Desde el Grupo Ecologista Maigmó (GREMA) Ecologistas en Acción de San Vicente del Raspeig hemos presentado alegaciones al proyecto de modificación puntual número 42 del Plan General de Ordenación (PGMO 1990 Sant Vicent) en el PAU 7 Los Urbanos.

En primer lugar, denunciamos el retraso en la revisión del Plan General de Ordenación que data de 1990, o sea, un Plan General desfasado, que no está acorde a los tiempos que vivimos y a la realidad legislativa actual y que no parece que se vaya a aprobar en esta legislatura.

Con respecto a las alegaciones presentadas el consideramos que su elaboración no se ha sometido a una verdadera participación de los agentes sociales implicados o afectados por el mismo así como a la de los distintos grupos con representación, como es el caso del propio grupo ecologista.

La principal consideración es que se desvirtúa lo previsto en el vigente PGMO, en cuanto a considerar el sector del PAU 7 Los Urbanos, como zona residencial de baja densidad (ratio de 24,33 viviendas por ha.), lo que supone la construcción de un máximo de 700 viviendas. Sin embargo el proyecto contempla un modelo de densidad media, con 42 viv/ha y un máximo de 1.046 viviendas. Por tanto no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en las fichas de condiciones del plan de desarrollo del PGMO en el PAU7 Los Urbanos. Por otro lado no existe un estudio de impacto del incremento de densidad sobre la capacidad de los viarios actuales, las redes de servicios y la dotación de espacios públicos existentes.

También consideramos lamentable que se haya eliminado físicamente una balsa de riego que existía en la zona, con valor etnográfico y paisajístico de interés local, por lo que a pesar de que el proyecto se diga que no existe ningún elemento de especial valor patrimonial integrado en el catálogo de bienes y espacios protegidos del término de San Vicente se debería compensar su pérdida con la creación de un espacio verde en su antigua ubicación.

En lo que respecta a la conservación y usos de la Cañada Real el documento reconoce la presencia de la Cañada Real del Camino de Palamó a Peñaroja, con una anchura legal de 75 m, de los cuales 38.973 m2 quedan incluidos en el ámbito del sector. Esta superficie se asigna íntegramente a suelo dotacional de comunicaciones y se integra en un bulevar urbano. Sin embargo el diseño detallado del bulevar no está definido en esta fase, quedando pendiente del Plan Parcial.

También queremos exponer que no existe un Estudio de Movilidad específico del sector y sus conexiones, pese al incremento sustancial de población y tráfico. No existen simulaciones de flujo del tránsito de vehículos, capacidad de aparcamientos o como afecta al transporte público. Por tanto es exigible su confección y aportación antes de la aprobación del Plan Parcial del proyecto.

En conclusión, hemos solicitado que las alegaciones sean estimadas y que se reformule la Modificación Puntual para incorporar:

• Un estudio de impacto del incremento de densidad sobre la capacidad de los viarios actuales, las redes de servicios y la dotación de espacios públicos existentes.
• Estudio de creación de zona verde especial en compensación por la pérdida de la balsa de riego.
• Estudio de Integración de la Vía Pecuaria – Cañada Real,
• Estudio de Movilidad específico del sector y sus conexiones.
• Estudio de Conectividad y Funcionalidad Ecológica de las zonas verdes.

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• Representantes de las distintas asociaciones de la provincia han celebrado la asamblea anual de la federación sevillana de Ecologistas en Acción. En esta edición, la asociación ADTA Ecologistas en Acción Aljarafe ha ejercido de entidad anfitriona, poniendo a disposición de la federación un espacio en Castilleja de la Cuesta.

Durante la reunión, las organizaciones integrantes tuvieron la oportunidad de analizar en detalle algunos de los principales problemas ambientales que afectan a la comarca del Aljarafe. Entre ellos, destacó la situación de la planificación urbanística de los municipios de la zona, lo que motivó la elaboración de un pronunciamiento específico.

Según se expuso en la asamblea, numerosos planes urbanísticos del Aljarafe se encuentran actualmente en proceso de actualización. La mayoría fueron aprobados hace décadas, en un contexto social y económico muy distinto al actual. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso de numerosas empresas promotoras y constructoras, buena parte del suelo urbanizable quedó a la espera de uso, mientras la vivienda continuó tratándose más como un activo financiero que como un bien esencial.

A día de hoy, la situación sigue siendo compleja: existe un gran volumen de suelo urbanizable sin utilizar, abundan las viviendas vacías y la población apenas crece, mientras los precios de la vivienda continúan al alza. A estas tensiones se suman nuevos factores que están transformando la vida en la comarca: el teletrabajo, las dificultades de movilidad, la pérdida de suelos fértiles, la crisis climática, la transición energética, los cambios en el comercio local, los retos en materia de salud pública y la aceleración tecnológica.

Ecologistas en Acción subraya que todas estas dinámicas impactan directamente en los modos de vida, cada vez más condicionados por las presiones del área metropolitana de Sevilla y por la globalización, que desplazan formas de habitar tradicionalmente más integradas y sostenibles.

La organización defiende que favorecer la creación de comunidades locales supramunicipales –como las energéticas o alimentarias–, promover la producción y el consumo de proximidad, garantizar la accesibilidad a servicios públicos, impulsar procesos de renaturalización urbana y preservar espacios habitables no mercantilizados deberían ser compromisos compartidos entre administraciones y ciudadanía.

En su pronunciamiento, ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe) y Ecologistas en Acción alertan de que los Ayuntamientos continúan demasiado expuestos a las presiones de promotores y urbanizadores, cuyo principal objetivo es obtener beneficios económicos y políticos en torno a proyectos y obras. En este contexto, las entidades financieras siguen actuando de espaldas al reconocimiento de la vivienda como un bien de uso, lo que agrava las dificultades de acceso para la población no rentista y aumenta el malestar social.

Asimismo, denuncian que las cadenas de suministro alimentario están fuertemente condicionadas por grandes industrias que imponen modelos de consumo ambientalmente insostenibles; que el transporte público continúa relegado a un papel secundario; y que los espacios de ocio y socialización avanzan hacia una creciente privatización.

Ante esta realidad, la federación reclama que los nuevos planes urbanísticos y de ordenación del territorio incorporen una perspectiva orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas y de los ecosistemas presentes y futuros. Para ello, consideran imprescindible garantizar procesos de transparencia, acceso a la información y participación pública real y efectiva, especialmente de las comunidades más afectadas.

ADTA y Ecologistas en Acción instan a los Ayuntamientos a cumplir con su responsabilidad de escuchar y atender las aspiraciones de la ciudadanía, promoviendo planes y normativas respetuosas con el territorio y elaboradas democráticamente.

“Por un urbanismo para las personas y la vida”, reivindican desde la organización.

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En sentencia de 3 de noviembre, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, declarando no ser conforme a derecho la Resolución de la Concejalía de Urbanismo por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra otra Resolución por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

Ecologistas en Acción interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 5 de Febrero de 2025 de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, por la que se resolvía de forma desestimatoria el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de Noviembre de 2024, de la misma Concejalía, por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para el proyecto de aparcamiento disuasorio, con emplazamiento en la Calle Cerro del Otero de Palencia.

En Julio de 2024 se presentó y se aprobó el proyecto tras la avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local a favor de la Alcaldía, un mes después, en agosto, la concejalía de Urbanismo inició la tramitación acordando que se emitiera un informe técnico por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística sobre la compatibilidad de las actuaciones previstas en el proyecto. Informe que es preceptivo antes de la aprobación, un aspecto determinante para el fallo de la sentencia.

Con fecha 3 de diciembre de 2024 una nueva Resolución de Alcaldía convalidó la resolución anterior, por la que se aprobaba el proyecto de obra, una actuación que implica reconocer claramente que la Resolución del mes de julio concedió autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL); se omitió el procedimiento debido, de manera que la aprobación del proyecto no es conforme a derecho no pudiendo surtir efecto como autorización de uso provisional del suelo.

La organización ambiental valora de manera positiva esta sentencia y aboga por la responsabilidad del equipo de gobierno para no dañar más la imagen del Ayuntamiento, la falta de una dirección cualificada al mando de la concejalía de urbanismo pone de relieve que lejos de mejorar el bagaje de la anterior legislatura, se siguen cometiendo los mismos errores que lastran el buen funcionamiento del Servicio.

Ecologistas en Acción lamenta la actitud del Ayuntamiento al permitir talar tres árboles y hacer una poda abusiva en varios ejemplares, para construir el vial de acceso al aparcamiento, a pesar de no estar contempladas estas actuaciones en la memoria del proyecto y dejando constancia que la palabra de algunos miembros del equipo de gobierno tiene el mismo valor que para ellos tiene el valor de los árboles, ninguno.

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Cuando se cumple un año de la tragedia provocada por la DANA, el pasado miércoles 29 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja en la campiña sevillana ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por hora y 100 litros en 12 horas. La estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla registró 83,2 litros por metro cuadrado, con una precipitación acumulada de 63,9 mm.

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2019), las inundaciones han pasado a ser la principal causa de mortalidad por fenómenos meteorológicos en el Estado español, superando a las olas de calor y los temporales marítimos. Según el consenso científico, el cambio climático está intensificando y aumentando la frecuencia de estos fenómenos extremos.

Durante la jornada del miércoles pasado, Andalucía Occidental —especialmente las provincias de Huelva y Sevilla— sufrió las consecuencias de lluvias torrenciales que provocaron centenares de incidencias y graves daños materiales. En Mazagón (Huelva), las precipitaciones generaron un enorme socavón, mientras que en Sevilla capital Protección Civil atendió cerca de un millar de avisos.

Impresionaba ver las calles anegadas, vehículos sumergidos, alcantarillas rebosantes hasta un metro de altura, semáforos apagados y cortes de tráfico, escenas que duraron toda la tarde. El agua arrastró además gran cantidad de residuos, poniendo de manifiesto la contaminación oculta que circula por la red de saneamiento urbana, especialmente las toallitas de fibra no degradable que nunca deben arrojarse por los desagües.
 
Infraestructuras insuficientes ante un problema creciente

A pesar de las importantes inversiones públicas en colectores y tanques de tormenta —como los de la Alameda de Hércules o Kansas City—, las inundaciones volvieron a repetirse en numerosos barrios de Sevilla, incluidos Cerro del Águila, Sevilla Este y San Pablo con pérdidas materiales.

El nuevo colector entre la avenida Emilio Lemos y la calle Birmania, con un coste de más de 11 millones y medios de euros, tampoco evitó los daños por inundaciones en sótanos y garajes.

Ecologistas en Acción lejos de señalar al estado de la red de saneamiento, apunta a evaluar la eficacia de estas obras de ingeniería que no bastan para frenar los efectos de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. Mientras la administración continúa apostando por soluciones grises (colectores, depósitos y cemento impermeable cada vez que hay obras), la ciudad sigue sin adaptarse a la nueva realidad climática.
 
Una Ecometrópolis permeable como alternativa

Ecologistas en Acción y especialistas en urbanismo sostienen que la solución pasa por apostar por una ciudad más permeable, que recupere su capacidad natural para absorber y canalizar el agua de lluvia en superficie.

Las denominadas “infraestructuras verdes y azules” —como parques inundables, lagunas urbanas, corredores ecológicos o cauces naturalizados— permiten reducir el riesgo de inundaciones, restaurar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población.

“Cada parterre sustituido por cemento o césped artificial aumenta la temperatura y reduce la capacidad de drenaje del suelo”, señalan. En su lugar, se propone impulsar pavimentos permeables y espacios que actúen como esponjas urbanas; espacios verdes, aprovechando los antiguos cauces y los parques, donde el agua pueda extenderse que, sumado a las redes de saneamiento habituales incapaces de conducir hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en tan poco tiempo, permitan superar los umbrales de riesgo de inundación tan limitados en estos momentos.

Ejemplos como las Lagunas de El Sapo, en el Este de Sevilla, demuestran el valor ecológico de mantener y restaurar humedales urbanos en zonas verdes. Estos espacios sirven como áreas de laminación de avenidas, al tiempo que recargan los acuíferos subterráneos, esenciales como reservas de agua dulce frente a futuros episodios de sequía.

Replantear el urbanismo para adaptarse a la emergencia climática

El comunicado concluye recordando que el modelo urbanístico de Sevilla ha ocupado los antiguos cauces naturales —como el Tagarete, Tamarguillo o Miraflores—, transformando zonas de inundación en suelos urbanos consolidados, en prados como el de San Sebastián o Santa Justa. Ante el escenario actual de emergencia climática, Ecologistas en Acción considera imprescindible naturalizar los ríos y sus llanuras de inundación, evitando construir sobre ellas y devolviéndoles su función ecológica y permitiendo que realicen regulación hídrica.

“Los acuíferos son nuestras mejores reservas de agua dulce para el fururo. El agua no debe considerarse un residuo a eliminar cuanto antes, sino un recurso vital que gestionado de forma adecuada, permita la vida en la ciudad”, concluye el texto.

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• Ecologistas en Acción denuncia el vallado del Parque de los Olivos, previo a la extracción de los olivos centenarios que le dan nombre.
• Esto se produce tras la tala de los olmos que compartían parcela y la denegación por el juzgado de las medidas cautelares hasta la resolución del Recurso Contencioso Administrativo (RCA) en tramitación.
• Animan a la ciudadanía de Móstoles a movilizarse contra esta y otras actuaciones contra las zonas verdes y parques de la ciudad.

A la segunda va la vencida. Tras el fallido intento de vallar la parcela del Parque de los Olivos en el verano de 2024, el pasado martes 28 de octubre se ejecutó. Varios operarios y un capataz perimetraron con pilotes y valla metálica opaca la decena de olivos condenados a dejar su lugar de toda la vida. Las vecinas hicieron fotos del proceso y llamaron a la policía municipal por si estuvieran incurriendo en alguna infracción. A pesar de ello, la tareas acabaron sin mayores obstáculos.

Vallado y Portón instalados en el Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.

Vallado del Parque de los Olivos. Ecologistas en Acción.

Una semana antes, las vecinas del Parque de los Olivos de Móstoles se despertaron alarmadas por el ruido de motosierras dentro del parque. Operarios con indumentaria típica del personal de Jardinería, talaron, tronzaron y acumularon todos los olmos de Siberia (Ulmus pumila), presentes en la parcela en disputa.

Aparte de estas agresiones al Patrimonio Verde Municipal, Ecologistas en Acción denuncia que la parcela afectada tiene cortado el riego. Las praderas aparecen completamente secas y agostadas. Según los ecologistas “el Ayuntamiento da por hecho que el RCA será favorable a la inmobiliaria y está dejando morir el jardín”.

Por todo ello, la asociación ecologista llama a toda la ciudadanía mostoleña, vecinos o no del Parque de los Olivos, a movilizarse contra este atropello. Igual que los vecinos de Azorín improvisaron una concentración contra el Ruido en el recinto ferial de Parque Liana, llegando a cortar la Avda. De Portugal hace unos días, la ciudadanía mostoleña debería moverse para defender sus zonas verdes contra la avaricia de inmobiliarias y propietarios del suelo.

El pasado 13 de mayo, la Junta de Gobierno Local aprobó un documento desestimando las alegaciones presentadas por ciudadanas y partidos, así como aprobando definitivamente el Proyecto de Reparcelación AOS 19,2. A pesar de ello, sigue en los juzgados el Recurso Contencioso-Administrativo contra la Aprobación definitiva del PEMU 19.2. presentado por Mas Madrid Móstoles. Para Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción, “a nuestro entender, hasta que no se resuelva el RCA, no debería hacerse ninguna obra en el parque que no sea de mantenimiento del mismo.”

Por contra, hay que recordar que inmobiliarias locales, llevan más de año y medio anunciando y vendiendo los pisos de la Cooperativa Málaga Futura, sin ser propietaria efectiva del suelo donde construir, antes incluso de la Aprobación Definitiva del PEMU 19.2 por parte del Ayuntamiento en julio de 2024. Según Navarrete, “han querido vender la piel del Oso antes de cazarlo. Hay que recordar, que cuando intentaron vallar la parcela del parque en conflicto, en pleno mes de agosto de 2024, tuvieron que parar y retirar todo material, por orden municipal, ante las denuncias de vecinas, ecologistas y el partido Mas Madrid Móstoles.”

A eso hay que añadir toda una serie de irregularidades es su tramitación como denunció Más Madrid Móstoles en el pleno de julio de 2024. También fue este partido el que presentó el Recurso Contencioso-Administrativo que paraliza todo el proceso. Recientemente, los denunciantes confirmaron dicho Recurso, reactivando la tramitación del mismo, que aún no ha sido resuelto por la Justicia.

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