Ecologistas en Acción, Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón se pronuncian sobre la sentencia del TSJ de Madrid sobre uno de los procesos judiciales que afectan a Mina Muga.

El pasado 9 de julio de 2026 fue notificada la Sentencia 371/2026, de 18 de junio, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y declara conforme a derecho la concesión minera denominada Fronterizo, de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Trancisión Ecológica, en los términos municipales de Javier y Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón).

Ecologistas en Acción interpuso este recurso ante el TSJM en coordinación con la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, las otras organizaciones sociales y ecologistas con las que viene trabajando en contra de Mina Muga.

Durante esta semana han aparecido publicaciones de un comunicado de prensa de la empresa minera GEOALCALI donde dan a entender como definitivo dicho procedimiento judicial a favor de sus intereses, lo cual no se corresponde con la realidad.

El pasado 14 de julio, nuestros servicios jurídicos reclamaron al TSJ de Madrid un COMPLEMENTO DE LA SENTENCIA al amparo de lo dispuesto en Ley de Enjuiciamiento Civil por las siguientes omisiones detectadas en la Sentencia:

a) En nuestro escrito de demanda se formularon 17 motivos de nulidad, cada uno de ellos con fundamentación jurídica, fáctica y probatoria individualizada, con cita de normativa nacional, del Derecho de la Unión Europea y de jurisprudencia específica, y sin embargo, la Sentencia deja sin responder 15 de esos motivos.

b) La Sentencia, en su Fundamento de Derecho Quinto, dedica un único párrafo, sin identificación ni análisis individualizado de cada motivo, a resolver conjuntamente trece de esos motivos en los siguientes términos:

«En cuanto a las condiciones al proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente de la referida Resolución; normas de planificación; participación pública; igualdad; solvencia técnica y económica; protección de sendos paisaje y patrimonio cultural, contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, movilidad, rechazo social, existencia y solvencia del plan de restauración, y protección de la biodiversidad, desarrollo sostenible y economía local que le imputan, son de aplicación similares razonamientos a los ya expuestos, en base a la existencia de examen expreso de dichos criterios por la DIA y el riguroso y exhaustivo condicionado que obrante (Sentencia núm. 371/2026, FD Quinto).»

c) Que, además, otros dos motivos formulados sobre insuficiencia del estudio de necesidad y alternativas e insuficiencia en materia de efectos acumulativos de la demanda no son objeto de mención alguna, ni siquiera genérica o remisiva, en ninguno de los Fundamentos de Derecho de la Sentencia.

Desde Ecologistas en Acción, Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón queremos informar y dejar claro que la Sentencia del TSJ de Madrid no es firme y que está todavía en fase de poder ser modificada a falta de resolver el complemento solicitado. Finalmente, dicha sentencia podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Por todo esto, hasta que no avance dicho proceso judicial, no vamos a realizar valoraciones sobre la sentencia referida dado que hemos solicitado complemento de la misma.

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• Más de 200 personas han recorrido durante dos semanas más de 800 kilómetros en bicicleta entre León, Zamora, Ourense, El Bierzo y Asturies.
• La marcha ha conocido iniciativas locales y espacios naturales afectados por los grandes incendios forestales, denunciando el abandono del medio rural y el avance del modelo extractivista.
• Bajo el lema “¡Incendios nunca más!”, la Ecomarcha reivindica políticas de prevención, restauración ecológica y apoyo a quienes viven y cuidan los territorios.

Hoy ha concluido en Xixón la 16ª edición de la Ecomarcha, la ruta organizada por Ecologistas en Acción que combina el uso de la bicicleta con la reivindicación ecologista. Durante catorce días, más de 200 personas de todas las edades y procedencias han recorrido más de 800 kilómetros atravesando León, Zamora, Ourense, El Bierzo y Asturies.

A lo largo de la ruta, las participantes han conocido algunos de los territorios más castigados por los grandes incendios forestales de los últimos años y han compartido experiencias con colectivos vecinales, organizaciones sociales y personas que trabajan y viven en el medio rural. La marcha ha permitido acercarse a la realidad de comarcas que, pese a su enorme riqueza natural, sufren el abandono institucional, la despoblación y la presión de actividades extractivas que ponen en riesgo su futuro.

Como en todas sus ediciones, la Ecomarcha ha combinado el conocimiento del territorio con la acción reivindicativa. Bajo el lema “¡Incendios nunca más!”, Ecologistas en Acción ha denunciado que los grandes incendios no son únicamente una consecuencia de las condiciones climáticas, sino también del abandono de las políticas de prevención, de la falta de apoyo al mundo rural y de un modelo económico que encuentra oportunidades de negocio tras el fuego mediante proyectos mineros, madereros u otras actividades extractivas.

Durante estas dos semanas, la convivencia entre las 200 personas participantes ha vuelto a demostrar que otra forma de organizarse es posible, basada en la autogestión, los cuidados y el trabajo colectivo. Personas de diferentes edades y procedencias han compartido tareas, aprendizajes y experiencias mientras recorrían algunos de los paisajes más valiosos del noroeste peninsular.

Ecologistas en Acción reclama reforzar la prevención de incendios durante todo el año, impulsar una ganadería extensiva que contribuya al mantenimiento del territorio, garantizar empleos dignos para los dispositivos de prevención y extinción, restaurar los ecosistemas dañados y desarrollar políticas efectivas frente a la crisis climática.

La Ecomarcha 2026 concluye así con un mensaje de esperanza y compromiso colectivo. Frente a los incendios, Ecologistas en Acción apuesta por un medio rural vivo, una naturaleza bien conservada y una transición ecológica que sitúe en el centro a las personas que habitan y cuidan los territorios.

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La quema de montes está emitiendo grandes cantidades de estas sustancias tóxicas y otras como los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se miden.

Los numerosos incendios forestales vinculados a la segunda y tercera olas de calor del verano han disparado los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o Cataluña.

En las últimas semanas, en las estaciones de control de la contaminación situadas en torno a los incendios, en las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria, se están produciendo superaciones de los umbrales diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5 (50 ug/m3), por efecto de las emisiones de la combustión al aire libre de la biomasa forestal.

La peor situación se registra actualmente en las estaciones de control de la contaminación de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, entre Ávila, Madrid y Toledo, donde desde al menos el domingo se están alcanzando unas concentraciones medias diarias de hasta 100 ug/m3 de partículas PM10 y PM2,5. El viernes 24 de julio, el episodio de contaminación afectó a las estaciones de la Sierra Norte (Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra y El Atazar).

Además, y como ya sucediera el verano pasado en El Bierzo, León y Ourense, junto a las altas temperaturas las emisiones de los incendios han provocado en su entorno una docena de superaciones del umbral horario de información a la población por ozono, establecido por la normativa en 180 ug/m3, repartidas entre las estaciones madrileñas El Atazar y Guadalix de la Sierra, las castellano-manchegas Illescas, Los Yébenes y Toledo y la de la ciudad de Soria.

Destaca el caso del área metropolitana de Barcelona, donde el 8 de julio se llegó a superar durante dos horas el umbral horario de alerta por ozono, establecido por la normativa en 240 ug/m3, en la estación de Badalona, precedida de otras cuarenta superaciones del umbral de información en diversas estaciones, episodio influenciado por los incendios de Cataluña.

A los desastrosos efectos ecológicos y sociales de los incendios forestales se suma así el severo impacto sobre la salud de los cientos de miles de personas expuestas a la pésima calidad del aire que en estos días se respira en los territorios próximos. Además de partículas y ozono, la quema de montes está emitiendo grandes cantidades de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se están midiendo en la actualidad.

La superación de los umbrales de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar medidas excepcionales e inmediatas, además de advertir a la población de que se proteja evitando cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre, única información que en estos días están difundiendo la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, por canales a todas luces insuficientes. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos citados carecen de planes de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que debían haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace tres años y medio. Por su lado, aunque la Generalitat de Catalunya sí dispone de plan, no limitó las emisiones de las grandes industrias y centrales térmicas, depuradoras, gasolineras y trabajos en la vía pública, incumpliendo su propia normativa. De esta manera, estas administraciones están vulnerando el derecho a la salud.

Ecologistas en Acción se solidariza con las personas damnificadas por la ola de incendios forestales y exige a las autoridades que pongan en marcha medidas informativas y de restricción de las emisiones del tráfico y la industria, ante el nuevo episodio de contaminación que previsiblemente acompañará a la cuarta ola de calor del verano, que comienza hoy y que ayer por la tarde ya dejó las primeras superaciones del umbral de información a la población del ozono en Madrid, Sevilla y Valencia.

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• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo.
• Los incendios de estos días están alcanzando cifras nunca vistas, con más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año y más de 100.000 personas afectadas actualmente por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón.
• La nueva ola de calor anunciada para este miércoles puede incrementar de forma dramática los riesgos asociados a nuevos incendios.

Las organizaciones expresan su solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios forestales que están castigando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego. Recuerdan también el enorme impacto que estos fenómenos tienen sobre la economía local y sobre recursos naturales como el suelo, el agua o la biodiversidad, alterando el funcionamiento de los ecosistemas y provocando impactos en los modos de vida del medio rural

Según las entidades, aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico.

Las organizaciones destacan que la sociedad española demuestra una gran capacidad de solidaridad durante las catástrofes, pero advierten de que esa unidad no puede limitarse a los momentos de crisis y consideran necesario transformar esa respuesta colectiva en un compromiso político y social permanente que permita anticiparse a los riesgos, reducir sus impactos y proteger especialmente a las personas más vulnerables.

Subrayan además que la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud. En 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada, según el Ministerio de Sanidad, alcanzó las 27.564 personas fallecidas.

Las organizaciones ecologistas valoran positivamente la propuesta de Pacto de Estado, algo que vienen reclamando varias legislaturas. Al mismo tiempo, insisten en que estarán vigilantes para que el pacto se traduzca en compromisos concretos: objetivos verificables, calendarios de aplicación, financiación suficiente, coordinación entre administraciones, evaluación periódica de resultados y mecanismos estables de participación pública.

También celebran el anuncio de la creación de un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, destinado a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y aportar conocimiento independiente para la toma de decisiones. Consideran imprescindible que este órgano actúe con plena autonomía y permita desarrollar de forma efectiva el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en la Ley de Cambio Climático, garantizando una evaluación rigurosa y periódica de las políticas climáticas. Es necesario que este organismo se coordine con el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ya creado, y evitar la proliferación de nuevos organismos sin presupuesto.

Las organizaciones ecologistas recuerdan que la emergencia climática no puede abordarse de forma aislada, ya que está estrechamente vinculada con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y defienden que proteger y restaurar bosques, ríos, humedales, costas y suelos aumenta la capacidad del territorio para resistir olas de calor, inundaciones, sequías e incendios. Por ello, reclaman políticas integradas que impulsen la restauración ecológica, reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, reviertan el abandono rural y aceleren una transición energética justa y respetuosa con la naturaleza.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan a todas las instituciones y actores sociales a participar de forma constructiva en el diseño y puesta en marcha de planes contra el impacto del cambio climático que permitan limitar las condiciones para la propagación de grandes incendios forestales.

Las organizaciones ecologistas sostienen que España necesita un acuerdo global capaz de trascender gobiernos, legislaturas y diferencias políticas para ofrecer una respuesta estable a una crisis que afecta a todo el territorio. Cada décima de grado de calentamiento evitada, cada ecosistema restaurado y cada medida de prevención puesta en marcha contribuyen a proteger vidas, reducir riesgos y reforzar la seguridad colectiva.

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La reforma de la Ley del Suelo del borrador del real decreto ley, ahora pospuesto hasta septiembre, podría suponer un desastre ambiental y social.

El Gobierno de España ha anunciado esta mañana que pospone hasta septiembre el real decreto ley sobre vivienda. En sus últimas versiones, el texto pretendía incluir una modificación de la Ley del Suelo para blindar las iniciativas de urbanización y construcción que se prueben irregulares en sede judicial.

A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública.

Las tres organizaciones coinciden en denunciar que se aproveche la grave crisis de vivienda para presentar un real decreto ley que camufla reivindicaciones del lobby inmobiliario con medidas propuestas por las inquilinas como acabar con el fraude del alquiler de temporada y de habitaciones. “Esta desprotección permitirá más urbanizaciones enclavadas en zonas naturales, lo que resulta, como se está viendo ahora, extremadamente peligroso y perjudicial en los grandes incendios forestales”, afirman las organizaciones ecologistas, que también exigen “extender y reforzar más allá de 2026 las ayudas que faciliten a la ciudadanía participar de una transición energética justa, entre ellos, avanzar hacia una tarifa social energética, garantizar el acceso a suministros básicos e impulsar la rehabilitación de las viviendas”.

En consecuencia, reclaman al gobierno y a los grupos parlamentarios que retiren los aspectos más lesivos de la reforma de la Ley del Suelo del texto del real decreto ley. Bajo el redactado actual, la reforma va en la misma línea que el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER) que el Consejo de Gobierno de Ayuso acaba de aprobar en la Comunidad de Madrid.

Dos prioridades inquilinas para el decreto: Incluir tácitas y limitar subidas

Respecto al conjunto del decreto de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas señala dos prioridades más para la negociación del real decreto ley en las próximas semanas:

1. Mantener todos los supuestos para acogerse a las prórrogas del anterior real decreto aprobado en marzo e incluir las situaciones de tácita reconducción que afectan a decenas de miles de familias.
2. Limitación de subidas de la renta interanual de los alquileres al 0%.

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• Ecologistas en Acción muestra su solidaridad con todas las personas afectadas por los incendios, así como con los equipos de extinción.
• En lo que va de año se han quintuplicado las hectáreas quemadas en el mismo plazo del año anterior, 2025, que ya fue dramático. 
• La organización ecologista reitera que el negacionismo climático agudizará estos incendios catastróficos y sus consecuencias, poniendo en riesgo a la población y  destruyendo ecosistemas de alto valor ecológico. 

Ecologistas en Acción quiere mostrar su solidaridad con todas las personas que están sufriendo los incendios forestales que devoran nuestros montes estos días. Al mismo tiempo, la organización quiere agradecer a todas las personas que trabajan incansablemente por extinguirlos y proteger a personas, bienes y servicios.

Lamentablemente, las previsiones se están cumpliendo, y ya se están batiendo récords, otro verano más, de superficie quemada. Viviendas arrasadas, miles de personas desalojadas, carreteras cortadas y paisajes que tardarán años en recuperarse si es que lo llegan a hacer, además de los miles de animales calcinados.

La ciencia lleva décadas alertando: si no se reducen de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles, la crisis climática seguirá agravándose año a año, provocando olas de calor más intensas y prolongadas, que ya están generando  las condiciones para la propagación cada vez más agresiva de los incendios forestales.

A pesar de ello, la organización ecologista denuncia que las autoridades no están respondiendo con las medidas necesarias a la amenaza de los incendios de nueva generación: “En los casos de Ávila y Madrid, gobiernan responsables autonómicos que niegan abiertamente el cambio climático, que rechazan poner en marcha medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que permiten desarrollos urbanísticos dispersos, que no invierten lo suficiente en prevención ni tienen un operativo de extinción dimensionado a las actuales circunstancias”.

Ecologistas en Acción insiste en que es fundamental y urgente adoptar medidas para evitar las igniciones, realizando una labor de concienciación social permanente y regulando mucho mejor las actividades humanas en los entornos naturales, especialmente aquellas que más incendios forestales están provocando de forma accidental.

Los grandes incendios forestales son un fenómeno complejo en el que interactúan la crisis climática, las igniciones de origen humano y la transformación de los hábitats forestales por la actividad humana, por lo que las respuestas deben abordarse de forma integrada y con base científica. Estas medidas deben incluir la limitación del urbanismo disperso, la elaboración de planes de protección de las poblaciones y de planes de emergencia y formación para la ciudadanía.

Asimismo, es imprescindible garantizar una gestión forestal adaptada a las nuevas condiciones climáticas, planificada según las características de cada territorio y orientada a favorecer paisajes más resilientes al fuego, combinando la conservación de los bosques de mayor valor natural con restauración ecológica y actuaciones preventivas en las masas forestales más vulnerables.

Por todo ello, la organización ecologista exige compromiso real e inaplazable a todas las administraciones públicas: “El contexto actual exige tomarse muy en serio la prevención y extinción de incendios. Se deben evaluar los medios disponibles y garantizar efectivos suficientes para hacer frente a la simultaneidad de incendios, además de obligar a las comunidades autónomas a ofrecer condiciones dignas para el personal de extinción de incendios”.

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Máis de 100 persoas concentráronse contra a prórroga ilegal concedida pola Xunta a unha mina de volframio na Gudiña e antes os seus inminentes impactos transfronteirizos.

Ecoloxistas en Acción e o Movimento UIVO (Portugal) protagonizaron hoxe unha ocupación internacional da operación mineira ilegal San Juan, promovido pola empresa sueca Eurobattery Minerals, xusto despois dunha concentración na Gudiña que xuntou máis dun cento de persoas. Durante a ocupación despregouse unha enorme faixa de 40 metros de lonxitude esixindo a fin da impunidade mineira.

A mobilización foi protagonizada por integrantes de organizacións ecoloxistas e cidadanía de Galiza e Portugal para denunciar a tramitación dun proxecto que, ademais de afectar un territorio de elevado valor ambiental, pretende desenvolverse sen cumprir as obrigas legais en materia de avaliación ambiental transfronteiriza e de consulta ao Estado portugués.

A mina proxectada sitúase a apenas dous quilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima ao Parque Natural de Montesinho e ás cabeceiras do río Rabaçal, un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de auga potable de numerosas poboacións do concello de Vinhais. A pesar deste evidente carácter transfronteirizo, nin a autorización inicial nin a recente prórroga da concesión outorgada pola Xunta foron sometidas ao procedemento de avaliación de impactos transfronteirizos previsto na normativa europea e no Convenio de Espoo.

A ocupación simbólica prodúcese nun momento de especial relevancia xurídica para este proxecto. O Xulgado de Instrución nº 1 de Santiago abriu dilixencias para investigar a presunta comisión dun delito de prevaricación na concesión da prórroga de trinta anos da explotación mineira, tras a denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción contra o director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta e o administrador de Eurobattery Minerals. Segundo a organización ecoloxista, a autorización foi concedida malia existir resolucións xudiciais firmes que obrigaban a someter calquera prórroga a unha nova avaliación de impacto ambiental.

Ecoloxistas en Acción considera especialmente preocupante que a empresa estea promovendo o inicio dos traballos mentres persisten graves dúbidas sobre a legalidade da autorización mineira e sobre o cumprimento da normativa ambiental aplicable. A organización lembra que a protección dos ecosistemas e dos recursos hídricos compartidos entre Galiza e Portugal non pode quedar subordinada aos intereses dunha empresa privada.

A mobilización é impulsada igualmente polo Movimento UIVO, do outro lado da raia, que fixo entrega dunha carta ao alcalde da Gudiña para expresar a preocupación existente en Portugal polas posibles consecuencias ambientais do proxecto e reclamar o respecto dos compromisos internacionais entre ambos os Estados. O alcalde de A Gudiña recibiu unha delegación de representantes dos concellos portugueses afectados e das organizacións ecoloxistas.

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Ecologistas en Acción de Guadalajara lamenta profundamente la devastación que está provocando el incendio de La Mierla, que ya es el más grande registrado en Castilla-La Mancha y ha quemado al menos la cuarta parte del Parque Natural de la Sierra Norte. Agradece el esfuerzo que están haciendo los medios de lucha contra los incendios, pero exige que se adecúen a la nueva realidad marcada por el cambio climático y los incendios de sexta generación, dado que los hechos están demostrando que no son suficientes, a pesar de la colaboración de distintas administraciones para intentar controlarlo.

En especial, la asociación aprecia los esfuerzos que están llevando a cabo los medios, tanto terrestres como aéreos, para proteger a los habitantes de la Sierra Norte y los cascos urbanos, aún poniendo en riesgo sus propias vidas, y expresa su solidaridad con los afectados y espera que puedan volver a sus hogares cuanto antes. El daño ecológico que se está produciendo es, de momento, incalculable, y se hará una valoración una vez se conozca el alcance real de los daños.

Reclama también una investigación sobre las causas del incendio, que aclare si se respetaron las restricciones que imponía el altísimo riesgo de incendio del pasado jueves para llevar a cabo las labores agrícolas. En caso contrario, estudiará personarse como acusación particular contra los responsables.

Ecologistas en Acción demanda que se revisen los protocolos y las restricciones a las labores agrícolas en caso de alta probabilidad de incendios, para garantizar que se lleven cabo de una forma segura y de que se minimice el riesgo. De lo contrario cada vez serán más frecuentes escenarios como éste, con peligro para las vidas de los medios antiincendios y los propios habitantes de la Sierra Norte.
Los hechos demuestran que no basta con combatir únicamente los incendios cuando ya se han producido, sino que son necesarias políticas de prevención sostenidas y mantenidas a lo largo del año, así como medidas de lucha contra la despoblación del medio rural.

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El divendres 17 de juliol s’ha presentat a l’auditori de la Fundación Mutua Levante l’estudi «Aproximació a l’estat de conservació de l’arbrat urbà de la ciutat d’Alcoi i principals problemes detectats». L’acte ha consistit en una conferència de l’autor del treball, l’enginyer forestal David Mingot, expert en temes relacionats amb els arbres singulars i l’arbrat urbà.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha encarregat l’estudi a aquest especialista amb la finalitat de fer una visió crítica general de la gestió dels arbres de la ciutat per part de l’Ajuntament d’Alcoi.

El grup ecologista ha denunciat puntualment diverses agressions als arbres, com ara les podes abusives, inadequades i sovint absurdes, la insuficiència dels escocells, l’eliminació d’arbres madurs amb l’excusa d’obres de reforma, etc.

Tot i això, La Carrasca va considerar que el problema és tan ampli que no hi ha prou amb denunciar agressions inconnexes i que cal abordar-lo de manera global, analitzant de manera conjunta les actuacions problemàtiques que s’haurien d’erradicar i proposant solucions. La finalitat última hauria de ser incloure eixes conclusions un Pla Director de Gestió de l’Arbratge Urbà d’Alcoi (de fet, la realització d’eixe Pla va ser acordada pel ple de l’Ajuntament en març de 2024, sense que fins ara ens conste cap avanç en la seua elaboració).

Al llarg de la conferència, David Mingot ha exposat, amb el suport de la projecció d’una presentació amb nombroses fotografies, els grans beneficis que els arbres aporten a les ciutats,  per a passar a continuació a analitzar amb rigor tècnic els diferents problemes observats en els carrers estudiats, per a finalitzar exposant algunes reflexions i idees per a una millor gestió, tant dels arbres actualment existents com per a l’arbrat futur.

Un passeig per a conéixer des del carrer els problemes dels arbres de la ciutat evidencia la falta de planificació

Un dia després de la presentació de l’estudi, el dissabte 18 de juliol s’ha dut a terme un recorregut guiat per a conéixer des del carrer alguns dels problemes detectats en el treball. En l’activitat també s’ha comptat amb les aportacions del botànic alcoià Lluís Serra, doctor en biologia i gran coneixedor de la flora i vegetació, tant forestal com urbana.

L’activitat s’ha iniciat a les 9.30 h al Parterre, on l’especialista en arbres singulars i arbrat urbà ja ha pogut explicar moltes de les actuacions que comporten un perjuí per als arbres de la ciutat.

És el cas de la «plastificació» i impermeabilització de la major part de la superfície del jardí, que està provocant el decaïment de molts dels arbres del Parterre, amb el cas especialment preocupant dels grans cedres que són els més emblemàtics d’aquesta zona verda i que li donen bona part de la seua ombra. Tal com ha explicat Mingot, sovint les actuacions negatives que es fan en la proximitat dels arbres fan que aquests es debiliten, encara que això no es manifeste fins anys després, quan ja no hi ha remei. Per això, considera que és molt urgent prendre mesures per a revertir eixa situació: eliminar la gespa de plàstic artificial, substituir on es puga els paviments poc permeables i ampliar els escocells actuals, que són clarament insuficients.

Una qüestió que s’ha exposat al llarg del matí és la importància de ser conscients que els arbres no són només la part aèria, la visible, sinó també el sistema radicular, que ocupa una superfície molt superior a la de la copa. Les arrels són les que faciliten l’obtenció d’aigua i nutrients als arbres, a més de donar-los estabilitat, particularment necessària per evitar accidents en espais transitats com els carrers i places. Les actuacions que es facen a prop dels arbres no només han de garantir la protecció dels troncs, sinó també un perímetre considerable on cal evitar l’afecció directa a les arrels, la impermeabilització o la compactació del sòl; un exemple d’actuació incorrecta la vam podem observar en el jardí d’El Teix, on s’estan fent obres de rehabilitació sense establir les mínimes mesures de protecció dels arbres que haurien d’haver evitat els moviments de maquinària i el depòsit de materials a una distància prudent dels troncs.

David Mingot ha insistit que és fonamental una correcta elecció de les espècies que es planten, tenint en compte diversos factors com, entre d’altres, l’amplària de les voreres i la proximitat de les façanes (i en el cas que calga la substitució d’espècies, aquesta s’ha de fer de manera gradual). No té cap sentit plantar arbres que en créixer s’hauran de podar, en detriment de la seua salut, estètica i seguretat, a més del cost de manteniment que això representa. És també absurd malgastar diners públics actuant de la mateixa manera en tots els arbres d’un carrer, on sense cap justificació raonable també es poden i desfiguren arbres que no confronten amb façanes, com es pot comprovar als carrers Alçamora i Oliver, a l’avinguda de l’Alameda, etc.

Els arbres i arbustos en les ciutats comporten importants beneficis ambientals i socials, un dels quals és la disminució de la temperatura durant l’estiu, cada volta més important. No són simple mobiliari urbà, sinó éssers vius que tenen diferents necessitats en funció de cada espècie, les quals s’han de respectar si es vol que estiguen sans i tinguen una vida llarga.

Tal i com ja es va exposar en la conferència de presentació de l’estudi, molts dels problemes es poden evitar amb una bona planificació. Així es podria saber quins arbres són els més adequats en cada punt de la ciutat i no es plantarien espècies que no toquen, i que moren als pocs mesos de la plantació (com ha ocorregut amb alguns dels arbres que s’han plantat en escocells que havien quedat buits).

En aquest sentit, La Carrasca considera que l’elaboració d’un Pla Director de Gestió de l’Arbratge Urbà d’Alcoi no pot esperar més; redactar un bon Pla, tal com ha advertit Mingot, pot durar anys, per la qual cosa és inexcusable començar a tramitar-lo ja. Mentrestant, el grup ecologista demana que s’apliquen algunes mesures urgents com l’eliminació de la gespa de plàstic que està ofegant molts dels nostres arbres -i no només en el Parterre-, la inspecció dels escocells, la supressió de les podes que no siguen necessàries i un major control de les obres que puguen danyar els arbres, sense oblidar les arrels.

Resumint-ho molt: més planificar i, menys «plastificar».

 

Estudio original en castellà: Aproximación al estado de conservación del arbolado urbano de la ciudad de Alcoi y principales problemas detectados
Estudi (traducció al valencià): Aproximació a l’estat de conservació de l’arbrat urbà de la ciutat d’Alcoi i principals problemes detectats

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• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que el Gobierno de España actúe y deniegue la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz.
• El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe tomar una decisión sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz, que para las organizaciones ecologistas no puede ser otro más que mantener el calendario de cierre acordado en 2019 entre el Ejecutivo y las empresas titulares de las centrales.
• Ese calendario constituye uno de los pilares de la planificación energética española y sobre él se ha diseñado el despliegue de energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
• Alterarlo ahora supondría generar incertidumbre sobre una planificación que ha guiado las inversiones y la transición energética de los últimos años.

Las cinco principales organizaciones ecologistas recuerdan que el informe del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) solo valora la necesaria seguridad radiológica, y solo puede mandatar inversiones adicionales para garantizar esa seguridad. Sin embargo, es el Gobierno de España quién debe evaluar la viabilidad en la transición ecológica, los efectos económicos para la ciudadanía y la gestión de los residuos radiactivos. Unas hipótesis que fueron evaluadas en el primer borrador del PNIEC, que ya establecía que el calendario de cierre es coherente con el despliegue ordenado de las energías renovables y debe ser coherente con los objetivos de conservación de la biodiversidad, proporcionar estabilidad a la planificación de la transición energética, lo que implica unos efectos ambientales netamente superiores, sin incurrir en las desventajas significativas de la continuidad nuclear. Por tanto, la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética del gobierno, y el retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático. No solo porque causan emisiones de CO2 que son, al menos, el doble de las de la fotovoltaica y seis veces superiores a las de la eólica, sino porque bloquean inversiones importantes para que esta transformación a lo renovable sea posible.

Las organizaciones ecologistas vuelven a reclamar que se cumpla lo pactado, y que no se ceda a los intereses de las empresas propietarias de las centrales que, con la continuidad de Almaraz, pretenden alterar el calendario de cierre escalonado acordado en 2019. Dar continuidad a la central en 2030 retrasaría un problema que sería mucho mayor sí el cierre se produjese con los otros dos reactores cuyo cierre está previsto también ese año (Ascó 1 y Cofrentes), tanto en sus efectos sobre el sistema eléctrico como en los plazos de desmantelamiento. Es decir,  la continuidad de la energía nuclear tendrá un efecto importante sobre la rentabilidad de las energías renovables y sistemas de almacenamiento de electricidad y en consecuencia sobre los precios.

La prórroga de Almaraz hasta 2030 reducirá la disponibilidad de nueva generación renovable hasta en un 25 % respecto a lo planificado debido a la desconfianza de los inversores por el cambio de política energética. Como consecuencia, el uso de gas también aumentaría a partir del 2030 por el bajo despliegue de renovables derivado del retraso en el cierre de las centrales nucleares. El mayor uso del gas se traducirá en mayores emisiones que agravan el cambio climático, y en un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de los consumidores de 3.831 millones de euros  (entre 2026 y 2033) en comparación con el escenario de cierre de la centra nuclear Almaraz en 2028.

El gobierno ha evitado hasta ahora tomar una decisión, pero se comprometió a que una posible autorización  cumpliera tres condiciones. El informe favorable del Consejo se refiere solo a la primera, seguridad radiológica, por lo que resulta insuficiente. La segunda condición establece que sea conveniente para la seguridad del suministro eléctrico, pero esta condición no se cumple: sus constantes paradas desde 2024, debido a su falta de rentabilidad, no perturbaron el consumo eléctrico del país.  Además, fue la última tecnología en retomar la generación tras el apagón. Por lo tanto, no demuestran ser tan necesarias para garantizar la seguridad de suministro como pretenden hacer creer.

La última condición establecía que no fuera a costa del bolsillo del contribuyente. Esta condición también se incumple por un sobrecoste del recibo eléctrico estimado en cerca de 4.000 millones de euros, solo entre 2026 a 2033, a lo que se suma un posible encarecimiento de la gestión de los residuos nucleares. Además, el retraso en el cierre de las centrales supondría seguir dependiendo de un sistema eléctrico encadenado a los elevados e inestables precios del gas.

Las organizaciones ecologistas y sociales recuerdan que el informe favorable del CSN se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica. Corresponde ahora al Gobierno español valorar el conjunto de implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual prórroga y adoptar una decisión coherente con la planificación energética vigente, el interés general y los objetivos climáticos. Por ello, exigen que mantenga el calendario de cierre acordado y deniegue la solicitud de prórroga de los reactores de Almaraz.

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• Ecologistas en Acción taldearen txosten berriak itsasoa lehengoratzeko 57 proiektu aztertzen ditu, eta ohartarazten du leheneratze ekologikoa oraindik ez dela behar bezain finkatuta, itsas ekosistemek bizi duten krisi larria gorabehera.
• Emaitzek erakusten dute arrail kezkagarria dagoela espezie eta habitat jakin batzuk leheneratzeko gaitasunaren eta itsasoaren funtzio ekologikoak benetan berreskuratzearen artean, eta horrek agerian uzten du lehengoratzeko politika publikoak indartu beharra dagoela.
• Natura Lehengoratzeko Europako Erregelamendua aplikatzearen aurrean, Ecologistas en Acción taldeak asmo handiko plan nazional bat eskatzen du, finantzaketa egonkorra, epe luzerako jarraipen zientifikoa, ekosistemak degradatzen dituzten presioak ezabatzea eta kostaldeko komunitateen benetako parte-hartzean oinarritutako gobernantza bermatuko dituena.

 

 

Txostena: Mares Vivos. Claves para la restauración marina en el Estado español
Itsas lehengoratzeak aurrekaririk gabeko hazkundea izan du Espainiako estatuan azken hamarkadan. Gehiegizko arrantzak, habitaten suntsipenak, kutsadurak, itsasertzaren artifizializazioak edo klima-aldaketak eragindako itsas ekosistemen narriadura metatuaren aurrean, gero eta ekimen gehiagok bilatzen dute itsasoko biodibertsitatea eta funtzio ekologikoak berreskuratzea. ‘Mares Vivos. Claves para la restauración marina en el Estado español‘ txostenak, Ecologistas en Acción erakundeak egindakoa, hainbat lurraldetan garatutako 57 proiektu aztertzen ditu, lortutako aurrerapenak, arrakasta mugatzen jarraitzen duten oztopoak eta etorkizuneko jatetxe-arloko politika publikoek bideratu beharko lituzketen irakaspenak identifikatzeko.

Emaitzek argi eta itzalak dituen errealitatea erakusten dute. Alde batetik, itsas zaharberritzeak esperientzia marjinala izateari utzi dio. Azken urteotan, ugaritu egin dira itsas fanerogamoen larreak, koraligeno-ekosistemak, ostren bankuak, makroalgen basoak eta espezie mehatxatuak berreskuratzeko proiektuak, eta ezagutza tekniko eta zientifiko handia sortu da.

Hala ere, txostenak agerian uzten du oraindik ere arrakala handia dagoela organismoak leheneratzearen eta ekosistemak leheneratzearen artean. Aztertutako proiektu gehienek leheneratutako espezieen biziraupena edo erabilitako tekniken bideragarritasuna frogatzea lortu dute, baina zati txiki batek bakarrik egiaztatu ahal izan du esku hartutako ekosistemen berreskuratze ekologiko eraginkorra.

Ecologistas en Acción taldearen ustez, alde hori funtsezkoa da. Lehengoratzearen helburua ezin da mugatu fanerogamak landatzera, koralak transplantatzera edo mehatxatutako populazioak indartzera. Erronka ekosistema funtzionalak berreskuratzea da, biodibertsitatea hartzeko gai direnak, prozesu ekologikoei eusteko gai direnak eta nekez ekidin daitezkeen mehatxuen aurrean (bero-boladak, adibidez) erresilientzia handitzeko gai direnak.

Identifikatutako oztopo nagusien artean, proiektu gehienen iraupen laburra nabarmentzen da. Lehengoratzearen xede diren espezie eta habitat askok hamarkadak behar dituzte funtzionaltasun ekologikoa erabat berreskuratzeko, baina ekimen gehienak hiru eta bost urte bitarteko zikloetan garatzen dira. Muga hori areagotu egiten da aldi baterako deialdiekiko mendekotasun handia dagoelako, batez ere Europako funtsekin finantzatuak, eta horrek zaildu egiten du jarduketen jarraitutasuna eta emaitzen finkapena.

Egoera bereziki kezkagarria da natura kontserbatzeko eta lehengoratzeko Europako finantzaketa EBren etorkizuneko aurrekontuari buruzko negoziazioetan mehatxatuta dagoen une honetan, arriskuan jartzen baititu azken urteetan itsas lehengoratzea bultzatzea ahalbidetu duten tresna nagusietako batzuk, hala nola LIFE programa.

Txostenean adierazten da, halaber, jarraipen zientifikoak itsas zaharberritzearen arloan gainditu gabeko gai nagusietako bat izaten jarraitzen duela. Kasu gehienetan proiektuaren garapena garrantzi zientifiko handiarekin egiten bada ere, amaitutako proiektuen zati esanguratsu batek ez du informazio publikorik ondorengo bilakaerari buruz, eta horrek zaildu egiten du lortutako emaitzen benetako irismena ezagutzea eta ikaskuntza kolektiboa mugatzen du.

Gainera, aztertutako proiektuei buruz eskuragarri dagoen informazioa arrakasta-kasuetan zentratu ohi da, eta zailtasunak, mugak edo porrotak, berriz, ez dira behar bezala dokumentatu, nahiz eta etorkizuneko esku-hartzeak hobetzeko ezinbesteko ezagutza-iturri izan.

Txostenaren beste mezu nagusietako bat da lehengoratze aktiboa, berez, ez dela nahikoa. Transplanteek, mintegiek, populazio-indargarriek edo arrezife artifizialek zeregin garrantzitsua izan badezakete ere, haien eraginkortasuna murriztu egiten da degradazioa eragin zuten kausek jarraitzen dutenean. Itsas ekosistemak berreskuratzeko, giza presioak ezabatzen aurrera egin behar da aldi berean, hala nola arrantza-jarduera jakin batzuk, habitat sentikorretan ainguratzea, kutsadura edo hondakinen metaketa.

Ildo horretan, Ecologistas en Acción elkarteak azpimarratu du ondo kudeatutako itsas eremu babestuek – hau da, presioak ezabatzeko neurriak eta elkarlaneko gobernantza-esparruak barne hartzen dituzten kudeaketa-plan operatiboak dituztenek – baldintza bereziki onuragarriak eskain ditzaketela. Nolanahi ere, antolakuntzak ohartarazten du itsas lehengoratzea ez dela mugatu behar espazio horietara soilik.

Lucas Barrerok, txostenaren egilekideak, honako hau adierazi du: “Pilatutako esperientziak erakusten du, gainera, proiektu sendoenak gai direla tokiko eragileak lehen diseinu-faseetatik jarduketen exekuziora eta jarraipenera inplikatzeko. Komunitate zientifikoaren, administrazioen, arrantza-sektorearen eta gizarte-erakundeen arteko lankidetzak proiektuen kalitatea hobetzeaz gain, proiektuen jarraipena errazten du, eta emaitzei epe luzera eusteko behar den gizarte-babesa ematen du “.

Etorkizuneko Lehengoratze Plan Nazionalerako irakaspenak

Aztertutako proiektuetatik ateratako irakaspenen arabera, Ekologistak Martxan elkarteak uste du etorkizuneko Lehengoratze Plan Nazionala, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak Europako Batzordeari irailaren 1a baino lehen bidali behar diona, tresna egokia izan behar dela leheneratzeko ahaleginen jarraitutasuna bermatzeko finantzaketa-zikloetatik harago. Horretarako, ezinbestekoa izango da baliabide egonkorrak ziurtatzea, adierazle komunetan oinarritutako ebaluazio-sistemak garatzea eta jarduketen jarraipen zientifikoa indartzea, ekosistemen benetako berreskurapena ebaluatu ahal izateko moduko aldi luzeetan.

Gainera, erakunde ekologistak defendatzen du Planak modu irmoan jasotzea lehengoratze pasiboa, itsas inguruneari eragiten dioten presioak modu eraginkorrean murriztuz; itsas eremu babestuen kudeaketa indartzea; baliabideak itsas mugapeen artean modu orekatuan banatuko direla bermatzea; eta gobernantza-mekanismo garden eta parte-hartzaileak ezartzea, kostaldeko komunitateak erabakiak hartzen inplikatu ahal izateko.

Era berean, ezinbestekotzat jotzen du klima-aldaketara egokitzeak lehengoratze-jarduera guztiak zeharkatzea eta ikaskuntza kolektiboko kultura sustatzea, porrotak eta mugak ere dokumentatuta eta partekatuta egon daitezen.

LIFE ECOREST, itsas lehengoratzerako erreferentzia

Aztertutako proiektuen artean, LIFE ECOREST nabarmentzen da Mediterraneo mendebaldean orain arte garatutako esperientzia aurreratu eta inspiratzaileetako bat dela. Proiektua Kataluniako kostaldeen aurrean garatu da, eta koraligeno-komunitateak eta habitat bentoniko sakonak modu aktiboan lehengoratzea eta ekosistema horiei eragiten dieten presioak murrizteko jarduketak konbinatzen ditu. Gainera, arrantza-sektoreak zuzenean parte hartzen du arrantzarako lehentasunezko eta debekatutako eremuak identifikatzen eta ezartzen, ustekabean harrapatutako organismoak berreskuratzen eta emaitzen jarraipena egiten.

Arrantza-sektorearen inplikazio aktiboa esperientzia honen elementu nabarmenetako bat da. Ustekabean harrapatutako gorgoniak, koralak eta belakiak berreskuratzen lagundu duenez, itsas kontserbazioak eta arrantza-jarduerak ekosistemen egoera hobetzeko eta itsas baliabideen jasangarritasuna indartzeko gai diren aliantzak eraiki ditzakete.

Ecologistas en Acción taldeak nabarmendu du LIFE ECOREST erreferentzia baliotsua dela etorkizuneko Lehengoratze Plan Nazionalerako eta itsas ekosistemak benetan eta modu iraunkorrean berreskuratzeko bidean aurrera egiteko, lehengoratze aktibo eta pasiboaren, epe luzeko jarraipenaren eta elkarlaneko gobernantzaren konbinazioa dela eta.

Marta García Pallarések, txostenaren egilekideak, honako hau erantsi du: “LIFE ECOREST koralgentzia sakona lehengoratzeko hamarkada bat baino gehiagoko lan-ibilbidearen parte da, eta jarraitutasun horri esker, ezagutza zientifikoa metatu, metodologiak hobetu eta emaitzak ebaluatu ahal izan dira, itsas ekosistemak berreskuratzeko erritmoekin bat datozen denbora-eskaletan”.

Duela gutxi, Ecologistas en Acción elkarteak zientzialariek eta arrantza-sektoreak elkarrekin egindako lan hori dokumentatu du, proiektuarekin batera egindako argazki-erreportaje baten bidez.

LIFE Ecorest argazki-erreportaje maketatua eta argazki-karpeta.

 

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La organización incorpora nuevas objeciones sobre el principio de proximidad, los efectos acumulativos, las emisiones de metano, la gestión del digestato, el cambio climático y los riesgos para los recursos hídricos.

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un amplio escrito de alegaciones solicitando a la Junta de Andalucía la denegación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de macroplanta de biogás y biometano promovido por AGR Biogas, S.A. en el término municipal de Benacazón, junto al entorno de Doñana.

La organización considera que el expediente presenta importantes deficiencias técnicas, ambientales y jurídicas que impiden acreditar la viabilidad ambiental de una instalación diseñada para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, equivalentes a unas 560 toneladas diarias.

Entre las principales alegaciones figura el incumplimiento del principio de proximidad, recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto no identifica el origen real de los residuos ni acredita que exista disponibilidad suficiente de materia prima en el entorno de la planta, lo que hace prever un intenso transporte de residuos desde otros territorios, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, el tráfico pesado y los impactos asociados.

La organización también cuestiona la ausencia de un análisis riguroso de los efectos acumulativos que tendría esta instalación junto a otras plantas de biogás proyectadas en la provincia, así como la falta de un estudio completo sobre las emisiones de olores, las emisiones fugitivas de metano y el balance climático global del proyecto.

Las alegaciones advierten igualmente de los riesgos derivados de la gestión del digestato, principal residuo generado por estas instalaciones. Ecologistas en Acción señala que el expediente no acredita disponer de superficie agrícola suficiente para absorber las más de 310.000 toneladas anuales de digestato previstas, ni incorpora un balance agronómico que garantice que su aplicación no provocará contaminación por nitratos o afecciones a acuíferos y cauces públicos.

Otro de los aspectos destacados hace referencia a la vulnerabilidad del entorno. La parcela limita con el arroyo Pino Enano, se asienta sobre el acuífero Majaberraque y se encuentra próxima a la Cañada del Pozo, en una zona donde la protección de los recursos hídricos adquiere una especial relevancia. Además, el entorno alberga numerosas especies protegidas y la planta se sitúa dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, a escasa distancia de la Reserva de la Biosfera de Doñana y del Corredor Verde del Guadiamar.

Las alegaciones incorporan además nuevas consideraciones relativas al riesgo de accidentes industriales, la ausencia de garantías financieras para asegurar el desmantelamiento de la instalación y la restauración ambiental, la ocupación permanente de suelo agrario fértil y la insuficiente evaluación de la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

Para Ecologistas en Acción, el modelo de macroplantas de biogás basado en la concentración de grandes cantidades de residuos resulta incompatible con una verdadera economía circular y favorece la expansión de la ganadería industrial intensiva.

José Luis Bueno, portavoz de ADTA Ecologistas en Acción, ha señalado que “la transición energética no puede utilizarse para justificar proyectos sobredimensionados que trasladan los impactos ambientales al territorio y a las poblaciones cercanas. Si una planta necesita traer residuos desde largas distancias para ser viable, deja de responder al modelo de proximidad que exige la legislación ambiental”.

Bueno ha añadido que “el expediente tampoco demuestra que pueda gestionarse de forma segura el enorme volumen de digestato que se producirá, ni evalúa adecuadamente los riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad o la calidad de vida de la población. No basta con producir biometano; también hay que demostrar que todo el proceso es ambientalmente sostenible”.

Ecologistas en Acción recuerda que estas alegaciones se suman a las presentadas por los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar y al creciente rechazo vecinal que está despertando el proyecto en distintos municipios del Aljarafe, donde continúa ampliándose la movilización ciudadana en defensa del territorio y del entorno de Doñana.

Por todo ello, la organización solicita a la Junta de Andalucía que deniegue la autorización ambiental del proyecto al considerar que no ha quedado acreditada su compatibilidad con la protección de los recursos naturales, la salud ambiental y los principios que inspiran la normativa europea y estatal sobre economía circular.

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• El nuevo informe de Ecologistas en Acción analiza 57 proyectos de restauración marina y advierte de que la restauración ecológica sigue siendo una política insuficientemente consolidada, pese a la grave crisis que atraviesan los ecosistemas marinos.
• Los resultados muestran que existe una brecha preocupante entre la capacidad de restaurar especies y hábitats concretos y la recuperación efectiva de las funciones ecológicas del mar, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas de restauración.
• Ante la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, Ecologistas en Acción reclama un plan nacional ambicioso que garantice financiación estable, seguimiento científico a largo plazo, eliminación de las presiones que degradan los ecosistemas y una gobernanza basada en la participación real de las comunidades costeras.

 

 

La restauración marina ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el Estado español durante la última década. Frente al deterioro acumulado de los ecosistemas marinos provocado por la sobrepesca, la destrucción de hábitats, la contaminación, la artificialización del litoral o el cambio climático, cada vez son más las iniciativas que buscan recuperar la biodiversidad y las funciones ecológicas del mar. El informe Mares Vivos. Claves para la restauración marina en el Estado español, elaborado por Ecologistas en Acción, analiza 57 proyectos desarrollados en distintos territorios para identificar los avances logrados, los obstáculos que siguen limitando su éxito y las lecciones que deberían orientar las futuras políticas públicas de restauración.

Los resultados muestran una realidad con luces y sombras. Por un lado, la restauración marina ha dejado de ser una experiencia marginal. Durante los últimos años se han multiplicado los proyectos dirigidos a recuperar praderas de fanerógamas marinas, ecosistemas coralígenos, bancos de ostras, bosques de macroalgas y especies amenazadas, generando un importante conocimiento técnico y científico.

Sin embargo, el informe también pone de manifiesto que todavía existe una brecha importante entre restaurar organismos y restaurar ecosistemas. La mayoría de los proyectos analizados han conseguido demostrar la supervivencia de las especies restauradas o la viabilidad de las técnicas empleadas, pero solo una pequeña parte ha podido acreditar una recuperación ecológica efectiva de los ecosistemas intervenidos.

Para Ecologistas en Acción, esta diferencia es fundamental. El objetivo de la restauración no puede limitarse a plantar fanerógamas, trasplantar corales o reforzar poblaciones amenazadas. El reto es recuperar ecosistemas funcionales, capaces de albergar biodiversidad, sostener procesos ecológicos y aumentar su resiliencia frente a amenazas que son difícilmente evitables como las olas de calor.

Entre los principales obstáculos identificados destaca la corta duración de la mayoría de los proyectos. Muchas de las especies y hábitats objeto de restauración necesitan décadas para recuperar plenamente su funcionalidad ecológica, pero la mayor parte de las iniciativas se desarrollan en ciclos de apenas tres a cinco años. Esta limitación se ve agravada por una fuerte dependencia de convocatorias temporales, principalmente financiadas con fondos europeos, que dificultan la continuidad de las actuaciones y la consolidación de los resultados.

La situación resulta especialmente preocupante en un momento en el que la financiación europea destinada específicamente a la conservación y restauración de la naturaleza se encuentra amenazada en las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la UE, poniendo en riesgo algunos de los principales instrumentos que han permitido impulsar la restauración marina durante los últimos años, como el programa LIFE.

El informe señala también que el seguimiento científico continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la restauración marina. A pesar de que en la gran mayoría de los casos el desarrollo del proyecto se lleva a cabo con un importante peso científico, una parte significativa de los proyectos finalizados carece de información pública sobre su evolución posterior, lo que dificulta conocer el alcance real de los resultados obtenidos y limita el aprendizaje colectivo.

Además, la información disponible de los proyectos analizados suele centrarse en los casos de éxito, mientras que las dificultades, limitaciones o fracasos permanecen poco documentados pese a que constituyen una fuente de conocimiento imprescindible para mejorar futuras intervenciones.

Otro de los mensajes centrales del informe es que la restauración activa, por sí sola, no basta. Aunque trasplantes, viveros, refuerzos poblacionales o arrecifes artificiales pueden desempeñar un papel importante, su eficacia disminuye cuando continúan actuando las causas que provocaron la degradación. La recuperación de los ecosistemas marinos exige avanzar simultáneamente en la eliminación de presiones humanas, como determinadas prácticas pesqueras, el fondeo sobre hábitats sensibles, la contaminación o la acumulación de residuos.

En este sentido, Ecologistas en Acción hace hincapié en que las áreas marinas protegidas bien gestionadas —es decir, con planes de gestión operativos que incorporan medidas de eliminación de las presiones y marcos de gobernanza colaborativos— pueden ofrecer condiciones especialmente favorables. En cualquier caso, la organización advierte de que la restauración marina no debe limitarse únicamente a estos espacios.

Lucas Barrero, coautor del informe, ha declarado: “La experiencia acumulada demuestra además que los proyectos más sólidos son aquellos capaces de implicar a los actores locales desde las primeras fases de diseño hasta la ejecución y el seguimiento de las actuaciones. La colaboración entre comunidad científica, administraciones, sector pesquero y organizaciones sociales, no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que favorece su continuidad y genera el apoyo social necesario para mantener los resultados a largo plazo”.

Lecciones para el futuro Plan Nacional de Restauración

A la luz de las lecciones extraídas de los proyectos analizados, Ecologistas en Acción considera que el futuro Plan Nacional de Restauración, que debe enviar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre, debe convertirse en una herramienta capaz de garantizar la continuidad de los esfuerzos restauradores más allá de los ciclos de financiación. Para ello, será imprescindible asegurar recursos estables, desarrollar sistemas de evaluación basados en indicadores comunes y reforzar el seguimiento científico de las actuaciones durante periodos suficientemente largos como para poder evaluar la recuperación real de los ecosistemas.

Además, la organización ecologista defiende que el Plan incorpore de forma decidida la restauración pasiva mediante la reducción efectiva de las presiones que afectan al medio marino; fortalezca la gestión de los espacios marinos protegidos; garantice una distribución equilibrada de recursos entre las distintas demarcaciones marinas; y establezca mecanismos de gobernanza transparentes y participativos que permitan implicar a las comunidades costeras en la toma de decisiones.

Asimismo, considera imprescindible que la adaptación al cambio climático atraviese todas las actuaciones de restauración y que se promueva una cultura de aprendizaje colectivo donde los fracasos y las limitaciones sean también documentados y compartidos.

LIFE ECOREST, una referencia para la restauración marina

Entre los proyectos analizados, el LIFE ECOREST destaca como una de las experiencias más avanzadas e inspiradoras desarrolladas hasta la fecha en el Mediterráneo occidental. El proyecto, desarrollado frente a las costas catalanas, combina la restauración activa de comunidades coralígenas y hábitats bentónicos profundos con actuaciones destinadas a reducir las presiones que afectan a estos ecosistemas, incorporando además la participación directa del sector pesquero en la identificación y establecimiento de áreas prioritarias y vedados de pesca, la recuperación de organismos capturados accidentalmente y el seguimiento de los resultados.

La implicación activa del sector pesquero es uno de los elementos más destacados de esta experiencia. Su colaboración en la recuperación de gorgonias, corales y esponjas capturados accidentalmente demuestra que la conservación marina y la actividad pesquera pueden construir alianzas capaces de mejorar el estado de los ecosistemas y reforzar la sostenibilidad de los recursos marinos.

Ecologistas en Acción destaca que, por su combinación de restauración activa y pasiva, seguimiento a largo plazo y gobernanza colaborativa, LIFE ECOREST constituye una referencia valiosa para el futuro Plan Nacional de Restauración y para avanzar hacia una recuperación real y duradera de los ecosistemas marinos.

Marta García Pallarés, coautora del informe, ha añadido: “LIFE ECOREST forma parte de una trayectoria de más de una década de trabajo en la restauración del coralígeno profundo, una continuidad que ha permitido acumular conocimiento científico, perfeccionar metodologías y evaluar los resultados en escalas temporales acordes con los ritmos de recuperación de los ecosistemas marinos”.

Recientemente, Ecologistas en Acción ha documentado este trabajo conjunto entre personal científico y sector pesquero mediante un reportaje fotográfico realizado junto al proyecto.

 

Reportaje fotográfico LIFE Ecorest maquetado y carpeta de fotos.

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Los ecosistemas marinos del Estado español afrontan una situación de creciente degradación como consecuencia de la sobreexplotación de recursos, la destrucción de hábitats, la contaminación y los efectos del cambio climático, entre otros factores. Ante este escenario, el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza supone una oportunidad sin precedentes para impulsar la recuperación ecológica del medio marino y restablecer las funciones ecológicas que sostienen la biodiversidad y el bienestar de las comunidades costeras. Este informe analiza experiencias de restauración marina desarrolladas en el Estado español con el objetivo de identificar aprendizajes, prioridades y herramientas útiles para la elaboración e implementación del futuro Plan Nacional de Restauración.

La revisión de 57 proyectos de restauración muestra un aumento significativo de las iniciativas durante la última década y una creciente diversidad de hábitats, especies y metodologías de intervención. Sin embargo también evidencia que la restauración marina se encuentra todavía en una fase incipiente: la mayoría de los proyectos han demostrado la viabilidad de las técnicas empleadas, pero siguen siendo pocos los casos que acreditan una recuperación ecológica efectiva de los ecosistemas. Asimismo, el análisis identifica importantes carencias en aspectos como el seguimiento a largo plazo, la estabilidad y diversidad financiera o la persistencia de enfoques basados mayoritariamente en la restauración activa. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que la implicación de actores locales, especialmente del sector pesquero, constituye un factor clave para el éxito de las actuaciones de restauración.

Los resultados de este informe evidencian que la restauración marina no será efectiva si no se actúa sobre las causas de la degradación de los ecosistemas. La aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza representa una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero requerirá de la capacidad para consolidar modelos de restauración sostenidos en el tiempo, con financiación estable, seguimiento continuado y actuaciones integradas que aborden simultáneamente la restauración activa y la reducción de las presiones humanas, todo ello acompañado de indicadores estandarizados que permitan evaluar la eficacia real de las intervenciones. Solo así será posible recuperar la biodiversidad, reforzar la capacidad de los ecosistemas para afrontar la crisis climática y frenar el deterioro de unos mares cada vez más amenazados.

 

Introducción

Los mares están perdiendo vida. Décadas de sobreexplotación de recursos, contaminación y basuras marinas, destrucción de hábitats y cambio climático han provocado una degradación creciente de los ecosistemas marinos. A ello se suman otras presiones como el tráfico marítimo, el ruido submarino, las capturas incidentales de especies protegidas, los vertidos de infraestructuras costeras sobrecargadas por la masificación turística, los fondeos sobre hábitats sensibles, la artificialización del litoral o los impactos derivados de nuevas actividades en el medio marino. El resultado es un deterioro generalizado de los ecosistemas, la pérdida progresiva de biodiversidad y de la capacidad de los océanos para sostener funciones ecológicas esenciales.

Esto no constituye únicamente un problema ambiental. El océano y sus ecosistemas proporcionan alimentos, regulan el clima, almacenan carbono y sostienen actividades económicas y culturales fundamentales para numerosas comunidades costeras. En el Estado español millones de personas dependen directa o indirectamente de la buena salud del mar, especialmente la pesca costera, estrechamente vinculada al estado de conservación de los ecosistemas litorales.

Sin embargo, el deterioro de nuestros mares no es inevitable. Durante los últimos años se han multiplicado las iniciativas que demuestran que es posible compatibilizar la actividad humana con la recuperación de los ecosistemas marinos. Experiencias impulsadas desde el ámbito científico, el sector pesquero, las administraciones públicas y las organizaciones sociales han mostrado que la reducción de presiones y la mejora de la gestión pueden favorecer una recuperación significativa de especies y hábitats. En el Estado español existen ejemplos que apuntan en esa dirección: iniciativas de cogestión pesquera, procesos impulsados por el propio sector pesquero para mejorar la sostenibilidad y viabilidad de su actividad, reservas marinas que han demostrado su eficacia para recuperar poblaciones de especies y hábitats o avances en la ampliación de la superficie marina protegida.

En este sentido, el Estado español ha asumido el compromiso de proteger al menos el 30 % de sus aguas marinas para 2030, incluyendo un 10 % de las mismas bajo figuras de protección estricta. Esto significa que esas zonas designadas deberán permanecer intactas, libres de actividades y presiones humanas que puedan afectar a la biodiversidad con el fin de favorecer su recuperación y/o conservación. No obstante, persisten importantes desafíos. Buena parte de la protección existente carece todavía de una gestión eficaz, de recursos suficientes para su seguimiento y de vigilancia o medidas capaces de garantizar la recuperación de los ecosistemas más degradados. Del mismo modo, el estado actual de la protección estricta en el Estado español continúa muy lejos de los objetivos numéricos asumidos por el Gobierno.

Los avances en conservación han sido fundamentales para frenar parte de la pérdida de biodiversidad marina, pero la magnitud de la degradación acumulada obliga a plantear un reto adicional. Allí donde los ecosistemas han perdido especies, funcionalidad ecológica o capacidad de recuperación, proteger ya no es suficiente: resulta necesario impulsar su recuperación. Es en este contexto donde cobra especial relevancia la restauración ecológica, definida como el proceso de ayudar a la recuperación de ecosistemas degradados, dañados o destruidos (SER, 2019). Lejos de pretender reconstruir una imagen estática del pasado, la restauración busca recuperar las funciones ecológicas, la biodiversidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas para que puedan responder a los cambios ambientales presentes y futuros.

Esta recuperación puede abordarse mediante actuaciones de restauración activa que implican intervenciones directas sobre hábitats o especies, o mediante estrategias de restauración pasiva basadas en la eliminación de las presiones que impiden la regeneración natural de los ecosistemas. En el medio marino, donde los costes de intervención son más elevados y numerosos hábitats muestran una notable capacidad de recuperación una vez cesan las perturbaciones, esta última aproximación, la restauración pasiva, adquiere una relevancia especial. En muchos casos, reducir o eliminar los factores de degradación constituye una de las herramientas más eficaces para favorecer la recuperación de los ecosistemas a gran escala y, al mismo tiempo, la alternativa que suele requerir una menor inversión económica.

La restauración marina se enfrenta además a desafíos específicos. Persisten importantes lagunas de conocimiento sobre el estado de conservación de numerosos hábitats y especies, así como carencias significativas en la cartografía de amplias zonas del medio marino. Estas limitaciones dificultan la identificación de prioridades, el diseño de actuaciones y la evaluación de su eficacia, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar la investigación, el seguimiento y la generación de conocimiento aplicado a la restauración.

En este contexto, el Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la Restauración de la Naturaleza (en adelante, el Reglamento), en vigor desde agosto de 2024, supone un punto de inflexión para las políticas ambientales europeas. Por primera vez, la Unión Europea (UE) establece objetivos jurídicamente vinculantes para restaurar ecosistemas degradados, incluidos los marinos (ver Cuadro 1) y obliga a los Estados miembros a elaborar Planes Nacionales de Restauración que definan las medidas necesarias para alcanzarlos.

El Reglamento no surge de manera aislada. Se apoya en décadas de desarrollo de políticas de conservación de la naturaleza, desde las Directivas Hábitats y Aves, la Directiva Marco del Agua y hasta la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, las Estrategias Marinas, los Planes de Ordenación Espacial Marina (POEM), la creación de espacios marinos protegidos o los compromisos adquiridos en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Sin embargo, incorpora una novedad fundamental: junto a la protección de los ecosistemas mejor conservados, introduce la obligación de recuperar aquellos que ya han sido degradados. La restauración ecológica pasa así a ocupar un lugar central en las políticas públicas, complementando las medidas de conservación mediante la incorporación de objetivos de restauración cuantificados, calendarios de actuación y el principio de no deterioro, evitando que los ecosistemas restaurados o los que ya se encuentran en buen estado vuelvan a degradarse.

Para el Estado español, uno de los países con mayor superficie marina de la UE y una extraordinaria diversidad de ecosistemas costeros y marinos, este nuevo escenario representa una oportunidad histórica, pero también un importante desafío. La aplicación efectiva del Reglamento exigirá mejorar el conocimiento disponible, identificar prioridades de actuación, fortalecer la participación social y desarrollar herramientas técnicas y de gobernanza capaces de trasladar los objetivos normativos a actuaciones concretas sobre el territorio.

Con este informe, Ecologistas en Acción pretende contribuir a ese proceso. Esta publicación nace con el objetivo de reunir y sistematizar el conocimiento disponible sobre restauración marina en el Estado español, analizar las experiencias desarrolladas hasta la fecha e identificar las principales oportunidades y desafíos para su desarrollo futuro. A partir de este análisis, se proponen criterios para priorizar ecosistemas marinos a restaurar, incorporando tanto la dimensión ecológica como la social, y la participación de los actores vinculados al medio marino. Todo ello con una vocación claramente práctica: aportar conocimiento útil para la aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y contribuir a la elaboración e implementación del futuro Plan Nacional de Restauración en el ámbito marino.

La restauración ecológica representa una oportunidad para avanzar hacia mares biodiversos, resilientes y capaces de sostener el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Aprovechar esta oportunidad requerirá combinar conocimiento científico, participación social, voluntad política y una actuación decidida sobre las causas que han provocado la degradación del medio marino. Este informe pretende contribuir humildemente a ese esfuerzo colectivo.

 

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• La apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por seguir invirtiendo en toldos para combatir las altas temperaturas vuelve a evidenciar una política urbana cortoplacista que no responde a las necesidades reales de la ciudad.

Venimos asistiendo a la instalación de toldos llamados “bioclimáticos” en diferentes plazas o zonas abiertas de la ciudad de Cádiz, como es la Plaza de la Estrella en Santa María del Mar o la zona infantil del Parque de la Avenida de la Sanidad, cuya finalidad es la de protegerse del sol y reducir la temperatura en dichos espacios. Los toldos pueden ofrecer una sombra puntual durante unos meses, pero no reducen la temperatura ambiente, no mejoran la calidad del aire, no capturan CO , no favorecen la biodiversidad ni contribuyen a hacer de Cádiz una ciudad más resiliente frente al cambio climático. Frente a ello, el arbolado urbano sí constituye una inversión permanente que aporta beneficios ambientales, sociales y económicos durante décadas.

Para AGADEN-Ecologistas en Acción resulta difícil entender que se destinen recursos públicos a la instalación y sustitución periódica de toldos cuando esos fondos podrían orientarse a un plan ambicioso de renaturalización de calles y plazas, incrementando el número de árboles allí donde sea técnica y patrimonialmente viable.

La ciudadanía necesita espacios públicos más frescos, saludables y habitables durante todo el año, no únicamente durante la temporada en la que permanecen instaladas unas lonas cuya eficacia cuestiona la organización.

La Unión Europea lleva años impulsando la renaturalización de las ciudades como una de las principales herramientas para hacer frente al cambio climático. Estrategias como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza promueven el incremento de la infraestructura verde, el arbolado urbano y la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades.

Los árboles proporcionan sombra natural, reducen el efecto “isla de calor”, mejoran la calidad del aire, amortiguan el ruido, aumentan el atractivo urbano y revalorizan los espacios públicos.Son una infraestructura verde con beneficios permanentes, frente a soluciones temporales que requieren mantenimiento y sustituciones periódicas.

Si existen limitaciones técnicas o patrimoniales en determinadas plazas o calles, el Ayuntamiento debería explicarlas con transparencia y estudiar alternativas como la plantación en otras zonas, la ampliación de alcorques, jardines urbanos o soluciones de infraestructura verde adaptadas a cada espacio.

Cádiz merece una estrategia climática de futuro basada en la naturaleza y no en medidas provisionales que, a juicio de numerosos vecinos y organizaciones, no resuelven de forma eficaz el problema del calor.

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• 200 participantes de esta ruta en bicicleta organizada por Ecologistas en Acción viajarán como comunidad itinerante del 18 de julio al 2 de agosto para reivindicar unos territorios vivos y resilientes.
• El pelotón saldrá de León, recorrerá más de 700 kilómetros y finalizará en Xixón; catorce etapas en las que entrarán en contacto con los grupos locales de la organización ecologista así como con otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio.
• En esta edición, la marcha ciclista pone el foco en las causas estructurales de los Grandes Incendios Forestales y exige que los presupuestos se vuelquen en la prevención invernal y la ordenación del territorio.

El sábado 18 de julio arranca en León una nueva edición de la Ecomarcha, la ya tradicional ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción, confederación que agrupa a más de 200 colectivos ecologistas de todo el Estado español. Hasta el próximo 2 de agosto, un pelotón de personas de todas las edades y territorios recorrerá las carreteras de León, Zamora, Ourense y Asturies bajo el lema “¡Incendios nunca más!”.

Esta comunidad itinerante sobre dos ruedas completará un trazado que cruza comarcas duramente golpeadas por el fuego durante el último año, como La Bañeza, Sanabria, el macizo central ourensano, Valdeorras, El Bierzo, la Laciana y los valles asturianos. Municipios como Molezuelas de la Carballeda, A Mezquita, Oimbra, Chandrexa de Queixa o Larouco, cuyos nombres quedaron grabados por la crudeza de las llamas, serán paradas fundamentales del recorrido. El objetivo de la marcha no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social que escuche, acompañe y abrace a los pueblos que sufren el abandono y las consecuencias de la crisis ecológica.

Los incendios se apagan en invierno: un problema social y ambiental

La organización urge a investigar las causas profundas y los intereses que se esconden tras las llamas, vinculados a la crisis ecológica (que alarga las olas de calor extremo), el vaciado del medio rural y una inadecuada ordenación del territorio.

“Los grandes incendios forestales son inasumibles para cualquier sistema de extinción si no se actúa antes”, declaran desde la organización. “Exigimos que los esfuerzos económicos se vuelquen en la prevención invernal y en asegurar la estabilidad laboral, con condiciones dignas durante todo el año, de las brigadas forestales y bomberos. No se puede proteger la tierra con contratos precarios de tres meses en verano”.

Bosques autóctonos frente a polvorines de monocultivo

La Ecomarcha 2026 incidirá de manera especial en el modelo forestal. Ecologistas en Acción defiende la recuperación de ecosistemas diversos y discontinuos frente a las plantaciones masivas de especies que arden con mucha facilidad, como el pino o el eucalipto, que actúan como auténticos polvorines. Los bosques autóctonos maduros, por el contrario, retienen mejor la humedad, frenan la erosión y resisten con mucha más fuerza el avance del fuego.

Asimismo, la confederación advierte de que la prioridad absoluta tras un incendio no debe ser la saca comercial de madera rápida ni las plantaciones inmediatas, que suelen derivar en costosos fracasos. Lo urgente es estudiar los efectos sobre el terreno para proteger los suelos de la erosión de las lluvias de otoño; evitar que la ceniza llegue a los ríos y priorizar la regeneración natural de la zona mediante medidas urgentes como el acotamiento estricto al ganado; así como prohibir la actividad cinegética o la especulación minera y energética en terrenos quemados.

Alianzas con el mundo rural vivo

Frente a la lógica del abandono, la Ecomarcha reivindica la soberanía alimentaria y el apoyo directo al paisaje y a las personas del sector primario que cuidan el entorno. Entre las propuestas sostenibles, la ruta ciclista de Ecologistas en Acción defiende una ganadería extensiva debidamente planificada y adaptada a la capacidad de carga del territorio, que sea plenamente compatible con los ciclos naturales y la conservación de los espacios protegidos.

A lo largo de las dos semanas que dura esta actividad, el pelotón irá conociendo a los grupos locales de la organización ecologista, así como a otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio. Conocerán de primera mano sus luchas y les apoyarán en sus reivindicaciones.

“Pedaleamos porque la bicicleta es nuestra herramienta de transformación comunitaria y pacífica”, concluyen desde la organización, invitando al vecindario de las localidades de la ruta a acercarse a charlar en los puntos de encuentro. “Esta lucha no es exclusiva de las personas ecologistas; es de cualquiera que ame su tierra, que quiera defender su cultura rural y que desee asegurar un futuro digno y verde para las próximas generaciones”.

Ecologistas en Acción ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de sumarse a alguna etapa para la realización de reportajes o entrevistas.

Cuaderno de bitácora y ruta detallada de la Ecomarcha 2026

Galería multimedia

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• Tras la DANA de 2024 comenzaron los dragados y rellenos masivos de materiales en los puertos de Sagunt y València, visibles incluso desde satélite, sin tener ningún tipo de evaluación ambiental, pese a afectar a zonas y especies protegidas.
• Los colectivos de la Comissió Ciutat-Port advirtieron a todas las autoridades competentes de estos impactos. Ahora, frente a la inacción administrativa, Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, lleva ante los tribunales las infracciones.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso que empezó en junio de 2025, momento en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, el movimiento ecologista denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas. Los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada MSC. La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

La DIA de 2007 de este megaproyecto seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt.

Diecinueve años después, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA:

1. Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto.
2. El proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde.
3. El proyecto constructivo afirma que en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras.
4. La pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el amparado por dicha DIA/2007, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el “Proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos cuatro años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia la interpuso en junio del año pasado la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la DANA de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras.

Posteriormente, Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al propio MITECO y a Puertos del Estado, con el objeto de que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que se estaban cometiendo. Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial que se ha presentado ahora solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia (de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la finalidad preventivade la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras, y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud.

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• El Estado español será evaluado en la COP 17 de Biodiversidad, donde presenta su 7º Informe Nacional de Biodiversidad sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales.
• Tras los fracasos de 2010 y 2020, cuando no se logró detener la pérdida de biodiversidad por falta de voluntad política, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa del Marco Mundial de Biodiversidad.
• La organización ecologista publica un informe donde analiza el documento y evalúa el estado de aplicación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como herramienta para la traslación del Marco Mundial de Biodiversidad a las políticas estatales.
• La organización ecologista reconoce avances, pero señala graves deficiencias que comprometen el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030 cuando se está a mitad de plazo para el vencimiento del plan.

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.

El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.

Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.

La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.

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