Con motivo de la celebración el 8 de abril del Día Internacional del Pueblo Gitano, publicamos un extracto del libro ‘El deber de resistir. Memoria y luchas del Pueblo Gitano’ (Txalaparta, 2026) de Silvia Agüero Fernández y Nicolás Jiménez González.
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La identidad trans y racializada de la persona que inspiró un gran éxito del cine checo fue borrada tanto de la pantalla como de la narrativa oficial.
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Llevar minifalda puede leerse diferente dependiendo del contexto, como pasa con otras prendas de ropa. En este vídeo rescatamos un poco de historia de la minifalda para hablar de la importancia de lo cultural.
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Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.
El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.
Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.
La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.
Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.
En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.
Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.
Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.
¿A qué se debe?
Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!
¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?
Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?
Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.
Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.
En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.
También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.
¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?
Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.
Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.
Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?
Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.
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Radio Almaina - The Motherhackers 5, C.C. Syndicate, Funk and grooves
Dos estrenos cinematográficos abordan la aceptación de la identidad sexual en el pasado reciente, abriendo la cuestión sobre si salir del armario es algo que ya solo se puede explicar desde otro tiempo.
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La cineasta chilena habla sobre su última película Limpia (2025), su próximo proyecto cinematográfico, su cine de barrio en Santiago y reflexiona sobre el escenario político actual en Chile tras el reciente triunfo de la ultraderecha.
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No te pierdas el nuevo capítulo de Re-nacer en el que Miriam Lewin y Luciana Peker hablan de violencia y dictadura, pero también de series y periodismo.
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Argentines en Euskal Herria taldeak Bilbon topaketa antolatu zuen 1976ko Estatu Kolpetik 50 urtera, ultraeskuinaren aurrerabidearen aurrean, zaintza, komunitatea eta erresistentzia antolatzeko. Mayra Núñez Pastor abokatuak azken diktaduraren ezaugarrietan, erreparazio prozesuetan eta memoriaren, egiaren eta justiziaren aldeko borrokan arakatu zuen.
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120.124 víctimas, 1.102 microbiografías, 1.984 documentos, 18.000 visitantes y 3.279 seguidores en redes sociales. Es el balance de la página web Todos los Nombres, un proyecto que nació hace 20 años como la mayor base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y el Norte de África y que, en realidad, venía a suplir las carencias del Estado o la ausencia de políticas públicas en relación con la memoria histórica.
A través de su buscador, numerosas personas han podido localizar o saber qué fue de sus familiares. Y también la sociedad ha podido conocer, a través de las microbiografías, quiénes fueron represaliados. En resumen, Todos los nombres –cuya denominación procede del libro de José Saramago– es un «proyecto participativo para el conocimiento (verdad) y re-conocimiento (reparación)» que continúa contando la historia por encima del negacionismo creciente en los últimos tiempos. En este contexto, sus impulsores han lanzado ahora una campaña en Goteo.org para seguir realizando y mejorando una labor referente en el movimiento memorialista.
«Su principal función es recopilar y ofrecer información sobre personas que fueron represaliadas tras el golpe de Estado del 36, la guerra, la dictadura franquista y la transición. Por supuesto, no es su única función, ya que con el paso de los años hemos ido ampliando su contenido mediante un proceso participativo y muy generoso. Pero todo es mejorable y nos hemos planteado un conjunto de acciones para ofrecer servicios de mayor calidad y accesibilidad, así como ampliar los contenidos temáticos», explican.
Su objetivo inicial en esta campaña de micromecenazgo es alcanzar 12.900 euros. Entre las actuaciones que podrán desarrollar con ese dinero, destacan la inclusión de unos 2.500 registros nuevos de víctimas, casi 2.000 parciales (con ampliación de la información existente), en torno a 200 microbiografías y unos 350 documentos nuevos para mejorar el conocimiento y su difusión.
Uno de los aspectos más innovadores, indican desde el proyecto, es dotar de información geográfica todo el contenido de la página web y ampliar los recursos de difusión: programas de radio, mejorar las exposiciones y nuevas redes sociales, entre otros. Y muy importante: insistir en la represión específica hacia las mujeres.
Entre los últimos nombres registrados en la base de datos figura Dolores Bascón Baños o José Montero Pina. Según las fichas, la primera tenía 16 años y fue asesinada durante una manifestación por tiros de agentes de la Guardia Civil en Morón de la Frontera (Sevilla) en diciembre de 1975, con información procedente de El Correo de Andalucía. José Montero, de Segura de León (Badajoz), tenía 19 años, era jornalero y fue asesinado «antes de llegar a Llerena durante el acoso golpista a la columna de los 8.000». La información, explica la web, procede de un correo electrónico que recibieron este mismo marzo.
Pero detrás de los nombres, como explican, hay «rostros –una fotografía adquiere un valor tremendo–, sentimientos, pensamientos, aspiraciones… que constituyen su personalidad». Por eso –argumentan– conceden un gran valor al apartado de las microbiografías. Decir «quién hay detrás de un nombre: toda una vida». Manuel Domínguez Morales, por ejemplo, es la última microbiografía subida a la web. «Por fin he vuelto», la titula su autor, Juan Carlos Boza.
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A 50 años del golpe de 1976 en Argentina, Clara Obligado escribe ‘Exilio’ como experiencia colectiva: una trama de voces y memoria, en diálogo con las ilustraciones de Agustín Comotto.
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Hasta el 7 de noviembre de 1976, y pese al clima de terror que había traído la llegada de los militares al poder en Argentina, la vida de Graciela Lois se encaminaba hacia la felicidad. Casada con Ricardo, a quien había conocido dos años antes en una protesta en la facultad, los unía la militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y en ese momento también una hija de solo tres meses. Aquella noche, Graciela esperaba el regreso de su marido tras una cita con compañeros de la JUP. Pero nunca llegó. No lo sabía entonces, pero Ricardo acababa de entrar en la larga lista de desaparecidos de la dictadura.
Durante meses se aferró a la esperanza de que había sido detenido y que, tal vez, lo liberarían pronto. “Ese tal vez me persiguió durante mucho tiempo”, admite ahora Graciela. Se acabó incorporando a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, donde encontró a muchas otras personas que, como ella, buscaban a un hijo, un marido o un hermano arrancado por la represión en los primeros meses del régimen. Hoy preside la organización, habiendo dedicado media vida a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la memoria de esa oscura etapa de la historia argentina. Y, sin embargo, siente que debe volver a empezar esa lucha que creía ya ganada.
Argentina cumple este 24 de marzo 50 años del golpe de Estado de 1976 que llevó a las Fuerzas Armadas al poder. Aquel régimen, instaurado bajo el argumento de poner fin al “desgobierno” y a la “delincuencia subversiva” de las guerrillas de izquierdas, desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado, caracterizado por secuestros, torturas, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y una red de centros clandestinos de detención extendida por todo el país. La cifra de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría todavía sin localizar, sintetiza la magnitud del horror.
La dictadura terminó en diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas y una profunda crisis económica. Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un referente mundial: a diferencia de España, donde las autoridades franquistas nunca fueron juzgadas, el Juicio a las Juntas de 1985 sentó en el banquillo de los tribunales civiles a los máximos responsables del régimen y los condenó por crímenes de lesa humanidad.
Pero ahora, a medio siglo del golpe, el clima es muy distinto. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el consenso construido en torno al Nunca más, reabriendo debates que durante décadas parecían cerrados. Para el movimiento de derechos humanos, se trata de un escenario impensable hasta hace solo unos años. “Nadie se esperaba que fuéramos a volver atrás en esto”, admite Graciela, dolida. “Confiamos demasiado en que estaba todo ganado”.
Pese a ese pesimismo, en parte lo está. Según un estudio reciente, hoy siete de cada 10 argentinos mantienen una visión negativa de la dictadura, y una mayoría reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. “Tras la dictadura, el país se puso a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso ha creado un sentido común muy arraigado en la sociedad”, argumenta el sociólogo Emilio Crenzel. El historiador Matías Grinchpun añade un matiz: ese amplio consenso social tapaba la existencia de sectores minoritarios con opiniones opuestas. “No es que aparecieran memorias de derecha que no existían; simplemente han ganado visibilidad social”, explica.
En realidad, el camino hacia ese consenso nunca fue lineal. Tras el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida frenaron los juicios contra militares. Poco después, el gobierno indultó a los altos mandos encarcelados en nombre de la “reconciliación nacional”. No fue hasta principios de siglo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando esas normas fueron anuladas y los procesos judiciales se reactivaron. Luego, con el regreso de la derecha al poder de la mano de Mauricio Macri, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a los militares condenados por delitos de lesa humanidad para reducir su sentencia.
Aun con esos antecedentes, ambos analistas coinciden en que el gobierno actual marca una diferencia cualitativa con los predecesores. “Desde el retorno de la democracia, nunca hubo una administración con una visión tan benevolente hacia la dictadura”, dice Grinchpun. Crenzel coincide, e identifica en el discurso oficial una combinación de negación, relativización y justificación de las violaciones a los derechos humanos. “Son argumentos que ya utilizaba la propia dictadura militar a lo largo de su existencia”, subraya.
Ya durante la campaña electoral de 2023, Milei hizo de la polémica su mejor baza, cuestionando la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una vez en la Casa Rosada, ha profundizado en ese relato, llevándolo incluso hasta el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su revisión de la narrativa sobre la dictadura, ha abogado por construir una “memoria completa” que justifique la represión estatal como parte de una “guerra” contra la violencia de las guerrillas de izquierda.
El giro no ha sido solo discursivo. El gobierno de Milei ha degradado la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y ha despedido a la mitad de su plantilla. También ha cerrado el centro Haroldo Conti, un espacio que promovía la memoria a través de la cultura, y ha dejado inoperativa la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encargaba de localizar a niños apropiados durante la dictadura.
“Hay una política de desmantelamiento de las estructuras que existían en materia de derechos humanos y una apuesta por elaborar un relato que redefina el sentido común sobre la violencia de los años setenta”, resume Crenzel. Pero, pese a los esfuerzos de Milei, muchos de los avances logrados siguen en pie: los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, la memoria forma parte del currículo educativo, se producen libros y documentales, y cada 24 de marzo las calles se llenan en movilizaciones masivas. “Son logros que Milei no ha podido erosionar”, explica el sociólogo. Por eso, afirma que Argentina llega a los 50 años del golpe “en un contexto contradictorio”.
En ningún lugar se ha visto eso con más claridad que en el Museo Sitio de Memoria ESMA, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy convertido en un símbolo de las políticas de memoria y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Marzo es el mes más concurrido por la proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las salas se abarrotan de visitantes, la gran mayoría argentinos, que recorren en silencio los espacios donde funcionó el aparato represivo, conmovidos por el relato del guía.
Aquí, la llegada de Milei al poder no ha significado una caída en el número de visitantes. “Incluso viene más gente”, admite un trabajador. “Las visitas para colegios y universidades están cubiertas hasta fin de año”. Sin embargo, el cambio de gobierno ha traído recortes presupuestarios, y con ello una reducción drástica de la plantilla. “Antes éramos 60 empleados; ahora solo somos 20”, informa otra trabajadora del centro. La prueba más evidente del ajuste económico lo ofrecen los folletos informativos: solo están disponibles en inglés y en ellos aparece el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –de la administración anterior; ahora es solo de Justicia–. “No quieren imprimir más”, revela la trabajadora, desalentada. “Con eso lo digo todo”.
Por ahora, el gobierno no ha dado el paso más extremo: indultar a los represores condenados. Y eso que parecía solo una cuestión de tiempo cuando, a mediados de 2024, varios diputados oficialistas visitaron en prisión a militares responsables de asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura. Para Lydia Lukaszewicz, ese gesto fue particularmente doloroso. Su padre, Hernán Lukaszewicz, participó en el aparato represivo como suboficial del Ejército. Hoy se considera exhija porque dice haber “renunciado a esa historia”, y denuncia los crímenes de la dictadura desde Asamblea Desobediente, un colectivo de familiares de represores.
“Siempre esperé que hablara, que diera nombres”, cuenta Lydia. “Pero nunca lo hizo”. Casos como el del ex marino Adolfo Scilingo, que confesó su participación en los vuelos de la muerte y actualmente cumple condena en España, son excepcionales –y por ello, repudiados dentro de las propias filas militares–. Cuando oye hablar de un posible indulto, Lydia no puede evitar pensar en su padre biológico, quien, como tantos otros, murió sin haber sido condenado y sin romper el pacto de silencio que ha protegido a tantos responsables. “Estos tipos no tienen que salir más”, afirma. “Tienen que pudrirse en la cárcel”.
Si el gobierno de Milei aún no ha avanzado en la liberación de los represores es por una cuestión de prioridades, según Crenzel. El libertario está centrado en su agenda económica, basada en la desregulación total, lo que ya ha provocado una fuerte reacción social. Las marchas de los jubilados por los recortes en las pensiones o las protestas contra la recientemente aprobada reforma laboral, que permite jornadas de 12 horas, son síntomas de esa tensión. “Sabe que esos cambios económicos van a generar conflicto y evita sumar nuevos frentes al mismo tiempo”, explica el sociólogo.
Sin embargo, uno de los ataques más profundos al consenso del Nunca más está pasando casi desapercibido, advierte Grinchpun. “Milei está intentando desandar el sentido común construido durante décadas mediante un relato que revaloriza las fuerzas armadas y de seguridad”, señala. Así, el gobierno ha nombrado recientemente al teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa –la primera vez que un militar ocupa el cargo desde la dictadura–, y ha impulsado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una ruptura con los acuerdos básicos establecidos tras 1983.
Además, ante las movilizaciones contra sus políticas, el Ejecutivo ha recurrido al uso de la fuerza y ha justificado las actuaciones policiales incluso cuando han dejado heridos graves. Recordando que estas fuerzas de seguridad fueron “una pieza clave del aparato represivo de la dictadura”, Grinchpun alerta del riesgo de que ese discurso termine otorgando “legitimidad a los actos más violentos que puedan cometer”. Sus efectos, añade, podrían perdurar más allá del actual gobierno. “Cuando Milei se vaya, algo de eso va a quedar. Y eso termina siendo una deformación enquistada en el corazón de la democracia, que le impide desarrollarse plenamente”.
En medio de esa disputa por la memoria de la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo –las activistas más emblemáticas del movimiento por los derechos humanos– mantienen aún la lucha nacida en 1977. Ante la desaparición de sus hijos a manos del gobierno militar, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada todos los jueves para exigir respuestas. Como el estado de sitio prohibía las concentraciones de más de tres personas, optaron por caminar en círculo alrededor de la plaza. No han dejado de hacerlo desde entonces.
El pasado 12 de marzo completaron la ronda número 2.500. Avanzando lentamente, leyeron los nombres de los desaparecidos, seguidos de un reivindicativo “¡presente!”. No faltó a la cita la presidenta de la asociación, Carmen Arias, de 84 años y con la cabeza cubierta por el icónico pañuelo blanco, de compromiso inquebrantable. “Las madres no vamos a dejar nunca la lucha, por más trabas que nos pongan”, lanzó entre aplausos del público. “Hasta el jueves que viene”.
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Radio Almaina - Ep 4 – LⱯVØZ DΞ LØ IИVISIBLΞ – AQUÍ MANDAN LAS SEÑORAS
“La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad”. Así reza la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, cuya disposición adicional vigésima, publicada el pasado 4 de marzo en el BOE vía real decreto, deja fuera del derecho de indemnización a aquellos fallecidos, también en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, posteriores al 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.
Entre las decenas de personas que se calcula que existen que perdieron la vida a manos de la ultraderecha y las Fuerzas de Seguridad del Estado tras esa fecha y que se quedan fuera de esta indemnización de 250.000 euros están los tres asesinados por la Guardia Civil en mayo de 1981, conocido como el caso Almería, y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación en diciembre de 1979, cuyos hermanos se muestran indignados ante esta decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Asimismo, el movimiento memorialista demanda al Gobierno que haga público el dictamen de una comisión formada por una docena de especialistas en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea que dirimió si las víctimas oficiales de la Transición se pueden contar hasta 1983.
El portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), Javier Almazán, recuerda que en abril de 2024 se creó esta comisión, que debía emitir su resolución en menos de un año. Estaba formada por figuras como el cofundador de CC. OO. Nicolás Sartorius, la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo y los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus.
El integrante del COT, hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado con 18 años en diciembre de 1976 tras ser brutalmente agredido por la Policía, explica que “ahora mismo no sabemos si los muertos después de diciembre de 1978 se consideran víctimas”. Sea como fuere, el real decreto no recoge su derecho a indemnización, por lo que habría que modificarlo para que así sucediera.
Almazán afirma que tanto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como la directora general de Memoria, Zoraida Hijosa, han reconocido que el estudio ya finalizado obra en su poder. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres al frente, no han respondido a las cuestiones planteadas por La Marea, por lo que no han clarificado cuándo se publicará la resolución de los expertos ni por qué no han esperado a que se conociera para aprobar el real decreto. Tampoco han contestado si buscarán alguna forma de indemnizar los crímenes cometidos más allá de 1978 ni qué depuración se dio en los Cuerpos de Seguridad una vez aprobada la Constitución.
Javier Montañés responde a esta última pregunta: “Ninguna”. Él es hermano de José Luis Montañés Gil, asesinado a los 22 años por disparos de la Policía en Madrid, el 13 de diciembre de 1979, durante una manifestación legalizada de trabajadores y estudiantes. “Esto no tiene ningún sentido. La Policía franquista de diciembre de 1978 no se transformó en otra Policía en enero de 1979. Eran los mismos agentes. Aquí no hubo ninguna varita mágica que hiciera cambiar sus métodos represivos”, opina.
Por el momento, este profesional del tercer sector afincado en Menorca asegura confiar en que el dictamen de la comisión avale su postura. “Tengo los pies en el suelo, pero también la esperanza de que vuelvan a modificar el decreto. Vivimos momentos políticos convulsos y todo puede cambiar en poco tiempo”, añade. Por otra parte, denuncia que este último movimiento del Gobierno supone una revictimización por parte del Estado. “Nos acompañan en los actos, en lo simbólico, pero por otro lado nos esconden de nuevo. Es una sinrazón dejarnos fuera de la ley”, reitera.
Aquel 13 de diciembre de 1979 Javier Montañés tenía 15 años, los mismos que Mari Carmen Martínez. Ella es hermana de Emilio Martínez Menéndez, muerto a los 20 años en la misma manifestación que José Luis. “No entraba en mi cabeza que, sabiendo que ese informe ya existe, no nos permitan reclamar la indemnización, y no creo que haya sido un descuido”, comenta.
Esta funcionaria madrileña de 61 años, quien recuerda que aquella movilización también se saldó con otros tres heridos de bala, desconoce si el Gobierno quiere introducir a las víctimas “a plazos” en la ley para que vuelva a publicarse la noticia de que “ellos son los defensores de la memoria democrática y de la Transición”, según sus palabras. Martínez se siente disgustada: “Nos ha sentado mal porque creo que hay cierto consenso en que con la entrada en vigor de la Constitución no se volvió la Policía democrática de repente”.
Además, considera que el Gobierno podría haber dejado abierta la cuestión. “Podrían estudiar caso por caso, que al final no son tantos”, sostiene. Y añade: “Si los mataron ya con la Constitución vigente, más grave es”.
El hermano de Juan Mañas Morales, Francisco, celebraba su comunión en mayo de 1981. Tenía entonces 8 años. Juan tenía 24, y bajaba desde Santander hasta Almería para encontrarse con su familia. El día 11 apareció su cuerpo y el de otros dos amigos calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta en el que viajaban, después de que la Guardia Civil les confundiera con los etarras que el 7 de mayo atentaron en Madrid contra el que era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. “No entiendo qué argumentos tiene el PSOE para dejarnos fuera de la posibilidad de indemnización”, critica.
Francisco Mañas, que ahora tiene 53 años y trabaja como gerente en una empresa, asegura que seguirán recurriendo y luchando. “Yo nunca he sabido por qué hay tanto silencio con el caso Almería. Parece que es un tema tabú, como que da miedo. Quizá porque intervino la Guardia Civil, o porque todavía queda algún secreto por ahí guardado y no quieren que salga a la luz”, se explaya antes de remarcar que el Gobierno debería rectificar para incluir a las víctimas hasta 1983.
José Luis Montañés, Emilio Martínez y Juan Mañas, así como Luis Cobo y Luis Montero, también víctimas en el caso Almería, no son los únicos asesinados más allá de 1978 que ahora no podrán percibir la indemnización. A finales de abril de 1979, Andrés García Fernández murió a manos de un grupo de jóvenes, uno de los cuales portaba un brazalete con una cruz gamada, en la calle Goya de Madrid. Tenía 18 años.
Yolanda González, militante comunista y líder estudiantil, fue secuestrada en su casa en el barrio madrileño de Aluche a los 19 años por militantes de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Terminaron matándola el mismo mes y año en que Vicente Cuervo, delegado de la sección sindical de CNT en Telefunken, perdió la vida tras recibir un disparo de un ultraderechista, también de Fuerza Nueva, en Vallecas, aunque en este caso está reconocido como víctima del terrorismo. En marzo de 1980, varios militantes de extrema derecha apalearon y apuñalaron hasta la muerte a Jorge Caballero. Las familias de todos ellos, según el Gobierno, no tienen derecho a recibir la indemnización por su lucha por la libertad en España. En nuestro país no existe tampoco un censo oficial de víctimas políticas de la Transición y primeros años de la democracia.
Desde La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, consideran que la modificación de la ley “es un avance” para las víctimas de 1978, pero “siguen quedando muchas que no gozan de los mismos derechos”, relata a La Marea su portavoz, Nerea Fulgado.
Esta asociación participó en las negociaciones previas a la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta establece la creación de la ya mencionada comisión técnica. Según la norma, elaborarán un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta el 31 de diciembre de 1983, y señalarán “posibles vías de reconocimiento y reparación”.
“Hablamos de ese año porque tanto la Transición como los primeros años de la democracia fueron muy sangrientos, y con el gobierno del PSOE se consideraba que se había logrado cierta soltura democrática”, apunta la activista memorialista de La Comuna.
Por otro lado, más allá de criticar la falta de extensión temporal para las indemnizaciones, desde La Comuna demandan que el Ejecutivo apruebe un reglamento de la Ley de Memoria Democrática. “Sin él no podemos articular una prohibición de las manifestaciones fascistas”, ejemplifica Fulgado. “Tenemos la sensación de quedarnos siempre a medias y que sea algo cosmético por parte del PSOE”, concluye.
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Una vez más, tenemos el placer de compartir un resumen de la labor que nuestra asociación ha llevado a cabo a lo largo del último año. Aunque llenáramos cientos de páginas, sería imposible reflejar por completo todo el esfuerzo humano y la implicación emocional que dedicamos a cada acción. Cada rescate y cada vida que logramos salvar es la fuerza que nos impulsa a continuar.
Queremos dar las gracias de corazón a nuestros socios, padrinos, teamers, voluntarios, casas de acogida, adoptantes y donantes por su apoyo constante y su compromiso. Sin su colaboración, no podríamos seguir adelante con la misión de ayudar a tantos animales heridos, abandonados y vulnerables que se cruzan en nuestro camino.
Por desgracia, la situación de los animales abandonados, maltratados o heridos sigue siendo una realidad. A pesar del trabajo de muchas organizaciones de protección animal para generar conciencia, las cifras de abandono continúan siendo elevadas, lo que nos lleva a asistir a animales que padecen tanto en su cuerpo como en su ánimo.
Si quieres conocer más detalles, ¡descarga nuestra memoria!
Atentamente: El equipo de Dejando Huella Albacete.
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Las izquierdas tenían a 30.000 presos en las cárceles tras la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Los gobiernos de derechas de la Confederación Española de Derecha Autónomas (CEDA) y del Partido Radical habían arrasado en dos años las reformas emprendidas el primer bienio de la Segunda República. Algo había que hacer, y lo hicieron. Las elecciones generales celebradas en España el 16 de febrero de 1936, hace ahora 90 años, auparon al poder a un Frente Popular de izquierdas que supo limar sus diferencias por un fin mayor y común: la amnistía para los presos y el impulso de políticas más ambiciosas que las del primer periodo gobernado por Manuel Azaña. Cinco meses después fracasaría el golpe de Estado auspiciado por el general Mola y comenzaría una guerra civil que se alargaría casi tres años.
Entender la situación en España en aquel febrero de 1936 obliga a agrandar la vista hacia el plano internacional. Los años de entreguerras de las décadas 20 y 30 del pasado siglo estuvieron marcados por el Crack del 29 y el auge de los fascismos en Europa. Mientras tanto, en España se sucedía el gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera en 1923, que terminaría con la llamada “dictablanda” del general Berenguer en 1930, hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Aquellos comicios fueron el inicio de la Segunda República. “Ese triunfo de la coalición republicano-socialista es muy importante porque los franquistas lo deslegitimaron cuando ganaron la guerra”, adelanta Carmelo Romero Salvador.
Romero es profesor titular jubilado de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). También acaba de publicar El Frente Popular de izquierdas (enero-julio 1936) (Catarata, 2026). La monografía recoge todo el periplo republicano que antecede al 16 de febrero, día elegido por Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República y antiguo ministro monárquico con Alfonso XIII, para unos nuevos comicios generales.
El profesor apunta a que el Frente Popular nació al calor de ese contexto internacional en el que los fascismos estaban acumulando cada vez más y más poder. En las calles de España ya no era raro ver desfilar a los cuadros falangistas, calentando y provocando una tensión que no tardaría en estallar.
Sin embargo, saber analizar y organizarse de cara a la ley electoral fue otro factor determinante para la composición del Frente Popular, integrado por Izquierda Republicana (con la Organización Republicana Gallega Autónoma ya en su seno), Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Sindicalista, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Galeguista, Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Nacionalista Vasca.
“Entendieron muy bien la ley electoral, que premiaba a las mayorías. Si había muchas opciones políticas similares y se presentaban divididos, el voto se diluiría”, explica Romero. La situación de represión por parte de los gobiernos republicanos de derecha fue tal, que hasta algunos líderes de la anarcosindicalista CNT, con gran implantación a nivel estatal, dejaron abierta la posibilidad del voto.
El Frente Popular aplastó a las demás opciones políticas. En la primera vuelta de las elecciones, las izquierdas cosecharon unos 259 diputados, cuando la mayoría absoluta estaba en 237, ya que el número de congresistas llegaba hasta los 473. En la segunda vuelta con repetición de comicios en cinco provincias, el Frente Popular sumó ocho diputados. “Esa mayoría es superior en escaños que en votos, pero en votos también ganó el Frente Popular, que adelantó en 100.000 a las derechas”, apuntilla el historiador.
El libro, editado por Catarata, recoge como anexo el programa íntegro con el que el Frente Popular convenció a la mayoría de españoles con derecho al voto. En total, son ocho puntos bastante claros, sucedidos de diversos artículos, en donde desarrollan las principales líneas ideológicas que prometieron seguir en el caso de ganar las elecciones.
Más allá del contenido, en el que se explicitaba una amnistía para los presos políticos y retomar las políticas reformistas del primer bienio con mayor ahínco, pues muchas de ellas se habían quedado cortas para las aspiraciones de la masa obrera, Romero Salvador señala otro elemento que no pasa desapercibido: “Es muy significativo cómo todos ceden algo para la coalición. Por ejemplo, el mismo programa recoge que los republicanos no aceptan la propuesta socialista de nacionalizar la tierra, y lo aclaran en el texto. Consiguen respetar las aspiraciones de todas las fuerzas políticas que forman el Frente”.
Los efectos a nivel político no se hicieron esperar. Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), señala que el bloque conservador reconoció el resultado de los comicios. “Asumen la derrota y facilitan la alternancia”, explica el autor de Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026).
De esta forma, Casares Quiroga se hizo con la presidencia del Gobierno, mientras que Alcalá Zamora fue destituido como jefe del Estado. En su lugar ascendería Azaña. “Ese primer gobierno fue netamente republicano, no hay participación ni de socialistas ni de comunistas, algo que cambió ya iniciada la guerra, en 1937, cuando Largo Caballero se hace con la presidencia del Consejo de Ministros”, explica el mismo Romero.
Este experto en Historia Contemporánea no compra el mayor argumento que el franquismo y, posteriormente, algunas derechas durante el nuevo periodo democrático en España sostienen para legitimar el golpe de Estado, que llegaría el 18 de julio. “Siempre se ha dicho que los primeros meses de 1936 fueron muy violentos. Claro que había violencia, como en toda Europa”, responde. Algunos investigadores cifran en 500 las víctimas políticas entre enero y julio. “Si lo que quieres es acabar con la violencia, no secundas un movimiento que fomenta precisamente esa violencia. Los militares golpistas no querían traer la paz, sino tener el monopolio de esa violencia”, continúa el autor de la monografía.
La victoria del Frente Popular azuzó el ruido de sables con el que la Segunda República se había visto obligada a sobrevivir desde su advenimiento en abril de 1931, pero no es la única explicación para el golpe. Además, no fueron pocas las intrigas del sector castrense que se sucedieron tras la huida de Alfonso XIII.
El catedrático Gómez agrega que las derechas se vieron totalmente paralizadas por no tener ningún tipo de capacidad de veto parlamentario. “Las juventudes de Acción Católica y la Falange comenzaron una dinámica de enfrentamiento paramilitar, con incluso atentados, contra los grupos de izquierda, sobre todo en las grandes ciudades”, subraya.
Más tarde, el franquismo victorioso se encargó de deslegitimar la Segunda República, una marca que llevaría en la frente desde su nacimiento. Defendían que las elecciones municipales de 1931 con carácter plebiscitario que habían derrocado a la monarquía fueron, precisamente, unas elecciones municipales y no un referéndum. “Cualquier demócrata debería sentirse orgulloso de que en su país haya caído la monarquía a través de unas elecciones. Es algo que solo ha pasado en España”, destaca Romero. Pero los franquistas no eran demócratas.
Por eso estuvieron cuatro décadas repitiendo y educando a las nuevas generaciones en un dogma tan inexacto como interesado: que el golpe de Estado fue producto de la violencia producida por la República, ilegítima desde sus inicios, y sus gobiernos. “Una tercera parte de la población viva en España nos hemos educado con esas ideas franquistas”, recuerda el antiguo profesor de la UNIZAR. Eso deja un poso, pues todos somos un poco hijos de nuestra infancia, y es lo que crea, en ocasiones, el temor irracional que sienten algunas personas a la hora de hablar de un frente de izquierdas. El historiador traza una línea con el presente: “Ahora que vemos el ascenso de nuevas formas de fascismo, aflora de nuevo la idea de un Frente Popular”, concluye.
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Aquella mañana despertó en Barcelona, como siempre, aunque esta vez acompañada de su madre y un médico del Opus Dei. Le dijeron que tenían que ponerle una vacuna contra la gripe. Al día siguiente, Consuelo García del Cid Guerra amaneció en Madrid, recluida. Solo tenía 16 años. Todavía no sabía que estaba en el reformatorio de las Adoratrices de Madrid. Ella es una de las decenas de miles de mujeres jóvenes que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, activo desde el año 1941 hasta 1985. La institución franquista sobrevivió más de cuatro décadas gracias al apoyo y el trabajo denodado de las congregaciones religiosas. Solo perseguían una meta: corregir a la descarriada, a la mala, a la viciosa.
La falta de documentación sobre esta institución franquista es algo a lo que se ha enfrentado la historiadora Carmen Guillén, que ahora publica Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica, 2026). La monografía es un completo ensayo en el que se condensan los pocos datos que se conocen al respecto, testimonios de víctimas y una profusa investigación sobre su historia. “El objetivo era redimir a la mujer caída y ayudar a la que está en peligro de caer, lo que con el paso del tiempo se materializa en una cárcel exclusiva para mujeres”, sintetiza.
La también profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete, en la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), recalca que eran mujeres de entre 16 y 25 años las que solían terminar recluidas, casi secuestradas, en el Patronato, donde también hubo robo de bebés y trabajo forzado. Sus estancias se alargaban de los seis meses a los dos años, y la institución tenía una arquitectura personal muy sólida, afirma Guillén. De la Junta Nacional de Madrid salían las 52 juntas provinciales, de las que emanaban las juntas locales.
La especialista señala a las congregaciones religiosas como “el pilar fundamental” para que el Patronato pudiera funcionar. “Aquí el nacionalcatolicismo franquista tiene uno de sus ejemplos más claros y duraderos”, añade. Así pues, lo que venían haciendo las religiosas durante siglos a la hora de redimir a la mujer descarriada se convirtió en política de Estado en el siglo XX español. “Cualquier mujer que no convergiera con el patrón de mujer ideal dibujado por el franquismo, sumisa, decente, al servicio del hogar y del marido, sin mayor horizonte vital que los cuidados y quizá la Iglesia, podía entrar en estos centros de supuesta protección que se convierten en redes de represión”, desarrolla Guillén.
De esta manera, la disidencia en la mujer, moral o política, era castigada con la reclusión. Desde sus inicios en la inmediata posguerra, el Patronato tan solo sufrió una modificación legal hasta su desaparición. Ocurrió en 1952, y el régimen confirió mayor poder a la institución. Tal y como la profesora Guillén recoge en su libro, a partir de entonces el Patronato pudo arrebatar la patria potestad a los padres en algunos supuestos, quienes perdían la posibilidad de sacar a sus hijas de los centros.
Consuelo García del Cid Guerra, nacida en 1958, procede de una familia católica y burguesa de Barcelona. Desde joven rechazó los roles que le impusieron, y pronto empezó a movilizarse contra el régimen. En 1974, con 14 años, acudió a las protestas por el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Así se inició en la oposición al régimen. Un año después, en marzo de 1975, se despertaba en el número 52 de la calle Padre Damián, en la capital. “Que a mi familia le saliera alguien como yo, roja, lo veían peor que ser prostituta o drogadicta”, ilustra a sus 67 años.
A las mujeres que como ella terminaban en el Patronato las llamaban las descarriadas. También había madres solteras, mujeres pobres, huérfanas, hijas de presos y presas, prostitutas o rebeldes. Según consta en el expediente de M. C. G., de junio de 1943, fue internada porque “suspira demasiado por los hombres”. También había otras llevadas a los centros por vestir una minifalda o fumar en la calle. Otras tantas ni siquiera estaban tuteladas por el Patronato. Era el caso de García: “Mi familia pagaba por mantenerme ahí. Es como encarcelar a una persona y que su familia pague la celda”.
En su interior se repetía continuamente el maltrato psicológico, aunque también se reproducían castigos físicos como tener que dormir a la intemperie, obligarlas a limpiar el suelo haciendo cruces con la lengua o aplicar ortigas en la zona genital a aquellas que se orinaban en la cama. Guillén ahonda en que las internas recuerdan, sobre todo, las humillaciones y vejaciones a las que estaban sometidas, así como el hambre, el frío y los castigos que sufrían si las fugas eran infructuosas.
García tilda de “horrible” la vida en el interior de estos centros. Además, las internas no podían revelar a las demás el motivo de su ingreso. “No teníamos libertad para hablar entre nosotras, en la ducha te controlaban cuánto tiempo tardabas y tu intimidad se veía reducida al váter. Nadie que haya pasado por un reformatorio del Patronato sale igual”, asegura la barcelonesa. Las autolesiones se sucedían. “El cuerpo te pedía generar un dolor físico para olvidar el dolor psíquico que te infringían”, añade. Los intentos de suicidio también eran habituales, así como las fugas.
Los centros maternales eran uno de los tipos de centros incluidos en el Patronato. “Ahí eran habituales las adopciones forzadas o el robo de bebés. Las mujeres se veían abocadas a ello por las presiones a las que se veían sometidas. Les decían que no serían buenas madres y que, sin medios económicos, no podrían cuidar a sus hijos”, apunta la historiadora. De alguna manera, el Estado y la Iglesia estaban tomando de forma conjunta la decisión de quién podía o no ser buena madre.
La redención también pasaba por el trabajo forzado, cuyo rédito económico administraban las congregaciones religiosas. En algunos casos, recibían formación orientada a oficios considerados femeninos, como el bordado o el zurcido. Según Guillén, sus confecciones eran vendidas incluso a grandes marcas, como El Corte Inglés. “Las religiosas no se enriquecían tanto por ese trabajo, sino que destinaban el dinero a subsistir dentro de los centros, porque siempre estuvieron atravesados por problemas económicos”, agrega la historiadora.
El día de la muerte de Franco, García estaba en las Adoratrices. Pensó que todo iba a cambiar, pero no fue así. “Había ayudado a muchas a fugarse, así que planeé mi fuga, que tenía que ser perfecta, como así fue. El 2 de abril de 1976 me escapé”, recuerda. Sola no podía sobrevivir en Madrid, así que recurrió a una tía. “Terminé en un avión camino de Barcelona. Allí, mi familia me volvió a internar en el Buen Pastor”, comenta. No sabe en qué mes, pero ese mismo año salió definitivamente del Patronato. Sin embargo, sí sabe bien el «cura progre”, tal y como le llama, que la salvó: “Yo debo mi libertad al sacerdote Agustín Viñas Reixach, y se lo agradeceré toda mi vida”.
Guillén incide en uno de los grandes puntales que sostuvieron al Patronato incluso después de la muerte de Francisco Franco: “La sociedad fue clave. Estaba tan asumido el discurso franquista sobre la mujer que cualquiera que no lo aceptase podría ser señalada por vecinos y familiares». En muchas otras ocasiones, ni siquiera los padres sabían a dónde estaban llevando a sus hijas, quienes luego se comunicaban con ellos por teléfono, con una monja vigilando la conversación, o a través de cartas que salían y entraban abiertas, una vez superada la censura de las religiosas».
No es baladí que en el imaginario social haya arraigado la amenaza hacia los más pequeños de que “si te portas mal te vas a ir con las monjas”. Décadas después, lo que queda todavía es una memoria silenciada que poco a poco recobra el aliento, pero también las secuelas. Guillén ha encontrado un factor común en los testimonios que ha recabado: las mujeres hablan de problemas del tipo ansiedad, depresión y estrés postraumático. Salieron de allí sintiéndose culpables, exclama García. En su caso, el estrés postraumático se materializa en un vértigo enfermizo que le impide montarse en metro o bajar determinadas escaleras sola.
Desentrañar lo que significó el Patronato es una empresa complicada. A pesar de que en un primer momento se conservaron 1.183 cajas de documentación, el archivo en el que se encontraban sufrió una inundación. A día de hoy tan solo se conservan 31 cajas. No hay cifras exactas. No hay nombres propios. Guillén estima que, hacia el final de la dictadura franquista, en 1975, había un centenar de centros adscritos al Patronato de Protección de la Mujer. En junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos, que aúna a 403 congregaciones religiosas en España, pidió perdón públicamente a las supervivientes del Patronato.
Cada vez son más las voces que recuerdan aquel periodo de violencia subrepticia, precisamente, para conocer mejor de dónde venimos. Comenzó García en 2009 con sus testimonios en libros como Patronato de protección a la mujer: Origen y pervivencia y Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer: a la sombra del león. Marta García Carbonell y María Palau Galdón escribieron también Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, y la productora de podcast Isabel Cadenas dedicó varios capítulos de su programa De eso no se habla al Patronato.
Guillén nació tan solo tres años después del fin del Patronato de Protección a la Mujer, una década después de la muerte del dictador. “Ojalá conocer la historia nos ayude a no repetirla, pero creo que no es cierto. La historia lo que nos ayuda es a entendernos y situarnos en el mundo en el que vivimos. Somos hijas y nietas de esta generación de mujeres y, de alguna forma, llevamos el peso de su historia sobre nuestros hombros”, concluye.
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Todo tiene un principio, y en nuestro caso, el anarquismo como corriente revolucionaria de lucha de la clase dominada, podemos explorarlo a mediados del siglo XIX. Desde sus inicios, el periodismo obrero militante surgió como una herramienta esencial de organización, educación y propaganda entre los sectores populares. Frente a una prensa burguesa que defendía los intereses del capital, los trabajadores comenzaron a crear sus propios órganos de expresión, donde el pensamiento crítico, la denuncia social y la pedagogía política se unían para impulsar la conciencia de clase. En este contexto, el anarquismo desempeñó un papel protagónico: periódicos como Le Révolté, La Solidaridad, Tierra y Libertad, Freedom, Umanitá Nova o La Protesta se convirtieron en verdaderas escuelas de pensamiento libertario, combinando análisis teóricos con la realidad cotidiana de fábricas, talleres y barrios obreros.
Estos medios no solo difundieron ideas, sino que forjaron redes internacionales de solidaridad, impulsaron huelgas, debates y campañas políticas, y contribuyeron decisivamente a la construcción de organizaciones sindicales y revolucionarias. La prensa anarquista articuló un discurso de emancipación integral —económica, política y social— que otorgó al anarquismo un peso hegemónico en amplias regiones de Europa, América Latina y parte de Asia durante las primeras décadas del siglo XX.
A lo largo del tiempo, pese a la represión, el exilio y la censura, esta tradición periodística se reinventó: pasó de los periódicos clandestinos y los panfletos a las revistas culturales, los boletines sindicales, y hoy a los medios digitales y redes de contrainformación. Su esencia permanece: ser una prensa combativa, crítica del sistema de dominación y profundamente ligada a las luchas sociales. En ella pervive la idea de que escribir y difundir pensamiento libre no es solo un acto cultural, sino una práctica revolucionaria.
A continuación repasaremos la tinta rojinegra que se ha vertido desde que el anarquismo fue conformándose como ideología hasta la actualidad de nuestros días impresa sobre estas páginas del periódico que tienes entre las manos…
Fundado en Ginebra en 1879 por Kropotkin, con el apoyo posteriormente de Élisée Reclus y Jean Grave, fue uno de los primeros periódicos anarcocomunistas de gran reconocimiento. Introdujo un marco teórico estratégico para el comunismo libertario, combinando análisis económicos, crítica a la propiedad privada y propuestas de organización social. Tuvo fuerte impacto en Francia, Suiza y Bélgica, pese a su tirada relativamente modesta. Sufrió una fuerte represión estatal, incluida la expulsión de Kropotkin de Suiza, por lo que la publicación continuó desde París en 1885, pasando de ser bimestral a un semanario. Tan solo un par de años más tarde cambió de nombre por La Revolté para evitar una sanción económica. Posteriormente derivó en el periódico Les Temps Nouveaux, que se editó hasta 1921 en Francia. Se convirtió en uno de los más influyentes vehículos de difusión del pensamiento libertario en su época; es clave para entender la evolución de los debates internos del anarquismo europeo.
Fundado en 1886 por Kropotkin y otros libertarios londinenses, entre las que destacaba la anarquista Charlotte Wilson, quien fuese editora hasta casi una década después. Es uno de los periódicos anarquistas en lengua inglesa más antiguos aún en activo. Ha servido como plataforma para debates sobre anarquismo comunista, antimilitarismo, cooperativismo y movimientos sociales británicos. Su estilo combina análisis teórico, campañas locales y crónicas internacionales. Se imprimía hasta 1888 en el taller de la Liga Socialista, debido a las redes de William Morris. Durante la Primera Guerra Mundial rompió con Kropotkin por su apoyo a los Aliados, y su carácter antibélico le valió que allanasen sus oficinas y detuvieran a su director, Thomas Keell. Ha resistido guerras, crisis financieras y represión, manteniéndose como un archivo histórico vivo hasta la actualidad y siendo un barómetro de las transformaciones del anarquismo anglófono.
Seguramente el periódico anarquista más relevante del mundo hispanohablante. Fundado en 1888 en Barcelona, posteriormente se editó en Madrid como suplemento de la Revista Blanca,y después dirigida de manera independiente por el anarquista Federico Urales.Adquirió su relevancia más conocida como diario a partir de 1903, alcanzando tiradas masivas entre trabajadores, ateneos y sindicatos en Catalunya. Suprimida en 1919, y posteriormente en la Dictadura de Primo de Rivera, sale nuevamente a escena en 1930 como órgano de la FAI. Desempeñó un rol central en la difusión del anarquismo en el ciclo previo a la fundación de la CNT primeramente, pero también muy notable su influencia durante la Revolución Social de 1936. Ofrecía análisis, crónicas obreras, campañas anticlericales y debates estratégicos. En el Franquismo continuó en el exilio mexicano entre 1944 y 1988, y luego volvió a editarse en España tras la Transición. Es clave para estudiar el imaginario libertario ibérico y sus redes culturales.
Publicación que ha llegado hasta la actualidad siendo la más longeva en el ideario político anarquista argentino. Fundada en junio de 1897 en Buenos Aires, e inicialmente conocida como «La Protesta Humana». Surgió impulsado por trabajadores migrantes y nativos de diversos gremios, con el catalán Gregorio Inglán Lafarga como su primer director, quien también había escrito en el periódico «El Perseguido», y había fundado en 1896 la publicación «La Revolución Social». Desde su comienzo fue vocero del movimiento anarquista, influyendo notablemente en luchas obreras y en la necesidad de la organización sindical; y entre sus líneas revolucionarias escribían tanto trabajadores y sindicalistas de base como pensadores anarquistas de distintos países. Aunque comenzó como publicación quincenal, con el tiempo pasó a ser semanario y, posteriormente, un diario matutino desde 1904. En los momentos de mayor difusión tuvo grandes tiradas que no solamente se movían en Argentina, sino con gran impacto en países de América Latina. Actuó más adelante como órgano de difusión de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), y sus talleres y publicaciones sufrieron requisas, clausuras y continuada represión en distintas etapas de su historia. A lo largo del tiempo participó de debates internos del movimiento anarquista entre distintas corrientes, y su archivo hasta la actualidad refleja la complejidad del movimiento anarquista argentino.
Fue el principal periódico del anarquismo mexicano de comienzos del siglo XX y el órgano de difusión del magonismo, impulsado los hermanos Flores Magón. Fundado en 1900, evolucionó desde una crítica liberal al porfiriato hacia una posición abiertamente anarquista y revolucionaria. Desde sus páginas denunció la dictadura de Porfirio Díaz, la represión estatal, la explotación obrera y el despojo de tierras a comunidades campesinas e indígenas. El periódico tuvo un papel clave en la organización y propaganda del Partido Liberal Mexicano del que fue su medio de difusión. Fue publicado tanto en México como en el exilio en Estados Unidos; a ambos lados de la frontera sufrió censura, persecución y constantes clausuras. «Regeneración» difundió ideas de acción directa, apoyo mutuo y comunismo libertario, influyendo en huelgas y levantamientos previos a la Revolución Mexicana. Las denuncias al capitalismo estadounidense y las reflexiones estratégicas sobre la revolución social con un estilo directo y combativo le hicieron muy popular. Su legado lo sitúa como una de las experiencias más importantes del anarquismo en América Latina y un referente del periodismo militante revolucionario mundial.
Este «periódico de los comuneros», que sería su traducción original, fue fundado en Tokio en 1903, siendo uno de los primeros periódicos de carácter socialista y anarquista en Japón. Impulsado por figuras como el anarquista nipón Kōtoku Shūsui y el socialista Sakai Toshihiko, surgido en un contexto de industrialización y autoritarismo estatal, nace oponiéndose al crecimiento del militarismo y a la guerra ruso-japonesa. A pesar de su breve existencia, fue la primera influencia de ideas anarquistas organizadas a través de textos de Piotr Kropotkin, y otros internacionalistas. Su represión y clausura temprana marcaron el inicio de una dura persecución del anarquismo japonés, siendo esta publicación la clave en la formación del anarquismo socialista no solamente en Japón, sino en su proyección hacia Corea y China, a través del exilio y las redes militantes asiáticas. Su influencia articuló el anarquismo asiático con un fuerte énfasis en el antiimperialismo, antinacionalismo y la solidaridad entre pueblos oprimidos.
Fue una influyente revista anarquista publicada en Estados Unidos entre 1906 y 1917, fundada y dirigida por Emma Goldman junto a su compañero Alexander Berkman. Surgió como un espacio de difusión del anarquismo revolucionario en un contexto marcado por la industrialización pre-fordista, la represión estatal y los conflictos obreros. La publicación abordaba temas como la lucha de clases, el antimilitarismo, la libertad de expresión, el feminismo y el amor libre. A lo largo de una década, «Mother Earth» integró debates entre anarquismo, socialismo y sindicalismo revolucionario, conectando el movimiento libertario estadounidense con el magonismo mexicano y con corrientes europeas. La revista dio voz a intelectuales y militantes internacionales, convirtiéndose en un nodo central del anarquismo en lengua anglosajona. Su postura clara contra la el militarismo creciente de la Primera Guerra Mundial provocó su clausura por la Ley de Espionaje y la persecución de sus editores. Sin embargo, dejó una profunda huella ideológica en la izquierda revolucionaria de EE. UU., consolidando y renovando una tradición anarquista combativa, cultural y política.
Esta publicación nace en 1907 en Barcelona como periódico de la federación obrera del mismo nombre y se convirtió poco después en el órgano de expresión de la CNT. Desde sus inicios fue una herramienta clave de propaganda, formación y coordinación del naciente movimiento anarcosindicalista español. Difundió las ideas de acción directa, sindicalismo revolucionario y anticapitalismo, en estrecha relación con los conflictos laborales y las huelgas obreras del momento en que crecía la estrategia del anarcosindicalismo. Durante la Segunda República y la Revolución de 1936 alcanzó una enorme influencia, reflejando debates clave sobre las colectivizaciones, el poder popular y el protagonismo de la clase trabajadora organizada. Fue duramente reprimida durante el Franquismo, pasando a la clandestinidad y al exilio. Con la reorganización de la CNT en la Transición, «Solidaridad Obrera» reapareció como voz del anarcosindicalismo contemporáneo. Hasta hoy sigue siendo un referente histórico y político, manteniendo viva la tradición crítica, combativa y autogestionaria del sindicalismo anarquista.
Publicación fundada en 1920 en Milán con la participación de Errico Malatesta, convirtiéndose en el periódico más relevante del anarquismo italiano. Durante el denominado «Bienio Rosso», alcanzó una difusión masiva, conectando con la realidad de las fábricas ocupadas, sindicatos y círculos anarquistas. En sus artículos se defendía el comunismo libertario, el federalismo obrero y la necesidad de la organización frente a las individualidades anarquistas dispersas. Sin embargo, la irrupción del fascismo italiano en el poder provocó su clausura y la persecución brutal de sus editores, incluido el propio Malatesta. Reapareció posteriormente en el exilio e incluso en la posguerra mundial. Ha continuado publicándose, aunque con interrupciones, como órgano de la Federazione Anarchica Italiana (FAI), y su archivo permite comprobar la evolución compleja del movimiento anarquista italiano frente al fascismo, republicanismo y el neoliberalismo actual.
Revista que salió a la luz por primera vez en París a finales de 1925, editada por anarquistas rusos como Néstor Mahkno, Gregori Maksímov o Ida Mett que estaban exiliados tras la experiencia revolucionaria colectivista de Ucrania barrida por el Partido Bolchevique. Fue una publicación bimensual clave para revisar la revolución rusa y la guerra civil desde una perspectiva anarquista, que acabaría concluyendo sobre la necesidad de una mejor unidad estratégica e ideológica. Su contribución más relevante fue la Unión General de Anarquistas, una plataforma que quería corregir las desviaciones que impidieron hacer frente organizativamente a la URSS burocratizada, analizando el papel de los sóviets y la autonomía obrera. Tuvo un impacto doctrinal profundo que ha dado como resultado la corriente plataformista, con gran proyección en la actualidad. Tras la muerte de Néstor Makhno, cambió su sede a Chicago, donde se publicaría hasta 1939, fusionándose después con una revista anarcosindicalista, publicada hasta 1950 por Gregori Maksímov.
Periódico fundado en 1970 por Albert Meltzer y, sobre todo, Stuart Christie, figura clave del anarquismo británico, vinculándose desde sus inicios a corrientes insurreccionalistas y de apoyo a presos anarquistas internacionales. Tenía un tono directo y combativo, dedicándose a cubrir luchas obreras, antifascistas y anticarcelarias en el Reino Unido y otros países. Su contenido combinaba el análisis e investigaciones políticas con campañas de solidaridad internacional, fundamentalmente de la «Cruz Negra Anarquista». Jamás fue un periódicos de masas, pero un referente relevante en la militancia juvenil anarquista autónoma. Ha tenido varios periodos de interrupción de su publicación sin continuidad hasta el día de hoy, su legado pervive como referencia histórica y política del anarquismo británico, influyendo culturalmente en generaciones posteriores del anarcopunk, el autonomismo anglosajón y en proyectos editoriales afines.
Humildemente nos colocamos al final de esta lista porque todo tiene un fin… nacimos en el contexto de la huelga general del 2010, y como publicación periódica anarquista en papel ininterrumpidamente durante quince años hasta la actualidad desde febrero de 2011. Queríamos ser un periódico independiente, gratuito y accesible más allá de la militancia anarquista, de análisis y crítica social desde Madrid, donde estábamos enraizados en los movimientos sociales. Creemos haber representado una nueva generación de medios anarquistas no vinculados a estructuras orgánicas tradicionales, y combinando la investigación periodística con las crónicas de la lucha social desde enfoques antipunitivistas, feministas, ecologistas y, por supuesto, anticapitalistas y de clase. Apoyados en redes autónomas de centros sociales, colectivos y suscripciones en España, Europa y América, nos sumamos al acceso digital sin perder la esencia del periódico mensual en papel.
Aunque de tirada modesta, sabemos que hemos llegado a multitud de espacios militantes y hemos logrado ser altavoz de luchas tanto locales como internacionales. Nuestro archivo digital quedará para quien quiera utilizarlo de referencia en las luchas actuales, y las que están por venir, que el anarquismo estratégicamente deberá abordar. Otros proyectos continúan o nacen nuevos, y es que para que algo surja y tome fuerza abriendo brechas, en ocasiones, hay que dejar morir lo viejo. Todo está aún por hacer, pero nos sabemos felices de haber aportado también cada mes nuestra tinta a este hilo negro de letras revolucionarias.
¡Hasta la victoria del comunismo libertario, siempre!
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