“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, está mostrando un patrón reconocible de prácticas autoritarias y de erosión de los derechos humanos”. Con esta frase inicia la organización Amnistía Internacional su informe Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, publicado con motivo del primer aniversario del segundo mandato de Trump.

Este documento hace un repaso por las doce alarmas que alertan de las prácticas de Trump, entre las que destacan los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, las amenazas a las universidades y docentes, las coacciones al sistema judicial y al Estado de derecho, la normalización de la militarización y del control a través de la inteligencia artificial, así como el señalamiento de comunidades específicas, el aumento de políticas que marginan a grupos vulnerables y las deportaciones masivas.

“Los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir a la prensa y reconfigurar el acceso a la información, y erosionar sistemáticamente el Estado de derecho están creando una emergencia de derechos humanos”, insisten. Desde Amnistía advierten que han visto “a dónde conduce este camino cuando se castiga la disidencia” pero también subrayan que “la deriva no es inevitable”.

Por eso, el informe incluye recomendaciones que animan a la sociedad civil a movilizarse para “salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho y evitar la normalización de la represión”. 

Sin voces críticas

Los medios de comunicación están en el punto de mira. A menudo son atacados verbalmente en las ruedas de prensa de Donald Trump, quien incluso les amenaza con retirarles acreditaciones -y de ese modo el acceso a información- y financiación. Esta última configura la supervisión periodística del gobierno permitiéndole «controlar el mensaje y desalentar la cobertura crítica”, escribe Amnistía Internacional.

Otro ejemplo de condicionar las voces críticas es el de Mario Guevara, periodista con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, detenido por el ICE el pasado junio mientras transmitía en directo las protestas del No Kings Day contra las redadas de inmigración en el estado de Georgia. Guevara contaba con un permiso de trabajo y una “suspensión administrativa” de órdenes de deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias reabrieron su caso tras arrestarle por cargos de tres delitos menores: reunión ilegal, obstrucción y ubicarse como peatón en la calzada. Según informó The Guardian, se trata de uno de los periodos de encarcelamiento más prolongados de un periodista detenido por su labor profesional en la historia de Estados Unidos. Y es tan solo uno de los casos que muestra el viraje de la administración pública hacia prácticas más autoritarias.

Aunque el foco de Trump no está solo puesto en los medios de comunicación sino en cualquier voz crítica. A través del programa “Catch and Revoke” (“Capturar y revocar”) -que combinaba el monitoreo de redes sociales, el seguimiento del estatus migratorio y evaluaciones automatizadas de amenazas para revocar visas de manera masiva-, la administración Trump detuvo y trató de deportar a estudiantes que expresaron opiniones y participaron en protestas, en particular, con los derechos del pueblo palestino. 

Al inicio del mandato presidencial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que había revocado las visas de al menos 300 estudiantes y visitantes, alegando que esas personas habían participado en “actos de vandalismo en universidades, acoso a estudiantes, ocupación de edificios y alteración del orden”.

Un ejemplo es el de la activista palestina Leqaa Kordia, detenida por primera vez en marzo de 2024 en una manifestación de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Los cargos en su contra fueron desestimados, pero en marzo de 2025 la volvieron a arrestar cuando se presentó a una cita de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«El presidente Trump ataca a quienes imparten la docencia y la forma en la que lo hacen. Ataca a la libertad de expresión, la autonomía institucional y la gobernanza compartida, y esto amenaza con socavar la solidez de la educación superior estadounidense que hasta ahora presumía de independencia frente a la interferencia política», denunciaba Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, en RTVE.

El sistema judicial maniatado

Abogados particulares, bufetes y asociaciones de abogados fueron amenazados con investigaciones y sanciones por llevar a cabo su trabajo. También algunos fiscales han sido despedidos, como Michael Ben’Ary. Con más de 20 años de experiencia, fue relevado de su puesto mientras estaba trabajando en un caso de terrorismo que el propio Trump había mencionado en su discurso al Congreso. ¿El motivo alegado? Se difundió que había trabajado con Lisa Monaco, una figura clave en la administración de Joe Biden, y que supuestamente había sido parte de una «resistencia interna» contra Trump.

Los ataques verbales del presidente Trump contra jueces también han sido habituales. Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump después de que este solicitara el juicio político contra el juez Boasberg -quien supervisa un litigio contra Trump que impugna la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros-. 

Como informó Reuters, el presidente Trump atacó al menos a 470 personas, instituciones y grupos mediante despidos, suspensiones, investigaciones y la revocación de autorizaciones de seguridad. También los amenazó con investigaciones o sanciones, incluida la congelación de fondos federales.

Expulsiones masivas y asedio a las personas migrantes

La aceleración de las detenciones masivas y las deportaciones aterroriza a las comunidades y crea una narrativa deshumanizante. “Paraliza la vida cotidiana: las familias evitan la escuela, la atención médica y los servicios básicos por miedo”, explican en el informe. “Desde el primer día, la administración Trump impulsó una agenda anti-migrante y anti-refugiados, implementando órdenes ejecutivas racistas y xenófobas que deshumanizaban y criminalizaban a los migrantes y a las personas que buscaban seguridad”. 

El sistema de detención masiva de inmigrantes se expandió, manteniendo a miles de personas en instalaciones superpobladas. Se construyeron nuevos centros de detención financiados por el Estado, como “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida. En ambos centros se ha denunciado trato cruel, inhumano y degradante.

La expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 -se había utilizado por última vez para detener a más de 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial- es una de las violaciones de los derechos humanos señaladas por Amnistía Internacional. Para Trump es tan solo la respuesta a una «invasión» que motivó el uso extraordinario de una ley de tiempos de guerra. 

Un ejemplo del uso de esta ley es el caso del venezolano Andry Hernández Romero, quien fue deportado acusado de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Después de esto, fue detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Su deportación fue una más de las 200 hechas a sus compatriotas sin antecedentes penales.

Además, la administración Trump ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para muchas nacionalidades.

El control como objetivo: militarizado o con IA

El uso de los recursos militares para las protestas bajo el pretexto de combatir la delincuencia urbana se ha hecho “con el fin de apoyar una aplicación agresiva y a menudo ilegal de la ley migratoria”, denuncia el informe. El patrón de despliegues puso sobre la mesa la relación entre delincuencia y raza. Seis de las nueve ciudades donde el presidente Trump amenazó o desplegó a la Guardia Nacional tenían un alcalde negro y una gran población negra y latina. 

Pero el control no llega solo por la fuerza sino que el monitoreo de las redes sociales es otra de sus herramientas. La IA Babel X, proporcionada por Babel Street, y el sistema operativo Immigration OS de Palantir, permiten la vigilancia masiva de las redes sociales de millones de personas bajo la potencial amenaza del «terrorismo».

Además, Trump también ha recortado la financiación de las instalaciones y programas de atención reproductiva, forzando el cierre de clínicas -según el Gender Equity Policy Institute, las mujeres embarazadas que viven en estados que prohibían el aborto tenían casi el doble de probabilidades de morir-. Asimismo, ha atacado los derechos y la atención LGBTI, en particular de las personas transgénero, firmando una orden ejecutiva para “restaurar la verdad biológica”, definiendo el sexo como una “clasificación biológica inmutable como masculino o femenino”.

«Estamos presenciando una escalada alarmante de la represión patrocinada por el Estado y el abandono del estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo», dice Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas, en el informe. Aunque el gobierno de Estados Unidos se había posicionado durante mucho tiempo – al menos en teoría- como un defensor mundial de los derechos humanos, la administración Trump ha hecho que Estados Unidos dé marcha atrás retirándose de acuerdos y organismos globales cruciales en materia de derechos humanos.

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Este análisis sobre José Antonio Kast se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La política chilena solo acostumbra a acaparar titulares internacionales cada cuatro años, coincidiendo con la celebración de las elecciones presidenciales. Tradicionalmente, si dejamos al margen las movilizaciones de 2011 o 2019, el bipartidismo ha sido capaz de controlar las instituciones políticas del país, y el turnismo junto a una cierta moderación centrípeta han marcado la dinámica política chilena. Pese al trasfondo de movilización social, la victoria de Gabriel Boric al frente de una coalición de izquierdas situada a la izquierda de la Concertación —la alianza tradicional entre socialistas y democristianos, de la que formó parte la expresidenta Michelle Bachelet— no ha supuesto un cambio sustancial en este sentido.

La polarización política que impregna la política global ha permitido reconfigurar las fuerzas a derecha e izquierda, alterando los protagonistas del bipartidismo chileno. Por un lado, la coalición de izquierdas —que en esta ocasión integraba también a socialistas y socialdemócratas— ha apostado por una candidata militante del Partido Comunista, Jeannette Jara. Por el otro, concurría la amenaza de un retorno al pasado: un José Antonio Kast que, en la segunda vuelta electoral, ha contado con el respaldo de la derecha tradicional.

Kast (Partido Republicano) representa una derecha política que combina cuatro ingredientes principales: populismo, neoliberalismo, conservadurismo social y autoritarismo institucional. Su proyecto promueve un relato de confrontación entre un “pueblo decente” y unas élites políticas y culturales de carácter progresista, a las que acusa de haber deteriorado el orden y la seguridad. Al mismo tiempo, defiende una agenda económica profundamente neoliberal, basada en la desregulación del mercado y en la reducción del Estado a su mínima expresión.

Este planteamiento se completa con un conservadurismo social duro, especialmente en materia de derechos reproductivos, diversidad sexual y educación, que durante esta campaña ha optado por omitir deliberadamente en sus comunicaciones públicas —a diferencia de lo ocurrido en 2021—. Su doctrina en estos ámbitos no difiere en absoluto de la que promueven en España grupos ultraconservadores como Hazte Oír. Como diputado, votó en contra de la dispensación gratuita de la píldora del día después, se opuso a la ley de no discriminación por razón de género y rechazó el acuerdo de unión civil entre personas del mismo sexo. El pack completo.

Por último, el nuevo presidente electo de Chile defiende una concepción autoritaria del poder que legitima el endurecimiento penal —especialmente contra los colectivos migrantes— y la asunción de un papel más relevante por parte de las fuerzas de seguridad dentro del marco institucional chileno. A juicio de Kast, la democracia debe subordinarse al mantenimiento del orden y la seguridad. La combinación de estos cuatro elementos sitúa a Kast dentro de la nueva derecha radical global, con profundas raíces locales en el legado político del pinochetismo.

Kast y el pinochetismo

Una característica contemporánea de la nueva ola de derecha populista, en auge a nivel global, es la distancia que suele marcar respecto a las dictaduras o procesos autoritarios vividos en sus países de origen. La batalla de Marine Le Pen por apropiarse del legado gaullista o la posición de Vox frente al franquismo son ejemplos claros de ello.

Chile, sin embargo, constituye una excepción. Aunque Pinochet abandonó el poder en 1990, fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998 y senador hasta 2002. La huella autoritaria logró sobrevivir al cambio de régimen, situando la centralidad política del país algo más a la derecha de lo habitual en el resto de países de la región.

Kast no se adhiere formalmente a la dictadura, pero articula y representa su legado político y simbólico. Sin ir más lejos, su hermano Miguel Kast fue miembro de los denominados Chicago Boys, un grupo de tecnócratas chilenos que, inspirados por las teorías de Milton Friedman y Arnold Harberger, impulsaron reformas estructurales de signo neoliberal en la economía chilena. Este grupo ocupó posiciones clave en la administración pinochetista: Miguel Kast fue ministro de la Oficina de Planificación Nacional (1978–1980), ministro de Trabajo y Previsión Social (1981–1982) y presidente del Banco Central de Chile (1982). Sí, efectivamente, el hermano del nuevo presidente de Chile fue ministro de la dictadura.

El parentesco familiar, aunque indicativo, no es el único vínculo del nuevo presidente electo con la dictadura de Pinochet. Kast se ha manifestado a favor de indultar a agentes del Estado responsables de violaciones de derechos humanos durante aquella etapa, a quienes incluso llegó a visitar en prisión para trasladarles su apoyo. No sorprende si se tiene en cuenta que Kast ha llegado a afirmar que el régimen militar fue un “mal necesario” para salvar a Chile “del comunismo”. En 2017, el ahora presidente chileno llegó a declarar que, de estar vivo, Augusto Pinochet le habría votado a él.

¿A la derecha de Bolsonaro?

En clave comparada, José Antonio Kast puede situarse claramente a la derecha de Jair Bolsonaro, especialmente en el ámbito económico e institucional. Mientras el bolsonarismo combina un discurso ultraconservador con un populismo económico errático y condicionado por la lógica del sistema político brasileño, Kast se inscribe en una tradición chilena mucho más ortodoxa y coherente de neoliberalismo duro, heredera directa de las reformas estructurales impulsadas por los Chicago Boys durante la dictadura.

En este mismo eje comparativo, Kast también puede ser comparado con el presidente argentino Javier Milei, con quien comparte una defensa radical del neoliberalismo y una impugnación frontal del Estado como actor redistributivo, pero de quien se diferencia tanto en el estilo como en la raíz ideológica. Milei construye su proyecto desde un anarcocapitalismo disruptivo, antipolítico y fuertemente personalista, que cuestiona incluso la propia existencia del Estado y se presenta como una ruptura con el orden institucional previo. Kast, en cambio, no pretende destruir el Estado, sino ponerlo al servicio de un orden social jerárquico, conservador y disciplinario, reforzando sus funciones coercitivas mientras reduce su papel social.

Kast sería, por tanto, un candidato populista y neoliberal como Milei, pero autoritario y ultraconservador como Bolsonaro. Una fórmula ciertamente peligrosa.

¿Qué podemos esperar de su presidencia?

El programa económico de Kast plantea un fuerte ajuste fiscal —cifrado en 6.000 millones de dólares en apenas 18 meses— con una notable ambigüedad respecto a los mecanismos concretos para alcanzarlo. Su estrategia se basa en la desregulación, la contención del gasto y la eliminación de determinadas cargas fiscales, como las contribuciones a la primera vivienda. Todo ello mientras afirma que no suprimirá prestaciones como la pensión garantizada universal, pese a haber defendido en el pasado la reducción de las pensiones.

En el eje de la seguridad, Kast ha puesto sobre la mesa el denominado “Plan Implacable”, orientado al endurecimiento penal, la expansión del aparato represivo del Estado y la construcción de prisiones de alta seguridad, así como a la creación de fuerzas especiales para intervenir en territorios controlados por el crimen organizado. Esta lógica se extiende a la política migratoria, donde recupera propuestas ya formuladas en campañas anteriores, como la financiación de vuelos para deportaciones masivas de personas en situación irregular. Se trata de un conjunto de medidas que refuerzan una concepción del orden público como eje central de la acción de gobierno, pero que abren interrogantes relevantes tanto sobre su coste real como sobre su compatibilidad con el marco jurídico vigente.

¿La buena noticia?

En Chile, los presidentes solo pueden ser reelegidos por dos mandatos no consecutivos. Entre 2006 y 2022, el país tuvo únicamente dos presidentes y cuatro mandatos: Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Por tanto, Gabriel Boric podría volver a postularse dentro de cuatro años, aunque a día de hoy resulte difícil prever cuál será entonces el panorama político.

Kast, de este modo, tiene fecha de caducidad, un hecho especialmente relevante dado el carácter marcadamente personalista de su movimiento. Además, habrá que observar cómo se materializa la incorporación de la derecha tradicional a su ejecutivo y cómo funciona esta convivencia política. Otros excandidatos poco sospechosos de progresismo, como Franco Parisi (Partido de la Gente, 19,71 % en primera vuelta) o Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, 13,94 % en la primera ronda), tendrán incentivos claros para contribuir al desgaste de la presidencia de Kast.

En conclusión, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda no puede interpretarse como un simple giro coyuntural hacia la derecha, sino como la normalización de un proyecto político que combina neoliberalismo radical, autoritarismo institucional y un legado pinochetista nunca plenamente superado. Su mandato pondrá a prueba tanto a las instituciones chilenas como la capacidad de las fuerzas políticas y sociales progresistas para articular una alternativa sólida. Kast tiene fecha de caducidad, pero las ideas que representa no desaparecerán por sí solas; el verdadero desafío para Chile será evitar que este retorno al pasado se consolide como horizonte de futuro.

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Octavio Alberola
 
Aunque la historia oficial fija el inicio de la Revolución Cubana con la entrada triunfal de los Barbudos en La Habana el 1 de enero de 1959, no es hasta el 16 de abril de 1961 que Fidel Castro declara el carácter socialista de esa Revolución. Pero la realidad de la vida cotidiana de los trabajadores cubanos ha desmentido desde entonces el pretendido objetivo emancipador de esa revolución. No solo por ser el socialismo castrista una simple expresión caribeña del socialismo soviético -en realidad capitalismo de Estado- sino también por ser una excusa dialéctica de Fidel Castro y la burocracia castrista para apoderarse y mantenerse en el Poder.

Más allá de los discursos y proclamas, la realidad es que esa Revolución no ha intentado cumplir en ningún momento la promesa de erradicar la explotación capitalista ni suprimir las diferencias de clase. Por eso en Cuba los turistas y los cubanos con dólares han podido disfrutar de todo, mientras la mayoría ha vivido en la escasez y algunos hasta en la miseria desde los primeros tiempos de la Revolución hasta ahora, como lo han podido comprobar todos los que han viajado a Cuba (1) a lo largo de estos 62 años de Revolución.