En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados por última vez en 2021. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace dos décadas viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.
Las últimas estimaciones globales de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica siguen siendo muy preocupantes. Elevan en el año 2023 hasta 330.000 las muertes atribuibles a la mala calidad del aire en los países europeos. En España, las víctimas de la contaminación fueron ese año según la AEMA hasta 24.000, 13.300 por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5), 4.100 atribuibles al dióxido de nitrógeno (NO2) y 6.600 por exposición a ozono troposférico.
El coste económico medio de la mortalidad prematura, de la pérdida de días de trabajo y de la reducción de la productividad de las masas de agua, los cultivos y los bosques, ocasionados por la contaminación del aire, se ha estimado en 32.000 millones de euros anuales en el periodo 2021-2027, equivalentes al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto español.
Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias.
Como ha demostrado la dramática pandemia que vivimos entre 2020 y 2021, el origen de este problema en las áreas urbanas se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico motorizado, a las que se suman en mucha menor proporción las causadas por las calefacciones, así como las ocasionadas por el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puerto y/o aeropuerto próximos. Siendo en última instancia la utilización masiva de combustibles fósiles en el transporte y la industria la causa de la mala calidad del aire, y de otros graves problemas ambientales como el cambio climático global.
En el marco del Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción “Hacia una Contaminación Cero” de la Comisión Europea persigue reducir para 2030 el número de muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire en un mínimo de un 55 por ciento, en relación con las de 2005, centrándose en las partículas PM2,5. Con este objetivo, la Unión Europea ha adoptado la nueva Directiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, pendiente de trasposición por los Estados miembros.
En este contexto, el presente informe pretende dibujar una imagen amplia y fiel de la situación de la calidad del aire en nuestro país durante el año 2025, en relación con la protección de la salud y de la vegetación, a partir de la nueva legislación europea y de las directrices sanitarias de la OMS. La población estudiada es de 49,1 millones de personas, y representa toda la empadronada a 1 de enero de 2025 en el Estado español.
Para la elaboración de este informe se han recopilado los datos oficiales de 780 estaciones de medición repartidas por todo el Estado, titularidad de las Comunidades y Ciudades Autónomas, de los Ayuntamientos que disponen de red de medición propia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de algunas autoridades portuarias del Estado y de los principales aeropuertos gestionados por AENA.
Ecologistas en Acción agradece el esfuerzo de los gestores de las redes de vigilancia de la calidad del aire de todas estas administraciones y entidades, a la hora de facilitar la información solicitada, y espera que el presente informe contribuya un año más a alentar el necesario debate sobre el actual modelo energético y la calidad del aire que respiramos.
Principales resultados del informe
El presente estudio analiza la calidad del aire que respiró en 2025 la población española (49,1 millones de personas), en relación con la protección de la salud humana y con la protección de la vegetación y los ecosistemas. Asimismo, se evalúa de manera específica la calidad del aire en los principales aeropuertos, que se añaden así a los puertos del Estado incorporados al informe en 2017, con una incidencia potencial muy relevante en los núcleos urbanos en los que se localizan.
Los resultados provienen de los datos facilitados por las Administraciones estatal, autonómicas, locales, aeroportuarias y portuarias a partir de sus redes de medición de la contaminación, cubriendo en 2025 un total de 780 estaciones fijas repartidas entre las 132 zonas principales en que se divide el territorio español a los efectos de evaluar la calidad del aire, considerando en el presente informe la Ciudad Autónoma de Melilla como una única zona, a diferencia del criterio oficial.
Desde el punto de vista meteorológico, el año 2025 ha sido poco favorable para la acumulación de partículas y dióxido de nitrógeno en invierno, pero propicio para la formación de ozono en el verano más cálido desde al menos 1961, con un periodo primaveral templado e inestable, de gran actividad vegetal, y unos meses estivales favorables por sus elevadas temperaturas e intensas y prolongadas olas de calor, registrando diversos episodios de partículas y ozono. La ola de incendios forestales del mes de agosto contribuyó a agravar esta contaminación del aire.
Los contaminantes más problemáticos en el Estado español durante 2025 han sido las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3). Para el cálculo del porcentaje de población española que ha respirado aire contaminado y de la superficie expuesta a niveles que dañan la vegetación se han tenido en cuenta estos cuatro contaminantes, si bien se ha recopilado y evaluado asimismo la información disponible sobre otros contaminantes regulados legalmente como dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), benceno (C6H6), benzo(α)pireno (BaP) y metales pesados (arsénico, cadmio, níquel y plomo).
El año pasado, la calidad del aire en España mejoró con relación a las partículas respirables (PM10), a las partículas finas (PM2,5) y sobre todo al NO2, pero empeoró sustancialmente respecto al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde el año 2015 y recuperando las concentraciones previas a la crisis de la COVID-19, con alzas y bajas según los territorios. Estos contaminantes volvieron a afectar durante 2025 a todo el territorio español, excediendo los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en gran medida, también los nuevos límites legales aprobados para 2030 por la Unión Europea.
La población que respiró aire contaminado en el Estado español según los nuevos valores límite y objetivo aprobados para 2030 por la Unión Europea (Directiva 2024/2881, pendiente de trasposición por el Gobierno) alcanzó 32,6 millones de personas, es decir un 66,3 % de toda la población y casi dos millones más de personas afectadas que en 2024. En otras palabras, dos de cada tres españoles respiraron en 2025 un aire que incumple los nuevos estándares legales, expresando la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación europea.
Considerando los obsoletos valores límite y objetivo establecidos por la legislación todavía vigente (Directiva 2008/50/CE y Real Decreto 102/2011), la población que vive en zonas donde el año pasado se incumplieron dichos límites fue de 9,1 millones de personas, lo que representa un 18,6 % de toda la población. En otras palabras, casi uno de cada cinco españoles respiró en 2025 un aire que todavía incumple los estándares legales actuales, década y media después de su entrada completa en vigor. Esta situación supone un aumento de casi un millón de personas afectadas respecto a 2024, por la mayor repercusión del ozono, aunque muy por debajo del incumplimiento legal previo a la pandemia, por la caída del NO2.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales (y más acordes con una adecuada protección de la salud), como en años anteriores toda la población española respiró en 2025 un aire con niveles de contaminación superiores a los recomendados, con la única incógnita de la ciudad de Cáceres, sin medidor de contaminación desde octubre de 2024. La actualización en 2021 de los estándares de calidad del aire de la OMS, ahora mucho más exigentes para contaminantes como el NO2, las partículas PM10 y PM2,5 y el ozono, explica el aumento de las personas afectadas respecto a 2019.
La superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación y los ecosistemas, según los niveles críticos y el valor objetivo establecidos para los contaminantes regulados por la legislación vigente (Directiva 2008/50/CE y Real Decreto 102/2011) y mantenidos por la nueva, alcanzó 84.000 kilómetros cuadrados, es decir un 16,6 % del territorio español, la tercera parte de superficie que en 2019 y la segunda cifra más baja desde la aprobación y entrada en vigor de las normas indicadas. En otras palabras, la sexta parte del territorio español soportó en 2025 una contaminación atmosférica que incumple los estándares legales vigentes para proteger los cultivos agrícolas, los montes y los ecosistemas naturales.
Si se tiene en cuenta el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la normativa actual y nueva para el ozono troposférico, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación se incrementó hasta los 429.000 kilómetros cuadrados, un 85,0 % del territorio español, recuperando la magnitud de los años previos a la pandemia. En otras palabras, la mayor parte del territorio español siguió soportando en 2025 una contaminación atmosférica que daña los cultivos agrícolas, los montes y los ecosistemas naturales.
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961, de manera que los cuatro últimos años han sido los más tórridos desde que se dispone de registros. La inestabilidad atmosférica y el calor invernales inhibieron los episodios de contaminación por NO2 y partículas, rebajando las intrusiones de polvo procedente del norte de África, con una caída de los episodios de calima en Canarias, en un año en que se produjeron respectivamente 804 y 160 superaciones de los umbrales de alerta establecidos por la normativa española para las partículas PM10 y PM2,5. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las tres intensas y prolongadas olas de calor de junio-julio y agosto, a lo largo de las que se produjeron 308 superaciones del umbral de información y 4 superaciones del umbral de alerta.
El cambio climático se confirma así como el factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono durante el año pasado, como efecto derivado del incremento de la radiación solar y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales como la menor disponibilidad de agua, la desertificación de amplios territorios tropicales y subtropicales o la mayor frecuencia de catástrofes naturales ligadas al clima, entre las que en España hay que destacar los virulentos incendios forestales de 2025, cuyas emisiones han contribuido a elevar los niveles de partículas y ozono.
No obstante, el factor esencial para explicar la ligera caída general de la contaminación atmosférica durante 2025, más allá de la coyuntura meteorológica, es la evolución reciente del modelo energético. Así, aunque la combustión de petróleo superó el año pasado las magnitudes previas a la pandemia de la COVID-19, los consumos de gas natural y de electricidad se mantuvieron respectivamente un 17 % y un 4 % por debajo de los de 2019, por efecto del aumento de las temperaturas. Además, las fuentes renovables incrementaron su aportación hasta el 57 % de la generación eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas de gas y fueloil, tras la clausura de las de carbón, las más contaminantes.
La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde vive la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las centrales termoeléctricas de carbón y petróleo todavía operativas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. En el resto de las áreas suburbanas y rurales el problema fundamental obedece a las transformaciones químicas de los contaminantes primarios emitidos por el tráfico urbano, las industrias y la ganadería intensiva para formar otros derivados como las partículas PM2,5 secundarias y el ozono, de manera que hoy en día no hay apenas territorios libres de contaminación atmosférica.
Un problema específico al que se presta atención en este informe es la repercusión del tráfico aéreo y marítimo en los principales aeropuertos y puertos del Estado. Con la información aportada por AENA y las autoridades portuarias, se puede concluir que estas instalaciones podrían haber tenido una repercusión relevante en la calidad del aire de las ciudades en las que se ubican, por el fuerte crecimiento de la navegación aérea y marítima de cruceros en 2025. En los puertos de Almería, Barcelona, Escombreras (Murcia), Ibiza, Tarragona y Vigo se superó el valor límite diario legal de PM10, por el movimiento y el almacenamiento al aire libre de graneles sólidos. Y el aeropuerto de Madrid Barajas provocó en el Corredor del Henares madrileño múltiples superaciones de los estándares legales de ozono.
Las partículas respirables PM10 redujeron su presencia en Canarias y en la Península debido a la menor frecuencia de los episodios de intrusión de polvo africano, dentro de la tendencia general creciente estrechamente relacionada con el cambio climático. No obstante, 15 estaciones de medición en Alcañiz (Teruel), Gijón, Oviedo, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Puertollano y Lorca (Murcia) y en los puertos anteriormente citados superaron el obsoleto valor límite diario todavía vigente, en un año en que se produjeron 804 superaciones del umbral de alerta establecido por la normativa española para este contaminante.
La medición y evaluación de las partículas finas PM2,5 resulta aún insuficiente en la mayor parte de las redes de control autonómicas. Todavía son escasos los puntos de muestreo de este contaminante, con Comunidades Autónomas (CC.AA.) en las que tan solo unas pocas estaciones disponen de equipos de medición, y con porcentajes de captura de datos muy bajos, mientras siete zonas incluso carecen de analizadores.
Aunque durante 2025 los niveles de partículas PM2,5 no excedieron el obsoleto valor límite anual vigente, se produjeron 160 superaciones del umbral de alerta establecido por la normativa española para este contaminante.
Los niveles de NO2 se redujeron en 2025 un 30 % respecto a la concentración promedio de este contaminante entre 2012 y 2019, pese al incremento post-COVID de la movilidad motorizada, probablemente por la renovación y menor dieselización del parque circulante de vehículos. Por tercer año seguido desde su entrada en vigor en 2010, ninguna ciudad española incumplió el año pasado el obsoleto límite legal anual de NO2. No obstante, las áreas urbanas de A Coruña, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ceuta, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sevilla, Talavera de la Reina, València, Vigo y Zaragoza rebasaron el nuevo valor límite anual aprobado para 2030 por la Unión Europea.
Ecologistas en Acción ha realizado entre 2020 y 2026 diversas campañas de medición de NO2 con captadores pasivos analizados en laboratorios acreditados en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de medio centenar de ciudades españolas, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales orientadas al tráfico en cada ciudad. Lo que además cuestiona la ubicación de las estaciones de control de la calidad del aire, apreciación ratificada por el informe de la organización ambiental “Análisis de la ubicación de las estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en ciudades españolas”, para 25 estaciones y ciudades.
El contaminante que siguió presentando una mayor extensión y afección a la población fue un año más el ozono troposférico. La ciudad de Madrid alcanzó los niveles más elevados de este contaminante desde que se dispone de registros, con todas sus estaciones de medición por encima del actual valor objetivo para la protección de la salud, al igual que otras catorce zonas en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Región de Murcia. Coincidiendo con las olas de calor de junio-julio y agosto, se produjeron 308 superaciones del umbral de información, así como 4 superaciones del umbral de alerta en la Comarca de Puertollano y el Camp de Tarragona.
La contaminación del aire es un asunto muy grave, que según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) causó en 2023 hasta 24.000 muertes atribuibles en el Estado español, trece veces más que los accidentes de tráfico en ese año. Si bien su frecuencia se limita a unos pocos días o semanas al año, los episodios de contaminación son responsables de 10.000 de esas muertes prematuras, así como de 62.000 ingresos hospitalarios anuales, según el Instituto de Salud Carlos III. Con altibajos según el año considerado, los incumplimientos de los nuevos límites legales aprobados para 2030 por la Unión Europea y de las recomendaciones de la OMS son generalizados y se vienen repitiendo desde hace años. El empeoramiento de la situación respecto al ozono en 2025 es en este sentido una pésima noticia.
Los contaminantes atmosféricos también afectan de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, reduciendo la productividad de las plantas, aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades y plagas o incrementando de manera excesiva los nutrientes presentes en el agua y el suelo, provocando su eutrofización. La AEMA destaca a Italia y España como los dos países europeos con mayores daños de la contaminación por ozono sobre la agricultura, afectando en nuestro país según esta fuente a dos terceras partes de la superficie cultivada.
El coste económico medio de la mortalidad prematura, de la pérdida de días de trabajo y de la reducción de la productividad de las masas de agua, los cultivos y los bosques, ocasionado por la contaminación del aire, se ha estimado en 32.000 millones de euros anuales en el periodo 2021-2027, equivalentes al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto español. Aunque los cambios necesarios en los modos de producción y en el transporte implican importantes inversiones, la Comisión Europea estima que los beneficios superan en más de cuatro veces a los costes.
La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Buena parte de la información contenida en el presente informe ha debido solicitarse directamente a los Organismos responsables por no estar disponible en sus páginas web, resultando por lo tanto inaccesible y a menudo ininteligible para el público. El índice nacional de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares o buenos niveles de contaminación que pueden ser dañinos para la salud, por lo que debería adaptarse a las actuaes directrices de la OMS. Y el visor estatal de calidad del aire lleva sin facilitar información desde el 8 de febrero de 2026, por un problema con la base de datos nacional que el Gobierno no termina de solucionar.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por la falta de voluntad política para acometer medidas estructurales sobre el transporte o la industria. En el caso de las numerosas zonas donde se incumplen los objetivos legales de ozono, repartidas por una docena de CC.AA., estos planes a veces ni siquiera existen, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tampoco ha aprobado hasta la fecha el Plan Nacional de Ozono, que lleva demorando una década.
Hasta la fecha, son pocas las ciudades y regiones (Asturias, Barcelona, Cataluña, Galicia, León, Madrid, Murcia, Sevilla, València, Valladolid, Vitoria, Zaragoza) que cuentan con Planes de Acción a Corto Plazo frente a los episodios de contaminación bajo situaciones meteorológicas adversas. El establecimiento por el Gobierno de umbrales de alerta para las partículas y la aprobación por MITECO y CC.AA. de un Protocolo marco para los protocolos autonómicos y locales son dos buenas iniciativas, pero la mayor parte de estas administraciones todavía no han adaptado sus protocolos de actuación, pese a haber vencido hace tres años y medio el plazo legal para ello, y el Gobierno central está tramitando una elevación sustancial de los actuales umbrales de información y alerta para las partículas, que de aprobarse comportaría una injustificada regresión ambiental y sanitaria.
La vigente legislación europea y española se mantiene muy alejada de los valores de concentración máxima recomendados por la OMS para ciertos contaminantes, basados en las evidencias científicas de la relación entre contaminación atmosférica y salud. La aprobación por la Unión Europea de la nueva Directiva 2024/2881, que actualiza los límites legales para acercarlos a las guías de la OMS, es un paso adelante que beneficiará la salud pública, pero para que este avance se consolide es necesario que el Gobierno español la transponga ya, con urgencia.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son: la reducción del tráfico motorizado en las ciudades, con un urbanismo de proximidad y potenciando el transporte público eléctrico y los medios activos peatonal y ciclista; la reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y socialmente accesible; el ahorro y la eficiencia energética; una generación eléctrica renovable ordenada, en sustitución de las centrales termoeléctricas de combustibles fósiles; la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles para prevenir la contaminación; la implantación de Áreas de Control de Emisiones de Nitrógeno (NECA) en el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste; la reducción del tráfico aéreo, evitando nuevas ampliaciones de aeropuertos; la reducción y el compostaje de los residuos biodegradables; una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas industriales; y una fiscalidad a los combustibles fósiles que corrija el favorable tratamiento otorgado a los vehículos diésel, al transporte marítimo y a la aviación.
Vencido hace tres años y medio el plazo otorgado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire urbano y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente esta obligación, pese a los abundantes fondos públicos que los ayuntamientos están recibiendo para su implantación. La escasa sensibilidad ambiental de las autoridades locales y de algunas instancias judiciales está lastrando la aplicación de esta herramienta, esencial para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades.
Buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones frente a la contaminación del aire son la condena al Reino de España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 22 de diciembre de 2022, por el incumplimiento reiterado y sistemático desde el año 2010 del límite legal anual de dióxido de nitrógeno en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, así como las sentencias del Tribunal Supremo (2020 y 2026) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023) declarando la obligación de dichas CC.AA. de aprobar planes de calidad del aire para reducir los niveles de ozono.
La crisis sanitaria de la COVID-19 demostró que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado algo en lo que vienen insistiendo desde hace años la comunidad científica y las organizaciones ambientales: que la rebaja de las emisiones es efectiva para combatir la contaminación y supone una importante mejora de la salud pública. Por ello, Ecologistas en Acción desarrolla en España la campaña europea Clean Cities, para pedir a las administraciones una reducción drástica del uso del coche en las ciudades, que permita redistribuir el espacio urbano para fomentar la movilidad activa peatonal y ciclista, al tiempo que se potencia el transporte colectivo, con una financiación pública razonable.
En resumen: el incremento en 2025 de los niveles de ozono respecto a los registrados durante 2024 y años anteriores a la crisis de la COVID-19 obliga a considerar el cambio climático como un serio obstáculo para la rebaja de la contaminación atmosférica, más allá del aumento del consumo de combustibles fósiles que pueda acompañar el actual ciclo de acumulación económica. Asimismo, nos recuerda que estamos todavía lejos de una situación sanitariamente aceptable, con arreglo a las directrices de la OMS y también a los nuevos límites legales a alcanzar antes de 2030. La evolución futura del problema dependerá de las lecciones aprendidas de la pandemia y de la actual crisis energética.
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