• Ecologistas en Acción Ávila muestra su solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Burgohondo y agradece el trabajo del operativo de extinción y emergencias.
• La organización demanda adaptar la gestión forestal a la emergencia climática, poner ya planes de prevención y actuación local así como un plan integral de restauración de las zonas afectadas.

Ecologistas en Acción Ávila quiere trasladar su solidaridad a todas las personas afectadas por el incendio de Burgohondo, a la vez que reconocer el inmenso trabajo de los servicios de extinción y emergencias, agentes medioambientales, brigadas forestales, cuerpos de seguridad, voluntariado y todas las personas que están colaborando en la emergencia y en la atención a las personas evacuadas.

La organización lamenta profundamente la pérdida de viviendas, bienes y medios de vida, así como los daños ocasionados a espacios naturales de enorme valor, como la Reserva Natural del Valle de Iruelas y los pinares del Alto Tiétar.

Para Ecologistas en Acción, la magnitud de este incendio, que ya ha calcinado unas 50.000 Ha, debe marcar un punto de inflexión en la prevención y gestión del territorio. El cambio climático está generando temperaturas más elevadas, sequías y condiciones que favorecen incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Esta nueva realidad, se une al abandono rural y exige adaptar las políticas forestales y de prevención.

Prevención mucho más allá de simples desbroces

Las actuales condiciones exigen actuar estratégicamente sobre el territorio: recuperar el mosaico agroforestal, apoyar la ganadería extensiva y otras actividades rurales sostenibles, gestionar las zonas especialmente vulnerables y que son claves en la extinción de incendios.

Los pueblos deberían ser los primeros en ponerse al frente, asegurando tener planes de emergencia ante incendios. A pesar de sufrir cada año los incendios, la mayoría de los municipios de los valles del Tiétar y el Alberche ni siquiera cuentan con franjas de seguridad alrededor de los municipios. Algo que debería ser una prioridad en los presupuestos municipales, a juicio de la organización.

Ecologistas en Acción reclama también un urbanismo adaptado a la emergencia climática, que evite aumentar la exposición de viviendas y población en la interfaz urbano-forestal y que acabe con el urbanismo disperso, que resulta especialmente peligroso para las personas.

A escala más global, es crucial luchar contra el cambio climático, con políticas que abandonen el uso de los combustibles fósiles. Ya estamos viendo lo vulnerable que es nuestro país ante los fenómenos meteorológicos extremos, que seguirán agravándose si no se actúa.

Es imprescindible luchar contra la desinformación y los bulos. Desde la organización aseguramos que no hay ninguna norma que prohíba los desbroces ni que desde las organizaciones ecologistas los desaconsejan.

Finalmente, exigen un plan integral de restauración ambiental para las zonas afectadas, que proteja los recursos de agua, los suelos y garantice la supervivencia de especies de las zonas quemadas, como el buitre negro. Ante ese plan, es necesario abrir un debate sobre el tremendo riesgo de las viviendas en las zonas forestales, sobre todo las casas aisladas.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila:” En cuanto las llamas se apaguen debemos mirar hacia adelante.¡ Basta ya! O adaptamos la gestión del territorio a la emergencia climática, o tendremos incendios cada vez más difíciles de controlar y con consecuencias cada vez más devastadoras.

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Ecologistas en Acción de Guadalajara lamenta profundamente la devastación que está provocando el incendio de La Mierla, que ya es el más grande registrado en Castilla-La Mancha y ha quemado al menos la cuarta parte del Parque Natural de la Sierra Norte. Agradece el esfuerzo que están haciendo los medios de lucha contra los incendios, pero exige que se adecúen a la nueva realidad marcada por el cambio climático y los incendios de sexta generación, dado que los hechos están demostrando que no son suficientes, a pesar de la colaboración de distintas administraciones para intentar controlarlo.

En especial, la asociación aprecia los esfuerzos que están llevando a cabo los medios, tanto terrestres como aéreos, para proteger a los habitantes de la Sierra Norte y los cascos urbanos, aún poniendo en riesgo sus propias vidas, y expresa su solidaridad con los afectados y espera que puedan volver a sus hogares cuanto antes. El daño ecológico que se está produciendo es, de momento, incalculable, y se hará una valoración una vez se conozca el alcance real de los daños.

Reclama también una investigación sobre las causas del incendio, que aclare si se respetaron las restricciones que imponía el altísimo riesgo de incendio del pasado jueves para llevar a cabo las labores agrícolas. En caso contrario, estudiará personarse como acusación particular contra los responsables.

Ecologistas en Acción demanda que se revisen los protocolos y las restricciones a las labores agrícolas en caso de alta probabilidad de incendios, para garantizar que se lleven cabo de una forma segura y de que se minimice el riesgo. De lo contrario cada vez serán más frecuentes escenarios como éste, con peligro para las vidas de los medios antiincendios y los propios habitantes de la Sierra Norte.
Los hechos demuestran que no basta con combatir únicamente los incendios cuando ya se han producido, sino que son necesarias políticas de prevención sostenidas y mantenidas a lo largo del año, así como medidas de lucha contra la despoblación del medio rural.

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• Recuerdan que la mayor parte de los incendios se producen por negligencias, entre las que está la falta de mantenimiento de líneas eléctricas.
• En un contexto de cambio climático en que las condiciones meteorológicas favorecen los grandes incendios, es más importante trabajar en prevención.

La asociación Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor que lleve a cabo una revisión de las líneas eléctricas presentes en nuestro territorio, poniendo especial atención a aquellas que atraviesan o transcurren cercanas a los espacios forestales, con el fin de reducir el riesgo de incendios, que pueden terminar en desgracias personales, como el recientemente ocurrido en Almería.

Y es que la organización recuerda que más de la mitad de los incendios tienen origen en actividades humanas, siendo los incendios por causas naturales inferiores al 10%. Dentro del porcentaje de causas humanas, los incendios intencionados por pirómanos o por intereses particulares son minoría, siendo la mayor parte de los fuegos originados por negligencias perfectamente eliminables, entre las que están las quemas agrícolas, el uso de cierta maquinaria, o la falta de mantenimiento de líneas eléctricas.

La organización destaca el hecho de que el avance del cambio climático en nuestro territorio se traduce en mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, generándose las condiciones ideales para que se produzcan grandes incendios difíciles de apagar, debido a las altas temperaturas y la baja humedad.

Es por eso que ante el aumento del riesgo, se debe extremar las precauciones y dedicar más esfuerzos a prevenir futuros incendios y sus consecuencias, con mayores controles y sanciones más severas a esas conductas negligentes.

A pesar de que las negligencias más conocidas son las quemas agrícolas o el uso de maquinaria que puede generar chispas, en periodos y condiciones inadecuados y sin medios propios de extinción de posibles conatos, quizá no se pone suficientemente el foco en una negligencia que es menos conocida por el público en general, a pesar de ser protagonista de grandes incendios, como el fatídico de Los Garrardos (Almería), o como el recientemente ocurrido en Los Garres (Murcia). Esa negligencia es la falta de mantenimiento adecuado de líneas eléctricas de media tensión, que terminan provocando chispas y generando incendios. Y no es tan infrecuente como pueda parecer al no ser tan mencionada en medios de comunicación, ya que en el incendio del entorno de Cabo Tiñoso el pasado mes de febrero, o el ocurrido en Blanca esta misma semana, tienen también su origen en tendidos eléctricos sin el adecuado mantenimiento, una causa eliminable si se cumple con la normativa vigente, y si se opta por evitar que los tendidos crucen por zonas forestales, o que si lo hacen se haga de forma soterrada.

Para Ecologistas en Acción la situación es preocupante, ya que la responsabilidad del mantenimiento es privada, obligación que no siempre cumplen los propietarios de la línea, y que no siempre son las grandes empresas energéticas. También consideran que la administración no está realizando suficiente labor inspectora para verificar el estado de los tendidos, y en su caso exigir a sus propietarios que realicen las labores de mantenimiento necesarias.

Por eso, la organización ha pedido que se haga más hincapié en la transparencia del origen de los incendios, y que se dediquen mayores esfuerzos a prevenir las causas más frecuentes, que son las negligencias de diversa índole, perfectamente regulables y sancionables. Entre estas medidas, y dado que es menos conocido ese origen por tendidos eléctricos mal mantenidos, pero que están detrás de algunos de los incendios más recientes e importantes en nuestro territorio y territorios vecinos, los ecologistas exigen a la administración regional una campaña urgente de inspección de tendidos eléctricos, teniendo en cuenta que este verano las condiciones climáticas están siendo especialmente adversas, y empezando por aquellas que atraviesan o transitan cercanas a espacios forestales y espacios protegidos.

En el caso de ese tipo de líneas en entornos forestales o protegidos, la organización aboga por el soterramiento, para evitar tanto el riesgo de incendios, como las muertes por electrocución o choque de fauna amenazada, así como por motivos de conservación del paisaje. Un ejemplo en el que se debería de adoptar este tipo de soluciones sería la línea proyectada por el Ayuntamiento de Abanilla en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del Río Chícamo.

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Os 70 colectivos que integran esta plataforma presentan un manifesto actualizado en defensa dun monte vivo e con futuro ante o inicio da campaña de alto risco de incendios.

Os 70 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio urxente e profundo nas políticas públicas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e un ano despois da vaga de lumes de 2025, as entidades denuncian o fracaso do actual modelo, excesivamente centrado na extinción, e esixen unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas, un monte multifuncional e un medio rural vivo.

Manifesto por un monte galego vivo e con futuro

Presentación do novo manifesto “Por un monte vivo e con futuro”

Perante o inicio da campaña, oficialmente chamada, de alto risco de incendios e un ano despois dunhas das piores vaga de incendios que se espallou por toda a Galiza no ano 2025, manifestamos a necesidade vital dun cambio urxente e radical das políticas públicas de protección do rural e defensa dun monte galego multifuncional, para que os incendios non se convertan nunha condena perpetua até que arda todo o noso país, o noso territorio, as nosas pertenzas, os nosos medios de vida e a nosa natureza.

O pasado ano Galiza sufriu a vaga de lumes máis catastrófica no que vai de século, e a segunda da historia en extensión da superficie queimada. Foron 209.281 as hectáreas ardidas segundo o sistema Copernicus da UE, principalmente na provincia de Ourense, e destas 37.819 hectáreas en Rede Natura 2000. Sobre estes territorios arrasados apenas se desenvolveron medidas de restauración. Segundo a Xunta, só se interveu sobre 200 hectáreas, o que supón o 0,16% do territorio oficialmente queimado (118.966 hectáreas), mais en marzo de 2026 só se tiñan tratado 110 hectáreas con medidas efectivas de restauración e rexeneración hidrolóxico-forestal. Como consecuencia, os montes queimados ficaron desprovistos de cobertoira vexetal, o que provocou que o solo perdera a súa estrutura e fora arrastrado polas chuvias provocando avenidas catastróficas, como as que aconteceron na comarca de Valdeorras. Pérdense así enormes cantidades de solo (entre 15 e 170 toneladas por hectárea cada ano). Tomando como referencia unha cifra estimada de 24 t/ha e ano, os lumes de 2025 puideron ocasionar a perda de 2,85 millóns de toneladas de solo, mobilizado episodicamente cara o fondo dos vales polas avenidas, o que dana traídas, propiedades e mesmo pon en risco a vida das persoas.

Causas múltiples e diversas están na orixe dos incendios que se producen cada ano no territorio da Galiza, e unha mudanza climática acelerada agrava as condicións favorable para incendios máis frecuentes e intensos. Todo o mundo parece estar de acordo en que o abandono do rural, as nefastas políticas agrarias e a aposta polo monocultivo de especies pirófitas de crecemento rápido están entre as causas que mais inflúen nas vagas incendiarias. Neste sentido a falsa moratoria para novas plantacións de eucaliptos decretada pola Xunta de Galiza desde o 1 de xaneiro de 2026 está levando a que continúe a súa expansión, á vista do desastre económico, social e ambiental que estamos padecendo, consideramos necesario reclamar unha moratoria indefinida.

Un ano máis, e xa van moitos, ante a incompetencia dos gobernos galegos do PP, estamos sendo testemuñas de como o lume se está propagar por numerosas aldeas e zonas próximas ás cidades, co agravante de que a extensión de territorio que se ve afectada é cada vez maior, se as condicións climáticas son desfavorábeis. Temos que denunciar, sen querer ser catastrofistas, que viviremos unha emerxencia civil permanente se as vagas de calor seguen chegando. Non podemos depender do factor meteorolóxico con condicións climáticas mais ou menos benignas, para que o lume arrase, ou non arrase, o noso monte. No que levamos de verán son xa 800 hectáreas queimadas ( Padrón, A Mezquita, Borbobás e A Capela) segundo unha cifras oficiais que a Xunta publica, pero maquilladas e despois de pasar unha férrea censura baixo aparencia de criterios informativos, facendo un control informativo propio dunha ditadura. Saber a verdade e coñecer o que está sucedendo é un dereito que o pobo galego temos, polo que demandamos aos Gobernos transparencia informativa e sen manipulación.

A planificación da campaña de alto risco de incendios é nefasta, neglixente e improvisada. O tempo perdido no inverno para realizar traballos de prevención, engádeselle o retraso nos labores de prevención e limpeza das faixas secundarias e a negativa da Xunta a profesionalizar e a ter un único servizo público de extinción dos lumes.

Neste ano no que andamos, a irresponsabilidade da Xunta da Galiza ficou patente co incumprimento de rozar e limpar as faixas secundarias das 276 parroquias, que figuran como “priorizadas” no PLADIGA, das que fican sen limpar 206 das 276 comprometidas. Despois da grande vaga de incendios do ano pasado o Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, comprometeu-se no Parlamento Galego a que o seu Goberno ia rozar e limpar as faixas secundarias dos concellos de menos de 10.000 habitantes, isto é 295 dos 313 concellos que temos na Galiza, e agora resulta que desde a Xunta acusan aos e ás propietarias de non limpalas. Maior irresponsabilidade non a pode haber.

No ano 2026 non se incorpora nengunha praza nova de persoal propio do SPIF, son os mesmos efectivos que no 2025. Os medios terrestres e aéreos non contemplan nengún reforzo estrutural do operativo, que segue directamente privatizado. As únicas novidades son unha maior dotación de persoal através da contratacións externas, vía SEAGA, de 42 brigadas, e de 190 brigadas municipais. Todo un sistema de extinción baseado na precariedade e inseguridade laboral.

En todo caso, estamos ante un modelo fracasado, dun Plano de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA) para o 2026 que sigue sendo unha ferramenta inútil. É unha actualización de PLADIGAS anteriores, que se aproba sen debate no Consello Forestal da Galiza, sen avaliar e tirar conclusións da vaga de lumes do ano pasado, coa agravante de que neste Consello non están representadas todas as organizacións e entidades relacionadas co monte e o medio rural.

Seguir centrando a política anti-incendios na extinción, que fagocita case o 75% (159 millóns de €) dos 213 millóns do PLADIGA 2026, relegando a prevención (53 M€) e a formación (0,9 M€) e esquecendo por completo a restauración (0 €), fai que as consecuencias dos lumes atinxan máis aló do período de alto risco, o que maximiza os impactos negativos e pon en perigo vidas e facendas. Dito isto, non fica ningunha dúbida de que a loita contra o lume, na súa faceta de extinción, débese facer desde a óptica dun servizo público, profesional e permanente, polo que se fai necesario crear un Servizo Público de Bombeiros e Bombeiras Forestais, con a dimensión necesaria para atender a realidade existente.

A verdadeira política de prevención non é como pensa a señora conselleira e moita parte da sociedade, ter os montes limpos, as pistas arranxadas e os puntos de auga prestos, senón en ter un medio rural vivo e con actividade económica produtiva, un monte multifuncional e sustentábel coa implicación da veciñanza comuneira e dos e das titulares particulares nesta posta en valor. Neste sentido para garantir esta multifuncionalidade fai-se preciso reclamar da Consellaría do Medio Rural que volva pór en vigor a liña de axuda para a valorización integral do monte, así como as Unidades de Xestión Forestal (UXFOR), sen esquecer o Voluntariado en Defensa do Monte Galego, ferramentas que demostraron a súa eficacia no breve período no que estiveron vixentes.

A vida salvaxe que se perde tarda moitos anos en volver a reaparecer, porque a contorna tamén degradada, xa non consegue achegar sementes nin individuos para a recolonización natural. Cos lumes desaparecen animais ameazados, xoias naturais fráxiles e escasas como o bufo real, a aguia real, o lobo e o oso pardo… E con eles, centos de milleiros de pequenos animais abrasados polas lapas. Sobreiras, cerquiños, aciñeiras e érbedos monumentais convertidos en carbón en cuestión de segundos. E que pasará con ese solo queimado e requeimado, tan alterado que non poderá permitir o establecemento da vexetación que sustenta á fauna? A súa recuperación non é cuestión de décadas, senón de centos de anos.

As persoas labregas están especialmente afectadas pola destrución dos cultivos, a perda de forraxe almacenada e a imposibilidade de producir outra nova ou facer pastoreo nas terras arrasadas. Na apicultura perdeuse a zona de alimentación das abellas en km á redonda. E a recuperación destas zonas levará moito tempo.

Unha vez máis, temos que ser o pobo galego quen de forma auto-organizada nos preparamos para facer fronte a esta situación e para exixir ao goberno da Xunta medidas urxentes para frear esta situación e un cambio radical nas súas políticas ambientais, agro gandeiras e forestais.

E por isto esiximos:

• A creación dun único servizo público, de xestión directa e dependente da Xunta, evitando a súa privatización, composto por profesionais, adecuadamente formado en prevención, extinción de incendios e outras emerxencias que poidan alternar os labores de extinción no verán e prevención durante todo o ano.
• Plan de actuación e restauración inmediata nas zonas queimadas para evitar a erosión destes solos de extraordinaria importancia e procurar o antes posíbel a súa recuperación, así como impedir o arrastre e a chegada de cinzas e sedimentos a ríos, rías ou zonas habitadas xerando un risco para os sistemas naturais e as poboacións, como as vividas no mes de xuño na comarca de Valdeorras.
• A suspensión da tempada de caza e pesca non só nas áreas queimadas senón tamén nos tecores veciños por un período que permita a rexeneración das poboacións salvaxes afectadas polo lume.
• O pulo decidido a políticas estruturais que preserven a biodiversidade natural, restauren os ecosistemas danados e recuperen os usos tradicionais e multifuncionais dos montes, como o pastoreo. A aposta por unha agricultura labrega, familiar e agroecolóxica, que garanta prezos xustos para o sector produtor. Medidas que contribúen a fixar poboación no rural e a afastar os lumes.
• Apoiar tanto a propiedade particular, como especialmente as comunidades de montes en man común, no camiño cara unha xestión forestal e de monte protectora ante o risco de incendios. Fomentar as iniciativas que fortalezan a esas comunidades e permitan o aproveitamento multifuncional do territorio, evitando o abandono ou a extensión de monocultivos de especies como eucalipto ou piñeiros.
• Denunciamos que a Xunta siga empregando o monte galego como obxecto de especulación, ou como solo barato para as grandes corporacións multinacionais enerxéticas, mineiras ou pasteiras, como ENCE ou ALTRI, que expulsan ás persoas do rural na procura do seu lucro privado.
• Cómpre protexer o monte e o rural en todo momento pero, especialmente, ante a desgraza ambiental e social xerado polo lume, evitando que favoreza os intereses dos lobbys enerxético, mineiro, urbanístico, e forestal.
• Reclamamos unha moratoria indefinida para a plantación de eucaliptos e doutras especies pirófilas, así como a súa eliminación paulatina e dando alternativas aos e ás titulares de montes de eucaliptos situados en terras agrarias, apoio económico ás persoas que conservan as masas forestais autóctonas e os servizos ecosistémicos asociados, figuras de protección medioambiental, masas mixtas, zonas paisaxísticas, con restos patrimoniais, etc.
• Que por parte das administracións públicas se proporcione o apoio necesario, tanto material como técnico, así como garantir a simplificación administrativa e burocrática e a continuidade das explotacións agropecuarias afectadas e danadas polos incendios do verán do ano 2025 e dos que se dean este ano.
• Outro modelo industrial da madeira e dos produtos derivados na Galiza é necesario. Un modelo que teña como obxectivo o peche dos ciclos produtivos, tanto para as madeiras de calidade como para os produtos do monte.

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• 2026ko lehen seihilekoko datu ofizialak argitaratu ondoren, eta sute-boladaren erdian, Ecologistas en Acción taldeak administrazioei eskatzen die hobetu dezatela giza jatorriko ignizioen prebentzioa.
• Ecologistas en Acción taldeak uste du neurri hori ezinbestekoa dela hondamendi horiek eta haien ingurumen- eta gizarte- eta ekonomia-ondorio larriak murrizteko.
• Erakunde ekologistak, halaber, herritarren elkarlanerako eta sentsibilizazio kanpaina gehiago egiteko deia egiten du.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren datuek, autonomia-erkidegoetakoek eta Babes Zibileko Idazkaritza Nagusiarenek erakusten dute aurten eta aurrekoetan eragin txikia dutela jatorri naturaleko suteek, eta giza jatorriko suteek ere eragin handia dutela, kasuen % 90 gaindituta.

Behin sute-kanpaina hasita, 10 sute handi baino gehiagorekin eta Espainian erretako 55.000 hektareak gaindituta, Ecologistas en Acción taldeak uste du ez dela unea eztabaidatzeko hartu diren prebentzio-neurriak egokiak ziren ala ez. Iristear dagoenerako batere lausengarria ez den egoera batean gerta daitezkeen gizarte- eta ingurumen-inpaktuak mugatzea da garrantzitsuena. Helburu hori epe laburrean modu bakarrean lor daiteke: natura-ingurunea gehiago babestuz eta zainduz, gizarte osoa kontzientziatuz, arrisku-jokabideak eragotziko dituzten neurri uniformeak ezarriz, eta suak eragiten dituzten doluzko edo arduragabekeriazko jokabideak eragotziko dituzten ikerketa eta zigor hobeak ezarriz.

Suteetako asko, bereziki, sute handiak ere, jatorriz saihestu daitezke, ignizioen kausak behar bezala eteten badira. Hala ere, landarediaren egoeran jartzen da arreta maiz, gertatzen denaren erruduna landaredia izango balitz bezala, edo epe luzerako politikak eta adostasunak eskatzen dituzten neurrietan, gaur egun lortzen oso zailak direnak.

Azken adibideak oso esanguratsuak dira. Gironako Bisbal d ‘Empordàn, badirudi sutearen jatorria erradial baten zuhurtziagabekeriazko erabileran dagoela, errepide batean seinale bat jartzen zen bitartean. Ejea de los Caballeros, Tamarite edo La Fuevako suteetan, Aragoiko Komunitatean, uzta biltzeko makinen lanak izan zitezkeen kausa. Oseja de Sajambren, Leongo probintzian, Europako Mendietako Parke Nazionalari erasaten dion sua nahita piztu zen. Horren ondorioz, maiatzaren amaieran Doñanako Parke Nazionalari (Almonte, Huelva probintzia) eragin ziona ere ikertzen ari dira. Joan den apirilean, Losar de la Verak Caceresen egin zuenaren jatorria nekazaritza edo abeltzaintza erretzea izan zitekeen. Toledoko udalerrian sute bat izan da maiatzean, tiro-eremu batean egindako maniobren ondorioz.

Egoera horretan, tamalgarriak dira Ingurumeneko eta Hirigintzako Fiskaltza Koordinatzaileak berriki emandako datuak; izan ere, 2025ean, urte horretan ia 2.600 sute eta 5.600 sute izan ziren, eta ingurumen-arloko 1.478 salaketa penaletatik 117 baino ez baso-suteengatik. Eta iaz izan ziren 1.036 kondenetatik 86 bakarrik izan zirela baso-suteengatik. Horri gehitu behar zaio autonomia-erkidegoek ia ez dituztela administrazio-bidean zigortzen garrantzi penalik gabeko jokabide arduragabeak.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, gero eta permisibitate handiagoa dago eta ez dago kontrolik abeltzaintza- edo nekazaritza-erreketak egiteko, piroteknia erabiltzeko edo suteak prebenitzeko. Gobernu autonomiko askotan ezarri den negazionismo klimatikoak eta edozein hondamendi motaren aurreko interes alderdikoiak laxotasun hori berrelikatzen dute.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, eragindako suteen prebentzioan, gakoa da landa-inguruneko zaintza hobetzea urte osoan, eta laguntza ematea delituak jazartzen dituen egitura administratibo eta judizialari. Zabarkeriak saihesteko, arau-oinarria harmonizatu behar da. Estatuko Mendiei buruzko 43/2003 Legean oso modu ahulean tratatzen dira, eta oso desberdinak dira eta autonomia-erkidegoetako araudietan eta planetan korapilatuta daude.

Ecologistas en Acción taldeak uste du hobetzeko tarte handia dagoela gizartearen kontzientziazioan eta zigortzeko moduko jokabideen gaitzespenean, eta bide hori, suteen prebentzioan kontuan hartu behar den bakarra ez izanik, hainbat neurri eraginkortasunez ezarrita fruituak ematera deituta egongo litzatekeela.

Besteak beste, honako hauek erreklamatzen dira:

• Ustekabeko suteak prebenitzeko sentsibilizazio-kanpainak areagotzea, behar bezala hornituta. Bereziki kontuan hartuko da ignizioak saihesten gehien lagun dezakeen sektore bakoitza.
• Ingurune naturalean edo ingurune naturalera heda daitekeen egoeran sua, piroteknia edo bitarteko mekanikoak erabiltzeko debeku zehatza.
• Tokian tokiko zaintza- eta ikerketa-taldeak handitzea, eta ingurumen- eta baso-agenteen eta ingurumen-gaietan diharduten segurtasun-kidego eta -indarren hornidura handitzea.
• Mendiei buruzko 43/2003 Legea hobetzea, arrisku-egoerak modu murriztaileagoan arautu ditzan eta suteei aurrea hartzeko araudia eta plan autonomikoak alderdi horretan gehiago harmonizatzera behartu dezan.
• Bide penala eta administratiboa arintzea, suteak saihesteko ezarritako zehapen-araubideak modu eraginkorragoan aplika daitezen.

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• Tras la publicación de los datos oficiales del primer semestre de 2026 y en plena ola de incendios, Ecologistas en Acción urge a las administraciones a que mejoren la prevención de las igniciones de origen humano.
• Ecologistas en Acción considera que esta medida es imprescindible para reducir estos eventos catastróficos y sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas.
• La organización ecologista hace asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana y a que se lleven a cabo más campañas de sensibilización.

Consejos para evitar incendios forestales

Tanto los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como los de las comunidades autónomas y los de la Secretaría General de Protección Civil reflejan la escasa incidencia que este año, como en los anteriores, tienen los incendios de origen natural, y la muy mayoritaria de los de origen humano, superando ampliamente el 90% de los casos.

Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.

Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.

Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera.  En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.

En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.

Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.

En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.

Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.

Entre ellas, se reclaman las siguientes:

• Incremento, con la dotación adecuada, de las campañas de sensibilización orientadas a prevenir fuegos accidentales. Atendiendo específicamente a cada sector que potencialmente más pueda ayudar a evitar igniciones.
• Prohibición taxativa del uso del fuego, pirotecnia o de medios mecánicos que puedan originarlo en el medio natural o en situación de que pueda propagarse al mismo.
• Aumento de los equipos de vigilancia e investigación sobre el terreno, con incremento de las dotaciones de agentes medioambientales y forestales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en temas medioambientales.
• Mejora de la Ley 43/2003 de Montes para que regule de manera más restrictiva las situaciones de riesgo y obligue a una mayor armonización en este aspecto de la normativa y planes autonómicos de prevención de incendios.
• Agilización de la vía penal y administrativa para que se apliquen de forma más eficaz los regímenes sancionadores establecidos para evitar incendios.

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