“Hay investigaciones que han comprobado que los niños conocen más nombres de Pokemon o marcas comerciales que de plantas y animales de su entorno local”, y que eso puede repercutir en su salud, ya que la causa es el sedentarismo, salir poco al campo, vivir de espaldas a la Naturaleza, etc.

Por otra parte, puede parecer poco útil saber si el árbol que crece delante de nuestra casa es un tilo, o un algarrobo, o si los pájaros que vuelan en nuestro barrio son gorriones, o cotorras argentinas.

Saber el nombre de los seres vivos que nos rodean puede parecer absurdo o propio de pedantes, pues sin duda, lo auténticamente útil es saber las aplicaciones de esas plantas, o las implicaciones de que esos seres vivos convivan con nosotros. Por ejemplo:

• Las flores del tilo se usan para combatir catarros, y como tranquilizante en infusión (tila).
• El fruto del algarrobo es comestible aunque no muy sabroso, pero puede usarse para el ganado, o para obtener un sucedáneo del chocolate.

Respecto a los animales, si vives en Málaga por ejemplo, podría no extrañarte ver la invasión de cotorras argentinas verdes, pero es una especie exótica, que está desplazando a especies autóctonas, como el gorrión. Puede que ello no te importe, salvo que vivas junto a uno de sus escandalosos nidos, en cuyo caso preferirás los nidos del gorrión común.

Queda claro que, aunque saber el nombre de nuestros vecinos no es a priori especialmente útil, sí que es la puerta para aprender más, para conocerlos mejor y para, si procede, beneficiarnos de su compañía (y beneficiarles de la nuestra).

El movimiento ‘No Child Inside’ aconseja que los niños (y adultos) pasen tanto tiempo fuera de casa como dentro. Lo cual los alejaría de la manipuladora y anestésica televisión y de videojuegos (poco educativos y demasiado absorbentes casi siempre).

Pero también es importante enseñarles a los niños el nombre de las plantas y animales que nos vayamos encontrando, así como aquellas características o aplicaciones que se sepan. Y si no se sabe el nombre o sus características, se puede instar a los jóvenes a investigarlo con nuestra ayuda. En librerías e Internet hay manuales de las especies que podemos encontrar en nuestra región. Aunque la identificación exacta puede ser, a veces, sólo posible para botánicos expertos, hay muchas especies muy fácil de identificar con las fotos y descripciones de un manual básico (o al menos identificar la familia, o el género).

Experimentos de investigación para conocer mejor la Naturaleza que nos rodea:

1. En una maceta, poner tierra y dejarla al exterior, sin plantar nada (puede regarse esporádicamente). A los pocos meses seguro que empiezan a crecer plantas, y puede que también atraiga animales (hormigas, pulgones, abejas…). Investigar: ¿Qué especies son? ¿Son autóctonas? ¿Cómo llegaron allí sus semillas? ¿Tienen flores? ¿Tienen aplicaciones conocidas para el hombre?
2. ¿Sabes el nombre y aplicaciones de las plantas de jardinería que hay en los parques y jardines cerca de tu casa? ¿Y en tus macetas o jardín, o el de tus vecinos?
3. ¿Sabes el nombre de los árboles y otras plantas del campo más cercano a tu casa?
4. Hablad de esto con los más mayores de la familia y evitad que se pierda su sabiduría.

NOTA: Los científicos no suelen conformarse con el nombre vulgar, pues un nombre vulgar puede referirse a muchas especies distintas. Por eso, para identificar científicamente una especie se usan dos palabras que se conocen como nombre científico (o latino, que debe escribirse en cursiva). La primera de esas palabras es el género, y la segunda es el nombre de la especie. Por ejemplo, el nombre del algarrobo es Ceratonia siliqua.

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• Biodiario – 26/08/12

Por Santiago Mayor. Extraído de El Salto

El 11 de diciembre de 2025 el presidente argentino Javier Milei firmó un anunciado proyecto de ley que envió al Congreso con el objetivo de transformar radicalmente el mundo del trabajo. Aunque su intención era que los legisladores lo aprueben antes de fin de año, su tratamiento fue postergado hasta febrero luego de una masiva movilización sindical el jueves 18 y el rechazo de la oposición política parlamentaria.

El texto, denominado “de modernización laboral”, cuenta con casi 200 artículos que proponen modificaciones en temas tan diversos como el trabajo en plataformas, pasando por las contribuciones patronales a la salud y las jubilaciones, hasta el derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral. Si bien durante las semanas previas voceros gubernamentales habían filtrado o enunciado distintos aspectos de la iniciativa, su versión final fue todavía más extensa y abarcativa de lo que se esperaba. Celebrada por las cámaras empresarias -muchas de las cuales participaron en la redacción del texto-, generó alerta y rechazo en todo el movimiento obrero argentino.

Jorge Sola, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, sostuvo que se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. En esa línea se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que, en un comunicado conjunto sostuvieron que el proyecto “no moderniza nada” y en los hechos “es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” cuyo verdadero propósito “es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.

La respuesta sindical no es para menos, ya que el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en noviembre durante una gira por el Estado español que uno de sus objetivos era “desarticular” a los sindicatos, reduciendo su “poder” de negociación.

Pero la mayoría de los defensores del proyecto intenta hacer foco en que, según su mirada, con estas modificaciones se podrán crear más empleos y se generará más “estabilidad” en el mercado laboral. Paradójicamente, el modelo económico impulsado hasta ahora por Javier Milei ha generado estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, los salarios reales cayeron un 11% en promedio desde que el presidente de extrema derecha llegó al gobierno. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se hundió un 34% y hoy posee un poder de compra inferior al del año 2001 cuando Argentina atravesó la peor crisis económica de su historia.

Asimismo, como señaló la periodista Eugenia Rodríguez en un detallado artículo publicado en El Destape “tras los cambios laborales implementados con la Ley Bases en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores ‘independientes’, fondos de cese laboral optativos)” no se crearon fuentes de trabajo. De hecho, “el último dato oficial difundido recientemente indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados”.

En diálogo con El Salto la socióloga Luci Cavallero, apuntó que “uno de los grandes mitos que se ha querido instalar desde de los medios de comunicación, pero también como discurso de sentido común es la hipótesis y el supuesto implícito es que a mayor flexibilización de las normas laborales mayor probabilidad de que el empresariado tome más personal”. Pero eso “no se ha verificado en ninguna parte del mundo y laboralistas de todos los colores e ideologías coinciden en que lo que crea trabajo registrado son las economías en crecimiento”.

Un ataque a los sindicatos

El investigador Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma y uno de los mayores especialistas de la situación laboral en Argentina, sostiene que el proyecto del gobierno de Milei se trata, en realidad, de tres reformas en una.

En primer lugar implica un ataque directo a la organización y acción colectiva, cuya principal herramienta institucional son los sindicatos. “En la práctica prohíbe la huelga bajo una reglamentación excesiva de los llamados servicios esenciales”, apuntó Campos entrevistado por este medio. Es que el texto presentado califica de esta forma actividades tan diversas como la gastronomía, la educación o la producción de alimentos y las obligaría a garantizar una dotación mínima del 50% o 75% del personal, según el caso, si se decide una medida de fuerza. “De esta manera se le imponen restricciones al ejercicio de la huelga en prácticamente todas las actividades de la economía, restricciones que en la actualidad existen, pero para actividades muy acotadas, como por ejemplo la terapia intensiva de un hospital o una central nuclear”, recordó el investigador.

Otro punto crítico para las organizaciones sindicales tiene que ver con los Convenios Colectivos. En la actualidad rige un orden progresivo donde la Ley de Contrato de Trabajo estipula un piso mínimo que los convenios específicos por rama de actividad pueden mejorar, pero nunca empeorar. A su vez, se permiten acuerdos particulares por empresa o región, que deben seguir la misma línea. La reforma propuesta por el gobierno argentino busca romper esta dinámica, habilitando convenios de orden inferior (por provincia o empresa) que prevalezcan -aún si implican peores condiciones laborales- por sobre los convenios nacionales.

Asimismo se plantea poner un límite muy fuerte a la llamada “ultraactividad” de los Convenios Colectivos. A diferencia de otros países, en Argentina estos no tienen fecha de vencimiento. Es decir que, si en una negociación entre un sindicato y una cámara patronal no se llega a un acuerdo, todos los derechos adquiridos en el convenio continúan vigentes. Nuevamente, la intención del Poder Ejecutivo es terminar con este principio estableciendo una fecha de caducidad de un año para algunas cláusulas, lo cual pondría a los sindicatos en una situación de debilidad ya que se verían obligados a acordar con las empresas, aunque esto implique perder beneficios y conquistas.

Por otra parte también se condiciona la actividad gremial dentro de las unidades productivas. Cualquier grupo de trabajadores que decida realizar una asamblea deberá contar con autorización del empleador y en caso de obtenerla, se les descontará de sus salarios el tiempo que dure la deliberación colectiva.

Finalmente, aunque no menos importante, “se incluyen restricciones muy fuertes al financiamiento de los sindicatos”, subrayó Campos. Y añadió: “Posiblemente la más importante es que los empleadores dejan de estar obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical con lo cual, se va a dificultar mucho la capacidad de los sindicatos de financiar su funcionamiento”.

El control del proceso de trabajo

La segunda reforma, en términos de Campos, está relacionada con la anterior pero se enfoca en ampliar y reforzar el control del proceso de trabajo por parte del empresariado. Entre los puntos más destacados se amplía el período de prueba a seis meses; se flexibiliza el período de vacaciones permitiendo su fraccionamiento en lapsos no menores a 7 días corridos y se establece que los empleadores deben permitirlas “al menos” una vez cada tres años en la temporada de verano; se habilita el “salario dinámico” que puede modificarse por productividad o “mérito” y se permite el pago en moneda extranjera, vales o alimento.

Pero sin duda, el punto más polémico de esta segunda reforma dentro del proyecto, es el llamado “banco de horas”. Este sistema supone que la patronal disponga del tiempo del empleado de acuerdo a sus necesidades productivas y pueda modificar la jornada laboral, sin pagar horas extras. Un trabajo de 8 horas podría extenderse hasta 12 en un mismo día si la empresa así lo dispone. Como compensación, esas horas se le “devolverán” al trabajador otro día, realizando una jornada reducida.

“Esto pone a los trabajadores en una situación de debilidad muy fuerte frente a los empleadores porque estas cuestiones, con ciertos límites, se podían negociar en los convenios colectivos de trabajo, a partir de ahora van a poder ser negociados en en los contratos individuales”, sentenció Campos.

Por su parte, Cavallero consideró que si se aprueba esta ley “el impacto va a ser una baja en el costo laboral de las empresas no solo por el ajuste en salarios, sino también por las condiciones laborales” donde se va a dar “una mayor flexibilidad y una responsabilización del trabajador de cuestiones que antes asumía el patrón y que tiene que asumir el patrón”.

Hacer más ricos a los ricos

El tercer aspecto de la ley de “modernización laboral” se entronca directamente con el proyecto político, económico y de país de Milei: un gobierno de la clase dominante y para la clase dominante. Para Luis Campos no hay duda: el texto de la nueva ley “incluye una transferencia multimillonaria de recursos del trabajo al capital”.

La reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%

Esto se puede observar a través de dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social que cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%. Estos fondos actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encargada del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras prestaciones.

Si bien las empresas seguirán abonando esos tres puntos de la masa salarial, serán reorientados hacia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que crea la nueva ley y será el encargado de pagar las indemnizaciones de aquellos trabajadores trabajadoras que sean despedidos por sus empleadores. “Con lo cual para los empleadores en el día a día esto se netea, es decir, van a pagar un 3% al FAL, pero se ahorran un 3% en las contribuciones patronales”, explicó Campos y, en definitiva, se van a ahorrar el pago de las indemnizaciones “que ahora indirectamente se van a terminar haciendo con fondos que deja de percibir la ANSES”. O, en otras palabras, se le quitará dinero a jubilados, pensionados y otras personas vulnerables, para financiar la posibilidad de despedir de las empresas.

En segundo lugar, la ley también prevé una reducción en el aporte patronal que los empleadores hacen a las obras sociales del 6% al 5% del salario. De esta forma hay cuatro puntos porcentuales de masa salarial que los trabajadores y trabajadoras argentinas pasarían a ceder al sector empresario. Según estimaciones de los sindicatos, en la actualidad esto asciende a unos 2.500 millones de dólares al año.

¿Cuál es el estado del proyecto?

Como mencionamos al comienzo, el objetivo declarado del Poder Ejecutivo era que el Congreso aprobara su reforma antes de fin de año. De hecho la flamante senadora y ex ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, había puesto como fecha de votación el 26 de diciembre.

Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió. La noche del miércoles 17 de diciembre el oficialismo sufrió un revés en la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quitar el artículo que eliminaba el financiamiento a las Universidades Públicas y derogaba la Emergencia en Discapacidad.

Por su parte, el jueves 18 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral. Unas horas después del acto donde los dirigentes amenazaron con una huelga nacional, la senadora Bulrich anunciaba que el texto sería debatido el 10 de febrero.

Es que si bien tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 el gobierno de Milei salió fortalecido y amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, todavía debe negociar con sectores moderados y dialoguistas para lograr la aprobación de sus proyectos.

Ahora, mientras el oficialismo apuesta a convencer -con argumentos o con prebendas- a los legisladores indecisos, el movimiento obrero planifica sus próximos pasos en una batalla que, por ahora, ha logrado postergar hasta 2026.

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Abuelas de Plaza de Mayo calificó como “un ataque a la democracia” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el recurso de queja y ratificó la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región, decidida por una Corte Suprema que –como buena parte del poder judicial– responde a un sector de la política”, añadió en un comunicado.

Y afirmó que “cuando la Justicia se utiliza para distorsionar de forma tan brutal el tablero político, la democracia está en peligro. Dejar fuera de juego a esta dirigente tan representativa para el país, dos veces presidenta de la Nación y líder del principal partido opositor, es una irresponsabilidad histórica cuyos costos terminará pagando toda la sociedad”.

“Es un día aciago para la patria. Quieren silenciar a una porción enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, tras años y años de estigmatización y deshumanización”, expresó.

Y manifestó sus deseos de que “el pueblo argentino entienda que no estamos frente a una mera disposición judicial, sino que se trata de una operación orquestada para reconfigurar, de manera completamente restrictiva y regresiva, los márgenes del escenario político y social”, concluyó la organización.

En otro comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte, la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, expresaron que «los Organismos de Derechos Humanos en defensa de la Democracia y de sus instituciones, repudiamos enérgicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acaba de avalar la condena contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que bien sabemos fue sometida a un proceso absolutamente viciado, en el que se violó desde el principio de inocencia, el debido proceso legal, hasta el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. El objetivo perseguido era y es manifiesto, lo que no pudo el arma criminal aquel fatídico jueves 1° de septiembre del 2022 lo pretenden concretar valiéndose de este sistema de justicia corrupto, al servicio de los grandes grupos concentrados y de los medios hegemónicos, cómplices y beneficiarios también hoy, de las políticas de saqueo y hambre que Milei y sus socios nos imponen. La decisión que en definitiva llevaría a la detención de la titular del máximo partido de la oposición, es de tal gravedad que pone en riesgo el pacto civilizatorio que los argentinos y argentinas celebráramos hace más de 40 años. Por tal razón, llamamos a las organizaciones libres del pueblo y a la ciudadanía sin distinción alguna, que por los medios a su alcance, se manifieste pacífica y masivamente en defensa de esos valores y de ella misma. Es ahora, es ¡ya!», concluyó el documento.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/ataque-a-la-democracia-organismos-de-derechos-humanos-repudiaron-con-firmeza-el-fallo-contra-cristina/

La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) pone once ejes sobre la mesa para debatir otro modelo de “campo”, para una nueva «Propuesta de Política Agraria». El desafío es desarrollar el agro más allá de la exportación de commodities, pensar el campo “con un millón de chacras” y defender instituciones públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades públicas para trabajar por intereses comunes, que potencien a los agricultores y cooperativas y no la apropiación privada para las grandes empresas. También proponen crear valor agregado, políticas para producir alimentos en todo el territorio, abastecer las mesas con trabajo cooperativo y exportar con políticas soberanas.

La idea comenzó a estructurarse durante el año pasado, con mesas de intercambio con especialistas hacia el interior de Fecofe y concluyó en los once ejes que este año serán puestos en debate en distintas regiones del país. El primer paso será en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Continuará de esa manera en espacios públicos y con invitación abierta a organizaciones y productores con el objetivo de cerrar la Propuesta de Política Agraria para finales de 2025. 

“Hace muchos años que no se habla de desarrollo en el sector rural sino de cuántas toneladas más o menos se producen. Si el contexto político actual es exacerbado, si plantea los extremos, nosotros vamos a plantear que queremos un cambio radical del modelo agropecuario, por uno que contemple las dimensiones económica, social y ambiental”, propone Ricardo Garzia, secretario de Fecofe. 

El documento preliminar elaborado por la Federación es crítico de la “representación vacía” de “el campo”, que quedó cristalizada desde el conflicto de 2008 en las entidades de la Mesa de Enlace, y apunta contra “el accionar que tiene como objeto casi exclusivo el reclamo continuo sobre retenciones y tipo de cambio”. También es crítico del modelo agropecuario hegemónico y lo describe como parte de la globalización de mercado y  responsable de haber “enterrado todos los procesos de acceso a la tierra y la discusión sobre la cuestión agraria”.

Los ejes propuestos por Fecofe para abrir el debate de una nueva Propuesta de Política Agraria son: Tierra y Tenencia, Ambiente, recursos y territorio; Ciencia y Técnica; Perspectiva de Género; Juventud; Esquema Tributario; Modelo Productivo; Agro y Ruralidad: nuevos sujetos; Cooperativismo; Alimentos y Alimentación; Estado y Gobierno del sector agrícola. 

“La representación está en crisis no solo en el agro ni en la ruralidad, sino en todos los espacios de organización y participación de nuestra sociedad. En lo que hace al agro, una dirigencia que solamente discute retenciones, tipos de cambio o devaluación. Hace rato que dejó de representar a una ruralidad más diversa, con muchos temas respecto de cambios tecnológicos, globales y sociales que nos cruzan a las familias rurales en los territorios y no son parte de las agendas de las dirigencias de las organizaciones tradicionales, que miran a los grandes medios y a los funcionarios de turno”, analiza Edgardo Grünfeld, referente del Área Institucional de Fecofe. Marca la necesidad de convocar a la juventud, alejada de la participación de filiales y bases cooperativas, pensar las nuevas tecnologías y ampliar la representación a partir de indagar “con los productores como protagonistas desde los territorios”.

La tierra del millón de chacras

El documento preliminar de Apuntes para una Propuesta Política Agraria, que se materializó en los ejes propuestos para el debate, contiene análisis y acciones sobre temas centrales. “La tierra” es el primero de ellos como una problemática de larga data que está reflejada en las cifras de los últimos censos agropecuarios. 

Según un reciente informe del INTA, a partir de los datos de los últimos dos censos, el 64 por ciento de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) corresponden al sector campesino, productores familiares y pequeñas cooperativas, pero cuenta con solo el 13 por ciento de las tierras en producción. Otro informe de la Cátedra Giberti, también sobre los datos de los censos agropecuarios, marca que la tierra operada mediante distintos convenios de alquiler en la región pampeana (zona núcleo del agronegocio), creció un diez por ciento entre censos y cuadruplicó su participación respecto del resto del país. 

Frente a esa realidad, el documento de Fecofe plantea como “objetivos inmediatos y principales enfrentar la lógica imperante que funciona como un mercado anual de oferta y demanda de tierras” que tuvo como consecuencia la concentración de las tierras en pocas manos y la expulsión de productores. Propone “volver a poner en agenda la cuestión de la tenencia y acceso a la tierra, tema esencial silenciado en las últimas décadas”.

Con ese objetivo, entre las propuestas está la de volver a discutir una Ley de Arrendamiento, cuya última reforma fue dictada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar para facilitar la liberalización y concentración de las tierras, y la de restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que limita la extranjerización y en especial su comercio en un mercado internacional (y que fue derogada por el presidente Javier Milei con el DNU 70/2023, aunque obtuvo un amparo favorables en el Poder Judicial). 

Estas propuestas también deben ser acompañadas por políticas y acciones para la obtención y redistribución de tierras, especialmente orientadoras a los jóvenes y con perspectiva de género. Además de promover la producción de tierras ociosas destinándolas apequeños y medianos productores. 

La propuesta agropecuaria de Fecofe también agrega al debate la recuperación de políticas de promoción de pueblos rurales, de infraestructura, de circuitos cortos de comercialización y turismo rural, y sentencia: “Las decisiones y la conformación del territorio también es un hecho político, es ‘política territorial’”.

Esa gran batería de propuestas relacionadas a la tierra se sintetizan en un lema que acuñó la Federación sobre la vuelta del “millón de chacras”. “Es más importante recuperar las 300 mil explotaciones agropecuarias que se perdieron que poner diez millones de toneladas más de granos en las bodegas de los buques para la exportación”, contrapone Garzia y agrega: “Argentina puede producir mucho más, con mejores condiciones, pero con un interior poblado. Donde hay cooperativas hay arraigo, hay trabajo, hay cuidado del ambiente y hay conciencia de cuánto, cómo y qué se produce”. 

De los commodities o un modelo federal de producción de alimentos 

La expulsión de productores de los campos y la concentración de tierras son parte de un modelo productivo, económico y político. La propuesta agraria de Fecofe propone salir al cruce “del actual modelo de renta financiera con eje en los fondos de inversión, dando oportunidad de fortalecer a un entramado de productores y sus cooperativas, Pymes y prestadores de servicios, vinculados al agregado de valor local y el desarrollo regional”.

En ese modelo, el comercio interno y el internacional cumple un rol ordenador para garantizar un mínimo creciente de participación de las cooperativas en el mercado de granos, revisar la Ley Federal de Carnes y promover normas de adquisición de productos de cooperativas en programas alimentarios.

“Hay una correlación entre qué es lo que estamos produciendo en volumen, miles de toneladas de productos primarizados, y el comercio internacional que no dominamos. La Argentina tiene que cambiar, tiene que ser soberana en sus decisiones de comercio exterior y poder agregar valor a su producción. Tiene que haber una política de regulación, intervención, para defender la industria nacional, a los productores y a los consumidores. En la actualidad, el Gobierno está fomentando que los productos de valor agregado entren vía importaciones y no una política de alimentos soberana”, define Garzia. 

El debate también se extiende sobre las políticas tributarias, que tienen a las retenciones como eje de todos los debates en torno “al campo”. “El debate no se puede agotar en las retenciones y menos sobre la soja u otro cultivo aislado. La discusión se tiene que enmarcar en a quiénes queremos promover y quién tiene que hacer el mayor esfuerzo. Hay que ir a una segmentación por escalas, por territorio, no es lo mismo producir en el Valle de Río Negro o en la Puna que a 100 kilómetros del puerto de Rosario”, señala Grünfeld.

“La discusión fiscal es parte de una discusión de qué proyecto de país y qué rol queremos que jueguen los agroalimentos y la agroindustria para desarrollar los territorios, para generar divisas, pero fundamentalmente redistribución. Nosotros queremos una agricultura con más agricultores y un agro con cada vez más cooperativas para generar empleo en los territorios y abastecer las mesas de los argentinos. Ser protagonista de la exportación de mercaderías y de servicios, y revertir el peso cada vez más grande de las multinacionales”, completa.   

Ciencia para el territorio, organismos democráticos y cuidado del ambiente 

La “Ciencia y técnica” es un eje particular para la política agropecuaria planteada desde el cooperativismo y con actualidad a partir de los embates que el INTA resiste como parte del plan de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza desde diciembre pasado.  

“El Gobierno actual está haciendo todo lo posible por subdesarrollar a la Argentina”, sentencia Garzia y señala que el modelo propuesto por Milei es el de “un país que exporta materias primas del extractivismo, sin importar si hay un productor o cien mil productores en un territorio”. 

“Atacar el sistema científico tecnológico es atacar el desarrollo de la Argentina, es desconocer los 70 años del INTA, un sello internacional que el Gobierno y sus socios de la Mesa de Enlace están haciendo lo posible por desguazar”, denuncia Garzia, quien en noviembre pasado fue designado como presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf).

El documento preliminar de Fecofe valora la investigación pública del INTA, el Conicet y las universidades nacionales, pero marca la necesidad de “evitar que las innovaciones estén solamente en manos de pocas empresas concentradas y en función de sus intereses” y propone “limitar los convenios de exclusividad con las compañías para recuperar la transparencia y el acceso público a la información”.

La nueva política agraria propone que la investigación se oriente a promover la “vuelta al campo” y que los productores y sus organizaciones no pueden ser ajenos al desarrollo, difusión y utilización de las innovaciones. El documento exige la participación de las cooperativas en los distintos ámbitos de decisión, planificación, control y gestión. Un reclamo que el sector realiza hace años junto a las organizaciones campesinas para tener una silla en el Consejo Directivo del INTA. Y que podría verse reducido a la mínima expresión de la Mesa de Enlace según los planes de Milei.  

“Pretenden, por ahora, quitarle un cuarto de su planta de trabajadores, modificar su órgano de conducción y quedarse con el control político del INTA desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía. La Argentina corre el riesgo de quedarse sin una de sus naves insignias. Esperemos que el daño que haga este Gobierno pueda ser revertido en el futuro, cuando esta gente se retire del poder”, apunta Garzia. 

Otros dos ejes de la propuesta de Fecofe cuajan con la realidad del INTA: que los organismo no tengan su sede central en la Capital Federal y que sus directores no tengan conflicto de intereses, como ocurre con el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, integrante de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce.

El enfoque de la propuesta también resalta que las nuevas tecnologías deben ser “un aporte al bienestar general, a la salud, a disminuir el impacto negativo sobre el medioambiente y resguardar los recursos naturales, la biodiversidad y la sustentabilidad”. Por ejemplo, en materia de semillas, propone un abordaje que resguarde las semillas nativas, criollas y de la agricultura familiar, que impulse una producción diversificada y desarrolle líneas sin organismos genéticamente modificados (OGM).

“La dimensión ambiental es estratégica para poder pensar una nueva política agraria. Es una dimensión que si no pensamos tenemos que subordinarnos a lo que piensan otros en una era en la que el cambio climático no es solo una realidad sino que condiciona la producción”, plantea Grünfeld y amplia: “Hay que pensarlo desde lo tecnológico, los productivo, la innovación y cómo está impactando la calidad de vida de nuestro territorios, por ejemplo, en cómo se está gestionando el acceso a los recursos como la tierra y el agua”.

El documento de Fecofe plantea el incumplimiento de un conjunto de normas ambientales a nivel nacional y provincial que permitirían la efectiva protección y restauración de los recursos naturales (políticas del uso del suelo, del agua y la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos).

“Hay que generar valor agregado en territorio con una mirada de la ‘casa común’ y no contraponer el ambiente por un lado y la producción por otro. Cuando ponemos a las familias y las comunidades en el centro del debate se enriquecen las miradas”, sostiene Grünfeld y concluye: “No hay quién cuide más de sus campos, territorios, infraestructuras e instituciones que aquellos que viven y apuestan a que sus hijos viven en el lugar, esa es la mirada del movimiento cooperativo”.  

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/queremos-un-cambio-radical-del-modelo-agropecuario/

Quien tenga dudas sobre qué tipo de gobierno impera en Argentina, con Milei y su séquito, allí va una nueva prueba del accionar represivo. Esta vez se ensañaron con el luchador internacionalista vasco, escritor y analista de política internacional en varios medios de comunicación, Iñaki Gil de San Vicente. Apenas llegara, en la mañana del miércoles, al aeropuerto argentino de Ezeiza, la policía de migraciones lo retuvo, separándolo de su acompañante, la intelectual andaluza Concepción Rojo, y en no más de una hora, lo volvieron a embarcar en otro avión rumbo a Madrid.

Gil de San Vicente llegaba a la Argentina para dictar varias conferencias sobre el rol del imperialismo y la violación de Derechos Humanos. Esto último, es moneda corriente en un país donde el FMI hace y deshace, con la anuencia del gobierno fascistoide actual. Les molesta que se diga y enseñe la verdad.

Pero desde adentro y desde afuera quienes sentimos todas las injusticias como propias, como dijera el Che, seguiremos adelante con la fuerza de la verdad de los pueblos.

Pronto podremos recibirte como mereces Iñaki en una Argentina mejor.

Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Argentina

Fuente: https://redhargentina.wordpress.com/2025/06/05/solidaridad-con-el-companero-inaki-gil-de-san-vicente/

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Chiara Páez tenía 14 años cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de la casa de su abuelo, en Rufino, provincia de Santa Fe, Argentina. El asesinato de Chiara, embarazada de dos meses, empujó a las 20.000 personas del pueblo a manifestarse y pedir justicia. La asociación civil La Casa del Encuentro llevaba registrados 140 femicidios solo en los primeros meses de aquel año. Sus estadísticas también mostraban que entre 2008 y 2015 habían sido asesinadas 1808 mujeres en todo el país.

“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó entonces la periodista Marcela Ojeda. Fue el germen de una marcha que comenzó a gestarse entre un grupo de comunicadoras, que convocó a manifestarse contra la violencia machista bajo la consigna “Ni Una Menos”.

Se eligió que fuera el 3 de junio, un miércoles, frente al Congreso de la Nación. “Si no marchamos juntas nos matan por separado”, decían los carteles. Aquella tarde hubo 150.000 personas en la plaza más céntrica de Buenos Aires, y miles más en otras cien plazas de todo el país. El reclamo principal: que se cumpliera la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009.

Rodeada de una multitud estaba Verónica, la mamá de Chiara, y su tía, y su tío. Romina, la hermana mayor, había quedado en Rufino, donde las calles desbordaron de gente como nunca antes en la historia del pueblo.

“Hace diez años yo estaba muy encerrada en el dolor, en el enojo, pero el grito de Ni Una Menos fue algo muy importante en medio de los pensamientos. Fue muy emotivo escuchar el nombre de Chiara, y que además de acompañarnos a nosotros era un grito que nos unía a todos los que queríamos decir ¡basta! -recuerda Romina-. Me sentí muy atravesada, fueron tiempos muy difíciles. Pero también pudimos empatizar con el dolor de otros familiares que se nos acercaron y que habían atravesado situaciones similares, nos ayudó a reconvertir todo este dolor en lucha, y pensar que todo lo que había pasado con Chiara nos llevaba a una lucha en común. El primer Ni Una Menos fue una mezcla de sentimientos de dolor y esperanza”.

Luci Cavallero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad es docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y forma parte del colectivo Ni Una Menos.

“Ni Una Menos nació como un grito colectivo para hacer visible un problema que no tenía visibilidad pública ni estaba tomado con la seriedad necesaria por las políticas públicas: los femicidios como expresión máxima de violencia por razones de género. Fue una manifestación que surgió en redes sociales y que después se transformó en un movimiento estructurado en asambleas y marchas y manifestaciones que fueron complejizando los diagnósticos de las violencias por razones de género”, explica.

Y sigue: “Ni Una Menos es un proceso de sensibilización de la sociedad quecambia los umbrales de tolerancia con respecto a las violencias, que produce desplazamientos subjetivos de las mujeres en todos los ámbitos, pero también transforma a los varones. Y más allá del proceso de destrucción que estamos atravesando en este momento, este proceso sigue presente y latente”.

La destrucción

Tras el MeToo mundial que generó una oleada de denuncias por acoso y abuso, en 2018 comenzó en Argentina el debate por el aborto legal, una discusión que puso al feminismo en primer plano. Y se sumaron las pibas. La marea verde fue la consecuencia de un trabajo de décadas, una marea en la que se encontraron abuelas, hijas y nietas que se unieron para exigir, y se hicieron escuchar. En 2019 se creó el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y en 2020, en medio de una epidemia mundial, se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por entonces Javier Milei era un economista excéntrico que se paseaba por canales de televisión repartiendo frases rimbombantes y protagonizando shows bizarros, como golpear con un palo una maqueta del Ministerio de las Mujeres y prometer que cuando fuera presidente lo tiraría abajo. Fue lo primero que hizo al asumir, en diciembre de 2023.

El Gobierno autodenominado libertario pasó “el tema género” al Ministerio de Justicia. El funcionario al frente de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que “el género era un tema primordial”. Enseguida le tiraron de las orejas. Desde el propio área de comunicación del Ministerio salieron a decir que el Gobierno no iba a tener políticas de género: “La violencia no tiene género”, fue el mensaje.

Ante el anuncio del vaciamiento, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados citó al ministro Cúneo Libarona. El funcionario hizo una polémica presentación contra de la diversidad, negó la violencia contra las mujeres e insistió con las “denuncias falsas que hacen para vengarse”. Aseguró que “el género se acabó”, y que el eje sería “la familia tradicional y cristiana”. También dijo que rechazaban la diversidad de identidades sexuales que “no se alinean con la biología”. Sus dichos generaron masivos repudios, que incluyeron el pedido de juicio político y hasta su renuncia. El Gobierno lo respaldó.

El programa más importante del Ministerio de Mujeres fue Acompañar, que había asistido a 352.000 mujeres en situación de violencia de género. Se les dio, durante seis meses, un salario mínimo para lograr cierta autonomía económica que les permitiera salir de relaciones abusivas. Solo en la ciudad de Buenos Aires se realizan 10.000 denuncias anuales por violencia de género. Según la Corte Suprema de Justicia, hay un promedio de 250 femicidios por año en el país, que suman 2.500 en la última década, y que han dejado más de 3.000 niñas y niños huérfanos.

La provocación

El 8 de marzo de 2024, en el primer Día de la Mujer como gobierno, el Ejecutivo de Milei cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y lo rebautizaron Salón de los Próceres. Sacaron las fotos de heroínas como Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni, Juana Azurduy, Victoria Ocampo y Mercedes Sosa para reemplazarlas por cuadros de varones comoCarlos Menem y Julio Argentino Roca. El 8 de marzo de este año el Gobierno volvió a provocar a las mujeres: difundió un video en el que aseguraban que “solo en 2023 se gastaron en género cuatro billones de pesos, que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue diez veces superior al presupuesto del Poder Judicial”.

“El presupuesto del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue mucho menor. En 2023 gastó $172.000 millones [de pesos]. Representó 0,21 por ciento del gasto total del Estado, muy por debajo de áreas como Defensa (3,38 por ciento) y Seguridad (2,2 por ciento)”, respondió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“El dinero se destinó a burocracia, oficinas de lujo y políticas simbólicas que no ayudaron a reducir la violencia”, decía también el video libertario. “Los fondos se usaron para programas muy concretos”, aseguraron desde ELA citando la Línea 144 de atención para víctimas, el programa Acompañar y los centros de protección de todo el país que daban refugio, asistencia legal y psicológica.

“Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”, asegura otro pasaje del video. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema asegura que solo en enero de 2025 la denuncias aumentaron un ocho por ciento con respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses de 2025 hubo 96 víctimas de violencia de género.

A pocos días de un nuevo 3 de junio, el Gobierno ha salido con otra provocación: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito ‘MenstruAR’”, escribió en sus redes el ministro Cúneo Libarona.

Y detalló: “Los 13 programas que eliminamos son: 1. Menstruar. 2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. 3. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad. 4. Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’. 5. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’. 6. Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. 7. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. 8. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. 9. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción ‘Igualar’. 10. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. 11. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’. 12. Producir. 13. Generar”.

“Eliminar este despilfarro le ahorrará 6.000 millones de pesos por año a los argentinos”, concluyó el funcionario. Varias organizaciones, entre ellas ELA y Amnistía Internacional, ha salido a cuestionarlo.

“La discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales)”, aseguraron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia”, agregaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Anual 2024 sobre la situación de los derechos humanos en la región. Su análisis sobre Argentina es malo: “En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la reestructuración de la Administración Pública iniciada en diciembre 2023 ha afectado seriamente la institucionalidad y políticas de protección a sus derechos. En particular, tras la eliminación de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que concretó el cierre del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Por primera vez en 40 años, el país no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género”.

La resistencia

“El Gobierno libertario está desarrollando actualmente un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectivas de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio. Se usan los cargos máximos del Estado Nacional para promover el odio, para desinhibir una violencia social sobre determinadas poblaciones, entre ellas las mujeres, la población LGBTIQ+. Por otro lado, tiene una política de ajuste muy fuerte que provoca una precarización acelerada en la vida de las mujeres, que tienen muchísimas menos oportunidades para salir de las violencias, con salarios congelados, subsidios y programas sociales eliminados”, asegura Cavallero.

Y concluye: “Nuestro trabajo ahora es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas, la recomposición del tejido social, la prevención de la violencia entre pares y seguir sosteniendo los procesos de organización y movilización”.

A Romina aún se le quiebra la voz al hablar de su hermana: “Hoy en día, a diez años, recuerdo a Chiara con el mismo amor y más, y a veces me agarra el mismo dolor y la misma rabia. Hemos avanzado en varias cosas y tenemos más leyes, aunque ahora vivimos tiempos muy complejos, especialmente las mujeres. Todavía sigue habiendo muertes, pibas desaparecidas, madres que buscan justicia, pero hay que enfocarse en la fuerza de organizarnos, de luchar, que no se ha detenido y que no haya vuelta atrás, que no haya retroceso de los derechos. Lo que falta conseguir lo vamos a conseguir entre todas más allá de las diferencias. Y hoy más que nunca mi hermana Chiara va a estar presente en cada lucha, en cada movilización y en cada una de nosotras”.

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Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2025/06/diez-anos-de-ni-una-menos-hora-de-recomponer-las-redes/

Mil sábados atrás iniciábamos este proyecto radiofónico, ético/político, grupal y solidario que se llama CONTRAPUNTOS. No recuerdo la fecha justa y precisa, pero con el devenir siempre mantuvimos una perspectiva crítica sobre lo que sucede/sucedía en la región, el país, el mundo. Una doble tarea: periodismo y docencia fueron abriendo más y mejores preguntas, entrevistas y reflexiones que certezas a modo de bajada de línea, propio de la “comunicación dominadora” (consciente o inconsciente) de los medios locales y nacionales.

Nuestra concepción de vida, al menos la de quien escribe fue y es que no hay nada más hermoso, sano e integrador que ser coherente con nuestro sentir, pensar y hacer. Como hijo de laburantes hicimos y realizamos periodismo radial partiendo de nuestra clase social: los y las trabajadores/as somos quienes creamos todo lo puesto y visto sobre la tierra, el agua y el aire. En efecto, noticias y entrevistas para Contrapuntos tienen intereses/deseos y formulaciones de clases, de grupos e instituciones que nos conformen e identifiquen contra la burguesía explotadora y sus gerentes.

En tiempos de “derechas”, de modelos y referentes identificatorios donde la riqueza, el lujo, el individualismo, las humillaciones, el exitismo, la represión genocida, la “guita” fácil y la perversión predominan: nuestra labor es mantenernos firmes, no aflojar en nuestras convicciones y continuar con ese viejo concepto de Mario Kaplun (que hoy la burguesía usa a su favor): la prealimentación. “LA PREALIMENTACIÓN. ¿Es posible designar, dar un nombre técnico a esa etapa inicial del proceso comunicativo? Creemos que sí. Podríamos decir que, en lugar de plantearse un hipotético feedback o retroalimentación, estos equipos citados han sabido incorporar y valorar otro componente de la comunicación del que nunca se habla: La prealimentación (o, si se quiere conservar el contraste en inglés, el feed-forward). Proponemos llamar prealimentación a esa búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y reflejen. Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de comunicación educativa (…) Pero no sólo se trata de «reflejar» a la comunidad (o a la región, o a la organización) como un espejo que devuelve una imagen o como un grabador que repite y reproduce mecánicamente lo que la gente dice. El equipo comunicador debe procurar devolver esos hechos y experiencias que ha recogido, de tal manera que ahora la comunidad pueda verlos con otra perspectiva crítica, analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, emitir un juicio, desentrañar las causas del problema que hasta ahora habían estado viviendo y sufriendo como una mera contingencia, sin percibir sus raíces. Nuestra manera de presentar los hechos debe ser problematizadora, suscitar la reflexión. Es a esto a lo que llamamos formulación pedagógica del mensaje”, subraya largamente Mario Kaplun en su libro “El comunicador popular (1)”.

El sueño de Mario Kaplun se conjuga con el de Bertolt Brecht: la radio/comunicación como arte. Así lo escribió el dramaturgo alemán: “…Arte y radio tienen que ponerse a la disposición de fines pedagógicos. La posibilidad de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo (…) Y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio: hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Por ende, todos los esfuerzos de la radiodifusión en conferir realmente a los asuntos públicos el carácter de cosa pública, son absolutamente positivos (2)”. 1932… Casi 100 años atrás: impecable. ¿La radio para educar a los jóvenes en los valores del colectivismo en un mundo de pantallas y subjetividades Cyborgs? Vaya desafío: la radio, la palabra, el concepto, lo analógico: ¿vencido por lo digital-virtual y la big data?

Tal vez aquí vale acercar la coincidencia entre la poesía y la radio según inferimos de la obra de Luis Franco: quizás sean “es el más profundo sistema de comunicación de los cuerpos y las almas inventado hasta hoy (3)”. Por eso esa cierta nostalgia mansa de lo que evoca, convoca, resuena y transmite la palabra/poesía/sonidos/silencios de la radio… se nos viene al corazón mismo de los 1.000 CONTRAPUNTOS.

En “Qué hacer con la radio” Ricardo Horvath fundamenta: “La radio es el medio perfecto para transmitir ideas a través de la palabra. Según encuestas la radio es el medio con mayor credibilidad en materia informativa y triunfó sobre el resto cuando el transistor facilitó su cómodo traslado y ubicación. La radio acerca palabras, pensamientos y sugiere con los silencios. Porque la radio es sonido, pero también silencio. “La radio es una perpetua creación; cada emisión es nueva, es reciente”, dice el profesor colombino Fernando Vázquez. La radio es capaz de crear climas diversos (de intimidad, diversión, sensualidad, placer, entretenimiento, tensión, suspenso, intriga, misterio, relax, gozo). La radio logra producir cierto grado de connivencia entre el locutor y el escucha. La radio ha sido definida como “el teatro de la mente (3)”. Pese al optimismo de Horvath-sin embargo- el poder alienante de las “pantallas” nos va sumergiendo en su contrario: una oscura y vulgar cultura del espectáculo de la degradación, la toxicidad y el narcisismo.

Volvamos al comienzo -asimismo- cuando afirmábamos que CONTRAPUNTOS tiene un punto de vista clasista: un intento de multiplicar voces y pareceres de las luchas y experiencias de la clase obrera y trabajadora contra la opresión capitalista; pues nuestro enfoque apunta a una adaptación activa a la realidad -diría Enrique Pichon Riviere-: un programa de radio con entrevistas que se interrogue sobre la salud mental y física de los laburantes; en palabras del psicólogo y psicólogo social Horacio Tabares: “cómo el modo de producción capitalista afecta la salud del trabajador”. Tan es así, que el reconocido investigador y psicólogo en su libro “Vulnerabilidades, orden social y consumos (4)” cita a Karl Marx: “…el obrero a lo largo de su vida no es otra cosa que fuerza de trabajo, y que en consecuencia todo su tiempo disponible es, según la naturaleza y el derecho, tiempo de trabajo, perteneciente por tanto a la autovalorización del capital…Pero en su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna canina de plustrabajo, el capital no solo transgrede los límites morales, sino también las barreras máximas puramente físicas de la jornada laboral (…) Usurpa el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Roba el tiempo que se requiere para el consumo de aire fresco y luz de sol. Escamotea el tiempo de las comidas y, cuando puede, las incorpora al proceso de producción mismo, de tal manera que al obrero se le echa comida como si él fuera un medio de producción más, como a la caldera carbón y a la maquinaria grasa o aceite (4)”. Años mediante…poco ha cambiado en las relaciones sociales que Marx y Tabares describen.

En definitiva, en estos primeros 1.000 programas pretendimos y apostamos a hacer honor al concepto comunicación: communis, acción en común, el compartir: y no al sometimiento del monólogo de la runfla noticiosa burguesa. Y en ese cruce de intervención/práctica social, radio, salud mental y disputas contra el orden del capital queremos terminar con una definición de Marie Langer: “Es cierto, teníamos esa meta. Concordamos con Pichon Riviere en que todo proceso de curación implica un aprendizaje. Pero para que este se logre y para que la persona que necesite en un momento ayuda terapéutica pueda después seguir adelante sin terapia, deberá haber adquirido no solamente insight de los problemas psicológicos que lo llevaron a la enfermedad, sino también los instrumentos necesarios para entender cómo la sociedad y el lugar que ocupa en ella condicionó su propia vida. Y tampoco esta toma de conciencia será operativa si no logra simultáneamente salirse de su aislamiento y adquirir vínculos solidarios, más allá de su pequeño mundo privado. Este proceso fue especialmente importante para las amas de casa de clase obrera que formaban más o menos un tercio de nuestros pacientes y que suelen vivir en un aislamiento total. Pudimos observar cómo el proceso terapéutico de los grupos evolucionaba en la medida en que surgía y se consolidaba la solidaridad entre los integrantes del grupo no obstante las rivalidades, tensiones y ambivalencias existentes. En los grupos contrapusimos la solidaridad a la competencia del sistema (5)”.

Radio, solidaridad, trabajadores, lucha de clases… MIL PROGRAMAS de Contrapuntos: cerrar de este modo -es nuestro deseo- para edificar puentes y transmisiones entre lo que pasó y lo que vendrá: ahí se juega a fondo lo que hay que transformar, cueste lo que cueste, desde un programa de radio hasta la revolución socialista que anhelamos.

Notas:

1. Lumen Humanistas. 1996.
2. Teorías de la radio. La radio: ¿un descubrimiento antediluviano?
3. Citado en ¿Qué hacer con la radio? Ricardo Horvath. Ediciones Letra Buena. 1994
4. DelREves ediciones. Mayo 2021.
5. Memoria, historia y diálogo psicoanalítico. Marie Langer. Jaime del Palacio. Enrique Guinsberg. Folios ediciones. 1981.

La ética pública en disputa

Walter Benjamin sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado. Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte, entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las relaciones de poder que perpetúan la injusticia.

Ambas perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se convierte en instrumento del privilegio.

Privilegios judiciales y blindaje institucional

El caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces, empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín. Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para frenar la difusión del escándalo.

Sin embargo, el juez Sebastián Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra), archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.

La invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social, refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió clausurar la causa antes que exigir explicaciones.

Espectáculo y doble vara

En contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.

Aquí, la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se archiva sin consecuencias.

Operadores al resguardo

La lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde 2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su situación en un limbo legal.

Un escenario similar ocurrió con el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Se los fotografió en misas y marchas, y los informes generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus reclamos.
En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó, argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por seguridad presidencial.

En cada uno de estos casos, la justicia actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen con absoluta impunidad.

Represión sistemática y silencio judicial

Mientras la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios, guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia. Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya una intervención judicial para limitar el abuso de poder.

La pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del Gobierno.

Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y económica, mientras criminaliza la protesta social.

La performatividad del poder y la pedagogía crítica

Cada acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos, sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una excepción.

La pedagogía de la crisis ética impone la naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder sin restricciones y quiénes deben someterse a él.

Frente a este escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa, sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.

Solo si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.

Nuestra lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios en el siglo XXI.

Referencias:

Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia.
Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/01/la-pedagogia-de-la-crisis-etica/

El Congreso será hoy el escenario de varios reclamos que se vienen dando de manera fragmentada, pero que confluirán en súper miércoles de manifestaciones. “La marcha más grande”, así es una de las convocatoria para la medida que hacen cada semana los jubilados y jubiladas y a la que esta vez se suma el colectivo “Ni una menos” –a diez años de la primera movilización–, la CGT, las y los trabajadores del Hospital Garrahan, científicos, universitarios, partidos políticos y movimientos sociales. Además, al mediodía protestarán las personas con discapacidad contra el insensible ajuste de Javier Milei. Mientras que afuera se espera otro operativo represivo de Patricia Bullrich, adentro habrá una sesión en la que se debatirá una suba en las jubilaciones y declarar la emergencia en las prestaciones para personas con discapacidades, entre otros proyectos.

Ayer (3/6), la oposición en Diputados dio dictamen a un Proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de dos años. La medida fue presentada a raíz del conflicto en el Garrahan y se trató en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. La idea del presidente de la comisión, el ex ministro de Salud de Tucumán y diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, es lograr el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y dictaminar sobre los seis proyectos vinculados al Hospital de Niños. El delegado adjunto del Garrahan, Gerardo Oroz, dijo que “todos los conflictos están reunidos en un mismo ataque desde el gobierno, que entiende que todas las políticas vinculadas a la salud pública son un gasto”. Y agregó que “su lógica mercantil está emprendiendo un ataque. Si la respuesta que damos es fragmentada, la debilidad va a ser mayor. Y al revés, la unidad nos da una fortaleza que nos permite presentarles batalla”.

También estarán las y los científicos que la semana pasada hicieron una gran movilización en el sector, que ya está generando servicios deficientes y “fuga de cerebros”. “Estamos atravesando luchas muy complejas y vamos a unificarlas”, contó Nuria Giniger, investigadora de Conicet y vocal del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado-Capital. “Estamos viviendo momentos aciagos, con una reducción presupuestaria impresionante y la imposibilidad de dar continuidad a nuestras líneas de investigación con el éxodo de trabajadores de la ciencia. Hay una imposibilidad de pensar una nueva generación de científicos y científicas tal como está el ajuste en las universidades», explicó.

Asimismo, la Cámara de Diputados convocó a una sesión en la que se tratará un aumento de 7,2 % en los haberes jubilatorios y un nuevo régimen para las personas que no tienen 30 años de aportes y quieren jubilarse; o bien, una prórroga de la moratoria que venció en marzo. Si bien el oficialismo intentó por todas las formas posibles obturar el debate, los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre lograron imponerse.

Otro de los proyectos será el aumento de las pensiones por discapacidad y una suba en los valores de las prestaciones, que descongelen los honorarios que perciben los profesionales de la educación y de la salud. Es por eso que también marcha el colectivo de personas con discapacidad y los prestadores, que se reúne desde la 12:00 en el Congreso. “Sufrimos medidas que nos golpean, situaciones que tienen que ser cuidadas. Y que se concentren las luchas en un mismo día, aunque sea en distinto horario, es una manera de prolongar el gran descontento y un llamado de atención”, afirmó Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde los grupos de jubilados y jubiladas que se reúnen cada miércoles celebraron las adhesiones. “Es fundamental la unidad porque tenemos la novedad de que en estos tiempos han surgido muchísimas luchas de todo tipo enfrentando la política del gobierno”, afirmó Nora Biaggio del Plenario de Trabajadores Jubilados. Y agregó que resistirán al probable operativo represivo de Patricia Bullrich. “Todos apuntamos a lo mismo, hay un choque entre la política de Milei con lo que necesitamos los trabajadores. Incorporamos la lucha contra la represión porque los jubilados todos los miércoles recibimos una brutal represión y también cualquiera que quiera movilizarse y organizarse”, dijo. 

La discapacidad llegó al estado de emergencia de manera planificada

Por Marta Lastra – Abogada. Derecho de la Salud y Discapacidad.

El modelo argentino en materia de discapacidad es reconocido a nivel mundial por su legislación y sistema de cobertura, ya que a través de la «Ley de Prestaciones» (ley 24901), de la ley «De protección Integral para los discapacitados» (ley 22431), de toda la legislación en el mismo sentido y de instrumentos del poder ejecutivo, se arbitraron los medios para acompañar a las personas con discapacidad a través de prestaciones de rehabilitación y educativas como de las medidas necesarias para esos objetivos. Pero no sólo surge de las voluntades políticas de cada momento legislativo, sino que también, el estado Argentino en todo momento, se encuentra obligado a realizar los ajustes razonables que sean necesarios para asegurar el acceso a la salud (art. 25), la habilitación y la rehabilitación (art. 26), la educación (art. 24), el trabajo (art. 28), la accesibilidad (art. 9) la movilidad (art. 20), el derecho a la vida independiente  (art. 19), y todo lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) del año 2006,  ratificada en el año 2008 .

Otro acierto, a y través de la Resolución 1200/2012 SSSALUD fue el crear el SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.), para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado. Se suma, la Resolución 1048/2014, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tiene como objetivo implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes del mencionado fondo, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a las Personas con Discapacidad, destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y que demanden una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones. En la práctica este fondo se integra por contribuciones de las obras sociales: son porcentajes de lo que se ingresa por cada trabajador en conceptos de aportes, es decir, que es el dinero de todos provenientes de nuestros empleos, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud. 

A través del decreto 904/2016 se transforma a Fondo Solidario de Redistribución, continuando con el sostén de un sistema que durante décadas ha permitido a miles de personas con discapacidad acceder a sus derechos: salud, educación, rehabilitación, transporte, le permite ser parte de la sociedad. Con sus bemoles este mecanismo venía funcionando bien hasta diciembre de 2023, y todas las gestiones, independientemente de su color partidario, sumaron a este fortalecimiento.

Desfinanciación planificada

Pero a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 se desmantela el sistema de salud y entre ellos, a la discapacidad: al permitir la incorporación al Sistema Nacional del Seguro de Salud de las empresas de medicina prepagas que lo soliciten, se impone así una competencia entre las obras sociales sindicales, que tienen finalidad social, con las empresas de medicina prepaga, que se rigen por las políticas del libre mercado. Pero no solo ponen en igualdad de obligaciones a dos actores fundamentalmente diferentes, sino que a través del decreto 1/2025, se permitió que los trabajadores o aportantes deriven sus aportes a estas empresas, terminando con la triangulación con las obras sociales, y así con la lógica de universalidad del sistema.

Hasta el año 2024 las grandes obras sociales aportaban al fondo de redistribución, el 20% de lo que recibían por cada beneficiario, y las pequeñas obras sociales, el 10%. Permitiendo que se equiparen los aportes desiguales en iguales prestaciones, garantizando la universalidad y calidad de las mismas. Pero a partir de la DNU 600/2024 que modifica los aportes del Fondo Solidario de Redistribución, se unifican todos los aportes: todos los integrantes del fondo (Obras sociales, grandes y pequeñas, y empresas de medicina prepaga) en un 15% por cada beneficiario o cliente. Pero las empresas de medicina prepaga solo ingresan en cuanto a los aportes básicos que cada uno de sus clientes efectúa, y no sobre el excedente del costo del servicio. Todos los integrantes del fondo recuperan lo relacionado a las prestaciones de discapacidad de sus beneficiarios, pero se desconoce si las empresas de medicina prepaga también recuperan prestaciones de los clientes autónomos, los que no se encuentran en relación de dependencia, pero que contratan sus servicios.

Podemos poner como ejemplo dos tipos de aportes: el que ingresa porcentualmente por sus ingresos el gerente de una empresa y los aportes que ingresa un empleado del servicio doméstico. Beneficiaría al Fondo de Redistribución que también se aporte con el  20% del excedente que abona el gerente por el servicio Premium que contrata en la empresa de medicina prepaga, pero esto no se da en la práctica.

En definitiva, más allá de reducir el coeficiente de aporte destinado a este Fondo del 20 al 15%, se exceptuó a las entidades de medicina prepaga de integrar un coeficiente similar al que integran obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución.  Y aunque fueron incorporadas por el DNU N° 70/2023 a la Ley 23.660 (Obras Sociales) y a Ley N° 23.661 (Sistema Nacional del Segura de Salud) y están también obligadas a cumplir con las obligaciones que surgen de la ley 24.901 (Ley N° 26.682, art. 7) y toda cobertura obligatoria para obras sociales (Ley N° 24.754), estos instrumentos ejecutivos confirman la intencionalidad de la decisión política de desfinanciar el mencionado fondo.

Tampoco podemos dejar de lado, que los aportes ingresan cada vez que un empleador ingresa los fondos al sistema y que, en estos últimos años, se acrecentaron las bajas de empleos en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el privado.

¿Y las prestaciones educativas y de transporte?

Otro tema de gran importancia es el de transporte y educación. En el último tiempo, estas prestaciones se ven retrasadas o no autorizadas: dando lugar a que solo las PCD que pueden acceder a la justicia, las reclamen a través de una acción de amparo. Pero son notables las negativas y demoras. Al ser consultado el poder ejecutivo, solo en pasillos, escuchamos fuertemente que se pretende que las provincias con propios recursos se hagan cargo de estas prestaciones dejando una vez más de lado el principio de universalidad, resignando al federalismo complejo argentino, la disyuntiva de tener personas con discapacidad con trato discriminado por la posición geográfica o lugar de nacimiento, sumando otro escollo burocrático. Se desconoce la propuesta o la ley que se pretende burlar para lograr este objetivo, pero al usarse tamaña cantidad de herramientas ejecutivas, no extraña que sea a través de decisiones unilaterales, dejando al COFEDIS (consejo federal de discapacidad) de decorado, como sucede hace año y medio.

Esfuerzos que suman

En breve se trata la Ley de Emergencia de la Discapacidad en la Cámara de Diputados. En la búsqueda desesperada de que el poder ejecutivo libere los fondos para los rescates necesarios del fondo de redistribución. Como también controlar la cacería de brujas iniciadas con las auditorias masivas en materia de pensiones no contributivas, no por el objetivo, ya que siempre el estado debe auditar, sino por las formas desiguales de exigir a personas en situación de desventaja el cumplimiento de requisitos sin los recursos necesarios básicos.

Además, desde Córdoba, surge otro posible aire para este momento difícil, la diputada Natalia De la Sota solicitó por proyecto de resolución, informes al Ministerio de salud y a la Superintendencia, sobre cuáles son los fundamentos de la desfinanciación del Fondo de Redistribución, como el destino de prestaciones, y seguros que protejan la liquidez del mismo. Ojalá vean buen puerto estos proyectos, y se logre controlar tanta desidia en la conducción de las políticas en materia de discapacidad, a que no son números sino vidas, familias y esperanza de que pueda la persona con discapacidad, vivir también como protagonista de esta sociedad que compartimos todos.

Deber de garantía olvidado. La roca de Sísifo

Es el Estado argentino el que debe cumplir con el mandato de progresividad y con la prohibición de regresividad que surge del artículo cuarto de la CDPCD, y esa primera manera de cumplir es a través de que las prestaciones para las PCD sean de acceso igualitario, y que, lisa y llanamente puedan contar con las prestaciones de igual calidad sin importar la condición social y económica.

A lo largo de la historia hasta el año 2023, esa institucionalidad establecida por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional ha hecho posible garantizar los derechos de una parte muy importante de la población de personas con discapacidad de nuestro país, incluyendo niñas, niños y adolescentes, en igualdad de condiciones. 

Lamentablemente, esta realidad que vivimos en este 2025, no es aleatoria. El Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superintendencia de Servicios de Salud, en cuanto constituye una de las principales fuentes de financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad (Ley N° 24.901, art. 7), está siendo desmantelado a través de la desfinanciación planificada. Es el titular de ese organismo quien tiene amplia experiencia en administrar grandes empresas de medicina prepaga, quien no tomó ninguna decisión al azar. Jamás podría considerarse que las concesiones exageradas a las empresas que pretenden sumarse como prestadores, recuperando lo que cada persona con discapacidad cubre en concepto de prestaciones, pero aportando en menor cuantía que cualquier otro prestador de salud, no produzcan desigualdades y el costo lo termine pagando la persona con discapacidad, en clara situación de desventaja. Situación solo atribuible a la autoridad de aplicación y administración del Fondo de Redistribución.

DERECHOS

En el contexto actual, resulta imprescindible garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y exigir que el Estado realice los ajustes necesarios para lograr su seguridad jurídica y estabilidad, siendo la primera medida la tutela del Sistema de Prestaciones Básicas.

No solo se están dejando de cumplir con las obligaciones que toma el estado al ratificar la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, sino también lo impuesto por numerosos tratados a los que nuestra nación le otorga jerarquía constitucional. Pero tampoco es aleatoria esta decisión, ya que Estados Unidos es uno de los cinco países del mundo en no ratificar esta Convención sobre discapacidad. ¿Se pretende también imitar en este aspecto?

Otra vez, la PCD se convierte en un símbolo de la rutina, la frustración y la lucha contra lo absurdo. Habiendo conquistado derechos y la potestad de su ejercicio, se dirige a volver a empezar con una roca más pesada, esta cuesta arriba eterna, pero que arrastra a toda la familia de la discapacidad: La PCD, su familia, los profesionales prestadores, las instituciones, los transportistas y atentando directamente con la posibilidad de trabajar de la familia que trae el sustento para cada uno de ellos.

Trabajadores de servicios de discapacidad reclaman mejoras

Los prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día de todo el país realizaron una marcha el jueves pasado en la puerta del Congreso, en reclamo de la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y la aprobación de la ley de emergencia del sector que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.

En este marco, Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), explicó que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.

“Hoy se nota el hartazgo directamente, porque se llevó a cabo una convocatoria que viene desde las bases que no fue un llamado desde las organizaciones, sino el hartazgo de prestadores que no pueden solventar más los alimentos en sus casas y seguir brindando el servicio”, sostuvo.

Además, reclaman que el nomenclador nacional -que establece los valores de las prestaciones- no se actualiza desde 2024, lo cual profundiza la precarización de quienes trabajan en este ámbito.

“Estamos solicitando el tratamiento de la ley de emergencia que estaba prevista para hoy y se pasó para el miércoles 4/06. Vamos a estar también haciendo la vigilia”, agregó.

Además, dijo que las prestaciones se cobran entre 60 y 90 días, pero el “principal problema es que no hay actualización de aranceles desde diciembre de 2024 y los aumentos del año pasado fueron paupérrimos”.

En este contexto advirtió que “cada vez hay más solicitudes de prestaciones” y la razón es que se están “cayendo” dichas prestaciones y “las personas con discapacidad quedan a la deriva”.

Asimismo, Claudia Maestre, presidenta de AUPA (Educación terapéutica para niños con TEA en Buenos Aires), presente en la movilización, remarcó que “necesitan el aumento”. “Venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”, lamentó.

“Nosotros tenemos un centro educativo y un centro de día y le damos a los chicos tres comidas diarias, por lo que es imposible de sostener. Somos una asociación de padres porque el Estado no provee nada de lo que necesitamos. Muchos lugares comenzaron a cerrar y el problema es que los chicos quedan sin escolaridad”, denunció.

“Nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda, y consideramos que seguramente somos un gran gasto, pero tienen que cumplir las leyes”, sentenció.

Stefania, una madre autoconvocada en la marcha decidió sumarse a la protesta para “visibilizar la crisis” en el sector de discapacidad. “Si bien es un sector estructuralmente precarizado e invisibilizado por todos los Gobiernos, pero en este 2025, con los ajustes de políticas públicas y achicamiento del Estado, esto se agrava aún más”, señaló.

La mujer tiene un niño de 12 años con discapacidad y cree que es “importante” estar en la marcha “apoyando la causa” porque el transporte, las terapias, que tenga educación, “mañana puede desaparecer”.

“No estamos pidiendo caridad ni asistencialismo, sino un derecho que por ley y por los tratados internacionales nos corresponde”, afirmó.

Andrea Herrera es una acompañante terapéutica desde el 2018 y trabaja de forma particular, con obras sociales y centros médicos. En la concentración en el Parlamento, la profesional aseguró que ella y sus colegas “ya no aguantan más”. “En menos de cuatro o cinco meses nos aumentaron los colectivos. Si tenemos que ir a una escuela tenemos que tomar más de un colectivo. El nomenclador quedó estancado desde noviembre del año pasado y no tenemos una ley que nos avale, nos ampare”, expresó.

«Para ningún Gobierno ni la salud, ni los jubilados, ni la educación fue una prioridad. Milei vino a destruir. Este Gobierno se sostiene porque en el Congreso los políticos transan, también el justicialismo. El DNU vino a cagarnos la vida, pero los cómplices están adentro”, sentenció.

En tanto, para el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la reforma en discapacidad que hizo el Gobierno nacional «es una maldad injustificada» -habla del reempadronamiento de las personas con discapacidad.

«Los que trabajamos en salud estamos todos los días vinculados con gente que sufre, que padece, entonces nos parece algo tan poco natural«, sostuvo refiriéndose al ataque del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, a Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño con autismo que es influencer y activista. 

La cruel respuesta del titular de Andis a un niño con autismo

«Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?».

La insensible frase fue la respuesta que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, el niño con autismo que es activista y concientiza sobre el trastorno, durante una reunión que tuvieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en medio de los recortes que están afectando a las personas con discapacidad, que ven sus tratamientos demorados, postergados o directamente suspendidos por el ajuste y la motosierra del Gobierno de Javier Milei. 

El diálogo, que Marlene y Ian revelaron esta semana, se produjo en marzo de 2024, cuando Spagnolo hacía poco más de dos meses que había asumido al frente de la Andis. Para muestra falta un botón: en aquel encuentro el funcionario libertario desplegó un sinfín de frases violentas, desafortunadas y agresivas para la población a la que, se supone por su cargo, debería proteger. 

“Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”, le dijo a Marlene. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos, no?”, añadió el funcionario en el encuentro, que la madre de Ian Moche reconstruyó durante una entrevista. 

La situación de las personas que viven con discapacidad y requieren tratamientos se ha agravado desde la asunción de Milei. Al recorte de prestaciones se suma la complicación de los traslados, ya que los transportistas privados prácticamente no recibieron aumentos, lo que complica la logística de una población por demás vulnerable. 

La mamá de Ian explicó qué fue lo que pasó: “Tuvimos una charla bastante larga, de más o menos media hora, el año pasado. Esto fue en marzo, después de dos meses de que habían asumido, porque no sabíamos quién iba a quedar a cargo. Pensamos que iba a ser una persona con sensibilidad. Porque creo que hoy tenemos que hablar de sensibilización”.

“Yo creo que el Gobierno de Milei lo que quiere es desentenderse de las personas vulnerables. Las personas con hambre, con discapacidad, con menos recursos. Y esta fue la frase que nos dijeron: que no nos podían seguir sosteniendo”, añadió.

Según explicó, Spagnuolo les dijo que las familias tenían que “lograr que las empresas los contraten”. “Eso sería lo ideal, claro. Pero la verdad es que eso no sucede. Apenas están adaptadas las calles para que una persona en silla de ruedas pueda circular, y ni hablar de otros tipos de discapacidad”, afirmó.

Y añadió: “No nos volvimos a reunir con el director de la ANDIS porque, después de eso, ¿qué más se puede hablar? Ellos pretendían que el país se llenara de empresas privadas que contrataran gente con discapacidad. Ahora están auditando a las personas con discapacidad”.

“Me hubiera gustado mucho que esta crueldad que se ejerció, auditando a todas las personas con discapacidad el mismo día, se hubiera hecho de otra manera. Esa auditoría tendría que haber sido humanizada. Tendría que haberse usado para construir una base de datos. Para que si, por ejemplo, se extravía una persona con autismo o Alzheimer, exista un registro para poder encontrarla rápido”, finalizó.

A los transportistas para discapacidad les pagan $541 por km cuando deberían ser $1.400

Sin aumento en seis meses, los transportistas de discapacidad dicen que ya no pueden sostener el servicio. La Asociación Colectivo 3 de Diciembre, que reúne a los conductores, advirtió sobre el colapso del sector debido a que el arancel por kilómetro ya no cubre los costos básicos de operación.

Ana Cigueres, transportista y tesorera de la organización, detalló que el valor actual del kilómetro ($541) es el más bajo en la historia del servicio y apenas alcanza para cubrir un tercio de los gastos reales. «Para que el trabajo sea sostenible, el arancel debería ser de $1400 por kilómetro, un ajuste que venimos reclamando sin respuesta», afirmó.

La falta de actualización de los aranceles obliga a los transportistas a recortar viajes, lo que afecta directamente a las personas con discapacidad que dependen de estos traslados para asistir a terapias, escuelas o centros de día. «Muchos conductores deben buscar otros ingresos, pero los horarios de traslado son extensos y no permiten otro trabajo formal», explicó Cigueres.

A esto se suman los constantes atrasos en los pagos por parte de las obras sociales. «Estamos en junio y aún no liquidaron servicios de meses anteriores», denunció.

Ante la falta de soluciones, la asociación evalúa reducir la frecuencia de los viajes para priorizar los casos más urgentes y proponer un aporte voluntario a las familias que puedan colaborar, sin que sea obligatorio.

«Necesitamos que el arancel se ajuste al menos a $1.200 por kilómetro o el sistema colapsará», alertó Cigueres.

El Colectivo 3 de Diciembre hizo un llamado urgente al gobierno nacional: «El transporte para discapacidad es un derecho, pero también un trabajo que merece condiciones dignas. No podemos seguir subsidiando un sistema que nos excluye».

Javier Milei contra un niño de 12 años con autismo

El presidente Javier Milei publicó una historia en sus redes donde tildó de “el lado del mal” aIan Moche, un joven con autismo que reclama por sus derechos, y lo vinculó con Cristina Fernández de Kirchner. Así, la imagen del niño junto a la dirigente peronista fue usada para atacar al periodista Paulino Rodríguez, a quien acusó de “operar contra el Gobierno” y de estar “siempre del lado de los kukas”.

Apenas sucedió, el mensaje generó repudio y una ola de críticas en redes sociales, en medio del debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad que se tratará este miércoles en Diputados.

En los últimos días, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también se había manifestado al respecto cuando se desarrollaba una reunión con Ian y su madre, dijo que tener un hijo con discapacidad “es problema de la familia, no del Estado”.

“Conozco la angustia, la preocupación y el maltrato que viven las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante: esto tiene que ser ley”, expresó el diputado Daniel Arroyo. La propuesta suma tres dictámenes firmados y el apoyo de bloques como Encuentro Federal, el FIT, Coalición Cívica, parte de la UCR y Democracia para Siempre.

Desde el oficialismo, sin embargo, anticiparon su rechazo, al considerar que pone en riesgo las metas de déficit cero, y desde ANDIS lo calificaron como una propuesta “asistencialista y regresiva”.

Pese a esa postura, la oposición asegura contar con una mayoría amplia para aprobar la ley. No descartan, sin embargo, que el Ejecutivo recurra al veto presidencial. “Esta vez no tienen los votos para blindarlo, como hicieron con las leyes universitaria y jubilatoria”, advirtió Arroyo.

De ser aprobada, la norma garantizaría hasta diciembre de 2027 el acceso a derechos esenciales para personas con discapacidad, como salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. También incluye el fortalecimiento de los prestadores básicos, el cumplimiento efectivo del cupo laboral y beneficios fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad.

Emergencia en Discapacidad: las 8 claves de la ley que reclama el sector

En diálogo con la 750, Maidana señaló que “es muy importante que la opinión pública, la gente en general, sepa lo que está pasando con el colectivo de la discapacidad”. 

En un comunicado oficial, el Foro Permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad afirma que el Gobierno nacional “incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad”

Desde el Foro denuncian que “es inviable sostener los servicios destinados a las Personas con Discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas y que “es responsabilidad indelegable del Estado Nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida”, ya que “de no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de Personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”.

“Estamos apoyando la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la Cámara de Diputados va a tratar mañana. Convocamos a que estén allí para apoyar el tratamiento e incentivar a los diputados que vean más allá de algunos intereses políticos la realidad del colectivo de las personas con discapacidad que ven en riesgo el ejercicio de sus derechos”, concluyó el licenciado. 

¿Qué establece el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad?

·                     Regularización de pagos y actualización de aranceles: Se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.

·                     Reforma del sistema de pensiones no contributivas: El proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.

·                     Fortalecimiento institucional: Se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

·                     Transparencia y rendición de cuentas: El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.

·                     Compensaciones económicas: El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

·                     Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.

·                     Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: Se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.

·                     Cumplimiento del cupo laboral: Reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Aprobar la Ley de Emergencia en Discapacidad costaría 0,03% del PBI

El jueves pasado se realizó una movilización nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en reclamo contra los recortes presupuestarios, la falta de actualización de aranceles y la creciente precarización del sistema de atención. Según explicó en «Soy casta» la periodista Verónica González, especializada en temas de discapacidad: “Lo llamativo fue que no hubo operativo de seguridad. Se reclamó, entre otras cosas, por la actualización de los montos que perciben quienes trabajan en talleres protegidos, que hoy cobran apenas $28.000 por mes. Es una cifra irrisoria para alguien que necesita cobertura en salud, educación y transporte”, expresó.

Además, se exige la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, que regula cuánto deben cobrar los profesionales de apoyo por parte de obras sociales y prepagas. Desde diciembre de 2024 no se aplican incrementos y la última suba fue del 0,5%, muy por debajo de la inflación acumulada.

“Estamos viendo un retroceso. La discapacidad fue trasladada a la órbita del Estado como una cuestión asistencial y no como un tema social y de derechos. El incumplimiento del cupo laboral del 4% de personas con discapacidad es otra prueba: estamos en apenas 1,4% en el sector público”, explicó González.

La situación se agravó desde fines de 2023. Las pensiones no contributivas, los pagos a prestadores y la aprobación de tratamientos comenzaron a sufrir demoras prolongadas debido a que el gobierno nacional mantuvo pisadas las transferencias alegando la necesidad de realizar antes una serie de auditorías. Además, se señala una falta de diálogo con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dirigida por Diego Spagnuolo.

Con un costo fiscal de $ 4 billones, la Ley de Emergencia en Discapacidad sería vetada

Por Roberto Pico

El costo fiscal del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que se debatirá el próximo miércoles en el Congreso Nacional sería superior a los $ 3,6 billones y, en consecuencia, en caso de ser aprobado sería vetado por el presidente, Javier Milei.

La posición oficial que orienta la decisión que tomará el Poder Ejecutivo fue fijada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un comunicado que emitió al momento en que la iniciativa tuvo dictamen para ser tratada en el recinto.

“Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, sostuvo el organismo. Esa definición adelanta que Milei lo rechazará.

Pero al margen de las condiciones puntuales del programa, el veto estaría sustentando en el gasto que le imprimiría al erario público el proyecto en debate.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisó que la reforma implica un costo de entre 0,22% y 0,42% del PIB, que equivale a $ 1,9 y $ 3,6$ billones.

Si tenemos en cuenta que el Gobierno decidió elevar la previsión de superávit fiscal a 1,6% del PIB para 2025, la nueva ley absorbería un cuarto de ese saldo.

Si bien el proyecto abarca diferentes segmentos, el más exigente para las cuentas públicas es el referido al de incorporaciones al sistema de nuevas pensiones.

Para este punto, OPC proyecta dos escenarios a partir de la propuesta en discusión: 1) de base (personas que ya poseen Certificado Único de Discapacidad, pero no disponen de pensión por invalidez) y 2) ampliación de demanda (personas que podrían cumplir con la nueva definición de invalidez con o sin CUD y no tienen pensión por invalidez).

De esta distinción surge un potencial incremento de entre 493 y 946,000 nuevos beneficiarios, respectivamente. Con estos nuevos universos se calculó el costo fiscal de 0,22% y 0,42% del PIB, para cada uno.

OPC aclaró además que el número base de 493 mil es una estimación “conservadora” dado que considera posible que muchas personas consideren pedir su beneficio a partir de la sanción de la ley.

El segundo escenario parte del supuesto “de que la creación de una nueva pensión compatible con ciertos niveles de ingreso y con el empleo formal podría generar incentivos para que una parte de la población con discapacidad, hoy no identificada en el sistema por falta de documentación oficial, inicie el trámite para obtener el certificado con el objetivo de acceder al beneficio”.

Por otro lado, por la compensación extraordinaria a prestadores se estima un costo de $ 277.349 millones, para emparejar la diferencia entre los aranceles actualizados y la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Esto significa un gasto de 0,03% del PIB.

En el caso de la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estimó que el Ministerio de Economía deberá girar $ 7.160 millones, que equivale al 0,0008% del PIB.

A estos gastos verificables se le sumaría el que devengue del Programa Incluir Salud como cobertura médica. La oficina del Congreso estimó que se sumarían entre 187.000 y 376.000 nuevos usuarios, pero no emitió un cálculo debido a que depende del patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema de salud. Tampoco proyectó el costo mensual de la actualización de los aranceles por falta de parámetros técnicos definidos.

ANDIS sostiene que la iniciativa que debatirá el Congreso “lejos de plantear soluciones sostenibles, la propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían”.

E insiste que se propone “ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos”, con lo cual la calificó de irresponsable.

La versión oficial sostiene que en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez cifra que se elevó a 1.250.000 en 2023.

El Gobierno impulsó un plan de reempadronamiento que se realizó con muchas dificultades dadas las condiciones a las que se sometió a las personas que debían realizarlo.

Ante las argumentaciones oficiales, pero sin respuestas, las calles de todo el país se poblaron de manifestaciones para reclamar por la atención de personas con discapacidad dado el deterioro de las prestaciones y de los salarios de los profesionales.

Ese deterioro está fundamentado en que el nomenclador de las prestaciones y los salarios del personal de salud no fue actualizado desde en lo que va del año, pese a una inflación acumulada cercana al 13%.

«Idiota», «retardado», «imbécil»: eran algunos de las palabras insultantes. Ante las críticas de las organizaciones, el Gobierno dio marcha atrás y dijo en un comunicado que se trató de un «error», y frente al papelón el Gobierno anunció que retirará el documento. 

“Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, denunció entonces Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

“La discapacidad no puede esperar”

La Iglesia Católica, en particular su jerarquía, viene reiterando sus críticas por la situación social, pero también a la gestión política del país. Lo hizo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva el pasado 25 de mayo en el tedeum celebrado en la catedral de Buenos Aires y lo vienen haciendo muchos otros. El frente religioso se sigue mostrando activo para cuestionar las políticas oficiales, en particular cuando afectan a los “descartados” como solía calificar el papa Francisco a los pobres, a las personas con discapacidad, a los ancianos y a los migrantes ilegales. Ahora, los obispos católicos indicaron que “las personas con discapacidad no pueden esperar” y le pidieron al gobierno de Javier Milei que cumpla con su responsabilidad. 

Todo ello ocurre pocos días antes del anunciado encuentro en el Vaticano entre el presidente Javier Milei y el nuevo papa León XIV, previsto para el viernes 6 de junio, oportunidad en la que presumiblemente el mandatario argentino le extenderá a Robert Prevost una invitación para visitar la Argentina, tal como antes lo había hecho con el Papa Francisco.

Nuevo documento: demanda en favor de las personas con discapacidad

El viernes pasado, a través de un comunicado de su Comisión Ejecutiva, los obispos católicos argentinos se expresaron para afirmar que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, señalando que la realidad de las personas en esa condición “no es un cifra estadística” sino que tiene rostros muy concretos” e hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que aporte los recursos necesarios a fin de cumplir “con responsabilidad y eficacia” con una política pública” cuya prioridad es “ineludible”.

La declaración lleva la firma del presidente de la Conferencia Episcopal (CEA), el arzobispo mendocino Marcelo Colombo; de los vicepresidentes, el cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba) y César Fernández (obispo de Jujuy); y del secretario General del organismo, el obispo Raúl Pizarro.

El texto está encabezado por una cita bíblica de la epístola a los Corintios que dice que “cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él”. Y señala que “ante el desconcierto y desamparo de muchos hermanos y hermanas con discapacidad, los obispos de la Comisión Ejecutiva queremos hacernos cercanos a sus dolores e inquietudes y a las de sus familias”. A renglón seguido se agrega otra cita tomada de la declaración “Sobre la dignidad humana” del dicasterio (ministerio) vaticano para la Doctrina de la Fe que, con la firma del cardenal argentino Víctor “Tucho” Fernández, afirma que se trata de “una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre”.

Por eso los obispos sostienen ahora que “como discípulos de Jesús y su Evangelio seguimos convencidos de que es necesario que “rescatemos” a “la persona y su dignidad” para ponerla “en el centro de nuestros intereses, de nuestros servicios, y proyectos”.

En su análisis sobre el tema, los obispos señalan que “el acceso a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, se han vuelto inciertos y limitados”. Y agregan que “el esfuerzo cotidiano de las familias que los acompañan muchas veces se realiza en soledad, sin el reconocimiento suficiente de la sociedad ni el apoyo adecuado del Estado. Esta realidad no es una cifra estadística, subrayan, sino que “tiene nombres, rostros, historias; son niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena”.

Por eso, sigue diciendo: “nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Y, en consecuencia, “llamamos a la reflexión a quienes, desde el ámbito del Gobierno Nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea”.

La declaración es enfática al señalar que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias” porque “es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad”.

Retomando palabras ya expresadas por la Comisión Permanente de la CEA el 12 de marzo, los obispos de la Comisión Ejecutiva señalan ahora que “frente al dolor y la angustia de tantos hermanos y hermanas concretos deberían evitarse “actitudes y expresiones que lastiman, esos lenguajes despreciativos, por momentos no exentos de crueldad, que atentan seriamente contra aquella unidad que tanto necesitamos como pueblo, para ponernos la patria al hombro, para salir adelante”.

Los obispos finalizan su mensaje poniéndose “a disposición en cuanto podamos ser útiles desde nuestro lugar de servicio” y rogando a “la Virgen de Luján nos ayude a salir al encuentro de los que sufren para comprometernos con ellos”.

Fuentes: Página/12, Perfil

Para sellar la aceptación del ajuste y el horror fue y es necesario destruir a los sindicatos. Hoy asistimos al retorno a una nueva etapa de criminalización de toda acción gremial

Inició junio de 2025 marcado por aumentos de precios y tarifas que deterioran la calidad de vida, especialmente para quienes viven con ingresos fijos. A la par, crece el conflicto social, ejemplificado por la situación en el Hospital Garrahan, con bajos ingresos para los residentes y el personal de salud, o las luchas de familias con personas con discapacidad y de investigadores del CONICET, en un contexto de ajuste y recortes similares a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. A esas luchas se suman las derivadas de la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo desde que Milei asumió el gobierno, y cómo la política pública afecta a pueblos originarios y migrantes. La realidad de la situación macroeconómica devuelve un endeudamiento creciente para mantener el tipo de cambio y una baja artificial de la inflación, principal activo político del gobierno por sostener consenso electoral al tiempo que crece la resistencia popular.

Aumentos y conflicto

Los aumentos afectan la condición de vida, sobre todo de aquellos que perciben ingresos fijos, porque no hay actualización de ingresos. Es más, hay deterioro de esos ingresos recurrentes por el “ajuste fiscal” de la política económica. Junto con los aumentos de precios y ese deterioro de la calidad de vida, crece la conflictividad social.

Es visible la lucha en el Hospital Garrahan, expresión representativa de lo que pasa en muchos otros hospitales, nacionales, provinciales o municipales, con deterioros de ingresos de sus trabajadores/as, donde lo más visible es el bajo ingreso de las/os médicas/os residentes, que en la práctica son jóvenes profesionales en formación, prácticamente a cargo de la atención sanitaria de la población hospitalaria. Pero no son solo los residentes, son bajos los ingresos del personal de salud en su conjunto, médicas/os, enfermeras/os, enfermeros, camilleras/os, en fin, todo aquel que trabaja en la salud pública argentina.

Hay conflicto y demandas sociales por las familias que tienen personas con discapacidad que ven restringidos los aportes para tratamientos imprescindibles, mostrando la crueldad de la política pública. Están en lucha los investigadores del CONICET, de diversos Institutos de investigación y la docencia universitaria. Es coherente con la gestión de Donald Trump en Estados Unidos. Se trata de un un ataque a la universidad, a los institutos de ciencia y tecnología. Es una política que expulsa fuerza de trabajo científico intelectual, tanto en EEUU como en Argentina. La Argentina es un aliado incondicional de la política de Estados Unidos y por lo tanto Milei y Trump llevan adelante programas similares en materia de ajuste, de “motosierra”, de recorte al gasto público social, y por eso el recorte a la investigación. La universidad lo sufre y por eso los paros docentes, de investigadores del CONICET, en donde los estudiantes universitarios van sumándose a esa conflictividad.

Crecen los despedidos y la precariedad a todo nivel en el sector público y en el privado. Ya se han perdido en la gestión Milei, más de 200.000 puestos de trabajo, más de 40.000 en el sector público y el resto en el sector privado. La política pública afecta, principalmente el empleo y el ingreso de los sectores populares. Esa creciente conflictividad se condensa en las movilizaciones semanales regulares del movimiento de jubiladas/os, expresión de una lucha emblemática que agrupa la diversidad de la protesta social.

Macroeconomía y deuda

Por eso interesa revalorizar la situación macroeconómica, que no termina de estabilizarse.

El gobierno está forzando una baja de la inflación sobre la base de contener el tipo de cambio, para lo que hace todas las maniobras que sean necesarias para que el dólar se arrime a la base inferior de la banda de flotación, entre 1.000 a 1.400 pesos por dólar. El costo es gigantesco, ya que se realiza a cuenta de un endeudamiento muy fuerte.

La semana pasada se tomó deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares, operación realizada con residentes externos que ingresaron dólares a la Argentina y tomaron bonos que se pagarán en pesos en el 2030. El año pasado, 2024, la deuda en pesos, en dólares, en equivalente a la divisa estadounidense se acrecentó en 100.000 millones de dólares. El gobierno está capitalizando intereses de la deuda que toma en pesos y por lo tanto “patea la pelota” para adelante.

El problema será para el/los próximo/s gobierno/s. Es una lógica que se reproduce desde la dictadura genocida. Se trata del “pecado original” en materia económica, con el que se condicionó la transformación estructural y regresiva del capitalismo local. Hemos insistido que, todos los turnos constitucionales, desde 1983 en adelante, renovaron ese endeudamiento, salvo el efímero presidente Rodríguez Saá, que fue a una cesación de pagos declarada por el Congreso de la Nación, producto de la movilización popular, de las condiciones políticas que imponía la lucha social.

Por eso señalamos que este mes de junio comienza con incrementos de precios y tarifas, junto a medidas que contrarrestan esos incrementos en el índice de precios vía “política cambiaria”, deteriorando las condiciones de vida de la población, por lo que crece la lucha social.

La política de ajuste y reestructuración afecta a millones de personas y sin perjuicio del consenso electoral que viene disputando con relativo éxito el gobierno, lo que crece es la resistencia popular. Lo destacable es la articulación de esas diversas conflictividades, al tiempo que se construye una estrategia y propuesta política alternativa que supere el carácter de opción por el gobierno del capitalismo local.

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

¿Qué festeja el gobierno?

Con el triunfo de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, Milei y su entorno festejan. Saben que el triunfo no expresa la consolidación de su proyecto de país, sin claras vías de financiación y con varias facturas que tendrán que pagar al FMI por sus “favores” para llegar a las elecciones de octubre sin la economía estallada. También saben de la endeble adhesión popular a su proyecto, ya que el módico porcentaje obtenido entre la población en condiciones de votar -aun quedando como primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires- y la resistencia en las calles de sectores del pueblo hartos, no garantiza que tienen la vaca atada.

Son conscientes de la volatilidad del apoyo que recibieron y por esa razón, no perdieron tiempo tras las elecciones en salir a prohibir las huelgas, cerrar la UTI (Unidad de tareas de investigación) que debía investigar a Milei por el libragate, recrudecer la represión hacia quienes se movilizan y el ataque y persecución a los y las periodistas que trabajan para mostrar la trágica realidad que está atravesando nuestro pueblo. La ensañada represión hacia los y las jubiladas cuya resistencia, miércoles tras miércoles ante la pasividad de todo el arco político que solo atina a hacer declaraciones sobre tan grave situación, viene conmoviendo a cada vez más sectores de la población y ellos saben, porque conocen a nuestro pueblo, que es cuestión de tiempo para que esto traiga cola.

Lo que festejan es haber ganado la conducción de las fuerzas de derecha y el derrumbe de las aspiraciones macristas al liderazgo. Su crecimiento se hizo a expensas de los votos del PRO que hizo su peor elección en 20 años. Es claro, nadie vota la copia teniendo el original a mano. Máxime si ese original les garantiza un dólar barato para salir de paseo y de compras al exterior, cómo hicieron casi 5 millones de turistas argentinos, gran parte de los cuales provienen de las comunas de la zona norte de la ciudad, en donde se impuso Adorni.

Las derechas en su conjunto perdieron unos 300 mil votos en la ciudad capital, en comparación a los recibidos en la elección a cargos legislativos de la ciudad del 2023, sin que ello vaya en desmedro de que la derecha siga hegemonizando la capital. Votos perdidos que, mayoritariamente, fueron de los sectores más pobres, que engrosaron el inédito 47% de la población que dio sus espaldas a las urnas.

El resultado de Adorni resulta aún más módico si se considera que para la campaña, contó no sólo con su militancia (escasa al punto que debieron pagarles a varios de los asistentes al acto de cierre), sino con la cancha inclinada a su favor gracias al empresariado, al FMI -que llamó explícitamente a votarlo-, a la justicia -que ignoró las medidas inconstitucionales y la corrupción de los hermanos Milei-, así como el favor de los principales medios de Comunicación.

Que la derecha se haya presentado en CABA dividida entre por lo menos seis listas, no supone su fragmentación y debilitamiento. Las elecciones funcionaron como unas PASO para medir sus fuerzas. El programa común ya lo tienen y es el que está aplicando Milei con su apoyo: aplastar toda lucha y organización popular, acabar con los restos de las conquistas obtenidas por el pueblo en el último siglo, liquidar la industria considerada “ineficiente”, reorganizar la economía alrededor de la exportación de materias primas (gas, petróleo, litio, minerales y cereales), abrirle la puerta a los narcos y sus dólares, avanzar en la sumisión colonial hacia los EE.UU y sumirnos en la idea de que somos un pueblo derrotado. Todo lo que no se ajuste a esta política de fondo es catalogado de “zurdo”. Sobre estas coincidencias de objetivos, pueden decirse cualquier barbaridad sin que la sangre llegue al río. Basta recordar lo que se decían Milei y Patricia Bullrich para las elecciones del 2023.

Abstención electoral, un terreno en disputa más allá de lo electoral

Lo más importante de la elección en CABA, corroborando lo sucedido en las elecciones provinciales anteriores, fue la alta abstención. Hay que ser cautos con este porcentaje. En toda elección hay alrededor de entre un 20 y un 25% que no vota. Sea por desinterés, sea por motivos ocasionales como enfermedades, viajes u otros factores. Pero en esta ocasión, hubo otro 20 % que decidió pegar el faltazo, sin interés en votar.

¿Degradación de una supuesta conciencia cívica, o agobio ante la penosa situación económico-social, un sobre-empleo que se calcula en el 28,4% de la población trabajadora y una carencia total de perspectivas de cambio? ¿Qué motivaría a concurrir a las urnas para elegir candidatos que, se siente, nada tiene que ver ni con los problemas del pueblo ni con las soluciones a los mismos y no estarán obligados por ningún mandato popular, en una democracia con la que, ya se sabe, “no se come, no se educa ni se cura”?

Esta actitud no tiene valor político por sí mismo –ni a izquierda ni a derecha-, sino abre un campo de disputa. La derecha interviene alentando la antipolítica, para que la política sea atendida sólo por sus dueños, el poder económico. El progresismo, incapaz de concebir otro régimen político que dé respuesta a la insatisfacción creciente, cae en responsabilizar a la gente por su falta de participación.

Para las izquierdas, se abre la posibilidad de valorar el núcleo de verdad encerrado en la ajenidad de la política respecto al pueblo, para trazar una otra política posible -cotidiana, en todos los terrenos, que no escinda lo político de lo social ni se despliegue sólo ni principalmente en lo electoral- e irreductible a las instituciones políticas del sistema, a las que habrá que reemplazar so pena de perder los derechos democráticos más elementales. En la que el comer, curarse y educarse sean una realidad, potenciando las iniciativas y la organización colectiva, desde los valores solidarios y democráticos del pueblo, que ni este ni otros gobiernos lograron destruir.

De no intervenir en esta disputa abierta, la abstención se consolidará como funcional a las derechas.

El peronismo en su laberinto

El peronismo mantuvo aproximadamente su caudal electoral. Sus perspectivas no se basaron en la conquista de nuevos sectores del electorado sino en la especulación de que el PRO no pierda tantos votos a manos de LLA. Para conquistar nuevos sectores hubiera sido necesario tener propuestas, de las que el peronismo –dado el agotamiento económico, político y social del progresismo neodesarrollista que encabezaron los Kirchner-, carece por completo. Permanece encerrado en el laberinto de un utópico capitalismo con rostro humano, imposible en tiempos en que el capital global muestra su rostro más bestial y avanza hacia la destrucción de la vida en el planeta.

Tras el escrutinio, Leandro Santoro afirmó que “si la crueldad se puso de moda, no cuenten conmigo”. Tal vez no considera cruel el genocidio que está perpetrando el estado de Israel sobre el pueblo palestino ya que decidió formar parte del «Grupo parlamentario de “amistad (GPA)” con el Estado de Israel”.

Hace ya muchas décadas, Mucha agua corrió bajo el puente desde los tiempos en que la mayoría de los trabajadores sintetizaba su conciencia de clase en su condición de peronista. Hoy día, miles de compañeros y compañeras del pueblo trabajador están condenados a ir tras un empleado de fondos buitres como Sergio Massa o a un alfonsinista devenido albertista como Santoro, por nombrar sólo a algunos. No se trata de invitarlos a ser parte de otros armados políticos, así sean de izquierda, sino a ser protagonistas de una nueva alternativa del pueblo trabajador, en nuevas síntesis populares contra el capitalismo patriarcal y colonial.

Los resultados de la izquierda

El FITu ganó un legislador, aunque perdió una de las dos bancas que puso en juego y obtuvo casi 40 mil votos menos que en el 2023. Si bien no puede dejarse de lado la invisibilización que hacen de la misma los medios de comunicación y la diferencia abismal que hay entre el gasto en publicidad que pueden hacer los partidos del sistema, no puede obviarse que el resultado no se condice con la valía de los y las compañeras de esta alianza de izquierda ni con las posibilidades que, a pesar de las dificultades, existen en la actual situación.

Hay por lo menos dos cuestiones que ameritan un debate. En tiempos de desencanto y falta de perspectivas, haber puesto el eje de la campaña en “pegale a Milei y a Macri con la izquierda” resulta limitado. Quien sólo quería pegarles, recurrió al voto a Santoro. Pero lo más importante, ya es hora de poner en el debate público alternativas por la positiva, por izquierda y desde el pueblo trabajador, que se contrapongan a la única que en boca de Milei se plantea una y otra vez: enriquecer al poder económico como alternativa nacional, en una batalla cultural que viene librando casi sin contrincantes.

La otra cuestión no es menos importante, en tanto hace a quiénes pueden dar esa batalla. Una semana antes de las elecciones Myriam Bregman presentó su libro “Zurda” en la feria del libro. Las instalaciones preparadas para recibir a mil asistentes quedaron chicas, con varios cientos que quedaron fuera. Más allá de la valía de lo que representa la figura de Myriam, es destacable que, entre los presentes, no descolló la militancia partidaria, sino una cantidad de importante de de colectivos feministas, de DD. HH, de trabajadores, de la cultura, artistas e intelectuales de diversas tradiciones de las izquierdas, que dijeron presentes asumiéndose anticapitalistas y “zurdos”. Sin embargo, para la batalla electoral, los únicos actores considerados válidos son los cuatro partidos de la alianza. ¿No sería hora de ampliar la izquierda reconociendo esa multiplicidad de actores, así como de ampliar los horizontes, en las urnas, en la batalla cultural, en las peleas político-sociales cotidianas y en las calles?

Unos votos con mandato inapelable

Apenas dos días después de las elecciones en CABA, el presidente, junto a la mayor parte de su gabinete y de la dirigencia de la “oposición”, así como gobernadores y CEOS de las principales empresas, participaron de la Convención anual de AMCHAM, cámara que nuclea a las empresas de los EE.UU en Argentina. Allí Facundo Gómez Minujin, banquero del JP Morgan y presidente de AMCHAM, junto a Abigail Dressel, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, fueron quienes emitieron un voto inapelable respecto al rumbo del gobierno. No señalaron cómo prevenir nuevas inundaciones o incendios, ni cómo garantizar la comida para la población, ni cómo vivir con un sólo trabajo, ni como acceder a un techo, a la salud y la educación de calidad, sino ordenaron avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria. Lo mismo que ordenó el FMI y que fiscalizará que se cumpla.

Su voto es lo que vale y Milei, como buen “gatito mimoso del poder económico”, obedece.

Se torna cada vez más urgente y necesario contraponer construcciones de poder popular al poder que ejercen quienes nos despojan de nuestros derechos e intentan destruir nuestros sueños y deseos de un mundo sin miseria, sin pobreza, sin explotación, sin saqueos, sin opresión ni patriarcado.

Warren Buffet, dueño de una de las mayores fortunas del mundo, en un ataque de sinceridad afirmó: “claro que hay lucha de clases, pero mi clase, la de los ricos, es la que está librando esta guerra. Y la estamos ganando”.

Desde las peleas cotidianas, desde la organización popular, desde la convicción de que “nadie se salva sólo”, desde el acompañamiento a la pelea de los y las jubiladas, desde la defensa de los derechos democráticos amenazados, ganando las calles del lado de los y las que sufren, contra toda forma de injusticia contra nuestro pueblo, podemos dar vuelta la tortilla y ganar esta guerra, para que la riqueza que producimos socialmente, en vez de engrosar las cuentas de los millonarios, sea del pueblo trabajador. Y la humanidad y la vida en el planeta, se salven de la extinción y la barbarie.

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron un aumento para los médicos residentes. El sueldo se llevará de $ 800.000 a $ 1.300.000. Un incremento del 40%. Después de 14 paros entre junio y octubre de 2024. Desde mayo retomaron los paros al seguir sin respuestas. El conflicto continuará porque el 90% del resto del personal con representación gremial no recibirá ningún aumento y continuará la conciliación obligatoria. Sufrieron un recorte del 35% de sus salarios durante el gobierno de Javier Milei

De todos modos, los profesionales en formación dejaron en claro que no recibieron «ninguna propuesta salarial oficial» por parte del Ministerio de Salud, que ejerce como empleador directo de todo el personal. Esta situación se dio luego de que el organismo, conducido por Mario Lugones, difundiera en sus redes sociales un anuncio de aumento para el personal médico residente, quienes estaban en huelga por la creciente precariedad laboral y reclamos salariales.

Simultáneamente, añadieron que desde la Asamblea de Residentes se comunicaron siempre por los canales correspondientes y solicitaron que se mantenga ese mismo respeto en la transmisión de información. «Apelamos a que se respeten esas vías para transmitir la información, siempre en un marco de respeto«, señalaron dirigiéndose a las autoridades gubernamentales. También destacaron su compromiso con la transparencia y una gestión correcta de los recursos, aclarando que el reclamo no responde a intereses políticos.

Mediante un comunicado los residentes del Garrahan pidieron diálogo y respeto en la comunicación

En la misma línea, Azul Santana, médica en formación del centro pediátrico, cuestionó el comunicado publicado en redes sociales con el logo del hospital. «No nos llegó ningún comunicado oficial. Supongo que se refiere a una publicación en la red del hospital, que no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación«, explicó.

El mensaje no está firmado por nadie y no me parece un canal oficial. Por ahora, no tenemos ninguna oferta ni propuesta oficial para responder«.

Actualmente, el salario de los profesionales en formación es de $797.000 mensuales, que puede subir a $830.000 en el segundo año por un aumento “por mérito”. Pero incluso en el cuarto año, el último de la residencia, el sueldo no llega al millón. Santana detalló que trabaja entre 60 y 70 horas semanales, con guardias diarias y fines de semana, sumando un total de seis guardias al mes

Consultada sobre el monto anunciado en redes sociales por el hospital, que indica que los sueldos llegarían a $1.300.000 a partir del 1° de julio, prefirió no opinar debido a que no hubo ninguna comunicación directa ni oficial del hospital ni del Ministerio. «Cuando el ministro me llame personalmente, hablaré del tema con mis 254 compañeros«, respondió con cautela.

Vivo con $797.000 al mes y cualquier aumento me ayudaría, pero si dividís $1.300.000 por las 298 horas mensuales que trabajo, no llega a cinco mil pesos por hora por el trabajo que hacemos«.

Al terminar, Santana remarcó: «Para ser médica tuve que estudiar ocho años, obtener un título, una matrícula, rendir un examen de residencia y tener fortaleza emocional, física y mental para enfrentar las situaciones del hospital. No creo que mi hora valga $4.000«.

Repudio de los trabajadores

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan publicó un comunicado el domingo en el que repudia «los términos violentos y persecutorios» del mensaje que tuiteó la cuenta oficial del hospital, «retuiteada» por la cuenta oficial del ministerio de Salud de la Nación y «retuiteada» con comentario por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. 

«Solicitamos que pongan fin a las difamaciones y maniobras que intentan distorsionar la naturaleza del reclamo. No aceptaremos ningún tipo de persecución política, que nos remite a las más oscuras épocas de nuestra historia. El modo de resolver los conflictos es a través del diálogo, con propuestas concretas a corto y mediano plazo. Exigimos que las autoridades se manejen a través de los canales formales de comunicación directa, y convoquen a los representantes del equipo de salud y los trabajadores en lucha», sostuvieron. 

El mensaje de los trabajadores remarca que «la asfixia salarial ha llegado a un extremo tal que es la causa directa de la renuncia de cerca de 200 trabajadores de los distintos equipos interdisciplinarios, afectando la capacidad de respuesta que necesitan nuestros pacientes con enfermedades graves y complejas».

«Hasta el momento, continuamos a la espera de la notificación del día, hora y lugar de la audiencia que establece la Conciliación Obligatoria notificada por la Secretaría de Trabajo. Si al día martes 3/6, a las 13:00, al momento de la Asamblea Hospitalaria ya convocada, no hay novedades concretas sobre dicha audiencia, pondremos a consideración de la Asamblea retomar las medidas de fuerza«.

También interpelaron al Congreso de la Nación a que incluya en su temario el tratamiento del proyecto de una Ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario para el Garrahan «que contemple, además de una recomposición salarial inmediata, una salida estructural de fondo para la problemática de nuestra institución». «El Garrahan pertenece a la comunidad, defenderlo es una causa nacional. Nadie se salva solo«, postularon. 

El «anuncio» de aumento a residentes

El ministro de Salud, Mario Lugones, informalmente dio detalles sobre la mejora salarial que recibirán los profesionales en formación del Hospital Garrahan, luego de una semana de reclamos y paros por sueldos bajos y condiciones laborales precarias. Se enmarcan en la política de ajuste y reorganización del sistema de salud que impulsa el presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que desde el 1° de julio, los residentes pasarán a cobrar $1.300.000. Como detalló, el aumento será posible gracias al “ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia”, que comenzó a regir este domingo.

Siguiendo con el discurso del oficialismo, Lugones afirmó que “este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”. Además, apuntó contra sectores internos del sistema de salud y advirtió que los recursos del Estado deben usarse para el personal y no para la “militancia rentada”. (sic)

También, aclaró que la comunicación oficial del hospital se difundirá este lunes, ya que los domingos no están disponibles para realizar ese tipo de anuncios formales.

El Garrahan entra en fase «reciclaje», cierra salas y reubica pacientes: “Es muy grave y peligroso, pero no queda otra”

Por León Nicanoff

La falta de recursos humanos y materiales compromete prestaciones clave, afecta la atención de más de 28.000 pacientes anuales y pone en riesgo cirugías, trasplantes y la formación médica. El miércoles pasado, en asamblea, los trabajadores resolvieron implementar estrategias de emergencia.

Fuentes internas señalan que la crisis ya impacta en las grandes cirugías, como los trasplantes cardíacos, que se han reducido, y se refleja también en largas demoras, postergación de turnos y retrasos en estudios.

Aunque el Garrahan genera ingresos propios a través del cobro a obras sociales, actividades docentes e investigación, el 80% de su financiamiento proviene del Estado Nacional y el 20% del Gobierno porteño. Actualmente funciona con el presupuesto de 2023, sin actualización.

“No queremos financiar ineficiencias. La plata está, los recursos están, queremos que lleguen a donde tienen que llegar”, argumentó esta semana la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano. “Hoy se quedan en el medio, perdidos en burocracias, en curros, en intermediaciones que estamos evitando. Ya tenemos algunas soluciones y estamos buscando más”, agregó en medio de una jornada de protesta de los trabajadores, que no derivó en ninguna propuesta oficial. 

Los médicos residentes —con sueldos de $797.000, jornadas semanales de 60 a 70 horas y seis guardias mensuales de 24 horas— anunciaron que seguirían con las medidas de fuerza ante el ninguneo del gobierno nacional. 

“Hace más de un año que no tenemos respuestas del ministerio de Salud, que es nuestro empleador, mientras que nuestro sueldo está por debajo de la línea de pobreza”, denuncia Azul Santana, médica residente.

“Los pacientes están siendo atendidos por los médicos de planta, que asumieron también las funciones de los residentes, que somos unos 300 en total”, señala.

El deterioro salarial también alcanza a los profesionales con antigüedad. En el último año y medio renunciaron alrededor de 200 especialistas. Esta pérdida no solo afecta la atención médica, sino también la formación de residentes, en un hospital reconocido por su excelencia profesional.

“Reclamamos también por la pérdida de capital humano. El éxodo de profesionales con experiencia perjudica nuestra formación. Nosotros aprendemos viéndolos. Sin ellos, no tenemos práctica”, remarca Santana.

“El conflicto se resolvería si el Gobierno otorgara lo que corresponde, si reparte el dinero que los trabajadores merecen”, sostiene Santana.

El impacto no se limita a los pacientes y al personal médico. Los padres de niños con enfermedades críticas también padecen la crisis, con sobrecarga de angustia y dolor. Para muchas familias, el Garrahan es el último recurso: cuando fracasan los tratamientos convencionales y los diagnósticos no son alentadores, este hospital representa la última esperanza. 

El hospital realiza anualmente 610.000 consultas, 12.000 cirugías, 110 trasplantes, 2,4 millones de análisis de laboratorio y 180.000 estudios por imágenes.

Maira Anrrique, de Resistencia, Chaco, es madre de Donato, un niño de dos años y medio que fue tratado por leucemia. “Donato tenía seis meses cuando empezó con fiebre diaria, palidez y moretones. Lo llevábamos todos los días al pediatra, pero no encontraban qué tenía. Estuvo internado un mes sin diagnóstico. Recién cuando llegamos al Garrahan, en julio de 2023, nos dieron respuesta: al día siguiente nos confirmaron que tenía leucemia, y en estado grave”, cuenta.

“Lo internaron de inmediato y comenzó con la quimioterapia. Estuvimos seis meses internados. La atención fue impecable: nos daban las leches especiales, los medicamentos, las cremas. Yo estuve sola con él en una habitación individual todo ese tiempo, por sus bajas defensas. Todos los días pasaba la nutricionista. Los médicos estaban siempre, día y noche, los mismos profesionales. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos”, agrega.

Un caso similar vivió Melina Ríos, médica residente del hospital y tía de un niño que también fue tratado por leucemia. “Es muy angustiante. Estoy con mis compañeros y también sufro por las familias porque mi sobrino, de ocho años, se salvó gracias al Garrahan”, relata.

El hospital cuenta con un total de 587 camas, de las cuales 132 están destinadas a unidades de terapia intensiva. Dispone de 20 quirófanos, 200 consultorios y sectores específicos para Trasplantes, Neonatología, Unidad de Quemados y el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico. También alberga el único servicio público de Radioterapia pediátrica, equipado con un acelerador lineal.

Actualmente, se realizan alrededor de 450 consultas por día. En el área de internación hay unos 250 pacientes pediátricos, mientras que en las terapias intensivas se encuentran internados 110 niños con enfermedades de alta complejidad, informaron profesionales del Garrahan en distintos medios durante esta semana.

“Es absurdo lo que hacen, el único objetivo que tienen es pisotear y humillar al trabajador. Todos pensaban que no se iban a meter con el Garrahan, y se metieron. Acá están internados nada más y nada menos que el futuro del país”, advierte la gremialista y enfermera Alfaro. 

“Estamos muy unidos hoy por hoy, pero la angustia es muy grande. Es muy triste y, si bien tenemos esperanza, también hay mucha preocupación”, lamenta la médica residente Santana. 

Renuncia masiva de profesionales y congelamiento salarial

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, también se refirió a la crisis: “Estamos interpelando a diputados, senadores, gobernadores y ministros de salud de todo el país para que se impulse un proyecto de ley o una ley de emergencia que garantice financieramente al Garrahan. Lo que está en juego es el pleno derecho a la salud de los niños y adolescentes que hoy se atienden y de quienes lo necesitarán mañana”.

En cuanto al argumento oficial de que “sobran trabajadores”, fue tajante: “Se necesita fortalecer, no achicar” y recordó que, durante el gobierno de Macri, el macrismo presentó en la embajada de Estados Unidos los números de atención de pacientes del Garrahan, y “desde la embajada se asombraron y aseguraron que son cifras de guerra, que iguala a la cantidad de asistencia de un hospital que atiende víctimas en medio de un conflicto armado”.

Para Lezana, presentar la inversión en salud como un déficit económico “es una falacia peligrosa”. Y concluyó: “Salud, educación y seguridad no son un gasto, son inversiones esenciales. No se puede aplicar la lógica del mercado a un derecho básico como la salud”.

El gobierno de Milei carga contra el Garrahan

El Gobierno intensificó su carga contra el Garrahan tras dictar la conciliación obligatoria. Advirtió que endurecerá los controles de ingreso del personal, remarcó que el personal administrativo está sobredimensionado y hasta los acusa de «ñoquis». Es que para Milei hay «empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo» y que «eso es lo que le quita recursos al hospital». Ante eso, lanzó: «Esta es la trampa que han generado los psicópatas de los kirchneristas».

El jueves por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó la gravedad de la situación que atraviesa el hospital de pediatría. “El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados. Hoy se está ordenando y priorizando el servicio”, aseguró Adorni al día siguiente de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria por 15 días.

Adorni también señaló que la protesta de los trabajadores del hospital no se debe al ajuste presupuestario, sino a la inminente aplicación de un sistema biométrico de control del ingreso de la planta laboral que “busca romper privilegios”, y dijo que “el Garrahan hoy tiene equilibrio financiero».

 “El Garrahan tiene equilibrio financiero y sus cuentas volvieron a estar en orden después de diez años en los que aumentaron 59% los cargos jerárquicos para favorecer a la propia política. Hoy hay dos empleados administrativos por cada médico”, remarcó en la conferencia oficial.

Mientras tanto, los médicos afirman que faltan trabajadores y los padres que atienden allí a sus hijos con cuadros gravísimos de salud, se desesperan.

¿Dónde está la CGT?

Detrás del conflicto salarial de los trabajadores del Hospital Garrahan aparecen un conjunto de sindicatos de perfil combativo. Gremios que desde comienzos de 2024 salieron a confrontar con el gobierno nacional.  La Confederación General del Trabajo (CGT) no es ajena a la escena: la mira de cerca y analiza acompañar los reclamos.

Por otro lado, se dedicaron a mostrar números que desmienten las afirmaciones de la funcionaria que fue la voz que eligió la gestión Javier Milei para hablar de la problemática. Por ejemplo, que los administrativos no son 900 sino 400. “Es imposible que un hospital solo funcione con médicos: hay operarios, administrativos, trabajadores sociales, nutricionistas. Muchos engranajes. Se quejó de que haya operarios: ¿Quiere que no haya una ropería para lavar las sábanas?”, expresó Lipcovich ante este medio.

“El martes habrá una asamblea general y si de acá al martes la conciliación que se planteó no establece una fecha clara de negociación con los representantes, las medidas de fuerza van a volver”, advirtió el dirigente. APyT apuntó que ya renunciaron 200 profesionales en lo que va del año ante el atraso de remuneraciones en momentos en los que el hospital se encarga de atender más de 600.000 consultas por año. La Asociación de Trabajadores de Sanidad de la Argentina (ATSA) del triunviro cegetista Héctor Daer, que nuclea a los empleados de centros de salud privados, está pendiente de lo que pasa en la entidad sanitaria de Parque Patricios y apoya la lucha. Sin embargo, como dicen desde los sindicatos del Garrahan ante este medio, quieren que la central obrera con sede en la calle Azopardo se involucre a fondo en el conflicto. A propósito, hubo una señal: desde el entorno de un peso pesado de la central indicaron que el lunes habrá una reunión del Consejo Directivo del principal colectivo sindical del país. De ese cónclave, puede surgir una definición: que se apoye la megamovilización del miércoles próximo que propone congregar a los trabajadores de la salud, científicos, jubilados y el feminismo. Es decir, habría un nuevo gesto de la CGT contra el Gobierno.

Médicos, científicos, universitarios y organizaciones feministas convocan a marchar con los jubilados al Congreso

El miércoles 4 de junio, organizaciones feministas, sindicales y sociales volverán a manifestarse desde las 16:00 en Plaza Congreso, en el marco del décimo aniversario de la histórica movilización “Ni Una Menos”. Se sumarán médicos, científicos y universitarios, entre otros.

Desde los médicos residentes del Garrahan hasta los científicos del Conicet, pasando por organizaciones feministas, varios son los colectivos que convocan el miércoles que viene a marchar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei acompañando la tradicional protesta de los jubilados.

La protesta también coincide con un intento clave de la oposición parlamentaria por sesionar en el Congreso. El miércoles se buscará aprobar una serie de proyectos sociales, entre ellos, la declaración de la Emergencia en Discapacidad hasta 2027, mejoras para jubilados, prórroga de la moratoria previsional y fondos de ayuda para municipios afectados por inundaciones. Además, se planea impulsar iniciativas vinculadas a la Universidad pública y al sistema científico nacional, en respuesta a las recientes movilizaciones masivas.

La reacción de Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció el viernes pasado en contra de las leyes que busca tratar la oposición el miércoles que viene porque consideró que buscan romper el equilibrio fiscal. “U$S 12.000 MILLONES DE DOLARES”, tituló su posteo. “Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)”, sostuvo.

“Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir. Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios; sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en la últimas elecciones locales que se fueron desarrollando”, añadió.

“No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”, advirtió.

Milei le saca presupuesto al Garrahan y a la Ciencia para aumentar partidas a seguridad e inteligencia

Por Sebastiàn Premeci

La administración Milei recortó el presupuesto en Ciencia y Tecnología en un 28%; los salarios de los médicos del Garrahan perdieron un 35% de capacidad adquisitiva. El programa oficial cierra con represión. 

El programa de miseria planificada de la administración Milei cierra con represión y el disciplinamiento de los trabajadores y trabajadoras tanto del sector privado como de las diferentes áreas del Estado nacional. Esto se traduce en millones de pesos destinados por la Libertad Avanza a financiar su fascismo en sangre. El ataque de cada miércoles a los jubilados es una marca de esa brutalidad. 

El Gobierno reprime para ejecutar un ajuste sobre los médicos del Hospital Garrahan y otros centros del país, para licuarle los ingresos a los jubilados y jubiladas y amedrentarlos con la quita de medicamentos. También para disciplinar a todo el sistema de Ciencia y Tecnología del país, que este miércoles 27 de mayo les recordó a las autoridades nacionales que “nadie se salva solo”.

Financiar el fascismo

El ataque de la Gendarmería al fotorreportero Pablo Grillo ocurrió el pasado 12 de marzo. Ese día, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó en la zona del Congreso de la Nación 1.266 efectivos distribuidos entre las diferentes fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria).

De acuerdo a lo detallado en el informe 142 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, el día de la represión que casi le costó la vida a Grillo (con un disparo de un gas lacrimógeno que pretendió silenciar al conjunto de la población), el Ministerio de Seguridad gastó 78.720.989 pesos solamente en combustible y equipos de apoyo. Recursos desperdigados en cartuchos 38.1 (Fabricaciones Militares), granadas de mano de hostigamiento, lanzadoras de menor letalidad marca Byrna y proyectiles para lanzadoras Byrna.

De ese total gastado por Bullrich, a la Policía Federal se le destinó 75 millones de pesos. Esto ocurrió en un solo miércoles de represión. Pero el fascismo sigue. Los recursos destinados a la Policía Federal no es un dato menor, teniendo en cuenta la enorme ampliación presupuestaria que tuvo esta fuerza según el DNU 186/25. Bullrich es el brazo armado de La Libertad Avanza.

*Defensa recibe más del doble de inversión que Ciencia y Tecnología (11% vs 5%)
*La SIDE recibió $33.000 millones adicionales, equivalente a todo el presupuesto anual del Hospital Garrahan
*Cada operativo represivo cuesta más de $70 millones, mientras los médicos del Garrahan perdieron 35,5% de su poder adquisitivo

Según las planillas anexas a dicho DNU, el Ministerio de Seguridad recibió varias ampliaciones presupuestarias. Entre ellas, 8.860 millones de pesos extras para los programas vinculados a “actividades centrales”. De ese total, 3.800 millones están bajo la categoría N.E.P, es decir, no especificados precedentemente. Opacidad para la represión.

Después se le asignó otros 69.969 millones de pesos para el programa “asuntos penitenciarios”, de los cuales 39.700 no tuvieron asignación específica. Este es otro dato relevante, teniendo en cuenta que Bullrich, tras su paso como funcionaria de la gestión Macri, utilizó el sistema penitenciario para montar toda una red de espionaje. Dentro de este compendio, la Policía Federal recibió un presupuesto extra de 16.429 millones de pesos.

La financiación del fascismo también incluye el espionaje, donde se destaca la ampliación presupuestaria para la SIDE. Durante 2024, la Secretaría de Inteligencia recibió un presupuesto de 48.256 millones. Según el DNU 186/25, el órgano de persecución que utiliza Milei para hacer inteligencia interna – algo prohíbo por ley- recibió un extra presupuestario de 7.366 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones figuran como “gastos reservados”. Para este año, en total serían 56.000 millones de pesos.

“Solo con los 33.000 millones que Milei le giró a la SIDE como adicional en los primeros 4 meses de 2025 se cubre todo el presupuesto anual del Garrahan. Sí hay plata, lo que no hay son prioridades”, argumentó a través de sus redes sociales el diputado por Encuentro Federal, Nicolás Massot.

La administración Milei ya marcó sus prioridades. De acuerdo a lo informado por Jefatura de Gabinete en su documento 142 ante la Cámara de Diputados, este año la inversión pública llegaría a tan solo el 0,6% del PBI. “Los principales sectores a los que será destinado el gasto de inversión son: energía, combustibles y minería (18% del total), vialidad (15%), transporte (12%), defensa (11%), agua potable y alcantarillado (10%), relaciones exteriores (6%), y ciencia y técnica (5%)”, puede leerse en el documento rubricado por Francos.

El gasto en defensa más que duplica la inversión en Ciencia y Tecnología. Esos recursos, bajo la gestión del ministro Luis Petri, también serán destinados para utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior como ya puede apreciarse con el llamado “Operativo Julio A. Roca” y el Plan Güemes.  

Los palos de Milei

La administración Milei no solo duplicará este año la “inversión” en Defensa en detrimento de la Ciencia y la Tecnología, sino que también mantendrá los beneficios fiscales a grandes empresas, como es el caso de Mercado Libre, propiedad de Marco Galperín, radicado en Uruguay para eludir en el pago de impuestos en el país. Según declaró la misma empresa ante la SEC (el regulador del mercado de los Estados Unidos), durante los últimos tres años recibió exenciones fiscales por 250 millones de dólares.

Mientras avanza la represión y el beneficio a empresas amigas, Milei sigue disciplinando a científicos, trabajadores, jubilados y médicos. En los últimos días, la administración de La Libertad Avanza incrementó su ataque hacia el Hospital Garrahan.

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios de los médicos del Garrahan cayeron, en términos reales, un 35,5% desde noviembre de 2023 hasta mayo de este año. En mayo de 2025, percibieron apenas 994.113 pesos.

El disciplinamiento vinculado a los principales hospitales del país parece haberse ejecutado por goteo. El año pasado, el caso testigo fue el Hospital Español. Pero hubo otros casos emblemáticos. De acuerdo a la información oficial, el año pasado el Gobierno nacional echó a 117 médicos de los principales hospitales bajo su gestión.

Los casos más llamativos fueron el Hospital de salud mental “Laura Bonaparte”, con 10 despidos, seguido por el Posadas (25), el Hospital Dr. Rene Favaloro Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC (94) y el Garrahan, con 28 despidos y más de 100 médicos que se fueron por la cuestión presupuestaria.

La transferencia de recursos también afecta a todo el sistema de Ciencia y Tecnología. En lo que va de 2025, el presupuesto ejecutado en Ciencia y Técnica es el más bajo desde 2006. De acuerdo a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el primer cuatrimestre de este año, el Gobierno ejecutó un 18% menos de presupuesto para el Conicet que en el mismo período de 2024.

Según el Observatorio de Economía Política (OEP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el sistema científico perdió más de 1.200 trabajadores. “Se suspendió toda la financiación de las actividades científicas. No hay fondos para reactivos de laboratorio, insumos ni para mantener los servicios mínimos de los centros científicos, como la limpieza o la seguridad”, indicaron desde el OEP.

Según el Presupuesto nacional, la función Ciencia, Tecnología e Innovación recibirá 392.000 millones de pesos, cuando el año pasado fueron 486.649 millones, mientras que en 2023 se habían destinado 545.760 millones. La caída es de un 28%. Como sostuvo el diputado Massot, al Gobierno de Milei le fallan las prioridades, cuando su administración pretende eximir del pago de impuesto a empresas del sector privado por más de 200.000 millones de pesos.

El proceso de miseria planificada también les llegó a los docentes universitarios, con una merma de su capacidad adquisitiva del 27%, según los datos analizados por el CEPA.

Cada miércoles, el Ministerio de Seguridad despliega más de 1.000 efectivos de las diferentes fuerzas federales, con un gasto que supera los 70 millones de pesos para el pago de combustibles y los llamados equipos de apoyo.

Represión tras represión, la administración Milei incrementa los recursos para financiar su fascismo en sangre. Mientras tanto, los jubilados siguen perdiendo cada vez más: los haberes con bono en el trimestre abril-junio de 2025 se ubican un 15,7% por debajo del último trimestre del gobierno anterior, según concluyó un trabajo del CEPA.

«Por primera vez tuvimos que cerrar una sala de internación»

En medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, el jefe de clínicas de cuidados intermedios del establecimiento, Pablo Puccar, alertó que es la primera vez en sus 20 años de trabajo como médico de la institución que ve «cerrarse una sala» de internación «por falta de personal para atender a sus pacientes». También advirtió que se tuvieron que «limitar los ingresos» al hospital y calificó la situación como «una desgracia».

«Nunca en mis 20 años de vida, y lo dice también mucha gente que fundó el hospital, nunca vimos que se cerrara una sala de cuidados intermedios por la falta de personal para atender a sus pacientes», dijo Puccar. El médico explicó que «no se llegaba a cumplir» con la guardia mínima de 2 personas por cada 36 pacientes internados graves y que por eso se tomó la decisión de cerrar una de las salas de cuidado intermedio. «Tuvimos que cerrarla y juntarla con otra», agregó.

Tras esa medida, el jefe de clínicas contó que se tuvieron que «limitar los ingresos» de internados, lo cual describió como una situación «muy grave». «Atendemos 600 consultas diarias y muchos necesitan ser internados. No sé si hubo derivaciones a otros centros. Esto es una desgracia, no sé cómo explicar la dimensión», señaló.

En ese sentido, se lamentó porque «muchos chicos necesitan internarse para comenzar sus estudios y continuar su tratamiento» pero que ayer no pudieron ser ingresados. «Esto es una escala para atrás. Tenemos derivaciones de provincias. Esta cadena empieza a fallar», se quejó, y recordó que en el Garrahan se atienden 40% de los pacientes oncológicos del país.

Marcha de velas en defensa del hospital Garrahan y contra el ajuste libertario

La Asamblea de Residentes del Garrahan continúa la lucha contra el vaciamiento del hospital que lleva a cabo Javier Milei y convocó para este lunes a las 18 a una marcha con velas en el Obelisco. «Estamos muy seguros de nuestra lucha, nuestro trabajo es muy importante y buscamos un salario digno», dijo Guillermo Alegre, residente de tercer año de Pediatría en el Garrahan. Por su parte, el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein criticó a la administración libertaria y aseguró que “manipula las cifras para dar a entender que el problema del Garrahan es otro».

“Traé una vela y un corazón violeta de papel o de tela como símbolo de defensa del Hospital Garrahan”, pidieron desde la Asamblea de Residentes para convocar a la marcha del próximo lunes, que dará continuidad al plan de lucha para resistir el ajuste del gobierno de Milei y exigir la recuperación salarial de los trabajadores del hospital. “Nos unimos en una jornada pacífica, simbólica y colectiva. Encendemos una vela por cada niño que llega a nuestra institución, por cada mañana que nos colgamos el estetoscopio, por cada guardia sin dormir, por cada abrazo con esas madres, por cada médico que asiste”, agregaron en la publicación.

«La idea es continuar demostrando nuestra unidad», dijo Guillermo, uno de los convocantes de la movilización. «Nuestro trabajo es muy importante y buscamos un salario digno porque lo merecemos. Hicimos ceses de actividades durante dos semanas, después una marcha que fue multitudinaria, y ahora invitamos a quien quiera sumarse», sostuvo y aseguró que «quien no pueda venir porque vive en otra provincia, o le queda a contramano o trabaja en ese horario», puede adherir a través de las redes -en ‘asamblearesidentesgarrahan’ en Instagram, ‘resisgarrahan’ en X y ‘residentes.garrahan» en TikTok’- con una foto con una vela, una linterna o un corazón violeta que simboliza los colores del hospital.

Durante la semana, Milei había asegurado que el conflicto en el Garrahan se debía a presuntos «administrativos dibujados por el kirchnerismo que le quitan los recursos al hospital» y a que su Gobierno había «desactivado curros». «Se le ha girado una cantidad récord de recursos», dijo el presidente y criticó que se haya «politizado» el reclamo, aunque admitió que hay una «situación sensible». “¿Ustedes están de acuerdo con que haya ñoquis que le filtren recursos a empleados que no trabajan?”, preguntó y denunció una presunta “trampa que generaron los psicópatas de los kirchneristas», dado que «inventan curros en torno a lugares sensibles, entonces cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible”.

Pero las críticas al presidente llegaron desde otros ámbitos, incluso el ex ministro Rubinstein lo cuestionó por la grave crisis que atraviesa el Hospital Garrahan y alertó sobre las consecuencias del desmantelamiento del sistema de salud pública de la Argentina que lleva adelante La Libertad Avanza. “Se han manipulado estadísticas. Dicen que hay más administrativos que médicos, pero en realidad hay alrededor de 1.500 enfermeros, 1.500 residentes y 500 médicos. Además, bioquímicos, auxiliares y técnicos, que cumplen funciones fundamentales en el hospital”, argumentó el ex funcionario de Mauricio Macri. 

Rubinstein aseguró que “es un hospital que atiende a chicos de todo el país, incluso de familias con obras sociales que no cubren ciertas prestaciones”. “La gente aún no dimensiona su importancia”, remarcó y cuestionó al gobierno de Milei por otras medidas que ha tomado en materia de salud, como la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Salir de la OMS implica quedar fuera de la conversación sanitaria global, en un mundo amenazado por futuras pandemias, cambio climático y desarrollos como la inteligencia artificial”, alertó el exministro y rechazó el alejamiento de Argentina de acuerdos internacionales como el Tratado Pandémico Global. «No creo que esa decisión sea gratis, nos aísla y debilita nuestra posición frente a desafíos sanitarios globales», completó. 

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, Tiempo Argentino, El Destape, Página/12

A 49 años de su desaparición forzada, la figura del cineasta sigue encendiendo pantallas, conciencias y voluntades

Cada uno a su modo, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y los Kirchner lograron afirmarse en el gobierno e inaugurar grandes ciclos de reforma mediante un ejercicio decisionista y crudo del poder. Componedores y titubeantes, en cambio, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández fracasaron. Claramente inscripto en la primera genealogía, Javier Milei consiguió, en el breve lapso de tres semanas, levantar el cepo y ganar las elecciones porteñas, y cinco días después anunció un plan para incentivar los gastos en dólares y el decreto que limita el derecho a huelga. El éxito de estas operaciones, refrendado por las encuestas de opinión pública, confirman una idea sobre la que venimos insistiendo desde hace tiempo: no se puede gobernar Argentina desde el centro. En un país que es un cementerio de los moderados, hay que pararse en un borde.

Situado entonces en el extremo de la galaxia, Milei decide. Y con cada decisión toma riesgos: el cepo, por caso, se había convertido en un límite al crecimiento económico que sin embargo parecía muy difícil de evitar; incluso Macri, tras eliminarlo al asumir la Presidencia, se vio obligado a reponerlo en los caóticos meses finales de su gestión. Aún con el refuerzo del Fondo, la decisión de Milei entrañaba el riesgo de una devaluación descontrolada o una fuga masiva de depósitos en dólares –o las dos cosas a la vez–. Del mismo modo, la estrategia de presentar boleta propia en las elecciones de la Ciudad, rehuyendo posibles alianzas con Macri y Ramiro Marra, también suponía un peligro, en este caso la división del voto anti-peronista. Pero ambas decisiones salieron bien: hoy el gobierno puede mostrar que el dólar sigue planchado en un mercado de cambios sin restricciones y se dispone a negociar con el macrismo las listas de la provincia de Buenos Aires desde una posición de fuerza, mientras decide, guiado sólo por su conveniencia, qué esquema de alianzas adoptará en cada distrito.

El éxito de Milei pone en cuestión un deseo que desde su llegada al poder circula con fuerza en algunos sectores de la elite económica y del establishment político, que festejan los logros macroeconómicos de la gestión pero cuestionan la prepotencia del estilo presidencial y su notorio desapego institucional. En la apertura de la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), su presidente, Facundo Gómez Minujín, señaló: “La lucha contra la inflación, la eliminación del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario son pasos fundamentales”; pero agregó que “debemos fortalecer la transparencia, la independencia de poderes y la calidad institucional” (1). 

El sueño de un gobierno económicamente ortodoxo y políticamente republicano es un sueño que nunca termina de concretarse. De hecho, las otras dos reformas neoliberales de nuestra historia –la de Martínez de Hoz y la de Menem– también se desarrollaron de manera muy diferente a este mundo ideal a lo Fernando Henrique Cardoso. Fueron “neoliberalismos sucios”, ensombrecidos por la represión de la dictadura y por el tinte plebeyo que le imprimía el menemismo. En versión exacerbada siglo XXI, Milei combina estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal con ataques destemplados contra la oposición y la prensa y un uso muy agresivo del humor. Es asertivo: “ñoños republicanos” es una etiqueta fenomenalmente exacta para definir al macrismo, que remite a la “La mafia del bien” de Jorge Asís. La invectiva presidencial podrá gustar más o menos, pero hay que entender que no son bombas de humo, trucos que Santiago Caputo urde en sus laboratorios digitales para “distraer” la atención del impacto de sus políticas, porque una de las innovaciones de este gobierno es que, lejos de esconder el ajuste, lo grita. La fórmula que combina neoliberalismo económico con batalla cultural define un nuevo modelo de gobernabilidad que por ahora funciona: el hilo rojo que conecta a Luis Caputo con el Gordo Dan.

Si Marcos Peña tendía a moderar a Macri, si en algún sentido lo “mejoraba”, Santiago Caputo radicaliza a Milei. El resultado es un gobierno hiperquinético, desprovisto de cualquier escrúpulo, que siempre está yendo al choque. Tiene un costado pragmático, por supuesto, pero a menudo se niega a admitirlo, como sucede con la Asignación Universal por Hijo. En efecto, al mismo tiempo que recortaba los planes sociales y los fondos para las cooperativas, el gobierno aumentó de manera sistemática el monto de la prestación, incluso en términos reales: la AUH debe ser el único ítem del presupuesto que le ganó a la inflación (157% de incremento desde diciembre de 2023, es decir 44,2% en términos reales). Si el dato no circula como debería es porque el mismo Milei se encarga de obviarlo en su comunicación pública, consciente de que resulta tan relevante para contener a los sectores más desfavorecidos como potencialmente irritante para parte de su electorado.

Es este pragmatismo el que le permite mantener una antena conectada con la sociedad. Más allá de sus desbordes, Milei es un líder de intuiciones profundas; por momentos, la sensación es que es el único político que habla de lo que la gente quiere escuchar: precios, “guita”, piquetes, ahorros. Y, claro, del dólar. Milei parece entender la importancia de la relación de los argentinos con el dólar. En su investigación sobre el tema, los sociólogos Mariana Luzzi y Ariel Wilkis demostraron que, además de su función como refugio de valor, el dólar se convirtió en una institución de la democracia argentina, en el sentido más básico de “institución”, es decir algo que sirve de orientación o referencia para tomar decisiones, modelar expectativas y pensar futuros. En el prólogo a la nueva edición del libro (2), los autores comparan el apego de los argentinos al dólar con el fanatismo de los estadounidenses por las armas, considerando ambas pasiones como una expresión de libertad individual: si la Asociación Nacional del Rifle, el lobby más poderoso de la sociedad civil estadounidense, logra imponerse cada vez que un político sensato, habitualmente después de una masacre, pide establecer alguna regulación, los argentinos recurren al dólar también como una forma de doblegar voluntades gubernamentales (Perón: “¿Quién vio alguna vez un dólar”; Sigaut: “El que apuesta al dólar, pierde”; Cristina: “Hay que pesificar los ahorros”). Armas humeantes, billetes crocantes… lo que ambos tienen en común –lo que justamente detecta la antena de Milei– es que son formas de ejercer la autonomía individual frente al Estado.

Milei delivers

En agosto del 2023, cuando obtuvo un sorprendente primer puesto en las PASO, publiqué en la web del Dipló un artículo en el que trataba de entender las razones del batacazo (3). Decía allí que la victoria de La Libertad Avanza expresaba dos cosas. La primera, más obvia, era el hartazgo de buena parte de la sociedad con el desempeño de los últimos tres gobiernos (el segundo de Cristina, el de Macri y el de Alberto), el rechazo profundo a una economía que no lograba crecer ni distribuir desde hacía una década, y el repudio a una configuración política –la grieta– que no le servía a nadie –salvo a sus protagonistas–. La segunda, más difícil de definir, era la parte del voto que no miraba al pasado sino al futuro. Milei como expresión de una voluntad social de reseteo profundo luego de años de parálisis gubernamental e impotencia gestionaria. En otras palabras, Milei no era sólo un instrumento de venganza –un puñal– sino también una expectativa –un deseo de shock–. 

El gobierno está satisfaciendo esta demanda de cambio. La primera acepción del verbo inglés “to deliver” es “entregar”; la segunda es intraducible, pero vendría a ser algo así como “cumplir”, sólo que con un matiz sutil, porque refiere al objeto indirecto de esa promesa: “le cumplió”. Milei, en este sentido, cumplió: había inflación alta, no hay inflación alta; había piquetes, no hay piquetes; había descontrol cambiario, no hay descontrol cambiario. Frágil como el ego de un adolescente, atado con el alambre finito de los dólares del Fondo, susceptible de volar por el aire en unos meses, el éxito del gobierno no es un invento de los medios ni una percepción social retorcida. Está ahí, al alcance de quien quiera verlo.

Así las cosas, no debería ser tan difícil entender los motivos del amplio apoyo social que conserva el Presidente: en un país en el que nadie resolvía nada, Milei solucionó –rápido– cuestiones básicas. Como en un restaurante fancy de Palermo, el menú de Milei es un menú acotado, dos o tres platos encarnados en sus respectivos responsables –economía (Luis Caputo), seguridad (Patricia Bullrich), batalla cultural (Santiago Caputo)–, que sin embargo resultan suficientes. Quizás no sea mucho, pero es más de lo que había. Lo mismo ocurrió con Menem, que pulverizó la inflación y relanzó el consumo y se quedó diez años; con Alberto Fujimori, que no resolvió un problema sino dos (la inflación y la insurgencia de Sendero Luminoso), y consiguió que los peruanos le perdonaran hasta un autogolpe, y es lo que explica la popularidad de Nayib Bukele, que mejoró drásticamente los índices de inseguridad en un país azotado por una violencia criminal endémica. En todos los casos, lo que consigue el líder es una solución rápida a un “problema difuso”–inflación, inestabilidad económica, inseguridad– que atraviesa clases sociales y realidades geográficas.

La estrategia política es clara. Milei, que en 2023 utilizó el apoyo logístico del peronismo para ganarle al PRO y luego se valió del respaldo del PRO para derrotar al peronismo, ahora busca doblegar al macrismo para enfrentar a Cristina. Ya dio el primer paso en las elecciones porteñas, arrebatándole a Macri su distrito de origen, como en el lejano 2005 había hecho Kirchner con Duhalde en la provincia de Buenos Aires (los paralelismos entre Kirchner y Milei –escasa legitimidad de origen, capacidad para “leer” la sociedad, ejercicio desnudo del poder, una cierta veta cruel– merecen una reflexión más profunda). 

En todo caso, el gobierno se consolida: la alianza bonaerense –más que una alianza, una anexión– con el PRO le permitirá construir un bloque de derecha unificado para enfrentar a un peronismo desnorteado y a la defensiva, que puede perder la elección provincial del 7 de septiembre incluso si logra superar la interna y presentar lista única. Cristina, candidata en la Tercera Sección Electoral, termina encerrada en un liderazgo menos que provincial, vecinal. El dominio siempre indiscutido de un pedazo cada vez más chico, un escalón más en el camino descendente de un peronismo extraviado, que viene de perder las seis elecciones provinciales que se disputaron hasta ahora (lo mal que estará el peronismo que los cuatro dirigentes con chances de renovarlo provienen de afuera del partido: Axel Kicillof, de las organizaciones de izquierda de la UBA; Juan Monteverde, de la militancia territorial rosarina en el partido Ciudad Futura; Juan Grabois, de los movimientos sociales; y Leandro Santoro, del radicalismo).

Concluyamos.

Convertido en el único sol del sistema político, Milei puede ganar las elecciones bonaerenses y con toda probabilidad las nacionales de octubre. Puede incluso beneficiarse de los bajos índices de participación que vienen exhibiendo los comicios en las provincias: un núcleo duro libertario flotando en un magma de partidos deshechos y decepción social. Esto, en el corto plazo. Porque en el largo, la abstención muestra que una parte de Argentina ni siquiera tiene interés en ejercer su enojo poniendo en el sobre una feta de salame o la cara de Clemente (algo que, dicho sea de paso, el nuevo sistema de boleta única hoy impediría). Si el voto bronca era un voto activo que buscaba expresar un rechazo, la abstención es el signo de una actitud más pasiva, pero más peligrosa: el repudio a todos –incluyendo al gobierno, que esta vez quedó del lado de adentro– y la deserción de una parte significativa de la sociedad del sistema democrático.

Notas:

1. https://www.infobae.com/economia/2025/05/20/facundo-gomez-munujin-presidente-de-amcham-no-alcanza-con-estabilizar-necesitamos-un-marco-que-permita-planificar-invertir-y-crecer/

2. Siglo XXI Editores, 2025.

3. “El puñal”, https://www.eldiplo.org/notas-web/el-punal/

Fuente: https://www.eldiplo.org/312-donde-esta-la-resistencia-a-milei/milei-desde-el-borde-de-la-galaxia/

Las compañías de electrónica acordaron con la UOM que al menos hasta fin de año las plantillas no se tocarán. Pero los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego rechazan las condiciones del acuerdo firmado entre la UOM y las empresas, que sólo garantiza los puestos de trabajo hasta fin de año. Exigen una asamblea general pública y critican el accionar del gremio, que intentó restringir el debate interno.

Las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegaran a un acuerdo en el que los trabajadores se comprometen a regresar al trabajo y las compañías no despedirán gente al menos hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan encontrar medidas paliativas que permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad en conjunto con todos los actores involucrados”, sostuvo la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman. 

La industria electrónica de Tierra del Fuego representa entre 30 % y 35 % del PBI provincial, aporta la mayor parte de la recaudación fiscal y sostiene más de 18.000 empleos directos e indirectos. 

Es la principal empleadora privada de la provincia y el mayor aportante al fisco provincial.

Por otro lado, ocho de cada diez componentes electrónicos de la industria automotriz nacional provienen de Tierra del Fuego, 7 de las 11 terminales automotrices trabajan con componentes fueguinos y la mayoría de los autos que se exportan tienen insumos industriales que fueron fabricados en las plantas del sur.

“El consumidor merece precios más bajos, pero hay muchos caminos para hacerlo sin destruir la industria nacional”, señaló Vainman. 

AFARTE propuso “seguir trabajando en la reducción del costo argentino, que es el que causa que hoy paguemos más caros todos los productos que consumimos -y no solo los celulares- en comparación con otros países”. 

“Las empresas que integran AFARTE están comprometidas con la inversión en investigación y desarrollo y la reconversión productiva de la isla de Tierra del Fuego”, sostuvo la ejecutiva.

Los trabajadores rechazaron el acuerdo firmado por la UOM

Tras casi diez días de paro, trabajadores metalúrgicos manifestaron su profundo descontento con el acuerdo suscripto entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector, el cual contempla la garantía de los puestos de trabajo solo hasta el 31 de diciembre. El malestar se agudiza por la forma en que el gremio intentó comunicar los alcances del pacto, convocando asambleas a puertas cerradas y restringiendo el uso de celulares dentro de las plantas.

En el caso de la planta BGH, el desacuerdo fue tal que el propio secretario general de la seccional, Oscar “el Zurdo” Martínez, debió retirarse del lugar luego de que los trabajadores se negaran a participar de una asamblea sin acceso libre. Ante esta situación, únicamente se procedió a la lectura del documento firmado.

El acuerdo, criticado por la base gremial, incluye cláusulas como: la reincorporación inmediata sin descuentos salariales, la suspensión de despidos sin causa y de ceses contractuales hasta fin de año, el establecimiento de una “paz social” en torno a los conflictos laborales, y la conformación de una mesa de diálogo para buscar soluciones sostenibles que aseguren la continuidad de la producción y los empleos.

Sin embargo, en todas las plantas los operarios rechazaron los términos del documento, considerándolos insuficientes y provisorios. Los trabajadores reclaman una asamblea general pública donde puedan evaluar colectivamente la posibilidad de continuar con el paro por tiempo indeterminado, ante lo que perciben como una falta de compromiso real por parte de la dirigencia sindical.

El clima de tensión persiste, los trabajadores no quieren conformarse y la distancia entre la conducción de la UOM y las bases parece profundizarse, en un conflicto que amenaza con extenderse si no se logra un nuevo canal de diálogo que represente fielmente las demandas de los trabajadores.

Trabajadores de la salud

Los trabajadores y trabajadoras agrupadas en el Sindicato de Profesionales de la Salud de Tierra del Fuego (Siprosa) convocaron un paro de 24 horas para el martes 27. “No tuvimos respuesta luego del paro anterior, por eso decidimos volver a parar. Mañana hay mesa paritaria, pero nosotros nuevamente volvimos a quedar afuera”, explicó los motivos de la medida de fuerza Roberto Oyarzún, integrante de la Comisión directiva del gremio.

Alertan sobre lo que sucede en Tierra del Fuego

La Federación Argentina de Municipios (FAM) alertó sobre lo que sucede en Tierra del Fuego y denunció que el gobierno de La Libertad Avanza actúa de manera irresponsable al declarar «zona liberada las fronteras económicas de la Argentina para que sobrantes de producción de todo el mundo inunden nuestro país, destrocen la industria nacional, dejen sin trabajo a su gente y sumerjan en la desesperación a las familias argentinas».

“Es el brazo armado de la motosierra», indicaron y apelaron a la historia reciente: «Otra vez quieren cerrar fábricas para que queden sólo galpones de almacenamiento de productos importados, mientras apuesta a la Plata Dulce y nos endeuda a las y los argentinos por generaciones enteras».

Los números que pone en riesgo el nuevo régimen industrial

El gobierno de Javier Milei a través del decreto 333/25 oficializó lo que el vocero Manuel Adorni había anunciado en plena campaña electoral: la baja para los aranceles a la importación de celulares, televisores, equipos de aire acondicionado y diversos productos electrónicos con fuerte impacto en el consumo de la clase media y del electorado libertario. También anunció la baja de los impuestos internos para los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego.

El régimen industrial de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640 data de la década de los 70. En la isla reconocen que la producción industrial insume dólares, pero también señalan la importancia estratégica y demográfica de poblar la región más austral del país.

De hecho, publicaciones periodísticas chilenas, reclaman un régimen industrial similar para la parte chilena de la isla.

Según las cifras, del lado argentino hay más de 200.000 habitantes. Del lado chileno, la cifra apenas supera los 8.000. Un contraste que da muestra del éxito que tuvo la Ley 19.640 para poblar la provincia que es bicontinental, y que es la llave de acceso a la Antártida.

Además, algunas voces de la isla señalaron que las críticas que recaen sobre el régimen fueguino no contemplan otros aspectos, como la comercialización en el continente. Según explican, un celular sale de fábrica con un costo de US$ 980, mientras que se comercializa en el resto del país en torno a los US$ 1.800 o US$ 1.900.

Un aire acondicionado de 3100 frigorías, frío calor inverter, sale 380.000 pesos en la puerta de la fábrica, pero en Mercado Libre cuesta 1.125.00”.

“Los productos, cuando salen de Tierra del Fuego, tienen un precio absolutamente competitivo que en la cadena de comercialización se distorsiona”, reconoció el gobernador Melella durante una entrevista.

Milei tuvo posiciones zigzagueantes respecto del régimen. Cuando era candidato quería eliminarlo. Luego revirtió la posición y llegó a asegurar que el régimen fueguino debería ser extendido a todo el país. En medio de la campaña electoral porteña, la Casa Rosada sorprendió con un anuncio que puso en alerta a trabajadores, empresarios y autoridades.

Al golpe que implica el decreto 333/25 para la provincia sureña se suman las reiteradas visitas de los jefes del Comando Sur a Ushuaia. El año pasado fue la general Laura Richardson quien contó con la presencia del presidente argentino.

Este año fue el almirante Alvin Holsey, cuya visita al sur tuvo una menor estridencia. Con todo, hay una creencia en la isla de que EE UU podría ayudar significativamente a la construcción de una base naval, lo que sumado a una eventual caída de la demografía, podría implicar un retroceso en materia de soberanía.

El gobernador se enteró de las medidas por los empresarios

El gobernador reveló que algunos empresarios se enteraron antes que él sobre la eliminación de los aranceles a importados.

“Nadie del Gobierno se comunicó conmigo, me enteré por algunos empresarios. Ahí empezó toda la bronca. No hubo ningún tipo de comunicación, agravado esto con declaraciones funcionarios o bufones que salieron a atacar. En un país civilizado y donde tiene que respetar la institucionalidad, el diálogo tiene que estar. La imposición no es diálogo”, definió.

De paso, el mandatario salió a responderle al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien para defender al gobierno nacional dijo socarronamente que Tierra del Fuego podría reemplazar su aparato productivo por un parque como Disney World. “Tienen todo para ser un parque de diversiones internacional”.

“Le dije que si quiere le doy el traje de Mickey o de Pluto, el que quiera él”, respondió Melella e invitó a todos los funcionarios nacionales a conocer la industria instalada en su provincia.

El gobernador fueguino se reunió con funcionarios nacionales y lo volverá a hacer en los próximos días para intentar que se revea la medida que le asesta un durísimo golpe al empleo y la producción.

Para ello, dijo, recibió el apoyo “de varios gobernadores de nuestro espacio y de otros” que también recibirán el impacto. “Es que cuando abrís la importación indiscriminadamente, terminás aplastando a todo un sistema productivo y económico de una región”.

Melella puntualizó que la defensa de la producción tecnológica que se desarrolla en su provincia, así como también los 7.000 puestos de trabajo de fueguinos son una cuestión íntimamente ligada a la soberanía: “No podés defender un territorio si no tenés una población asentada y fuerte con un entramado productivo. ¿Por qué los ingleses ponen tanta plata en Malvinas? Porque entienden claramente que el desafío geopolítico que se viene está en el Atlántico sur y la Antártida. Pero nosotros seguimos boludeando. Por eso yo discuto el territorio, por eso (esta medida del gobierno nacional) es un golpe a la soberanía”, enfatizó.

Fuentes: InfoGremiales, Anred, argentina.indymedia, Página/12, Perfil