Elegir es renunciar. Esta frase resume bien lo que supone tomar decisiones y, más aún, cuando se trata de dilemas importantes que entroncan directamente con los valores que nos sustentan como personas y, en el caso de La Marea y Climática, como cooperativa y como medio de comunicación.

Entre nuestros principios editoriales destaca la independencia: de los poderes políticos, económicos y, de unos años a esta parte, hablamos también aquí de los espacios que se eligen para comunicar. No descubrimos nada si decimos que, en el mundo de ahora, esos espacios están en manos de unos pocos «señores tecnofeudales». Y no es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación: nos fuimos, por ejemplo, de Twitter (o X) y de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

En las últimas horas, la actualidad ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión: ¿es Telegram un espacio «independiente» cuando su fundador lo usa para mandar un mensaje masivo a sus usuarios con una clara intencionalidad de influir en su opinión política?

Ante esta injerencia, la respuesta de la redacción y el Consejo Rector de la cooperativa editora ha sido intentar ser coherentes. Por ello, tanto en La Marea como en Climática hemos dejado de publicar en Telegram.

Avanzamos así en el proceso que iniciamos en junio de 2024 cuando eliminamos las cookies analíticas de la web para proteger los datos de nuestros lectores y lectoras; que continuamos el 31 de diciembre de 2024 cuando nos fuimos de X (Twitter), y que seguimos el 9 de enero de 2025 cuando dejamos de publicar en Meta (Facebook e Instagram).

No os vamos a mentir: no es una senda sencilla. Y es, además, una vereda poco explorada que trazamos con cada paso. Pero sabemos que nuestro lugar es este, la página web que estás leyendo ahora mismo. Por ello, te invitamos a buscarnos directamente en lamarea.com. También te animamos a inscribirte de forma gratuita a nuestra newsletter semanal. Nuestra casa, nuestro espacio, está siempre abierto para ti.

La entrada ‘La Marea’ deja de publicar en Telegram tras el mensaje político de su fundador enviado a los usuarios españoles se publicó primero en lamarea.com.

El objetivo principal del manual de resistencia de Pedro Sánchez es resistirlo todo. Pareciera una tautología –y, por tanto, redundante–, pero resistir, en política, es un asunto serio. No consiste simplemente en esperar a verlas venir. Por ejemplo: hay que resistir los ataques de los rivales políticos y de la opinión pública ante la corrupción de un secretario de organización, o incluso de un par de ellos.

También hay que poder pactar con quienes en el pasado fueron señalados como enemigos de la patria, mientras se intenta consolidar el relato de que quien la defiende eres tú, y no los que vendrán. Mantener la disidencia interna a raya ayuda, siempre que se conserve la apariencia de diálogo y talante. Sobre todo, la apariencia.

Por si fuera poco, aun haciendo todo eso –y haciéndolo bien–, la resistencia no está garantizada. A Sánchez no le basta con sobrevivir de forma aislada: sus socios de coalición también deben hacerlo. Y eso, a día de hoy, se antoja todavía más complicado.

2026: comienza la carrera de obstáculos

El futuro no está escrito, pero tampoco es un lienzo en blanco. Está condicionado por el presente, y cuanto más cerca está ese futuro, mayor es la dependencia. Traducido a términos políticos, el camino de Pedro Sánchez para llegar a las elecciones generales está plagado de piedras, barrancos y controles policiales. Ahora bien, en política representativa un año puede ser mucho tiempo. Siempre hay margen para equivocarse, y todavía más cuando la alternativa al sanchismo la lidera un sofista mediocre colega de un narcotraficante.

La fecha límite para la celebración de las elecciones generales es el 22 de agosto de 2027. De agotarse la legislatura, todavía quedaría más de un año y medio para la decimonovena «fiesta de la democracia» tras el franquismo. La pregunta es si Sánchez será capaz de llegar hasta ahí o si se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Y, sobre todo, qué obstáculos deberá sortear para hacerlo con alguna opción real de disputarle el poder político a la extrema derecha.

8 de febrero de 2026 – Elecciones autonómicas en Aragón

Aragón será la primera cita y, como suele ocurrir con las primeras, servirá más para marcar clima que para repartir poder real. No es una comunidad decisiva en términos aritméticos, pero sí un buen termómetro del estado anímico del PSOE fuera de sus plazas más protegidas. Allí, donde el partido conserva una implantación reconocible pero debilitada, Sánchez ha decidido intervenir directamente.

Lo ha hecho colocando al frente de la candidatura a Pilar Alegría, hasta hace poco portavoz del Gobierno, forzando su salida del Ejecutivo. No se trata de un relevo discreto ni de una transición orgánica, sino de un movimiento visible y deliberado, pensado para concentrar foco y disciplina en una comunidad donde el PSOE no despega por inercia. Alegría llega con el encargo de recomponer un espacio político erosionado, en un contexto de fragmentación a la izquierda y con el PP gobernando sin sobresaltos.

El resultado, sea cual sea, tendrá lectura nacional. No tanto por lo que se gane o se pierda en Zaragoza, sino porque marca una pauta que se repetirá después en otros territorios. Como ocurrirá en Andalucía, Sánchez parece asumir que algunas batallas autonómicas solo pueden librarse trasladando parte del Gobierno al terreno y aceptando que el coste de hacerlo forma parte del precio de seguir resistiendo.

Marzo 2026 – Elecciones autonómicas en Castilla y León

Castilla y León será el siguiente revés para el PSOE autonómico y, por extensión, para el partido en su conjunto. La reedición del gobierno de coalición entre PP y Vox, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se da prácticamente por hecha. Y eso pese a que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 con 35 diputados, seis más que el PP. En 2022, en cambio, los populares quedaron primeros con 31 escaños frente a los 28 socialistas.

Para que a Sánchez no se le atragante Salamanca, bastaría con reducir distancias. Para ganar oxígeno de verdad, necesitaría algo mucho menos probable: un vuelco electoral que, aun sin permitir al candidato socialista Carlos Martínez alcanzar la presidencia –el bloque de la derecha mantiene un margen amplio–, serviría como golpe de efecto. Impactante. Improbable.

La resolución de la Ley de Amnistía y el regreso de Puigdemont

Si el Gobierno sigue en pie y Junts per Catalunya no ha roto todavía con Pedro Sánchez, no es por afinidad ideológica ni por una súbita vocación de estabilidad institucional. Es por la Ley de Amnistía. La legislatura entera gravita alrededor de esa promesa, y todo lo demás –los amagos de ruptura, las advertencias públicas, la teatralidad parlamentaria– responde más a la necesidad de marcar perfil que a una voluntad real de romper la baraja.

Junts acepta el desgaste por su flanco derecho y la sangría constante hacia Aliança Catalana a cambio de una expectativa concreta: cerrar el frente judicial abierto desde 2017 y permitir el regreso de su líder. Pero ese movimiento tiene un coste elevado para Sánchez, y no se limita al ruido de la derecha ni a la ofensiva mediática permanente. La amnistía erosiona también por dentro. Entre una parte del electorado socialista que no acaba de asumirla como un mal necesario y entre dirigentes territoriales que no están dispuestos a pagar ese peaje en sus comunidades. Emiliano García-Page ha sido el más explícito, aunque no el único.

En ese contexto, el eventual regreso de Carles Puigdemont no será solo una imagen de alto voltaje simbólico, sino la confirmación de algo más incómodo: que la resistencia también desgasta a quienes resisten. La amnistía puede ser condición necesaria para sostener la legislatura. Difícilmente será un activo electoral. Y eso, en Moncloa, lo saben desde el primer día. Todavía no hay una fecha concreta, aunque se espera que la resolución del Tribunal Constitucional llegue durante el primer trimestre de 2026.

Junio de 2026 – Elecciones autonómicas en Andalucía

Al PSOE le duele Andalucía. Como en la típica escena de una película barata de detectives, se encuentran delante del cadáver mientras se preguntan, anonadados, cómo pudo suceder algo así. Antaño principal feudo socialista, cuna del felipismo y cantera de cuadros orgánicos del principal partido de España, Andalucía pasó de ser una base sólida a un problema estructural.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en 2022 certificó ese cambio de ciclo. Y, como en Aragón, Sánchez ha decidido quemar otra carta de alto valor, repitiendo una estrategia que ya no es táctica, sino defensiva: enviar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a encabezar la candidatura socialista. Sacarla del núcleo duro del Gobierno no es un gesto menor. Es admitir que Andalucía no se recupera con perfiles intermedios ni con discursos amortiguados. El problema es que incluso esa jugada llega con el terreno ya muy erosionado. Aun mejorando resultados, desalojar al PP parece fuera de alcance. Y una nueva derrota, por ajustada que sea, consolidaría una idea peligrosa para Moncloa: que el PSOE no solo perdió Andalucía, sino que todavía no ha terminado de entender por qué.

Resistir hasta lo desconocido y más allá

Así de complicado es el camino que tiene Pedro Sánchez para llegar hasta agosto de 2027. Y eso sin mencionar que, al final de esa ruta, se abrirá un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Eso, en todo caso, lo analizaremos el año que viene…si es que Sánchez todavía sigue resistiendo.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Hay días en que la política española parece escrita por un guionista obsesionado con las metáforas matrimoniales. Junts per Catalunya anuncia un “divorcio” con Pedro Sánchez y, sin embargo, ambos continúan compartiendo techo, mirándose de reojo, calculando si todavía necesitan al otro para pagar la hipoteca de la legislatura. Es una historia de seducciones, gestos estudiados y una tensión permanente que ya no sorprende a nadie. Pero es también –y sobre todo– un ejercicio de hipocresía mutua: cada uno interpreta el papel que más le conviene mientras la política real avanza por otros cauces.

Por un lado, Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo amable. Sabe que necesita a Junts per Catalunya para no hundirse y despliega, cuando conviene, una coreografía de contrición y seducción: reconocer “retrasos”, insinuar rectificaciones, prometer que “esta vez sí” se cumplirán los acuerdos. Son gestos calculados, que siempre llegan cuando el Gobierno tiene el agua al cuello y necesita reconstruir, como sea, una mayoría que nunca termina de serlo. Estos movimientos ni comprometen de verdad ni obligan a demasiado; solo quieren insuflar la sensación de que el diálogo está vivo, de que hay opciones, de que el naufragio aún puede aplazarse.

Por otro lado está Junts per Catalunya, atrapada en una posición tan incómoda como imprescindible. Llevan semanas exhibiendo un discurso de máxima firmeza, proclamando que el acuerdo con el PSOE está en fase terminal, que la legislatura agoniza. Pero, a la hora de la verdad, no cierran la puerta: bloquean, sí, pero no rompen. Se indignan, pero no ejecutan. Simulan desvincularse, pero no son capaces –ni quieren– empujar el sistema hacia unas elecciones que dejarían la amnistía a medio camino. Es su propia versión de la farsa: gritar mucho, actuar poco y resistir lo suficiente para no perder la pieza central del tablero.

La realidad –cruda, prosaica– es que Junts per Catalunya no tiene alternativa. No puede matar la legislatura hasta que la amnistía sea irreversible. Ese es el núcleo del “baile de las apariencias”: su supervivencia política es ahora inseparable de la ejecución final de la ley que debe proteger a sus dirigentes. Esto explica que hayan optado por una estrategia de resistencia silenciosa: hacer todo el ruido posible para que su base perciba músculo y dignidad, pero mantener suficiente margen para volver a negociar cuando cambien las condiciones.

También explica la incomodidad de ver cómo el aparato de Junts per Catalunya denuncia, con gravedad republicana, el incumplimiento del Estado… mientras en paralelo sostiene, en la práctica, la misma legislatura que critica. Las palabras van en una dirección; los hechos, en otra. Y demasiada gente ya lo ha entendido. El PSOE lo sabe y juega con ventaja. Sabe que Junts per Catalunya necesita tiempo y sabe que, por mucho que gruñan, el bloque independentista no se puede permitir provocar un terremoto que haga descarrilar la amnistía. Por eso Sánchez puede practicar ese estilo tan suyo de gobernanza al límite: ofrecer medio compromiso, anunciar medio paquete de medidas, avanzar medio metro, retroceder un cuarto. Es un ejercicio de cinismo sostenido que solo funciona porque la correlación de fuerzas lo permite y porque nadie quiere asumir el coste de una ruptura real.

Esta “cohabitación hostil” mantiene en suspenso toda la actividad legislativa, pero mantiene igualmente vivo el relato de unas relaciones que aún pueden reconducirse. Es un teatro que sirve a ambos: al PSOE para comprar estabilidad y presentarse como la fuerza dialogante; a Junts per Catalunya para exhibir firmeza mientras prolonga, indefinidamente, la ficción de que son ellos quienes tienen el pulso de la gobernabilidad.

Pero en algún momento la danza dejará de funcionar. Porque este juego de seducciones y reproches permanentes no construye nada y solo aplaza decisiones. Y porque, cuando la amnistía esté finalmente cerrada, Junts per Catalunya tendrá que demostrar si su estrategia era resistir para avanzar o si, sencillamente, no tenía ningún otro lugar al que ir. Igualmente, el PSOE tendrá que dejar de actuar como si el Estado fuera un campo de pruebas y empezar a asumir que cumplir acuerdos no es una concesión, sino una obligación.

Hasta entonces seguiremos asistiendo al baile. Un baile cansado, hecho de gestos que ya no engañan y de palabras que suenan gastadas. Un baile en el que todos saben lo que busca el otro, pero todos prefieren fingir que se trata de una gran partida de ajedrez. Cuando en realidad es, simplemente, una coreografía de supervivencia.

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La entrada en prisión de José Luis Ábalos por el caso Koldo-Cerdán ha devuelto a la política española a su estado habitual: un equilibrio precario entre el desgaste permanente y el relato del derrumbe inminente. La imagen de un exministro –uno de los hombres que acompañó a Sánchez en su Peugeot recorriendo España para ganar las primarias hace casi una década– entrando en prisión preventiva parece apuntalar esa lectura de un ciclo que se descompone… pero que no se agota. 

La doble verdad: politización judicial y corrupción real

España vive atrapada en una doble verdad difícil de gestionar. Por un lado, existe una politización de la justicia impulsada desde la derecha, en coherencia con aquella consigna de Aznar –“el que pueda hacer, que haga”– que desde hace años marca una estrategia de desgaste sistemático del Gobierno. La ofensiva contra Begoña Gómez –tan instrumentalizada que incluso el abogado de Manos Limpias renunció al caso denunciando su deriva política– y el vía crucis institucional alrededor del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz –primero declarado “no idóneo” por el CGPJ por 8 votos a 7, después inhabilitado por el Supremo en una resolución cuya motivación todavía se desconoce, lo que llevó a la Unión Progresista de Fiscales a denunciar “violencia institucional”– ilustran un clima jurídico-político cada vez más envenenado.

Por otro lado, existen indicios sólidos de corrupción. El caso Ábalos-Cerdán no es una invención mediática ni una pieza más del ruido de fondo. Afecta a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, figuras clave en la etapa fundacional de su liderazgo dentro del PSOE. Pretender hacer ver que todo es guerra judicial sería tan ciego como negar la existencia de la guerra judicial. Ambas dimensiones coexisten y se retroalimentan.

La mayoría parlamentaria: cifras, empates y una fragilidad aritmética inédita

Hasta la salida de Ábalos, el bloque de investidura sumaba 179 votos frente a los 171 de la oposición. Esa diferencia permitía aprobar leyes ordinarias con mayoría simple –más “síes” que “noes”– incluso en escenarios de abstención de Junts. Ábalos, pese a su paso al Grupo Mixto, había votado siempre alineado con los socialistas.

Con Ábalos ya en prisión preventiva y, por tanto, sin posibilidad de votar en el Congreso, la aritmética del bloque de la investidura se descompone. Si Junts opta por la abstención, el bloque progresista queda con 171 votos frente a los 171 de la oposición: un empate que, según el reglamento, obliga a repetir la votación –hasta tres veces–. Si la igualdad persiste, la iniciativa decae. 

Si, además, Junts decide votar “no”, la oposición sumaría 178 votos, suficientes para tumbar cualquier propuesta. En ese escenario, el voto de Ábalos deja de ser determinante: con él o sin él, la derrota estaría garantizada.

Esta fragilidad numérica abre la puerta a un verdadero bloqueo legislativo. Y tiene efectos concretos: iniciativas como la subida del salario mínimo o la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad podrían quedar en el aire si el Gobierno no consigue atraer a Junts o evitar su rechazo.

Junts: poder de bloqueo, libertad limitada

Paradójicamente, el incremento del poder de Junts llega en el peor momento para el propio partido. Sus limitaciones son dos, y ambas estructurales.

La primera es judicial. Puigdemont –y buena parte de la cúpula de Junts– depende de la ejecución efectiva de la amnistía y del cierre de las causas pendientes en el Supremo. No basta con la aprobación de la ley: todo depende de su interpretación en un contexto de resistencia interna dentro del poder judicial. PP y Vox no tienen ningún incentivo para facilitar este horizonte.

La segunda es electoral. Junts atraviesa uno de los momentos más inciertos de los últimos años. La irrupción de Aliança Catalana ha perforado su base territorial y ha alterado la geografía política catalana. La pugna con Orriols no les ha devuelto centralidad; ha generado desmovilización. Convocar elecciones en este contexto sería hacerlo desde la debilidad.

Junts tiene, pues, capacidad para tensar, condicionar y dramatizar su distancia con el Gobierno. Pero no dispone de libertad estratégica para derribarlo sin perjudicar su propio futuro judicial y enfrentarse a unas elecciones para las que no está preparado.

Bloqueo aparente, Gobierno activo: la vía del decreto ley

Con el Congreso estrechado, surge la idea de que el Gobierno no podrá aprobar nada. Pero esa lectura es incompleta. Incluso en escenarios de parálisis legislativa, el Ejecutivo conserva una herramienta clave: el decreto ley, una norma con rango de ley que el gobierno puede aprobar en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Sánchez ha recurrido a este instrumento en otras etapas para impulsar medidas sociales, como, por ejemplo, el Real Decreto-ley 6/2025, con medidas dirigidas a mejorar los recursos de los sistemas de financiación territorial, el Real Decreto-ley 9/2025 según el cual se ampliaron los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas, o, en septiembre, el decreto Real Decreto-ley 10/2025 por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. 

La diferencia con otras normas es que las leyes ordinarias pasan por un debate parlamentario completo, con enmiendas, con un proceso más largo y con la intervención de las Cortes desde el principio. El decreto-ley, en cambio, lo aprueba primero el Gobierno y luego ya se debate su validez. 

Es razonable pensar que, si Sánchez aspira a llegar con vida política hasta 2027, necesite encadenar algunas votaciones “ganadas” en el Congreso. Y en un país que envejece y se precariza, revalorizar pensiones, ampliar el escudo social o reforzar protecciones económicas no es solo política pública: es supervivencia electoral. En ese terreno, a Junts le seguiría resultando difícil justificar un voto en contra –y además alineado con PP y Vox– en determinadas medidas. De hecho, recientemente, pese a haber anunciado la “ruptura del pacto con el PSOE”, respaldaron el Real Decreto que movilizaba 500 millones de euros para el tratamiento e investigación de la ELA y otras enfermedades de alta complejidad.

Otro ámbito propicio para que el Ejecutivo recomponga la mayoría del bloque de investidura es el de las políticas sociales de vivienda, siempre que no sean demasiado ambiciosas; si lo fueran, tanto Junts per Catalunya como el PNV tendrían una coartada perfecta ante su electorado para desmarcarse y votar en contra. También en cuestiones de mejora o ampliación de las competencias autonómicas, o en el campo de ayudas y subvenciones a la cultura, el gobierno tendría terreno para recorrer. Recordemos que aquí, la lógica que marca el paso no es la de la aplicación de políticas de izquierdas. Hablamos de supervivencia política. 

Una conclusión con cautela

¿Es sostenible este momento? En términos institucionales, sí, por improbable que parezca. El Gobierno está erosionado, pero no está muerto. La legislatura sigue viva porque Sánchez no sobrevive por su fortaleza, sino por la debilidad estratégica de quienes necesitarían hundirlo para sustituirlo. En resumen: la derecha no suma; Junts no puede romper; y la mayoría progresista, pese al desgaste, sigue cohesionada en lo esencial.

Ahora bien, conviene dejar una puerta abierta. Todo puede suceder. Si se demostrara que el caso de corrupción hundiera sus raíces en la estructura orgánica del PSOE –y no solo a personas próximas a Sánchez–, el escenario cambiaría de forma drástica. En ese caso, no solo Junts, sino también Esquerra Republicana o el PNV tendrían muy difícil sostener al Ejecutivo. Por ahora, eso no ha ocurrido. Pero la política española es un terreno donde lo improbable sucede con frecuencia.

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