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AnteayerSalida Principal

Denuncian la aparición de cientos de cadáveres de cigüeña blanca en el entorno del río Manzanares

10 Diciembre 2025 at 10:45
  • Se calcula que hasta la fecha han aparecido alrededor de 500 ejemplares muertos.
  • Ecologistas en Acción de Getafe exige a la Comunidad de Madrid que informe sobre la magnitud del desastre.

Vecinas del Caserío de Perales (Getafe) alertaron a las autoridades sobre la aparición de cientos de cadáveres de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), se calcula que más de quinientas hasta ahora, en el entorno del río Manzanares y el Caserío de Perales. Agentes forestales de la Comunidad de Madrid con trajes de protección han estado retirando los cadáveres, algunos en descomposición, en el entorno y dentro del propio cauce del río.

Ecologistas en Acción de Getafe ha solicitado información a la Comunidad de Madrid para conocer las causas y el alcance real de lo que está sucediendo. Hasta el momento, apuntan a un foco de gripe aviar de baja patogenicidad cuya manifestación, sin embargo, no coincide con los casos que se están observando en la zona los cuales, lejos de presentar una sintomatología leve, han derivado en la muerte de los animales. Se desconoce la verdadera magnitud de lo que ya parece un desastre para la avifauna y para la biodiversidad de este espacio natural.

El gobierno regional no ha aclarado si hay otras especies de aves afectadas, aunque por el momento, a tenor del número de ellas encontradas, parece que solo estaría afectando a las cigüeñas, especie cuya presencia es anormalmente elevada en la zona debido a la facilitad para acceder al alimento que encuentran en el vertedero de Pinto/Getafe, donde se depositan alrededor de 800 mil toneladas de residuos anualmente, de los que una gran parte carecen de tratamiento alguno. Los restos orgánicos en descomposición suponen un reclamo, lo que podría agravar el problema por las altas concentraciones de aves en la zona.

La organización ecologista ha exigido transparencia e información sobre la cepa del virus que se está enfrentando, así como que se sigan los protocolos recomendados para evitar, en lo posible, que el contagio se extienda a otras zonas y especies de aves. Existe una gran preocupación por el tratamiento que se está haciendo de los cuerpos sin vida de los animales, tanto su agrupamiento como la manera en que se van a eliminar, también por el personal encargado de su retirada, por lo que la organización ecologista exige a la Comunidad de Madrid que ponga todos los recursos a su alcance, comunique la situación a otras administraciones, e informe a la ciudadanía de la situación y los medios que se están poniendo para controlar esta crisis.

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Huelga en Manantial Gestión (sector de la salud mental de la Comunidad de Madrid), con “plantillas extenuadas”

2 Diciembre 2025 at 12:19

La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

  • Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
  • Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
  • Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
  • Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
  • Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

  • Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
  • Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
  • Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
  • Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
  • Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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¿Cuánta fotovoltaica se puede instalar en los tejados y zonas urbanas de la Comunidad de Madrid?

4 Diciembre 2025 at 13:00
  • Ecologistas en Acción publica su informe “Estimación del potencial de autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad de Madrid” en colaboración con la cooperativa de instalación fotovoltaica Ecooo, en el que se concluye que la instalación de fotovoltaica sobre tejados y superficies urbanas podría aportar hasta el 31 % de la electricidad consumida en la Comunidad de Madrid, minimizando de este modo los impactos sobre el territorio.
  • La mayor parte de los municipios podrían superar objetivos importantes de generación fotovoltaica e incluso generar el 100 % de la electricidad que consumen actualmente.
  • La transición energética nos ofrece una ventana de oportunidad única para abrirnos a la democratización, descentralización y concienciación energética y climática de la sociedad a través de la participación ciudadana.

El estudio sobre “Estimación del potencial de autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad de Madrid” realizado por la organización ecologista, en colaboración con la cooperativa Ecooo, pone el foco en la superficie disponible en las cubiertas y otras superficies urbanas para la instalación de fotovoltaica, que podrían proporcionar hasta el 31 % de la electricidad consumida en la región. Los resultados obtenidos están en línea con los del estudio realizado en 2019 por el Joint Research Center a nivel europeo, en el que se estima que España tiene un potencial para cubrir el 28 % de su consumo mediante instalaciones en cubiertas.

La Comunidad de Madrid, que constituye actualmente un sumidero de energía, podría avanzar de esta forma en la instalación de energías renovables, minimizando el uso de terreno, la instalación de líneas de evacuación y subestaciones eléctricas, junto con sus posibles impactos asociados.

Para realizar la estimación se ha partido de datos de uso del suelo del Instituto Geográfico Nacional y se han estudiado diferentes superficies, tanto industriales como zonas urbanas, con distintas densidades de población. Además de las cubiertas, se ha tenido en cuenta que hay espacios urbanos susceptibles de ser utilizados para la instalación de fotovoltaica, especialmente espacios abiertos como aparcamientos, grandes avenidas o plazas con buena insolación. La utilización de estas superficies, que podría materializarse utilizando infraestructuras como pérgolas y sombreados, supondría incrementar en un 20 % la potencia que podría instalarse en zonas urbanas.

El informe analiza el potencial de instalación fotovoltaica en cada municipio de la Comunidad de Madrid y evidencia importantes desequilibrios entre distintas zonas. Madrid y su área metropolitana consumen el 85 % de la electricidad de la región pero tienen unos porcentajes de cobertura fotovoltaica más bajos debido a la alta densidad de población con que cuentan, en general (lo que conlleva un alto consumo eléctrico). Esto contrasta con la mayoría de los municipios, de menor densidad de población y menor consumo.  Estos municipios presentan una alta disponibilidad para la generación de fotovoltaica en sus áreas urbanas, que se incrementa significativamente con la aportación de una pequeña parte de la superficie rústica.

En el conjunto de municipios, la utilización de un 1 % de superficie rústica municipal hace que se eleve de 155 a 167 el número de municipios que son capaces de generar al menos el 40 % de su demanda mediante fotovoltaica instalada en su término municipal. Si se utiliza el 5 % de la superficie rústica municipal, este número asciende a 175 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Madrid (23,5 %), Fuenlabrada (34 %), Coslada (30,5 %) y Alcobendas (37,4 %) serían los municipios que, en estas condiciones, no alcanzarían el 40 % de cobertura. Un objetivo mínimo del 40 % de cobertura fotovoltaica haría posible que la energía generada se consumiera íntegramente en la región.

El informe analiza cómo el avance del autoconsumo fotovoltaico, potenciado por las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, puede minimizar la instalación de grandes fotovoltaicas sobre suelo, así como las barreras económicas, sociales y administrativas que están frenando las grandes posibilidades con que cuentan este tipo de instalaciones.

 

El informe completo para consulta o descarga se encuentra en este enlace:

Informe: Estimación del potencial de autoconsumo
en la Comunidad de Madrid.

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[Informe] Consumo de fotovoltaica en la Comunidad de Madrid

4 Diciembre 2025 at 12:56

La energía solar fotovoltaica, por sus características técnicas y su modularidad, puede ser instalada de forma masiva sobre cubiertas y espacios urbanos o periurbanos. Existen estudios a nivel europeo, como el llevado a cabo por el Joint Research Center que dan como resultado que en España se puede cubrir el 28 % de la demanda de electricidad mediante instalación de fotovoltaica en cubiertas. Sin embargo, el modelo que se está implantando está basado en la instalación de grandes superficies sobre suelo, a menudo en regiones alejadas de los puntos de consumo. Un modelo que, además de su impacto sobre el territorio, genera la necesidad de desarrollar líneas de evacuación cada vez más largas, así como subestaciones eléctricas, y que da lugar a mayores pérdidas en las redes de transporte y distribución.

El estudio presentado en este informe se centra en la región de la Comunidad de Madrid, que consume el 11 % de la electricidad del estado, y es proporcionalmente la que menos electricidad genera, siendo un sumidero de consumo de la electricidad generada en las regiones limítrofes. La Comunidad de Madrid cuenta internamente con importantes asimetrías, de forma que el municipio de Madrid concentra a la mitad de la población y consume la mitad de la electricidad de la región. Junto con otros municipios limítrofes que conforman el área metropolitana albergan al 85 % de la población y consumen el 85 % de la electricidad de la región, mientras que una gran mayoría de municipios, más alejados y pequeños, consumen el restante 15 %.

Los resultados del estudio están en línea con los efectuados por el Joint Research Center, y apuntan a que se podría cubrir el 26 % de la electricidad que se consume en la Comunidad de Madrid mediante instalación en cubiertas, y el 31 % de la misma si se añade suelo urbano, ya sea directamente o bien sobre infraestructuras como pérgolas o infraestructuras en aparcamientos, plazas, rotondas o grandes avenidas.

Estos porcentajes de generación se obtienen teniendo en cuenta la instalación en tan solo tres cuartas partes de las superficies identificadas en este estudio, como escenario realista. La utilización del 100 % de las superficies es considerada inviable por diferentes motivos (socioeconómicos, de protección patrimonial, o de utilización para otros usos), y por lo tanto se ha establecido el 75 % de utilización como el escenario más viable a medio-largo plazo. El informe incluye más detalles teniendo en cuenta diferentes grados de utilización de la superficie. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la evolución reciente de la tecnología está posibilitando la mejora continua en el rendimiento de los módulos, lo que significa que, con la misma superficie de paneles, la potencia instalada y por lo tanto la energía generada, será mayor en un futuro.

Una parte importante de los municipios podrían generar el 100 % de la electricidad que consumen mediante fotovoltaica sobre cubiertas y zonas urbanas. No obstante, los municipios del área metropolitana, que son los que mayor consumo concentran, tendrían dificultades para alcanzar porcentajes tan significativos de generación mediante fotovoltaica en cubiertas. Por ejemplo Madrid, que consume la mitad de la electricidad de toda la región, sólo sería capaz de generar hasta el 12,9 % de la energía que consume usando el 75% de sus cubiertas, un porcentaje que subiría hasta el 13,6 % si se añaden instalaciones sobre suelo urbano.

Metodología del estudio y Superficies identificadas

Para realizar el estudio se han muestreado mediante imágenes de satélite 1.500 hectáreas (ha) de zonas urbanizadas, divididas en 7 áreas industriales y 9 áreas residenciales, dando como resultado que en las áreas industriales un 30 % de la superficie total sería apta para la instalación de fotovoltaica en cubiertas, mientras que en las áreas residenciales este porcentaje varía entre el 7 % y el 13 % dependiendo de la densidad de población. Si se añade además el suelo urbano con potencial de instalación, el porcentaje sube al 38 % de la superficie en zonas industriales y entre el 15 % y 21 % de la superficie en zonas residenciales.

Potencial de generación: cubiertas, suelo urbano, y suelo rústico

La energía que se genera en los escenarios considerados viables varía entre los 2.704 GWh para un aprovechamiento del 25 % de las superficies identificadas y los 8.112 GWh para un factor de aprovechamiento del 75 %, lo que significa una cobertura de la demanda total entre el 10,40 % y hasta un 31,20 % respectivamente. Del total de la energía generada, aproximadamente el 80 % se genera sobre cubiertas y el 20 % sobre suelo o infraestructuras.

Se ha estudiado la utilización de suelo rústico en los municipios o fuera de ellos para alcanzar un mayor grado de generación mediante fotovoltaica. Por ejemplo, para alcanzar el objetivo de generación del 40 % del consumo del municipio de Madrid sería necesario ocupar aproximadamente 3.200 Ha, que representan el 13,4 % de su suelo rústico. Si sumamos al territorio que necesitaría el municipio de Madrid el del resto de municipios que no llegan al objetivo de generación serían necesarias 4.150 ha de fotovoltaica en suelo rústico, adicionales al suelo urbano identificado.

Considerando que la ocupación de tal cantidad de suelo rústico es probablemente inviable en el propio municipio, se han considerado los límites del 1 % y el 5 % del mismo. En estos escenarios, por ejemplo, el municipio de Madrid sería capaz de generar hasta un 15,6 % de su consumo utilizando el 1 % del suelo rústico del municipio, y hasta un 23,5 % si se utiliza el 5 % de su suelo rústico (además del 75 % de la superficie urbana identificada).

En el conjunto de municipios, la utilización de un 1 % de superficie rústica municipal hace que se eleve de 155 a 167 el número de municipios que son capaces de generar al menos el 40 % de su demanda mediante fotovoltaica instalada en su término municipal. Si se utiliza el 5 % de la superficie rústica municipal, este número asciende a 175 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Madrid (23,5 %), Fuenlabrada (34 %), Coslada (30,5 %) y Alcobendas (37,4 %) serían los municipios que, en estas condiciones, no alcanzarían el 40 % de cobertura.

Por último, se ha estudiado la potencia adicional que sería necesario instalar en suelo de otras regiones para cumplir distintos objetivos de penetración de fotovoltaica (entre un 40 % y un 100 %). Los resultados varían en función de distintos factores, como el grado de utilización de las cubiertas, el suelo rústico municipal empleado como máximo, y el objetivo de generación que se plantee. Por ejemplo, para un 40 % de cobertura, 75 % de utilización de cubiertas y utilización del 5% de suelo rústico en cada municipio de Madrid sería necesario instalar 500 MW en suelos de otros municipios. En el otro extremo, para un 100 % de cobertura fotovoltaica, un 25 % de utilización de cubiertas y la utilización del 1 % de suelo rústico de cada municipio, sería necesario instalar 12.500 MW adicionales en suelo de otros municipios.

Conclusiones

Pese a que la Comunidad de Madrid es una zona densamente poblada y con un consumo elevado de electricidad, existe un alto potencial de generación mediante fotovoltaica en cubiertas y zonas urbanas. Esta fuente podría cubrir entre el 26 % y el 31 % de la demanda de electricidad de la región utilizando el 75 % de las superficies identificadas, límite que se ha considerado como máximo debido a diversos condicionantes.

Un objetivo mínimo del 40 % de cobertura fotovoltaica, acompañada de la incorporación de tecnologías de almacenamiento, haría posible que la energía generada se consumiera íntegramente en la región. Para llegar a ese objetivo de autonomía sería necesaria la instalación de aproximadamente 6.500 MW de potencia sobre suelo, lo que puede suponer un consumo de terreno de entre 10.000 y 12.000 hectáreas. Utilizar las superficies urbanas identificadas reduce la necesidad de instalación en suelos rústicos entre un 65 % y un 80 %, y más aún si se añade instalación en una parte reducida del suelo rústico de cada municipio.

La transición energética nos ofrece una ventana de oportunidad única para abrirnos a la democratización, descentralización y concienciación energética y climática de la sociedad a través de la participación ciudadana. Autoconsumo individual o colectivo, comunidades energéticas, inversión pública en producción de energía renovable y gestión de la demanda son los nuevos ejes que nos pueden ayudar a transformar el mercado energético y nos ayuda a poner en valor, real y no solo como un concepto económico, la energía.

Sin embargo, la principal barrera al desarrollo del autoconsumo, tanto individual como colectivo, se encuentra en los requerimientos desproporcionados, trámites administrativos innecesarios y demoras injustificados por parte de las distribuidoras eléctricas, como se puede concluir del informe “Autoconsumo en España: diagnóstico, retos y propuestas” realizado por la Alianza por el Autoconsumo. Por otra parte, como se señala en el informe de CECU “La protección de las personas consumidoras vulnerables en el modelo de comunidades energéticas locales”, las comunidades energéticas ofrecen un nuevo modelo de oportunidades a la ciudadanía. La generación de energía procedente de comunidades energéticas y autoconsumos colectivos nos facilitará influir de manera justa en los precios de la energía, como integrantes activos del sistema y reducir los precios de la energía.

En todo caso, todo lo anterior debe basarse en una premisa: la sustancial reducción del consumo energético y material de nuestra sociedad. Sin una estrategia de decrecimiento planificado y socialmente justo, la llamada transición energética solo supondrá un intento por mantener unos años más el actual sistema económico ecocida antes del previsible colapso.

 

 

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Reclaman a la Comunidad de Madrid que proteja la Cañada Real de Peregrinos en Hoyo de Manzanares

3 Diciembre 2025 at 13:55
  • Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presenta denuncia por usurpación, construcción de un vial y circulación de hormigoneras en la Cañada Real de Peregrinos (Hoyo de Manzanares).
  • Solicitan que se retiren el vallado y la cancela que impiden el libre acceso. También que, con carácter urgente, se proceda a la paralización cautelar de las actividades contrarias a la legislación. 

Ecologistas en Acción ha presentado un escrito de denuncia ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la ejecución de un vial de acceso sobre un tramo de la Cañada Real de Peregrinos, entre el Campus de La Berzosa de la Universidad Nebrija y una zona donde se construyen 118 viviendas unifamiliares de uso residencial, que ya cuenta con acceso rodado a través de la urbanización La Berzosa, por lo que, aseguran, este nuevo viario resulta innecesario y contrario a la legislación que regula estos espacios. El tramo afectado se ubica en el extremo suroeste de la Cañada Real de Peregrinos dentro del término municipal de Hoyo de Manzanares, en terrenos incluidos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, zonificado como B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector.

Señalan también la presencia de un vallado y de una cancela con candado que puede suponer la usurpación de hecho de un tramo de la vía pecuaria equivalente a unos 8.200m2. La organización ecologista ha podido constatar la circulación frecuente de hormigoneras que, además, utilizan terrenos pertenecientes a la cañada para realizar labores de limpieza de los vehículos.

El cierre de la vía pecuaria está impidiendo el paso de multitud de animales, comprometiendo la función que como corredor biológico le atribuye la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Ecologistas en Acción reclama a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid que, en ejercicio de sus potestades, se proceda a la paralización cautelar urgente de las actividades, la retirada de las instalaciones y elementos de cualquier clase que obstaculizan la integridad y funcionalidad del dominio público pecuario y se inicie el correspondiente procedimiento sancionador, identificando a las personas físicas y jurídicas responsables y, en su caso, las corporaciones o entidades públicas que hayan otorgado autorizaciones o licencias para realizar las actuaciones denunciadas.

Como en todos los casos en los que una vía pecuaria, o tramos de ella, discurren dentro de los límites de los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la Cañada Real de Peregrinos, la organización reclama su declaración de “interés natural” en consonancia con el artículo 9 de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Para Ecologistas en Acción, contar con una red de 4200 km. de vías pecuarias en el contexto de la región madrileña, caracterizada por la expansión urbanística, la fragmentación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad, merece considerarse como un elemento corrector esencial para mitigar y contrarrestar los efectos más negativos de esta realidad territorial, “se requiere decisión política, un diagnostico informado, recursos económicos y humanos adecuados y, sobre todo, de una ciudadanía comprometida en su conocimiento y defensa” afirman.

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Más de cuatro meses de huelga indefinida de los bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid

21 Noviembre 2025 at 12:23
  • El colectivo reivindica mejoras en sus condiciones laborales y la aplicación de la Ley Básica sobre bomberos forestales para adquirir el reconocimiento efectivo de su categoría profesional.
  • Los bomberos y bomberas forestales han creado una caja de resistencia y solicitan la colaboración ciudadana para seguir sosteniendo su lucha.
  • Ecologistas en Acción manifiesta su apoyo a las reivindicaciones y defiende la dignidad y mejoras materiales para el colectivo.

El colectivo de bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid permanece en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio. Denuncian el maltrato institucional y la precariedad laboral que atribuyen a TRAGSA y a la Comunidad de Madrid, responsables del servicio de prevención y extinción de incendios forestales.

Son más de 400 profesionales que reclaman un convenio digno y el fin de la temporalidad y la precariedad laboral a la que se condena cada año a cientos de personas que quedan en situación de desempleo.

Debido a la penosidad y los riesgos que este trabajo conlleva, reclaman mejoras salariales y una mayor protección frente a enfermedades profesionales, dada la exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas a las que este colectivo profesional está sometido en su desempeño.

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con la exigencia para que se aplique Ley Básica 5/2024 sobre bomberos forestales, de manera que se produzca el reconocimiento efectivo de su categoría profesional, tras haber transcurrido más de un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según organizaciones sindicales, esta ley ofrece el marco legal para la estabilización, estructuración y consolidación de los dispositivos de prevención de incendios, especialmente ante las necesidades actuales y el avance de la emergencia climática que provoca veranos cada vez más largos y calurosos y, por tanto, con más riesgo de incendios.

Desde Ecologistas en Acción se apuntaba la necesidad de dotar de medios suficientes a los equipos de extinción, dignificando las condiciones laborales y el fin de la temporalidad y precariedad de las personas que se enfrentan en primera línea a fuegos cada vez más frecuentes y virulentos, en este sentido, la organización ecologista ha mostrado su solidaridad con un colectivo que, pese a tener una consideración como servicio esencial, no ha recibido reconocimiento y atención suficientes.

Campaña de captación de fondos para “resistir”

Tras más de cuatro meses de huelga indefinida, las condiciones materiales de las personas que están realizando el paro han sufrido un gran deterioro. Para mitigar esta situación y poder seguir sosteniendo una lucha que reconocen “muy dura” con la administración regional, a la que atribuyen la aplicación de una “estrategia de desgaste” -no se ha sentado a negociar desde que se declaró la huelga-, han lanzado una campaña de captación de fondos a través de la Plataforma Goteo.org para ayudar a sostener a los compañeros y compañeras que llevan meses sin recibir su salario.

También solicitan la colaboración de la ciudadanía en la difusión del conflicto ya que, según señalan, “esta lucha no es solo de los bomberos y bomberas forestales; es una lucha por los servicios públicos, la seguridad laboral y la dignidad de la clase trabajadora”.

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El plan Valgrande en Alcobendas: un pelotazo urbanístico en plena crisis climática

19 Noviembre 2025 at 12:10
  • Ecologistas en Acción denuncia que la aprobación definitiva de la urbanización de Los Carriles, sacrifica un ecosistema vital en favor de un modelo de urbanismo disperso y especulativo.
  • La organización ecologista, apoyada por el movimiento vecinal del municipio, considera esta operación supondrá la destrucción del último pulmón verde de la ciudad.

Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Alcosanse) ha manifestado su rotundo rechazo a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector Valgrande (Los Carriles) por parte del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas. Esta decisión consolida la destrucción de un enclave de valor ecológico incalculable y perpetúa un modelo de crecimiento insostenible.

El grupo ecologista apunta que el nuevo plan parcial, prácticamente idéntico al que el Tribunal Supremo anuló en junio, contempla la construcción de 8.600 viviendas, entre ellas 860 chalés de lujo junto al Monte Valdelatas. Para ocultar una línea de alta tensión, se plantea construir una montaña artificial de hasta 23 metros, equivalente a un edificio de 6 alturas, que alterará el relieve y fragmentará el territorio.

Ecologistas en Acción señala que urbanizar Los Carriles implicará talar decenas de miles de árboles y asfaltar más de medio millón de metros cuadrados, lo que supondrá transformar el Valle del Arroyo Valdelacasa en un parque ajardinado atravesado por viales, colectores de aguas residuales, tuberías y conducciones eléctricas, desnaturalizando completamente este ecosistema. Todo ello, denuncian, sin reservar ni un solo metro cuadrado para vivienda social.

Destrucción injustificable del último espacio natural de Alcobendas

La Urbanización de Los Carriles-Valgrande supone el sacrificio del último gran espacio verde de la ciudad. Esta joven dehesa de 217 hectáreas es, por su situación estratégica, un corredor ecológico vital esencial para la interconexión con otros espacios protegidos clave, como el Monte de El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Reserva de la Biosfera) y el Monte Dehesa Boyal.

Sepultar el Valle del Arroyo de Valdelacasa bajo hormigón y asfalto destruirá su extraordinaria biodiversidad de flora y fauna, incluidos numerosos polinizadores y aves rapaces protegidas como el águila calzada, el buitre negro o el milano real, que lo emplean como área de campeo. Pero además supone una seria amenaza para la pervivencia del Monte preservado de Valdelatas, limítrofe a Los Carriles, que verá sustituido su actual escudo protector de área silvestre por la presión urbanística extrema, al verse rodeado por 8.600 viviendas.

Grave retroceso en vivienda social

El Ayuntamiento justifica esta actuación como necesaria ante la falta de vivienda, sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que se trata de un plan especulativo contrario a los postulados del desarrollo sostenible recogidos en la ley del suelo aprobada en nuestro país hace más de 17 años. En ella se insta a priorizar la ciudad compacta frente a la dispersa, poniendo en valor los núcleos urbanos existentes.

La asociación ecologista considera que el argumento que se esgrime para justificar la operación urbanística como oportunidad de cara a construir “vivienda asequible” es “totalmente engañosa”, y aseguran que “la mayoría de las nuevas viviendas serán de lujo o inasequibles para la población”. Aunque el plan incluye algunas VPPB y VPPL, no destina suelo al alquiler —pese a que la Ley por el Derecho a la Vivienda exige al menos un 50%— ni a vivienda social para quienes tienen más dificultades de acceso. Todo ello a pesar de que el PGOU de 2009 reservaba 72.206 m² para este fin y de que se prevén ingresos superiores a 814 millones de euros por la venta de aprovechamientos.

Exigencia de Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal

Ecologistas en Acción de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, de la mano de vecinas y vecinos agrupadas en la Plataforma Salvemos Los Carriles, ha exigido al Ayuntamiento de Alcobendas que abandone proyectos especulativos que destruyen el territorio y responden únicamente a intereses privados. Reclaman la apertura de un proceso real para repensar la ciudad, escuchando el clamor de la ciudadanía que pide conservar el último espacio natural del municipio en su estado original, tanto por la calidad de vida de la población como por la protección del corredor ecológico. Asimismo, anuncian que están analizando en detalle el plan parcial aprobado por si existen vulneraciones de la normativa urbanística o medioambiental que diesen lugar a recurso legal para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del interés general y del entorno.

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La Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversión

24 Septiembre 2025 at 09:00
Por: Nuria

La Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversiónLa Aceleradora Urbanística: un mecanismo de control político que subordina el urbanismo madrileño a la lógica de la inversión

Artículo original publicado en elsoto.org

El 12 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones al proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. El texto de la nueva norma coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo. Ni los ayuntamientos, titulares de la competencia urbanística, ni la ciudadanía organizada disponen de un papel real en un mecanismo que, además, amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad.

El urbanismo como inversión, no como derecho

El preámbulo del decreto justifica la creación de la Aceleradora en la supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos, pero no aborda las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno.

Un órgano político sin legitimidad democrática

La Aceleradora se configura como un órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Los ayuntamientos quedan relegados a un papel secundario y discrecional, mientras que la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera tienen cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de “asesores técnicos externos”, un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esa exclusión refuerza un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general.

Riesgo de invasión competencial y opacidad

El decreto crea una unidad técnica de apoyo a la Aceleradora Urbanística pero adscrita a la Dirección General de Urbanismo y le otorga funciones que exceden el ámbito autonómico e invaden competencias municipales, como la tramitación de informes sectoriales. Aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento.

A ello se suma la ausencia de garantías de transparencia. No se prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores.

Una aceleradora para la inversión, no para la ciudadanía

Especialmente grave resulta la disposición que convierte en “de especial relevancia” cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, sin audiencia a los afectados ni control ciudadano. Esta puerta trasera subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público.

Retirada del proyecto de decreto

La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperaión del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado.

Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio.


Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña

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Bluesky: https://bsky.app/profile/plataformaecolo.bsky.social
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