• Ecologistas en Acción de Salamanca ha expuesto en la Asamblea Federal de Ecologistas en Acción Castilla y León su análisis y propuesta de actuación sobre qué debe hacerse tras los incendios forestales, basándose en criterios ecológicos, científicos y en la normativa europea en materia de suelo, biodiversidad y resiliencia forestal.
• La presentación se realizó en el marco del debate abierto tras los graves incendios registrados en la Comunidad durante el verano y tras la publicación de la Orden MAV/1018/2025, por la que la Junta de Castilla y León establece la extracción masiva de madera quemada en los montes afectados.

Durante su intervención, el grupo salmantino detalló los argumentos recogidos en el recurso de reposición presentado recientemente ante la Consejería de Medio Ambiente, en el que se solicita la derogación de dicha orden por considerarla contraria al conocimiento científico actual y potencialmente dañina para la recuperación de los ecosistemas afectados.

Una orden que prioriza la extracción de madera frente a la restauración ecológica

Ecologistas en Acción de Salamanca recordó en la Asamblea que la Orden MAV/1018/2025 plantea la corta total de los árboles quemados como única medida, alegando la prevención de plagas como Ips sexdentatus o el nematodo Bursaphelenchus xylophilus. Sin embargo, el colectivo destacó que:

• Los escolítidos no se alimentan de madera muerta, por lo que la retirada masiva no es eficaz ni necesaria.
• La gestión del nematodo del pino se basa en medidas localizadas, jamás en cortas generalizadas.
• Las provincias de Zamora (2023) y Salamanca (2024) ya disponen de planes específicos de plaga, sin contemplar talas indiscriminadas.

Todo ello demuestra, según el grupo, que la finalidad de la orden no es sanitaria, sino que responde a intereses económicos en la extracción de la madera.

Las áreas quemadas: un recurso ecológico, no un “despojo”

El equipo de Salamanca puso especial énfasis en que la madera quemada y los árboles muertos cumplen funciones clave en la restauración natural del ecosistema:

• Son fuente de alimento y hábitat para hongos, insectos y aves que forman redes tróficas esenciales.
• Aportan materia orgánica y nutrientes al suelo.
• Facilitan la dispersión de semillas, especialmente por aves frugívoras y arrendajos, apoyando la regeneración de quercíneas.
• Protegen contra la erosión, reducen el impacto de la lluvia y retienen humedad en el microclima.
• Evitan la entrada de maquinaria pesada, que degrada suelos y forma cárcavas.

Estos argumentos fueron presentados como parte fundamental de la postura de la organización: la extracción masiva constituye una “perturbación tras la perturbación”, es decir, un daño añadido a un ecosistema ya afectado.

La urgencia de medidas de mitigación del suelo

Ecologistas en Acción Salamanca insistió en que, tras un incendio, el elemento más vulnerable y prioritario es el suelo, cuya erosión puede multiplicarse por 11,8 veces en el primer año. Sin embargo, la orden autonómica no contempla ninguna medida de mitigación post-incendio, como tratamientos de cobertura o acciones para disminuir la pérdida de suelo, a pesar de estar ampliamente avaladas por la literatura científica.

Un marco europeo ignorado por la Junta

Durante la Asamblea, el grupo recordó que la orden de extracción es incompatible con los principios de:

• La Estrategia del Suelo de la UE.
• La Estrategia Forestal Europea.
• La Estrategia de Biodiversidad de la UE.

las cuales recomiendan: restauración, mejora de servicios ecosistémicos, incremento de la resiliencia forestal y medidas adaptadas a cada incendio.

Conclusión: hacia una gestión responsable y basada en ciencia

Ecologistas en Acción Salamanca defendió ante la Asamblea Federal que la reconstrucción de los territorios quemados debe centrarse en la protección del suelo, la regeneración natural, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático, evitando medidas que perjudiquen la recuperación o favorezcan intereses ajenos a la conservación.

La organización reafirmó su compromiso con la defensa del territorio y el seguimiento crítico de las políticas públicas, anunciando que continuará impulsando propuestas basadas en la ciencia y la restauración ecológica para la gestión post-incendio en Castilla y León.

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El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia permite actuaciones en una Zona de Reserva del Parque Natural que, bajo la disculpa de los aprovechamientos de leñas y la prevención de incendios, destruyen una zona habitual de cría de oso pardo.

Ecologistas en Acción denunció en diciembre de 2024 ante el Seprona de la Guardia Civil que la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda había procedido a la remoción de tierras, el desbroce de la cubierta forestal y la corta de robles en el Monte de Utilidad Pública 197 “Matarroyal”. Una actuación de más de cien metros de largo y dos metros de ancho, expresamente prohibida por el Plan de Ordenación del Parque Natural. Las investigaciones del Seprona derivaron en una denuncia ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

Solicitamos a la Junta de Castilla y León ser parte interesada en el expediente sancionador. Diez meses después, según Resolución de la Delegación Territorial de 23 de octubre de 2025, se decide no iniciar ningún expediente sancionador contra la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda. Esta decisión se fundamenta en un informe interno de agosto de 2025 basado en la prevención de incendios y la extracción de leñas, aunque se reconoce ante el Seprona haber autorizado la apertura del camino, sin haber realizado una comprobación de cómo se hicieron esos trabajos.

Desde hace una década, en junio de 2015, los ecologistas llevamos advirtiendo a la administración regional de la extracción más que abusiva de leñas por parte de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda, en el Monte “Matarroyal” conocido en la zona como La Cagiguera, en plena zona de máxima protección del Parque Natural. De hecho, ese aprovechamiento abusivo se reconoce ahora de forma implícita al intentar reducir de forma drástica el número de “suertes” (lotes) de leña anuales, que lleva una década cortando en cantidades que nada tienen que ver con el aprovechamiento vecinal, como exige la Ley de Montes.

Esta gestión de la Cagiguera por parte de la Junta Vecinal de San Salvador de Cantamuda con la extracción intensiva de leñas y la extenuante actividad cinegética que ejecuta el adjudicatario del coto privado de caza, ha provocado la desaparición de osas con crías del año en la zona, algo que era habitual con una precisión bianual propia de los buenos lugares de cría de la especie, por la modificación sustancial del hábitat y el incremento de las molestias.

Todo ello es posible gracias a la pasividad del Servicio Territorial de Medio Ambiente que sigue instalado en las viejas costumbres, realizando informes de una calidad técnica y rigor muy mejorables, salvaguardando a los responsables ajenos y propios del Servicio, y olvidándose de las afecciones a especies protegidas como el oso pardo e incluso el urogallo cantábrico, cuya protección esta recogida por Decreto en la zona afectada.

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Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia), su asamblea federal, un espacio de encuentro, debate y planificación en el que participaron representantes de los distintos grupos locales de la federación, combinando la modalidad presencial y virtual.

La sesión que abrió la jornada sirvió para revisar los avances de los acuerdos previos y coordinar líneas de trabajo conjuntas. Entre los temas abordados destacaron las actuaciones y alianzas tras los incendios forestales sufridos en la comunidad, con el objetivo de impulsar una respuesta social y ecológica ante la pérdida de biodiversidad y los impactos en el medio rural. En este sentido, la federación mostró su apoyo a la manifestación convocada en León el próximo 23 de noviembre por el movimiento Respeto, impulsado por organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ecologistas, para exigir políticas eficaces de prevención, restauración y gestión forestal sostenible.

Durante la asamblea federal, se detallaron los avances en el juicio de la trama eólica, que comenzó en septiembre. En este proceso, Ecologistas en Acción de Castilla y León ejerce la acusación popular, denunciando un sistema de corrupción que controló las autorizaciones administrativas de proyectos renovables y causó perjuicios millonarios en la región. Estos hechos se originaron en 2007, cuando la Consejería de Economía, entonces liderada por Tomás Villanueva, articuló dicho sistema. La trama se gestó particularmente desde la Viceconsejería dirigida por Rafael Delgado, el principal acusado.

Asimismo, se desarrollaron talleres participativos para analizar colectivamente el impacto del despliegue de las energías renovables en Castilla y León, con el objetivo de consensuar un posicionamiento común en defensa de una transición energética realmente sostenible y respetuosa con la biodiversidad y los territorios rurales.

El impulso a la Transición Ecosocial constituyó otro eje de trabajo central, basándose en el informe elaborado por el grupo junto a otras organizaciones y la participación de más de 175 personas claves de la región. Este documento servirá de base estratégica para futuras acciones de incidencia política.

Asimismo, la asamblea resolvió reforzar la lucha contra la ganadería industrial en el próximo plan semestral. El plan incluirá el apoyo a la movilización contra las macrogranjas convocada en Madrid el 29 de noviembre y la reactivación de la web No más cerdos, donde se centralizarán y actualizarán los datos, riesgos y posibles soluciones en Castilla y León.

La federación cerró el encuentro en el CENEAM, reafirmando su compromiso con la acción ecologista, la justicia social y la cooperación entre los grupos locales. La próxima asamblea se celebrará en Burgos, continuando la rotación territorial que caracteriza a Ecologistas en Acción.

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Las lluvias de los últimos días están provocando el aporte masivo de cenizas y lodos procedentes del incendio del Pico del Lobo a los ríos Berbellido y Jaramilla, que desembocan en el Jarama. Se está produciendo una grave contaminación que llega hasta el embalse de El Vado, uno de los que surten al Canal de Isabel II en el suministro de agua a la vecina Comunidad de Madrid.

Las aguas del Jarama, del Jaramilla y del Berbellido bajan totalmente negras hasta el embalse, con las orillas también cubiertas por la enorme cantidad de cenizas y lodos que van dejando las aguas. En consecuencia, el nivel de oxígeno en estos cauces se ha reducido considerablemente, lo que puede provocar la desaparición de especies gravemente amenazadas como la trucha común y el mirlo acuático, así como de los anfibios e invertebrados bentónicos que pueblan su cauce. Precisamente, el río Berbellido había sido elegido como uno de los lugares donde reintroducir al desmán ibérico en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Este desastre ecológico se podría haber evitado si se hubiesen creado diques de contención con los restos de vegetación quemada en los cauces que van a parar al Berbellido y al Jaramilla. El incendio del Pico del Lobo fue declarado oficialmente extinguido el pasado 14 de octubre, después de más de tres semanas en las que ardieron unas 3.000 hectáreas de altísimo valor ecológico en el parque de la Sierra Norte y en la provincia de Segovia.

De acuerdo con las declaraciones de trabajadores y sindicatos del GEACAM, la administración castellano-manchega no respetó las recomendaciones de mantener el dispositivo veraniego de prevención y extinción de incendios forestales hasta al menos el 30 de septiembre, decisión que se tomó por criterios puramente económicos y que no tomó en cuenta la gravísima crisis climática en la que nos encontramos. Ecologistas en Acción está elaborando un completo informe sobre las consecuencias del incendio y solicitará la asunción de las responsabilidades políticas que correspondan.

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