• El Anteproyecto de Ley, bautizada risiblemente como LIDER, pretende una mayor desprotección de los espacios rurales y naturales, limitar la participación ciudadana, desamparar el patrimonio histórico-cultural, plantear un crecimiento que saturaría más aún la ya desbordada capacidad de carga del territorio de nuestra región y dar carta blanca al gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar macro proyectos en cualquier lugar de nuestra comunidad.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha planteado un detallado escrito de alegaciones contra ese Anteproyecto y llama a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a manifestar activamente nuestra oposición al mismo y a la dinámica trumpista en la que está embarcado el gobierno regional.

Tras 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y 30 de la ley de ordenación territorial, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día esta legislación que había venido parcheándose a lo largo de este tiempo, refundiéndola en un único texto legal.

Una oportunidad sin duda histórica para elaborar una normativa a la altura de los enormes desafíos que enfrenta nuestra región en esta materia: desde la crisis habitacional a la proliferación de usos y actividades incompatibles en los suelos rurales y espacios naturales, pasando por la sobreexplotación del suelo urbano mediante operaciones especulativas y la mercantilización del espacio público. Todo ello en un marco de creciente desigualdad social y de crisis climática, que se manifiestan de forma dramática en nuestras ciudades y territorios.

La respuesta del gobierno regional es un anteproyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, que ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública durante el breve periodo de un mes, que incluía las vacaciones de semana santa. Un exiguo plazo para que la ciudadanía pueda estudiar y opinar sobre un anteproyecto de 323 artículos y 24 disposiciones, de una complejidad técnica y jurídica considerable y con gravísimas implicaciones sociales y medioambientales, por lo que tanto Ecologistas en Acción como otras entidades sociales hemos reclamado, sin respuesta, la ampliación de ese plazo.

Pero, más allá de la nula voluntad de las autoridades autonómicas por contrastar socialmente el proyecto, ¿responde este a los retos y necesidades de nuestra región? Desde Ecologistas en Acción creemos que no responde en absoluto, y por ello hemos presentado un documento de alegaciones, del que extraemos los elementos principales en esta nota.

En primer lugar, debe destacarse que tanto la motivación explícita de la ley como el sentido de sus disposiciones apuntan a un mismo objetivo, que es desregular la actuación urbanizadora y facilitar la intervención de los agentes inmobiliarios y la materialización de sus intereses, todo ello bajo el mantra reiterativo de agilizar, flexibilizar y simplificar la tramitación de los planes urbanísticos. Lo que resulta plenamente coherente con los antecedentes legislativos regionales más recientes en la materia, en concreto la llamada ley Ómnibus 2024 (Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de ‘medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio’) y la creación de la Aceleradora Urbanística (decreto 92/2025, de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid), que también fueron contestados por muchas entidades ciudadanas, entre otras nuestra asociación.

Este objetivo ultraliberal y privatizador del urbanismo se pone al servicio, en el anteproyecto, de una visión de crecimiento urbano ilimitado y acelerado de nuestra región, basada en hipótesis fantasiosas sobre su aumento de población y en la ignorancia de los impactos medioambientales, la situación de sus recursos vitales y la capacidad de carga de sus infraestructuras y servicios. En definitiva, al margen de cualquier modelo territorial racional y sostenible.

Para ello, el anteproyecto oficializa la renuncia (hasta ahora de facto) del gobierno regional a ejercer sus deberes de ordenación integral del territorio, a cambio de habilitar la intervención discrecional, pública y privada, sobre cualquiera de sus partes o ámbitos mediante distintos instrumentos que pueden imponerse sin más sobre el planeamiento de los municipios e incluso sobre suelos protegidos por sus valores naturales o agropecuarios. Detrás de esta batería legal pueden adivinarse fácilmente macroproyectos recreativos, logísticos, energéticos, centros de datos… es decir, anunciadas agresiones al territorio que se complementa con la permisividad casi total de usos ‘excepcionales’ en el suelo rural.

Por otra parte, en materia urbanística el anteproyecto más que agilizar y simplificar lo que introduce es una notable confusión e incertidumbre con una voladura del actual sistema jerárquico y racional a cambio de un nuevo modelo que confía a la iniciativa privada el diseño de nuestras ciudades y pueblos.

Todo ello encuentra un reflejo lógico en la merma de las medidas para la preservación del patrimonio y la cultura que tradicionalmente se ha vehiculizado por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, cuya relevancia y obligatoriedad el anteproyecto reduce significativamente.

La propuesta depredadora y antidemocrática del anteproyecto se completa, por una parte, con disposiciones que rozan la inconstitucionalidad como es la pretensión de cercenar las declaraciones judiciales de nulidad de los planes, así como permitiendo su tramitación en ausencia de informes sectoriales preceptivos. Por otra parte, con el recorte de la participación ciudadana en la tramitación de esos instrumentos urbanísticos. Y, cerrando un círculo perverso, el anteproyecto aprovecha para reducir los controles ambientales y de seguridad de las actividades recreativas y espectáculos públicos.

¿Dónde han quedado los retos sociales y ambientales de nuestra región mencionados al inicio de la nota? El anteproyecto ni sabe ni contesta; de hecho, es un texto que valdría para cualquier territorio del planeta pues de lo único que trata es de la extracción de rentas del suelo; y el lenguaje del negocio es universal, como lo son los desastres sociales y territoriales que acarrea.

En definitiva, hemos alegado contra esta descarada pretensión del gobierno regional de asaltar el territorio -o más bien, de seguir asaltándolo, pero con pleno respaldo legal- para convertirlo en un enorme solar a merced del capital financiero e inmobiliario. Ahora la palabra para conseguir frenarlo la tienen la asamblea regional y el pueblo madrileño.

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• Los colectivos ciclistas y ecologistas lamentan que tanto las medidas estatales como autonómicas prioricen combustibles y electrificación sin apostar decididamente por la movilidad activa, la opción más eficiente, resiliente y accesible.
• Los planes de movilidad al trabajo siguen fuera de la agenda del lehendakari, a pesar de estar regulados por ley y exigibles desde el año 2022.
• La bicicleta es nuevamente olvidada en las medidas propuestas por ambos ejecutivos.  

Las asociaciones de personas usuarias de la bicicleta en Euskadi, Gasteizko Bizikleteroak-Ciclistas urbanos de Vitoria-Gasteiz, Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea  y Biziz Bizi, junto con el Grupo Ecologista Sagarrak y Ekologistak Martxan, denuncian que la bicicleta y la movilidad activa han vuelto a quedar relegadas tanto en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y a la disrupción del tráfico energético derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz, como en las medidas del “escudo industrial” promovido a nivel de Euskadi.

Una vez más, la movilidad activa aparece como la gran olvidada dentro de las medidas de descarbonización y transición energética, frente a un modelo centrado casi exclusivamente en la electrificación del automóvil y en el inyectar dinero a las grandes corporaciones.

También parece que olvidamos que desplazarse en bicicleta o andando son activos de salud que ayudan a la prevención de enfermedades y la mejora de la salud pública en nuestros municipios, además de reducir la contaminación asociada a los automóviles,  de la que no están exentos los eléctricos.

Subvencionar combustibles para no cambiar, inyectar dinero para seguir con lo mismo

Las medidas aprobadas por ambos ejecutivos suponen un importante esfuerzo presupuestario destinado a sostener el modelo actual de movilidad dependiente de combustibles fósiles o de vehículos privados electrificados, pero no incluyen un programa específico de impulso a la bicicleta o a la movilidad activa.

La transición energética no puede limitarse a electrificar el parque móvil, sino que debe reducir la necesidad misma de energía en los desplazamientos. Y en este sentido, la bicicleta, el transporte colectivo y otros modos de movilidad activa constituyen la opción más eficiente desde el punto de vista energético, ambiental y económico.

Mientras que el decreto a nivel estatal adelanta en doce meses el plazo para que empresas y entidades públicas elaboren planes de movilidad sostenible al trabajo, que deberán incluir medidas para fomentar la movilidad activa, el transporte colectivo o el teletrabajo, en Euskadi estos planes son exigibles desde el año 2022 a centros de trabajo donde trabajan más de 100 personas en cada turno los cuales tienen obligación de tener “un plan de transporte al centro de trabajo que incluya medidas para posibilitar el uso de transportes públicos o de vehículos alternativos de titularidad privada” (art. 32 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca y Decreto 254/2020). Hasta la fecha, los colectivos no han conseguido encontrar ningún centro de trabajo que cumpla con estos requisitos.

La actual crisis energética demuestra que la resiliencia de un país no depende únicamente de su capacidad de generar energía, sino también de su capacidad para reducir su consumo energético en movilidad. Como acaba de subrayar estos días el comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, es necesario prestar “especial atención al sector del transporte” y pide “ahorrar combustible”.

La movilidad activa no es solo una cuestión ambiental o de salud pública, sino también una herramienta estratégica frente a crisis energéticas, climáticas y económicas. La bicicleta representa precisamente uno de los modos de transporte más resilientes ante interrupciones energéticas, ya que no depende de combustibles fósiles ni de complejas infraestructuras energéticas.

La urgencia de los planes de transporte a los centros de trabajo

Desde los colectivos insisten en la urgencia de cumplir con la legislación vigente en Euskadi. Tras repetidas peticiones al Gobierno Vasco ven con asombro como la obligatoriedad desde 2022 de los planes de transporte a los centros de trabajo no solo brilla por su ausencia, sino que por parte del ejecutivo no existe ninguna intención ni de fomentarlo ni de controlarlo. El pasado 13 de marzo han vuelto a requerir a  la Dirección de descarbonización del Departamento industria, transición energética y sostenibilidad del Gobierno Vasco que “establezca un plan de inspección para monitorizar el cumplimiento de la normativa  referida a los Planes de Movilidad al Trabajo tanto de la administración pública como de las empresas privadas”, en definitiva, que haga cumplir la ley. Hasta la fecha aún no han recibido respuesta.

Desde los colectivos instan al Gobierno Vasco a exigir a las empresas que presenten y apliquen planes de movilidad al trabajo efectivos y que sean condición indispensable para poder acceder a las ayudas propuestas.

También animan a los sindicatos a exigir los planes de movilidad al trabajo en sus negociaciones con las empresas ya que son medidas que tendrán un impacto directo en las economías de las familias trabajadoras.

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• Con las previsiones meteorológicas, la recurrencia de incendios y el personal disponible, hace días que se debía haber declarado el peligro medio en las comarcas del norte de Extremadura.
• El incendio está afectando a zonas de gran valor ambiental del norte de Extremadura.
• Piden que se depuren responsabilidades y dimisiones o ceses por la incompetencia manifiesta.
• Se trata del primer GIF (incendios mayores de 500 hectáreas) de toda España del año 2026.

En pasados días se declaraba un incendio forestal que avanza sin control en Losar de la Vera que afecta ya a una superficie cercana a las 1000 hectáreas, simultáneamente en estos día ha habido incendios en otras localidades del norte de Extremadura como Hoyos, Tornavacas, Cilleros, Pinofranqueado… Con las previsiones meteorológicas, la recurrencia de incendios y el personal disponible, hace días que se debía haber declarado el peligro medio en las comarcas del norte de Extremadura para haber suspendido quemas y tener a todo el personal disponible del Infoex en esas comarcas en situación de guardia de extinción de incendios.

Estos incendios se han abordado sin apenas personal de guardia en labores de extinción de incendios, tanto de bomberos, técnicos o agentes del medio natural. La falta de personal ha que dado patente en los primeros días del incendio y en muchos momentos donde apenas había personal disponible para el relevo. Sin embargo, la inacción y dejadez técnico-política ha hecho que la situación se haya agravado hasta la situación actual en plena Semana Santa.

Pero, además, mientras que en el incendio de Sierra Espuña (Murcia), con menos de 500 hectáreas quemadas y con riesgo de afectar al parque natural se decidió pedir ayuda a la UME además del resto de medios previsibles. Aquí solo se ha acudido a comunidades limítrofes y a los medios del ministerio. Cuando los valores ambientales son de gran interés y no es previsible su control con los medios propios del Infoex, manteniendo el nivel 0 de emergencia.

A este despropósito se suma la falta de creación de las brigadas de investigación de incendios forestales entre los Agentes del Medio Natural y la contratación de una empresa externa para los trabajos de investigación cuyos informes no están validados por agentes de la autoridad. Siendo un despropósito y una falta de respeto a este colectivo que lleva años reivindicando mejoras para poder ejercer sus competencias.

El incendio está afectando a zonas de gran valor ambiental del norte de Extremadura, la ZEC de Gredos y Valle del Jerte perteneciente a la Red Natura 2000. Queriendo infravalorarse los valores ambientales que están ardiendo en un intento de justificación de la situación actual. Los tejos de escobarejos, sabinares rastreros, enebrales, espinares, piornales… zonas de cabra montés, el lobo ibérico, desmán ibérico, águila real, el lagarto verdinegro, multitud de pequeñas aves, insectos… este espacio acoge las mejores manifestaciones supraforestales de Extremadura, desde los matorrales almohadillados a los prados psicroxerófilos y canchales cacuminales, pasando por cervunales y gleras de toda Extremadura. El gradiente altitudinal, de cerca de 2.000 m de desnivel dentro de este espacio, desde el piso mesomediterráneo al crioromediterráneo, le confiere una elevada diversidad biológica y de hábitats, que incluyen relictos eurosiberianos, relictos subtropicales, elementos mediterráneos y un grado de endemicidad sin igual dentro de Extremadura, destacando los 15 endemismos de flora exclusivos de Gredos.

Este tipo de incendios intencionados se encuadran en la actual situación política de desprecio medioambiental, de pérdida del patrimonio ambiental extremeño, de retroceso y negacionismo de la protección ambiental y natural que se viene fomentando en Extremadura en los últimos años. Se trata del primer GIF (incendios mayores de 500 hectáreas) de toda España del año. Por todo esto Ecologistas en Acción de Extremadura cree que es necesario depurar responsabilidades políticas y técnicas. Del peor verano de incendios en Extremadura hemos pasado al peor incendio en temporada baja en la comunidad con la peor gestión que se viene viendo en años. Esto no lo tapa otra medalla de Extremadura, si va a ser la tónica para la próxima campaña de peligro alto.

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• Les emissions d’òxids de sofre provinents dels ferris a Barcelona equivalen a gairebé el doble de les emissions de tot el parc automobilístic de la ciutat, segons el nou informe de l’ONG europea Transport&Environment.
• Tot i que l’electrificació dels ferris és essencial i possible per reduir les emissions en el sector, Ecologistes en Acció Catalunya i Stop Creuers Catalunya assenyalen que cal posar l’atenció a l’increment del sector creuerístic, el més contaminant dels mitjans de transport.

L’informe publicat per T&E assenyala que la contaminació causada pels ferris és més alta que la dels cotxes en moltes ciutats portuàries europees, entre elles Barcelona. Concretament, a la Ciutat Comtal les emissions d’òxids de sofre dupliquen aquelles generades per tots els cotxes de la ciutat. A més a més, l’informe confirma que Barcelona és el port europeu de ferris amb més emissions de diòxid de carboni d’entre els ports estudiats.

Tanmateix, l’anàlisi publicada per T&E assenyala que, a Espanya, el 78% dels 91 ferris avaluats ja podrien ser elèctrics avui tecnològicament i amb l’operativa actual (entre híbrids i totalment elèctrics), i que tots ells serien més barats d’operar que els que funcionen amb combustibles fòssils al 2035, sense comptar possibles externalitats que puguin encarir els costos d’implantació i mantenint els costos actuals de l’electricitat. En el cas concret del Port de Barcelona, l’electrificació de ferries requeriria una demanda de potència elèctrica a port d’uns 29 MW, i suposaria un consum energètic anual d’uns 104 GWh, l’equivalent al consum elèctric anual d’unes 35.000 llars a Catalunya aproximadament, segons el consum mitjà estimat per l’Institut Català d’Energia.

Des d’Ecologistes en Acció donen suport a la descarbonització dels ferris mitjançant l’electrificació, una transició que consideren necessària per mitigar els efectes de l’escalfament global i per garantir un servei de mobilitat essencial per connectar territoris. Tanmateix, Ecologistes i Stop Creuers Catalunya qüestionen la sostenibilitat d’aplicar aquesta estratègia a vaixells de grans dimensions i trajectes llargs, com ara els portacontenidors o els creuers, tant per l’elevada demanda elèctrica que podria suposar per a la ciutat de Barcelona com pels dubtes sobre la viabilitat tecnològica, ambiental i social de les grans bateries que requeririen. Així doncs, demanen que les administracions impulsin un debat rigorós i profund sobre quina mobilitat és realment necessària, amb elevat retorn social i mínim impacte ambiental.

En aquest context, “l’electrificació dels ferris pot reduir emissions en un servei de transport essencial, però no pot servir per justificar l’expansió d’un model de turisme altament contaminant com el dels creuers”, assenyala Júlia Corbera, responsable de transport marítim d’Ecologistes en Acció. Per això, per tal d’assegurar la descarbonització efectiva dels mitjans de transport, les entitats reclamen una reducció de la hipermobilitat, i un decreixement del sector turístic i, especialment, del creuerístic, el mitjà de transport més contaminant per quilòmetre recorregut segons l’ICCT, en un context en què les institucions continuen promovent-ne el creixement (Diari de Girona, 2026) i s’ha aturat el procediment per establir-hi nous impostos (El Periòdico, 2026).

Així, l’electrificació dels ferris pot reduir emissions dins el marc de serveis que són necessaris per la mobilitat de la ciutadania, dins un context de bonança energètica i geopolítica, on la seva mida més petita i rutes fixes permeten introduir de forma competitiva tecnologies de propulsió amb bateries elèctriques. En canvi, en el cas dels creuers, la seva electrificació parcial no resoldria el fet que és una indústria que respon a un model de turisme altament emissor i depenent de combustibles fòssils, que genera enormes impactes climàtics i socials i que, per tant, hauria de decréixer i acabant desapareixent dels nostres ports.

Enllaços:

• Informe complet ‘A Toda màquina‘ (T&E).
• Article de resum de l’informe.
• Briefing —cas Espanya—.

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Ekologistak Martxan-ek salatu duenez, euskal administrazioarekin komunikazio ugari izan arren, euskal administrazioak Europako Ingurumen Agentziarekin bat ez datorren airearen kalitatearen indizea erabiltzen jarraitzen du bere txostenetan.

Erakunde ekologistak salatu duenez, Eusko Jaurlaritza eta IHOBE oker daude berriro, eta Euskadi 2025 Ingurumen Koiunturaren Txostenean airearen kalitatearen indize bat argitaratu dute, AEMAren (Europako Ingurumen Agentzia) indizearekin bat ez datorrena. Azken horrek erreferentzia gisa balio die. Ekologistek hilabeteak daramatzate ‘Europako indize faltsu’ baten erabilera salatzen eta erakunde eta enpresa publiko zein pribatu guztiei Airearen Kalitatearen Indizeari buruzko edukiak berrikusteko eskatzen, Europako Ingurumen Agentziari egindako aipamenean.

Txosten horretan adierazten denez, “Euskadiko airearen kalitateak hobera egiten jarraitzen du: egunen % 94k maila onak edo oso onak izan zituzten”. Erakunde ekologistaren ustez, “ez da posible, aurkezpen-oharrean adierazten denez, mailak onak edo oso onak izatea, ‘oso ona’ kategoria ez baita existitzen 2024an, eta Europako indizean ere ez baitago, ezarri zenetik”.

Aurkeztutako txostena Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021 Legearen 13. artikuluak zehazten du. Artikulu horren arabera, “Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ingurumenaren egoerari buruzko koiuntura-txosten bat egin eta argitaratuko du urtero, eta lau urtean behin txosten oso bat”.

Ekologistek salatu dutenez, txostenak adierazleak erabiltzen ditu, airearen kalitateari dagokionez behintzat, “Europako Ingurumen Agentziak zehaztutako bektoreekin” bat ez datozenak, baina ez dakite “Euskadiko testuinguru sozioekonomikora” egokitzeak hori ahalbidetzen duen, Euskal Autonomia Erkidegoan 2019an egindako Europako Indizearen esparru berezi eta birformulazio-esparruan.

Gogorarazi dutenez, gainera, 2025eko uztailaz geroztik, Europako Ingurumen Agentziak eguneratu zuen Europako indizea, eta, orain, Munduko Osasun Erakundearen airearen kalitateari buruz 2021ean argitaratutako gidalerroak hartu dituzte kontuan.

Adibide gisa, eta oso modu adierazgarrian, azpimarratu behar da Europako indizean aintzat hartzen diren kutsatzaileetako bat, hala nola nitrogeno dioxidoa (NO2) atmosferan agentziako kategoriarik onenean eta 10 µg./m³ arte egotea, “ontzat” joko litzatekeela, eta EAEn erabilitakoan, berriz, “oso ontzat” joko litzatekeela.

Ingurumen Koiuntura Euskadi 2025

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• El pelotón de más de cien personas, que inició la marcha el pasado 28 de marzo en la ciudad de Cáceres, ya ha recorrido más de 150 kilómetros.
• La ruta de Ecologistas en Acción continúa su marcha hacia ​Plasencia, durante sus paradas se reivindicó el derecho a un tren digno y a una soberanía energética plena.

La ruta ciclista de Ecologistas en Acción​ de Extremadura afront​ó su tercera etapa marcada por la reivindicación del uso de la bicicleta como transporte limpio y la denuncia de los proyectos extractivos que empobrecen la región. Se consolida así como el evento deportivo más crítico de la región extremeña.

El ​pasado domingo 29 de marzo dio comienzo el recorrido​.​ En esa primera etapa, el pelotón ecologista atravesó el monumento natural de Los Barruecos para después parar en la antigua estación de tren del municipio de Arroyos de la Luz, donde se llevó a cabo una protesta sobre la falta de inversión ​pública en el transporte ferroviario extremeño.

El lunes 30 de marzo las cerca de 100 personas en bicicleta recorrieron 40 kilómetros en una etapa que comenzó en Brozas y terminó en Zarza la Mayor. La etapa, marcada por un fuerte viento, no detuvo el espíritu crítico. En una de sus paradas de reagrupamiento se aprovechó para concienciar sobre la problemática actual que sufre la región extremeña con el extractivismo depredador, a través de numerosos proyectos fotovoltaicos y mineros.

En el día de hoy, el grupo va a recorrer unos 50 kilómetros en una etapa que va desde Zarza la Mayor hasta Coria, con una parada de reagrupamiento en Ceclavín para visitar una planta fotovoltaica y seguir profundizando en esta problemática.

Los próximos días, se espera que el pelotón recorra Coria, Carcaboso, el Embalse Gabriel y Galán, Aldeanueva del Camino hasta llegar a Plasencia​, donde culminará esta marcha. En todas las jornadas, esta ruta ​está pensada para pedalear en grupo, cuidando a las personas y el entorno, seguirá reivindicando una Extremadura rural viva, basada en la soberanía energética y alimentaria.

Con motivo de las reivindicaciones de la Ecomarcha, Ecologistas en Acción viene denunciando ante el Tribunal General de la UE la declaración de proyectos estratégicos de los principales proyectos mineros en la región: La Parrilla, Aguablanca y Las Navas.

La federación extremeña también lleva denunciando la intensificación de los proyectos fotovoltaicos que se están proyectando en el territorio. Proyectos como: FV Tagus I, II,III y IV, FV Majada Alta, FV San Antonio, FV Alconchel 2020 y 2001 y FV Cedillo-Herrera entre otras, son algunos ejemplos en los que la federación ha ido sumando alegaciones. Estos proyectos industriales han ido colonizando el territorio, eliminando la posibilidad de ejercer la soberanía energética, empobreciendo a sus habitantes y degradando el medio natural.

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• El proyecto, promovido por la empresa AGR Biogás, ha desencadenado una creciente movilización vecinal en el sureste de la Comunidad de Madrid, con una oposición social cada vez más amplia y el rechazo institucional del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.
• Bajo la denominación Stop Biogás de Belmonte de Tajo, se ha creado una plataforma para canalizar la oposición vecinal al proyecto que consideran supondría una agresión a la calidad de vida de los vecindarios y al entorno natural de la zona.

La planta proyectada prevé el tratamiento de hasta 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos del tipo purines de las granjas porcinas, gallinaza proveniente de granjas avícolas, lactosuero, residuos de mataderos SANDACH C2 y C3, lodos de depuradora, etc. Se prevé su ubicación en el paraje denominado El Mojón, entre el municipio de Belmonte de Tajo y Villarejo de Salvanés. Dicho proyecto ha generado una gran inquietud entre los vecindarios de dichas localidades, por lo que consideran supondría un enorme impacto ambiental en un entorno agrícola y natural de especial sensibilidad.

Según la documentación técnica disponible, la planta ocuparía una superficie aproximada de 100.000 metros cuadrados e incluiría digestores anaerobios, balsas de almacenamiento de gran capacidad —superiores a 90.000 m³—, zonas de tratamiento y sistemas para la producción de biometano destinado a su inyección en red. El funcionamiento de la instalación implicaría, además, un flujo continuo de transporte de residuos mediante tráfico pesado por carretera.

La iniciativa ha suscitado una amplia oposición vecinal por sus posibles afecciones ambientales y a la calidad de vida de los pueblos cercanos, a lo que se suma el posicionamiento público del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo, que ha manifestado su firme rechazo al proyecto y su compromiso con la defensa de los intereses de la población.

La constitución de una plataforma ciudadana y la celebración de una asamblea informativa el pasado 21 de marzo, evidencian el grado de movilización existente, con un llamamiento a la ciudadanía a informarse y participar activamente en el proceso de alegaciones administrativas. Dicha reunión informativa contó con una notable asistencia de vecinos y vecinas de la zona, en la que se expusieron los detalles del proyecto y se abordaron sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas.

Entre las principales inquietudes expresadas se encuentran el potencial impacto por emisiones de olores y gases con riesgo para la salud de la población próxima, el aumento significativo del tráfico de vehículos pesados para traer dicha materia orgánica de otras localidades, posibles riesgos para los acuíferos y la calidad del suelo, afección paisajística en un entorno agrícola tradicional que se vería perjudicado por los perjuicios derivados de la actividad industrial.

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• El 26 de marzo Serigne Mbayé fue detenido, junto a otras seis personas, cuando estaba entrando en su casa. La Policía Nacional construyó un relato falso de los hechos contrastado por quienes presenciaron en directo lo ocurrido.
• Ecologistas en Acción se ha sumado a las organizaciones internacionales, de derechos humanos, antirracistas, feministas, sindicales, confesionales y educativas que apoyan el comunicado de las vecinas y vecinos.
• El listado de adhesiones sigue abierto y se irá actualizando a medida que vayan llegando nuevos apoyos.

En solo dos días, 307 organizaciones han firmado un comunicado en el que respaldan el relato de lo ocurrido narrado por las vecinas y vecinos de Serigne Mbayé que presenciaron las detenciones. Además, denuncian que las identificaciones por perfil étnico-racial por parte de los cuerpos policiales son cotidianas.

Entre las adhesiones, hay organizaciones  de derechos humanos, como Amnistía Internacional y CEAR, y ONG de cooperación, como ActionAid, Entreculturas y Fundación Oxfam Intermón. También se han sumado organizaciones ecologistas y pacifistas, como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra; sindicatos, como Comisiones Obreras, CGT y CNT; multitud de asociaciones vecinales -encabezadas por la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid)-, entre las que se encuentran varias asociaciones del barrio donde se produjeron las detenciones.

Asimismo, apoyan el comunicado asociaciones de familias de distintos centros educativos, comunidades parroquiales, como San Carlos Borromeo, y otras organizaciones confesionales, como Servicio Jesuita a Migrantes, Comunidades Cristianas Populares y Coordinadora Obrim Fronteres IJAN (Red Internacional Judía Antisionista).

Además han firmado este comunicado decenas de colectivos de movimientos sociales, antirracistas, pacifistas y feministas tanto de la ciudad de Madrid como de todo el Estado, que son quienes sostienen esta movilización social. Sindicato de Manteros, Sindicato de Inquilinas, Asamblea Feminista o colectivo 8M de Madrid, Red Acoge, SOS Racismo o Poder Migrante son solo algunos ejemplos.

Las vecinas y vecinos de Serigne Mbayé muestran su más sincero agradecimiento a esta respuesta social y valoran pedir responsabilidades a los cuerpos policiales, así como que cambien sus protocolos de actuación.

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• El projecte de pressupostos del Govern, ara retirat i en negociacions amb ERC, retalla un 48% les dotacions a les unitats del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que se centren en la conservació de la biodiversitat, cosa que faria col·lapsar unitats tant essencials com la que gestiona els parcs naturals o l’avaluació ambiental de plans i projectes.
• Ecologistes en Acció de Catalunya i la Xarxa per la Conservació de la Natura denuncien que aquest projecte de pressupostos és una agressió directa a les polítiques ambientals i va en sentit oposat al decàleg de mesures que aquestes entitats van reclamar recentment a tots els partits del Parlament de Catalunya amb un acte de protesta i a través de la reunió amb el President Rull.
• Les entitats ambientals reclamen una rectificació total del Govern del PSC, i demanen als partits que donen suport al Govern, ERC i Comuns, que forcin un canvi de rumb i assoleixin els 200 milions de pressupost per a medi natural.

El projecte de Pressupostos 2026 del Govern de la Generalitat liderat per Salvador Illa, presentat al Parlament el 27 de febrer passat i ara retirat per a renegociar amb ERC, ha mostrat les intencions polítiques del partit que governa: retallar dràsticament les dotacions per a la protecció de la biodiversitat i l’avaluació ambiental de projectes, plans i programes, mentre, justament, cada cop s’impulsen més projectes públics i privats amb impactes potencialment molt alts sobre els ecosistemes.

Ecologistes en Acció de Catalunya i la Xarxa per la Conservació de la Natura han analitzat aquest projecte de pressupostos i han detectat una situació que representa una amenaça greu per a les polítiques ambientals del país. Si el 2023, al darrer pressupost aprovat pel Govern de Pere Aragonès, el pressupost destinat a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va ser de 75,78 milions, en el projecte 2026 del Govern de Salvador Illa baixa a 39,15 milions, un 48,3% menys. Cal recordar que d’aquesta Direcció General (DG) en depenen unitats tan importants com la gestió dels espais naturals protegits (Xarxa natura 2000, parcs naturals i nacional, que sumen més del 30% del territori), la conservació de la flora i la fauna, l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes, o l’educació ambiental.

En un context de regressió de la biodiversitat a Catalunya —amb una reducció del 28% dels individus de fauna salvatge segons l’Índex Planeta Viu més recent—, aquesta retallada és qualificada de “molt greu” i interpretada com un indicador d’una orientació de política pública contrària a la protecció ambiental per part del Govern del PSC, que s’alinia amb precedents de reducció de la despesa en conservació de la natura impulsats històricament per governs de centredreta (CiU i PP) tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat.

Les principals organitzacions ambientals i ecologistes, reunides la majoria d’elles a la Xarxa per a la Conservació de la Natura, més Ecologistes en Acció de Catalunya, han alertat recentment de la situació límit que pateixen les polítiques de conservació. Al manifest “La natura no pot esperar” les entitats ambientals van reclamar 10 mesures de la màxima urgència per tal de començar a revertir la situació crítica de la natura a Catalunya. Entre elles, la necessitat de recuperar un Departament de Transició Ecològica (amb rang de Vice-presidència), la tramitació de diverses lleis i normatives de protecció, l’ampliació de 70 places de gestió i conservació de la natura o la dotació de 200 milions d’euros per poder garantir les actuacions i inversions necessàries per a complir amb la legislació ambiental catalana, estatal, europea i internacional.

Aquesta dotació de 200 milions d’euros anuals constitueix el llindar mínim que el Govern hauria de destinar, de manera estructural, finalista i transparent, a les polítiques de conservació i restauració de la natura. A les obligacions ambientals vigents s’afegeix l’objectiu d’assolir la restauració efectiva del 20% dels ecosistemes degradats —terrestres, d’aigües continentals, costaners i marins— abans de 2030, tal com estableix la Llei europea de Restauració de la Natura. En aquest context, resulta difícilment viable afrontar aquest repte sense activar de manera immediata els mecanismes de finançament necessaris per a la seva implementació.

Davant l’actual deriva política del Govern de la Generalitat, que no només ha ignorat les peticions de millora en finançament i legislació per les polítiques de conservació, sinó que està impulsant una retallada dràstica als pressupostos 2026, les entitats ambientals es plantegen impulsar accions de protesta i pressió. Reiteren que no es tracta només d’una discrepància pressupostària, sinó d’una decisió política de gran transcendència que posa en risc el compliment de les obligacions legals i els compromisos internacionals en matèria de biodiversitat, així com la salut dels ecosistemes dels quals depèn el benestar col·lectiu.

Exigeixen una rectificació immediata i integral del rumb adoptat pel Govern, amb una dotació pressupostària a l’altura de l’emergència ecològica actual, i anuncien, en cas contrari, una intensificació de les accions de mobilització i incidència institucional necessàries per defensar, amb la màxima determinació i responsabilitat, el patrimoni natural del país i el benestar de la ciutadania que d’ell depèn.

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• Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un requerimiento formal a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exigiendo la elaboración urgente del Plan de Recuperación para la especie, catalogada “en peligro de extinción” en la región, conforme a lo estipulado en la Ley regional 9/99.
• Advierten de que, ante el mal estado de conservación de la especie, si no hay una respuesta favorable en el plazo de tres meses acudirán a la vía judicial.
• Las organizaciones reivindican el papel de la especie para garantizar el equilibrio de los ecosistemas y la regulación de las poblaciones de ungulados silvestres en cuyo control la administración invierte innecesariamente ingentes recursos humanos y materiales. Asimismo, el plan permitiría impulsar la coexistencia de las actividades ganaderas con la presencia de la especie.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), especie que se encuentra catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo. “La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que resulta “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional.

Sara Gonzalez, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, explica: “Que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración. El ordenamiento español y castellano-manchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación. Es una obligación legal directa. La inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de una herramienta sólida de gestión y conservación que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

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Ecologistas en Acción apoyamos el comunicado de las vecinas y vecinos de Serigne Mbaye y llamamos a las diferentes organizaciones a apoyarlo.

Con esto, los colectivos sociales denunciamos una actuación policial desproporcionada e injusta, fruto de las redadas racistas que se siguen produciendo en nuestro país con total impunidad, como la de este 26 de marzo, que terminó con la detención de Serigne Mbaye y seis personas más, entre ellas, tres activistas de Ecologistas en Acción.

Queremos que se reconozca la verdad y, por ello, apoyamos la versión de las vecinas.

Violencia policial en la puerta de casa

• La comunidad de vecinas y vecinos de Serigne Mbaye denunciamos su detención con violencia cuando estaba entrando en su casa.
• En la operación policial también se detuvo a otros seis vecinos, tres dentro del edificio y en presencia de niñas, niños y adolescentes, cuando salieron a ver qué es lo que estaba ocurriendo.
• Hay tres vecinos y una vecina con un parte de lesiones provocadas por la intervención policial, que han tenido que volver a acudir esta mañana al hospital.
• Denunciamos esta agresión contra nuestro vecino, que no es la primera vez que sufre una identificación por perfil étnico-racial. Son prácticas cotidianas que vemos que padecen muchas personas racializadas de nuestro barrio.

En la mañana del viernes, mientras llevamos a dos de nuestras vecinos y vecinas a urgencias por las lesiones sufridas en la actuación policial, la comunidad en la que vive Serigne Mbaye emitimos este comunicado para dar nuestra versión de los hechos, solidarizarnos con las siete personas detenidas y denunciar el acoso policial cotidiano que sufren las personas racializadas en nuestro barrio.

El jueves 26 de marzo, a las 19:30 de la tarde, Serigne Mbaye fue detenido cuando estaba entrando en su casa. No le dio tiempo ni a sacar las llaves de la cerradura antes de que unos policías de paisano le exigieran que se identificara. Al explicarles que estaba entrando en su casa y que no había motivo para que lo filiaran, la contundencia y la dureza de la policía escaló muy rápido, llegando a inmovilizar en el suelo con fuerza desproporcionada a Serigne.

Alarmados y asustados, los niños y niñas que viven en el edificio avisaron a sus familias de lo que sucedía. Varias personas adultas del edificio bajaron rápidamente para intentar explicar que Serigne es miembro de la comunidad y que es una persona tranquila. Pero todos sus esfuerzos por intentar explicar la situación se encontraron con una respuesta cada vez más desproporcionada, que fue creciendo a medida que llegaban más unidades policiales.

La policía detuvo con fuerza a siete vecinos y vecinas, tirando al suelo, poniendo la rodilla en la cabeza y golpeando de manera contundente a varias personas Tres de ellas fueron detenidas incluso dentro del edificio y cuatro de ellas sufrieron lesiones.

A pesar de la injustificada contundencia policial, las vecinas y vecinos nunca entorpecieron la labor de los agentes, sino que trataron de mediar en lo que estaba sucediendo. Es más, en dos ocasiones se solicitó la interlocución con el mando, lo cual fue ignorado.

Por la convivencia y la no discriminación en nuestro barrio

Las vecinas y vecinos de Serigne Mbaye hemos presenciado, una vez más, otra identificación injusta por perfil racial a nuestro vecino. Queremos añadir que ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa y esta es la segunda vez que paran a Serigne, de origen senegalés, en las inmediaciones de su domicilio, por no decir las decenas de veces que ha sido identificado y acosado en las calles.

Sabemos que esto no es un caso aislado ya que lo observamos cada día en nuestros trayectos cotidianos y lo escuchamos en boca de las personas afectadas (familias de la comunidad escolar, etc.). Todas ellas relatan el constante acoso al que se ven sometidos por parte de la policía y el impacto que tiene sobre ellas y sus familias.

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• La campaña denuncia el retroceso en los compromisos climáticos del banco y lleva la presión a las calles de Madrid con un autobús que circula por las principales arterias de la ciudad.
• La entidad bancaria ha incrementado su financiación al sector fósil a 48.276 millones de dólares entre 2021 y 2024. Es el banco que más proyectos fósiles financia en Latinoamérica y el Caribe.
• El Santander encabeza el ranking de bancos del Estado español que financian la industria militar, con 2.869 millones de euros invertidos solo en 2022-2024.
• Con una aportación de más de 15.000 millones de euros, es el sexto banco de Europa que más contribuye a financiar empresas vinculadas a la ocupación ilegal en Palestina y que suministran armas al Estado genocida de Israel.
• El Santander también financia la destrucción de la biodiversidad, invirtiendo más de 11.000 millones en proyectos que provocan deforestación.

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Más de 20 organizaciones de la sociedad civil han enviado una carta a los 80 principales accionistas del Banco Santander para reclamarles que actúen ante el aumento de la financiación del banco a combustibles fósiles y el debilitamiento de sus compromisos climáticos.

La iniciativa se produjo en vísperas de la Junta General de Accionistas de la entidad que se celebra hoy viernes 27 de marzo, y busca situar el foco en la responsabilidad de quienes tienen capacidad de influir sobre la dirección del banco. En la carta, las organizaciones alertan de que el Santander ha dado pasos atrás en sus políticas ambientales al eliminar restricciones en la financiación de combustibles fósiles como el petróleo, el gas e incluso el carbón, rebajando sus compromisos climáticos y manteniendo su apoyo financiero a actividades incompatibles con una transición energética real y con la lucha frente a la crisis climática.

Según denuncian las entidades firmantes, el Banco Santander ha incrementado de forma muy significativa su financiación al sector fósil en los últimos años, destinando 48.276 millones de dólares a combustibles fósiles solo entre 2021 y 2024 y situándose como uno de los bancos que más financian el sector fósil a nivel mundial. Mientras, el Banco Santander mantiene un discurso público de compromiso con la sostenibilidad y la acción climática que no se corresponde con lo que muestran los datos. Para las organizaciones, esta contradicción no solo agrava la crisis climática, sino que también expone al banco y a sus accionistas a riesgos reputacionales, regulatorios y financieros cada vez mayores.

“Es inaceptable que una entidad como Banco Santander continúe lucrándose a costa del futuro de todas. Exigimos que deje de utilizar el dinero de las personas trabajadoras —que depositan sus ahorros y su confianza en el banco— para financiar la expansión de los combustibles fósiles. El Santander está contribuyendo a sostener proyectos que impulsan la destrucción del planeta”, han señalado las organizaciones.

Las organizaciones también advierten de los impactos ambientales y sociales asociados a proyectos financiados por el banco en distintos territorios, con consecuencias muy graves sobre los ecosistemas, la biodiversidad, las comunidades locales y los derechos humanos. Destacan algunos proyectos financiados y apoyados por el Santander como el megaproyecto de gas fósil de Saguaro Energía en México, el oleoducto de Vaca Muerta Oil Sur en Argentina, el proyecto de exportación de gas fósil Rio Grande LNG de NextDecade en el sur de Texas, la expansión de la refinería Talara de Petroperú en el norte del Perú, o las perforaciones exploratorias de Petrobras en la desembocadura del Amazonas. Por ello, las organizaciones reclaman a los accionistas que no miren hacia otro lado y exijan a la entidad medidas concretas para frenar esta deriva.

Entre otras demandas, las organizaciones subrayan que el banco debe incluir en sus políticas el compromiso para eliminar la financiación directa e indirecta de nuevas operaciones y proyectos de petróleo y gas, restaurar las restricciones climáticas eliminadas en relación al carbón, incluir objetivos verificables y alinear la actividad financiera del banco con sus compromisos públicos. También reclaman a los inversores que asuman su responsabilidad ante una estrategia que consideran incompatible con la urgencia climática actual. Sus propios accionistas y clientes ya están sufriendo la crisis climática que el Santander empeora con sus políticas actuales, al sufrir las inundaciones, incendios, sequías y olas de calor que el cambio climático hace más graves y destructivas.

La campaña se ha trasladado al espacio público en Madrid con un autobús que denuncia que la entidad financiera se “lucra por encima del futuro de todas” recorriendo las principales arterias  de la ciudad. Además, dinosaurios y orangutanes toman las calles para señalar el papel del Banco Santander en la financiación de combustibles fósiles, el genocidio en Palestina y la deforestación, reforzando la presión social durante la junta de accionistas.

Todas estas acciones tienen el objetivo de denunciar las políticas y falta de compromisos reales del Banco Santander y exigir una respuesta clara ante el deterioro de sus políticas climáticas y sus crecientes operaciones y exposición al negocio fósil.

Organizaciones firmantes

ActionAid
Amazon Watch
Andy Gheorghiu Consulting
Conexiones Climáticas
Ecologistas en Acción
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación Renovables
Gas No Es Solución
Golfo Azul Para Siempre
Greenpeace España
Gulf South Fossil Finance Hub
Juventud por el Clima–Fridays For Future
Nuestro Futuro
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Rainforest Action Network
Rebelión o Extinción España
Revo Prosperidad Sostenible
ShareAction
Stand.earth
South Texas Environmental Justice Network
Texas Campaign for the Environment
Urgewald

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• Para la Plataforma resulta imprescindible la restauración y recuperación ambiental integral tanto del cauce como del dominio público hidráulico del río Guadiamar, así como de una amplia zona transformada por la actividad agrícola, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra España dictada en 2021 por la insuficiente conservación de los acuíferos y de las zonas ZEPA en Doñana.
• Hace 27 años fue declarada de interés general la restauración integral del Guadiamar y aún no se ha ejecutado.

La Plataforma Salvemos Doñana, y Ecologistas en Acción como miembro de la misma, está a la expectativa de la presentación de las alternativas de actuación para la restauración del río Guadiamar que baraja el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dentro del marco de actuaciones para Doñana, que va con mucho retraso. Esta Plataforma ciudadana considera que la inclusión de este río en el Plan Nacional de Restauración, que está en elaboración, es imprescindible y una oportunidad para dotar de los recursos necesarios a la obra de bioingeniería que requiere el Guadiamar, considerado el río de Doñana, para recuperar su funcionalidad natural.

De cara a poder realizar una participación pública eficaz cuando las propuestas se hagan públicas, un nutrido grupo de miembros de la Plataforma Salvemos Doñana y miembros de la comunidad científica ha visitado el Guadiamar en el Espacio Natural Doñana al objeto de comprobar sobre el terreno el estado de los diferentes tramos en que quedó dividido, y con este conocimiento poder evaluar las alternativas para restaurar su funcionalidad natural.

Estas aguas del contraembalse del río Agrio, contaminadas por sulfatos de cobre y aluminio, están desembocando en el Guadiamar y terminan en parte de la marisma de Doñana y el Guadalquivir

Tras la visita al Guadiamar en Doñana, Salvemos Doñana concluye que la reconexión de la cuenca natural del río Guadiamar con los 8 kilómetros del tramo bajo del río que quedaron aislados, llamado Caño Guadiamar, es una actuación compleja pero indispensable para preservar Doñana que requerirá una obra de bioingeniería de gran presupuesto; devolver al río zonas drenadas para la agricultura hace varias décadas; recuperar y proteger terrenos de la marisma norte de Doñana; y garantizar la calidad óptima de sus aguas desde su cabecera.

En 1999 fue declarada de interés general la restauración y recuperación ambiental integral del cauce y del dominio público hidráulico del río Guadiamar y de una amplia zona transformada por la actividad agrícola, con una mejora de la calidad de sus aguas antes de su incorporación a la marisma. Al igual que ocurre actualmente con la construcción del AVE Sevilla-Huelva, la restauración integral del río Guadiamar, declarada de interés general hace 27 años y aún sin ejecutar, y debido a esa clasificación jurídica, requerirá a la administración pública establecer obligaciones específicas de servicio público que recaerán tanto en el sector público como en el privado.

La recuperación de los aportes del Guadiamar, río de la marisma fluvial de Doñana, y de la calidad de sus aguas, ha estado presente en las recomendaciones para la conservación y protección de este Humedal de Importancia Internacional y Patrimonio de la Humanidad de todas las últimas misiones tanto de UNESCO como de RAMSAR.

Por ello, la Plataforma requiere al Ministerio que aborde con un proyecto adecuado y la inversión necesaria esta obra de regeneración hídrica, prevista en el proyecto Doñana 2005, como obra imprescindible para satisfacer esas recomendaciones y, sobre todo, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra España dictada de 4 de junio de 2021 “por la insuficiente conservación de los acuíferos y de las zonas ZEPA en Doñana”.

Algunos miembros de Salvemos Doñana y de la comunidad científica explican detalles sobre el mapa, durante su visita al Guadiamar en Doñana.

Salvemos Doñana pide a la Junta de Andalucía que apoye y defienda que el río Guadiamar sea incluido en el Plan Nacional de Restauración que están elaborando el MITECO y las Comunidades Autónomas para dar cumplimiento al Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, el cual tiene que entregarse a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de este año. La regeneración del río Guadiamar debe de integrarse en el plan nacional con el fin de asegurar la planificación, regulación y financiación, ya que la “restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes” así como de los Hábitats de Interés Comunitarios están previstas de forma explícita en la norma europea de aplicación conforme a la cual se está elaborando el plan.

Incluyendo la restauración integral de la funcionalidad natural del río Guadiamar y sus llanuras aluviales en el Plan Nacional de Restauración de España, el Gobierno central y la Junta de Andalucía estarían saldando una deuda con Doñana de hace 27 años y cumpliendo en una parte importante con el protocolo general firmado entre ambos en noviembre de 2023, que incluía la adopción de todas las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias respectivas para que concluya el procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión Europea por el incumplimiento de dicha sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Juan Romero, portavoz de la Plataforma Salvemos Doñana y miembro de Ecologistas en Acción

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Comisión del parlamento andaluz que tramitó la LEGAM

Se trata de una ley que viene a relevar a la ley de Gestión Integral de Andalucía, GICA de 2007 , y supone un grave retroceso de forma generalizada, porque:

1. A pesar de que se postule como un avance respecto a la ley anterior, no es una ley integral, porque la prevención, el control y la evaluación de los recursos hídricos quedan al margen, al igual que la ordenación territorial y lo relativo a la economía azul. Resulta incongruente que una Consejería que ha abandonado las competencias en materia de agua y de economía azul pretenda regular las actuaciones en esas tres áreas de forma integral y omnicomprensiva, cuando carece de la atribución de responsabilidades. La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) debería incluir la gestión de los impactos hídricos, no solo al suelo y a la atmósfera, de forma que las autorizaciones en dominio público hidráulico se integren en la autorización ambiental unificada.
2. No deja de ser significativo la pérdida de la palabra “integral” que contenía la antigua GICA, revelando que se renuncia a integrar a todo plan, proyecto y programa en la perspectiva de la calidad ambiental.
3. No es seguro que la “simplificación administrativa”, con unas nuevas Autorizaciones Ambientales Unificadas Simplificadas, no vaya a representar un retroceso en garantías ambientales.
4. Las atribuciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente se limitan a “proponer, asesorar, impulsar,…”, sin poder intervenir en el diseño de las políticas ex ante, no a posteriori.
5. La participación pública en asuntos con incidencia medioambiental no establece ninguna herramienta previa de publicidad y de apertura de un proceso participativo con la sociedad sobre los proyectos, planes y programas objeto de evaluación ambiental y autorización ambiental, con lo que la “participación real y efectiva” se convierte en un simulacro. Además, se sugiere a todas las personas interesadas en los procedimientos de evaluación y de prevención ambiental a inscribirse en un Registro voluntario.
6. La fiscalidad ambiental se reduce a una mera concesión de posibles “incentivos” a las empresas con desempeño ambiental, obviando las múltiples fórmulas que tanto la Administración local como la autonómica tienen para favorecer conductas responsables y disuadir aquellas que ponen en riesgo el medio ambiente.
7. La ecoinnovación se limita a un escueto objetivo aspiracional, restringiendo la economía circular a una posibilidad y no una exigencia; las mejores técnicas disponibles no figuran como una herramienta de obligado cumplimiento para asegurar la producción limpia, solo se “procurará favorecer”.
8. Las contaminaciones acústica y lumínica no son objeto de restricción, solo de medición y “planes de acción” que se limitan a “afrontar cuestiones y determinar las acciones a realizar”. La contaminación lumínica y acústica se tratan con poco rigor, al no establecer límites, objetivos, medios o control para corregirlas, además de estar plagadas de excepciones que terminan de hacer esta ley ineficaz.
9. La constatación de la sobrecarga de trabajo de los servicios técnicos de la Consejería no va acompañada de medidas de refuerzo, sino de una externalización de funciones en entidades colaboradoras con la Administración, que podrán tener capacidades inspectoras. Significa un retroceso tremendo en la función disuasoria y preventiva de la potestad sancionadora de la Administración. Uno de los aspectos más negativos de la Ley es la sustitución de las labores hasta el momento encomendadas a la Administración Pública y, por ende, a sus funcionarios, de “actuaciones de verificación y control de las actividades” así como de las “tareas de vigilancia, el control y seguimiento, y apoyo a la inspección ambiental” a las entidades colaboradoras. Se trata de una PRIVATIZACIÓN del servicio público en favor de las entidades privadas. La norma se aleja de la responsabilidad que compete a la Administración Pública Andaluza. El aumento de actividades que podrán gestionar los ayuntamientos mediante declaraciones responsables, que reemplazan a la calificación ambiental, reducirán la carga administrativa municipal, pero pueden limitar las garantías ambientales.
10. La llamada en la nueva Ley prestación ambiental sustitutoria representa un abandono por parte de la Administración de su potestad y de su obligación sancionadora. Significa permitir a los infractores que eludan el pago o inflen presupuestos de proyectos de restauración, educación ambiental o mejora, dejando de ingresar en las arcas públicas el dinero proporcional al daño causado. Es muy peligroso recurrir a la fórmula de actividades de compensación de daños para sancionar conductas atentatorias contra el medio ambiente, sustituyendo el necesario castigo disuasorio por tareas restaurativas, de forma que se podría quitar la sanción que corresponda y sustituirla por restaurar. De aprobarse, las infracciones saldrían muy ventajosas, por mucho que enfatice la norma matiene la misma cuantía.
11. La LEGAM debería desarrollar la legislación relativa a la gestión de residuos, sin limitarse a mencionar la Ley estatal de 2022.
12. La Ley debería asegurar la Restauración del Espacio Natural Afectado por las Actividades o Actuaciones cuya evaluación, y autorización ambiental regulan. Ejecutar un Plan de Restauración e imponer un aval de restauración para asegurar que su realización se lleva a cabo, deberían estar incluidos en la Ley.

En definitiva, esta Ley que pretende “establecer un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente”, dista mucho de esa finalidad; lo que sí consigue con esta Ley la Junta de Andalucía es establecer un alto nivel de protección de la actividad económica, ya que se suprimen controles, se privatizan otros y hace corresponsable de la protección a la propia sociedad civil, en un quitarse de en medio irresponsable. Ninguna de las sugerencias que Ecologistas en Acción introdujo en el anteproyecto de 2024 ha sido aceptada, ni siquiera contestadas. El deseo de que la ley “aspira a garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente” se quedará insatisfecho e incumplido.

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Campaña “Las Tres Mosquiteras”

Ecologistas en Acción reclama una ordenanza municipal para la protección de aviones, golondrinas y vencejos en Logroño.

Con la llegada de la primavera, Ecologistas en Acción lanza la campaña 2026 “Las Tres Mosquiteras”, una iniciativa centrada en la protección de aves insectívoras urbanas y sus hábitats en la ciudad de Logroño.

En este contexto, la organización ha elaborado y remitido al Ayuntamiento de Logroño un modelo de Ordenanza Municipal para la Protección de Espacios de Nidificación y Refugio de Fauna Silvestre Urbana, con el objetivo de garantizar la conservación de especies clave como el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbicum).

Estas tres especies migratorias llegan cada primavera a nuestro territorio para reproducirse y desempeñan un papel esencial en el control natural de insectos, contribuyendo tanto a la protección de los cultivos como a la salud pública.

Todas ellas están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y cuentan con protección legal a través de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Asimismo, el artículo 334 del Código Penal contempla penas de prisión o multa para quienes destruyan sus nidos o dificulten su reproducción.

A pesar de ello, sus poblaciones siguen en declive. Desde 1998, el vencejo común ha experimentado una disminución cercana al 40%, mientras que la golondrina común ha superado el 50%. Según el Libro Rojo de las Aves de España, ambas especies se encuentran actualmente en la categoría de “vulnerable”.

En entornos urbanos y cascos históricos, la destrucción de colonias durante obras de rehabilitación, restauración de fachadas o nuevas construcciones sigue siendo una de las principales amenazas. En muchos casos, estas intervenciones no respetan los periodos de cría ni incorporan soluciones que permitan la recolonización posterior.

Por ello, la campaña “Las Tres Mosquiteras” propone la adopción de medidas concretas a nivel municipal, entre las que destacan:

• Creación de un sistema de seguimiento y registro de colonias existentes que se revise periodicamente
• Conservación de aleros, oquedades y elementos estructurales en obras de rehabilitación.
• Incorporación de soluciones constructivas que favorezcan la nidificación en edificios de nueva construcción.
• Evitar la realización de obras en fachadas y estructuras durante la época reproductora.
• Prohibición de fuegos artificiales en periodos de nidificación.
• Podas, y trabajos de mantenimiento de espacios verdes urbanos que producen molestias e incluso producen daños a las aves en época de reproducción. Solicitando la racionalización de las podas y la protección de la fauna silvestre que depende del arbolado.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que Logroño cuente con una normativa específica que asegure el cumplimiento de la legislación vigente y contribuya a frenar el declive de estas especies.

La campaña “Las Tres Mosquiteras” se inicia con la propuesta de esta ordenanza municipal y continuará con acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar una convivencia respetuosa con la fauna urbana.

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Los ecologistas han presentado un conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública previa a la elaboración del nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, impulsado por el Gobierno de Canarias (Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas). Consideran en sus aportaciones que esta actualización normativa representa una oportunidad para adaptar la gestión del agua en Canarias a los desafíos actuales, como el cambio climático, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la degradación de los ecosistemas tan denigrados por intervenciones no adecuadas.

En este contexto, Turcón quiere destacar el papel fundamental de los barrancos en Canarias, no solo como cauces hidráulicos, sino como auténticas infraestructuras climáticas y agroecológicas que conectan ecosistemas, protegen suelos agrícolas y contribuyen a la resiliencia de los asentamientos humanos, como elemento propio e histórico del devenir de un territorio biodiverso y fragil.

Barrancos: elementos clave para la resiliencia del territorio

El colectivo subraya que los barrancos desempeñan funciones esenciales como el drenaje natural del territorio, la laminación ante avenidas, la regulación hidrológica y la conectividad ecológica. Por ello, defiende que deben ser reconocidos explícitamente en el nuevo reglamento como estructuras estratégicas para la adaptación al cambio climático.

Asimismo, insisten en la necesidad de avanzar hacia una gestión integrada del agua y del territorio, que incorpore la planificación hidrológica, territorial, agrícola y ambiental bajo un enfoque común, como componentes de cohesión y señas de pertenencia geográfica y territorial.

Propuestas para una gestión más eficaz y sostenible

Entre las principales propuestas presentadas, destacan:

• El reconocimiento de los barrancos como infraestructuras territoriales clave para la resiliencia climática.
• El refuerzo de la cooperación entre administraciones (Gobierno, cabildos y ayuntamientos).
• La posibilidad de que los municipios impulsen proyectos de restauración ecohidrológica.
  La incorporación del concepto de cauce ecológico, entendido como el espacio necesario para garantizar el funcionamiento natural de los barrancos.
• La integración del ciclo natural y urbano del agua, fomentando soluciones como los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS).
• La promoción de proyectos susceptibles de financiación climática europea dentro de una red trasnacional de conservación.
• La simplificación administrativa, con plazos máximos de tres meses para resolver iniciativas municipales.

Además, se plantea en el documento la necesidad de reevaluar determinadas infraestructuras hidráulicas cuando estas afecten al funcionamiento ecológico de los cauces.

Una oportunidad para recuperar y dar vida a los barrancos de Gran Canaria

Turcón concluye que la incorporación de estas propuestas en el nuevo reglamento permitiría avanzar de forma decisiva en la protección y restauración de los barrancos del archipiélago.

En particular, señalan que estas medidas pueden ser clave para garantizar los cauces ecológicos del Barranco de Los Cernícalos y del Barranco de Azuaje, así como para impulsar la recuperación ambiental del Barranco de La Mina como elemento intrínseco de un corredor verde, dentro de unos espacios de alto valor ecológico y patrimonial para Gran Canaria, que bien merece un esfuerzo institucional que salvaguarden y conserven estos ecosistemas vitales.

Los ecologistas confían en que el Gobierno de Canarias tengan en cuenta estas aportaciones para construir un marco normativo más ambicioso, coherente y adaptado a los retos ambientales actuales.

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• Según los documentos oficiales de Castilla-La Mancha hay casi 3 millones de metros cuadrados de ocupados temporalmente.
• No existen sanciones para los ocupadores de las vías, aún siendo conscientes en las administraciones públicas de este delito.
• El 41% de las ocupaciones son de carácter privado y el 59 restante es pública, aunque el 80% de esta corresponde a empresas privadas que ofrecen servicios públicos.

El Observatorio de Ocupaciones Temporales en Vías Pecuarias (VVPP) publica un informe sobre ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, con motivo del día de las VVPP y caminos públicos, donde se refleja la perdida de servicios a la ciudadanía. El informe, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma arroja luz sobre las ocupaciones temporales más numerosas en el período 2003-2025 que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, 1776 (52,6%), le siguen las relacionadas con el agua, 670 (19,8%), las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), las de telefonía, 256 (7,6%), las cancelas o pasos canadienses, 139 (4,1%) y los oleoductos, 59 (1,8%). Por último, 151 (4,4%) se corresponden con tipologías diferentes (infraestructuras varias, cruzamientos para paso de vehículos, instalaciones deportivas, etc).

En el informe se señala que las ocupaciones, aunque tengan el nombre de “temporal” suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización, también se remarca lo laxa que son los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, que se puede demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna.

Por otro lado, desde hace años son prácticamente inexistentes las actuaciones de protección de las VVPP como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, entre otras, según la JCCM por falta de  recursos, lo que facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales. Es de esperar que con la Ley 4/2023 de 24 de febrero que modifica la Ley 9/2003, subsane estas deficiencias, mejore la protección y el mantenimiento  de nuestras Vías Pecuarias. En este sentido, la Ley 7/2023 señala en la Disposición adicional cuarta sobre el fondo de mejoras de las Vías Pecuarias que: “Las cantidades derivadas del otorgamiento de autorizaciones  de ocupaciones según el artículo 22.10 de la presente ley, (…) se destinarán a un fondo con carácter finalista para la defensa, conservación y mejora de las vías pecuarias.

El proyecto surge tras diversos estudios realizados por Ecologistas en Acción sobre las “ocupaciones temporales” que alertaron de la existencia de un número inusual de éstas. Como relata Sebastián Rivera, autor del informe : “Estos datos, y la constatación en campo de los efectos de las mismas sobre las vías pecuarias alertaron a Ecologistas en Acción de la necesidad de crear el Observatorio en el conjunto del Estado español, al objeto de que los datos obtenidos nos permitan una toma justificada de decisiones”. También nos recuerdan, desde Ecologistas en Acción, que solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15000 kilómetros, por las que practican senderismo 600000 personas de la región, cumplen la función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones. “A la caza se le suman las ocupaciones de un espacio público, lo que demuestra el desprecio de las administraciones por estas infraestructuras básicas para nuestra sociedad”.

El próximo domingo, día 22 de marzo se celebra el 6º Día de las Vías Pecuarias y de los Caminos Públicos en toda la geografía española, realizándose al menos 7 rutas en las localidades Castellano Manchegas de las distintas provincias: Orgaz en Toledo, Malagón y Villarubia de los Ojos en Ciudad Real, Cuenca Alberca del Záncara en Cuenca. Cifuentes en Guadalajara. En Peñascosa, Albacete, se celebró dicho Día reivindicativo adelantado. Además, se ha organizado para el sábado 21 el IV Foro de Conocimientos Ecológicos Tradicionales en Cardenete.

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• Las mujeres supervivientes, representadas bajo el paraguas de la asociación Desterradas Hijas de Eva, han asistido al acto que el Gobierno ha organizado esta mañana para reconocer como víctimas a 53 mujeres que fueron encerradas en el Patronato de Protección a la Mujer.
• En sus discursos, las supervivientes Consuelo García del Cid, Paca Blanco y Pilar Dasi han mostrado su satisfacción por este primer paso imprescindible para entrar en la Ley de Memoria Democrática, y han solicitado al ministro de Justicia que asuma la responsabilidad para continuar el camino hacia la justicia y la reparación. 
• Ecologistas en Acción se suma a la celebración y a las reivindicaciones de las mujeres víctimas, entre las que se encuentra Paca Blanco, integrante de la organización ecologista, activista antinuclear y por el derecho a la vivienda.

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista, creada en 1941 y clausurada en 1985, que encerró y torturó a miles de mujeres jóvenes por contravenir la moral sexual del nacionalcatolicismo. Hoy, 53 de sus supervivientes han recibido, de parte del Gobierno de España, el reconocimiento de víctimas de la dictadura, un paso por el que lleva trabajando más de una década la asociación Desterradas Hijas de Eva.

En el acto de homenaje –organizado por los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática; Igualdad; y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de ‘España en Libertad’– han participado tres de las mujeres víctimas y representantes de la asociación que tiene tiene como objetivo exigir a la Iglesia Católica Española y al Gobierno de España medidas de reparación y memoria histórica. Denuncian el olvido de las Administraciones y de las instituciones religiosas durante más de cuarenta años, y exigen medidas de reparación para las miles de mujeres de entre 16 y 25 años que durante el franquismo y los diez primeros años de democracia estuvieron recluidas sin juicios, delitos, sentencias ni pruebas.

Además de mostrar su satisfacción por esta medida porque “es muestra de que estamos avanzando después de estar tantos años en el olvido” y de celebrar “un paso previo exigible para entrar en la Ley de Memoria Democrática”, las mujeres víctimas reclaman que se ponga en marcha cuanto antes una comisión de investigación a la que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha comprometido.

Desde Desterradas Hijas de Eva solicitan que en dicha comisión –que debe ser de  composición mixta, interdisciplinar y con dotación económica–  estén presentes tres investigadoras integrantes de su asociación, Belén López Cillero, Maria Palau Galdon, Marta García Carbonell. Su trabajo resulta necesario para  contribuir en la labor de rescatar expedientes a manos de las congregaciones religiosas que sostuvieron el Patronato, los libros de contabilidad con información sobre los talleres y todos los datos que puedan arrojar algo de luz para recuperar la memoria histórica.

Consuelo García del Cid, presidenta de la asociación de víctimas, ha abierto su discurso agradeciendo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el reconocimiento y recibimiento, y solicitando al ministro de Justicia que asuma la responsabilidad ya que el Patronato dependía de su ministerio. También ha relatado algunos de los horrores vividos en estos reformatorios en los que se vulneraron los derechos humanos, se robaron bebés y en los que muchas de las mujeres encerradas se quitaron la vida, y ha remarcado la importancia de dar más pasos.

“Es tan necesaria como urgente una comisión de investigación. Pero no se demoren en el tiempo, porque somos todas muy mayores, y en este largo camino de lucha que se ha prolongado 15 años, hemos perdido a tres grandes supervivientes que lucharon con nosotras hasta el final: Encarna Hernández Clotet, Majo Ortigosa y Raquel Castillo”, ha declarado García del Cid.

Por su parte,Pilar Desi, ha manifestado que “todas y todos tenemos el deber de ir más lejos, fundamentalmente porque venimos de un silencio muy largo”. En su discurso ha explicado que las palabras “verdad, justicia y reparación” no son un mero eslogan sino una apuesta política. Para ello, ha destacado el valor de los testimonios de las mujeres que pasaron por el Patronato, porque “tienen valor documental y ponen voz a las víctimas”. Además, ha apuntado que “lo que no se resuelva, se repite” y que estos testimonios “permiten cernir una parte de nuestra historia reciente”

La última de las mujeres víctimas en hablar ha sido  Paca Blanco, también superviviente y activista de Ecologistas en Acción, quien ha hecho hincapié en que no puede haber justicia si no se reconocen los delitos y no hay responsables y ha señalado medidas claras para una reparación del daño: “Que a ninguna de nosotras las falte un techo donde vivir; que tengamos una pensión digna que nos permita comer y pagar el alquiler; que podamos pagar los recibos, los medicamentos, los especialistas, fisioterapeutas y psicólogos que, muchas veces, no cubre la seguridad social; que podamos pagar gafas, audífonos, tratamientos dentales, rehabilitación, andadores o sillas de ruedas cuando lo necesitemos”.

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Ecologistas en Acción presenta alegaciones al proyecto de planta de hidrógeno renovable en Villar de Arnedo y solicita su paralización

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones dentro del periodo de información pública al proyecto de construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable de 20 MW (PPH2R) prevista en suelo no urbanizable, en las parcelas 255, 256 y 257 del polígono 9 del término municipal de Villar de Arnedo.

La organización ecologista manifiesta su preocupación por diversos aspectos del proyecto que, a su juicio, no han sido adecuadamente evaluados ni justificados, y que podrían tener impactos significativos sobre los recursos naturales, el clima y la seguridad.

Preocupación por el consumo de agua

Uno de los principales puntos señalados es el elevado consumo de agua necesario para la producción de hidrógeno. Según los cálculos del promotor, la planta consumiría 172,8 m³ diarios, una cifra que que la asociación ecologista  considera claramente infraestimada.

La organización advierte que, según estimaciones de organismos internacionales y consultoras especializadas, el consumo real podría situarse entre 250 y 517 m³ diarios, lo que equivaldría al consumo de entre 2.000 y más de 4.000 personas. Esta diferencia podría comprometer seriamente el abastecimiento hídrico local, especialmente teniendo en cuenta la limitada capacidad del depósito del polígono industrial El Roturo.

Por ello, solicitan una evaluación rigurosa, transparente y realista del consumo de agua, así como un estudio detallado del impacto sobre los recursos hídricos de la zona.

Impacto de los vertidos y capacidad de depuración

El proyecto prevé el vertido diario de aguas residuales con alta carga salina a la red de saneamiento, lo que podría afectar gravemente al funcionamiento de la depuradora municipal, del municipio  cuyo caudal medio es limitado. La organización considera imprescindible analizar si esta infraestructura puede asumir dicho volumen sin comprometer su eficacia ni generar impactos ambientales adicionales.

Dudas sobre el carácter renovable del hidrógeno

También se  cuestiona que el hidrógeno producido pueda considerarse realmente “verde”, ya que la electricidad utilizada procederá de la red general, sin garantías de origen renovable adicional. La organización advierte que el sistema actual de certificados no asegura una reducción real de emisiones, al basarse en mecanismos contables sin impacto ambiental efectivo.

Asimismo, critican la ausencia de un análisis de eficiencia energética del proyecto, teniendo en cuenta el elevado consumo eléctrico de este tipo de instalaciones.

Riesgos climáticos, fugas y seguridad

Aunque el hidrógeno no es un gas de efecto invernadero, su potencial de fuga y su interacción con otros gases pueden contribuir indirectamente al calentamiento global. Ecologistas en Acción alerta de que fugas significativas podrían reducir considerablemente los beneficios climáticos esperados.

Además, señalan la necesidad de reforzar las medidas de seguridad industrial y laboral, incluyendo sistemas de monitorización continua, protocolos de emergencia, formación específica para trabajadores, identificación de riesgos laborales específicos, y evaluaciones detalladas de riesgos. Como un acceso público de dichas informaciones.

Falta de concreción en las mejores técnicas disponibles.

Ecologistas en Acción denuncia también la falta de definición concreta sobre la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), fundamentales para minimizar el impacto ambiental de la instalación. Reclaman que estas medidas se detallen, se hagan públicas y sean evaluables por parte de la administración y la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de La Rioja la paralización de la tramitación del proyecto, la denegación de su autorización en suelo no urbanizable y la emisión de una declaración de impacto ambiental desfavorable.

La organización insiste en la necesidad de que la transición energética se lleve a cabo con criterios de sostenibilidad real, transparencia y respeto al territorio y a los recursos naturales.

Alegaciones al proyecto de planta de hidrógeno renovable en Villar de Arnedo

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