En España, el nombre de Nayib Bukele aparece en conversaciones con desconocidos que admiran al presidente sin conocer el miedo, el silencio y el exilio que también forman parte de la historia reciente de El Salvador.
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El presidente tunecino, Kais Saied, ha concedido un indulto al excandidato presidencial Ayachi Zammel y al expresidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Wadie Jary, en el marco de la festividad de la República celebrada el 24 de julio. Sin embargo, el líder del partido islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, permanece encarcelado en un estado de salud que su defensa califica de «crítico».
Según ha denunciado el equipo legal de Ghannouchi, las autoridades no han reaccionado ante la grave deterioración de su estado de salud, lo que ha generado críticas sobre la selectividad de la medida de gracia presidencial. Mientras Zammel y Jary han sido excarcelados, Ghannouchi continúa recluido en prisión, lo que evidencia, a juicio de sus representantes, un trato diferenciado por razones políticas.
La decisión de Saied se produce en un contexto de creciente tensión política en el país magrebí, donde el presidente ha concentrado poder desde su autogolpe de 2021. El indulto a figuras menores contrasta con la persistente persecución a la oposición islamista, cuyo histórico líder lleva meses detenido en medio de un proceso judicial que la comunidad internacional ha señalado como carente de garantías.
La noticia, difundida este jueves 24 de julio de 2026, sitúa nuevamente a Túnez en el foco de las organizaciones de derechos humanos, que denuncian un retroceso democrático. La suerte de Ghannouchi, en particular, se ha convertido en un símbolo de la represión gubernamental contra el islamismo político en el norte de África.
La renovada disrupción en el estrecho de Ormuz ha elevado las primas de riesgo en los mercados mundiales de gas natural licuado (GNL), según ha señalado el economista paquistaní Dr. Khaqan Najeeb. La inestabilidad geopolítica en la región, vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos, afecta el tránsito de buques gaseros y encarece el suministro, sin que exista una escasez fundamental de gas.
El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del GNL mundial, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad energética global. La incertidumbre sobre la continuidad del tráfico marítimo ha hecho que los mercados spot del GNL reflejen un incremento en las primas de riesgo, lo que se traduce en precios más altos para los importadores.
Entre los países más expuestos se encuentra Pakistán, que depende en gran medida del GNL importado para cubrir su demanda energética. Sin embargo, el impacto se extiende a toda la cadena de suministro global, afectando especialmente a Europa, que tras la crisis energética de 2022 ha incrementado su dependencia del GNL como fuente de gas.
Según el análisis del Dr. Najeeb, la subida de las primas responde a factores geopolíticos y no a una contracción real de la oferta. Esto implica que los precios podrían moderarse si la situación en el Golfo Pérsico se estabiliza, pero mientras persista la tensión, los compradores deberán asumir sobrecostes para asegurar las cargas.
España, como uno de los principales hubs de GNL en Europa, podría verse afectada por el encarecimiento de las importaciones, lo que repercutiría en la factura energética de hogares y empresas. La dependencia europea del gas licuado hace que cualquier perturbación en rutas clave como Ormuz tenga consecuencias directas en el mercado interior.
Los precios del petróleo han registrado una subida significativa este lunes, con el barril de Brent de la North Sea superando el umbral de los 90 dólares durante las primeras horas de negociación en los mercados asiáticos. La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, centrada en la región del golfo Pérsico, ha disparado la preocupación de los inversores ante una posible interrupción del suministro.
El temor a que el conflicto afecte al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, está presionando al alza los futuros del crudo. El Brent ha alcanzado los 90 dólares el barril, un nivel que no se veía desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, según operadores del mercado.
La cotización del petróleo afecta directamente a la economía española, que depende en gran medida de las importaciones de crudo. Un encarecimiento del barril se traduce en un aumento del precio de los combustibles y, por extensión, de la electricidad y el transporte, lo que eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo de los hogares.
El detonante inmediato de la escalada ha sido el intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses y milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, así como las amenazas de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por el momento, no se ha confirmado ninguna interrupción real del suministro. El Brent cotiza en máximos de cuatro años, y todo apunta a que la volatilidad se mantendrá mientras no se despeje el horizonte diplomático.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido este domingo de que ningún petrolero podrá atravesar el estrecho de Ormuz sin permiso, después de incidentes con dos buques a los que ha calificado de «infractores». La amenaza, lanzada el 19 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la libertad de navegación en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20% del crudo global.
Según informó el CGRI, los incidentes ocurrieron durante el fin de semana en la zona del estrecho, sin que se hayan precisado las circunstancias exactas ni la identidad de los barcos implicados. La fuerza naval iraní ha intensificado en los últimos meses las inspecciones y operaciones de disuasión en la región, en el marco de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados por el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.
La advertencia iraní afecta directamente a los buques petroleros y metaneros que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía que conecta los productores de Oriente Próximo —Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar— con los mercados asiáticos, europeos y americanos. Cualquier interrupción o restricción del paso podría disparar los precios del crudo y del gas licuado (LNG), con graves consecuencias para la economía global.
El gobierno iraní no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial más allá de la declaración del CGRI, aunque fuentes de la República Islámica han señalado en el pasado que el control del estrecho responde a su derecho a garantizar la seguridad marítima y a proteger sus intereses nacionales. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, mantiene una presencia naval en la zona para asegurar la libre navegación, en virtud del derecho internacional.
Este tipo de amenazas no son nuevas: en 2019, Irán llegó a interceptar varios petroleros en el estrecho de Ormuz en represalia por las sanciones estadounidenses, lo que provocó un aumento temporal de la tensión militar. La situación actual se produce en un contexto de ausencia de avances en las negociaciones nucleares y de endurecimiento de las sanciones occidentales contra Teherán.
El estrecho de Ormuz, de solo 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es considerado un punto crítico para la seguridad energética mundial. La advertencia del CGRI, de materializarse, podría derivar en un bloqueo de facto que obligaría a los países consumidores a buscar rutas alternativas o a recurrir a sus reservas estratégicas.
El término del día, que, con toda seguridad, tendrá más recorrido: el absentismo laboral. Declaraciones recientes de Feijóo sobre el coste económico del mismo para las empresas y el erario público, recogiendo el testigo de las patronales y la economía y los economistas conservadores. Como si absentismo fuera una argucia de los currantes para trabajar menos o con menos intensidad, sin renunciar a sus ingresos.
En realidad, nada nuevo en el firmamento. El objetivo es mezclarlo todo para no hablar de lo verdaderamente trascendente. El denominado absentismo laboral, expresión claramente tendenciosa, incluye, entre otros conceptos, la incapacidad temporal –como las bajas médicas– y los permisos retribuidos y no retribuidos. Es una expresión que arremete de forma infame contra derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Resulta sencillamente inaceptable que ese sea el debate y no la precariedad en el trabajo y los bajos salarios, que impiden llevar una vida decente y ejercer plenamente los derechos laborales y sociales.
Pero el asunto en cuestión presenta mucho más recorrido. Tiene que ver con el lenguaje utilizado que pretende incorporar (imponer) un sentido común que, supuestamente, debe tomarse como punto de partida de un debate racional y razonable… ¡un espacio donde se darían cita la buena economía y los buenos economistas!
Sin pretender ser exhaustivo, algunos ejemplos que pretenden reflejar el sentido común al que acabo de hacer referencia y que constituyen manipulaciones de gran calado:
a) La utilización del término “mercado de trabajo”, cuando en realidad las condiciones de vida de los trabajadores están indisociablemente unidas al ejercicio de los derechos laborales y humanos, derechos que ni pueden ni deben abordarse en clave mercantil.
b) Cuando se aplican políticas para, supuestamente, “flexibilizar” el mercado laboral cuando en realidad se pretende, y se ha conseguido en buena medida, debilitar o anular la capacidad de lucha y negociación de las personas trabajadoras, creando las condiciones para presionar a la baja los salarios.
c) Cuando se asocia “contención salarial” con competitividad, pretendiendo, errónea y sesgadamente, que este es el factor determinante de la misma.
d) Cuando se pretende establecer una relación de causa/efecto entre los salarios y la inflación, ocultando que esta tiene que ver sobre todo con el desorden estructural del capitalismo y el poder de las grandes firmas.
e) Cuando con estos enunciados se desvía descaradamente el foco donde en realidad debería situarse: las retribuciones de las élites empresariales y los grandes accionistas de las empresas, un terreno intocable, que, sin embargo, es fundamental para entender la economía realmente existente y los intereses que la articulan.
Sobre estos y otros temas cruciales se pasa, en el mejor de los casos, de puntillas. El debate queda, de este modo, atrapado y contaminado.
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La periodista reclama el relato colectivo del aborto como herramienta feminista frente a la ofensiva reaccionaria en su último libro 'Provida, un manifiesto a favor del aborto'.
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Con la toma de posesión del presidente antiabortista José Antonio Kast en Chile, y con los recientes resultados electorales en Perú y Colombia, las activistas advierten que su agenda podría repetir los retrocesos ya vistos en otros países de la región.
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Los cambios políticos en la región mesoamericana están obligando a las defensoras de derechos humanos a modificar sus estrategias de lucha y a usar la creatividad para continuar con su labor.
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Pa qualsequier que quiera aprender, de verdat, una luenga ye fundamental la socialización en ixa luenga. Ye qualcosa que siempre hemos teniu claro en belunas d’as asociacions en desfensa de l’aragonés y que ha contrimostrau funcionar, aduyando a chenerar nuevos fablants activos. Lo contacto entre las personas que lo fablan por transmisión familiar y las que lo han […]
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Libertad, respeto, cariño y amor. Esos son los ingredientes de todos nuestros programas y el concepto de nuestro proyecto “Hasta el coño”. En este programa, abordamos un tema desconocido para mucha gente y eso hace que sea relevante para toda la sociedad. El mes de octubre se celebra la despatologización de la transexualidad y por […]
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Una de las películas de terror más famosas se sostiene sobre una trama transmisógina que ya fue criticada en su época. Vista con otra lente, podría ser un impulso para luchar contra los burócratas médicos.
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A pocas semanas de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 14 de junio, las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a la implicación continuada de la empresa vasca en el Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), una infraestructura clave para la consolidación de la ocupación ilegal israelí sobre territorio palestino ocupado.
Mientras CAF anuncia beneficios históricos —40 millones de euros solo en el último trimestre y récord de pedidos—, continúa obteniendo beneficios económicos de un proyecto que contribuye directamente a la expansión y consolidación de los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada. El crecimiento económico de CAF no puede desvincularse de su participación en un sistema colonial, genocida, de ocupación y discriminatorio, en violación del derecho internacional.
Desde 2019, CAF participa junto a la empresa israelí Shapir en la ampliación, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes con Jerusalén Oeste y que forma parte de la estrategia de anexión territorial impulsada por el Estado de Israel. A través de ello, CAF desempeña un papel estructural e indispensable en la consolidación y expansión del proyecto que, en últimas, busca una “Jerusalén unificada” como capital del Estado de Israel .
Desde décadas atrás, diversos organismos internacionales han señalado la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Más recientemente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que la ocupación israelí es ilegal e instó a todos los Estados a adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de esta situación ilícita.
Asimismo, en septiembre de 2025, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes.
Ante esta situación, una coalición de organizaciones de la sociedad civil —NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori DESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37— presentó el pasado 18 de febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF por su participación en el proyecto.
La Fiscalía ha confirmado ya que está investigando la denuncia.
Durante años, organizaciones palestinas, vascas, sindicatos y movimientos de solidaridad internacionales han denunciado y movilizado contra la participación de CAF en el Tren Ligero de Jerusalén. Hoy reiteramos que no vamos a detenernos hasta que termine la impunidad de CAF y la empresa ponga fin a su rol en la ocupación y colonización del territorio palestino.
Mientras CAF intenta normalizar su implicación en un proyecto vinculado a la ocupación, el apartheid y la expulsión de población palestina, la sociedad civil organizada continúa movilizándose para exigir responsabilidades políticas, económicas y judiciales.
Por ello, exigimos:
No es aceptable que dinero público y contratos institucionales continúen beneficiando a empresas implicadas en proyectos que sostienen violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino.
Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, entidades y personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos a sumarse a esta exigencia colectiva antes de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 13 de junio.
Porque no puede haber normalidad económica ni beneficios empresariales construidos sobre la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.
Listado de organizaciones firmantes:
1. Acampada por Palestina de La Rioja
2. ALIANZA DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA DE ESPAÑA
3. ALTERNATIBA
4. Alternativa Antimilitarista. MOC/ADNV Canarias
5. Amigas de la Tierra
6. Amnistía Internacional
7. Anticapitalistas Valladolid
8. Anticapitalistes
9. Arabako SEADen Lagunen Elkartea
10. Armagintzarekin MOZTU
11. Asamblea de vivienda Raval Rebel
12. Asociación Atenea Chamberí
13. Asociación BACHUE ELKARTEA
14. Asociación Cultural Deportiva e Ecoloxista Treze Catorze
15. Asociación de mujeres separadas y divorciadas del pais valencia
16. Asociación ecofeminista Ola sin plástico
17. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)
18. Asociacion GeoAlternativa
19. Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
20. Asociación Por Tí Mujer
21. Asociación UNADIKUM
22. Associació Ca la Dona
23. Associació Impacte. Cinema i Drets Humans
24. Associació Migració i ESS – MIGRESS
25. Associació Recerca i Decreixement
26. Associació Sabadell per la República
27. Associació SUDS
28. Associació Veïnal de Sant Pere de Terrassa
29. Atenea Chamberí
30. Ateneu Candela
31. Ateneu del Raval
32. Ateneu Llibertari del Cabanyal
33. ATTAC Madrid
34. Atxuri Harrera
35. Bake Ekintza Antimilitarista
36. BDS Almeria
37. BDS Guadalfeo
38. BDZ Nafarroa
39. Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris
40. Bilbo Palestina
41. BIZILUR
42. Bretxa Observatori de Fronteres
43. Capellanía católica de centro penitenciario del dueso de Santoña en Cantabria
44. Capellanía católica del Hospital sierrallana de Torrelavega en cantabria
45. Casa de acogida del buen samaritano
46. Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible
47. CEHDA
48. Centre Delàs d’Estudis per la Pau
49. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)
50. CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África
51. CGT – Confederación General del Trabajo
52. CICrA Justicia Ambiental SCCL
53. CIM Burkina
54. Coalició Prou Complicitat amb Israel
55. Col’lectiu Ecologia i Pau
56. Colectivo Feminista Las Tejedoras
57. Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos
58. Comité de Solidaridad Oscar Romero de Valladolid
59. Comité de solidaritat amb Palestina de Sants
60. Comitè de treballadores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
61. Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria
62. COMITÉ OSCAR ROMERO DE VIGO
63. Comité Óscar Romero Valladolid
64. Conceyu Abiertu pola Transición Xusta
65. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
66. Corriente Roja
67. Crida per l’Alliberament Sexual i de Gènere
68. CULTURA21 SCCL
69. Donostia Palestina
70. Ecologistas en Acción Confederal
71. Ecologistas en Acción Córdoba
72. Ecologistas en Acción Valladolid
73. Ecologistas la parrilla
74. EHBizirik
75. EHU Palestina
76. Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres Contra la Guerra
77. ESK SINDIKATUA
78. Espacio Común 15M
79. ESPAI GRAMENET
80. Eureka, Red Activista por la Renta Básica Incondicional
81. Euskal Herria Bizirik
82. Euskal Herrian Euskaraz
83. EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA
84. Euskal Herriko Fronte AntiInperialista
85. Ezker Anitza-IU
86. FORO GALEGO DE INMIGRACION
87. Fundación Mundubat
88. Galdakao Palestinarekin
89. Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea
90. Galdakaoko pentsionistek eta Jubilatuak Plataforma
91. Gernikatik Mundura
92. Global sumud Euskal herria
93. Gogara
94. Greenpeace
95. Grup de dones Vila-real. Red mujeres de negro por la pax
96. Grup de Suport a Palestina
97. Grupo Estudios Africanos e Internacionales UAM
98. Gure haurrak ere badira
99. Herritar Batasuna
100. Heura Negra
101. Ikasle Sindikatua
102. Intersindical Salut-IV
103. Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
104. Jaén con Palestina
105. Joves Ecosocialistes
106. Judimendi auzo elkartea
107. KALAKALAB SLL
108. KULTURATIK Kultur egikeak Palestinarekin/Creadorxs culturales con Palestina
109. La Capçalera
110. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España
111. LA COSECHA COMUNICACIÓN
112. La Intersindical (Catalunya)
113. LA PIRENAICA DIGITAL
114. Lafede – justícia global
115. Lumaltik Herriak
116. Marea Pensionista Horta-Guinardó Barcelona
117. Maresme amb Palestina
118. MUGARIK GABE
119. Mugen Gainetik
120. Mujeres de Negro contra la guerra de Madrid
121. Mujeres de negro de Valencia
122. Nexes Interculturals
123. Oarsoko AHTren aurka taldea
124. Observatori del Deute en la Globalització
125. Observatori DESCA
126. Onda de madrid
127. Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega en cantabria
128. Parroquia de San Pedro de Torres de Torrelavega en cantabria
129. Parroquia de san Pelayo de Dualez de Torrelavega de Cantabria
130. Perifèries
131. PLATAFORMA ALMERÍA POR PALESTINA
132. Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)
133. Plataforma Córdoba con Palestina
134. Plataforma de pentsionistas y Jubilados
135. Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts
136. PLATAFORMA POLO EMPREGO
137. PODEM CATALUNYA
138. Podemos Euskadi
139. Podemos Valladolid
140. Putas Indignadas
141. Putas Libertarias Raval
142. Radical Books Coop
143. REAS Rioja
144. Rebelión Científica
145. Red
146. Retirada del proyecto invasivo y de ocupación denominado construcción de Palestina
147. Rumbo a Gaza
148. SALBURUKO HARRERA SAREA
149. Sanitarioak Genozidioaren aurka
150. Sare Antifaxista
151. SCI Catalunya
152. Seminari d’economia crítica Taifa
153. Sindicato cobas comisiones de base
154. SIOF (SERVEI D’INFORMACIO DE L’OBJECCIO FISCAL A LA DESPESA MILITAR)
155. SODEPAU
156. Sodepaupv
157. SOS Ribagorza
158. STEILAS sindikatua
159. Stop desahucios Hernani
160. Talaiola- Ecologistes en Acció
161. Teatracció
162. Top manta
163. Urko-Punta GKE
164. Vall del Lierca amb Palestina
165. Verso Libros
166. Xamfrà
167. Zarautz Palestina
168. ZINHEZBA
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En el episodio 6 de Re-nacer, Luciana Peker charla con la comunicadora y activista trans de Argentina Vanesa Cufré de abusos institucionales, del feminismo popular y del trabajo sexual, entre otros temas.
La entrada Vanesa Cufré: «He estado presa montones de veces por ser trans» se publicó primero en Pikara Magazine.
Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.
La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.
Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.
El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.
A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.
La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.
La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.
Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder.
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Silvana Turner integra el Equipo Argentino de Antropología Forense que ha identificado restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar argentina. Coordina la excavación en el Ex Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba, donde ya fueron restituidas las identidades de veintinueve personas.
La entrada “Nada ni nadie desaparece” se publicó primero en Pikara Magazine.
La llegada de empresas extractivas a diferentes territorios acarrea una profundización de la lógica patriarcal que estruja y usa los cuerpos de las mujeres. Hay despojos, pero también resistencias.
La entrada Apropiación de carne y tierra se publicó primero en Pikara Magazine.
“Sigo creyendo en la justicia para no rendirme”, cuenta Consuelo Piaguaje, hija de uno de los demandantes contra la petrolera por años de contaminación en la Amazonía. A pesar de una sentencia histórica contra la compañía transnacional, que aún no se ha ejecutado, el Gobierno ecuatoriano tiene que indemnizarla tras un arbitraje internacional.
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Una demanda de la abogada Mónica Roa logró, en 2006, la despenalización parcial del aborto en Colombia. No te pierdas el episodio 6 de Re-nacer.
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