Conclusión: La regresión de la ambición climática europea
Durante el mandato de la Comisión Europea 2019-2024, el Pacto Verde Europeo se consolidó como una de las principales prioridades políticas de la Unión Europea. Estos avances representaron pasos fundamentales para hacer frente a la crisis climática, aunque desde el principio resultaron insuficientes ante la urgencia que la ciencia venía documentando.
La Legislación Europea sobre el Clima supuso un avance significativo al fijar objetivos jurídicamente vinculantes para 2030 y 2040, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, ya entonces resultaba problemático que la norma se centrase en el concepto de “neutralidad” y no de forma explícita en la reducción real de emisiones, abriendo la puerta a mecanismos contables que permiten eludir la descarbonización efectiva.
Las medidas del paquete “Fit for 55”, orientadas al cumplimiento del objetivo para 2030, mostraron luces y sombras desde su concepción. La ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión a nuevos sectores mediante el ETS2, junto con una mayor reducción de emisiones, marcó un cambio en la dirección correcta. No obstante, la lógica de mercado inherente a este mecanismo favorece sistemáticamente a las grandes empresas y refuerza un sistema económico que contradice los objetivos de sostenibilidad que pretende alcanzar. El Fondo Social para el Clima, concebido como instrumento para mitigar los impactos sociales del ETS2 sobre las poblaciones más vulnerables, nació con una dotación limitada en comparación con los ingresos generados por los mercados de carbono. Sería deseable y necesario que una mayor parte de estos recursos se destinara directamente a fines sociales y de justicia climática, en lugar de alimentar el mismo sistema financiero que ha contribuido a la crisis.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono intentó dar respuesta a las fugas de carbono derivadas de la deslocalización de la producción por el coste de las políticas ambientales, pero su implementación ha generado constante incertidumbre. Las exenciones introducidas y el retraso en su aplicación reducen dramáticamente su eficacia y plantean serias dudas sobre su capacidad para garantizar una reducción efectiva de emisiones a escala global. El Reglamento de Reparto del Esfuerzo supuso un avance al establecer objetivos nacionales vinculantes para sectores clave como el transporte por carretera, los edificios, la agricultura, los residuos y la pequeña industria. Sin embargo, los amplios mecanismos de flexibilidad incorporados debilitan su impacto real y pueden permitir que algunos Estados miembros retrasen indefinidamente la acción climática necesaria.
La Directiva de Energías Renovables contribuyó a reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles, pero la aceleración de los procedimientos sin suficientes salvaguardas sociales y ambientales generó alarmas justificadas. La transición energética debe hacerse con criterios de justicia social, tanto en la extracción de materias primas para la construcción de infraestructuras como en su implementación territorial. Resulta especialmente preocupante la persistencia de incentivos a determinados biocombustibles como la soja, con impactos negativos documentados sobre la deforestación, así como la aceleración de proyectos de hidrógeno controlados por las mismas empresas fósiles que deberían estar en proceso de desmantelamiento. Las reformas de la Directiva sobre eficiencia energética y la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios constituyeron avances positivos, destacando el calendario para reducir el consumo, implantar energía solar en edificios y luchar contra la pobreza energética mediante la creación de ventanillas únicas de atención ciudadana.
En conjunto, el Pacto Verde Europeo supuso un cambio profundo en el marco normativo de la Unión Europea durante aquel ciclo legislativo. Sin embargo, ya entonces resultaba imprescindible aumentar la ambición climática, reforzar el enfoque de justicia social y territorial, y evitar que los procesos de simplificación derivasen en desregulación ambiental. La transformación ecosocial necesitaba acelerarse para hacer frente a la emergencia climática, pero ese impulso debía planificarse democráticamente y situar a las personas y al planeta en el centro de las políticas públicas.
El informe Draghi y el desmantelamiento normativo
El actual ciclo legislativo europeo está marcado por el Informe sobre el futuro de la competitividad europea, elaborado por Mario Draghi, que representa una continuidad con la ortodoxia económica de corte neoliberal. Este documento prioriza la reducción institucional y la desregulación de mercados, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad ambiental. Draghi, antiguo vicepresidente de Goldman Sachs durante la crisis de 2008 y expresidente del Banco Central Europeo durante las medidas de austeridad, vuelve a aplicar para el conjunto de la Unión Europea la misma receta de recortes sociales y liberalización que implementó en años anteriores.
Desde la ratificación de la Comisión en noviembre de 2024, formada mayoritariamente por miembros del Partido Popular Europeo y liberales de Renew, el informe Draghi se ha convertido en la hoja de ruta política de los siguientes cinco años. Este giro fue formalizado en marzo de 2025 a través de la Declaración de Budapest, priorizando la desregulación bajo el eufemismo de “simplificación” de elementos tan relevantes como la protección ambiental, la legislación climática y el control de tóxicos.
Este nuevo ciclo contrasta radicalmente con el anterior, que venía precedido por el Informe Stern, el cual mostraba la relación económica directa entre degradación ambiental y crisis climática, indicando que no actuar suponía un coste hasta tres o cuatro veces mayor. El Informe Stern impulsó el Acuerdo de París y encaminó a la UE hacia una transición energética basada en renovables. Sin embargo, el cambio de color político y la entrada de perfiles negacionistas han revertido esta tendencia.
Hasta el momento, este llamamiento político se ha consolidado en la aprobación de ocho leyes ómnibus que desmantelan sistemáticamente la normativa climática y ambiental. Estas leyes interrumpen durante dos años la obligación de presentar informes de sostenibilidad, paralizan el reglamento de Debida Diligencia, reducen controles en la Política Agraria Común, posponen obligaciones ambientales relacionadas con baterías, destinan ochocientos mil millones de euros a defensa y simplifican requisitos sobre sustancias tóxicas.
Particularmente grave resulta el octavo ómnibus, que limita la evaluación de debida diligencia solo a operaciones propias y socios directos, permitiendo a las empresas ocultar delitos mediante la creación de terceras empresas. Se suprime la obligación de adoptar planes de transición climática, se elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil y se establecen límites máximos a las multas. El octavo ómnibus moviliza cincuenta mil millones para grandes infraestructuras sin incluir principios como el de no hacer daño significativo ni salvaguardas contra financiación gasista o nuclear.
Desoír la ciencia, atender los intereses empresariales
La revisión de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea revela una peligrosa desconexión entre la urgencia científica y la voluntad política. Lo que nació como un proceso fundamentado en el rigor técnico, avalado por las recomendaciones del Comité Asesor Científico Europeo para el Cambio Climático hacia una reducción del noventa al noventa y cinco por ciento basada en la gestión de la demanda, se ha visto comprometido por un cambio de ciclo político que prioriza la desregulación sobre la supervivencia climática.
A pesar de que las recomendaciones científicas eran las óptimas a nivel climático, económico, social y laboral, el giro a la derecha del Parlamento Europeo ha alterado el rumbo. La adopción de un objetivo del noventa por ciento, lastrado por agujeros legislativos y mecanismos de flexibilidad, representa una claudicación ante los intereses neoliberales. El recurso a los créditos de carbono bajo el Artículo 6, cuya integridad climática y respeto a los derechos humanos siguen sin garantías, convierte el compromiso europeo en una estructura de contabilidad creativa más que en una hoja de ruta de descarbonización real.
El informe del Comité Asesor Científico era claro: el escenario basado en la gestión de la demanda ofrecía mayores beneficios a la sociedad en salud pública, seguridad energética y biodiversidad, y era el más coste-efectivo. Sin embargo, las propuestas políticas progresivamente diluyeron este enfoque mediante créditos de carbono, leyes ómnibus y la inclusión de soluciones tecnológicas inviables como la nuclear y la captura de carbono. En definitiva, se prioriza la “competitividad” sobre la efectividad climática.
Al ignorar la necesidad de actuar contundentemente, la Unión Europea incumple su liderazgo internacional en el marco del Acuerdo de París. Además, envía una señal negativa a otros países al no realizar las medidas que exige internacionalmente, bloquear la financiación necesaria y esconderse tras certificaciones de dudosa credibilidad. A nivel doméstico, ese retroceso normativo pone en riesgo la certidumbre económica y laboral de una transición que no puede permitirse llegar tarde.
La aplicación: urgencia de actualización normativa
Estado español, como país miembro de la Unión Europea, no presenta objetivos específicos propios de reducción de emisiones, sino que asume el objetivo europeo como su compromiso ante el Acuerdo de París. Este acuerdo sobre el objetivo a 2040 alcanzado por la Unión Europea deberá traducirse a objetivos concretos a nivel nacional. Sin embargo, los criterios de justicia climática muestran que Estado español, como país del norte global con responsabilidad histórica, debería alcanzar la descarbonización de su economía en el año 2040, alcanzando en torno al noventa al noventa y cinco por ciento de reducción de las emisiones respecto al año base de 1990, ya que los sumideros naturales tendrían una capacidad de absorción en torno al cinco al diez por ciento de las emisiones totales.
Es importante recordar además que nuestro país mediterráneo está sometido a mayores riesgos de sequías e incendios, donde el manejo o la composición específica de los ecosistemas limita aún más el papel de sumideros respecto al que podemos observar en otros países europeos. Por ello, se debe ser cautos y aplicar el principio de precaución en los temas relativos a los sumideros naturales.
El cambio de prioridades de la UE hacia la competitividad y la desregulación afectará inevitablemente a la política climática española. Según el programa de trabajo aprobado por la Comisión Europea, se revisarán todos los programas y paquetes normativos del anterior ciclo legislativo. Esta revisión se producirá en el tercer y cuarto trimestre de 2026, evaluando el Régimen de Comercio de Emisiones y la reserva de estabilidad en el tercer trimestre, mientras los objetivos nacionales se evaluarán en el cuarto trimestre junto con la revisión de las flexibilidades para su cumplimiento.
Sin embargo, la simplificación normativa y los temas de competencia tendrán preferencia sobre la revisión de los objetivos nacionales. Ante estas prioridades europeas surge la duda de si la falta de atención a los temas climáticos puede impedir alcanzar un calendario que se ajuste precisamente a la actualización de todos los paquetes climáticos de la UE y los países miembros en 2029. La experiencia nos demuestra cómo algunos de estos paquetes no han podido ser realizados o debatidos en tiempo y forma como se esperaba. En lugar de ello, observamos cómo la Comisión Europea está priorizando leyes ómnibus que minan la limitada ambición e integridad ambiental del paquete “Fit for 55”. Si bien este paquete era insuficiente, representaba un paso adelante.
El futuro de la neutralidad climática a 2050 depende hoy de que estos vacíos normativos sean denunciados y corregidos antes de que la inercia del negacionismo climático se vuelva irreversible. Es imperativo volver a las recomendaciones del Comité Asesor Científico en su integridad, priorizar la gestión de la demanda sobre soluciones tecnológicas de alto riesgo, eliminar o limitar drásticamente el uso de créditos de carbono hasta que el Artículo 6 garantice integridad real, garantizar la integridad climática estableciendo salvaguardas sobre los ecosistemas y las personas, y apostar por una transformación real, lejos de las lógicas del liberalismo y el mercantilismo que nos han traído a las crisis actuales.
Sin una estrategia integral que anteponga la justicia social y la protección ambiental al interés empresarial y la lógica neoliberal, Estado español reproducirá el mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual, imposibilitando el cumplimiento real de sus compromisos y perpetuando impactos sociales y ambientales inasumibles. La sociedad civil europea, el movimiento climático y los sectores progresistas tienen la responsabilidad de exigir que la ciencia vuelva a guiar la política climática, antes de que el pragmatismo neoliberal condene a Europa y al mundo a un futuro de crisis climática irreversible.
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La entrada [Informe] Cuando el ‘lobby’ fósil rebaja la ciencia: desregulación y captura corporativa en el giro climático de la UE hacia 2040 aparece primero en Ecologistas en Acción.
