- El Anteproyecto de Ley, bautizada risiblemente como LIDER, pretende una mayor desprotección de los espacios rurales y naturales, limitar la participación ciudadana, desamparar el patrimonio histórico-cultural, plantear un crecimiento que saturaría más aún la ya desbordada capacidad de carga del territorio de nuestra región y dar carta blanca al gobierno de la Comunidad de Madrid para implantar macro proyectos en cualquier lugar de nuestra comunidad.
- Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha planteado un detallado escrito de alegaciones contra ese Anteproyecto y llama a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a manifestar activamente nuestra oposición al mismo y a la dinámica trumpista en la que está embarcado el gobierno regional.
Tras 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y 30 de la ley de ordenación territorial, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día esta legislación que había venido parcheándose a lo largo de este tiempo, refundiéndola en un único texto legal.
Una oportunidad sin duda histórica para elaborar una normativa a la altura de los enormes desafíos que enfrenta nuestra región en esta materia: desde la crisis habitacional a la proliferación de usos y actividades incompatibles en los suelos rurales y espacios naturales, pasando por la sobreexplotación del suelo urbano mediante operaciones especulativas y la mercantilización del espacio público. Todo ello en un marco de creciente desigualdad social y de crisis climática, que se manifiestan de forma dramática en nuestras ciudades y territorios.
La respuesta del gobierno regional es un anteproyecto de ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, que ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública durante el breve periodo de un mes, que incluía las vacaciones de semana santa. Un exiguo plazo para que la ciudadanía pueda estudiar y opinar sobre un anteproyecto de 323 artículos y 24 disposiciones, de una complejidad técnica y jurídica considerable y con gravísimas implicaciones sociales y medioambientales, por lo que tanto Ecologistas en Acción como otras entidades sociales hemos reclamado, sin respuesta, la ampliación de ese plazo.
Pero, más allá de la nula voluntad de las autoridades autonómicas por contrastar socialmente el proyecto, ¿responde este a los retos y necesidades de nuestra región? Desde Ecologistas en Acción creemos que no responde en absoluto, y por ello hemos presentado un documento de alegaciones, del que extraemos los elementos principales en esta nota.
En primer lugar, debe destacarse que tanto la motivación explícita de la ley como el sentido de sus disposiciones apuntan a un mismo objetivo, que es desregular la actuación urbanizadora y facilitar la intervención de los agentes inmobiliarios y la materialización de sus intereses, todo ello bajo el mantra reiterativo de agilizar, flexibilizar y simplificar la tramitación de los planes urbanísticos. Lo que resulta plenamente coherente con los antecedentes legislativos regionales más recientes en la materia, en concreto la llamada ley Ómnibus 2024 (Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de ‘medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio’) y la creación de la Aceleradora Urbanística (decreto 92/2025, de 10 de diciembre de la Comunidad de Madrid), que también fueron contestados por muchas entidades ciudadanas, entre otras nuestra asociación.
Este objetivo ultraliberal y privatizador del urbanismo se pone al servicio, en el anteproyecto, de una visión de crecimiento urbano ilimitado y acelerado de nuestra región, basada en hipótesis fantasiosas sobre su aumento de población y en la ignorancia de los impactos medioambientales, la situación de sus recursos vitales y la capacidad de carga de sus infraestructuras y servicios. En definitiva, al margen de cualquier modelo territorial racional y sostenible.
Para ello, el anteproyecto oficializa la renuncia (hasta ahora de facto) del gobierno regional a ejercer sus deberes de ordenación integral del territorio, a cambio de habilitar la intervención discrecional, pública y privada, sobre cualquiera de sus partes o ámbitos mediante distintos instrumentos que pueden imponerse sin más sobre el planeamiento de los municipios e incluso sobre suelos protegidos por sus valores naturales o agropecuarios. Detrás de esta batería legal pueden adivinarse fácilmente macroproyectos recreativos, logísticos, energéticos, centros de datos… es decir, anunciadas agresiones al territorio que se complementa con la permisividad casi total de usos ‘excepcionales’ en el suelo rural.
Por otra parte, en materia urbanística el anteproyecto más que agilizar y simplificar lo que introduce es una notable confusión e incertidumbre con una voladura del actual sistema jerárquico y racional a cambio de un nuevo modelo que confía a la iniciativa privada el diseño de nuestras ciudades y pueblos.
Todo ello encuentra un reflejo lógico en la merma de las medidas para la preservación del patrimonio y la cultura que tradicionalmente se ha vehiculizado por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, cuya relevancia y obligatoriedad el anteproyecto reduce significativamente.
La propuesta depredadora y antidemocrática del anteproyecto se completa, por una parte, con disposiciones que rozan la inconstitucionalidad como es la pretensión de cercenar las declaraciones judiciales de nulidad de los planes, así como permitiendo su tramitación en ausencia de informes sectoriales preceptivos. Por otra parte, con el recorte de la participación ciudadana en la tramitación de esos instrumentos urbanísticos. Y, cerrando un círculo perverso, el anteproyecto aprovecha para reducir los controles ambientales y de seguridad de las actividades recreativas y espectáculos públicos.
¿Dónde han quedado los retos sociales y ambientales de nuestra región mencionados al inicio de la nota? El anteproyecto ni sabe ni contesta; de hecho, es un texto que valdría para cualquier territorio del planeta pues de lo único que trata es de la extracción de rentas del suelo; y el lenguaje del negocio es universal, como lo son los desastres sociales y territoriales que acarrea.
En definitiva, hemos alegado contra esta descarada pretensión del gobierno regional de asaltar el territorio -o más bien, de seguir asaltándolo, pero con pleno respaldo legal- para convertirlo en un enorme solar a merced del capital financiero e inmobiliario. Ahora la palabra para conseguir frenarlo la tienen la asamblea regional y el pueblo madrileño.
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