Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.
La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.
Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.
Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.
Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.
1. Gravar los grandes patrimonios
El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.
2. Combatir las Guaridas fiscales
Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.
Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.
3. Hacer tributar adecuadamente a las finanzas
La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.
No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.
En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto
4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados
La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.
Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.
Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.
Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.
Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.
Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.
5. Gravar las grandes herencias
El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.
Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.
6. Gravar el lujo
El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.
Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.
7. Reducir los beneficios fiscales
Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente. En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.
8. Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal
Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.
Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.
9. Ingeniería fiscal
La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.
10. Renta básica de ciudanía
Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.
En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.
Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.
¿Qué es una moneda estable?
Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.
Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.
Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.
La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.
Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.
Crecimiento vertiginoso
Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.
¿Para qué usar monedas estables?
Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?
Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.
También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.
Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.
Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».
El verdadero interés de las monedas estables
A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.
Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.
En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.
En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.
En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.
Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».
Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.
Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:
– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.
– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.
– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.
– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.
– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.
– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.
– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.
Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump
El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.
Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.
No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.
Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.
Por Anne Brorhilker, publicado originalmente para ctxt.
La imprescindible serieEl dinero de otros (Filmin) ha devuelto a la actualidad un escándalo enorme, y enormemente silenciado en España (incluida esta revista). Conocido como el Caso Cum-Ex, fue urdido por más de un centenar de bancos, docenas de despachos de abogados, fondos de inversión e intermediarios financieros, y salpicó a políticos de primera línea, como el excanciller alemán Olaf Scholz. La exfiscal de Colonia Anne Brorhilker, que investigó el asunto desde 2013 hasta el año pasado, calculó que esa trama global de lavado de dividendos estafó a las agencias tributarias europeas más de 150.000 millones de euros en 20 años. El saqueo organizado de las arcas públicas consistía en que los bancos reclamaban a distintas Haciendas europeas el reembolso de los impuestos sobre beneficios de sus clientes (que permanecían en el anonimato), asegurando que lo habían pagado ya en otro país, y las agencias tributarias devolvían el dinero sin rechistar porque no podían comprobar quiénes eran esos clientes y si realmente habían pagado o no el impuesto en otro lugar. En España, el principal investigado fue el Santander. En 2014, Brorhilker comunicó al banco la apertura de una investigación penal contra diez exempleados y “altos responsables” del grupo, entre ellos Stephen Woodhead, jefe del departamento de Short term equity trading (ventas en corto de acciones) en Londres. Sin embargo, el exfiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, miembro del Opus Dei, se negó en 2018 a ordenar el registro de la ciudad financiera de Boadilla solicitado por la fiscal de Colonia. La acusación mantuvo que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutar las operaciones fraudulentas, que asciende a unos 18.000 millones, el fraude debió ser conocido necesariamente por la alta dirección del grupo. CTXT rescata ahora esta conferencia pronunciada en mayo de 2025 por Anna Brorhilker, que dejó la fiscalía en 2024 y hoy trabaja en Finanzwende, una ONG especializada en perseguir y denunciar la evasión fiscal.
Hola a todos.
100.000 millones de euros: esa es la estimación de los daños causados por la evasión fiscal cada año en Alemania. Son 270 millones de euros al día, 11 millones de euros a la hora. Y mientras os cuento esto, ya han vuelto a desaparecer 100.000 millones de euros solo con las operaciones Cum-Ex y Cum-Cum, de las que me he ocupado intensamente durante años y que han causado miles de millones en daños. Son términos que se utilizan en el sector financiero. No se trata del comercio clásico de acciones, sino de un comercio escenificado con el único fin de ganar dinero a través de beneficios fiscales, ya sea pagando menos impuestos de los que realmente se deberían pagar –lo que se denomina Cum-Cum–, u obteniendo devoluciones de impuestos que antes ni siquiera se han pagado, el Cum-Ex.
Según el profesor Spengel, de la Universidad de Mannheim, Cum-Ex ha causado un perjuicio fiscal en Alemania de unos 10.000 millones de euros mientras que el Cum-Cum ha provocado incluso casi el triple, estimado en 28.500 millones de euros. Estas cifras son estimaciones muy prudentes. Todo ese dinero nos vendría muy bien. Al fin y al cabo, el último Gobierno se rompió por los debates sobre el presupuesto y el nuevo gobierno se enfrenta más o menos al mismo problema.
Necesitamos el dinero para todo: para educación, infraestructuras y también para mejorar la cohesión de nuestra sociedad. Y con 100.000 millones de euros más en las arcas cada año, la situación mejoraría considerablemente.
Por lo tanto, se podría pensar que existe un gran interés político en poner fin a este robo fiscal, pero, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Si nos preguntamos si estamos haciendo algo para evitar que se robe descaradamente a nuestras arcas fiscales, la respuesta es: bueno, no tanto.
Esta es una frase con la que me gusta que me citen y que es absolutamente cierta en el ámbito de los delitos económicos graves: se atrapa a los pequeños y se deja escapar a los grandes. Y esto no se basa solo en mi experiencia personal, sino que también nos lo dice la investigación criminológica. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos son difíciles. De hecho, una parte considerable de los procedimientos penales se archiva. Solo una de cada veinte acusaciones, solo uno de cada veinte casos llega a ser juzgado. Y este insatisfactorio y delicado hallazgo, desde el punto de vista del Estado de derecho, refleja la asimetría entre las autoridades judiciales y los acusados.
¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? La delincuencia económica nos perjudica en muchos aspectos. En primer lugar, por los enormes daños al presupuesto. Recordemos que 100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado. En segundo lugar, la delincuencia económica también perjudica a la economía en general, ya que los delincuentes utilizan métodos delictivos para obtener ventajas competitivas y alterar artificialmente los precios, por ejemplo, mediante el trabajo en negro. Lo mismo ocurre con las estafas fiscales. En ellas siempre hay una empresa que no paga impuestos y, por lo tanto, pueden ofrecer productos más baratos que el resto del mercado, los empresarios honestos.
100.000 millones de euros escapan cada año de las arcas del Estado
Si el Estado no interviene ni controla, los empresarios honestos y también las personas honestas dejan de ser competitivas y, por lo tanto, se las considera tontas.
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Si el Estado no actúa con la misma firmeza contra la evasión fiscal grave que, por ejemplo, contra el fraude en las cotizaciones sociales, entonces, en tercer lugar, puede dar la impresión de que se está aplicando un doble rasero. Y todo ello daña la confianza en el Estado de derecho y, por cierto, también tiene un efecto negativo en la llamada honestidad fiscal o la moral fiscal. Porque si ya nadie respeta las normas y el Estado tampoco interviene, esta moralidad seguirá disminuyendo.
Pero, ¿a qué se debe realmente esa actitud? Se debe principalmente a la enorme influencia política del lobby financiero. Por lobby financiero nos referimos a los bancos, los fondos, las aseguradoras y sus grupos de interés. Siempre se nos describe como una nación de automóviles. Por eso, personalmente creía que el lobby del automóvil era el más poderoso de Alemania. Sin embargo, está muy por detrás del lobby financiero. En Alemania existe desde hace tres años un registro de lobbies. Cada año lo miramos y lo evaluamos en Finanzwende. Y ahí se ve claramente que el lobby financiero ocupa el primer lugar cada año. También este año, 10 de las 100 entradas más poderosas del registro de grupos de presión proceden de bancos, fondos, bancos de inversión, aseguradoras y la industria financiera. Cada año gastan casi 40 millones de euros en actividades de presión, lo que supone más que el automóvil y el lobby químico juntos. Hay 442 lobistas, que se traduce en casi diez individuos por cada miembro de la comisión de finanzas del Bundestag. Y, por supuesto, estos grupos de presión saben exactamente qué historias deben contar para poder imponer sus intereses. Y no solo les cuelan sus historias a los políticos, sino que también las difunden al público a través de los medios.
He traído algunos ejemplos, otra vez relativos a las operaciones Cum-Ex. Vuelvo a recordar que se trata de una estafa fiscal ilegal que nos ha costado a todos unos 10.000 millones de euros. En 2014, los medios de comunicación las describían como un vacío legal, una zona gris. ¿Qué sugiere esa formulación? Pues que existe una laguna que se puede aprovechar y que el propio legislador es el culpable si, como se afirmaba, elabora leyes descuidadas.
Veamos ahora un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 2019, que presenta una historia sobre impuestos, algo sobre lo que he trabajado mucho como fiscal. Al parecer, aquí no cuenta mucho el sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es bastante evidente que no se pueden reclamar impuestos que no se han pagado. Y esto, que es evidente, se pretende descalificar como si fuera una conclusión tonta. El mensaje que hay detrás es que todos aquellos que no sean abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de esta discusión y no deberían atreverse a tener su propia opinión.
Se trata de un artículo en el que uno de los principales responsables de operaciones Cum-Ex habla directamente y nos cuenta que ha sido víctima de una persecución política, es decir, víctima de la arbitrariedad del Estado.
Lo cierto es que dos tribunales diferentes lo condenaron a largas penas de prisión. Los recursos contra estas sentencias tampoco han tenido éxito. Lo mismo ocurre con el resto de narrativas sobre las Cum-Ex. Lagunas legales, arbitrariedad estatal, criminalización: nada de eso era cierto. Todos los tribunales superiores de Alemania han decidido de manera unánime que estas operaciones Cum-Ex son ilegales y, entretanto, se han dictado muchas condenas a largas penas de prisión.
Los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública
Todas estos artículos de prensa, que en realidad fueron muchos, no eran fruto de una casualidad, sino de una estrategia deliberada. Se denomina comunicación jurídica estratégica o relaciones públicas de litigio (litigación PR). Y los grupos de presión han comprendido que gana quien impone su narrativa a la opinión pública porque entonces puede influir en las fiscalías, los tribunales y la jurisprudencia, ya que los fiscales y los jueces leen los periódicos y son influenciados por ellos.
Qué suerte que las Cum-Ex no funcionaran a pesar del revuelo mediático y los autores pudieron ser llevados ante la justicia y condenados y, entretanto, se han podido reclamar más de tres millones de euros en impuestos Cum-Ex obtenidos ilegalmente. Esto demuestra que todos tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de narrativas.
Vamos a examinarlo más detenidamente. La comunicación jurídica estratégica utiliza básicamente tres métodos. En primer lugar, la trivialización del problema: laguna legal, zona gris, trampa. A menudo se decía sobre las Cum-Ex que se trataba de unos pocos actores que se habían vuelto locos. Pero, de hecho, existe una auténtica industria Cum-Ex. El efecto de esta trivialización es subestimar el problema, que no se aborda. En segundo lugar, está la cuestión del sentido común, que supuestamente no cuenta, porque todos los que no son abogados fiscalistas deben mantenerse al margen de este debate. En definitiva, esto impide el debate público. Y, en tercer lugar, se le da la vuelta a la culpa presentando a los autores como víctimas de la voluntad del Estado. Se dice que el Estado es el único culpable y que todo es una persecución política. ¿Quién nos está robando exactamente? Entonces, ¿quiénes son realmente las personas que están cometiendo estos hechos?
Fotograma de la miniserie alemana El dinero de otros (Loose y Munk, 2025).
Echemos primero un vistazo a los resultados de la investigación criminal. Según esta, los delincuentes económicos son llamativamente discretos. Es decir, detrás de ellos no encontramos historias de hogares rotos, sino trayectorias totalmente normales. Son en su mayoría hombres, no llamaron la atención en su juventud, no tienen antecedentes penales y, en su mayoría, tienen una buena educación y varios años de formación. Muchos de ellos han tenido carreras profesionales realmente exitosas. Y, sí, en general no pertenecen a las clases desfavorecidas de la sociedad, no tienen necesidades existenciales, por lo que su actividad se denomina “delincuencia de cuello blanco”.
Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado y no se consideran a sí mismos infractores
¿Cómo piensan estos delincuentes económicos? Esto queda claro, por ejemplo, en una escena de la última serie sobre las Cum-Ex de la ZTF, titulada El dinero de otros, en la que dos delincuentes de las Cum-Ex se enfadan porque un compañero suyo hace una barbacoa de okapi [una especie que se encuentra en peligro de extinción]. El colega no tiene conciencia de estar haciendo nada malo. Pero ellos tampoco la tienen cuando se trata de sus propias Cum-Ex, con las que han causado daños por valor de cientos de millones. Por lo tanto, es un comportamiento muy típico de los delincuentes, como nos dice también la investigación criminal. Porque las confesiones de los delincuentes económicos son muy poco frecuentes. Este tipo de delincuentes suelen culpar al Estado o a otros, no se consideran a sí mismos infractores y, por lo general, no comprenden lo que pasa. Todo esto lo dice la investigación, y yo también puedo confirmar desde mi experiencia que es así.
En segundo lugar, también me ha llamado la atención que a menudo muestran reacciones muy emocionales y suelen verse a sí mismos como víctimas. Y si algo he aprendido como fiscal es que el grado de emotividad no permite sacar conclusiones sobre si la declaración es cierta o falsa.
En principio, sorprende que los autores de este tipo de delitos, con un bagaje que en realidad los capacita para distinguir entre el bien y el mal, se conviertan en delincuentes. Y la investigación criminal menciona aquí una razón principal. Es el proceso de racionalización, que también se podría llamar autojustificación. Es decir, el delincuente necesita una justificación interna para su acto delictivo, para mantener su estabilidad psíquica y amortiguar los sentimientos de culpa. Y debo decir que, en la práctica, funciona muy bien.
En la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores
Bien, esto por el lado de los autores. Veamos ahora el otro lado, el lado de las autoridades responsables de la delincuencia económica. Se trata, por ejemplo, de las fiscalías, de las oficinas de Hacienda, la policía y también los tribunales. Estas están bastante mal preparadas en el ámbito de la delincuencia económica porque adolecen de diversos problemas estructurales. No se trata de algo que afecte a una sola administración, sino de problemas estructurales. En primer lugar, cabe mencionar la escasez de personal. Hay muy pocos agentes de policía, fiscales, inspectores fiscales y auditores trabajando en este ámbito. Las autoridades no destinan suficiente personal. Por ejemplo, en la Fiscalía de Colonia no pudimos hacer registros a bancos durante años porque no teníamos suficientes investigadores. Solo después de un aumento significativo del personal, que no se produjo hacia 2021, fue posible. Entonces procedimos a registrar aproximadamente un banco al mes con una plantilla de unas cien personas. Fue un esfuerzo logístico enorme. Pero si no se dispone de estos compañeros, no se pueden registrar bancos, y entonces tampoco hay resultados.
En segundo lugar, la formación práctica es insuficiente. Como fiscal especializada en delitos económicos, o como agente de policía hay que aprender sobre la marcha. Y el problema es que tampoco hay mucha formación. Primero, porque también falta personal para ello y, segundo, porque la mayoría de las veces simplemente no hay dinero. Y eso, por supuesto, hace que la formación y, posteriormente, la investigación sean increíblemente largas.
Tercer problema: la elevada fluctuación o rotación del personal. Para las carreras en la administración pública es importante haber probado un poco de todo. A esto se le llama amplitud de funciones. Por el contrario, la experiencia en áreas específicas no suele ser importante. Pero si el personal cambia constantemente en un área en la que se necesita más tiempo para familiarizarse, esto impide precisamente adquirir conocimientos especializados, lo que hace que las investigaciones sean muy lentas e ineficaces.
Por volver a citar el ejemplo de nuestras investigaciones, necesitábamos fácilmente dos años para poder actuar. Antes de hacerlo, teníamos que intentar entender cómo se hacían las trampas bursátiles, cómo operaban los traders, cómo codificaban los operadores bursátiles para luego evaluar las pruebas. Pero en ese tiempo tan largo, muchos compañeros ya habían sido trasladados a otros departamentos y sustituidos por otros.
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados
Los equipamientos de las autoridades suelen estar obsoletos y poco digitalizados. Por ejemplo, en 2014 tuve que escribir 280 solicitudes de órdenes de registro e imprimirlas. Tenían 25 páginas y había que traducirlas, así que eran unas 50 páginas. Pero yo, como fiscal normal, solo tenía una pequeña impresora de mesa, una de esas que imprimía unas cinco páginas por hora, y en toda la Fiscalía no teníamos ninguna otra impresora ni red de impresoras. Así que 280 por 25 simplemente no era posible. La única solución era pedirle a la Oficina Regional de Investigación Criminal que me dejara usar su impresora. Tenían exactamente una y me dejaron usarla, así que pasé 14 días en el trastero e imprimí todo lo que pude. Así que ahí se ve, ¿no?, que el equipamiento también es importante para poder investigar.
Otra vez, estaba registrando un banco junto a otros colegas. Esto fue en los primeros tiempos de las Cum-Ex, cuando aún no teníamos mucho personal, y resultó que teníamos que descargar el disco duro. Se trataba de grandes cantidades de datos y me dijeron que no se podía llevar a cabo porque no teníamos suficiente espacio de almacenamiento. Así que allí estábamos, en el banco, y el banco nos dijo que estaban las pruebas, pero nosotros no podíamos asegurarlas. Y ese problema solo se pudo resolver porque, aunque estábamos en otra ciudad, contábamos con el apoyo de otros colegas de otras agencias, que pudieron guardarlo. En el peor de los casos habríamos tenido que retirarnos. Yo por ejemplo, tampoco tuve, durante años, la posibilidad de hacer videoconferencias porque simplemente no había sistemas de videoconferencia en la Fiscalía y tenía que preguntar a los abogados si me dejaban utilizar sus equipos en sus bufetes, lo cual era un poco embarazoso y poco profesional. De esta manera, podemos ver lo mucho que obstaculiza una investigación no tener buenos equipos.
Cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams
Otro obstáculo para las investigaciones es que la protección de datos es un problema, porque las autoridades en Alemania no tienen una infraestructura informática uniforme. Casi cada agencia tiene su propio responsable de protección de datos y estos toman decisiones muy diferentes. Por ejemplo, yo tuve que tratar con muchas autoridades diferentes en varios estados federales, tanto en negociaciones fiscales, que están en el departamento de Finanzas, como con la policía, que está en el departamento del Interior, y todos tenían requisitos diferentes. Por ejemplo, uno solo podía enviar correos electrónicos cifrados, otro no podía enviar correos electrónicos cifrados. Es decir, no se podía enviar un correo electrónico a todos si querías hablar con ellos. En otros casos querías hacer una videoconferencia y cuando ya por fin tuvimos un sistema, cada una de las agencias tenía diferentes requisitos. Una solo podía usar Skype, otra tenía prohibido usar Skype y un tercero tenía Teams. Es decir, no era posible. Son cosas básicas, y si las autoridades no pueden comunicarse entre sí, entonces simplemente no se puede hacer el trabajo.
Por lo tanto, es realmente urgente que la estructura federal se organice de otra manera.
Cooperación
El siguiente problema es que no existe una cultura de cooperación entre las distintas autoridades. Aunque, sobre el papel, pueden intercambiar información, en la práctica no lo hacen. Suele imperar una cultura de aislamiento y de “cada uno por su lado”. No se debe divulgar nada al exterior, no se debe hablar de los problemas. Y eso es algo que se aprende desde el principio en la administración. Yo lo aprendí muy pronto, cuando me atreví a hacerlo siendo una joven fiscal. Estaba en la Fiscalía de Colonia y teníamos un problema que nadie podía resolver y me atreví a llamar a la Fiscalía de Düsseldorf, porque pensé que tal vez ellos tendrían alguna idea. Y me metí en un buen lío, porque se consideraba más importante no divulgar nada que resolver el problema. Y este problema de que las autoridades no colaboran de forma confiada ya lo ha criticado, por ejemplo, el Tribunal Federal de Cuentas.
En las investigaciones excepcionales también hay un gran problema en la cooperación. Hay que poner en marcha procedimientos de asistencia judicial formalizados y muy burocráticos. Es decir, se pide a otros Estados que lleven a cabo la investigación en su territorio, y ahí el entusiasmo suele ser limitado, porque ellos también están sobrecargados de trabajo. Todo el proceso es muy largo y puede durar años. En nuestro caso, emprendimos esa tarea, una búsqueda por todo el mundo, en 2014 y tuvimos que esperar hasta 10 años en algunos casos para obtener respuesta. Porque la delincuencia no se limita a las fronteras alemanas. Precisamente la delincuencia económica suele estar organizada a nivel internacional. En nuestro caso, en el centro financiero de Londres. Y eso significa que siempre hay que buscar asistencia jurídica en esos Estados. Todo eso es muy lento y supone un verdadero obstáculo para las investigaciones. A esto se suma que los bancos, las grandes empresas y las consultoras ya casi no trabajan con papel, sino que están completamente digitalizados y ya no almacenan sus datos en Alemania, sino, por ejemplo, en servidores en el Reino Unido o en los Países Bajos. Entonces, si quieres inspeccionar a esos bancos y empresas aquí en Alemania o incluso registrarlos, te encuentras con que no hay nada. No hay un papel ni un registro de datos. Es decir, hay que realizar estas largas solicitudes de asistencia judicial y las inspecciones e investigaciones pueden prolongarse durante años. Y entonces surge otro problema con las estadísticas, porque para esclarecer casos especialmente graves, que están ocultos, se necesita más tiempo. En esas investigaciones en el extranjero necesitas conocer la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, en esas estadísticas, en el cálculo de las necesidades de personal de fiscalías y tribunales no se reflejan porque las autoridades a menudo no tienen ningún interés en realizar un trabajo que no se refleja en las estadísticas. Y mientras las estadísticas no reflejen adecuadamente las investigaciones complejas en los procedimientos de gran envergadura, las autoridades seguirán teniendo poco interés en ellas.
Las estadísticas pueden, en primer lugar, influir en la actuación de las autoridades y, en segundo lugar, ofrecer incentivos erróneos, concretamente hacia muchos procedimientos pequeños y alejarse de los grandes. Por otro lado, los delincuentes suelen estar mucho mejor organizados que las autoridades, y ahí es donde surge mucha resistencia. Los delincuentes suelen tener una sólida posición financiera y pueden contratar a costosos equipos de abogados con muchos recursos, que hacen su trabajo y causan el mayor revuelo posible. Te llegan cientos de páginas de reclamaciones, quejas sobre los servicios, denuncias penales. A menudo promueven también campañas mediáticas, y eso es como echar tierra en el engranaje, ya que si las autoridades son débiles, como sucede en este ámbito, eso puede afectar mucho al sistema.
La investigación está aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones
Me han preguntado a menudo si en esas circunstancias no pierdo la esperanza, cuando tengo que enfrentarme a esto una y otra vez. Pero no, no es así en absoluto. Se pueden cambiar las cosas. Se puede luchar contra la delincuencia económica y se pueden esclarecer los hechos, a pesar de todos los problemas estructurales. Eso es precisamente lo que demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Colonia. Como he contado, no teníamos las condiciones ideales; al principio tampoco éramos expertos, pero nos pusimos manos a la obra, nos metimos de lleno en el tema y presentamos la primera acusación Cum-Ex. Conseguimos la primera sentencia, que luego fue confirmada por el Tribunal Superior. Los tribunales fiscales han seguido el ejemplo y, entretanto, se han presentado muchas acusaciones y se han dictado muchas sentencias. Me gustaría ver esa misma actitud en los políticos, especialmente en el ministro de Hacienda.
En el caso de las Cum-Cum, que es similar al de Cum-Ex, la investigación está, lamentablemente, aún en sus inicios y solo se ha podido reclamar el 1% del daño total estimado de 28.500 millones. Así que todavía queda mucho por hacer y creo que ahora es el momento de actuar.
¿Qué se puede hacer contra la delincuencia económica? En primer lugar, podemos aumentar el riesgo que corren quienes perpetran estos crímenes ya que el hecho de que los delincuentes actúen o no depende en gran medida del peligro de ser descubiertos, más aún que de la gravedad de la pena. Y eso significa que hay que reforzar a las autoridades en el ámbito operativo. Por lo tanto, hay que cambiar todos esas cosas que he mencionado antes. Hay que aumentar el personal, hay que aunar fuerzas, desarrollar conocimientos especializados y mejorar los equipos y tener una infraestructura informática uniforme. Todos estos son problemas que se pueden resolver.
Pero también se puede hacer algo en otros ámbitos, por ejemplo, a nivel individual, donde es especialmente importante tener una orientación de valores La investigación criminológica afirma que quienes cuentan con un sólido sistema de valores están más protegidos frente a las tentaciones delictivas. De hecho, estas ni siquiera se llegan a producir. Si no se tiene este sistema de valores, entonces se ve que el riesgo de ser descubierto es bajo y que se puede ganar mucho dinero, y se aprovecha la oportunidad. Es decir, una estructura de valores protege realmente contra los delitos económicos. Y ahí se podría pensar, por ejemplo, que los aspectos éticos son importantes y que la reacción social también juega un papel importante. Para los delincuentes económicos, la aceptación social es un factor importante que también puede influir en su comportamiento. Si no se acepta la delincuencia económica, sino que se estigmatiza, cabe suponer que las personas también cambiarán su actitud y su comportamiento. Eso es lo que nos dice la investigación. Y precisamente aquí todavía hay margen de mejora, ya que los delitos de cuello blanco se siguen considerando con demasiada frecuencia como unos “crímenes de gentlemen” a pesar de los enormes daños que nos causa a todos. ¿Qué podemos hacer? Todos nosotros, como sociedad, podemos alzar la voz más allá de las elecciones, por ejemplo, apoyando a las ONG. Las ONG como Finanzwende velan especialmente para que en las decisiones políticas no solo se escuche la voz de los grupos de presión, sino también la voz de la sociedad civil y el interés público. Y esto funciona; los políticos no son sordos, como nos muestra el caso de Lars Klingbeil, el ministro de Finanzas. En la interpelación al Gobierno ha tenido en cuenta las demandas públicas y ha anunciado que va a actuar de manera consecuente contra el fraude fiscal. Nosotros, en Finanzwende, le tomamos la palabra, porque somos un contrapeso al lobby financiero y damos voz a la sociedad civil. Luchamos contra su discurso dominante y analizamos y desmontamos la narrativa del sector financiero. Cambiamos cosas contigo y por ti. La política financiera nos concierne a todos y necesitamos debatirla en público y no solo en las trastiendas.
La presente noticia de ESG Today sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Total Energies y Siemens instan a la UE a abolir la ley climática. La industria impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
Los legisladores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de posición negociadora parlamentaria sobre la iniciativa Omnibus I de la Comisión Europea, que supondría reducciones más significativas en las normas de la UE sobre información, sobre sostenibilidad y sobre diligencia debida que las propuestas por la Comisión.
El acuerdo supondría recortes especialmente significativos en el número de empresas cubiertas por la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), excluyendo a todas las empresas, salvo las más grandes, del ámbito de aplicación de la normativa que exige a las empresas abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus cadenas de valor.
Entre los cambios más significativos propuestos por la iniciativa de la Comisión se encontraba un aumento drástico del ámbito de aplicación de la CSRD, que eliminaba aproximadamente al 80 % de las empresas al ampliar el reglamento para que solo cubriera a las empresas con más de 1000 empleados, frente al umbral actual de 250 empleados, al tiempo que se mantenía el umbral de 1000 empleados de la CSDDD, pero se modificaba la diligencia debida y se exigía una diligencia debida completa principalmente a nivel de los socios comerciales directos, e introduciendo límites a la cantidad de información que se puede solicitar a las empresas más pequeñas de la cadena de suministro en virtud de la normativa.
Los legisladores se han mostrado muy divididos sobre la postura que debe adoptar el Parlamento de cara a las negociaciones sobre el resultado final del paquete ómnibus, con los partidos de izquierda presionando para que se reduzcan los recortes a la normativa, los partidos de extrema derecha buscando eliminar por completo la CSRD y la CSDDD, y el ponente del Omnibus, Jörgen Warborn, del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor partido del Parlamento, ha propuesto recientemente elevar los umbrales de la normativa a 3000 empleados.
Tras intensas negociaciones, los partidos de izquierda y de centro se alinearon con un paquete de «compromiso» propuesto la semana pasada por el PPE, que mantendrá el alcance de la CSRD de 1000 empleados, pero añadirá un umbral de ingresos de 450 millones de euros, al tiempo que aumentará drásticamente el umbral de la CSDDD para cubrir solo a las empresas con 5000 empleados y más de 1500 millones de euros de ingresos. La CSDDD también pasará de un enfoque basado en la entidad a un «enfoque basado en el riesgo» en materia de diligencia debida.
El paquete de «compromiso» acordado por los legisladores se alcanzó después de que, según se informa, el PPE amenazara con alinearse con los partidos más a la derecha en un paquete que ampliaría el alcance de la CSRD a 1750 empleados y eliminaría los requisitos de la CSDDD para que las empresas adopten planes de transición climática.
La posición acordada se someterá a votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento a principios de la próxima semana, seguida de una votación plenaria en el Parlamento a finales de este mes para establecer su posición para las negociaciones con el Consejo de la UE. Varios aspectos del acuerdo coinciden con la posición acordada por el Consejo, incluidos los umbrales de la CSRD y la CSDDD, y el enfoque basado en el riesgo para la CSDDD.
La presente noticia de Reuters sobre la reducción en el Parlamento Europeo de las leyes a favor de la diligencia debida, protección ambiental y otras se comprende mejor con la lectura del otro artículo que publicamos hoy: Los legisladores del Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre recortes más importantes…
La industria ordena e impone su voluntad sobre la ciudadanía europea y su bienestar.
TotalEnergies (TTEF.PA), y Siemens (SIEGn.DE), han pedido a los gobiernos europeos que deroguen una de las leyes emblemáticas de la UE en materia de sostenibilidad empresarial con el fin de impulsar la competitividad del continente, según se desprende de una carta a la que ha tenido acceso Reuters. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, y su homólogo de Siemens AG, Roland Busch, escribieron la carta al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz, en nombre de 46 empresas europeas.
La abolición de las normas sería una «señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa», según la carta fechada el 6 de octubre. Siemens afirmó que mejorar la capacidad de Europa para competir a nivel mundial requería menos «regulación excesiva» en todos los sectores. La propuesta de eliminar las normas de sostenibilidad era un ejemplo de «medidas significativas que se pueden adoptar para reducir la burocracia», añadía. Un portavoz de TotalEnergies afirmó el jueves por la noche que la carta reflejaba las cinco prioridades principales de las 46 empresas para mejorar la competitividad de Europa.
La carta también instaba a la Unión Europea a no seguir adelante con sus planes de recortar los permisos de contaminación gratuitos de las industrias el próximo año y a reformar sus normas de competencia para permitir más fusiones, considerándolas en el contexto del mercado global, en lugar de solo en Europa. La directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial se adoptó el año pasado y exige a las empresas que solucionen los problemas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro, o se enfrentarán a multas del 5 % de su facturación global. Se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos políticamente de la agenda ecológica de Europa, y Bruselas está negociando ahora cambios para simplificar las normas para las empresas europeas, tras la oposición de Alemania y Francia, así como de Estados Unidos y Qatar, y de empresas como Exxon Mobil (XOM.N). Las peticiones de Siemens y Total de eliminar por completo las normas van más allá de los planes que ya están negociando los legisladores y los países de la UE para reducirlas y eximir a más empresas de la ley.
Libertad, respeto, cariño y amor. Esos son los ingredientes de todos nuestros programas y el concepto de nuestro proyecto “Hasta el coño”. En este programa, abordamos un tema desconocido para mucha gente y eso hace que sea relevante para toda la sociedad. El mes de octubre se celebra la despatologización de la transexualidad y por […]
Fotografía: Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.
Artículo originanl publiado en osalto.gal por Tom Kucharz
«Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal», con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1500 páginas.
Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00.
Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción en los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años.
En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que «El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar». Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales), y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo.
Una cosa parece segura: cuando en octubre se retira la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya.
Una semana caliente
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado 2 mociones sobre el acuerdo comercial, instando al gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discute en el Consejo de la UE. También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublin fue decisivo en el voto simbólico del parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur.
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia.
En clave geopolítica
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana, Angela Merkel, pretendían restarle protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).
Un regalo para la oligarquía latinoamericana
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones).
Neocolonial
El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza.
El modelo Brumadinho
El 25 de enero la empresa minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte a más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV.
UE cómplice de Bolsonaro
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil, ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de «poner un punto final a todos los activismos» del país. Se han registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes.
Violencia machista y homofobia
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia, deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación.
Una bomba climática
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4×4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada.
Deforestar la Amazonía
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases con efecto invernadero que Holanda.
Las mentiras de Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su gobierno dijo en el parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como «traición». Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia.
La trampa con el Acuerdo de París
El pre-acuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a la élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el acuerdo. En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas «barreras no arancelarias». Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética.
Negocios para la agroindustria, pobreza para el resto
Todos los países involucrados en el acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten que muchos sectores quedarán desprotegidos.
¿Quién puede tumbar el acuerdo?
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos. La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo?
Necesitamos movilizarnos
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente de gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina.
Attac España, La sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés público afirman a la presidenta Von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE que nuestros derechos, nuestro planeta, nuestra salud y nuestra justicia no están en venta.
La UE se arriesga a una nueva competición a la baja. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea planea una ola sin precedentes de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente. La Comisión y los Estados miembros de la UE podrían dedicar los próximos cuatro años a desmantelarlas normasque rigen para las empresas que operan en la UE.
Las normas diseñadas para garantizar una vida justa, equitativa y saludable ya se aplican de forma deficiente. A pesar de las claras advertencias, ahora se están retirando, debilitando o vaciando de contenido a un ritmo sin precedentes.
Ocho meses después de su mandato, es evidente que el nuevo «esfuerzo de simplificación sinprecedentes« de la Comisión significa en realidad «desregulación». Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— están siendo recortadas.
La insistencia de la Comisión en que se trata de eliminar la burocracia superflua no se sustenta en la realidad. Afirmanque confiar en que las empresas hagan lo correcto hará al bloque más «competitivo» y que es necesario recortar las normas para impulsar la «innovación» de las empresas de la UE. Pero muchos casos tristes de la historia de la UE cuentan otra historia, como la crisis financiera y el Dieselgate.
Se están recortando las normas de la UE para que los accionistas puedan explotar a las personas y al planeta con menos límites. Nuestra protección se está vendiendo a cambio de beneficios, y nuestra confianza en la democracia se está erosionando.
acceso de las empresas. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil que representan diversos intereses sociales corren el riesgo de ser marginadas por los responsables de la toma de decisiones. Para empeorar la situación, las agencias y organismos encargados de hacer cumplir la ley se ven obstaculizados por políticas de austeridad que recortan sus presupuestos y personal.
La Comisión Europea y el Consejo de los Estados miembros de la UE intentan recortar nuestras protecciones casi a diario. Varias propuestas importantes se han aprobado precipitadamente, sin que la Comisión cumpla con su deberde elaborar evaluaciones de impacto vitales. Esto se ve agravado por el uso del «procedimiento de urgencia», que impide un debate democrático en el Parlamento Europeo.
Los principios de la elaboración de normas son vitales para la democracia. Al tomar atajos, la Comisión silencia las voces críticas y reabre legislación que ya fue resultado de un proceso democrático y, por lo tanto, de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la UE.
Esta tormenta perfecta de desregulación corre el riesgo de empoderar a la extrema derecha y a las fuerzas antidemocráticas, propiciar la corrupción, aumentar las desigualdades, frenar la urgente acción climática y la protección del medio ambiente, y privar a las comunidades y a los trabajadores de protecciones y servicios esenciales. La agenda de «simplificación» ya ha ido demasiado lejos:
La rendición de cuentas de la corporaciones y la justicia están más lejos que nunca: La Comisión y el Consejo han socavado drásticamente la acción climática, la protección ambiental y lasobligaciones en materia de derechos humanosen las cadenas de suministro, al debilitar drásticamente la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La transparencia sobre el nivel y los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas se está reduciendo drásticamente al reducir significativamente el alcance de la información que las empresas deben presentar en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Taxonomía de la UE.
Nuestros hábitats y biodiversidad podrían perder protecciones esenciales, mientras que las sustancias químicas amenazan la salud pública: La Comisión ha propuesto eliminar lasobligaciones ambientalesde su Política Agrícola Común, incluyendo medidas para proteger humedales y turberas. Las leyes químicas de la UE sobre cosméticos y las normas de etiquetado para sustancias químicas peligrosas están siendo objeto de crítica, mientras que existen indicios preocupantes de que la prohibición integral propuesta de las «sustancias químicas permanentes» (PFAS) se debilitará.
Se reduce la presión sobre las industrias contaminantes: Los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las plantas industriales contaminantes sean más limpias, el ciclo de los materiales usados más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.
El debilitamiento de los objetivos climáticos responde a los deseos corporativos en lugar de a las necesidades planetarias: la Comisión, con un fuerte respaldo de los Estados miembros de la UE, ha propuesto un objetivo para 2040 de reducir las emisiones en un 90 % en comparación con 1990, que incluye planes para debilitar la arquitectura política establecida a través de la legislación climática mediante la introducción de diversas formas de flexibilidad. La introducción de créditos internacionales dentro de los objetivos climáticos de la UE reduciría el nivel de ambición de la UE en comparación con un objetivo puramente nacional, que ya está por debajo de su cuota justa global.
Una década de progreso en materia de derechos digitales podría verse desbaratada: la reapertura de lacolumna vertebral de laregulacióndigital de la UE—el Reglamento General de Protección de Datos— implica que los datos sensibles de las personas podrían procesarse sinprotección. Nuevos ataques a leyes previstas, como la Ley de IA y el Paquete Digital, podrían socavar las normas que protegen nuestra vida digital contra los daños de la IA y la vigilancia por parte de actores estatales y corporativos.
Una competición a la baja para las personas trabajadoras: Se avecinan recortes en los derechos laborales y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista para un «28º régimen» ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más permisivas. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales.
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobrezapara apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
El camino hacia una sociedad justa y equitativa se erosiona ante nuestros ojos: La retiradade la Directiva Horizontal contra la Discriminación indica claramente que las personas y los derechos no son una prioridad para la Comisión Europea. El único ámbito en el que se están incrementando las nuevas normas es el de las sanciones y la vigilancia de las comunidades marginadas, en un contexto de aumento del gasto, la legislación y las políticas centradas en la criminalización, la vigilancia y la militarización.
Reformas financieras revertidas, allanando el camino para otra crisis: Se están introduciendo retrasos y numerosas excepciones en los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial de 20072009. Estas normas tienen como objetivo garantizar que los bancos gestionen sus riesgos con suficientes colchones para amortiguar las pérdidas. Paralelamente, podrían eliminarse las medidas destinadas a apoyar las prácticas financieras sostenibles.
Con estas medidas —una pequeña selección de las numerosas propuestas, iniciativas y estrategias de desregulación— la Comisión afirma estar haciendo que Europa sea más atractiva para las empresas y más competitiva a nivel internacional. Al hacerlo, está creando un mundo tóxico y menos equitativo para las personas trabajadoras, las familias y las comunidades vulnerables, y un campo de juego desigual para las empresas que desean llevar a cabo sus negocios de forma responsable. A largo plazo, la falacia de que proteger a las personas y el medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá un coste irreversible para nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades en el futuro.
En lugar de desregular, instamos a los legisladores de la UE y de los Estados miembros a proteger y promover los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos:
Aprobar leyes para una mayor protección del bienestar social, las personas trabajadoras y consumidoras, la lucha contra la discriminación, la justicia social, climática y medioambiental, la privacidad y la protección de datos, y contra las sustancias químicas tóxicas;
Exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las empresas, así como acceso a la justicia para las personas perjudicadas;
Asumir la responsabilidad por el impacto negativo de las actividades de la UE, como la minería, la insuficiencia de objetivos climáticos y las sustancias químicas tóxicas, en otras regiones y comunidades.
Facilitar la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos, la justicia y los intereses públicos. Proporcionando más recursos a las autoridades responsables de su aplicación, así como orientación y apoyo para la implementación de las normas digitales.
Reforzar la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Garantizar que la sociedad civil, los sindicatos, las comunidades afectadas y otros actores representativos del interés público sean consultados, incluidos y respetados de forma significativa en la legislación de la UE y nacional.
En una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos: ¡exigimos más protecciones, no menos!
Firman2:
The European Federation of Public Service Unions (EPSU),
Friends of the Earth Europe (FoEE),
Climate Action Network (CAN),
Global 2000,
Corporate Europe Observatory (CEO),
European Environmental Bureau
Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
1 Medidas como los «Diálogos de Implementación», las «Consultas Específicas» y las «Verificaciones de la Realidad».
2 No todos los firmantes trabajan en profundidad en todos los temas. Firmar esta carta no significa que todas estas organizaciones compartan las mismas prioridades.
