• El Anteproyecto de Ley, bautizada risiblemente como LIDER, pretende una mayor desprotección de los espacios rurales y naturales, limitar la participación ciudadana, desamparar el patrimonio histórico-cultural, plantear un crecimiento que saturaría más aún la ya desbordada capacidad de carga del territorio de nuestra región y dar carta blanca al gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar macro proyectos en cualquier lugar de nuestra comunidad.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha planteado un detallado escrito de alegaciones contra ese Anteproyecto y llama a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a manifestar activamente nuestra oposición al mismo y a la dinámica trumpista en la que está embarcado el gobierno regional.

Tras 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y 30 de la ley de ordenación territorial, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día esta legislación que había venido parcheándose a lo largo de este tiempo, refundiéndola en un único texto legal.

Una oportunidad sin duda histórica para elaborar una normativa a la altura de los enormes desafíos que enfrenta nuestra región en esta materia: desde la crisis habitacional a la proliferación de usos y actividades incompatibles en los suelos rurales y espacios naturales, pasando por la sobreexplotación del suelo urbano mediante operaciones especulativas y la mercantilización del espacio público. Todo ello en un marco de creciente desigualdad social y de crisis climática, que se manifiestan de forma dramática en nuestras ciudades y territorios.

La respuesta del gobierno regional es un anteproyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, que ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública durante el breve periodo de un mes, que incluía las vacaciones de semana santa. Un exiguo plazo para que la ciudadanía pueda estudiar y opinar sobre un anteproyecto de 323 artículos y 24 disposiciones, de una complejidad técnica y jurídica considerable y con gravísimas implicaciones sociales y medioambientales, por lo que tanto Ecologistas en Acción como otras entidades sociales hemos reclamado, sin respuesta, la ampliación de ese plazo.

Pero, más allá de la nula voluntad de las autoridades autonómicas por contrastar socialmente el proyecto, ¿responde este a los retos y necesidades de nuestra región? Desde Ecologistas en Acción creemos que no responde en absoluto, y por ello hemos presentado un documento de alegaciones, del que extraemos los elementos principales en esta nota.

En primer lugar, debe destacarse que tanto la motivación explícita de la ley como el sentido de sus disposiciones apuntan a un mismo objetivo, que es desregular la actuación urbanizadora y facilitar la intervención de los agentes inmobiliarios y la materialización de sus intereses, todo ello bajo el mantra reiterativo de agilizar, flexibilizar y simplificar la tramitación de los planes urbanísticos. Lo que resulta plenamente coherente con los antecedentes legislativos regionales más recientes en la materia, en concreto la llamada ley Ómnibus 2024 (Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de ‘medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio’) y la creación de la Aceleradora Urbanística (decreto 92/2025, de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid), que también fueron contestados por muchas entidades ciudadanas, entre otras nuestra asociación.

Este objetivo ultraliberal y privatizador del urbanismo se pone al servicio, en el anteproyecto, de una visión de crecimiento urbano ilimitado y acelerado de nuestra región, basada en hipótesis fantasiosas sobre su aumento de población y en la ignorancia de los impactos medioambientales, la situación de sus recursos vitales y la capacidad de carga de sus infraestructuras y servicios. En definitiva, al margen de cualquier modelo territorial racional y sostenible.

Para ello, el anteproyecto oficializa la renuncia (hasta ahora de facto) del gobierno regional a ejercer sus deberes de ordenación integral del territorio, a cambio de habilitar la intervención discrecional, pública y privada, sobre cualquiera de sus partes o ámbitos mediante distintos instrumentos que pueden imponerse sin más sobre el planeamiento de los municipios e incluso sobre suelos protegidos por sus valores naturales o agropecuarios. Detrás de esta batería legal pueden adivinarse fácilmente macroproyectos recreativos, logísticos, energéticos, centros de datos… es decir, anunciadas agresiones al territorio que se complementa con la permisividad casi total de usos ‘excepcionales’ en el suelo rural.

Por otra parte, en materia urbanística el anteproyecto más que agilizar y simplificar lo que introduce es una notable confusión e incertidumbre con una voladura del actual sistema jerárquico y racional a cambio de un nuevo modelo que confía a la iniciativa privada el diseño de nuestras ciudades y pueblos.

Todo ello encuentra un reflejo lógico en la merma de las medidas para la preservación del patrimonio y la cultura que tradicionalmente se ha vehiculizado por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, cuya relevancia y obligatoriedad el anteproyecto reduce significativamente.

La propuesta depredadora y antidemocrática del anteproyecto se completa, por una parte, con disposiciones que rozan la inconstitucionalidad como es la pretensión de cercenar las declaraciones judiciales de nulidad de los planes, así como permitiendo su tramitación en ausencia de informes sectoriales preceptivos. Por otra parte, con el recorte de la participación ciudadana en la tramitación de esos instrumentos urbanísticos. Y, cerrando un círculo perverso, el anteproyecto aprovecha para reducir los controles ambientales y de seguridad de las actividades recreativas y espectáculos públicos.

¿Dónde han quedado los retos sociales y ambientales de nuestra región mencionados al inicio de la nota? El anteproyecto ni sabe ni contesta; de hecho, es un texto que valdría para cualquier territorio del planeta pues de lo único que trata es de la extracción de rentas del suelo; y el lenguaje del negocio es universal, como lo son los desastres sociales y territoriales que acarrea.

En definitiva, hemos alegado contra esta descarada pretensión del gobierno regional de asaltar el territorio -o más bien, de seguir asaltándolo, pero con pleno respaldo legal- para convertirlo en un enorme solar a merced del capital financiero e inmobiliario. Ahora la palabra para conseguir frenarlo la tienen la asamblea regional y el pueblo madrileño.

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• El proyecto, promovido por la empresa AGR Biogás, ha desencadenado una creciente movilización vecinal en el sureste de la Comunidad de Madrid, con una oposición social cada vez más amplia y el rechazo institucional del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo.
• Bajo la denominación Stop Biogás de Belmonte de Tajo, se ha creado una plataforma para canalizar la oposición vecinal al proyecto que consideran supondría una agresión a la calidad de vida de los vecindarios y al entorno natural de la zona.

La planta proyectada prevé el tratamiento de hasta 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos del tipo purines de las granjas porcinas, gallinaza proveniente de granjas avícolas, lactosuero, residuos de mataderos SANDACH C2 y C3, lodos de depuradora, etc. Se prevé su ubicación en el paraje denominado El Mojón, entre el municipio de Belmonte de Tajo y Villarejo de Salvanés. Dicho proyecto ha generado una gran inquietud entre los vecindarios de dichas localidades, por lo que consideran supondría un enorme impacto ambiental en un entorno agrícola y natural de especial sensibilidad.

Según la documentación técnica disponible, la planta ocuparía una superficie aproximada de 100.000 metros cuadrados e incluiría digestores anaerobios, balsas de almacenamiento de gran capacidad —superiores a 90.000 m³—, zonas de tratamiento y sistemas para la producción de biometano destinado a su inyección en red. El funcionamiento de la instalación implicaría, además, un flujo continuo de transporte de residuos mediante tráfico pesado por carretera.

La iniciativa ha suscitado una amplia oposición vecinal por sus posibles afecciones ambientales y a la calidad de vida de los pueblos cercanos, a lo que se suma el posicionamiento público del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo, que ha manifestado su firme rechazo al proyecto y su compromiso con la defensa de los intereses de la población.

La constitución de una plataforma ciudadana y la celebración de una asamblea informativa el pasado 21 de marzo, evidencian el grado de movilización existente, con un llamamiento a la ciudadanía a informarse y participar activamente en el proceso de alegaciones administrativas. Dicha reunión informativa contó con una notable asistencia de vecinos y vecinas de la zona, en la que se expusieron los detalles del proyecto y se abordaron sus posibles implicaciones ambientales, sociales y económicas.

Entre las principales inquietudes expresadas se encuentran el potencial impacto por emisiones de olores y gases con riesgo para la salud de la población próxima, el aumento significativo del tráfico de vehículos pesados para traer dicha materia orgánica de otras localidades, posibles riesgos para los acuíferos y la calidad del suelo, afección paisajística en un entorno agrícola tradicional que se vería perjudicado por los perjuicios derivados de la actividad industrial.

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• Ecologistas en Acción de Arganda-Rivas, denuncia el silencio del Ayuntamiento de Arganda del Rey respecto al requerimiento sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio.
• La organización viene demandando que se cumpla esta medida, por ser obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes.

Han transcurrido ya tres meses desde que se presentó formalmente un requerimiento al Ayuntamiento de Arganda para que actúe conforme a la normativa vigente en relación con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A día de hoy, el consistorio continúa sin ofrecer ninguna respuesta oficial a dicho requerimiento.

Este silencio administrativo se produce en un contexto en el que distintas administraciones y responsables institucionales han recordado públicamente la obligatoriedad de estas medidas. De hecho, en una entrevista publicada en el medio local Diario de Arganda, la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, aborda diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad y las políticas públicas en el sureste madrileño, incluyendo la situación de la Zona de Bajas Emisiones en Arganda.

La organización ecologista recuerda que la implantación de Zonas de Bajas Emisiones no es una opción política discrecional, sino una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben implementar este tipo de medidas para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, precisamente sobre esta cuestión, Ecologistas en Acción realizó un estudio sobre la calidad del aire donde se da cuenta de la problemática, con especial atención a puntos sensibles como los entornos escolares y en el cual se apuntan aquellas actuaciones que los municipio necesita para mejorar este aspecto tan importante para la salud.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Arganda ha mantenido públicamente su oposición a implantar esta medida, pese a que su ausencia puede acarrear consecuencias como la pérdida de ayudas estatales vinculadas a la movilidad sostenible y al transporte público.

Para la organización, resulta especialmente preocupante el silencio del consistorio tras el requerimiento formal que presentó hace tres meses, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna contestación ni iniciativa para cumplir con las obligaciones legales en materia de movilidad sostenible. Denuncian que este comportamiento no solo supone ignorar un requerimiento formal, sino que refleja una actitud de inacción frente a una obligación legal clara y reiteradamente señalada por distintas instituciones.

Ante la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento de Arganda, Ecologistas en Acción anuncia su intención de dar el siguiente paso en defensa del cumplimiento de la legalidad y del interés general.

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• El Consejo de Transparencia ha resuelto este 11 de marzo el recurso que Ecologistas en Acción planteó contra el Ministerio de Cultura por no facilitar la documentación que requirieron sobre el proyecto de hotel de lujo en el Monasterio de El Paular, dándole un plazo de diez días al Ministerio para que hagan llegar un documento.
• El Ministerio de Cultura anunció en julio de 2025 que iba a proceder a realizar un proceso de concesión de servicios de la práctica totalidad del conjunto monumental de Santa María de El Paular con el objeto de poner en uso un hotel de lujo. Ecologistas en Acción denunció que no se había puesto a disposición pública toda la información del proceso y señaló la inadecuación de la gestión privada y explotación comercial de un Bien de Interés Cultural en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
• Ecologistas en Acción espera que el Ministerio de Cultura vuelva a abrir el trámite de información pública y en él publique toda la información, a la vez que lamenta que las administraciones actúen de manera antidemocrática e ilegal, ocultando información y obligando a la ciudadanía y a las organizaciones a malgastar tiempo y energías para intentar obtenerla.

En el BOE del pasado 29 de julio de 2025 se anunció el sometimiento al trámite de información pública del Anteproyecto para la rehabilitación, acondicionamiento y puesta en uso de las instalaciones hoteleras en el conjunto del Real Monasterio de Santa María de El Paular en régimen de contrato de concesión de servicios con ejecución de obras para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de un complejo hotelero y hostelero. La concesión de servicios abarca la práctica totalidad de la antigua cartuja, da lugar a la explotación comercial y privada de un Monumento de titularidad pública que ha sido hasta ahora objeto de grandes inversiones, una obra maestra del arte español —con su deslumbrante capilla del Sagrario, el retablo de finales del siglo XV en alabastro policromado, la serie de Carduchos— situado en el corazón del Parque Nacional de Guadarrama.

En la página web del Ministerio de Cultura no se hicieron disponibles documentos fundamentales para la comprensión del Anteproyecto—faltaba el Pliego de Concesión de Servicios con obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Estudio de Viabilidad, y el índice de la documentación. La ausencia de esta documentación conllevó dificultades para identificar la dimensión de la concesión. Así mismo no resultaba posible consultar la Actualización del Plan Director de El Monasterio de El Paular, documentación que el Consejo de Transparencia estatal ha instado a que sea puesta a nuestra disposición.

El Paular inició su construcción en 1390 y apoyado por sucesivos monarcas llegó a ser una de las cartujas más poderosas de Europa. En 1836, mediante la Ley de Desamortización de Mendizábal, el Estado tomó posesión del conjunto, que incluía, entre otros bienes, el Pinar Cabeza de Hierro, y lo vendió por partes y a precios muy bajos. En 1876, visto el error que había supuesto la privatización, lo volvió a adquirir y lo declaró Monumento Histórico-Artístico Nacional.

A partir de entonces, la ex-Cartuja atrajo y alojó a intelectuales, como el ingeniero Casiano de Prado, el naturalista Mariano Graells, el historiador Ramón Menéndez Pidal o el escritor Pío Baroja, convirtiéndose El Paular y su contexto natural en centro principal del desarrollo de las nacientes disciplinas científicas vinculadas a las montañas españolas. Fue además Residencia de artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo la dirección de Joaquín Sorolla, una institución clave para el arte de la época. El 18 de julio de 1936, el mismo día del golpe de estado, la Segunda República Española declaró El Paular centro de enseñanzas artísticas. Su realización fue imposible, ya que en 1940 Franco implantó nuevas funciones: la vuelta de una comunidad religiosa, ahora benedictina, y un nuevo uso, el turístico.

Tradicionalmente El Paular ha sido una gran explotación agroecológica. Dotada de los mejores recursos naturales del alto valle del Lozoya, la economía monástica alojó una de las mayores cabañas de ovejas de la Mesta, huertas y frutales, quesería, destilería, piscifactoría… Estas actividades, paralelas a las de la comunidad campesina local, modelaron el paisaje de forma armónica con sus condiciones naturales, dando lugar al bellísimo entorno actual. La pérdida de las funciones tradicionales amenaza la conservación del valle del Lozoya, que sufre una presión turística completamente desbocada.

La inclusión en el ámbito de máxima protección del Parque Nacional de la finca colindante al monasterio “El Término El Paular” así como del Monte Cabeza de Hierro, propiedades monásticas privatizadas durante el periodo desamortizador, hace aún más evidente que el Ministerio de Cultura tiene la obligación no sólo de conservar el conjunto monumental sino de garantizar la preservación del ámbito natural en el que está inmerso, siendo esta una oportunidad única para articular políticas agroecológicas, culturales y económicas concretas que lo permitan de forma real.

La preservación de los valores medioambientales únicos del alto valle pasará por retomar funciones propias de las economías sostenibles y usos diseñados para favorecer el empleo en el marco de una diversificación compatible. La explotación comercial de este BIC supone la entrega de éste una empresa privada y asocia su disfrute a la clase social, sin servicios a la población y ofreciendo empleos de poca cualificación. La dependencia del turismo hace al área vulnerable y dependiente, y tiene una gran afección a los recursos naturales que se pretenden proteger, de los más valiosos de la Comunidad de Madrid.

Resulta además fundamental impulsar del papel de la cultura pública o sin ánimo de lucro en el rural—incluyendo las residencias artísticas de las que el Ministerio se declara promotor—, absolutamente desaparecida en el ámbito madrileño, dirigiéndose todas las iniciativas a lo urbano y tratándose el campo como una zona de esparcimiento turístico y de segundas residencias, vivido de forma desconectada, de la que se desconoce su pasado cultural y en la que no se elabora pensamiento vivo. La desvinculación entre la población y la memoria y la identidad locales redunda en el riesgo cada vez mayor de perder definitivamente tanto el paisaje como los conocimientos a los que éste está ligado, a pesar de que la preservación cultural está obligada por la normativa.

Por otro lado, Ecologistas en Acción Sierras consideramos problemático que la rehabilitación arquitectónica de un BIC sea dirigida y quede ligada a los intereses de explotación de una empresa privada. La selección del proyecto de rehabilitación debe elegirse por la calidad técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales como señala la normativa. El Anteproyecto da pie a actuaciones arquitectónicas de dudosa compatibilidad con la preservación del conjunto, como la ubicación de un parking en el Patio de la Cadena, la rehabilitación de la piscina y de las pistas de tenis en el patio histórico de Matalobos, y falta de criterios explícitos que permitan guiar la calidad arquitectónica de la intervención, además de suponer la privatización de hecho de una parte considerable de ese conjunto monumental que solo sería accesible a los clientes del hotel de lujo.

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Las referencias que Ecologistas en Acción ha tenido en cuenta para la elaboración de este informe son: los valores límite recogidos en la antigua Directiva 2008/50 de calidad del aire, aún vigentes legalmente; la actual Directiva 2024/2881, que establece unos valores límite legales más exigentes, que deberán cumplirse como muy tarde a partir del 1 de enero de 2030; y los valores guía de la Organización Mundial de Salud (OMS), aún más estrictos, que constituyen la principal referencia para una calidad del aire que ofrezca una adecuada protección de la salud humana.

Desde 2022, el Ayuntamiento de Madrid viene lanzado campañas de promoción con lemas como: “Madrid por fin respira” y “Madrid tiene otro aire”, destacando el hecho de que la ciudad de Madrid ha dejado de incumplir los límites legales vigentes de NO2, concluyendo que la ciudad ya ha alcanzado niveles de calidad del aire saludables, por lo que básicamente, no contemplan introducir medidas adicionales de reducción de la contaminación.

A este respecto, es importante señalar que los valores límite legales de NO2 que la ciudad viene cumpliendo desde 2022, eran exigibles desde el año 2010 (se cumplieron con 12 años de retraso), y fueron legislados por la Directiva 1999/30/CE, aprobada en 1999 (23 años antes de alcanzar el cumplimiento). Esto tiene implicaciones. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en diciembre de 2022 por el “incumplimiento sistemático” de los valores límite legales de NO2 tanto en Madrid como Barcelona (en el caso de Madrid, incumplimientos acumulados entre 2010-2021). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los estándares de protección de la salud avanzan, a medida que se profundiza en el conocimiento sobre los efectos adversos que se pretende evitar y la sociedad toma conciencia del problema. Del mismo modo, los valores de referencia en materia de contaminación atmosférica (las Guías de Calidad del Aire de la OMS), se han actualizado en diversas ocasiones desde su primera edición en 1987. Como se indica al principio de este informe, la última actualización tuvo lugar en 2021 (revisando valores que databan de 2005) y constituye la base sobre la que la UE ha revisado sus propios valores límite legales, plasmados en la actual Directiva 2024/2881 (de octubre de 2024), que son considerablemente más estrictos que los anteriores.

En definitiva, para garantizar una calidad del aire saludable, no basta con cumplir con más de una década de retraso unos valores límite que ya quedaron obsoletos. Resulta necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas ambiciosas, fundamentalmente relacionadas con la limitación del uso del automóvil en las ciudades. En este contexto, diversos países de nuestro entorno están poniendo en marcha medidas adicionales que suponen un incremento importante de las restricciones al tráfico respecto de sus normativas anteriores. Por ejemplo: La ULEZ o Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres, el Área B de Milán (que complementa al Área C), o las numerosas medidas encaminadas a la reducción del tráfico en París, a la que se ha sumado la Zona de Tráfico Limitado (ZTL, de 5,5 Km2), en funcionamiento desde el 5 de noviembre de 2024, e inspirada explícitamente en Madrid Central, tal como fue inicialmente presentado el proyecto por las autoridades municipales de París.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid se encamina en la dirección opuesta. En 2021 realizó una reforma de la ordenanza de movilidad sostenible, con el objetivo principal de relajar las restricciones de tráfico imperantes en Madrid Central, recogiendo numerosas excepciones adicionales, para permitir acceder y circular por dicha zona a una cantidad importante de vehículos, que con la redacción anterior no podían hacerlo. En 2022 se aprobó una moratoria que autorizaba a seguir circulando por dicha zona un año más (hasta diciembre de 2023) a los vehículos industriales y de mercancías (furgonetas) con etiqueta B. Intentó hacer lo mismo en 2023, pero afortunadamente lo impidió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por otro lado, desde el consistorio se impulsan planes de grandes aparcamientos en el centro de la ciudad, como los dos proyectados en el entorno del estadio Bernabéu, con capacidad para cerca de 2.000 automóviles (de momento paralizados también por sentencia del TSJM), en un momento en que diversas capitales europeas como Ámsterdam o París desarrollan estrategias para reducir significativamente las plazas de aparcamiento en la cuidad. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el año 2025 estableciendo prórrogas y excepciones a diversas medidas de limitación del tráfico contempladas en las ordenanzas municipales que rigen las zonas de bajas emisiones (ZBE) de la capital (prohibición de circulación de los coches sin etiqueta ambiental). La última es la intención de permitir, de forma permanente, que los vehículos sin etiqueta de los residentes circulen libremente por toda la ciudad, a pesar de que debería estar prohibida desde el inicio de 2025.

Por otro lado, el constante incremento de los niveles de contaminación por ozono en Madrid en los últimos años es un hecho preocupante. Se constata que la contaminación por ozono en la ciudad está en niveles máximos históricos, tras la tregua que supusieron las excepcionales medidas de restricción de la movilidad de los años 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Es previsible que en los próximos años la situación tienda a agravarse, por el efecto de las intensas y continuas olas de calor en verano, debido al cambio climático. Por ello es urgente que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid pongan en marcha protocolos de actuación ante los picos de contaminación por ozono, así como planes de reducción de la contaminación específicos frente a este contaminante.

Los datos sobre calidad del aire en Madrid durante 2025 recopilados en este informe son claros. En este momento, la red de medición de la contaminación de la capital registra superaciones de valores límite legales establecidos por la actual directiva europea para los cuatro contaminates analizados (NO2, PM10 y PM2.5 y Ozono). Para Ecologistas en Acción, la ciudad de Madrid se encuentra lejos de contar con una calidad del aire saludable y tiene ante sí un importante reto para lograr cumplir con los valores límite fijados por la normativa europea en los próximos cuatro años. El propio Ayuntamiento de Madrid es consciente de esta situación, ya que maneja documentación técnica interna que indica que será necesario reducir un 60% las emisiones actuales del tráfico rodado de aquí a 2030, para poder cumplir en plazo con las disposiciones de la directiva europea de calidad del aire. Así pues, queda poco margen para la complacencia y mucho trabajo por delante para lograr un aire saludable en la ciudad.

 

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• La Mancomunidad del Sur ha presentado solicitud para una nueva ampliación del vertedero con capacidad para 20 millones de metros cúbicos, la mayor solicitada hasta la fecha.
• La propuesta es incompatible con la jerarquía europea de residuos y con la normativa que exige medidas para reducir el residuo que va a vertedero hasta el 10 por ciento para 2035.
• Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha solicitado al gobierno regional que rechace una propuesta que perpetuaría un vertedero que se inauguró en 1986 otros 40 años.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado sugerencias a la solicitud de determinación de alcance del proyecto «Nuevo vaso de vertido (Fase V) en el vertedero de residuos urbanos de Pinto», promovido por la Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto y San Martín de la Vega. Hay que recordar que el vertedero se extiende actualmente entre los municipios de Pinto, que alberga la mayor parte de su superficie, y Getafe, dentro de la demarcación del Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido con el que cuenta el sur de la región.

La propuesta de la mancomunidad se sustancia en un documento denominado “Memoria ambiental de proyecto de modificación” que recoge como principal propuesta la ampliación de la capacidad del vertedero actual en 20 millones de metros cúbicos, adheridos a la Fase III del mismo, con lo que según el citado documento se “garantiza la eliminación de los residuos para los próximos 30 o 40 años”.

El vertedero de Pinto y Getafe se inauguró en 1986, lleva ya cuarenta años recibiendo los residuos de 71 municipios con sus casi dos millones de personas. Desde las 45 hectáreas que ocupaba en su primera fase, se han producido sucesivas ampliaciones tras las que se ha llegado a las 148 hectáreas actuales que lo sitúan como uno de los vertederos más grandes de Europa.

El estudio de los datos de recepción y tratamiento de residuos en la instalación revelan que, pese a las instalaciones existentes de tratamiento, como la planta de biometanización y compostaje, más de la mitad de los mismos acaban en el depósito controlado sin tratamiento alguno. Estos materiales mezclados con materia orgánica, generan numerosos impactos en el entorno en forma de emisiones de gases tóxicos, entre los que destaca el metano, cuyas desproporcionadas dimensiones han sido divisadas y registradas por satélites en diversas ocasiones, la más significativa en agosto de 2021 con la detección de hasta 8.000kg. /hora entre los vertederos de Vademingómez y Pinto-Getafe. Cabe recordar que este gas no solo colabora en el calentamiento del planeta, sino que interfiere significativamente en la formación de ozono troposférico, perjudicial para la salud humana y para la vegetación.

Pese a que recientemente se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una nueva planta para el tratamiento de la fracción resto y la fracción orgánica recogida de forma separada (FORS), que requerirá de una inversión millonaria por parte de la Mancomunidad del Sur, y que prometía reducir la materia que finalmente va a vertedero, se propone ahora una ampliación, la mayor hasta la fecha, que la  organización ecologista considera contradictoria e ineficaz para resolver el incumplimiento sistemático de la jerarquía europea de residuos, que sitúa el vertido en último lugar.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta de la mancomunidad pasa por encima de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid y  la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032), ambas basadas en la trasposición de la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, que insta a los Estados miembros a adoptar “las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados”.

Precisamente el artículo 1 de la citada Ley 1/2024 indica que su objeto y finalidad es establecer los principios y la regulación necesaria para la efectiva implantación en la Comunidad de Madrid del modelo de economía circular, con el fin de favorecer la utilización más eficiente y sostenible de los recursos, extender la vida útil de los productos, prevenir y reducir la generación de residuos, potenciar la valorización de los residuos para evitar el vertido y su reintroducción como nuevos recursos en el ciclo productivo, con la mayor eficiencia energética.

Lejos de tomar medidas para alcanzar los objetivos que señala la propia Comunidad de Madrid y que vendrían a cumplir las prescripciones de la Unión Europea, la organización ecologista considera que la propuesta de la Mancomunidad del Sur se orienta de manera preponderante a perpetuar el vertido como sistema principal de gestión, presentando una propuesta basada en el promedio de las entradas anuales registradas entre 2014 y 2023, que dan como resultado un proyecto que prevé la mayor cantidad de metros cúbicos que se ha planteado hasta la fecha, lo que indica que ni se prevé tomar medidas para reducir el residuo, ni se contempla cómo afectará la construcción del futuro complejo medioambiental en la cantidad que finalmente se deposite como vertido.

Ecologistas en Acción denuncia que este sistema obsoleto de gestión, no solo perpetúa los problemas socioambientales derivados de los vertederos, sino que previsiblemente supondrá la imposición de sanciones por pate de la administración europea, que deberán ser satisfechas con cargo al dinero público.

La organización  recuerda que según Resolución del 16 de diciembre de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid subrogó la concesión administrativa para la utilización y aprovechamiento de los terrenos e infraestructura del vertedero, lo que supuso el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la actividad “Depósito en vertedero de residuos urbanos y Planta de Biometanización”, en el término municipal de Pinto, a favor de la Mancomunidad del Sur para la gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos.  La Mancomunidad asumió, de este modo, no solo la gestión del vertedero propiamente dicha, sino las decisiones políticas que corresponden a la gestión de los residuos, adoptando como marco jurídico la normativa existente y promoviendo la implantación de políticas que, como dictan sus estatutos, contemplen “la debida protección del medio ambiente, fomentando, en su caso, el reciclaje y el aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación de los recursos contenidos en ellos”.

Para la organización, no es asumible que hasta 71 municipios, que nada tienen que ver con la demarcación geográfica del “sur”, alejados decenas de kilómetros, trasladen sus residuos al vertedero de Pinto en detrimento del territorio que le sustenta, por lo que valoran el documento presentado por la Mancomunidad del Sur carente de una visión amplia, integral y ajustada tanto a la actual normativa, como al contexto de cambio climático en el que nos encontramos.

Ecologistas en Acción reclama a la Comunidad de Madrid, como órgano ambiental competente, la exigencia a la Mancomunidad del Sur de un estudio integral basado en datos contrastados, donde se propongan soluciones basadas en la prevención de los residuos, mejoras de la recogida selectiva, medidas para mejorar el reciclaje y garantías para la protección del medio ambiente y la calidad de vida de todos los vecindarios, en este sentido reclaman actuaciones que eliminen el desequilibrio territorial existente y aporten criterios de proximidad y descentralización de las infraestructuras, orientando las actuaciones hacia un cambio de paradigma que transite hacia una verdadera economía circular para la que la región ya va tarde.

 

 

 

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Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid advierte sobre un proyecto irrespetuoso de viviendas colaborativas de lujo que se pretende levantar en la cumbre del Monte de La Serranilla, en Guadarrama, junto a los términos de Los Molinos y Collado Mediano, así como del enorme impacto ambiental y paisajístico que tendría y de la pretensión de levantarlo sin infraestructuras adecuadas ni alcantarillado.

Ecologistas en Acción informa que ha tenido conocimiento de este proyecto a través de la página https://residencialguadarrama.es/, en la que se publicita un “Luxury Cohousing” en bloques de tres pisos, más lo que parece ser una residencia para mayores, justo en la cumbre del Monte de La Serranilla, a 1.078 metros de altitud. Ese complejo tendría un impacto brutal sobre el paisaje, al ser una construcción en altura que se haría notar desde una amplísima cuenca visual, además de que implicaría la destrucción del denso bosque de miles de encinas (chaparras) que lo cubre.

Ecologistas en Acción explica que en el folleto propagandístico de ese proyecto se informa que el “cohousing” (vivienda colaborativa) tendría 36 viviendas (áticos y apartamentos), un restaurante, sala de té y cafetería, salones, una sala de cine, gimnasio, piscina climatizada, sauna y spa, pista de pádel, guardería para perros, lavandería, tienda, peluquería, capilla, consulta médica y enfermería, sala de rehabilitación, solárium, zonas de ocio, etc., a lo que, según aparece en los dibujos, estaría añadida también una residencia para mayores. Es decir que se trataría de un enorme complejo de edificaciones que se publicita para disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la Sierra, mientras se atenta contra ambos valores.

Ecologistas en Acción considera que, por interés general, debe prevalecer la calidad ambiental y paisajística de esa cumbre, por delante del uso lucrativo, e informa que esa zona está dentro de una Reserva de la Biosfera y en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, rodeada de zonas forestales de la Comunidad de Madrid y lindante con un Monte Preservado y cercana a un Hábitat Natural de Interés Comunitario. El Cerro de La Serranilla está calificado por la Comunidad de Madrid como un área de Alta Calidad de Paisaje y Alta Fragilidad del Paisaje.

Asimismo, en dicha cumbre y en todo el cerro, existe una destacada red de fortificaciones de la Guerra Civil, que han sido documentadas por especialistas de tanto renombre como Jacinto Arévalo y otros estudiosos del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, y que están protegidas como Bienes de Interés Patrimonial, de acuerdo a lo que establece la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción informa también que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, esa zona no puede considerarse suelo urbano, pues carece de alcantarillado, aceras y acceso rodado adecuado al tráfico que generaría ese complejo en una urbanización de calles muy estrechas y empinadas. Considera también que los niveles de protección del entorno no permiten que se construyeran en esa cumbre las enormes fosas sépticas que se necesitarían para albergar las aguas fecales y servidas que produciría ese gran complejo lo que, además de una fuente de olores, riesgos y posibles vertidos contaminantes, generaría un tráfico cotidiano de grandes camiones para extraer los fluidos de las fosas sépticas y llevarlos a una depuradora.

Ecologistas en Acción informa de que el ámbito en el que se pretende construir el complejo está dentro de una urbanización de los años setenta del siglo pasado, carente de viales adecuados, de aceras y de alcantarillado, y que las parcelas donde se quiere edificar están calificadas como suelo dotacional por la normativa urbanística vigente en Guadarrama (Normas Subsidiarias de 1985) por lo que no se pueden construir allí viviendas, aunque una reciente normativa de la Comunidad de Madrid (Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, por la que se establecen los criterios que han de regir el régimen de autorización de viviendas colaborativas para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de personas mayores) permite, con determinadas condiciones, instalar ese tipo de viviendas “colaborativas” para mayores, sin que se puedan adquirir en propiedad, sino solo en usufructo o alquiler, con la condición de que “El número de personas residentes que hayan alcanzado la edad de jubilación deberá superar el cincuenta por ciento del total, y las que no reúnan esta condición deberán tener una edad igual o superior a cincuenta años. No obstante, podrán residir en el centro personas con una edad inferior a cincuenta años, siempre que convivan en la misma vivienda colaborativa con, al menos, una persona residente de edad igual o superior a cincuenta años, y siempre que se respete, en el cómputo global del centro, el porcentaje mencionado” (Apartado Segundo de la Resolución citada).

Por otro lado, en el folleto propagandístico de los promotores se plantea que se buscan personas que adquieran esas viviendas que podrían alquilar a aquellas que cumplan las condiciones, lo que indica que el grupo promotor pretende juntar recursos de “inversores” para poner en marcha esa iniciativa, bien por estrategia empresarial o bien porque carece de recursos propios para realizar la urbanización del ámbito
(Ver anexo).

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, así como a los de Los Molinos y Collado Mediano, y a los vecinos y vecinas de estos municipios a que se opongan a este despropósito ambiental y paisajístico.

Anexo Cohousing La Serranilla

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• La organización denuncia el “silencio absoluto” del gobierno municipal de San Sebastián de Los Reyes ante las alegaciones vecinales y la falta de transparencia en la reactivación de un proyecto urbanístico paralizado durante más de una década.
• La urbanización daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio.

Ante el anuncio realizado por el primer teniente de alcalde, Diego Domingo García, sobre el inminente inicio de las obras de urbanización del Cerro del Baile, Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, AlcoSanse, en coordinación con otros movimientos sociales y vecinales del municipio, ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de fondos para emprender las acciones legales necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de esta reactivación urbanística, la cual daría al traste con una zona natural de extraordinario valor para el municipio y para el conjunto de espacios naturales del territorio, que se han ido reduciendo drásticamente en los últimos años.

Para Ecologistas en Acción, la decisión de retomar este proyecto genera más sombras que luces. La organización considera que se trata de una operación urbanística carente de transparencia, que llega en un momento de máxima tensión social por la crisis de acceso a la vivienda y afirman que no viene a paliar ni a solucionar en absoluto la problemática de vivienda en el municipio, y mucho menos a contribuir a la bajada de su precio. En este sentido, el colectivo advierte que se está reproduciendo un modelo especulativo que recuerda al boom inmobiliario previo a la crisis de 2008, el cual desembocó en una de las peores crisis socioeconómicas de la historia reciente de España.

La organización ecologista recrimina al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que haya respondido con “desprecio y silencio administrativo” a las sucesivas alegaciones, peticiones de información y escritos presentados, tanto por la ciudadanía a título individual, como por colectivos sociales. Este mutismo, unido a la decisión de desempolvar un proyecto que llevaba estancado más de diez años, ha despertado todas las alarmas y ante la falta de respuesta institucional, Ecologistas en Acción ha considerado la necesidad de buscar amparo mediante el inicio de un proceso judicial que busca paralizar esta actuación urbanística y exigir al consistorio la entrega de toda la documentación relativa a la modificación puntual del planeamiento, los informes de impacto ambiental y la viabilidad económica del proyecto aspectos que, entienden, ocultan deficiencias graves en la tramitación.

Cómo colaborar

Para hacer frente a los costes derivados de la asesoría legal, la presentación de recursos y las posibles medidas cautelares, Ecologistas en Acción ha habilitado una cuenta corriente para recibir donaciones. La organización hace un llamamiento a la participación ciudadana, por pequeña que sea la aportación, para defender uno de los últimos espacios naturales que albergan una rica biodiversidad, procuran aire limpio al municipio y lugares donde pasear y recrearse para sus vecindarios.

Titular: Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Nº de cuenta: ES13 1491 0001 2630 0014 1920
Concepto: “Proceso judicial Cerro del Baile”

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La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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