní ha presentado una lista de 31 centros de datos que considera “objetivos legítimos”, al considerar que son utilizados por el ejército estadounidense. Si algunos de ellos fueran alcanzados, el golpe sería significativo no solo para la economía regional y su infraestructura digital, sino también para un pilar central de la hegemonía estadounidense.
Ante este escenario, Donald Trump busca desesperadamente una salida que le permita declarar la victoria y poner fin a la guerra. Pero lo más probable es que Irán no le facilite un desenlace rápido.
Incluso si el conflicto terminara en un plazo relativamente breve, su impacto sobre la región y el equilibrio geopolítico sería profundo y se desplegaría plenamente en los años siguientes. En cualquier caso, las monarquías del Golfo se verán obligadas a buscar nuevos modelos de supervivencia política y económica. Lo más probable es que giren hacia Asia, y en particular hacia China, que en los últimos años ha construido sólidos vínculos económicos y diplomáticos en la región y se ha posicionado como un actor de estabilidad. Podría ser el inicio del fin de la hegemonía estadounidense en el Golfo.
LA HABANA // El profesor de Historia de la Revolución cubana Fabio Fernández Batista se define como reformista del sistema cubano, lamenta que muchos de sus compatriotas crean que “el capitalismo solucionará sus problemas cuando el que le toca a Cuba es el capitalismo subdesarrollado periférico dependiente, como el de República Dominicana, Guatemala u Honduras” y considera que su país sufre una “crisis espiritual que ha provocado que haya cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee”.
A su llegada a la entrevista, explica la razón de su retraso: se ha encontrado una protesta en la entrada de la Universidad de La Habana cuando ha ido a hacer unas fotocopias. Al día siguiente, la concentración aparecerá en buena parte de la prensa internacional. Una treintena de estudiantes pedían facilidades para poder seguir las clases a distancia después de que el Gobierno cubano dictara el cierre de las aulas por la falta de combustible. Los continuos apagones eléctricos también acarrean caídas de Internet, cuya conexión ya resultaba inasequible para el estudiantado que no recibe apoyo económico de la diáspora. Una manifestación más de la crisis sistémica que sufre el pueblo cubano desde hace décadas, agravada por el cerco energético dictado por la Administración Trump –un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional–.
¿Cuál es su análisis de la situación que atraviesa Cuba en la actualidad?
En Cuba hay una crisis estructural provocada por una economía renqueante desde hace mucho, que todavía acusa el golpe que significó el fin del campo socialista y que, al mismo tiempo, está golpeada por una política hostil norteamericana. Tenemos un modelo económico que tiene grandes deudas en materia de eficiencia, eficacia, productividad y todo lo que sigue en esa lista. Todo esto ha provocado una fractura del consenso político en el marco de una sociedad cada vez más plural y no han existido mecanismos para canalizar ese disenso de forma participativa.
También se ha producido un cambio del liderazgo histórico de Fidel y Raúl Castro al de Díaz-Canel, cuyo capital simbólico sería su capacidad para gestionar con eficiencia el país. Y eso no ha ocurrido. Además, tras el impacto económico de la pandemia de COVID-19 se llevó a cabo una reforma que desestructuró aún más la economía del país. Y por último, Trump ha reforzado la hostilidad contra Cuba con el bloqueo petrolero y con la presión que ha puesto en diferentes países para que corten la colaboración con Cuba en materia de exportación de servicios de salud.
Al mismo tiempo, hemos sufrido un éxodo migratorio de más de un millón de personas en un país que ha envejecido a un ritmo que no es funcional para la nación. Y añadiría que tenemos un tejido nacional lesionado, marcado por múltiples carencias y frustraciones por las que tenemos una crisis espiritual que ha provocado que haya cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee.
¿El Gobierno cubano podría hacer ahora las reformas que no ha hecho las últimas décadas?
El margen de maniobra se ha ido estrechando incluso en el ámbito interno. Se han perdido dos momentos fundamentales para hacerlo. En los años noventa, Fidel Castro tenía suficiente capital político para haber transitado a un modelo como el vietnamita o el chino. En el primer lustro de los 2000, se creó la alianza con la Venezuela boyante de Chávez pensando que podía sustituir a una reforma integral del modelo económico. Después llegó Raúl Castro, que colocó la reforma en el centro de la acción política, planteando que el socialismo debía entenderse desde una conexión más orgánica con las economías de mercado, pero no terminó de llevarla a la práctica por lo que yo llamo el síndrome de la perestroika: había miedo a que, al abrir el juego, se desencadenasen cambios políticos. Y también se aplicaron reformas que beneficiaron sólo a sectores puntuales, como la construcción hotelera, en detrimento de los intereses generales del país.
¿Y ahora?
Ahora se están impulsando transformaciones como las alianzas empresariales público-privadas, pero el margen es estrecho. Reformas que se pudieron haber hecho antes se tienen que hacer ahora en un país semiparalizado porque no hay combustible. Se debería haber aprovechado el proceso de normalización con el gobierno de Obama, pero entonces ganaron los sectores más conservadores.
Tras el estallido social de 2021, ¿qué peso tienen las reclamaciones democráticas entre el alumnado universitario?
Tanto en los estudiantes como en la ciudadanía en general hay un afán por cambiar dinámicas en el sistema político para que haya más participación, más mecanismos de control popular, lo que no quiere decir necesariamente asumir los presupuestos de la democracia liberal. Claro que en Cuba hay gente que quiere lógicas económicas propias de la democracia liberal, pero también hay quienes estarían dispuestos a participar en maneras distintas de entender el funcionamiento democrático del país.
La mayor inconformidad de la gente en Cuba es con su economía diaria. Si el gobierno fuese capaz de resolverlos, habría una reducción importante de los niveles de inconformidad. En las protestas sobre todo hay gente reclamando servicios básicos como la electricidad y el agua, poder llenar la despensa… Pero desde el extranjero se suele subrayar el matiz político de la protesta.
¿Qué cree que va a pasar en las próximas semanas?
Eso nadie lo sabe. Hay una gran incertidumbre en torno a las negociaciones entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos. Defiendo que haya puntos de contacto entre ambos, de hecho es una política histórica de los gobiernos nacidos de la revolución cubana, pero no estoy de acuerdo con que impliquen una lesión en la soberanía del país. Por ejemplo, que se hable de que una línea roja es la del presidente de Cuba, es decir, que se decida en Washington quién es nuestro presidente. No me gusta el modelo venezolano en el que el chavismo ha asumido una lógica de supeditación a los mandatos de Trump.
Me gustaría una negociación en la que podamos llegar a acuerdos desde una defensa de la soberanía. No se puede olvidar que a Estados Unidos no le interesan ni los derechos humanos ni la democracia en Cuba, sino que tiene una proyección imperial, que Cuba se mueva al ritmo que le interesa.
También cabe la posibilidad de que no haya acuerdo y de que haya una profundización en la política hostil de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Una agresión quirúrgica como la que hicieron en Venezuela? Quirúrgica… pero con un montón de muertos. ¿Quizás un bombardeo como el que están haciendo en Irán o una agresión militar tipo desembarco de Normandía? Cuba está muy cerca de Estados Unidos, por lo que cualquier escenario de desestabilización puede incidir también en su territorio. Por otra parte, hay que tener en cuenta cómo le saldrán las cosas a Trump en Irán. Un empantanamiento puede limitar su capacidad de acción contra Cuba o lo contrario: apostar por hacer algo que pueda vender como un éxito.
¿Y a nivel interno?
Hay que ver en qué medida las carencias múltiples en un país semiparalizado pueden generar una protesta social y que se mezcle la demanda política explícita con la situación económica.
Imagen de una calle de La Habana. ALEX ZAPICO
Pero al margen del agravamiento del bloqueo con el sitio energético que ha dictado Trump, los apagones graves llevan afectando de forma regular a la población más de dos años, las desigualdades entre las clases sociales son hoy exacerbadas y muy evidentes, hay una minoría que todo el mundo ve moviéndose en coches de lujo, comiendo en restaurantes caros y comprando lo que necesita en las innumerables tiendas que se han abierto con productos importados y en las que se paga en dólares… Mientras, la mayoría social no se puede permitir siquiera comprar pollo una vez al mes ni jubilarse y dejar de trabajar porque cobra pensiones que no les dan para comer. ¿Sin el factor Trump, el Gobierno cubano habría aplicado alguna reforma?
Si quitamos la agresión más reciente de Trump, el país seguiría estando en una situación muy compleja. Ojo, el bloqueo existe y es estructural. Trump solo ha escalado en grado sumo la política de sanciones de Estados Unidos. Y los problemas de Cuba son un acumulado de cosas que no han hecho bien este gobierno y los anteriores, así como de las políticas hostiles de los Estados Unidos.
Pero al margen de Trump, hay una demanda social clara de que el país lleve a cabo una apertura económica que permita una mejoría general, que no solo beneficie a un segmento. Es decir, abrir la economía pero manteniendo políticas públicas que atiendan a la ciudadanía en su conjunto, especialmente a la más vulnerable. Por ejemplo, se habla de que en abril se modificará la libreta de racionamiento.
Pero si ya apenas entregaban nada por la libreta, hay gente que hace meses que no recibe nada.
Y aun así sigue siendo importante para algunas familias. El Estado no tiene que subvencionar el arroz a un hombre como Silvio Rodríguez, que no lo necesita, pero sí a una viejita pensionada. También tiene que ayudar a que mi amigo tenga un negocio próspero y crear mecanismos fiscales que permitan al Estado redistribuir recursos, a que la educación y la sanidad públicas sean solventes…
¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora?
No se ha trabajado con la celeridad necesaria, lo que ha agudizado los problemas. Y hay que garantizar un escenario de bienestar, aunque sea modesto, porque es una de las conquistas más importantes de la revolución.
Cuando los cubanos se quejan de que los sistemas de salud y educación no funcionan los están comparando con los éxitos que la revolución cubana alcanzó. Hay medios que construyen un relato engañoso en el que pareciera que los cubanos añoran un capitalismo maravilloso que Fidel Castro y sus barbudos destruyeron y que nos llevó a la noche más oscura. Eso es una estafa intelectual e histórica. Claro que los cubanos tienen el referente del capitalismo que han visto cuando han viajado o por las series y películas que ven; claro que hay una visión del capitalismo que forma parte de los imaginarios cubanos, pero una parte importante de los reclamos ciudadanos en Cuba conectan con la memoria histórica de un país que, en los marcos del socialismo, funcionaba mejor que el actual. Así pues, el Estado tiene la misión importante de abrir la economía para sostener de mejor manera la educación y la salud públicas.
¿Cómo debería hacerlo?
Soy reformista, me siento conectado con los valores fundacionales de la revolución cubana, tengo una proyección de vida anticapitalista. No creo que el capitalismo sea un sistema justo. Creo que la revolución cubana avanzó por caminos alternativos frente al reino del capital y que habría que rescatar mucho de ese espíritu primigenio. Fue una revolución que tuvo mucha luz y, también, sombras desde el principio: lógicas demasiado verticalistas, burocráticas, con elementos importantes de autoritarismo… Creo que hay que refundar un proyecto de contenido socialista desde el que repensar la economía, la democracia, nuestro lugar en el escenario geopolítico.
Hay gente que ve con buenos ojos la idea de una Cuba de democracia liberal, que está muy romantizada porque tiene muchos elementos antidemocráticos.Y mucha gente que piensa que el capitalismo cubano sería como el español, el sueco, el suizo, que no son perfectos, pero que tienen colchones de bienestar. Pero el capitalismo que le toca a Cuba es el capitalismo subdesarrollado periférico dependiente, como el de República Dominicana, Guatemala, Honduras…
¿Existe realmente todavía el socialismo en Cuba? Un capitalismo exacerbado domina plenamente las vidas diarias y cotidianas de los cubanos y cubanas…
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que quedan lógicas en las prácticas sociales como en los imaginarios..
Por supuesto que hay una influencia de lo que representaron la revolución y sus logros en la conciencia colectiva, pero los cubanos ya viven sometidos a un capitalismo periférico, con diferencias de clase abismales, pobreza extrema y excluyente…
Hay varios expertos que dicen que Cuba se ha latinoamericanizado, que cada vez nos parecemos más al continente que tenemos al lado y al que pertenecemos. Yo creo que las lógicas del capital no imperan plenamente en Cuba. Quedan bolsas de resistencia: con todos sus defectos, sigue habiendo una apuesta por la salud pública gratuita, una educación gratuita universal, un conjunto de bienes sociales que nos pertenecen a todos…
Pero es cierto que en Cuba hace años que no hay revolución. La revolución arrancó en el 59 y se cerró a mediados de los 70. A partir de entonces, vivimos en una sociedad posrevolucionaria que ha ido evolucionando con los cambios de la vida y con las reformas impulsadas por las estructuras de poder. Y ahora vivimos otra revolución –entendida como cambio estructural de sus dinámicas–: el paso de la apuesta que fue el socialismo a una en la que vuelve el capitalismo.
Quiero pensar que el pueblo cubano encontrará mecanismos que nos lleven a un socialismo remozado más que al capitalismo, pero yo puedo ser la expresión de una minoría. Mucha gente en Cuba ha comprado el sueño de que el capitalismo nos llevará a un lugar mejor. Yo creo que es un sueño equivocado, pero el ideario de izquierda está muy golpeado. En Cuba hay un proceso de articulación progresiva y potente de fuerzas de derechas, algunas vinculadas con el fundamentalismo religioso evangelista. Hay una idea de que el Estado es un obstáculo, de que es ineficiente, de que la propiedad privada y la privatización de los servicios públicos es la respuesta a todo. Hoy, en Cuba, la palabra comunista se puede utilizar como un calificativo despectivo. Eso tiene que ver con una comprensión estrecha de lo que es el comunismo y una identificación de las políticas gubernamentales con el comunismo, cuando en la práctica no hay muchas que puedan considerarse así, sino que es todo lo contrario, hay una apertura al capitalismo.
En España también tenemos una sanidad y una educación públicas en el marco de una democracia liberal. Teniendo en cuenta que las políticas cubanas no son comunistas, ¿que Cuba se convirtiese en un Estado del bienestar socialdemócrata sería el peor o el mejor de los escenarios?
Muchos cubanos tienen una imagen del capitalismo que se mueve en códigos socialdemócratas, pero yo tengo muchas dudas de que el capitalismo cubano del futuro fuese socialdemócrata: más bien sería el latinoamericano neoliberal. Si tú me dices que el capitalismo cubano va a ser el de España o Noruega, casi me atrevo a abjurar de mi vocación marxista y me lanzo a la piscina. Pero Cuba es periferia y no hay demasiados ejemplos en los que el capitalismo socialdemócrata se haya consumado en la periferia.
Además, puede darse el caso de que tenga unos indicadores macroeconómicos extraordinarios, con una vitalidad aparente tremenda, y que debajo de todo eso subyazcan problemas estructurales graves.
Poco después del desastre de la Primera Guerra Mundial y con la revolución socialista en Alemania como telón de fondo, Max Weber reflexionaba en un famoso discurso en Múnich, en enero de 1919, sobre la naturaleza de la política. Las teorías del sociólogo e historiador alemán sobre la «autoridad carismática» y la «legitimidad basada en la legalidad», así como la «ética de la convicción moral» y la «ética de responsabilidad», que luego vieron la luz en su célebre obra La política como vocación, siguen siendo válidas hoy en día. Weber también analiza y compara los sistemas políticos de la época para fundamentar sus tesis.
En el Reino Unido de principios del siglo XX, Weber deplora un estilo político que predice la era de las redes sociales, «cuando para mover a las masas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase que los que emplea el Ejército de Salvación. Resulta lícito calificar la situación presente como dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas». Al contrario, en Estados Unidos, cuyo ascenso como poder mundial comenzaba con el fin de la Gran Guerra, Weber considera el sistema electoral como una mera máquina de repartir puestos y poder. «En Alemania, a diferencia de lo que sucede en América, teníamos partidos políticos con convicciones, que, al menos con bona fides subjetiva, afirmaban que sus miembros representaban una concepción del mundo», destaca. Sin embargo, el problema en la época imperial alemana que murió con la derrota militar del káiser fue un parlamento demasiado débil frente a un cuerpo de funcionarios demasiado fuerte, según el pensador.
En 1919, Weber no podía prever la aparición de los Hitler, Mussolini, Franco o Stalin. Tampoco se hubiera imaginado el fenómeno que supone Donald Trump. Durante décadas, mucha gente en Europa consideraba que Estados Unidos no sólo era la democracia más antigua de la era moderna, sino también la más estable frente a la propensión de los europeos hacia regímenes totalitarios. Con Trump, el admirado sistema de contrapesos (checks and balances) parece haber colapsado como un castillo de naipes. Peor aún, Trump aspira a lograr lo mismo en Europa, donde apoya a partidos de ultraderecha como Vox en España. ¿Es posible un fenómeno Trump en Europa?
El país más vulnerable es el Reino Unido, donde el partido Reform UK del ultranacionalista Nigel Farage lidera todas las encuestas. Con el sistema electoral del first-past-the post, donde el candidato o candidata con más votos se lleva el escaño en cada uno de los 650 distritos, es fácil lograr una mayoría absoluta. En las elecciones de 2024, al laborista Keir Starmer le bastó un mero 33,7% de los votos para conquistar una mayoría abrumadora de 411 de los 650 escaños, el resultado menos proporcional en la historia del país.
Nigel Farage, líder de Reform UK, durante el congreso anual de su partido en Birmingham, en septiembre de 2025. NEIL HALL / EFE
Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform, explicó a la revista The Economist en septiembre pasado los planes para deportar a 600.000 migrantes y meter mano al servicio público británico al estilo del DOGE liderado por Elon Musk. «La separación de poderes es mucho más débil que en América. Aquí, un primer ministro con una mayoría amplia en la Cámara de los Comunes tendría mucho más control sobre la política nacional que un presidente de Estados Unidos. Un Musk británico podría recortar a su gusto», advierte el artículo.
En Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, el presidente de la República comparte el poder con el parlamento, que elige a un Ejecutivo liderado por un primer ministro o ministra. Salvo que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen gane una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional funcionaría como contrapeso.
La acumulación de poder resulta más difícil en Alemania. El sistema proporcional requiere prácticamente una mayoría de votos para obtener una mayoría de escaños en el Bundestag. Sin embargo, la Cámara Baja del Parlamento alemán comparte el poder con el Bundesrat, la Cámara Alta, donde se sientan los gobiernos de los 16 estados federados. Las elecciones en los länder no coinciden, por lo cual es poco probable que la ultraderecha de Alternativa para Alemania se pudiera hacer con el control del Bundesrat en un tiempo breve. También en España, el poder de las comunidades autónomas amortigua la influencia del Gobierno central, como estamos viendo actualmente.
Finalmente, la Unión Europea ofrece ciertas garantías contra abusos que podría acometer un Donald Trump en Madrid, Berlín o París. La justicia europea y las instituciones vigilan la libertad de expresión y el estado de derecho. Por algo, Farage fue el gran promotor del Brexit, para librarse de interferencias en un futuro gobierno suyo. «Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines –idealistas o egoístas– o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere», advirtió Weber en 1919. Trump ha dejado claro que no reconoce las reglas ni ninguno de los límites previstos a su poder en la Constitución de Estados Unidos. Las elecciones parlamentarias de noviembre serán la prueba definitiva de su determinación. ¿Aceptaría una derrota de los republicanos y una pérdida de control sobre una o ambas cámaras del Congreso?
“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.
Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.
Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.
Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.
Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.
En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.
Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?
El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
Hace mucho que, en lugar de leer, estudio. Tengo ganas de volver al tiempo en que leía por placer y no para preparar un prólogo, una conferencia, un artículo.
En las últimas semanas, he leído o releído varias novelas de Dostoyevski para escribir un prólogo a la reedición de una de ellas. No es que no me produzca placer esa lectura, pero es un placer distinto. Por usar una imagen gráfica: no es lo mismo tumbarse en un prado con un perro al lado que salir de caza con él.
La diferencia es que no me gusta cazar pero sí estudiar.
1 de marzo
Hablaba con Edurne de todos esos libros que hemos leído y se han borrado de nuestra memoria. Aunque no pueda recordar ya nada de ellos ni reproducir una idea o una emoción de las que nacieron leyéndolos, creo que han influido en cómo pienso o, más en general, en quién soy. Probablemente somos tanto el resultado de lo que recordamos como de aquello que olvidamos pero actuó en nosotros en algún momento.
Más interesante aún: también puede influirme lo que no he leído. En el prólogo de Crimen y castigo he escrito precisamente que no hace falta conocer las obras de Freud, Einstein o Planck para que nuestra visión del mundo se haya visto influida por sus ideas y descubrimientos (por cierto, últimamente no hay película de ciencia ficción sin su pizquita de física cuántica); y lo mismo se puede decir cuando se trata no solo de científicos o pensadores que han transformado el conocimiento de la realidad; también escritores como Proust o Joyce o Kafka nos han cambiado, aunque hayan llegado a nosotros indirectamente, por medio de otros escritores que se dejaron influir por ellos, y porque sus ideas y su manera de contar la realidad se han ido convirtiendo no en lugares comunes, pero sí en parte del inconsciente colectivo. También Sor Juana, Beauvoir, Pardo Bazán, Sontag y tantas otras llegan a quienes jamás abrieron un libro suyo. ¿Y qué habría sido de mí –quién sería yo– sin mis años alemanes alimentados por Christa Wolf, Arno Schmidt, H. M. Enzensberger?
2 de marzo
Antes me resultaba difícil entender el ascenso de los totalitarismos, esto es, que tanta gente pudiera apoyar su brutalidad y su desprecio hacia la vida humana. Ahora que estoy siendo testigo de su nuevo auge, puedo ver día a día cómo encuentran cómplices por todas partes y por motivos muy diferentes: intereses económicos, conveniencia electoral, servilismo, cualquier otro tipo de utilitarismo cínico. Y veo cómo se justifica lo monstruoso con excusas tan absurdas que está claro que ni quien las pronuncia se las cree.
Justo ahora nos ponemos a ver La semilla de la higuera sagrada, película terrible que muestra a través de la vida de una familia la brutalidad del régimen iraní, en general pero muy en especial contra las mujeres. Brutalidad que los padres han interiorizado y asumido como necesaria, aunque sus certidumbres morales comienzan a agrietarse gracias a la mirada y la conciencia de las hijas. La historia de la represión de las jóvenes que aspiraban a un mínimo de libertad es absolutamente desoladora.
Pobres iraníes, que pasaron de un sátrapa a una dictadura religiosa y ahora además van a morir bajo las bombas de sus supuestos liberadores. Afirmar, como ha hecho el miserable Feijòo, que apoyar el ataque de Estados Unidos e Israel es estar del lado de la libertad, es repulsivo. Ni Trump ni Netanyahu están del lado de la libertad; tampoco el régimen de los ayatolas lo está. Y lanzar una guerra que se está extendiendo por los países vecinos no tiene ningún objetivo humanitario. Pero supongo que esto lo saben todos, así que ni merece la pena que intente argumentarlo.
Me acuerdo ahora de mi abuelo que, sentado en un sillón del que apenas se levantaba, no se perdía ni una vez las noticias y se las pasaba insultando a presentadores, políticos y, en general, a casi cualquiera que asomara a la pantalla. No he llegado tan lejos como él, pero voy por ese camino.
3 de marzo
Miren Elorduy, la librera de Mujeres & Compañía me envía Rey de gatos, un libro de cuentos de Concha Alós que andaba buscando pero estaba agotado. Me prometió intentar conseguírmelo y ha cumplido –estaba seguro de ello–. Acabo de terminar una recopilación de relatos de Luisa Carnés publicada por Hoja de Lata, que me gustó mucho, y paso ahora a este de Alós por recomendación de Clara Obligado. Si el cuento es un género que ha sido muy descuidado por la crítica en España –y por los lectores, y por los mismos escritores–, el escrito por mujeres ha sido doblemente ninguneado hasta hace poco.
Me llegó ayer, por cierto, Exilio, el último libro de Clara Obligado, ilustrado por Comotto, que se publica cuando se cumplen cincuenta años del golpe en Argentina. También aquél contó con las complicidades de países supuestamente democráticos. El eje del bien nunca deja de hacer el mal.
Estados Unidos de América (EE. UU.) e Israel han vuelto a bombardear Irán y, con ello, se ha desatado una guerra abierta en Asia Occidental. La respuesta defensiva de Irán, atacando la ciudad de Tel Aviv pero también las bases militares y embajadas de EE. UU. en varios países de la zona e, incluso, en Chipre, ha sorprendido a Donald Trump, según sus propias palabras. Los analistas debaten si la apertura de este nuevo frente bélico, de consecuencias imprevisibles, ha sido un error estratégico para EE. UU. o bien se trata de un escenario calculado por Washington. En el Congreso de EE. UU. el debate es, además, si lo que ha iniciado el Gobierno Trump este 28 de febrero puede ser definido como guerra y si el país se encuentra, nuevamente, ante una agresión contra un país extranjero sin el necesario aval del poder legislativo.
Mientras llegan los poderes de guerra que respaldarían legalmente los ataques del Gobierno estadounidense, el conflicto se expande en Asia Occidental y las acciones y víctimas mortales se multiplican con el paso de los días. Irán ya ha declarado que está preparado para una guerra prolongada; Hizbulá ha entrado a la contienda en Líbano, mientras el Gobierno de ese país permite la entrada de tropas israelíes; en Bahréin, la mayoría chií, gobernada por una monarquía suní, se suma a las protestas contra los ataques a Irán; y las manifestaciones de población musulmana frente a embajadas de EE. UU. se suceden en distintos países asiáticos, como Pakistán.
Por su parte, la Unión Europea (UE) sigue demostrando su doble rasero moral y su voluntad de profundizar su sometimiento geopolítico a EE. UU. Incapaces de condenar el asesinato de EE. UU. e Israel a casi 200 niñas en una escuela de Minab y a otros cientos de iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei, la UE de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas cierra filas con sus aliados occidentales a la vez condena el derecho a la legítima defensa que ejerce Irán ante este crimen de agresión, amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
En paralelo, Francia, Alemania y el Reino Unido, el bloque conocido como E3, ha dado un paso al frente y, en una declaración conjunta del 1 de marzo, se muestra dispuesto a facilitar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones” proponiéndose “colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abundado en esta idea de cooperación con los aliados, a pesar de condenar el ataque fuera del marco legal de EE. UU. e Israel, y ha puesto nuevamente a disposición de Europa la capacidad de disuasión nuclear de Francia.
En este contexto de belicismo rampante, emerge en Europa la voz discordante de Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a que EE. UU. pueda usar sus bases militares en territorio español para los ataques a Irán, lo que ha provocado una nueva escalada declaratoria de Trump contra el Gobierno español. Más allá de la distancia que puede mediar entre las declaraciones del presidente español y los hechos de la realpolitik, como ha demostrado el caso del comercio de armas con Israel, Pedro Sánchez está usando hábilmente su confrontación con Trump.
Oponerse a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, quienes representan el liderazgo de la ultraderecha mundial y simbolizan la demolición del Derecho Internacional, para construir un perfil antagónico, basado en la defensa del Derecho Internacional y de los derechos humanos, le otorga a Sánchez una gran proyección internacional. Rescatar, además, el lema que en 2003 movilizó al 90% de la población española contra la guerra de Irak, “No a la guerra”, le puede dar réditos electorales en la política interna.
Nuevos escenarios, viejas excusas
Es inevitable pensar en la guerra de Irak estos días, en la invasión a Afganistán iniciada en 2001 y en el punto de inflexión que supuso la guerra contra el terror global que desató EE. UU. con la excusa de los atentados del 11 de septiembre. Guerras que sentaron las bases de un nuevo momento de unilateralidad fuera de la ley internacional, y sin justificaciones humanitarias, en la política exterior estadounidense. Sin embargo, el punto de inflexión no fue sólo exterior. En el plano doméstico, este nuevo momento conllevó la aprobación de la Ley Patriota, que consagró un estado de excepción de facto al permitir el control masivo en aras de la lucha contra el terrorismo, así como el aumento de los niveles de represión a la disidencia interna.
Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio para justificar la ofensiva del pasado sábado 28 de febrero han ido variando a lo largo de los días. De reconocer abiertamente la búsqueda del cambio de régimen en Irán, se ha pasado a hablar del objetivo de destruir la “amenaza de los misiles balísticos de corto alcance” y de los “activos navales” del país, presionado por Israel (otras fuentes mencionan las presiones de Arabia Saudí). La imposibilidad de dar un argumento convincente que permita justificar un ataque a un país con el que se estaba sentado en la mesa de negociaciones, a punto de obtener un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mucho mejor que el firmado por Barak Obama en 2015, es notoria. Parece que EE. UU. y sus aliados querían evitar ese escenario de distensión con Irán.
De hecho, el pre-emptive attack esgrimido en el primer comunicado de Israel, traducido como “ataque preventivo” en español, fue la misma lógica doctrinal que EE. UU. usó en Afganistán. Pero la falta de originalidad en los paralelismos no acaba ahí. Estos días vuelve a posicionarse la idea de que Irán tendría armas nucleares, a pesar de la supuesta erradicación del programa nuclear iraní anunciada por Donald Trump tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Una excusa que recuerda al argumento de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que se usó, junto con el pretexto de la democratización, para defender la guerra ilegal del EE. UU. de George W. Bush contra Irak.
La supuesta voluntad de democratización de entonces planea también en quienes utilizan las vulneraciones a los derechos humanos, y en concreto de los derechos de las mujeres, para respaldar, desde una elástica moralidad, las actuaciones imperialistas que pretenden salvar a los pueblos del mundo a base de bombas. La instrumentalización de la legítima lucha de las mujeres iraníes por ganar espacios de mayor autodeterminación es especialmente obscena entre la ultraderecha que sigue a rajatabla el guion de un feminacionalismo claramente islamófobo. Una ultraderecha que, además, suspendería cualquier análisis comparativo sobre los derechos efectivos de las mujeres en distintos países de la zona.
Si alguien a estas alturas cree que EE. UU., o el ente genocida de Israel, tienen algún tipo de interés en defender a las mujeres musulmanas, promover los regímenes democráticos o salvaguardar los derechos humanos, sólo tiene que preguntarse por qué EE. UU. no bombardea Arabia Saudí y encontrará la respuesta. Pero también puede mirar adentro de sus fronteras y ver cómo EE. UU. responde a los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra del ICE, o cómo Israel trata a los palestinos israelíes, por no hablar de los que habitan en Gaza o Cisjordania.
Ni las mujeres iraníes necesitan ser salvadas por Occidente ni el mundo en su conjunto puede sostener ya más hipocresía por parte de quienes se erigen en faro moral de la humanidad cuando cargan en sus espaldas la responsabilidad por algunos de los crímenes más abyectos que se hayan cometido, en el pasado, pero también en el presente. Por eso, es fundamental no perder las coordenadas ideológicas, ni caer en las trampas discursivas o en las equidistancias. Puede que hoy, más que nunca, defender el Derecho Internacional frente a los poderes hegemónicos que siempre lo han ignorado parezca revolucionario y, sin duda, lo es. Pero lo más revolucionario es defenderlo hasta sus últimas consecuencias, no negando el derecho a la legítima defensa de los Estados atacados por el imperialismo y el sionismo.
En el tercer día de guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, la escalada iniciada tras los bombardeos conjuntos sobre territorio iraní ha adquirido una dimensión regional de alto impacto estratégico. Tras el asesinato del líder supremo iraní y la destrucción de múltiples infraestructuras militares, Teherán ha respondido con una oleada coordinada de ataques con drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en el Golfo, infraestructuras israelíes y posiciones diplomáticas en Arabia Saudí y Kuwait. Irán no es, en este sentido, Venezuela. La rendición, por ahora, no se contempla.
Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 700 civiles han muerto desde el inicio de los bombardeos conjuntos, con cifras que oscilan entre los 555 fallecidos reconocidos por la Media Luna Roja iraní y los 742 civiles documentados por la agencia Human Rights Activists, entre ellos al menos 176 menores, aunque el apagón casi total de internet dentro de Irán dificulta la verificación independiente y alimenta la preocupación por un balance aún mayor.
La respuesta iraní apunta a una estrategia de resistencia sostenida orientada a multiplicar frentes y elevar el coste político y económico del conflicto. Como parte de esa contraofensiva, la Guardia Revolucionaria cerró el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los “mercados” ya han comenzado a reaccionar al alza, como no podía ser de otra manera; el precio del crudo se ha incrementado un 10%, y el de gas natural más de un 40%.
La expansión bélica también se ha desplazado hacia el norte. Israel ha iniciado el despliegue de tropas en el sur del Líbano tras intercambios de fuego con Hizbulá, abriendo un nuevo frente que reconfigura el mapa del conflicto. En el horizonte está el proyecto político del sionismo religioso del “Gran Israel” que abarcaría desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak, incluyendo Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí y partes de Siria, Líbano y Turquía.
La promesa de una guerra breve
Donald Trump comenzó declarando que la guerra duraría entre cuatro o cinco semanas. Poco después admitió que podría prolongarse más tiempo, afirmando que ello no le preocupa porque Estados Unidos dispone del ejército más grande del mundo y puede “relajarse y esperar”. Es decir, que Trump está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo durante la campaña electoral, cuando prometió acabar con el pasado reciente intervencionista y virar hacia una política internacional aislacionista. Lo que está acabando, en realidad, son las últimas trazas de derecho internacional que se habían constituido –con sus faltas e incapacidades–, después de la segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la confianza presidencial parece apoyarse en precedentes recientes percibidos como victorias rápidas, como la intervención indirecta en Venezuela. Ese marco refuerza la percepción de que la capacidad de proyectar fuerza y eliminar objetivos estratégicos puede producir resultados inmediatos sin consecuencias estructurales. Un análisis que, según el profesor chino-canadiense Jiang Xueqin (que previamente había previsto con acierto la victoria electoral de Trump y el posterior ataque estadounidense a Irán), es errónea y puede ser causante de que Irán se convierte en el Vietnam de Trump.
Por qué Estados Unidos puede perder
Para Jiang Xueqin, la guerra contra Irán no responde a la lógica convencional de superioridad tecnológica y golpes rápidos de decapitación estratégica. Se trata de una guerra de desgaste, híbrida y económicamente asimétrica. Y en ese terreno, sostiene, Estados Unidos parte con desventaja estructural. Su análisis es el que sigue:
El primer elemento es la asimetría de costes: el sistema militar estadounidense se diseñó para la Guerra Fría: tecnología sofisticada, sistemas complejos, plataformas de altísimo coste. En cambio, Irán opera con una lógica distinta. Drones de bajo coste, misiles relativamente baratos y redes distribuidas obligan a Estados Unidos a activar interceptores que multiplican por diez o por veinte el precio del ataque inicial. Cada intercepción exitosa supone una victoria táctica, pero un desgaste financiero estratégico. En una guerra prolongada, esta ecuación erosiona recursos.
El segundo elemento es el tiempo: Irán lleva dos décadas preparándose para este escenario. Ha estudiado las capacidades israelíes y estadounidenses, ha probado respuestas, ha construido una red de aliados y milicias en la región. Estados Unidos, en cambio, se enfrenta a un teatro fragmentado, sin un frente claro, con múltiples puntos de presión simultáneos. La guerra no se concentra en una capital ni en un ejército regular que pueda rendirse. Se dispersa en bases, rutas marítimas, infraestructuras energéticas y nodos logísticos.
El tercer factor es el Golfo: Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Qatar constituyen el núcleo financiero del sistema del petrodólar. Venden energía y reciclan esos ingresos en activos estadounidenses, alimentando mercados financieros y, más recientemente, la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. Irán ha desplazado la presión hacia ese espacio, y el cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente al flujo energético mundial. Los ataques o amenazas sobre infraestructuras críticas saudíes –incluidas plantas desalinizadoras que proveen alrededor del 60% del agua potable del país–introducen vulnerabilidad civil y política. Una desestabilización prolongada del Golfo altera no solo la seguridad regional, sino la arquitectura financiera que sostiene al dólar.
El cuarto elemento es la economía digital: los ataques contra infraestructuras logísticas vinculadas a grandes plataformas tecnológicas trasladan la guerra al corazón de la cadena de suministro global. Centros asociados a Amazon y otros actores tecnológicos en Emiratos y Arabia Saudí forman parte de redes que sostienen comercio, datos y servicios en la nube. Cuando estos nodos se convierten en objetivos, el conflicto deja de ser exclusivamente militar. Y si el capital del Golfo reduce su exposición a activos estadounidenses por inestabilidad prolongada, el impacto se proyecta hacia el mercado bursátil y hacia la burbuja de inversión en inteligencia artificial.
El quinto factor es el dilema de la escalada: la historia reciente muestra que el cambio de régimen raramente se consigue exclusivamente desde el aire. En este sentido, si los objetivos estratégicos iniciales no se materializan, la presión para introducir tropas terrestres puede aumentar, especialmente si los aliados regionales exigen protección reforzada. Una intervención limitada puede transformarse en compromiso ampliado bajo la lógica de credibilidad y prestigio. En ese escenario, el coste humano y político se intensifica.
Ahora bien, también cabe hacerse otra pregunta, que introduce, si se quiere, un escenario todavía más turbulento: ¿Y si Trump no viera con malos ojos alargar una guerra que le sirviera para llevar al país en un estado de semi-excepción que le permitiera perpetuarse en el poder un tercer mandato?
CÚCUTA (COLOMBIA) // El ataque militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero rompió con todas las reglas del derecho internacional, acabó con las pretensiones de la realpolitik y pisoteó las leyes norteamericanas, afirma Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. Asimismo, a la acción contra el presidente Nicolás Maduro «algunos la llaman extracción, otros la llaman secuestro, pero fue una violación al derecho internacional», reafirma Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
El tono triunfalista de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump no ocultaron el mantra por el que se rige: América –todo un continente– para los estadounidenses. Vuelve a estar vigente la Doctrina Monroe, proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe, estableciendo que cualquier intervención europea o de una potencia distinta a la estadounidense en América Latina sería vista como una agresión.
El mismo Trump la denomina doctrina Donroe –el concepto que apareció en la portada del tabloide New York Post en enero de 2025– dejando claro en qué consiste la vieja-nueva bandera estadounidense y que no teme el uso del garrote para izarla a su antojo en lo que él mismo denomina «el patio trasero de América».
«El caso de Venezuela le permitía a Trump resolver un asunto reputacional en cuanto a su capacidad real de hacer sus amenazas creíbles», opina desde Caracas Colette Capriles. Según esta politóloga venezolana y profesora en la Universidad Simón Bolívar, la intervención no tiene nada que ver con posturas ideológicas ni apoyos morales o políticos, sino con la voluntad de Trump de «reconstruir el lugar de Estados Unidos en el hemisferio como hegemón».
Una demostración de fuerza que inició a finales de agosto 2025, con el despliegue militar y los ataques a decenas de lanchas en el Caribe –que dejaban a mediados de enero más de un centenar de muertos–, pero también con su apoyo férreo y económico a presidentes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, o su incondicional respaldo a Nary TitoAsfura en las últimas elecciones de Honduras.
El «laboratorio» venezolano
Para la politóloga venezolana Marisela Bentancourt, su país se convirtió en un «laboratorio» para un replanteamiento de las relaciones internacionales, poniendo en vilo a toda la región. «Los líderes de América Latina están avisados de la voluntad de Estados Unidos de utilizar toda la fuerza de sus capacidades para asegurar que la región gira hacia sus políticas de una manera más contundente», coincide Elizabeth Dickinson, directora para América Latina del centro de pensamiento Crisis Group.
Betancourt se muestra más crítica con la falta de consenso de los países de la región respecto a Venezuela, señalando que «estaba aislada», lo que permitió que se convirtiera «en el chivo expiatorio de un proyecto ultranacionalista de la derecha estadounidense». Lo hizo además sin causar ninguna baja de soldados estadounidenses, lo que engrandeció con vítores la Operación Resolución Absoluta de Trump.
El número de venezolanos muertos sigue sin concretarse, incluso tras la comparecencia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien el 23 de enero afirmó que el ataque militar con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», en Caracas y otras tres regiones cercanas, provocó entre 100 y 120 muertes. Estas incluyen a 47 militares de Venezuela y 32 de Cuba.
El silencio permisivo de países y organismos internacionales abre la puerta para los delirios coloniales y expansionistas de la Administración Trump. «Estados Unidos es la gran potencia militar y puede hacer cosas como las que hizo en Venezuela: intervino, extrajo al presidente y mantiene la presión sin necesidad de una ocupación militar, sino a través de la amenaza. Eso implica un gran riesgo para la seguridad de los países de la región», advierte Márquez.
Militares colombianos en el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela tras el ataque de Estados Unidos en Caracas. M. S.
Muchos de los analistas entrevistados hablan del comportamiento errático de Trump, y la dificultad para la comunidad internacional de hacer frente a sus avatares «casi temperamentales y anímicos». Ronal Rodríguez expresa su preocupación: «El presidente estadounidense no es un demócrata y no tiene comportamientos democráticos». Y señala el riesgo de que las herramientas formales de la democracia se utilicen para perpetuar proyectos autoritarios.
Por esto mismo, los vecinos regionales de Venezuela contienen la respiración. Incluso los más críticos como Colombia, Brasil o México. Cuestionar las políticas de Washington deriva en muchos casos en castigos arancelarios e incluso amenazas –en el caso colombiano– de una posible intervención militar.
Venezuela sin Maduro
Estados Unidos alteró el tablero político interno en Venezuela. Se tambalearon las torres, pero la partida continúa. «Hasta el momento no se ha denotado ninguna fisura importante dentro de los altos jerarcas del chavismo», sino un reacomodamiento de los actores, argumenta Ronal Rodríguez.
Todo apunta, según van saliendo más detalles de los hechos ocurridos antes del 3 de enero, que el chavismo entregó a Estados Unidos a un rey –Maduro– a cambio del liderazgo tutelado de una reina, Delcy Rodríguez. «Se puede inferir que se había pensado con anterioridad, no sé hasta qué punto, el escenario de un gobierno que no fuese el de Maduro, con unas ciertas condiciones y unos ciertos requisitos», argumenta Colette Capriles sobre los diálogos previos al ataque militar entre la inteligencia estadounidense y las figuras políticas cercanas a Maduro.
Así fue como, con el beneplácito de Trump, la poderosa vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, quien durante su trayectoria política ha ocupado todo tipo de cargos en Venezuela, se posicionó como presidenta interina del país. «A Estados Unidos no le interesa romper las instituciones, así estén en manos del chavismo», opina la directora del Cinep. Esta sería la excusa para que se mantengan en sus cargos algunas de las figuras políticas más representativas del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el hermano de la mandataria interina y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
El chavismo «ha buscado consolidar una hegemonía cultural en torno al antiimperialismo, pero ahora le hace concesiones a Estados Unidos. Eso genera una tensión muy fuerte entre complacer a Estados Unidos y mantener el discurso histórico antiimperialista», continúa Márquez. «La élite en el poder trata de mantener ese equilibrio, pero la liberalización los desequilibra, y creo que en algún momento ese equilibrio se va a romper», sugiere.
Por su lado, Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor venezolano, opina que no se trata de un Chavismo 3.0, sino de un chavismo más occidentalizado: «Puede ser el inicio de una nueva época para la política oficialista hacia un modelo económico más capitalista, menos ortodoxo, más operativo y, por supuesto, de amplia apertura económica».
Mutación
Pese a que una de las primeras acciones de la presidenta encargada fue la liberación de decenas de presos políticos, «no estamos frente a una transición, sino a una mutación del chavismo como tantas otras que ha tenido tras quiebres dramáticos», define Betancourt.
La profesora Capriles no habla de transición, sino de una apertura democrática que pueda conducir a unas elecciones competitivas y quizás la emergencia de «necesarios» nuevos liderazgos: «Es el momento de observar más a los actores que a las políticas».
Como ella, los analistas consultados se muestran pesimistas en sus diagnósticos. Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), es crítica: «Ni en el vocabulario de Trump, ni en el vocabulario de Rodríguez, ni en el del grupo que la acompaña se han mencionado las palabras derechos humanos, democracia o Estado de derecho».
Bolívar considera que es imprescindible que los poderes judiciales y los poderes públicos sean independientes, que exista libertad plena incondicional de todos los grupos políticos y que puedan retornar todas las personas que marcharon al exilio. También cuestiona el papel de la oposición frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su opinión, ni Trump ni María Corina Machado han manifestado ningún interés en respetarlos. «Hasta el momento, [Machado] no ha tenido ningún pronunciamiento enérgico, por ejemplo, en relación con el tema de las lanchas», remarca.
Una oposición sin voz
En cualquier caso, la oposición venezolana ha quedado fuera de la partida de Trump. Su desdén sobre la posibilidad de que María Corina Machado pudiera gobernar en Venezuela quedó clara cuando, desde el primer momento, afirmó que no tiene las capacidades ni el apoyo necesario para hacerlo.
Las expertas consultadas consideran, en su mayoría, que la oposición está muy debilitada y no tiene el peso ni el músculo necesario para enfrentar una eventual transición que derive en unas nuevas elecciones. «Por ahora, no tiene voz, y eso es una debilidad fundamental del contexto político, porque Venezuela tiene un conflicto político de fondo», sostiene Dickinson, del Crisis Group.
Capriles coincide en que la oposición no existe en términos prácticos: «Ni la que esté afuera, ni la que esté dentro, tiene ahora capacidades organizativas, coincidencias estratégicas, conversaciones internas, tejido de apoyo, nada que conduzca a tener algunas garantías que le permitan cierta gobernabilidad».
«Oil first»
Quizás por este motivo Trump marcó su hoja de ruta en consonancia con los remanentes chavistas en el poder. Apenas 24 horas después de los ataques sobre Caracas, en Washington ya se hablaba de un plan trifásico. «Una primera etapa de estabilización, una segunda etapa de recuperación –a la cual después se añadió un término adicional: reconciliación–, y una tercera etapa que sería la transición», explica Capriles, unos términos que no tienen fecha para su implementación.
Con el petróleo bajo el tutelaje de la Administración Trump, es incierto cómo se van a administrar las regalías petroleras y cómo pueden servir para estabilizar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El acceso de Estados Unidos a los bienes y recursos naturales de Venezuela, el país con mayores reservas de hidrocarburos a nivel global, era el objetivo pero, según los analistas, muchas empresas petroleras y multinacionales extranjeras todavía desconfían sobre la posibilidad de invertir en el país caribeño, por la misma inestabilidad política y la falta de seguridad.
Cientos de venezolanos cruzan a diario la frontera en Cúcuta (Colombia). Muchos lo hacen por trabajo, para comprar alimentos o acudir a los hospitales venezolanos. M. S.
La mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio, tienen un anhelo común: la estabilización de la economía. «Eso puede ofrecer un alivio a las familias venezolanas que ahora no logran ni alcanzar la canasta básica. En el corto plazo es posible que se estabilice un poco la situación económica para la mayoría», apunta la directora del Crisis Group en América Latina. La profesora Capriles también añade que «no se trata solo de un mejoramiento del ingreso de las personas, la gente está esperando un mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios públicos».
Según la politóloga, si el gobierno interino es capaz de abrir la economía y consolidar la industria petrolera, el chavismo podría volver a generar confianza entre la ciudadanía y ser competitivo en unas futuras elecciones dentro de una sociedad civil fragmentada.
De no estabilizarse la economía, muchos analistas temen una nueva salida masiva de venezolanos, que se sumarían a los casi ocho millones de migrantes en el extranjero.
Contradicciones e incertidumbre en la frontera
Gresmar, de 29 años, llevaba una década sin pisar territorio venezolano. Está a pocos minutos de cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot, o Tienditas, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. «Como venezolana, siempre voy a querer volver a mi país. Vengo con muchas expectativas de poder ejercer mi carrera [médica cirujana], de poder realizarme como profesional». Han pasado tan solo tres días desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero. «Todo cambio es bueno», dice con temor a posibles represalias, rodeada de sus familiares, que la reciben con abrazos.
La joven tomó la decisión de regresar a su país semanas antes de que el estruendo de los helicópteros y los misiles despertaran a Caracas, convirtiendo la amenaza en un hecho real. Ella, como otra decena de venezolanos entrevistados en la frontera, califican como «necesaria» la operación bélica de Donald Trump. Contradictoriamente, fueron sus mismas políticas de persecución contra la población migrante en Estados Unidos, y la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600.000 migrantes venezolanos, los motivos por los cuales ha retornado.
Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos. Esos primeros días de enero, las autoridades desplegaron un dispositivo en la frontera compartida –más de 2.200 kilómetros– para hacer frente a una emergencia humanitaria fruto de una eventual salida masiva de población a causa del ataque estadounidense.
Veinte días después, «incertidumbre» es la palabra más repetida tanto en Caracas como en la ciudad colombiana de Cúcuta, el principal paso fronterizo. Aquí, el flujo de venezolanos es el habitual: comerciantes, vendedores y personas que cruzan para acceder a los servicios médicos de los hospitales colombianos. No hubo salida ni entrada masiva. «Se siente una calma tensa», transmiten cuando se les pregunta.
José Germán y Rosaura esperan el transporte que los lleve de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. La madrugada de los ataques, estaban en EE. UU. visitando a su hijo y a sus nietos. En otras circunstancias habrían pasado hasta seis meses jugando con los pequeños, pero esta vez los funcionarios de migración estadounidenses los pasaron «al cuartito» y les dieron un mes de estadía. Regresan con sus maletas: «No me siento capaz de celebrarlo todavía». Son profesores universitarios, ganan apenas dos dólares al mes y sobreviven gracias a las remesas que les envían sus hijos desde el extranjero. Su cotidianidad se resume en tomar café en la esquina y dar clase en la universidad, «por vocación». Lo que pase, dicen, será un proceso lento.
Rosaura y José Germán enseñan sus pasaportes antes de tomar el transporte que los llevará de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. M. S.
Omar espera a que su hermano selle el pasaporte en la oficina de Migración Colombia en la frontera de Cúcuta. Acaba de llegar de EE. UU., no consiguió el asilo y vuelven juntos a Medellín. El joven salió en 2017 de su hogar y nunca más regresó: «Siempre voy a querer volver». Su esperanza es una mejora de la economía que permita retornar a jóvenes como él para reconstruir un país en ruinas. «Quisiera para mi país que todas nuestras riquezas se vean reflejadas en infraestructura, salud, educación. Sobre todo, educación», pide.
Después del shock inicial, «la gran preocupación de la mayoría es cómo van a llegar a fin de mes, qué van a ponerle en la mesa a sus hijos para el desayuno, si es que pueden ponerle algo», cuenta la activista Ligia Bolívar. En esas estaban los venezolanos la noche del 2 de enero, todavía con la resaca de fin de año. Entonces el tiempo se detuvo por un día.
Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Cuando Jeff Bezos se hizo con la propiedad de The Washington Post, en 2013, la pregunta era si su objetivo era recuperar la figura del editor tradicional, el que encontraba el equilibrio entre el negocio y el servicio público del periodismo, o, si, por el contrario, lo que pretendía era contar con la credibilidad de un medio para blindar su inmenso poder. La respuesta ha llegado inexorable después del segundo mandato de Donald Trump. El magnate de Amazon, la primera fortuna del mundo, se ha convertido en una amenaza para uno de los grandes símbolos globales del periodismo.
Los despidos masivos y las injerencias editoriales tienen un especial significado en la medida que afectan a un pilar esencial del periodismo frente a los riesgos antidemocráticos crecientes en Estados Unidos y en el mundo occidental. The Washington Post tiene su cabecera asociada a la investigación del caso Watergate, que forzó la salida de Richard Nixon en 1974 de la Casa Blanca. Fue el resultado de la determinación de la editora, Katharine Graham, el director, Ben Bradlee, y el trabajo de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein. Aquella gesta marca un antes y un después en la historia del periodismo. Como ahora lo hace, en sentido contrario, el despido de 300 de los 800 trabajadores del periódico.
La crisis de The Washington Post tiene, en la última década, tres instantes claves. Los recordamos.
Primer instante: de la crisis del 2008 a Trump en 2016
En 2008 cambió todo. La suma de crisis en torno a los periódicos resultó devastadora. Los editores vieron cómo se hundía el mundo sobre el que habían basado su rentabilidad. Muchos sucumbieron a intereses ajenos a la información, y aquella crisis de credibilidad que venía de lejos se aceleró de forma dramática. The Washington Post fue una de las víctimas más visibles del nuevo escenario al que se enfrentaba la prensa en todo el mundo. Marty Baron, director del periódico entre 2012 y 2021, reconocía en una entrevista en El País, justo después de dejar el cargo, que su diario «no tenía en 2013 un modelo de negocio viable» y por eso la apuesta de Jeff Bezos era vista como una salvación.
«¿Le inquietan los posibles motivos por los que el hombre más rico del mundo podría querer un periódico en la capital del poder político?», le pregunta el periodista. Y Baron responde: «No. Nunca creí que pudiera tener ningún sentido para él creer que podría usar el Post para ejercer poder político. No necesitaba el Post para eso. Lideraba una enorme corporación y podía ejercer el poder político como siempre hacen las corporaciones, con donaciones y cabildeo. Él dijo que no tenía ninguna intención de hacerlo y luego he podido observar, desde el primer día, que no ha dado ninguna prueba de lo contrario. Nos deja funcionar independientemente, no interfiere en nuestro periodismo, no sugiere historias, no suprime historias, no critica historias. ¡Nos deja hacer nuestro trabajo!».
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 provocó un estado de shock en el ecosistema mediático de Estados Unidos. La victoria interpeló a los medios de comunicación en dos planos: debían preguntarse, primero, por qué no habían detectado el fenómeno Trump y, después, cómo podían revalorizar su función de frontera cívica en defensa de la democracia. Es muy relevante observar, con la perspectiva del tiempo transcurrido, las reflexiones que siguieron a este terremoto político. The New York Times lideró desde el periodismo la respuesta a Donald Trump. En el intermedio de la ceremonia de los Oscar de 2017, el periódico emitió un anuncio en el que decía: «La verdad es difícil…, difícil de encontrar…, difícil de saber…, y más importante ahora que nunca». The Washington Post también libró el mismo combate. Tras la victoria de Trump, situó debajo de la cabecera la frase: «La democracia muere en la oscuridad».
«En una democracia —defendía Baron en la entrevista—, debemos tener un debate vigoroso y vibrante, pero necesitamos operar desde una serie común de hechos. Yhoy en día ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en lo que pasó ayer. Uno debe preguntarse cómo puede funcionar la democracia en un ambiente así. ¿Cómo funciona la prensa cuando una parte sustancial de la población cree en cosas que son directamente falsas y en teorías conspiratorias disparatadas?». La segunda victoria de Donald Trump ofrecía respuestas muy pesimistas para la sociedad norteamericana y, también, para The Washington Post.
Tras la primera victoria de Trump, una parte significativa de la ciudadanía de Estados Unidos se tomó el apoyo a los medios como una forma de militancia. Ante los ataques de Trump, miles de ciudadanos se implicaron en la sostenibilidad de la prensa libre. En las semanas que siguieron a las elecciones de 2016, revistas (como The New Yorker, The Atlantic y Vanity Fair), periódicos (como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y The Washington Post) y organizaciones sin fines de lucro (como NPR y ProPublica) experimentaron grandes aumentos en las tasas de suscripción o donaciones. The Guardian y Mother Jones también se beneficiaron de la reacción de los ciudadanos. Tras la primera victoria de Trump, The Washington Post contrató más periodistas y apostó por historias de investigación y más profundas.
Segundo instante: Trump vuelve a la Casa Blanca
Con la segunda victoria de Trump todo fue muy distinto. La sociedad que había apostado por los demócratas entró en estado de shock. Esta vez todo fue muy distinto. También para The Washington Post.
Ya antes de las elecciones se hizo evidente que, en el fondo, lo que buscaba Bezos era contar con la credibilidad de un gran medio para lograr su verdadero objetivo: figurar, junto a Elon Musk y otros tecnomagnates, en la cima de la simbiosis entre poder económico, tecnológico y político. Y el espíritu independiente de la redacción de The Washington Post dejaba de ser un plus para convertirse en una carga.
Trump ya no era un accidente de la historia. Encarna una nueva era y Jeff Bezos no dudó. Prohibió a ‘su’ periódico posicionarse en favor de la candidata demócrata, Kamala Harris, y el 26 de febrero de 2025 interfirió directamente en la línea editorial en un mensaje publicado en X: «Os escribo para informaros de un cambio que se producirá en nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. Por supuesto, también trataremos otros temas, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares serán publicados por otros».
Más de un cuarto de millón de suscriptores –una décima parte de los que conservaba en el 2025– se dieron de baja del diario tras tal decisión de Bezos. El jefe de Opinión de The Washington Post, David Shipley, presentó inmediatamente la dimisión. La democracia, como había rezado su cabecera, se adentra en tiempos de ‘oscuridad’.
Tercer instante: despidos masivos
La crisis abierta por Jeff Bezos en The Washington Post marca el inicio de una nueva etapa. Por eso es importante recordar los consejos de quien fue su director: «Tenemos una misión, y parte de esa misión es hacer que la gente poderosa y las instituciones rindan cuentas. Eso incluye, claro, a aquellos a los que se les confía gobernar el país. Tenemos que ceñirnos a esa misión, independientemente de quién esté en el poder. Por eso tenemos una prensa libre en Estados Unidos. Por eso se redactó la primera enmienda. Se trata de hacer nuestro trabajo. Eso es todo». Sin embargo, para poder seguir haciendo «nuestro trabajo», The Washington Post necesitó ponerse en manos del propietario de Amazon, Jeff Bezos. Y ahora sufre las consecuencias.
Trescientos de los 800 trabajadores de The Washington Post han sido despedidos. Los recortes masivos afectan a todas las secciones, especialmente deportes, la redacción de local y los suplementos de libros. También afecta a los corresponsales internacionales y los enviados especiales al extranjero. Un caso paradigmático es el de la responsable de la oficina del periódico en Ucrania, Siobhán O’Grady, quien recordó en X que «durante casi un siglo, los corresponsales extranjeros del Post han estado en primera línea en guerras, pandemias, crisis económicas, levantamientos civiles y mucho más». Y concluyó «Washington nos necesita. El mundo nos necesita».
Para Martyn Baron, estamos ante uno de los momentos «más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Las ambiciones de TheWashington Post se verán drásticamente mermadas, su talentoso y valiente personal se verá aún más reducido, y el público se verá privado de la información objetiva y de primera mano en nuestras comunidades y en todo el mundo, que se necesita más que nunca».
Peggy Nooanan, columnista de The Financial Times, escribía el 5 de febrero que lo que ocurre en The Washington Post «es un duro golpe porque se percibe como otro factor desmoralizante en nuestra vida nacional (…) Los despidos no significan una reestructuración de un periódico ni una reorganización de prioridades, sino la ruina de un periódico, uno excelente, una figura de grandeza periodística desde algún momento de la década de 1960 hasta algún momento de la década de 2020″.
El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, presentó la dimisión el sábado 7 de febrero. Será reemplazado por el director financiero de la publicación, Jeff D’Onofrio. Todo un signo de los nuevos tiempos.
Conclusión: dos modelos de prensa global y un fracaso
La batalla para regenerar la prensa es global. Por eso son tan importantes, también, los referentes globales. Existían tres grandes modelos. El que representa The New York Times, el de una familia editora (los Sulzberger) que afianza su periódico como diario de una ciudad y, a la vez, del mundo. The New York Times rediseñó íntegramente su edición digital en 2015 y consolidó su condición de periódico de referencia a escala mundial. El diario mantiene un sostenido crecimiento y a finales de 2025 tenía 12,78 millones de suscriptores, de los cuales más de 95% son digitales. Resulta significativo que las suscripciones internacionales crecen más rápidamente que las de Estados Unidos.
El otro gran modelo de prensa global es el británico The Guardian, que está editado por una fundación, una sociedad sin ánimo de lucro. El diario se ha convertido en una organización multiplataforma, que apuesta por el periodismo de datos y la visualización infográfica de la información, los contenidos multimedia y el uso intensivo de las redes sociales. Su espíritu innovador, le ha llevado también a explorar nuevos modelos de financiación, basados siempre en la implicación de los lectores.
El tercer modelo lo encarnaba The Washington Post, que se había convertido en un gran laboratorio al pasar de manos de una familia (los Graham) a las de un magnate de la venta online, (Jeff Bezos). The Washington Post en los primeros años de la ‘era Bezos’, logró mantener el pulso con su gran rival, The New York Times. En el mes de octubre del año 2015, el Post consiguió alcanzar la cifra de 66,9 millones de usuarios únicos en todas las plataformas, superando por primera vez al NYT, que se quedó en 65,8 millones de usuarios, según datos de comScore. Pero al final su talón de Aquiles, estar en manos de un editor sin un compromiso ético con el periodismo, le ha pasado factura.
El Partido Comunista de China presentó en octubre de 2025 la propuesta del nuevo Plan Quinquenal que deberá ser aprobado por su Comité Central en marzo de este año. Se trata del decimoquinto plan desde que Mao Zedong inaugurara esta tradición político-organizativa con la puesta en marcha del primer plan quinquenal, implementado entre 1953 y 1957. Pero la China de hoy poco tiene que ver con la de entonces. Ha pasado de ser una economía mayoritariamente rural, con niveles masivos de pobreza, a ocupar una posición central en las cadenas globales de producción, inversión y financiación. Este salto no ha eliminado las contradicciones del modelo, pero sí ha transformado radicalmente su escala y su impacto global.
El XV Plan Quinquenal se inscribe en un momento especialmente delicado. La economía mundial atraviesa una fase de desaceleración, el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial muestra signos evidentes de agotamiento y la rivalidad entre grandes potencias se ha intensificado. En este escenario, China combina una ambición creciente de liderazgo internacional con una insistencia en la estabilidad interna, el control político y la gestión de riesgos económicos, sociales y demográficos.
El documento refleja esta tensión de fondo. Por un lado, proyecta a China como un actor capaz de ofrecer alternativas al orden dominante, desde el multilateralismo hasta la transición ecológica o la defensa selectiva del derecho internacional. Por otro, reafirma un modelo político fuertemente centralizado, poco permeable al pluralismo y orientado a subordinar derechos y participación a la cohesión y a los objetivos estratégicos del Estado.
El Plan no promete rupturas abruptas, pero sí consolida tendencias. Más allá de su dimensión técnica, funciona como una declaración estratégica del Estado chino, y lo hace fijando una lectura del mundo, del momento histórico y del lugar que China aspira a ocupar en él.
Los seis ejes que siguen son un resumen analítico de hacia dónde mira Pekín, qué riesgos identifica y qué tipo de poder está dispuesto a ejercer en un mundo cada vez más fragmentado.
1) El análisis del mundo y sus retos
El XV Plan Quinquenal parte de una lectura del contexto internacional marcada por la inestabilidad estructural. El documento subraya que las relaciones entre las grandes potencias condicionan decisivamente el orden global y, por extensión, el desarrollo interno de cada país. China se sitúa en una fase en la que conviven oportunidades estratégicas con riesgos crecientes, en un entorno caracterizado por incertidumbres y factores imprevistos.
El documento afirma que “cambios de una magnitud no vista en un siglo se están desplegando a mayor velocidad en todo el mundo”, acompañados de un “profundo desplazamiento en el equilibrio internacional de poder” y de avances acelerados ligados a una nueva revolución tecnológica e industrial. Esta combinación, señala el texto, ha generado condiciones favorables para que China actúe de manera proactiva en la escena internacional y contribuya a configurar un entorno externo más favorable a sus intereses.
Sin embargo, se evita una lectura triunfalista: “El desorden continúa intensificándose, los conflictos geopolíticos estallan con demasiada facilidad y frecuencia, y el unilateralismo y el proteccionismo están en ascenso”. A ello se suma una crisis del orden económico y comercial internacional, una desaceleración del crecimiento global y una rivalidad entre grandes países “más compleja e intensa que nunca”. China asume que el escenario internacional será más hostil y competitivo, y que la confrontación entre potencias se ha convertido en un rasgo estructural del sistema global.
En el plano interno, el texto combina una sólida confianza estratégica con el reconocimiento de sus propios límites reales. La economía china, afirma el texto, cuenta con una base sólida, una alta resiliencia y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. Se destacan como fortalezas el mercado interno, el sistema industrial completo y la abundancia de recursos humanos. No obstante, el documento reconoce desequilibrios persistentes. La demanda efectiva es débil, existen cuellos de botella que dificultan la circulación económica y la transición hacia nuevos motores de crecimiento se describe como una tarea “formidable”.
El diagnóstico interno no esquiva cuestiones sensibles. Se admiten retrasos en la modernización agrícola y rural, una presión considerable sobre el empleo y los ingresos personales, y lagunas en las políticas de bienestar. También señala que los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para el desarrollo económico y la gobernanza social, y que persisten riesgos latentes en sectores clave. Frente a este panorama, el texto refuerza el papel del liderazgo político y la cohesión interna como condiciones necesarias para gestionar la incertidumbre y “atreverse a navegar vientos fuertes, aguas turbulentas e incluso tormentas peligrosas”.
2) Economía, industria y salto tecnológico
El XV Plan Quinquenal es, ante todo, un plan económico. Se articula a partir de la idea estructural que atraviesa todo el documento y sintetiza la línea ideológica del modelo chino, según la cual “el mercado debe desempeñar el papel decisivo en la asignación de recursos” al mismo tiempo que el Estado refuerza su capacidad de orientación estratégica. Esto es, resumidamente, lo que se entiende por “capitalismo de Estado” y caracteriza el camino del gigante asiático, combinando dinamismo de mercado con regulación estatal activa.
Esta arquitectura se apoya en una apuesta clara por la economía productiva y la modernización industrial. El plan afirma que “un sistema industrial modernizado proporciona las bases materiales y tecnológicas para la modernización china” y plantea desarrollar un sistema industrial con la manufactura avanzada como columna vertebral. Al mismo tiempo, propone actualizar sectores industriales tradicionales reforzando su posición global y asegurando que las cadenas industriales sean “más autosuficientes y resilientes frente a riesgos”, con especial énfasis en sectores industriales clásicos junto a su digitalización y automatización progresiva.
El documento vincula este salto industrial con la estrategia tecnológica nacional al señalar que la modernización económica debe apoyarse en la modernización científica y tecnológica y en “la nueva oleada de revolución tecnológica y transformación industrial”. En este marco fija objetivos concretos como lograr avances decisivos en tecnologías clave en campos como circuitos integrados, equipamiento industrial avanzado, software base, materiales avanzados y biomanufactura, junto a grandes programas nacionales de ciencia y tecnología orientados a necesidades estratégicas.
La lógica que se desprende del documento apunta a mantener su condición de “fábrica del mundo” mientras desplaza progresivamente el núcleo competitivo hacia los ámbitos donde se concentra más margen económico, más capacidad tecnológica y más poder estructural dentro de la economía global. Esta estrategia se combina con el desarrollo acelerado de sectores emergentes y de industrias del futuro como nuevas energías, nuevos materiales, aeroespacial, computación cuántica, biomanufactura, hidrógeno, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial incorporada y comunicaciones 6G. En este sentido, el plan plantea “reforzar de forma significativa nuestra capacidad en investigación básica e innovación original” para “mantener el ritmo o incluso liderar en muchos más ámbitos”, con el objetivo de sostener el crecimiento elevando productividad, autonomía tecnológica y resiliencia industrial en la competencia tecnológica global.
Además, el plan incorpora la economía verde no solo como agenda ambiental sino como vector de transformación productiva. El documento insiste en avanzar hacia un desarrollo “inteligente, verde e integrado” y vincula la transición energética con la modernización industrial, la seguridad económica y la competitividad tecnológica. En este marco, sectores como nuevas energías, materiales avanzados, electrificación industrial o hidrógeno aparecen no solo como herramientas de descarbonización, sino como pilares de las futuras ventajas industriales, lo que presenta la economía verde menos como límite al crecimiento y más como nueva frontera de acumulación tecnológica, productiva y geopolítica.
3) Soft power
Soft power es el término de las relaciones internacionales acuñado por Joseph Nye en los años noventa que pretende definir el poder en términos de recursos intangibles como la cultura, los valores, o la reputación exterior. Estados Unidos lideró el mundo con la fuerza de sus fusiles y tanques, pero también gracias al poder de la industria de la música, el arte, y el cine de Hollywood.
China prestó poca o ninguna atención al soft power durante las últimas décadas, pero el XV Plan Quinquenal marca un punto de inflexión en este sentido. El documento asume explícitamente que el poder en el siglo XXI no se ejerce solo mediante la capacidad militar o tecnológica, sino también a través de recursos intangibles como la cultura, los valores y la reputación internacional. En este sentido, la propuesta plantea que debe producirse “un aumento sustancial de la cohesión de la nación china y del atractivo de la cultura china, así como un incremento continuado del soft power del país”.
Este giro llega en un contexto internacional significativo. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha optado por una estrategia que prescinde en gran medida del poder blando y apuesta por la coerción militar y tecnológica. China interpreta este repliegue cultural como una oportunidad para ocupar espacios simbólicos vacantes y reforzar su influencia global desde otros registros menos abiertamente confrontativos.
4) Democracia de base y derechos humanos
El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a la democracia de base y al avance integral de los derechos humanos. Afirma que debe reforzarse la participación a nivel local, garantizar que la población gestione los asuntos públicos conforme a la ley y mejorar los mecanismos para recoger la opinión pública canalizando la “sabiduría del pueblo”. Esta concepción de la democracia se articula a través de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista o las federaciones de mujeres, llamadas a desempeñar un papel más activo en la representación de intereses y en el desarrollo de políticas sociales.
En el plano internacional, esta retórica se inscribe en un giro más amplio de la política exterior china. En los últimos años, Pekín ha adoptado posiciones que contrastan con las de Estados Unidos en foros multilaterales clave. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han apoyado resoluciones orientadas a frenar la ofensiva israelí sobre Gaza o ha defendido altos el fuego, frente al bloqueo sistemático ejercido por Washington. Este posicionamiento ha permitido a China presentarse como defensora de ciertos principios vinculados a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un terreno que históricamente había evitado por considerarlo parte del repertorio normativo occidental.
Son múltiples los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos que han documentado graves vulneraciones en este campo, especialmente en el trato a minorías étnicas y religiosas. En la región de Xinjiang, la población uigur y otras comunidades musulmanas han sido objeto de políticas de detención masiva, vigilancia intensiva, reeducación forzada y restricciones severas a la práctica religiosa y cultural.
El bloque de derechos humanos refleja así una paradoja central del proyecto chino actual. Mientras Pekín gana espacio como actor que interpela el orden internacional desde un lenguaje de derechos y legalidad, su modelo interno sigue marcado por un control político estricto que subordina esos derechos a la estabilidad y a los objetivos estratégicos del Estado.
Lo que sí que parece evidente, es que mientras China da –o quiere dar– pasos hacia una cierta concepción de los derechos humanos (que es un concepto altamente debatible, pero ese es otro debate) y del derecho internacional, Estados Unidos hace justamente lo contrario. Y eso, a ojos de la comunidad internacional, suma puntos en la carrera para convertirse en el nuevo líder del orden mundial.
5) Medioambiente
Gran parte del brutal crecimiento económico de China en las últimas décadas se ha basado en un uso extensivo del carbón, tiñendo las urbes de gris y haciendo del aire un gas irrespirable para sus ciudadanos. El texto lo afirma implícitamente. Sin embargo, ya hace unos años que China comenzó el camino de la transición verde, que ahora se pretende intensificar.
La propuesta del XV Plan Quinquenal afirma que debe mantenerse de forma inquebrantable el principio según el cual “las aguas limpias y las montañas verdes son activos invaluables”, y que este principio debe traducirse en políticas concretas. Bajo los objetivos de alcanzar el pico de emisiones y la neutralidad de carbono, el plan apuesta por reducir emisiones, recortar la contaminación, impulsar un crecimiento verde y reforzar la seguridad ecológica.
El énfasis ambiental cumple una doble función. Internamente, responde a una presión social creciente y a la necesidad de sostener la legitimidad del proyecto político. Externamente, permite a China presentarse como un actor responsable en un contexto de retirada climática de otras potencias.
6) Hong Kong, Macao y la cuestión de Taiwán
El XV Plan Quinquenal dedica un apartado específico a Hong Kong y Macao que combina continuidad institucional y refuerzo del control político. El documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía. Al mismo tiempo, insiste en que ambas regiones deben estar “administradas por patriotas” y gobernadas de forma más eficaz conforme a la ley, una formulación que en la práctica ha reducido de forma sustantiva el margen de pluralismo político, especialmente en Hong Kong.
No es ninguna sorpresa, pero el texto evita cualquier referencia al conflicto político abierto desde 2014, cuando el “movimiento de los paraguas” articuló una protesta masiva contra las limitaciones al sufragio universal. Tras las movilizaciones de 2019, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 supuso un punto de inflexión, con la criminalización de la disidencia, la reconfiguración del sistema electoral y la neutralización de la oposición organizada. El plan asume este proceso como una normalización necesaria, sin mención al deterioro de derechos civiles ni al impacto sobre el ecosistema político y mediático de la ciudad.
En paralelo, el documento insiste en reforzar el papel internacional de Hong Kong como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía de Macao más allá del turismo y el juego. Ambas regiones son presentadas como nodos estratégicos cuya utilidad global debe ponerse al servicio del desarrollo nacional, incluso a costa de diluir los rasgos institucionales que históricamente las distinguieron.
La sección dedicada a Taiwán eleva el tono estratégico. Taiwán es el epicentro de la lucha por la hegemonía mundial con Estados Unidos, y el redactado no deja ninguna duda al respecto: “Debemos implementar plenamente la política general de nuestro Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’, oponernos a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”.
La isla concentra una parte decisiva de la producción mundial de semiconductores avanzados, componentes esenciales para la industria tecnológica, militar y energética contemporánea. Este hecho convierte a Taiwán en un punto crítico de la rivalidad entre Estados Unidos y China, en un contexto marcado por restricciones tecnológicas, políticas de desacoplamiento y disputas por el control de las cadenas de suministro.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Las ínfulas expansionistas de Donald Trump y su ataque –cuando no chantaje– económico a la Unión Europea han configurado un tablero político internacional nunca visto: Estados Unidos ya no es un socio confiable para el Viejo Continente. Frenar al presidente que ha ejecutado a decenas de personas en operaciones militares y policiales —en alta mar contra supuestos narcotraficantes o en tierra firme contra opositores a sus políticas antiinmigración— es posible. La activación de algunos resortes que la misma UE ha previsto para estas situaciones podría hacer que Trump reexaminara sus ambiciones. Sin embargo, los expertos señalan que falta unión política por parte de los Estados miembros para ello.
Según Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), intentar parar los pies a Trump pasa por cuestiones relacionadas con la disuasión. “De esta forma se pueden evitar los impactos que la aplicación de estas políticas tendría sobre la población estadounidense”, explica. Se refiere, por ejemplo, a la idea de aplicar aranceles a productos que se fabriquen en estados republicanos, lo que ejercería presión sobre la Administración Trump, pero también tendría el efecto indeseado de golpear a la ciudadanía.
Este experto apuesta por medidas coyunturales y de fácil reversión y por evitar otras como romper ciertas relaciones con Estados Unidos o no participar en instituciones en las que esté presente, que podrían suponer un peaje a largo plazo. Por otro lado, la diversificación de la economía europea para evitar la gran dependencia de Estados Unidos es una de las recetas estrella a la hora de intentar frenar al gobierno norteamericano. “Esa es la palabra clave, ‘diversificar’, y es algo que ya hacemos mirando cada vez más a China”, enfatiza Rísquez. En este sentido, hace apenas unos días la UE cerró un acuerdo económico histórico con India, presentado como “la madre de todos los acuerdos” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hacia la independencia: el camino lo marca Canadá
Natalia Arias Pérez, analista del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC. OO.), subraya que la UE tiene la posibilidad de realizar acciones coordinadas. Entre ellas se encuentra una que considera primordial: reducir la dependencia con Estados Unidos y avanzar hacia la autonomía estratégica, sobre todo en materia energética, y hacia una industria de defensa propia.
El camino en esta pretendida diversificación lo ha marcado Canadá, quien se ha abrazado a China a través de un tratado de libre comercio. Así lo ve Yago Álvarez, periodista económico de El Salto, quien considera este movimiento “una perfecta declaración de intenciones”. Según explica, “lo que viene a decir es que prefieren los coches eléctricos chinos a los de Elon Musk”.
Y no solo eso. Álvarez recalca que el presidente canadiense, Mark Carney, dijo en Davos que el orden internacional conocido hasta ahora, en el que todo Occidente agachaba la cabeza ante la gran potencia –“aunque no citó a Estados Unidos”, apuntilla el periodista– ya no funciona. “Dijo que los Estados medianos nos tenemos que organizar para no permitir los imperialismos de las grandes potencias, y ese es el camino que debería seguir la UE”, defiende antes de expresar que “la forma de combatir a Trump es aislarlo comercialmente como socio no confiable”.
Golpear a las grandes tecnológicas con regulación
Para frenar a Trump, en el medio plazo la UE también debería apostar e invertir más en soberanía digital y en inteligencia artificial, valora Arias. “Se podría fomentar el uso de redes sociales propias, y sobre todo endurecer el reglamento de servicios digitales para limitar las actividades de las plataformas tecnológicas de Estados Unidos”, propone. La economista lanza otra idea: suspender en Europa las patentes de las empresas estadounidenses. Básicamente, esto posibilitaría su copia.
Yago Álvarez también incide en ese flanco: “Se les podría meter más caña a las empresas de Silicon Valley y agrandar las multas a Apple, Google o Facebook. Se les ha permitido convertirse en monopolios y ahora dependemos de ellos y de sus infraestructuras, así que ya es hora de regularlas con mano dura”.
Si miramos al corto plazo, ya se ha paralizado en el Parlamento Europeo el tratado comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, que para la experta de CC. OO. es un “mal acuerdo”, a expensas de cómo avanza el conflicto. Asimismo, la activación de la cláusula de anticoerción por parte de los Estados miembros es otra de las herramientas que la UE podría utilizar. A pesar de que sus efectos no son inmediatos, sí permite respuestas más fuertes que limitan a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados europeos y la contratación con administraciones europeas.
Terminar con la dolarización de la economía
Entre las medidas ya impulsadas y que han cosechado cierto éxito está la venta de bonos de deuda pública estadounidense. Estados Unidos incurre año tras año en déficit, pero tiene una situación privilegiada: el dólar es la moneda de referencia a nivel internacional. A pesar de esos déficits, su deuda se suele financiar a muy bajo interés, también por el papel hegemónico de la Reserva Federal. “Si te deshaces de una deuda porque consideras que incurre en un riesgo de impago o simplemente no la ves atractiva a los tipos de interés que ofrece, aumentará los tipos de interés a los que se financia Estados Unidos”, desarrolla Rísquez.
Arias, por su parte, sostiene que no renovar la deuda pública con Estados Unidos a medida que va venciendo es una de las medidas más fuertes para intentar acabar con la primacía del dólar como referencia internacional y con los “derechos de señoraje”, tal y como los denomina, que genera. “Desdolarizar en la medida de lo posible nuestro comercio con otros países es lo que más poder le puede quitar a Estados Unidos”, remarca la economista de CC. OO.
Álvarez apunta que si los grandes tenedores de bonos del Estado estadounidenses (como son Reino Unido, Japón o China), además de la propia Reserva Federal, empezaran a vender su deuda, la prima de riesgo de Estados Unidos se dispararía y les costaría muchísimo financiarse. “Esto incrementaría los déficits que ya arrastran y restaría valor al dólar”, abunda. De todas formas, no cree que algo así vaya a suceder “porque a nadie le conviene del todo reventar el dólar y que eso afecte también a su propia economía”.
Esto ya es una realidad. Hace apenas unas semanas, el fondo de pensiones danés AkademikerPension anunció que vendería todos los bonos estadounidenses que tiene en cartera, unos 100 millones de dólares. Este proceso se conoce como “Sell America” y podría llegar a dañar gravemente a la primera economía del mundo.
Sin unidad política en la UE
Carme Colomina, experta en relaciones internacionales y Unión Europea del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), afirma que “la UE tiene instrumentos para hacer frente a Estados Unidos, pero falta la unidad política para activarlos”. Desde su punto de vista, el mundo se enfrenta a un Trump pragmático con los fuertes y duro con los débiles. “La UE ha adoptado esa imagen de debilidad en cualquier escenario de negociación, pero seguimos siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que dependemos de él en gran medida”, completa.
Más allá de herramientas económicas, la investigadora catalana detalla que se podría poner en marcha una mayor presión política. A la paralización del acuerdo comercial y la presión legislativa que se puede aplicar a los mercados digitales a través de regulación, Colomina ve como positivo que se vuelva a hablar de investigaciones como la que ahora señala a Grok, la inteligencia artificial de X, en manos de Musk, por la generación de desnudos sin consentimiento. “Cuando JD Vance dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que la UE tenía un problema de democracia no lo decía por la extrema derecha, sino por la regulación de las grandes tecnológicas. Eso les puede hacer mucho daño”, reitera.
Alianzas internas y disonancia con China
La experta en relaciones internacionales pone el foco en las consecuencias políticas que pueden acarrear decisiones de este tipo. “Y aquí vemos que la UE se divide y se rompe internamente”, esgrime. Frente al discurso más duro de los presidentes francés y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, se colocan países como Italia y Alemania, que se alían entre ellos e insisten en que debe haber una salida negociada y diplomática al conflicto.
La amenaza de guerra comercial por parte de Trump ha supuesto para China, cuyo primer socio comercial es la UE, la ocasión idónea para ocupar los espacios de los que se retiraba Estados Unidos. “Para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos, China intenta ampliar sus mercados de exportación a nivel mundial”, prosigue Colomina. De nuevo surgen las divisiones internas en la UE. Mientras algunos Estados ven con buenos ojos que China tenga más peso, otros recelan de la entrada de capital y productos del gigante asiático.
En el caso de España, poco puede hacer por su cuenta. Pero la economía española está totalmente integrada en la comunitaria, por lo que posee capacidad de presión en tanto miembro de la UE. La experta del CIDOB destaca que esta también es una forma de defensa. “Si Trump pone en el punto de mira a España, como ya ha hecho en ocasiones a cuenta del gasto militar en la OTAN, y amenaza con sanciones, Trump debería saber que no puede castigar a España individualmente al formar parte del mercado único europeo”, concluye la investigadora.
Medidas simbólicas contra las políticas sociales trumpistas
Rísquez, el profesor de la UCM, menciona otras medidas ligadas a lo económico pero que no buscan únicamente un efecto en la política económica de Estados Unidos. En este sentido, se ha planteado el boicot a grandes empresas estadounidenses, como McDonald’s, por la represión del ICE a la población susceptible de ser migrante. Algunas personas han propuesto no participar en el Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. “Esto puede construir un discurso social contra la Administración Trump, pero creo que su efecto económico será muy leve”, finaliza este experto.
Este artículo es largo, pero merece la pena leerlo hasta el final.
Naomi Klein (periodista canadiense, 1970-) ha escrito tres libros que han conseguido cambiar la percepción de la sociedad. Sus anteriores libros son “No logo” (1999) y “La doctrina del shock” (2007).
En “Esto lo cambia todo” (2015) se propone hablar de un tema incómodo y que muchos eluden (como corrobora Leonardo DiCaprio en su documental “Before the flood“, verlo entero aquí). Naomi Klein expone los mitos y las realidades del Cambio Climático, sin caer en tópicos ni en la desesperación, ofreciendo datos, caminos y opciones que debemos transitar.
Naomi Klein reconoce que ella misma negó el cambio climático cuando “sabía que estaba pasando”. No lo negaba como Donald Trump diciendo que mientras exista el invierno el cambio climático es mentira. Pero lo ignoraba, como mucha gente, mirando para otro lado sin querer ser consciente de la realidad o confiando en milagros tecnológicos o políticos. “El cambio climático es así: es difícil pensar en él durante mucho tiempo. Practicamos esta forma de amnesia ecológica intermitente por motivos perfectamente racionales. Lo negamos porque tememos que, si dejamos que nos invada la plena y cruda realidad de esta crisis, todo cambiará. Y no andamos desencaminados”: “El cambio climático lo transformará todo en nuestro mundo”. Esto implica “cambiar cómo vivimos y cómo funcionan nuestras economías, e incluso cambiar las historias que contamos para justificar nuestro lugar en la Tierra. La buena noticia es que muchos de esos cambios no tienen nada de catastróficos. Todo lo contrario: buena parte de ellos son simplemente emocionantes”.
Naomi Klein constata que es posible que la lucha contra el cambio climático requiera invertir dinero, pero el dinero se puede conseguir. Como muestra, resalta que las autoridades sacaron “billones de dólares hasta de debajo de las piedras” para salvar la banca y han hecho “pagar a la ciudadanía la factura dejada por los bancos” que ocasionaron la crisis. “El cambio climático, sin embargo, no ha sido nunca tratado como una crisis por nuestros dirigentes”, pero “si un número suficiente de todos nosotros dejamos de mirar para otro lado y decidimos que el cambio climático sea una crisis (…) no hay duda de que lo será y de que la clase política tendrá que responder”, porque “no basta con que lo mitiguemos o nos adaptemos a él. Podemos aprovechar esto para reactivar economías locales, “recuperar nuestras democracias de las garras de la corrosiva influencia de las grandes empresas”, “recobrar la propiedad de servicios esenciales como la electricidad y el agua, reformar nuestro enfermo sistema agrícola y hacer que sea mucho más sano”, respetar los derechos indígenas y las migraciones climáticas, y “poner fin a los hoy grotescos niveles de desigualdad existentes”:
La Doctrina del Shock: Lee un resumen de este libro, también de Naomi Klein.
“La emergencia misma del cambio climático podría constituir la base de un poderoso movimiento de masas”.
Muchas veces se han aprovechado las crisis para imponer medidas que enriquecen a una reducida élite (España es un claro ejemplo): suprimiendo regulaciones, recortando gasto social, forzando privatizaciones, regulando a favor de ciertas empresas, limitando los derechos civiles (la “ley mordaza” en España), regalando dinero a los bancos, etc. El cambio climático es una crisis que podría aprovecharse, una vez más, para beneficiar a los ricos “en vez de para incentivar soluciones motivadoras (…) que mejoren espectacularmente la vida de las personas”: “El cambio climático representa una oportunidad histórica”.
Naomi Klein critica a la ONU porque, a pesar de tener la misión de prevenir que se alcancen en el mundo niveles peligrosos de cambio climático, no solo no ha realizado progresos, sino que ha permitido que se retroceda. Tal vez, lo mejor que ha conseguido es que se hable del cambio climático. Lo peor que puede ocurrir es que se ignoren los problemas: olas de calor brutales, sequías, inundaciones, plagas, huracanes, incendios, aumento del nivel del mar, desplazamiento de millones de personas, contaminación atmosférica, lluvia ácida, enfermedades viajeras, pérdidas de cosechas… problemas que se unen a otros como las pesquerías diezmadas o el aumento mundial de la demanda de carne. Klein afirma que ante un panorama así “cuesta ciertamente imaginar qué quedaría sobre lo que sustentar una sociedad pacífica y ordenada”.
La climatóloga Lonnie G. Thompson dijo: “Casi todos los científicos y científicas del clima estamos ya convencidos de que el calentamiento global representa un peligro inminente para la civilización“. Lo curioso es que “disponemos de las herramientas técnicas para desengancharnos de los combustibles fósiles” y aunque, haya que tomar medidas extraordinarias, el ser humano es capaz de hacerlo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se redujo el uso de automóviles por placer en el Reino Unido. También en EE.UU. y Canadá aumentó el uso del transporte público y se cultivaron los llamados “huertos de la victoria”. Y aún hoy sacrificamos nuestro bienestar cuando nos lo piden en nombre de la austeridad y del crecimiento económico (reducción de pensiones, aumento de la edad de jubilación, pérdida de derechos laborales, reducción de las prestaciones públicas… o cosas como salvar las autopistas en España).
“Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe –y que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población humana– son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”. Y esto se demuestra en lo que llama los “tres pilares de las políticas de esta nueva era“: “privatización del sector público, desregulación del sector privado y reducción de la presión fiscal a las empresas” (o permitir que defrauden en paraísos fiscales).
Todo esto demuestra que “nuestra economía está en guerra con múltiples formas de vida sobre la Tierra, incluida la humana”, pero “podemos transformar nuestra economía”. Estamos ante una “dura elección: permitir que las alteraciones del clima lo cambien todo en nuestro mundo o modificar la práctica totalidad de nuestra economía”. La autora dice que “el cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta (…) y el capitalismo la está ganando”: Más que esperar nuevas tecnologías, “tenemos que pensar de manera distinta” y aplicar las tecnologías que ya tenemos.
Los alces de Canadá están muriendo envenenados por beber agua contaminada por las toxinas de las arenas bituminosas de la industria de las energías sucias (Shell). Este es sólo un ejemplo de los millones que se podrían poner. Si queremos preservar nuestro planeta “tendremos que renunciar a ciertos lujos”. Ello conllevaría la desaparición de industrias enteras. Veremos desastres “hagamos lo que hagamos”. Aún así no es demasiado tarde para evitar lo peor.
Psicología del cambio climático
Diversos estudios sostienen que la ideología o «cosmovisión» personal influye en la opinión sobre el cambio climático más que ninguna otra cosa (más que la edad, la etnia, el nivel educativo o la afiliación a un partido). Así, las personas con cosmovisiones «igualitaristas» (caracterizadas por la inclinación hacia la acción colectiva y la preocupación por la desigualdad y la justicia social) aceptan el consenso científico sobre el cambio climático. Por el contrario, las personas que tienen visiones del mundo «jerárquicas» e «individualistas» (marcadas por su oposición a la ayuda a las minorías y a la pobreza, apoyo fuerte a la empresa privada y convencidos de que todos tenemos más o menos lo que nos merecemos) rechazan ese mismo consenso científico.
Dan Kahan, profesor en Yale, llama «cognición cultural» al proceso por el que, con independencia de nuestras ideologías políticas, aceptamos una información nueva sólo si confirma nuestra visión, pero si supone una amenaza a nuestro sistema de creencias, entonces nuestro cerebro se pone de inmediato a producir “anticuerpos intelectuales destinados a repeler esa invasión”. Es decir, “siempre es más fácil negar la realidad que permitir que se haga añicos nuestra visión del mundo”. Y resulta que “algo tiene la cuestión del cambio climático que hace que ciertas personas se sientan muy amenazadas”.
Ejemplo de esto es que en las regiones más dependientes de la extracción de combustibles fósiles se niega más el cambio climático (independientemente de la ideología política, tanto en EE.UU. como en Canadá). Los mismos científicos sufren este efecto: Mientras el 97% de los científicos opina que una causa importante del cambio climático somos los humanos, ese porcentaje cae al 47% entre los científicos que se dedican a estudiar formaciones naturales para extraer sus recursos. “Todos nos sentimos inclinados a la negación cuando la verdad nos resulta demasiado costosa (emocional, intelectual o económicamente)”.
Upton Sinclair dijo: «¡Qué difícil es conseguir que un hombre comprenda algo cuando su sueldo depende de que no lo comprenda!».
Los negacionistas tienen razón en algo
El negacionismo climático (liderado por el Instituto Hertland, Koch Industries y Exxon-Mobil), sabe que admitir el cambio climático supone aceptar también que hay que planificar nuestras sociedades de otra forma, y eso implica que no podemos dejar las cosas a la libertad del mercado (como propugna el liberalismo). “Muchos negacionistas reconocen con toda franqueza que su desconfianza ante las tesis científicas sobre el tema creció a partir de un temor muy profundo a las catastróficas implicaciones políticas que tendría para ellos el hecho de que el cambio climático fuese real”. El cambio climático no supone el fin del mundo, pero reducir las emisiones como sugiere la ciencia sí sería “el fin de su mundo”. Y para algunos conservadores supone también una amenaza a su absurda creencia de que el hombre está aquí para someter y dominar el planeta (desmentida por el Papa Francisco por ejemplo) o de que que nuestras diferencias con otros animales no son sólo cuestión de grado (desmentido por múltiples evidencias y hasta por Darwin).
Lo curioso es que los negacionistas, como el Instituto Heartland, “están completamente equivocados en lo que respecta a la versión científica de los hechos, pero en lo referente a las consecuencias políticas y económicas de esos resultados científicos (…) no podrían tener los ojos más abiertos”. Casi todos los científicos que presentan sus trabajos en el Instituto Heartland están descaradamente “empapados en dólares del sector de los combustibles fósiles”. Algunos incluso, en vez de negarlo, buscan ventajas al cambio climático como afirmar que vendrán momentos muy duros para países que son amenazas para EE.UU.
Como también dijo Carl Sagan, las compañías de seguros están realmente asustadas con el cambio climático. Tienen hasta equipos de climatólogos para prepararse para los desastres. Sin embargo, no han presionado apenas para que se pongan en práctica políticas climáticas agresivas.
El cambio climático, que debería unirnos a la humanidad, podría también dividirnos más aún. “La razón real por la que no estamos reaccionando a la altura de lo que exige el momento climático actual es que las acciones requeridas para ello ponen directamente en cuestión nuestro paradigma económico dominante (capitalismo desregulado combinado con la austeridad en el sector público)”.
Promover el comercio local debe ser prioritario
En muchos países se están promoviendo acuerdos comerciales que impiden el desarrollo de la industria local. Este libro denuncia que la OMC ha interferido en muchas ocasiones para evitar acciones contra el cambio climático (en Canadá, por ejemplo) para favorecer los intereses del comercio. También se critica que la OMC nunca ha hecho nada para que las compañías de combustibles fósiles reciban menos subvenciones o que paguen algo por “el privilegio de tratar nuestra atmósfera compartida como un vertedero gratuito de sus residuos” (que muera gente parece ser irrelevante).
Klein apunta a unos culpables claros: “Si los países ricos consumiesen menos, todo el mundo estaría más seguro”. Y señala al sector alimentario como uno de los sectores clave, pues representa entre un 19 y un 29% de las emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero). No es justo que los países sean sólo responsables de la contaminación que generan dentro de sus propias fronteras y no de la que se produce al fabricar bienes que se fabrican para llevarlos a su territorio. Además, la contaminación de los buques portacontenedores no se atribuyen formalmente a ningún país. “Cuando China se convirtió en la fábrica del mundo también pasó a ser la chimenea del mundo”. No hay control para que las multinacionales no abusen de la mano de obra en los países más pobres, ni los contaminen o exploten sus recursos naturales: “Cuando las fábricas se marcharon hacia China, también se volvieron acusadamente más sucias”. “La explotación de los trabajadores y la del planeta forman, por lo que parece, un pack de oferta: dos por el precio de uno”.
Ilana Solomon, analista para el Sierra Club, decía que tenemos que “reflexionar sobre qué estamos comprando y cómo lo estamos haciendo, y sobre cómo se produce lo que compramos”. Pero Klein sugiere que “el hecho de que el clima de la Tierra cambie hasta extremos caóticos y desastrosos es más fácil de aceptar que la idea de transformar la lógica fundamental del capitalismo, fundado sobre el crecimiento”. Si esperamos que la tecnología lo arregle todo avanzaremos poco y tarde. Lo urgente es “consumir menos, desde ya”, pero para los políticos resulta difícil animar a la población a consumir menos. Aunque hay mucha gente que intenta reducir su consumo, no podemos permitir que todo dependa de un grupo de urbanitas concienciados. Necesitamos que las opciones bajas en carbono sean accesibles para todos, transportes públicos baratos, viviendas asequibles y de elevada eficiencia, fomento de la bicicleta… y todas las clásicas demandas ecologistas que hasta el Papa Francisco ha apoyado tan claramente. Y resulta gratificante que esas políticas, además de reducir los GEI, fomenten el fortalecimiento de las comunidades locales, aire y agua más limpios, reducción de la desigualdad, etc.
Klein también pide una “reordenación” del PIB, para que no sea una medida tan nefasta del desarrollo de un país. También propone: aumentar los “impuestos sobre el lujo” (ya que los ricos consumen y contaminan más), jornadas laborales más cortas, una renta básica (para compensar el hecho de que “el sistema no puede facilitar puestos de trabajo para todos”), “regulación estricta de la actividad empresarial”, “dar marcha atrás en privatizaciones de empresas y servicios fundamentales” y garantizar “que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas: sanidad, educación, alimento y agua limpia”. En definitiva, “las medidas que debemos tomar (…) chocan frontalmente a todos los niveles con la ortodoxia económica”.
Defendiendo lo público se cuida del bien común
Más de 200 regiones en Alemania (como Hamburgo) han decidido devolver al control municipal sus redes de electricidad, gas y calefacción. Resulta interesante constatar que “existe una relación clara y manifiesta entre la propiedad pública y la facilidad de las comunidades locales para abandonar la energía sucia”. Pero además, es que esa energía sucia, que beneficia sólo a empresas privadas, es muy inestable en precio y suministro.
Privar de recursos al sector público (la mal llamada “austeridad”) choca con la realidad del calentamiento climático y la toma de decisiones importantes para todos, especialmente para los más vulnerables. En EE.UU., es común el “racismo medioambiental”, por el que las industrias tóxicas instalan sus fábricas y sus almacenes de residuos contaminantes en zonas donde viven personas de color.
Ya en 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter, instó a los americanos a reducir su consumismo: «Cualquier acto de ahorro de energía es algo más que de sentido común: yo os digo que es un acto de patriotismo». Sin embargo, algunos consideran que ese discurso fue una de las razones por las que Carter perdió las siguientes elecciones ante Reagan. Hoy, posiblemente, “cualquier político que pida al electorado que se sacrifique para resolver una crisis medioambiental se estará embarcando en una misión suicida”. Pero el problema no es económico: “el problema es que nuestra clase política no tiene voluntad alguna de buscar el dinero”.
El cambio necesario
El libro nos cuenta casos como el de una fábrica de recambios para coches de Ontario que, cuando cerró por la crisis, fue reabierta por los empleados para producir equipos de energía solar. A los que dicen que esta conversión es cara hay que decirles que más caro será no hacerla. Además, Klein dice que los bancos que fueron rescatados deberían ser los encargados de financiar ese tipo de cambios, para devolver el favor a la ciudadanía.
Esa transición necesaria será un gran generador de empleo si se hace bien. Se trata de generar empleo sostenible aunque a veces sea necesario nacionalizar servicios básicos. Un sondeo británico reveló que una mayoría apoya la nacionalización de la energía y el ferrocarril. Pone el ejemplo de Alemania, donde la mitad de las instalaciones de energía renovable están en manos de agricultores, organizaciones ciudadanas y unas 900 cooperativas energéticas. También Dinamarca va en esa línea. España también.
La agricultura es un sector esencial, y no sólo por sus altas emisiones contaminantes, sino porque puede contribuir a disminuir la pobreza y ayudar a la autosuficiencia, además de que “los métodos agroecológicos superan en rendimiento al uso de fertilizantes químicos” en entornos desfavorables. Pero el hambre lo provoca la pobreza y no la falta de comida.
También se repasa el desastre del fracking o de las arenas bituminosas, que en Alberta están destrozando grandes extensiones: “La tierra, despellejada viva”, emitiendo además entre 3 y 4 más GEI (especialmente metano y CO2) que el petróleo convencional. Por tanto, concluye que “la necesidad de que recortemos nuestras emisiones radicalmente no es compatible con la continuidad de una de las más lucrativas industrias del mundo” (la de los combustibles fósiles). Aunque el estado de Noruega es propietario de una de las empresas que está desgarrando el área de las arenas bituminosas de Alberta, también hace cosas bien: Estocolmo tiene un 74% de residentes que van a sus trabajos a pie, en bicicleta o en transporte público.
Critica también el fenómeno de las Puertas Giratorias (que no sólo ocurre en España, sino también en EE.UU., Reino Unido…) y el “capitalismo desregulado”. El “libre comercio (…) ha sido exactamente la carrera hacia el abismo que tantos alertaban que seria”. Pero Klein levanta una bandera de optimismo: “El cambio climático confronta lo que el planeta necesita para mantener la estabilidad con lo que nuestro modelo económico necesita para sostenerse a sí mismo”. Miya Yoshitani dijo también: “Estamos todos unidos en esta batalla, que no es una batalla solamente para conseguir una reducción de las partes por millón de CO2 en la atmósfera, sino también por transformar nuestras economías y reconstruir un mundo que queremos hoy”. Pensemos también que “las migraciones humanas están cada vez más vinculadas al clima”.
Klein también critica a la ciudadanía en general cuando dice, por ejemplo, que los manifestantes que salen a las calles para protestar por los fallos del sistema, olvidan el cambio climático, cuando éste “podría representar el verdadero golpe de gracia para esas estructuras que denuncian”. La misma crítica va también para políticos como Alexis Tsipras que, a pesar de ser de izquierdas, no aprovechan el cambio climático para impulsar sus demandas.
Extractivismo: Extraer recursos de la Naturaleza como si fuera infinita
En el siglo XVIII se empezó “a tratar la atmósfera como si fuera un vertedero”, pero no es sólo de la atmósfera de lo que hemos abusado. Klein cuenta el dramático caso de la isla de Nauru donde sus minas de fosfato de calcio han sido explotadas como abono, hasta destrozar la isla y hacerla prácticamente yerma. Luego, se convirtió en paraíso fiscal. “Pocos lugares en la Tierra encarnan más gráficamente que Nauru los resultados suicidas de haber basado nuestras economías en la extracción contaminante”. Por último, Nauru cobra para que Australia lleve allí a sus inmigrantes y sobrevivan en tan mal estado que ha sido denunciado por Amnistía Internacional.
Francis Bacon dio permiso para “acosar a la naturaleza” y James Watt inventó la máquina de vapor que aumentó el poder para hacerlo. Pero ya hoy eso debería estar superado. Los combustibles fósiles destruyen la vida en todas partes. “Cuando se deja en su sitio, el carbón es muy útil, porque mantiene capturado no solo el carbono que las plantas sustrajeron del aire millones de años atrás, sino también toda clase de toxinas adicionales”. Y por eso Klein pide que dejemos de ser “una sociedad de ladrones de tumbas”.
El Club de Roma publicó “Los límites del crecimiento” (1972) y sus advertencias se están cumpliendo casi completamente, pero donde más acertó fue en los límites de los “sumideros”. Es decir, el ser humano no ha encontrado cómo ampliar la capacidad de la Tierra para absorber la contaminación.
Klein critica a algunas organizaciones ecologistas en EEUU que realmente no están interesadas en la conservación de la biodiversidad y cita varios casos, como el de la organización Nature Conservancy que, por ejemplo, extrajo petróleo de una zona que custodiaba para la conservación del pollo de las praderas de Attwater, llevándolo a su extinción en dichos terrenos. También denuncia, como hizo Galeano, que en este «mundo al revés» “el sector de los combustibles fósiles son invitados a las cumbres del clima de la ONU en calidad de «socios» clave”. Es cierto que EE.UU. y casi todos los países han aprobado muchas leyes ambientales, pero la realidad demuestra que no han sido suficientes. Algunas empresas gastan más dinero en promocionar el Día de la Tierra que en reformar sus actividades a fondo. Por otra parte, el comercio internacional de derechos de emisiones ha sido un fracaso estrepitoso y así lo demuestran algunos de los ejemplos que se incluyen en el libro, como una empresa india cuyo 93% de ingresos procedía de la venta de créditos de carbono, empresas que fabrican potentes gases GEI para luego cobrar por reducirlos, campesinos e indígenas que no pueden usar los bosques porque son sumideros de carbono, bosques que permiten que se contamine más en otra parte, técnicas para que las empresas que contaminan ganen más, etc.
Soluciones demasiado simples: La «ignorancia arrogante» (hibris)
Muchos millonarios se han propuesto salvar el planeta, como Jeremy Grantham, Warren Buffett, Michael Boomberg, Bill Gates, Tom Steyer y T. Boone Pickens. Pero todos ellos lo han hecho de forma superficial e interesada, incluso invirtiendo en el sector del petróleo a la vez. Un caso paradigmático es el de Richard Branson, magnate de las aerolíneas Virgin, que anunció que dedicaría sus beneficios a la lucha contra el cambio climático, pero cuyo objetivo parece ser más bien retrasar las medidas regulatorias anti-cambio climático. Su éxito consiste en haber conseguido que vuele más gente que antes, y con la conciencia tranquila pensando que dicha compañía hace algo para mitigar el cambio climático. ¿Será Leonardo DiCaprio otro farsante?
Para Klein, pensar que el capitalismo, y solo el capitalismo, puede salvar al mundo es claramente absurdo, y esos bienintencionados magnates sólo están explotando nuestra infundada creencia de que la tecnología va a salvarnos del gran problema que ella misma ha creado.
La geoingeniería pretende dar soluciones simples para el gran problema del cambio climático, incluyendo ideas tan extrañas o descabelladas como fertilizar los océanos para que asuman más carbono, recubrir desiertos con sábanas blancas, poner espejos en órbita, tapar el sol (GRS/SRM) echando, por ejemplo, gases sulfurosos en la atmósfera (Opción Pinatubo)… Pero es imposible validar esas ideas, ni probarlas, ni implementarlas a la escala necesaria. Además, esas ideas no contribuyen a cambiar la causa raíz, sino que se limitan a tratar un único síntoma, sin tener en cuenta los efectos secundarios: acidificación de océanos, la imprevisible reacción de la biosfera… y hasta cambios climáticos peores que sin GRS, como la alteración de precipitaciones que arriesgarían el alimento de millones de humanos. Por otra parte, esas soluciones harían ganar mucho dinero a algunos de esos ideólogos. Entre los detractores están, por citar algunos, Greenpeace, Sallie Chisholm, Alan Robock, o Vandana Shiva, quien afirma que los métodos agroecológicos permitirían capturar grandes cantidades de carbono, reducirían las emisiones y potenciarían la seguridad alimentaria.
Blockadia: Los pueblos bloqueando grandes compañías fósiles
Las compañías de combustibles fósiles o las empresas mineras se están encontrando cada vez con más oposición a todos sus proyectos (almacenamiento de gas, prospecciones, extracciones, fracking,minas de uranio, de oro, de cobre…). En muchos casos, esta oposición es de pueblos que no se dejan sobornar porque defienden su forma de vida tradicional, que al ser ajena a la extracción no depende de esos sucios negocios.
Esta férrea oposición a las compañías extractivas se ha visto y se está viendo por todo el planeta. El libro repasa algunos casos en Grecia, Rumanía, Canadá, Reino Unido, Rusia (contando el caso de los activistas de Greenpeace detenidos), Australia, China, EE.UU., Francia… aunque uno de sus mayores orígenes fue en Nigeria contra la empresa Shell, en la que se llegaron a ahorcar legalmente a los ecologistas que se opusieron. Aún hoy, en el delta del Níger, se vierte cada año una marea negra como la del Exxon Valdez, envenenando peces, animales terrestres y personas. Ante tanta injusticia, el vandalismo contra los oleoductos no cesa. El pueblo ogoni y el ijaw no dejan de sufrir las consecuencias de un gobierno corrupto y una empresa extranjera, Shell, que se lleva sus recursos naturales porque en los países ricos siguen repostando en sus gasolineras sin enterarse de las consecuencias.
Un caso muy llamativo es el del oleoducto Keystone XL entre Canadá y EE.UU., para dar salida a las altamente contaminantes arenas bituminosas de Alberta. Miles de aves han muerto allí al posarse en las inmensas balsas de desecho tóxico. Tantas aves mueren que se ven obligados a disparar unos cañonazos cada pocos minutos para espantar a las pobres aves migratorias que buscan lo que otrora fue un bosque. Por supuesto, esas balsas no son perfectas y tienen escapes y filtraciones. “Los médicos tienen miedo cuando se trata de diagnosticar afecciones relacionadas con la industria del petróleo y el gas”, declara un médico canadiense de la zona. Esas balsas proceden del inmenso consumo de agua que requiere este tipo de minería (2.3 barriles de agua por cada barril de petróleo, mientras que el crudo convencional requiere hasta 0.3 barriles). El fracking requiere aún más cantidad de agua y una vez utilizada queda tóxica y radiactiva.
La industria extractiva nunca ha sido segura y siempre ha precisado zonas de sacrificio para contaminarlas, cuando no se trata de contaminar la atmósfera. Los que sufren más la contaminación son, no por casualidad, los más pobres. Pero resulta que “ahora todos estamos en la zona de sacrificio” y los riesgos de hoy son “sustancialmente más elevados” que los de antes, debido a que ya sólo quedan los yacimientos más costosos, más profundos y en zonas más valiosas. El desastre de BP en el golfo de México (más de tres meses manando petróleo) o el vertido por la rotura de un oleoducto en Michigan (el mayor vertido en tierra de EE.UU.) son pruebas de ello y de que las industrias fósiles prefieren ganar más dinero a costa de aumentar los riesgos para otros, sostiene Naomi Klein, quien también denuncia la corrupción en EE.UU. a la hora de controlar a este tipo de industrias.
En algunas zonas, las empresas que envenenan consiguen más poder, ya que los únicos empleos son precisamente en la industria que envenena sus tierras (y hasta esos empleos son de mala calidad, aunque estén bien pagados). Pero en otras zonas, donde hay más diversidad empresarial y laboral, hay “personas dispuestas a pelear muy duro por proteger modos de vida que consideran intrínsecamente incompatibles con la extracción tóxica”. Klein dice que “cuando aquello por lo que se lucha es una identidad, una cultura, un lugar querido […] nada pueden ofrecer las empresas como contrapartida”.
Los éxitos son insuficientes, pero muy importantes. Francia, por ejemplo, gracias a las protestas ha aprobado una moratoria nacional contra la fracturación hidráulica o fracking. También hay moratorias en Bulgaria, Países Bajos, Chequia, Sudáfrica y algunos estados de EE.UU. Además, este último país ha descendido su producción eléctrica con carbón por la presión ciudadana, entre otros motivos. Costa Rica ha prohibido la minería a cielo abierto en todo el país. India tiene centrales térmicas a medio construir porque se paralizó su construcción ante las protestas. En China también se han paralizado centrales de carbón por las protestas, pues allí la contaminación es espectacular y supone un experimento de lo que ocurre cuando es el progreso lo que más importa: Pekín alcanza a veces los 671 microgramos de partículas en suspensión (las PM2.5) cuando la OMS fija el límite máximo en 25. Las actividades al aire libre se suspenden si se superan los 450.
Otra batalla con gran éxito es la de la desinversión, apoyada por la organización 350.org, por la que se pretende que todo tipo de organizaciones y fondos de inversión dejen de apoyar a las industrias de los combustibles fósiles. El Banco Mundial ha anunciado que no apoyará más proyectos de prospección o extracción de carbón y hay miles de organizaciones más que ya están retirando su apoyo y su dinero a las industrias sucias.
A veces, cuando una empresa no puede extraer el combustible por un cambio en la legislación, alega cláusulas de protección de los inversores de acuerdos de libre comercio. Pero estas demandas tienen el poder que los gobiernos quieran, pues ninguna empresa puede interferir en la libertad de un pueblo en defender su territorio de la degradación ambiental. El problema no son los acuerdos comerciales sino los gobiernos que no defienden correctamente el bien común. No obstante, Klein afirma que esos acuerdos comerciales tienen hoy mayor debate público que antes, como lo demuestra el caso del TTIP en Europa. Pero hay que estar muy atentos, porque si nos descuidamos, los intereses del capital financiero y de la industria energética estarán por delante del bien común: Un claro ejemplo es España, donde los bancos son empresas privilegiadas y las industrias energéticas dictan las leyes.
Cuando fallan los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, muchos ayuntamientos se deciden a actuar en la acción climática. Son las llamadas «comunidades de transición» nacidas en Totnes (Reino Unido), que pretenden actuar en lo local para conseguir un cambio hacia economías de bajo carbono.
¿Derechos para los pueblos indígenas?
En Canadá y en otros muchos países, los indígenas no han cedido nunca sus tierras para su explotación petrolera. Como mucho, han aceptado compartirlas mientras no se socaven sus derechos a vivir, pescar, recolectar… pero no se puede compartir “si una de las partes se dedica a alterar irrevocablemente y a envenenar esa tierra compartida“.
Algunos de los pueblos indígenas amenazados por la sed de petróleo son los haida, los nez percé, los cheyenes, los lummi, los ogoni, los ijaw, los lakota, los tunebos, los chipewyan (ayudados por el rockero Neil Young del acoso de Shell), los tsilhquot’in, los cree del lago Beaver (“las personas más marginadas de mi país”, Canadá, en palabras de Klein)… Muchos pueblos indígenas carecen de recursos para que se respeten sus derechos, aunque los tengan claramente otorgados. En 2007 se firmó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los únicos países que votaron inicialmente en contra fueron Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, aceptaron esa declaración que proclama que los «pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente», así como a la reparación de las tierras confiscadas, ocupadas o dañadas. Que la incidencia de cáncer suba en todas las tribus canadienses afectadas por las arenas bituminosas no parece hacer desistir a la petrolera Shell.
“Mientras los abogados argumentan y debaten en los tribunales sobre las complejidades de la titularidad de la propiedad de la tierra, las sierras mecánicas siguen talando árboles que son cuatro veces más viejos que nuestros países, y los fluidos tóxicos de la fracturación hidráulica continúan filtrándose hacia las aguas subterráneas”.
Las energías renovables son “no extractivas” en dos sentidos: El veneno y el carbono no se extraen del subsuelo y el dinero no se extrae de la comunidad (las petroleras extraen recursos de un sitio y extraen el dinero de otro).
Ecuador (y los cheyenes de norteamérica) ha pedido ser compensado por mantener sus combustibles fósiles en el subsuelo porque «la manera más directa de reducir emisiones de CO2 es dejando los combustibles fósiles en el subsuelo donde ya están» (en palabras de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica). Esto es lo que se conoce como «deuda climática» reconocida (al menos indirectamente) en la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático indicando que hay unas «responsabilidades comunes pero diferenciadas» ya que los países que más han contaminado deben ser los primeros en reducir sus emisiones.
Al hablar de «deuda climática» muchos habitantes de los países ricos argumentan que no son responsables de lo que hicieron sus antepasados. Sunita Narain, directora general del Centre for Science and Environment, responde claramente: «Vuestra riqueza actual guarda relación con cómo la sociedad ha explotado la naturaleza» (ya dijo De Jouvenel que nuestra riqueza procede de explotar la Naturaleza). Naomi Klein concluye: “Los países ricos no solo tienen que ayudar al Sur Global a encaminarse por una senda económica de bajas emisiones porque eso sea lo correcto, sino que necesitamos hacerlo así porque de ello depende nuestra supervivencia colectiva”. Y por supuesto, añade que igual que haber sufrido un atraco no da derecho a atracar, tampoco hay fundado derecho a contaminar por parte de los países pobres. Por tanto, es evidente que los ricos deben ayudar a los pobres a conseguir un desarrollo más limpio. Esto traerá mayor bienestar y empleo, lo que evitaría las enormes tasas de inmigración que hay y que, si no lo remediamos, habrá.
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Conclusiones
Naomi Klein asegura que no se tienen en consideración suficientemente los efectos de tanta contaminación sobre la fertilidad y sobre los animales no adultos, incluyendo niños. Por ejemplo, en zonas de fracking aumentan las probabilidades de problemas cardíacos en bebés, abortos involuntarios, altos niveles de PCB… El caso de Mossville es tristemente famoso por el “racismo medioambiental”: La población pobre debe soportar altos niveles de contaminación de las industrias petroquímicas con frecuentes vertidos y explosiones. En Mossville son frecuentes las enfermedades respiratorias, el cáncer, defectos de nacimiento y las histerectomías en mujeres.
El informe de BP antes del desastre del golfo de México es de risa: por ejemplo, suponía que los moluscos sobrevivirían a un desastre huyendo o que supondría poco estrés para los mamíferos. El desastre demostró que nada puede restituir lo perdido: millones de larvas y los bebés de delfín murieron… La acidificación de los océanos hace que las larvas de ostras no puedan formar sus caparazones y mueran, y herbicidas como la atrazina afecta directamente a la esterilidad en anfibios, junto con defectos congénitos y abortos espontáneos en humanos, sin contar la amenaza sobre las abejas.
Pero sabemos hacer las cosas mejor. Ecuador, por ejemplo, en su constitución de 2008 reconoció a la naturaleza o Pachamama el derecho a que se respeten su existencia y sus ciclos vitales (art. 71). En las luchas contra el extractivismo hay un arma secreta: la unión heterogénea hace una gran fuerza: indígenas y no indígenas, jóvenes y mayores… todos unidos en una causa común.
Los cambios que hacen falta son importantes, pero tenemos experiencia. Los cambios sociales de los siglos XIX y XX, por ejemplo, supusieron un cambio profundo en la cultura dominante (cambios en los derechos civiles, de las mujeres, de los homosexuales, de grupos étnicos como el caso del apartheid de Sudáfrica o el racismo en EE.UU., pero también la instauración de la Seguridad Social o el seguro de desempleo). La abolición de la esclavitud obligó a ciertas élites a renunciar a prácticas que les resultaban muy lucrativas (tanto como la extracción de combustibles fósiles hoy en día). Pensemos por ejemplo, que en el siglo XVIII los negocios más lucrativos del imperio británico se basaban en la esclavitud (plantaciones de azúcar del Caribe, compra/venta de esclavos…) y en EE.UU. “la esclavitud fue el eje sobre el que giró la revolución mercantil”.
Naomi Klein es consciente de que hay que cambiar la cosmovisión global, lo que nos decimos del mundo y de nosotros. Y eso no es fácil, pero es posible y para ello propone no aspirar simplemente a cambiar leyes, sino a modificar pautas de pensamiento. Por ejemplo, dice que pedir un impuesto sobre el carbono puede ser menos útil que reivindicar una renta mínima garantizada, porque ésto segundo abre el debate sobre los valores y “sobre lo que nos debemos unos a otros sobre la base de nuestra condición humana”. Y sentencia que “tendremos que comenzar a creer de nuevo que los seres humanos no somos irremediablemente egoístas y codiciosos (que es la imagen de nosotros mismos que se nos ha vendido)“.
Muchas veces se plantea si frenar a las compañías de combustibles fósiles tiene influencia en el PIB, pero lo importante es pensar si el crecimiento económico tiene alguna importancia cuando el planeta esté convulsionado. Son las compañías las que tienen que demostrar que sus acciones y sus técnicas son seguras. Y nosotros debemos exigirlo, porque “nadie va a venir a salvarnos de esta crisis” y “la ideología del libre mercado ha quedado desacreditada tras décadas de desigualdad y corrupción crecientes”.
Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.
Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.
Y además…
En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».
Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.
Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).
Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.
Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.
Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.
Que no falte la cultura
Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).
Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.
Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.
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“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, está mostrando un patrón reconocible de prácticas autoritarias y de erosión de los derechos humanos”. Con esta frase inicia la organización Amnistía Internacional su informe Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, publicado con motivo del primer aniversario del segundo mandato de Trump.
Este documento hace un repaso por las doce alarmas que alertan de las prácticas de Trump, entre las que destacan los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, las amenazas a las universidades y docentes, las coacciones al sistema judicial y al Estado de derecho, la normalización de la militarización y del control a través de la inteligencia artificial, así como el señalamiento de comunidades específicas, el aumento de políticas que marginan a grupos vulnerables y las deportaciones masivas.
“Los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir a la prensa y reconfigurar el acceso a la información, y erosionar sistemáticamente el Estado de derecho están creando una emergencia de derechos humanos”, insisten. Desde Amnistía advierten que han visto “a dónde conduce este camino cuando se castiga la disidencia” pero también subrayan que “la deriva no es inevitable”.
Por eso, el informe incluye recomendaciones que animan a la sociedad civil a movilizarse para “salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho y evitar la normalización de la represión”.
Sin voces críticas
Los medios de comunicación están en el punto de mira. A menudo son atacados verbalmente en las ruedas de prensa de Donald Trump, quien incluso les amenaza con retirarles acreditaciones -y de ese modo el acceso a información- y financiación. Esta última configura la supervisión periodística del gobierno permitiéndole «controlar el mensaje y desalentar la cobertura crítica”, escribe Amnistía Internacional.
Otro ejemplo de condicionar las voces críticas es el de Mario Guevara, periodista con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, detenido por el ICE el pasado junio mientras transmitía en directo las protestas del No Kings Day contra las redadas de inmigración en el estado de Georgia. Guevara contaba con un permiso de trabajo y una “suspensión administrativa” de órdenes de deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias reabrieron su caso tras arrestarle por cargos de tres delitos menores: reunión ilegal, obstrucción y ubicarse como peatón en la calzada. Según informó The Guardian, se trata de uno de los periodos de encarcelamiento más prolongados de un periodista detenido por su labor profesional en la historia de Estados Unidos. Y es tan solo uno de los casos que muestra el viraje de la administración pública hacia prácticas más autoritarias.
Aunque el foco de Trump no está solo puesto en los medios de comunicación sino en cualquier voz crítica. A través del programa “Catch and Revoke” (“Capturar y revocar”) -que combinaba el monitoreo de redes sociales, el seguimiento del estatus migratorio y evaluaciones automatizadas de amenazas para revocar visas de manera masiva-, la administración Trump detuvo y trató de deportar a estudiantes que expresaron opiniones y participaron en protestas, en particular, con los derechos del pueblo palestino.
Un ejemplo es el de la activista palestina Leqaa Kordia, detenida por primera vez en marzo de 2024 en una manifestación de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Los cargos en su contra fueron desestimados, pero en marzo de 2025 la volvieron a arrestar cuando se presentó a una cita de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«El presidente Trump ataca a quienes imparten la docencia y la forma en la que lo hacen. Ataca a la libertad de expresión, la autonomía institucional y la gobernanza compartida, y esto amenaza con socavar la solidez de la educación superior estadounidense que hasta ahora presumía de independencia frente a la interferencia política», denunciaba Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, en RTVE.
El sistema judicial maniatado
Abogados particulares, bufetes y asociaciones de abogados fueron amenazados con investigaciones y sanciones por llevar a cabo su trabajo. También algunos fiscales han sido despedidos, como Michael Ben’Ary. Con más de 20 años de experiencia, fue relevado de su puesto mientras estaba trabajando en un caso de terrorismo que el propio Trump había mencionado en su discurso al Congreso. ¿El motivo alegado? Se difundió que había trabajado con Lisa Monaco, una figura clave en la administración de Joe Biden, y que supuestamente había sido parte de una «resistencia interna» contra Trump.
Los ataques verbales del presidente Trump contra jueces también han sido habituales. Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump después de que este solicitara el juicio político contra el juez Boasberg -quien supervisa un litigio contra Trump que impugna la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros-.
Como informó Reuters, el presidente Trump atacó al menos a 470 personas, instituciones y grupos mediante despidos, suspensiones, investigaciones y la revocación de autorizaciones de seguridad. También los amenazó con investigaciones o sanciones, incluida la congelación de fondos federales.
Expulsiones masivas y asedio a las personas migrantes
La aceleración de las detenciones masivas y las deportaciones aterroriza a las comunidades y crea una narrativa deshumanizante. “Paraliza la vida cotidiana: las familias evitan la escuela, la atención médica y los servicios básicos por miedo”, explican en el informe. “Desde el primer día, la administración Trump impulsó una agenda anti-migrante y anti-refugiados, implementando órdenes ejecutivas racistas y xenófobas que deshumanizaban y criminalizaban a los migrantes y a las personas que buscaban seguridad”.
El sistema de detención masiva de inmigrantes se expandió, manteniendo a miles de personas en instalaciones superpobladas. Se construyeron nuevos centros de detención financiados por el Estado, como “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida. En ambos centros se ha denunciado trato cruel, inhumano y degradante.
La expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 -se había utilizado por última vez para detener a más de 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial- es una de las violaciones de los derechos humanos señaladas por Amnistía Internacional. Para Trump es tan solo la respuesta a una «invasión» que motivó el uso extraordinario de una ley de tiempos de guerra.
Un ejemplo del uso de esta ley es el caso del venezolano Andry Hernández Romero, quien fue deportado acusado de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Después de esto, fue detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Su deportación fue una más de las 200 hechas a sus compatriotas sin antecedentes penales.
El uso de los recursos militares para las protestas bajo el pretexto de combatir la delincuencia urbana se ha hecho “con el fin de apoyar una aplicación agresiva y a menudo ilegal de la ley migratoria”, denuncia el informe. El patrón de despliegues puso sobre la mesa la relación entre delincuencia y raza. Seis de las nueve ciudades donde el presidente Trump amenazó o desplegó a la Guardia Nacional tenían un alcalde negro y una gran población negra y latina.
Pero el control no llega solo por la fuerza sino que el monitoreo de las redes sociales es otra de sus herramientas. La IA Babel X, proporcionada por Babel Street, y el sistema operativo Immigration OS de Palantir, permiten la vigilancia masiva de las redes sociales de millones de personas bajo la potencial amenaza del «terrorismo».
«Estamos presenciando una escalada alarmante de la represión patrocinada por el Estado y el abandono del estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo», dice Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas, en el informe. Aunque el gobierno de Estados Unidos se había posicionado durante mucho tiempo – al menos en teoría- como un defensor mundial de los derechos humanos, la administración Trump ha hecho que Estados Unidos dé marcha atrás retirándose de acuerdos y organismos globales cruciales en materia de derechos humanos.
Donald Trump cree que el único límite a su poder es su propia «moralidad». Así lo ha expresado en una entrevista con el New York Times. El Senado de Estados Unidos no opina lo mismo y votó a favor de limitar la posibilidad de que pueda realizar otro ataque como el de Venezuela, el pasado sábado, sin contar con el visto bueno del Congreso. Incluso cinco senadores republicanos se desmarcaron de las filas del trumpismo y votaron a favor de esta decisión. El presidente estadounidense los llamó «estúpidos» y exigió que nunca más ocuparan un cargo público.
La maniobra del Senado evidencia hasta qué punto el golpe en Venezuela ha conmocionado las bases de la política estadounidense y mundial. Tanto Washington como los gobiernos europeos y latinoamericanos están en guardia, debatiendo, analizando cuáles pueden ser los próximos movimientos de Trump y cómo hacerles frente. Se plantean dos estrategias: la confrontación (aún puramente verbal, con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron a la cabeza: ambos han rechazado explícitamente el «vasallaje» a Estados Unidos) y la colaboración. Esta última opción parece haber sido la elegida por Delcy Rodríguez. «Hay mucho maniqueísmo cuando se habla de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. No son algo extraordinario ni irregular las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela», afirmó la presidenta venezolana. Estas «relaciones económicas», en la actualidad, están marcadas por la orden de Trump de apoderarse del petróleo venezolano, venderlo y quedarse con las ganancias; los ingresos que puedan ir eventualmente a Venezuela, además, deberán gastarlos en productos estadounidenses.
En esta situación, Caracas ordenó ayer la excarcelación de un centenar de presos como gesto de buena voluntad. Entre los liberados hay cinco personas de nacionalidad española: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la venezolana con doble nacionalidad Rocío San Miguel. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, agradeció el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de Catar en la liberación de los primeros presos.
La semana que viene, Trump tiene previsto reunirse con María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo que fue desautorizada por el propio presidente norteamericano tras dar el golpe en Venezuela. «No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario», dijo de ella. A pesar del desaire, la opositora se ha mostrado exultante por viajar a la Casa Blanca para, según dijo literalmente, compartir con Trump su premio Nobel de la Paz. Quiere compartirlo con el hombre que, por interés económico, ha optado por la continuidad del chavismo.
A este descabellado clima de las relaciones internacionales hay que sumar la reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se mostró a favor de una mayor presencia estadounidense en Groenlandia. A favor… aunque la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya afirmado que si Estados Unidos ataca Groenlandia eso significará el fin de la OTAN.
Ante esta reacción, no sólo de Dinamarca sino de la mayoría de los líderes europeos, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se burló de la «loca sobreactuación» proveniente del Viejo Continente. En una entrevista con la cadena afín Fox News, Vance intentó endosarle a Europa una narrativa dudosa (y llena de apelaciones celestiales) sobre la conveniencia de que Groenlandia pase a manos norteamericanas: «Si, Dios no lo quiera, los rusos o los chinos… No digo que vayan a hacerlo, pero si alguien, Dios no lo quiera, lanzara un misil contra nuestro continente, Groenlandia es una parte fundamental en la defensa antimisiles».
Vance, además, se mostró muy condescendiente con sus «aliados» europeos. «Siempre argumentan sobre el pasado. Dirán, bueno, luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial o luchamos juntos en la guerra contra el terrorismo. Y estamos agradecidos por ello. Nos encanta tener estos aliados. Pero que hayas hecho algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo estúpido ahora», dijo Vance, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del trumpismo: si no aprueban nuestras ideas, son estúpidos.
La próxima semana intentarán coaccionar en persona a los líderes de Dinamarca y Groenlandia: el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con ellos para explicarles, por enésima vez, la importancia estratégica de la isla ártica para Estados Unidos.
Muere Brigitte Bardot y me propongo ver o volver a ver alguna de las películas que protagoniza. Mirando los comentarios a El desprecioen Filmin me encuentro con uno que me parece muy bonito: «No tengo el conocimiento suficiente para saber por qué me ha gustado». Y la valora con un nueve.
¿No nos esforzamos a menudo en razonar por qué nos gusta una obra de arte y a veces le añadimos interpretaciones que quizá no aporten nada? Me encanta esa sencillez: aceptar que desconoces los motivos del placer y el interés que te provoca una película o una novela o un poema.
Y es verdad que el arte nos emociona o interesa por razones y sensaciones tan complejas que intentar explicarlas puede llevar a simplificarlas.
En el otro extremo, el Frankenstein de Guillermo del Toro no me ha gustado nada y sí sé explicar por qué. No me parece que aporte nada de valor a lo que ya nos han dado el monstruo y su creador –o el creador monstruoso y la criatura–. Es verdad que hay un despliegue técnico y digital que puede resultar apabullante, pero también decepcionante. ¿Tal derroche de recursos para esto, para una nieve que parece hecha de algodón y para unos lobos de cartón piedra y para que en ningún momento la forma se convierta en contenido?
Es posible que fuera benévolo si se tratara de una obra más artesanal, pero me irrita este despilfarro grandilocuente que me ofrece tan poca cosa. Aunque me parece perfecto que se aleje del original, también me irrita el cambio que afecta a la coprotagonista. Entiendo que hoy es difícil repetir la figura femenina inventada por Mary Shelley, tan devota al genio, cuidadora abnegada, sacrificada. Pero al final Del Toro nos presenta a una mujer de carácter, con su propia agencia y que no se amilana ante el científico, pero muere sacrificándose por la criatura y enamorada de ella y de su cuerpo. Lo de la figura woke pero entregada al amor romántico no puede satisfacer a nadie porque pretende satisfacer a todos.
29 de diciembre
Leo un artículo sobre gastronomía de moda y me doy cuenta de que, aunque tenga mis pequeñas ínfulas gourmet, para algunas cosas vivo a espaldas de mi tiempo: no sé lo que es un smash burger, no tenemos un satisfryer ni hemos pensado tenerlo, no pagaríamos cinco euros por una gilda de diseño, me entero de la existencia del chocolate Dubai por el artículo y me maravillo de que se hayan puesto de moda los kebabs sofisticados. Y me quedo un rato meditando sobre el misterio de que se hayan convertido en tendencia –signifique esto lo que signifique– las prensas para hacer carpaccio; pero sé lo que es el carpaccio, así que tan fuera del mundo no estoy.
En realidad, no tiene sentido escandalizarse. Cada época tiene sus modas y seguirlas es a menudo una forma de distinción social, de mostrar que eres parte de un grupo especial. La diferencia con tiempos pasados es la siguiente: antes había gente que se arruinaba para poder seguir un determinado tren de vida al que correspondían vestidos lujosos, fiestas deslumbrantes, comidas pantagruélicas. Ahora puede suceder lo mismo, pero en la era del simulacro también puedes sugerir esa pertenencia elitista por medio de fotos que luego subes a redes sociales; quizá no te hayas comido tú ese chocolate Dubai ni sea tuya la satisfryer, pero fotografiándote con ella te cuelas en la tendencia y te autopublicitas como persona introducida en un modelo de vida al que no alcanzas…
Pero me acuerdo ahora del hidalgo al que sirve brevemente el Lazarillo, que se desperdigaba migas sobre la pechera para sugerir que había almorzado aunque las tripas le gritaran de hambre. Como decía aquel anuncio de bourbon:en realidad, las cosas no cambian.
6 de enero
Trump ha invadido Venezuela. No es que haya cambiado tanto la actitud de Estados Unidos, que siempre han entendido el mundo como conjunto de territorios que explotar; recordemos Chile, Bolivia, Honduras, Granada, Panamá, Irak, y por supuesto todos esos ataques en países africanos que desde España entendemos aún menos y por eso les prestamos poca atención. Lo único que ha cambiado es que a la administración de Trump le da igual guardar las formas. Si Eisenhower ocultaba que la CIA había sido instrumental en el asesinato de Lumumba, Trump se enorgullece de sus fechorías e indica claramente que no es una cuestión de legalidad ni de democracia sino de los intereses puros y duros de su país. Él no enarbola el derecho, muchos menos los derechos humanos, sino la fuerza. Al menos, sabemos a qué atenernos.
¿Le sucederá a Trump como al doctor Frankenstein, que esté poniendo en marcha una fuerza que escapará a su control y lo destruirá? No sucede siempre con los mundos monstruosos creados por los experimentos dictatoriales. Franco y Stalin murieron en la cama.
Leo las primeras reacciones de la derecha española, cómo intentan instrumentalizar el desastre para atacar a su némesis y vuelvo a pensar que no tienen absolutamente nada que ofrecer al país y por eso se dedican a embarrarlo todo, porque una vez que se ensucien todos los que están en el terreno, es más difícil distinguir quiénes son.
Ni una medida económica con cabeza, ni una medida social, ni una idea sólida de la política internacional que les gustaría defender. Tenemos a la peor derecha de la historia; y eso que el listón estaba muy alto. O muy bajo, según se mire.
Leyendo de forma alterna Política sexual y Viaje al manicomio, de Kate Millett. Me encanta cómo, en el primero, desvela la fanfarronería ridícula y misógina de Henry Miller y Norman Mailer –nunca me interesó ninguno de los dos, tampoco cuando Miller era mirado como un pope de la liberación sexual–. Ambos me parecían vagamente repulsivos sin que en la época en la que los leí –era jovencísimo– tuviese las herramientas para comprender y explicar por qué.
También me ha entusiasmado la contraposición que hace entre Ruskin y Stuart Mill a través de sus ensayos sobre la situación de la mujer. El primero, un liberal aparentemente bondadoso y a la vez, diríamos hoy, machista; el segundo de una valentía considerable al enfrentarse a las concepciones de su tiempo y al defender de manera radical la igualdad entre hombres y mujeres. Nunca ocultó el papel esencial en esos escritos de su mujer Harriet Taylor y de su hija Helen. En España lo publicó Emilia Pardo Bazán y escribió un interesante artículo sobre el ensayo. Leí el ensayo hace años y me pareció admirable no solo la reflexión, también su valentía al enfrentarse a la gente biempensante de la época y al reventar el consenso liberaloide. Por supuesto, Ruskin tuvo más éxito.
¿No sucede lo mismo ahora, que los libros que triunfan son los más complacientes, aquellos que nos dan exactamente lo que esperamos?
