La reforma de la Ley del Suelo de l’esborrany del reial decret llei, ara posposat fins al setembre, podria suposar un desastre ambiental i social.

El Govern d’Espanya ha anunciat aquest matí que posposa fins a setembre el reial decret llei sobre habitatge. En les seves últimes versions, el text pretenia incloure una modificació de la Ley del Suelo per a blindar les iniciatives d’urbanització i construcció que es provin irregulars en seu judicial.

Segons el parer d’Ecologistes en Acció, Greenpeace i els Sindicats de Llogateres i Llogaters, aquestes mesures busquen reduir la protecció mediambiental del territori afectat per plans urbanístics, a més de protegir futurs infractors urbanístics i a amnistiar aquells infractors presents, qüestió que no guarda cap relació amb la promoció d’un parc d’habitatge públic.

Les tres organitzacions coincideixen a denunciar que s’aprofiti la greu crisi d’habitatge per a presentar un reial decret llei que camufla reivindicacions del lobby immobiliari amb mesures proposades per les llogateres com posar fi al frau del lloguer de temporada i d’habitacions. “Aquesta desprotecció permetrà més urbanitzacions enclavades en zones naturals, la qual cosa resulta, com s’està veient ara, extremadament perillós i perjudicial en els grans incendis forestals”, afirmen les organitzacions ecologistes, que també exigeixen “estendre i reforçar més enllà del 2026 les ajudes que facilitin a la ciutadania participar d’una transició energètica justa, entre ells, avançar cap a una tarifa social energètica, garantir l’accés a subministraments bàsics i impulsar la rehabilitació dels habitatges”.

En conseqüència, reclamen al govern i als grups parlamentaris que retirin els aspectes més lesius de la reforma de la Ley del Suelo del text del reial decret llei. Sota el redactat actual, la reforma va en la mateixa línia que el Projecte de Llei d’Impuls i Desenvolupament Equilibrat a la Regió (LIDER) que el Consell de Govern d’Ayuso acaba d’aprovar en la Comunitat de Madrid.

Dues prioritats llogateres per al decret: Incloure tàcites i limitar pujades

Respecte al conjunt del decret d’habitatge, la Confederació de Sindicats de Llogateres assenyala dues prioritats més per a la negociació del reial decret llei en les pròximes setmanes:

• Mantenir tots els supòsits per a acollir-se a les pròrrogues de l’anterior reial decret aprovat al març i incloure les situacions de tàcita reconducció que afecten desenes de milers de famílies.
• Limitació de pujades de la renda interanual dels lloguers al 0%.

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• La organización presenta su campaña de verano para visibilizar el exceso de hormigón y asfalto en plazas y espacios públicos de Extremadura.
• La iniciativa invita a la ciudadanía a participar enviando fotografías y colaborando en la toma de temperaturas para evidenciar el impacto de la falta de arbolado.
• La campaña reclama un urbanismo adaptado a la crisis climática que convierta las ciudades y pueblos en lugares más habitables.

Ecologistas en Acción de Extremadura presenta su campaña de verano, “Plazas Infernales”, una iniciativa con la que pretende denunciar el modelo de urbanismo hostil que todavía predomina en numerosas plazas y espacios públicos de la región, caracterizados por el predominio del hormigón, el granito, el asfalto… y por la escasez de árboles y zonas verdes que ayuden a reducir el calor de estos espacios.

La organización ecologista advierte de que el aumento de las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia de la crisis climática, hace imprescindible replantear el diseño de los espacios urbanos. En este contexto, considera urgente una planificación urbanística que priorice el bienestar de las personas, incorporando arbolado, vegetación y elementos que reduzcan la temperatura y permitan disfrutar de las plazas y calles incluso durante los meses más calurosos del año.

La campaña “Plazas Infernales”, se centrará en poner en evidencia el aumento de construcción y modificación hacia plazas públicas de arquitectura dura y sin arboleda que durante los últimos años se ha popularizado en el urbanismo extremeño. Convirtiendo las plazas en lugares infernales y poco acogedores que no cumplen sus funciones de socialización y espacio público durante todo el año. En muchos casos, se ha eliminado la arboleda histórica y ha primado la instalación de grandes eventos sobre el resto de usos. La campaña se desarrollará durante todo el verano y hasta el próximo 20 de septiembre, dando visibilidad a esta situación a través de sus RSS.

Uno de los pilares de la iniciativa será la participación ciudadana. La organización quiere implicar al conjunto de la sociedad extremeña, invitando a cualquier ciudadano preocupado por el estado de sus espacios públicos a colaborar, enviando fotografías de plazas y zonas urbanas sin arbolado o con una evidente falta de sombra a través de sus RSS. También fotos antiguas de las mismas plazas arboladas. Estas aportaciones servirán para mostrar la realidad existente en numerosos municipios extremeños y dar visibilidad a un problema que afecta directamente a la calidad de vida de la población. Pueden ser enviadas a extremadura@ecologistasenaccion.org.

Por último, Ecologistas en acción de Extremadura también quiere interpelar a las administraciones públicas y a los responsables políticos para que impulsen actuaciones decididas de adaptación al cambio climático. La organización reclama la creación de más refugios climáticos, la renaturalización de plazas y calles y un nuevo modelo urbanístico que haga de las ciudades y pueblos extremeños espacios más saludables, resilientes y habitables frente a los efectos de la crisis climática.

 

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La reforma de la Ley del Suelo del borrador del real decreto ley, ahora pospuesto hasta septiembre, podría suponer un desastre ambiental y social.

El Gobierno de España ha anunciado esta mañana que pospone hasta septiembre el real decreto ley sobre vivienda. En sus últimas versiones, el texto pretendía incluir una modificación de la Ley del Suelo para blindar las iniciativas de urbanización y construcción que se prueben irregulares en sede judicial.

A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública.

Las tres organizaciones coinciden en denunciar que se aproveche la grave crisis de vivienda para presentar un real decreto ley que camufla reivindicaciones del lobby inmobiliario con medidas propuestas por las inquilinas como acabar con el fraude del alquiler de temporada y de habitaciones. “Esta desprotección permitirá más urbanizaciones enclavadas en zonas naturales, lo que resulta, como se está viendo ahora, extremadamente peligroso y perjudicial en los grandes incendios forestales”, afirman las organizaciones ecologistas, que también exigen “extender y reforzar más allá de 2026 las ayudas que faciliten a la ciudadanía participar de una transición energética justa, entre ellos, avanzar hacia una tarifa social energética, garantizar el acceso a suministros básicos e impulsar la rehabilitación de las viviendas”.

En consecuencia, reclaman al gobierno y a los grupos parlamentarios que retiren los aspectos más lesivos de la reforma de la Ley del Suelo del texto del real decreto ley. Bajo el redactado actual, la reforma va en la misma línea que el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER) que el Consejo de Gobierno de Ayuso acaba de aprobar en la Comunidad de Madrid.

Dos prioridades inquilinas para el decreto: Incluir tácitas y limitar subidas

Respecto al conjunto del decreto de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas señala dos prioridades más para la negociación del real decreto ley en las próximas semanas:

1. Mantener todos los supuestos para acogerse a las prórrogas del anterior real decreto aprobado en marzo e incluir las situaciones de tácita reconducción que afectan a decenas de miles de familias.
2. Limitación de subidas de la renta interanual de los alquileres al 0%.

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• Ecologistas en Acción muestra su solidaridad con todas las personas afectadas por los incendios, así como con los equipos de extinción.
• En lo que va de año se han quintuplicado las hectáreas quemadas en el mismo plazo del año anterior, 2025, que ya fue dramático. 
• La organización ecologista reitera que el negacionismo climático agudizará estos incendios catastróficos y sus consecuencias, poniendo en riesgo a la población y  destruyendo ecosistemas de alto valor ecológico. 

Ecologistas en Acción quiere mostrar su solidaridad con todas las personas que están sufriendo los incendios forestales que devoran nuestros montes estos días. Al mismo tiempo, la organización quiere agradecer a todas las personas que trabajan incansablemente por extinguirlos y proteger a personas, bienes y servicios.

Lamentablemente, las previsiones se están cumpliendo, y ya se están batiendo récords, otro verano más, de superficie quemada. Viviendas arrasadas, miles de personas desalojadas, carreteras cortadas y paisajes que tardarán años en recuperarse si es que lo llegan a hacer, además de los miles de animales calcinados.

La ciencia lleva décadas alertando: si no se reducen de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles, la crisis climática seguirá agravándose año a año, provocando olas de calor más intensas y prolongadas, que ya están generando  las condiciones para la propagación cada vez más agresiva de los incendios forestales.

A pesar de ello, la organización ecologista denuncia que las autoridades no están respondiendo con las medidas necesarias a la amenaza de los incendios de nueva generación: “En los casos de Ávila y Madrid, gobiernan responsables autonómicos que niegan abiertamente el cambio climático, que rechazan poner en marcha medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que permiten desarrollos urbanísticos dispersos, que no invierten lo suficiente en prevención ni tienen un operativo de extinción dimensionado a las actuales circunstancias”.

Ecologistas en Acción insiste en que es fundamental y urgente adoptar medidas para evitar las igniciones, realizando una labor de concienciación social permanente y regulando mucho mejor las actividades humanas en los entornos naturales, especialmente aquellas que más incendios forestales están provocando de forma accidental.

Los grandes incendios forestales son un fenómeno complejo en el que interactúan la crisis climática, las igniciones de origen humano y la transformación de los hábitats forestales por la actividad humana, por lo que las respuestas deben abordarse de forma integrada y con base científica. Estas medidas deben incluir la limitación del urbanismo disperso, la elaboración de planes de protección de las poblaciones y de planes de emergencia y formación para la ciudadanía.

Asimismo, es imprescindible garantizar una gestión forestal adaptada a las nuevas condiciones climáticas, planificada según las características de cada territorio y orientada a favorecer paisajes más resilientes al fuego, combinando la conservación de los bosques de mayor valor natural con restauración ecológica y actuaciones preventivas en las masas forestales más vulnerables.

Por todo ello, la organización ecologista exige compromiso real e inaplazable a todas las administraciones públicas: “El contexto actual exige tomarse muy en serio la prevención y extinción de incendios. Se deben evaluar los medios disponibles y garantizar efectivos suficientes para hacer frente a la simultaneidad de incendios, además de obligar a las comunidades autónomas a ofrecer condiciones dignas para el personal de extinción de incendios”.

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• Ecologistes en Acció ha presentat fortes al·legacions davant d’un PLATER amb moltes deficiències davant la crisi ecològica i climàtica. En destaquen les mesures imprescindibles per a la protecció de la biodiversitat i dels territoris no artificialitzats, així com dels espais agraris, inclús els que estan en desús, per a garantir la sobirania alimentària del futur.
• Des de l’organització ecologista assumeixen que el pla és necessari perquè sense una planificació, la implantació d’energies renovables es farà igualment, de forma desordenada i prioritzarà el criteri purament empresarial sense cap aturador.
• Des de l’entitat es farà seguiment del procés fins a la futura aprovació, que tenen clar que, donat el calendari electoral, no serà immediata.

Ecologistes en Acció de Catalunya hem fet al·legacions al pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d’evacuació i els seus elements d’emmagatzematge (PLATER). Des de l’organització considerem greu la poca planificació que s’ha tingut fins ara en el desplegament d’energies renovables al nostre país i veiem la necessitat de tenir un pla, tanmateix denunciem el desenvolupisme amb què el planteja el Govern. Així, hem presentat al·legacions contundents i amb prou força per afrontar-lo i aconseguir un Pla just i equilibrat.

Donat que sense planificació, la implantació d’energies renovables es farà amb encara més criteri purament empresarial i desprotecció del territori, Ecologistes en Acció ha treballat en al·legacions que remarquen la importància crucial que té la protecció de territori natural i agrari. Així, estableix per exemple que als territoris no artificialitzats no s’hi puguin instal·lar parcs de més de dues hectàrees, amb un mínim de 4 km entre ells; i proposa moltes mesures de protecció de la biodiversitat.

Igualment, amb la perspectiva de l’emergència ecològica i alimentària, proposem que també s’excloguin de camps abandonats del PLATER, doncs és inconcebible cobrir de plaques el poc terreny agrari disponible, però també no fer res per a recuperar terreny agrari perdut i fomentar la sobirania alimentària.

Aquest PLATER s’ha realitzat en base al PROENCAT, la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que preveia un augment de consum que s’ha constatat com a desmesurat. A més, no se cenyeix al que contemplava la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, que promou l’estalvi i l’eficiència energètica i aprofitar espais ja antropitzats per a la generació d’energia; prioritza la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, afavorir l’autoconsum energètic i la participació d’actors locals en la producció i distribució d’energia renovable.

El PLATER s’ha de basar en l’estalvi i l’eficiència i preveure una reindustrialització sostenible i no en noves implantacions industrials d’alt consum energètic. El PLATER proposat està prioritzant la instal·lació prioritària en sòl no urbanitzable en comptes de fer-ho amb els espais artificialitzats i no prioritza la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum -ans al contrari, fa que les zones rurals hagin d’assumir la major part del consum de les zones urbanes i industrials-. Tampoc no proritza ni afavoreix “l’autoconsum energètic i la participació d’actors locals en la producció i distribució d’energia renovable” com exigeix la Llei.

Des d’Ecologistes en Acció hem fet per això propostes que portin a una planificació decreixentista i racional, però som conscients que fins que no s’accepti el PLATER se seguiran implantant projectes sense cap ordre ni respecte al territori. I som conscients que davant del panorama electoral i les motivacions electoralistes del partit de govern, segurament no s’acabarà aplicant fins passades les eleccions municipals i autonòmiques.

Per això seguirem pendents de tot allò que s’esdevingui en relació amb el Plater i pressionarem per a que el nostre posicionament sigui pres en compte.

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• Les al·legacions finals denuncien que l’expedient continua incomplet i no avalua adequadament el núvol tòxic, l’efecte dominó, el subministrament elèctric ni els abocaments al medi marí.
• La resposta social confirma la preocupació per la planta, i el 10 de juliol la coordinadora, formada per agrupacions veïnals, socials, ecologistes i sindicals, van registrar prop a 3.600 al·legacions ciutadanes.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat catorze blocs d’al·legacions finals a la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada d’Armonia Green Castellón SL per a instal·lar una planta de producció i emmagatzematge d’amoníac al Serrallo, al polígon industrial adjacent al Port de Castelló, que comptarà amb una producció prevista superior a mig milió de tones anuals a la fase final del projecte.

La Federació reclama que la Generalitat denegue l’autorització i emeta una declaració d’impacte ambiental desfavorable per les deficiències essencials detectades en seguretat, participació pública, energia i protecció del medi marí.

Estes al·legacions culminen una sèrie d’accions que començaren en 2025 quan, Ecologistes en Acció, va presentar observacions crítiques al document inicial del Projecte d’Interés Autonòmic. A principis de juny de 2026 va denunciar davant la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental l’absència de documents de seguretat; i després va demanar la suspensió de la informació pública i va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges.

No obstant això, la primera deficiència continua sense resoldre’s: l’Informe de Seguretat i el Pla d’Autoprotecció o d’Emergència Interior no van ser sotmesos a informació pública, malgrat que la promotora reconeix que la instal·lació estaria afectada pel nivell superior de la normativa d’accidents greus (Directiva Seveso III). Sense estos documents, la ciutadania no ha pogut conèixer íntegrament els possibles accidents, les mesures preventives i correctores ni la resposta prevista davant una emergència.

Les al·legacions també advertixen que el projecte no incorpora un estudi específic de dispersió del possible núvol tòxic derivat d’una fuga massiva o d’un accident als dos grans dipòsits, amb una capacitat conjunta pròxima a 56.000 tones d’amoníac. La documentació associa al pitjor escenari considerat una distància de l’1 % de letalitat de 3.563 metres.

A més, l’informe de l’Agència de Seguretat i Emergències de la pròpia Generalitat Valenciana, signat en juliol de 2025, va ser desfavorable i va concloure que les zones d’intervenció i alerta i les mesures previstes no permetien assegurar la protecció de la població. En un dels escenaris analitzats, la zona d’alerta superava els 5,5 quilòmetres. Les mesures correctores d’una addenda de març de 2026 tampoc s’han incorporat al projecte bàsic ni a la memòria tècnica.

Tampoc s’ha estudiat adequadament l’efecte dominó en un polígon que concentra establiments sotmesos a la normativa Seveso, com BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. L’amonoducte projectat travessaria el Serrallo fins al Port, prop de dipòsits i instal·lacions amb substàncies perilloses. Per això, Ecologistes en Acció reclama una avaluació conjunta dels riscos i l’actualització dels plans d’emergència exterior i del PLATEMCAS.

Per altra banda, el projecte planteja potències contradictòries i arriba fins als 850,3 MW. Segons la memòria, el consum anual se situaria entre 5,6 i 6,6 TWh, una magnitud pròxima a una quarta part del consum elèctric valencià. No obstant això, no assegura la capacitat de connexió elèctrica suficient ni que l’electricitat siga efectivament renovable.

A banda, la línia exterior de 400 kV queda fora del projecte avaluat, una exclusió que la Federació ecologista considera un fraccionament de projectes contrari a la legislació ambiental. La producció d’amoníac s’exportaria íntegrament per via marítima a ports europeus, sense contribuir directament a la descarbonització de la indústria local.

En l’àmbit marí, el projecte preveu abocar uns 3,85 hm³ anuals de salmorra i altres aigües residuals. L’estudi no avalua adequadament els efectes acumulatius amb altres abocaments del Serrallo, la direcció real dels corrents marins, la ploma tèrmica —amb un efluent fins a 3 °C més calent—, la biocenosi marina ni el risc d’inundació de part de la parcel·la.

Les mancances afecten especialment la ZEPA Delta de l’Ebre–Illes Columbretes i les praderies de Posidonia oceanica pròximes. Les al·legacions qüestionen també els límits d’abocament, l’absència d’una dilució preventiva suficient, l’ús indeterminat d’antiincrustants i les deficiències dels estudis acústic, d’olors i de patrimoni cultural.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no s’oposa a la descarbonització, sinó a l’escala, l’emplaçament i la falta de garanties d’este projecte. Per això reclama que la Generalitat denegue l’Autorització Ambiental Integrada i descarte l’emplaçament proposat.

 

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

 

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• Las alegaciones finales denuncian que el expediente continúa incompleto y no evalúa adecuadamente la nube tóxica, el efecto dominó, el suministro eléctrico ni los vertidos al medio marino.
• La respuesta social confirma la preocupación por la planta, y el 10 de julio la coordinadora, formada por agrupaciones vecinales, sociales, ecologistas y sindicales, registraron cerca a 3.600 alegaciones ciudadanas.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado catorce bloques de alegaciones finales a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Armonia Green Castellón SL para instalar una planta de producción y almacenamiento de amoníaco al Serrallo, en el polígono industrial adyacente al Puerto de Castelló, que contará con una producción prevista superior a medio millón de toneladas anuales a la fase final del proyecto.

La Federación reclama que la Generalitat deniegue la autorización y emita una declaración de impacto ambiental desfavorable por las deficiencias esenciales detectadas en seguridad, participación pública, energía y protección del medio marino.

Estas alegaciones culminan una serie de acciones que empezaron en 2025 cuando, Ecologistes en Acció, presentó observaciones críticas al documento inicial del Proyecto de Interés Autonómico. A principios de junio de 2026 denunció ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la ausencia de documentos de seguridad; y después pidió la suspensión de la información pública y presentó una queja ante el Síndic de Greuges.

Sin embargo, la primera deficiencia continúa sin resolverse: el Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección o de Emergencia Interior no fueron sometidos a información pública, a pesar de que la promotora reconoce que la instalación estaría afectada por el nivel superior de la normativa de accidentes graves (Directiva Seveso III). Sin estos documentos, la ciudadanía no ha podido conocer íntegramente los posibles accidentes, las medidas preventivas y correctoras ni la respuesta prevista ante una emergencia.

Las alegaciones también advierten que el proyecto no incorpora un estudio específico de dispersión de la posible nube tóxica derivado de una fuga masiva o de un accidente a los dos grandes depósitos, con una capacidad conjunta próxima a 56.000 toneladas de amoníaco. La documentación asocia al peor escenario considerado una distancia del 1% de letalidad de 3.563 metros.

Además, el informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la propia Generalitat Valenciana, firmado en julio de 2025, fue desfavorable y concluyó que las zonas de intervención y alerta y las medidas previstas no permitían asegurar la protección de la población. En uno de los escenarios analizados, la zona de alerta superaba los 5,5 kilómetros. Las medidas correctoras de una adenda de marzo de 2026 tampoco se han incorporado al proyecto básico ni a la memoria técnica.
Tampoco se ha estudiado adecuadamente el efecto dominó en un polígono que concentra establecimientos sometidos en la normativa Seveso, como BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. El amonoducto proyectado atravesaría el Serrallo hasta el Puerto, cerca de depósitos e instalaciones con sustancias peligrosas. Por eso, Ecologistes en Acció reclama una evaluación conjunta de los riesgos y la actualización de los planes de emergencia exterior y del PLATEMCAS.
Por otro lado, el proyecto plantea potencias contradictorias y llega hasta los 850,3 MW. Según la memoria, el consumo anual se situaría entre 5,6 y 6,6 TWh, una magnitud próxima a una cuarta parte del consumo eléctrico valenciano. Sin embargo, no asegura la capacidad de conexión eléctrica suficiente ni que la electricidad sea efectivamente renovable. A banda, la línea exterior de 400 kV queda fuera del proyecto evaluado, una exclusión que la Federación ecologista considera un fraccionamiento de proyectos contrario a la legislación ambiental. La producción de amoníaco se exportaría íntegramente por vía marítima a puertos europeos, sin contribuir directamente a la descarbonización de la industria local.

En el ámbito marino, el proyecto prevé abocar unos 3,85 hm³ anuales de salmuera y otras aguas residuales. El estudio no evalúa adecuadamente los efectos acumulativos con otros vertidos del Serrallo, la dirección real de las corrientes marinas, la pluma térmica —con un efluente hasta 3 °C más caliente—, la biocenosis marina ni el riesgo de inundación de parte de la parcela.
Las carencias afectan especialmente la ZEPA Delta del Ebro–Iles Columbretes y las praderías de Posidonia oceanica próximas. Las alegaciones cuestionan también los límites de vertido, la ausencia de una dilución preventiva suficiente, el uso indeterminado de antiincrustantes y las deficiencias de los estudios acústico, de olores y de patrimonio cultural.

Por todo esto, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no se opone a la descarbonización, sino en la escalera, el emplazamiento y la falta de garantías de este proyecto. Por eso reclama que la Generalitat deniegue la Autorización Ambiental Integrada y descarto el emplazamiento propuesto.

 

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

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Discurs pronunciat per Luis Cerrillo, coordinador d’Ecologistes en Acció del País Valencià, durant l’entrega de Premis de Xúquer Viu el 10 de juliol de 2026 a Corbera.

En primer lloc, moltes gràcies per este Premi Aigua Clara 2026. És un immens honor rebre un reconeixement que prové d’una organització amb la qual compartim tantes lluites, tants espais de trobada i, sobretot, una maateixa manera d’entendre la defensa del territori.

Volem compartir este premi amb totes les persones que, des dels diferents grups d’Ecologistes en Acció del País Valencià, dediquen hores, esforç i il·lusió de forma completament voluntària. Sense elles, este reconeixement no tindria sentit. També ho compartim amb totes les persones i col·lectius que, des de fa dècades, han defensat els nostres rius, l’Albufera, les muntanyes, les platges, els aqüífers, l’horta i els nostres pobles enfront d’un model que continua tractant el territori com una mercaderia.

Per a nosaltres, defendre l’aigua mai ha sigut només una qüestió ambiental. Parlar d’aigua és parlar de justícia social, de salut, de biodiversitat, d’agricultura, de sobirania alimentària i de democràcia. Per això hem caminat tantes vegades al costat de Xúquer Viu reclamant cabals ecològics, denunciant la sobreexplotació dels aqüífers, oposant-nos a transvasaments especulatius i exigint una nova cultura de l’aigua que pose la vida en el centre.

Vivim temps difícils. L’emergència climàtica ja no és una amenaça futura, és una realitat que patim cada dia. Els fenòmens extrems, els incendis, les sequeres, les inundacions i la pèrdua accelerada de biodiversitat ens recorden que els límits ecològics existixen. No obstant això, continuem veient com s’impulsen macroprojectes energètics sense planificació, ampliacions d’infraestructures, nous processos d’urbanització, agressions al litoral i polítiques que anteposen els interessos econòmics d’uns pocs al bé comú.

Davant esta situació, l’ecologisme és hui més necessari que mai. No sols per a denunciar, sinó també per a proposar alternatives. Per a demostrar que és possible viure millor consumint menys territori, menys aigua i menys energia. Que la millor infraestructura és la que protegix els ecosistemes dels quals depenem. Que no pot haver-hi una economia sana sobre un territori degradat.

Este premi també ens recorda una cosa molt important: cap victòria és individual. Els avanços sempre són fruit del treball col·lectiu, de les aliances entre organitzacions, plataformes, comunitats locals, persones investigadores, sindicats, moviments socials i tantes persones anònimes que mai apareixen en els titulars, però que sostenen les lluites durant anys.

Per això volem aprofitar este moment per a reafirmar el nostre compromís de continuar treballant braç a braç amb Xúquer Viu i amb totes les organitzacions que defenem una terra viva, uns rius vius i un futur digne per a les generacions presents i futures.

Per a acabar, una idea que compartim plenament: l’aigua no és un recurs qualsevol; és un bé comú que sosté la vida. Defendre-la és defendre el país que volem construir.

Moltes gràcies per este premi, però, sobretot, moltes gràcies per seguir lluitant. Continuarem trobant-nos en els rius, als carrers i allí on siga necessari defendre la naturalesa i el bé comú.

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Ecoloxistas en Acción e o Movimento UIVO (Portugal) convocan unha concentración internacional de protesta contra o proxecto mineiro San Juan, promovido pola empresa sueca Eurobattery Minerals, o vindeiro xoves 23 de xullo, ás 9:30 horas, ao pé da igrexa de San Martiño da Gudiña.

A mobilización reunirá representantes de organizacións ecoloxistas e cidadanía de Galiza e Portugal para denunciar a tramitación dun proxecto que, ademais de afectar un territorio de elevado valor ambiental, pretende desenvolverse sen cumprir as obrigas legais en materia de avaliación ambiental transfronteiriza e de consulta ao Estado portugués.

A mina proxectada sitúase a apenas dous quilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima ao Parque Natural de Montesinho e ás cabeceiras do río Rabaçal, un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de auga potable de numerosas poboacións do concello de Vinhais. A pesar deste evidente carácter transfronteirizo, nin a autorización inicial nin a recente prórroga da concesión outorgada pola Xunta foron sometidas ao procedemento de avaliación de impactos transfronteirizos previsto na normativa europea e no Convenio de Espoo.

A concentración prodúcese nun momento de especial relevancia xurídica para este proxecto. O Xulgado de Instrución nº 1 de Santiago abriu dilixencias para investigar a presunta comisión dun delito de prevaricación na concesión da prórroga de trinta anos da explotación mineira, tras a denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción contra o director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta e o administrador de Eurobattery Minerals. Segundo a organización ecoloxista, a autorización foi concedida malia existir resolucións xudiciais firmes que obrigaban a someter calquera prórroga a unha nova avaliación de impacto ambiental.

Ecoloxistas en Acción considera especialmente preocupante que a empresa estea promovendo o inicio dos traballos mentres persisten graves dúbidas sobre a legalidade da autorización mineira e sobre o cumprimento da normativa ambiental aplicable. A organización lembra que a protección dos ecosistemas e dos recursos hídricos compartidos entre Galiza e Portugal non pode quedar subordinada aos intereses dunha empresa privada.

A mobilización é impulsada igualmente polo Movimento UIVO, do outro lado da raia, que fará entrega simbólica dunha carta dirixida á alcaldía da Gudiña para expresar a preocupación existente en Portugal polas posibles consecuencias ambientais do proxecto e reclamar o respecto dos compromisos internacionais entre ambos os Estados.

Ecoloxistas en Acción anima á cidadanía, ás entidades sociais e ás persoas comprometidas coa defensa do territorio a participar nesta concentración como mostra de apoio á protección do patrimonio natural compartido e en defensa dunha administración pública sometida ao cumprimento da legalidade.

 

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Les entitats denuncien els riscos per a la salut, el medi ambient i la seguretat i reclamen a la Generalitat que denegue l’autorització ambiental integrada

La Plataforma contra la planta d’amoníac d’Armonia Green, de la qual en forma part Ecologistes en Acció del País Valencià i l’Arquet-Ecologistes en Acció de la Vall d’Uixó, ha registrat al voltant de 3.000 al·legacions contra el projecte que l’empresa promou al polígon del Serrallo, entre el Grau de Castelló i Almassora.

Les al·legacions són el resultat de setmanes de treball conjunt entre les diferents associacions, col·lectius socials i entitats ecologistes que integren la plataforma, així com de la implicació de centenars de persones que han volgut mostrar el seu rebuig a una infraestructura que consideren incompatible amb la seguretat de la població i la protecció del territori.

A aquestos milers d’al·legacions registrades hui presencialment en l’oficina Prop de Castelló de la Plana per membres d’algunes de les entitats que conformen la plataforma, així com d’Intersindical Valenciana i CCOO del País Valencià se sumaran fins que acabe el termini a principi  de la setmana que ve les al·legacions telemàtiques i les aportades durant este cap de setmana per veins i veines principalment del Grau, Castelló i Almassora. Per això, la plataforma espera arribar a prop de les 5.000 al·legacions en total.

Fins el moment, la resposta ciutadana ha sigut especialment significativa als nuclis més pròxims al projecte. Les al·legacions presentades  equivalen a prop del 10% de la població censada a la Mar d’Almassora i a vora el 15% de les persones que viuen al Grau de Castelló, una participació molt poc habitual en un procés d’informació pública i que evidencia la preocupació i el rebuig social que desperta la planta d’amoníac entre el veïnat directament afectat.

La plataforma considera que aquesta elevada participació ciutadana demostra l’ampli rebuig social que genera el projecte i reclama a la Generalitat Valenciana que tinga en compte els arguments tècnics, ambientals i socials exposats abans de resoldre la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada.

La coordinació entre les diferents entitats va nàixer el passat mes de juny amb la constitució de la Plataforma contra la planta d’amoníac, integrada per associacions veïnals, col·lectius socials, organitzacions ecologistes i entitats de Castelló, el Grau i Almassora amb un objectiu compartit: impedir la implantació d’una activitat industrial d’alt risc en una de les zones amb major concentració d’indústries químiques del País Valencià.

Des de la seua constitució, la plataforma ha desenvolupat una intensa campanya informativa amb xarrades obertes, taules informatives als mercats, repartiment de material divulgatiu i assessorament per facilitar la presentació d’al·legacions per part de la ciutadania. Aquest treball ha permés traslladar als veïns i veïnes la informació disponible sobre els riscos associats al projecte i mobilitzar una resposta ciutadana sense precedents.

Entre els principals arguments de les al·legacions destaquen l’increment del risc industrial en un entorn ja altament saturat, els possibles efectes d’un accident greu sobre els nuclis habitats pròxims, l’impacte ambiental i paisatgístic del projecte, així com les deficiències detectades en la documentació sotmesa a informació pública. En aquest sentit, diferents entitats han denunciat també la manca d’informació essencial per avaluar adequadament els riscos de la instal·lació.

La plataforma ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han presentat al·legacions i de les associacions que han fet possible aquesta mobilització ciutadana. Així mateix, ha advertit que la presentació d’al·legacions és només el primer pas d’una campanya que continuarà amb noves accions informatives, institucionals i de mobilització social fins aconseguir que el projecte siga definitivament descartat.

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• Adolescencia Libre de Móbiles, Escola Saudable de Ecoloxistas en Acción e a Asociación Educación Activa comezaron con Aitor Bouza Manso, voceiro en materia de educación do Grupo Parlamentario Socialista, unha roda de encontros informativos.
• Voceiras destas asociacións mostraron ao representante do PsdG os mitos tecnolóxicos na proposición de lei, que, lonxe dos criterios científicos e das recomendacións das sociedades científicas, desprotexen a infancia e mocidade nos eidos da aprendizaxe, saúde e privacidade.
• Aitor Bouza comunícalles o seu interese de coñecer de primeira man ditas alertas e recomendacións e de como atenderllas no proceso de tramitación da mencionada lei de educación dixital de Galicia.

O 15 de xullo no Parlamento Galego, Adolescencia Libre de Móbiles, o programa escuelasaludable.org de Ecoloxistas en Acción e a Asociación Educación Activa, presentaron ao deputado Aitor Bouza, as 30 consideracións ao proxecto de Lei de educación dixital de Galicia que identifican os mitos tecnolóxicos que sustentan dito proxecto de lei, e desprotexen as persoas menores por non atender ao coñecemento científico e as recomendacións de paneis/institucións expertas (Suecia, Canadá, Francia, España, …), nin as recomendacións das principais sociedades científicas a nivel estatal do eido da medicina e a psicoloxía:

Sobre os efectos negativos coñecidos na aprendizaxe: Se informes como os PISA, mostran claramente peor rendemento académico a maior uso de pantallas na aula, paneis de persoas/institucións expertas desvelan como a introdución precoz de pantallas nos menores diminúe a concentración, a memoria de traballo, a lecto-escritura, o desenvolvemento da linguaxe, a calidade das aprendizaxes -máis superficiais e acríticos-; así como compite (rouba oportunidades) coas interaccións humanas necesarias na maduración e a aprendizaxe profunda.

Sobre os efectos negativos coñecidos no uso precoz de pantallas na saúde e desenvolvemento: No neurodesenvolvemento: retraso na linguaxe e psicomotor, menor desenvolvemento cognitivo e coeficiente intelectual, dificultade na xestión emocional e no desenvolvemento da autorregulación, menor volume cerebral en áreas clave -temporal, parietal, frontal-, deterioro da memoria de traballo e aumento da impulsividade, hiperactivación do sistema límbico, dificultade no desenvolvemento do control de impulsos, deterioro da atención sostida.

Na saúde mental: Condutas adictivas, depresión, ansiedade, problemas de concentración, baixa autoestima, trastornos alimentarios, alteracións do sono, pensamentos / prácticas suicidas…) e física (obesidade, risco cardiometabólico, fatiga visual, miopía, peores habilidades motoras, alteracións musculoesqueléticas,…),

Informaron igualmente a Aitor Bouza de como o proxecto de Lei Dixital de Galicia, é incompatíbel coas recomendacións da Asociación Española de Pediatría (AEP), asumidas na actualidade por, ao menos, 17 sociedades científicas da medicina e da psicoloxía: establecer tempos máximos de pantallas (non usar pantallas até os 6 anos, non máis dunha hora ao día entre os 7 e os 12 anos, e dúas horas a partir dos 13 anos, incluíndo o horario escolar), postergar o primeiro smartphone e o acceso a redes sociais até os 16 anos, e educar no dixital (e preparar para un mundo dixital) sen introducir ao alumnado como usuario de dispositivos, redes nin plataformas.

As voceiras das organizacións de familias, profesionais sanitarios, docentes e ecoloxistas, subliñaron que a innovación no eido educativo (e na protección dos menores) atópase nunha desescalada dixital nas aulas, non na introdución disruptiva de pantallas nunha poboación infantoxuvenil, máis vulnerábel a súa fascinación adictóxena e o roubo da atención. Mostraron como metodoloxías sen pantallas favorecen, en maior medida, o desenvolvemento do pensamento computacional e da competencia dixital dende unha perspectiva crítica. Reivindicaron as escolas como refuxios libres da omnipresenza das pantallas, onde prime o analóxico e se potencien metodoloxías activas, investigativas e participativas.
Sobre a desprotección na privacidade

Informaron igualmente ao deputado do PsdG de como o proxecto de lei, segue a permitir no ensino uns servizos dixitais das grandes compañías tecnolóxicas, incompatíbeis coa a privacidade. O propio uso do paquete ofimático de Microsoft usado nas aulas, xa foi desautorizado recentemente pola Autoridade de Protección de Datos austríaca por rastrexar ilegalmente ao alumnado e non dar acceso total á información recompilada.
Alentaron ao voceiro do PsdG a defender a migración progresiva a software libre de sistemas operativos e ferramentas dixitais, e formas reais de control da privacidade en plataformas, comunicacións, etc.

Sobre a “sordeira” da Xunta ao actual coñecemento científico

Adolescencia Libre de Móbiles, “Escola Saudable” de Ecoloxistas en Acción e a Asociación Educación Activa informaron a Aitor Bouza sobre o cambio de paradigma e a desescalada dixital xa iniciada nos países nórdicos pioneiros na dixitalización (Suecia, Finlandia, Dinamarca e Noruega), seguidos, en diferente grao, por outros países europeos, ou en diferentes Estados de EE.UU (actualmente en 5 e 10 en proceso, co apoio de familias, sindicatos docentes e apoios transversais nos seus respectivos parlamentos).

En España, a comunidade catalá comezou este curso retirando pizarras dixitais dá etapa infantil (0-6 anos), comunidades como a cántabra (orde autonómica), a valenciana (proxecto de orde), a balear (currículos escolares), tamén propoñen a retirada nesta etapa. Comunidades autónomas como a madrileña ou a catalá reverten a introdución de dispositivos dixitais individuais (DDI) até a ESO ou até 6º de primaria, respectivamente. O tempo de uso de DDI xa foi reducido recentemente regulando segundo a etapa, de 1 a 2 horas/día na comunidade murciana, entre 2-4 horas en primaria e 2-4 horas/día en secundaria na comunidade aragonesa, e, no caso dos dispositivos dixitais compartidos (DDC), entre 1 ou 2 horas á semana na comunidade madrileña no eido do ensino primario.

 

Documento PDF: 30 consideracións ao proxecto de Lei de educación dixital de Galicia

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• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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• El nuevo informe de Ecologistas en Acción analiza 57 proyectos de restauración marina y advierte de que la restauración ecológica sigue siendo una política insuficientemente consolidada, pese a la grave crisis que atraviesan los ecosistemas marinos.
• Los resultados muestran que existe una brecha preocupante entre la capacidad de restaurar especies y hábitats concretos y la recuperación efectiva de las funciones ecológicas del mar, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas de restauración.
• Ante la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, Ecologistas en Acción reclama un plan nacional ambicioso que garantice financiación estable, seguimiento científico a largo plazo, eliminación de las presiones que degradan los ecosistemas y una gobernanza basada en la participación real de las comunidades costeras.

 

 

La restauración marina ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el Estado español durante la última década. Frente al deterioro acumulado de los ecosistemas marinos provocado por la sobrepesca, la destrucción de hábitats, la contaminación, la artificialización del litoral o el cambio climático, cada vez son más las iniciativas que buscan recuperar la biodiversidad y las funciones ecológicas del mar. El informe Mares Vivos. Claves para la restauración marina en el Estado español, elaborado por Ecologistas en Acción, analiza 57 proyectos desarrollados en distintos territorios para identificar los avances logrados, los obstáculos que siguen limitando su éxito y las lecciones que deberían orientar las futuras políticas públicas de restauración.

Los resultados muestran una realidad con luces y sombras. Por un lado, la restauración marina ha dejado de ser una experiencia marginal. Durante los últimos años se han multiplicado los proyectos dirigidos a recuperar praderas de fanerógamas marinas, ecosistemas coralígenos, bancos de ostras, bosques de macroalgas y especies amenazadas, generando un importante conocimiento técnico y científico.

Sin embargo, el informe también pone de manifiesto que todavía existe una brecha importante entre restaurar organismos y restaurar ecosistemas. La mayoría de los proyectos analizados han conseguido demostrar la supervivencia de las especies restauradas o la viabilidad de las técnicas empleadas, pero solo una pequeña parte ha podido acreditar una recuperación ecológica efectiva de los ecosistemas intervenidos.

Para Ecologistas en Acción, esta diferencia es fundamental. El objetivo de la restauración no puede limitarse a plantar fanerógamas, trasplantar corales o reforzar poblaciones amenazadas. El reto es recuperar ecosistemas funcionales, capaces de albergar biodiversidad, sostener procesos ecológicos y aumentar su resiliencia frente a amenazas que son difícilmente evitables como las olas de calor.

Entre los principales obstáculos identificados destaca la corta duración de la mayoría de los proyectos. Muchas de las especies y hábitats objeto de restauración necesitan décadas para recuperar plenamente su funcionalidad ecológica, pero la mayor parte de las iniciativas se desarrollan en ciclos de apenas tres a cinco años. Esta limitación se ve agravada por una fuerte dependencia de convocatorias temporales, principalmente financiadas con fondos europeos, que dificultan la continuidad de las actuaciones y la consolidación de los resultados.

La situación resulta especialmente preocupante en un momento en el que la financiación europea destinada específicamente a la conservación y restauración de la naturaleza se encuentra amenazada en las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la UE, poniendo en riesgo algunos de los principales instrumentos que han permitido impulsar la restauración marina durante los últimos años, como el programa LIFE.

El informe señala también que el seguimiento científico continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la restauración marina. A pesar de que en la gran mayoría de los casos el desarrollo del proyecto se lleva a cabo con un importante peso científico, una parte significativa de los proyectos finalizados carece de información pública sobre su evolución posterior, lo que dificulta conocer el alcance real de los resultados obtenidos y limita el aprendizaje colectivo.

Además, la información disponible de los proyectos analizados suele centrarse en los casos de éxito, mientras que las dificultades, limitaciones o fracasos permanecen poco documentados pese a que constituyen una fuente de conocimiento imprescindible para mejorar futuras intervenciones.

Otro de los mensajes centrales del informe es que la restauración activa, por sí sola, no basta. Aunque trasplantes, viveros, refuerzos poblacionales o arrecifes artificiales pueden desempeñar un papel importante, su eficacia disminuye cuando continúan actuando las causas que provocaron la degradación. La recuperación de los ecosistemas marinos exige avanzar simultáneamente en la eliminación de presiones humanas, como determinadas prácticas pesqueras, el fondeo sobre hábitats sensibles, la contaminación o la acumulación de residuos.

En este sentido, Ecologistas en Acción hace hincapié en que las áreas marinas protegidas bien gestionadas —es decir, con planes de gestión operativos que incorporan medidas de eliminación de las presiones y marcos de gobernanza colaborativos— pueden ofrecer condiciones especialmente favorables. En cualquier caso, la organización advierte de que la restauración marina no debe limitarse únicamente a estos espacios.

Lucas Barrero, coautor del informe, ha declarado: “La experiencia acumulada demuestra además que los proyectos más sólidos son aquellos capaces de implicar a los actores locales desde las primeras fases de diseño hasta la ejecución y el seguimiento de las actuaciones. La colaboración entre comunidad científica, administraciones, sector pesquero y organizaciones sociales, no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que favorece su continuidad y genera el apoyo social necesario para mantener los resultados a largo plazo”.

Lecciones para el futuro Plan Nacional de Restauración

A la luz de las lecciones extraídas de los proyectos analizados, Ecologistas en Acción considera que el futuro Plan Nacional de Restauración, que debe enviar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre, debe convertirse en una herramienta capaz de garantizar la continuidad de los esfuerzos restauradores más allá de los ciclos de financiación. Para ello, será imprescindible asegurar recursos estables, desarrollar sistemas de evaluación basados en indicadores comunes y reforzar el seguimiento científico de las actuaciones durante periodos suficientemente largos como para poder evaluar la recuperación real de los ecosistemas.

Además, la organización ecologista defiende que el Plan incorpore de forma decidida la restauración pasiva mediante la reducción efectiva de las presiones que afectan al medio marino; fortalezca la gestión de los espacios marinos protegidos; garantice una distribución equilibrada de recursos entre las distintas demarcaciones marinas; y establezca mecanismos de gobernanza transparentes y participativos que permitan implicar a las comunidades costeras en la toma de decisiones.

Asimismo, considera imprescindible que la adaptación al cambio climático atraviese todas las actuaciones de restauración y que se promueva una cultura de aprendizaje colectivo donde los fracasos y las limitaciones sean también documentados y compartidos.

LIFE ECOREST, una referencia para la restauración marina

Entre los proyectos analizados, el LIFE ECOREST destaca como una de las experiencias más avanzadas e inspiradoras desarrolladas hasta la fecha en el Mediterráneo occidental. El proyecto, desarrollado frente a las costas catalanas, combina la restauración activa de comunidades coralígenas y hábitats bentónicos profundos con actuaciones destinadas a reducir las presiones que afectan a estos ecosistemas, incorporando además la participación directa del sector pesquero en la identificación y establecimiento de áreas prioritarias y vedados de pesca, la recuperación de organismos capturados accidentalmente y el seguimiento de los resultados.

La implicación activa del sector pesquero es uno de los elementos más destacados de esta experiencia. Su colaboración en la recuperación de gorgonias, corales y esponjas capturados accidentalmente demuestra que la conservación marina y la actividad pesquera pueden construir alianzas capaces de mejorar el estado de los ecosistemas y reforzar la sostenibilidad de los recursos marinos.

Ecologistas en Acción destaca que, por su combinación de restauración activa y pasiva, seguimiento a largo plazo y gobernanza colaborativa, LIFE ECOREST constituye una referencia valiosa para el futuro Plan Nacional de Restauración y para avanzar hacia una recuperación real y duradera de los ecosistemas marinos.

Marta García Pallarés, coautora del informe, ha añadido: “LIFE ECOREST forma parte de una trayectoria de más de una década de trabajo en la restauración del coralígeno profundo, una continuidad que ha permitido acumular conocimiento científico, perfeccionar metodologías y evaluar los resultados en escalas temporales acordes con los ritmos de recuperación de los ecosistemas marinos”.

Recientemente, Ecologistas en Acción ha documentado este trabajo conjunto entre personal científico y sector pesquero mediante un reportaje fotográfico realizado junto al proyecto.

 

Reportaje fotográfico LIFE Ecorest maquetado y carpeta de fotos.

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La organización considera que iniciativas como Campoo Estación Sonora son positivas para dinamizar el medio rural, pero rechaza que una parte de su programación se desarrolle en espacios naturales de alta sensibilidad ecológica y solicita el traslado de esos conciertos a otros lugares compatibles con la conservación del patrimonio natural.

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado un escrito ante la Dirección General de Montes y Biodiversidad en el que solicita la suspensión cautelar de los conciertos y actividades del programa Campoo Estación Sonora previstos en espacios naturales protegidos, como el entorno del Alto del Chivo, hasta que la organización de dichos eventos sea trasladada a emplazamientos más adecuados desde el punto de vista ambiental.

La asociación quiere dejar claro desde el primer momento que no cuestiona el festival ni las iniciativas culturales que buscan dinamizar la comarca de Campoo. Al contrario, considera muy valiosas aquellas propuestas que contribuyen a diversificar la oferta turística, fortalecer la actividad económica y acercar la cultura al medio rural. Precisamente por ello, entiende que un proyecto de estas características merece desarrollarse en escenarios compatibles con la conservación del patrimonio natural, aprovechando la enorme riqueza cultural, histórica y paisajística que ofrece la comarca.

La oposición de Ecologistas en Acción se limita exclusivamente a una pequeña parte de la programación: aquella prevista en enclaves de especial sensibilidad ecológica. La organización considera que la celebración de conciertos en espacios integrados en la Red Natura 2000 resulta incompatible con los objetivos de conservación para los que estos lugares fueron protegidos y entiende que existen alternativas suficientes para mantener íntegro el atractivo del festival sin comprometer los valores naturales del territorio.

Parte de las actuaciones anunciadas tendrán lugar en el entorno del Alto del Chivo, un espacio de alta montaña integrado en la Red Natura 2000 y situado dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo en Cantabria. Además, durante el mes de julio este entorno continúa siendo utilizado por diversas especies protegidas de aves de alta montaña en periodo reproductor, así como por distintas especies de quirópteros especialmente sensibles a las perturbaciones derivadas del ruido, la iluminación artificial y la presencia masiva de personas.

Ecologistas en Acción recuerda que fue la propia Administración autonómica la que, durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de nieve artificial de Alto Campoo en 2011, reconoció expresamente la elevada sensibilidad ambiental de este sector de la montaña. Aquella resolución obligó a modificar el proyecto inicialmente previsto, suprimiendo parte de las instalaciones de innivación precisamente para evitar el incremento de las molestias acústicas sobre la fauna. A juicio de la organización, este antecedente hace difícil comprender que un entorno donde la propia Administración consideró necesario limitar determinadas actuaciones por sus efectos sobre la biodiversidad pueda convertirse ahora en escenario de conciertos y otros eventos musicales sin que se conozcan los criterios técnicos que lo justifican.

En el escrito presentado, Ecologistas en Acción señala que desconoce si los conciertos previstos han sido sometidos a los procedimientos de evaluación ambiental que pudieran resultar exigibles, si se ha realizado una evaluación de sus posibles repercusiones sobre la Red Natura 2000 o si existen informes específicos de la Dirección General competente en materia de biodiversidad.

Por ese motivo, la asociación ha solicitado el acceso íntegro a los expedientes administrativos, informes técnicos y autorizaciones relacionadas con estos eventos. La solicitud de suspensión cautelar formulada por Ecologistas en Acción se refiere únicamente a los conciertos y actividades aún pendientes de celebración que estén previstos en espacios naturales protegidos de especial sensibilidad. La organización insiste en que su objetivo no es impedir el desarrollo del festival, sino evitar que determinadas localizaciones sienten un precedente incompatible con la conservación de estos espacios.

Para Ecologistas en Acción, el verdadero debate no enfrenta cultura y naturaleza. Campoo dispone de un extraordinario patrimonio cultural, industrial, histórico y paisajístico, con numerosos enclaves capaces de acoger este tipo de eventos sin generar conflictos ambientales. Desplazar los conciertos previstos en lugares como el Alto del Chivo a cualquiera de esos espacios permitiría mantener intacta la programación cultural y, al mismo tiempo,  preservar aquellos enclaves cuya principal función es garantizar la conservación de la biodiversidad.

La organización considera que proteger los espacios naturales más valiosos no supone un obstáculo para el desarrollo de iniciativas culturales, sino una oportunidad para planificarlas de forma más coherente con los valores del territorio. Compatibilizar cultura y conservación no solo es posible, sino que constituye la mejor manera de poner en valor el patrimonio de Campoo en toda su diversidad.
Por ello, Ecologistas en Acción espera que la Administración autonómica facilite toda la información ambiental solicitada, aclare si se han seguido los procedimientos legalmente exigibles y promueva, junto con la organización del festival, una solución que permita mantener el éxito de esta iniciativa trasladando las actuaciones previstas en los espacios de mayor sensibilidad ambiental a otros lugares de la comarca plenamente adecuados para acogerlas.

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• 200 participantes de esta ruta en bicicleta organizada por Ecologistas en Acción viajarán como comunidad itinerante del 18 de julio al 2 de agosto para reivindicar unos territorios vivos y resilientes.
• El pelotón saldrá de León, recorrerá más de 700 kilómetros y finalizará en Xixón; catorce etapas en las que entrarán en contacto con los grupos locales de la organización ecologista así como con otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio.
• En esta edición, la marcha ciclista pone el foco en las causas estructurales de los Grandes Incendios Forestales y exige que los presupuestos se vuelquen en la prevención invernal y la ordenación del territorio.

El sábado 18 de julio arranca en León una nueva edición de la Ecomarcha, la ya tradicional ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción, confederación que agrupa a más de 200 colectivos ecologistas de todo el Estado español. Hasta el próximo 2 de agosto, un pelotón de personas de todas las edades y territorios recorrerá las carreteras de León, Zamora, Ourense y Asturies bajo el lema “¡Incendios nunca más!”.

Esta comunidad itinerante sobre dos ruedas completará un trazado que cruza comarcas duramente golpeadas por el fuego durante el último año, como La Bañeza, Sanabria, el macizo central ourensano, Valdeorras, El Bierzo, la Laciana y los valles asturianos. Municipios como Molezuelas de la Carballeda, A Mezquita, Oimbra, Chandrexa de Queixa o Larouco, cuyos nombres quedaron grabados por la crudeza de las llamas, serán paradas fundamentales del recorrido. El objetivo de la marcha no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social que escuche, acompañe y abrace a los pueblos que sufren el abandono y las consecuencias de la crisis ecológica.

Los incendios se apagan en invierno: un problema social y ambiental

La organización urge a investigar las causas profundas y los intereses que se esconden tras las llamas, vinculados a la crisis ecológica (que alarga las olas de calor extremo), el vaciado del medio rural y una inadecuada ordenación del territorio.

“Los grandes incendios forestales son inasumibles para cualquier sistema de extinción si no se actúa antes”, declaran desde la organización. “Exigimos que los esfuerzos económicos se vuelquen en la prevención invernal y en asegurar la estabilidad laboral, con condiciones dignas durante todo el año, de las brigadas forestales y bomberos. No se puede proteger la tierra con contratos precarios de tres meses en verano”.

Bosques autóctonos frente a polvorines de monocultivo

La Ecomarcha 2026 incidirá de manera especial en el modelo forestal. Ecologistas en Acción defiende la recuperación de ecosistemas diversos y discontinuos frente a las plantaciones masivas de especies que arden con mucha facilidad, como el pino o el eucalipto, que actúan como auténticos polvorines. Los bosques autóctonos maduros, por el contrario, retienen mejor la humedad, frenan la erosión y resisten con mucha más fuerza el avance del fuego.

Asimismo, la confederación advierte de que la prioridad absoluta tras un incendio no debe ser la saca comercial de madera rápida ni las plantaciones inmediatas, que suelen derivar en costosos fracasos. Lo urgente es estudiar los efectos sobre el terreno para proteger los suelos de la erosión de las lluvias de otoño; evitar que la ceniza llegue a los ríos y priorizar la regeneración natural de la zona mediante medidas urgentes como el acotamiento estricto al ganado; así como prohibir la actividad cinegética o la especulación minera y energética en terrenos quemados.

Alianzas con el mundo rural vivo

Frente a la lógica del abandono, la Ecomarcha reivindica la soberanía alimentaria y el apoyo directo al paisaje y a las personas del sector primario que cuidan el entorno. Entre las propuestas sostenibles, la ruta ciclista de Ecologistas en Acción defiende una ganadería extensiva debidamente planificada y adaptada a la capacidad de carga del territorio, que sea plenamente compatible con los ciclos naturales y la conservación de los espacios protegidos.

A lo largo de las dos semanas que dura esta actividad, el pelotón irá conociendo a los grupos locales de la organización ecologista, así como a otros colectivos sociales y ambientales que defienden el territorio. Conocerán de primera mano sus luchas y les apoyarán en sus reivindicaciones.

“Pedaleamos porque la bicicleta es nuestra herramienta de transformación comunitaria y pacífica”, concluyen desde la organización, invitando al vecindario de las localidades de la ruta a acercarse a charlar en los puntos de encuentro. “Esta lucha no es exclusiva de las personas ecologistas; es de cualquiera que ame su tierra, que quiera defender su cultura rural y que desee asegurar un futuro digno y verde para las próximas generaciones”.

Ecologistas en Acción ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de sumarse a alguna etapa para la realización de reportajes o entrevistas.

Cuaderno de bitácora y ruta detallada de la Ecomarcha 2026

Galería multimedia

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• Tras la DANA de 2024 comenzaron los dragados y rellenos masivos de materiales en los puertos de Sagunt y València, visibles incluso desde satélite, sin tener ningún tipo de evaluación ambiental, pese a afectar a zonas y especies protegidas.
• Los colectivos de la Comissió Ciutat-Port advirtieron a todas las autoridades competentes de estos impactos. Ahora, frente a la inacción administrativa, Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, lleva ante los tribunales las infracciones.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso que empezó en junio de 2025, momento en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, el movimiento ecologista denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas. Los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada MSC. La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

La DIA de 2007 de este megaproyecto seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt.

Diecinueve años después, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA:

1. Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto.
2. El proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde.
3. El proyecto constructivo afirma que en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras.
4. La pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el amparado por dicha DIA/2007, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el “Proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos cuatro años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia la interpuso en junio del año pasado la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la DANA de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras.

Posteriormente, Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al propio MITECO y a Puertos del Estado, con el objeto de que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que se estaban cometiendo. Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial que se ha presentado ahora solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia (de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la finalidad preventivade la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras, y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud.

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Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.

Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:

• Introducción
• Diagnóstico del Patrimonio natural y la biodiversidad en España
• Líneas de actuación prioritarias
• Estimación presupuestaria
• Seguimiento de la ejecución y evaluación del Plan Estratégico
• Revisión del Plan Estratégico

En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a  los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.

En la COP10 del CDB, se aprobó el Plan Estratégico Mundial de Biodiversidad 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi. Ecologistas en Acción lanzó materiales divulgativos sobre esas Metas de Aichi, así  como un Manual para cumplir con las Metas de Aichi. En 2012, se publicó un informe de evaluación de su cumplimiento , y en 2015, una nueva evaluación a mitad del período.

En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.

Esta estrategia, que debía ser implementada en España, fue analizada en 2016 para comprobar el nivel de aplicación, lo que dio lugar a un nuevo informe.

En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.

 

 

Conclusiones del informe

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado  Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.

Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica  disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.

Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta. 

Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades  autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.

En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.

El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las  acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.

Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado  español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.

Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los  verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.

La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para  la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.

En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una  aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza.  Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.

El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso  más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.

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• El Estado español será evaluado en la COP 17 de Biodiversidad, donde presenta su 7º Informe Nacional de Biodiversidad sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales.
• Tras los fracasos de 2010 y 2020, cuando no se logró detener la pérdida de biodiversidad por falta de voluntad política, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa del Marco Mundial de Biodiversidad.
• La organización ecologista publica un informe donde analiza el documento y evalúa el estado de aplicación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como herramienta para la traslación del Marco Mundial de Biodiversidad a las políticas estatales.
• La organización ecologista reconoce avances, pero señala graves deficiencias que comprometen el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030 cuando se está a mitad de plazo para el vencimiento del plan.

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.

El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.

Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.

La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.

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• 2026ko lehen seihilekoko datu ofizialak argitaratu ondoren, eta sute-boladaren erdian, Ecologistas en Acción taldeak administrazioei eskatzen die hobetu dezatela giza jatorriko ignizioen prebentzioa.
• Ecologistas en Acción taldeak uste du neurri hori ezinbestekoa dela hondamendi horiek eta haien ingurumen- eta gizarte- eta ekonomia-ondorio larriak murrizteko.
• Erakunde ekologistak, halaber, herritarren elkarlanerako eta sentsibilizazio kanpaina gehiago egiteko deia egiten du.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren datuek, autonomia-erkidegoetakoek eta Babes Zibileko Idazkaritza Nagusiarenek erakusten dute aurten eta aurrekoetan eragin txikia dutela jatorri naturaleko suteek, eta giza jatorriko suteek ere eragin handia dutela, kasuen % 90 gaindituta.

Behin sute-kanpaina hasita, 10 sute handi baino gehiagorekin eta Espainian erretako 55.000 hektareak gaindituta, Ecologistas en Acción taldeak uste du ez dela unea eztabaidatzeko hartu diren prebentzio-neurriak egokiak ziren ala ez. Iristear dagoenerako batere lausengarria ez den egoera batean gerta daitezkeen gizarte- eta ingurumen-inpaktuak mugatzea da garrantzitsuena. Helburu hori epe laburrean modu bakarrean lor daiteke: natura-ingurunea gehiago babestuz eta zainduz, gizarte osoa kontzientziatuz, arrisku-jokabideak eragotziko dituzten neurri uniformeak ezarriz, eta suak eragiten dituzten doluzko edo arduragabekeriazko jokabideak eragotziko dituzten ikerketa eta zigor hobeak ezarriz.

Suteetako asko, bereziki, sute handiak ere, jatorriz saihestu daitezke, ignizioen kausak behar bezala eteten badira. Hala ere, landarediaren egoeran jartzen da arreta maiz, gertatzen denaren erruduna landaredia izango balitz bezala, edo epe luzerako politikak eta adostasunak eskatzen dituzten neurrietan, gaur egun lortzen oso zailak direnak.

Azken adibideak oso esanguratsuak dira. Gironako Bisbal d ‘Empordàn, badirudi sutearen jatorria erradial baten zuhurtziagabekeriazko erabileran dagoela, errepide batean seinale bat jartzen zen bitartean. Ejea de los Caballeros, Tamarite edo La Fuevako suteetan, Aragoiko Komunitatean, uzta biltzeko makinen lanak izan zitezkeen kausa. Oseja de Sajambren, Leongo probintzian, Europako Mendietako Parke Nazionalari erasaten dion sua nahita piztu zen. Horren ondorioz, maiatzaren amaieran Doñanako Parke Nazionalari (Almonte, Huelva probintzia) eragin ziona ere ikertzen ari dira. Joan den apirilean, Losar de la Verak Caceresen egin zuenaren jatorria nekazaritza edo abeltzaintza erretzea izan zitekeen. Toledoko udalerrian sute bat izan da maiatzean, tiro-eremu batean egindako maniobren ondorioz.

Egoera horretan, tamalgarriak dira Ingurumeneko eta Hirigintzako Fiskaltza Koordinatzaileak berriki emandako datuak; izan ere, 2025ean, urte horretan ia 2.600 sute eta 5.600 sute izan ziren, eta ingurumen-arloko 1.478 salaketa penaletatik 117 baino ez baso-suteengatik. Eta iaz izan ziren 1.036 kondenetatik 86 bakarrik izan zirela baso-suteengatik. Horri gehitu behar zaio autonomia-erkidegoek ia ez dituztela administrazio-bidean zigortzen garrantzi penalik gabeko jokabide arduragabeak.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, gero eta permisibitate handiagoa dago eta ez dago kontrolik abeltzaintza- edo nekazaritza-erreketak egiteko, piroteknia erabiltzeko edo suteak prebenitzeko. Gobernu autonomiko askotan ezarri den negazionismo klimatikoak eta edozein hondamendi motaren aurreko interes alderdikoiak laxotasun hori berrelikatzen dute.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, eragindako suteen prebentzioan, gakoa da landa-inguruneko zaintza hobetzea urte osoan, eta laguntza ematea delituak jazartzen dituen egitura administratibo eta judizialari. Zabarkeriak saihesteko, arau-oinarria harmonizatu behar da. Estatuko Mendiei buruzko 43/2003 Legean oso modu ahulean tratatzen dira, eta oso desberdinak dira eta autonomia-erkidegoetako araudietan eta planetan korapilatuta daude.

Ecologistas en Acción taldeak uste du hobetzeko tarte handia dagoela gizartearen kontzientziazioan eta zigortzeko moduko jokabideen gaitzespenean, eta bide hori, suteen prebentzioan kontuan hartu behar den bakarra ez izanik, hainbat neurri eraginkortasunez ezarrita fruituak ematera deituta egongo litzatekeela.

Besteak beste, honako hauek erreklamatzen dira:

• Ustekabeko suteak prebenitzeko sentsibilizazio-kanpainak areagotzea, behar bezala hornituta. Bereziki kontuan hartuko da ignizioak saihesten gehien lagun dezakeen sektore bakoitza.
• Ingurune naturalean edo ingurune naturalera heda daitekeen egoeran sua, piroteknia edo bitarteko mekanikoak erabiltzeko debeku zehatza.
• Tokian tokiko zaintza- eta ikerketa-taldeak handitzea, eta ingurumen- eta baso-agenteen eta ingurumen-gaietan diharduten segurtasun-kidego eta -indarren hornidura handitzea.
• Mendiei buruzko 43/2003 Legea hobetzea, arrisku-egoerak modu murriztaileagoan arautu ditzan eta suteei aurrea hartzeko araudia eta plan autonomikoak alderdi horretan gehiago harmonizatzera behartu dezan.
• Bide penala eta administratiboa arintzea, suteak saihesteko ezarritako zehapen-araubideak modu eraginkorragoan aplika daitezen.

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