El 18 de marzo a las tres de la mañana comienza el incendio en una nave con residuos plásticos y neumáticos en el municipio de La Bañeza, a día de hoy, el siniestro sigue activo sin que se tengan noticias de las toneladas calcinadas y del impacto ambiental que está teniendo.

El humo y las cenizas está contaminando el aire y poniendo en peligro la seguridad y la salud de miles de personas en el entorno de La Bañeza y sus comarcas, llegando incluso en algunos momentos al valle del Tuerto, Sequeda y Astorga. provocando una situación inaceptable e insostenible.

Después del tiempo transcurrido, ¿Como es posible que todavía no se haya informado a la ciudadanía de manera real sobre la peligrosidad del incendio? ¿Se ha analizado la calidad del aire? ¿Sí se ha hecho porque no se ha dado información pública sobre estos análisis? ¿Porque el Ayuntamiento de la Bañeza no ha desmantelado este depósito que parece ilegal?
El gobierno de Castilla y León lejos de tomar las medidas oportunas para evitar los incendios oferta continuamente la región como un lugar adecuado para recibir todo tipo de residuos de otras comunidades o países, un ejemplo claro es el vertedero que se pretende construir en San Justo de la Vega.

Debido a esta política han aumentado los incidentes en instalaciones de residuos de todo tipo. Por el contrario, las medidas legales, administrativas y económicas se postergan. Ni las normativas ni las tasas medioambientales se han adaptado a los tiempos mientras los mecanismos de control y sancionadores se debilitan constantemente.

La Junta de Castilla y León no han adoptado las medidas adecuadas para evitar que vuelva a producirse un caso similar y ya son dos en la provincia de León en pocos años, RMD y La Bañeza.

Este tipo de incendios están siendo habituales mientras se incentiva la misma política de gestión y se deja de lado la dotación de medios de vigilancia y sanción.

Ecologistas en Acción exige que la Junta de Castilla y León asuma sus responsabilidades, se favorezca la prevención, los controles e inspección de los gestores y extienda la responsabilidad del productor en la gestión de los residuos.

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Por qué el metano importa hoy: clima y calidad del aire

El metano es un importante gas de efecto invernadero (GEI) cuyo incremento atmosférico durante la era industrial ha causado entre un 20% y un 30% del calentamiento global. Además, tiene un papel crucial en  la formación del ozono troposférico, un contaminante dañino para la salud humana y los ecosistemas.

La industria agroalimentaria, junto con los sectores de la energía y los residuos, son los principales responsables  del exceso de emisiones de metano a la atmósfera. Dado su alto potencial de calentamiento global y su corta permanencia en la atmósfera en comparación con el dióxido de carbono (CO₂), reducir las emisiones de  metano entre un 40 % y un 45 % para 2030 es esencial para lograr vías más rápidas en la lucha contra el cambio climático y limitar el calentamiento global a 1,5 °C este siglo, según el IPCC. No obstante, estos esfuerzos deben complementarse con la reducción de las emisiones de CO₂, mediante la transición hacia fuentes de energía renovable, la descarbonización del transporte y la disminución de la demanda energética.

El metano es un GEI poco conocido, pese a su relevancia en el cambio climático y en la contaminación atmosférica:

• Se calcula que es responsable de 0,5 °C del calentamiento global desde la era preindustrial, siendo el segundo GEI más relevante después del CO₂ (IPCC, 2021).
• La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA)  estima que el 37 % de la contaminación de fondo por ozono troposférico en Europa se debe al metano emitido globalmente.

Su origen disperso, corta vida atmosférica y menor presencia en las políticas climáticas y en la narrativa pública puede haber contribuido a este hecho. Pero, como veremos más adelante, reducir las emisiones de  metano se muestra como una de las acciones más eficaces para frenar el calentamiento global a corto plazo y además contribuiría a desencadenar un necesario cambio de modelo energético, alimentario y de residuos.

El necesario cambio de modelo: más allá de reducir las emisiones de metano

El sistema actual de producción y consumo energético, alimentario y de gestión de residuos constituye el núcleo de las emisiones antropogénicas de metano a escala global. Estos tres sectores —estrechamente  interconectados y dependientes entre sí— sustentan un modelo de desarrollo que se apoya en bases estructuralmente insostenibles e injustas. Su funcionamiento conjunto contribuye de manera significativa al cambio  climático, ya que el metano emitido por la industria alimentaria, el mal manejo de residuos orgánicos y las fugas en la producción y uso de combustibles fósiles representa cerca del 60% del total de emisiones globales de este gas (Global Methane Budget, 2023). Además, estos sistemas se sostienen sobre un modelo globalizado que externaliza sus impactos ambientales y sociales, superando con frecuencia los límites  planetarios y generando desequilibrios ecológicos y económicos de gran escala.

En el ámbito agroalimentario, la producción intensiva de alimentos según modelos de cultivos y explotaciones ganaderas industriales generan graves impactos socioambientales. Por ejemplo, la producción intensiva  de piensos para la ganadería industrial depende de monocultivos a gran escala, que provocan deforestación, destrucción de  biodiversidad y degradación de suelos en terceros países. Del mismo modo, el sistema energético continúa basado en la explotación de recursos fósiles, reproduciendo un patrón extractivista que contribuye a la crisis climática y a la desigualdad global. Por su parte, el modelo de gestión de residuos mantiene altos niveles de desperdicio alimentario y generación de desechos innecesarios, cerrando el ciclo de un sistema lineal basado en la sobreproducción y el descarte.

Fuente: Modificado de: Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347(6223). 2015.

Estos tres pilares no sólo comparten una lógica de sobreexplotación, sino que además se retroalimentan entre sí: la producción intensiva de alimentos depende del consumo de combustibles fósiles; la gestión  ineficiente de residuos genera nuevas emisiones de metano; y el modelo energético vigente impulsa la expansión de actividades agrícolas y ganaderas de alto impacto ambiental.

A nivel político, las medidas internacionales para reducir las emisiones de metano han sido escasas y tardías. No es hasta la COP26 de Glasgow (2021) cuando se lanza el Compromiso Mundial del Metano (Global  Methane Pledge), suscrito por más de 140 países, entre ellos España, que establece el objetivo de reducir al menos un 30 % las emisiones para 2030 respecto a 2020. Sin embargo, otros instrumentos legislativos a  nivel internacional, como el Protocolo de Gotemburgo o la Directiva Nacional de Techos de Emisión (NECD), que abordan la contaminación atmosférica, no incluyen el metano entre los contaminantes regulados, a  pesar de su papel clave en la formación de ozono troposférico. Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) , aunque contempla alguna medida para reducir las emisiones de metano, no  establece un porcentaje de reducción de emisiones de metano para 2030, ni un plan específico con medidas para todos los sectores.

Por ello, el marco regulatorio internacional, europeo y estatal sigue siendo poco ambicioso. Las estrategias futuras deben ir más allá de la eficiencia o las mejoras tecnológicas, y apuntar a una transformación estructural de los sectores emisores —la industria agroalimentaria, el sistema energético y la gestión de residuos—, pilares de un modelo de producción, consumo y desperdicio sin límites.

Esta transformación es esencial no sólo para reducir el metano, sino también para mitigar los impactos sociales y ambientales que agravan la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Avanzar hacia prácticas  sostenibles, justas y regenerativas representa una oportunidad para reconstruir los sistemas productivos sobre bases ecológicas y de equidad, fundamentales para la salud de los ecosistemas y de las personas.

Este  informe quiere ofrecer una visión sobre la situación del metano en España y en el mundo, explicando por qué este gas es clave en el cambio climático y en la calidad del aire. Su propósito es ayudar a comprender de dónde provienen las emisiones, cuáles son sus impactos ambientales y sociales y qué medidas son necesarias para reducirlas de forma eficaz.

El informe analiza las principales fuentes emisoras —sistema alimentario  industrial, energía y residuos—, evalúa el marco regulatorio vigente y propone acciones prioritarias para lograr una reducción significativa. Su finalidad es ofrecer una base sólida para la toma de decisiones y para avanzar hacia un modelo más sostenible, justo y alineado con los límites planetarios.

Situación del metano

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L’organització presenta al·legacions al projecte d’FCC i critica que no es tenen en compte els riscos geotècnics, ambientals i contaminants que suposen, a més, possibles incompliments legals a nivell estatal i europeu.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions a la modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) sol·licitada per fCC Medi Ambient S.A. per a ampliar l’abocador de residus no perillosos situat en el paratge de les Canyades, al Campello (Alacant).

El projecte preveu construir un nou got d’abocament que ocuparia prop de 71.000 metres quadrats addicionals, la qual cosa elevaria la capacitat total de l’abocador a més de cinc milions de metres cúbics i permetria prolongar la seua explotació fins aproximadament 2045.

No és la primera vegada que els ecologistes es posicionen contra aquest projecte, motiu pel qual van tenir l’accés a justícia gratuïta al contenciós presentat en 2025.

L’organització ecologista considera que la documentació presentada conté greus errors i irregularitats. Entre elles, denúncia que l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat en l’expedient és pràcticament idèntic a l’elaborat en 2021 per a un projecte diferent, amb plans i dades que no es corresponen amb l’ampliació ara plantejada.

Planta TMB de El Campello

Les al·legacions també alerten de riscos geotècnics i ambientals associats al projecte. Segons Ecologistes en Acció, el nou got se situaria en un terreny amb forts pendents i materials geològics permeables, la qual cosa podria comprometre l’estabilitat de l’abocador i augmentar el risc de filtracions i contaminació de les aigües subterrànies.

A més, l’organització denuncia que la bassa de lixiviats existent tindria una capacitat insuficient per a gestionar episodis de pluges intenses, cada vegada més freqüents en el litoral mediterrani, la qual cosa podria provocar abocaments contaminants.

Un altre aspecte criticat és que el projecte planteja retardar la captació i tractament del biogàs fins al tancament de l’abocador, l’ampliació del qual implicaria mantindre durant 18 anys un volum anual d’abocament molt elevat. Tot això, podria incomplir la normativa estatal que obliga a controlar les emissions durant la fase d’explotació, així com normatives europea i estatal que obliga a reduir el depòsit de residus en abocador fins a situar-lo per davall del 10% en 2035.

Ecologistes en Acció també qüestiona la legalitat de l’ampliació, al no estar contemplada en els plans de gestió de residus vigents, i denúncia l’absència de documentació obligatòria, com el certificat de compatibilitat urbanística municipal o estudis actualitzats sobre l’impacte de les olors. De fet, la instal·lació ja ha generat nombroses queixes per olors entre els veïns d’urbanitzacions pròximes i del municipi d’Aigües.

Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció sol·licita a la Generalitat Valenciana que denegue l’ampliació de l’abocador i revise l’expedient per a garantir el compliment de la normativa ambiental i la protecció de l’entorn i de la salut de la població.

Alegaciones vertedero El Campello

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La organización presenta alegaciones al proyecto de FCC y critica que no se tienen en cuenta los riesgos geotécnicos, ambientales y contaminantes que suponen, además, posibles incumplimientos legales a nivel estatal y europeo.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado alegaciones a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) solicitada por FCC Medio Ambiente S.A. para ampliar el vertedero de residuos no peligrosos situado en el paraje de Les Canyades, en El Campello (Alicante).

El proyecto prevé construir un nuevo vaso de vertido que ocuparía cerca de 71.000 metros cuadrados adicionales, lo que elevaría la capacidad total del vertedero a más de cinco millones de metros cúbicos y permitiría prolongar su explotación hasta aproximadamente 2045.

No es la primera vez que los ecologistas se posicionan contra este proyecto, motivo por el cual tuvieron acceso a justicia gratuita por el contencioso presentado en 2025.

La organización ecologista considera que la documentación presentada contiene graves errores e irregularidades. Entre ellas, denuncia que el Estudio de Impacto Ambiental presentado en el expediente es prácticamente idéntico al elaborado en 2021 para un proyecto diferente, con planos y datos que no se corresponden con la ampliación ahora planteada.

Planta TMB de El Campello

Las alegaciones también alertan de riesgos geotécnicos y ambientales asociados al proyecto. Según Ecologistes en Acció, el nuevo vaso se ubicaría en un terreno con fuertes pendientes y materiales geológicos permeables, lo que podría comprometer la estabilidad del vertedero y aumentar el riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas subterráneas.

Además, la organización denuncia que la balsa de lixiviados existente tendría una capacidad insuficiente para gestionar episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo, lo que podría provocar vertidos contaminantes.

Otro aspecto criticado es que el proyecto plantea retrasar la captación y tratamiento del biogás hasta el cierre del vertedero, cuya ampliación implicaría mantener durante 18 años un volumen anual de vertido muy elevado. Todo ello, podría incumplir la normativa estatal que obliga a controlar las emisiones durante la fase de explotación, así como normativas europea y estatal que obliga a reducir el depósito de residuos en vertedero hasta situarlo por debajo del 10% en 2035.

Ecologistes en Acció también cuestiona la legalidad de la ampliación, al no estar contemplada en los planes de gestión de residuos vigentes, y denuncia la ausencia de documentación obligatoria, como el certificado de compatibilidad urbanística municipal o estudios actualizados sobre el impacto de los olores. De hecho, la instalación ya ha generado numerosas quejas por olores entre los vecinos de urbanizaciones cercanas y del municipio de Aigües.

Ante esta situación, Ecologistes en Acció solicita a la Generalitat Valenciana que deniegue la ampliación del vertedero y revise el expediente para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del entorno y de la salud de la población.

Alegaciones vertedero El Campello

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• Ochenta puntos destinados al depósito de basuras domésticas carecen en la actualidad de contenedor marrón, favoreciendo que la fracción orgánica se siga mezclando con la de resto.
• La mezcla de los residuos supone un coste anual de casi dos millones de euros, gasto que podría verse sensiblemente reducido con una gestión más eficiente y sostenible.
• El Equipo de Gobierno traslada a la ciudadanía el fracaso de su modelo, aplicando una tasa de basuras que no atiende al pago por generación, ni bonifica ni incentiva el reciclaje y la reducción de residuos

Espartal-Ecologistas en Acción denuncia el fracaso de la gestión de residuos en la localidad y en particular del despliegue del denominado contenedor marrón, el destinado a la recuperación de la materia orgánica. Según la asociación ecologista, los responsables municipales no están garantizando la correcta separación de los biorresiduos generados en los domicilios. Ello es resultado de la precaria distribución de estos contenedores específicos y de sus características, como la de encontrarse accesibles las 24 horas del día y sin registro de su uso. Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la entidad valdemoreña, en el que se identifican algunas de las notables carencias de la actual gestión municipal.

El documento destaca que el Ayuntamiento de Valdemoro lleva incumpliendo desde julio de 2022 la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, al privar a importantes zonas de la ciudad de contenedores marrones, más de tres años y medio después por tanto de su obligación legal como entidad local con más de cinco mil habitantes. El completo despliegue debería haberse hecho ya efectivo a través del servicio adjudicado en febrero de 2022 a la UTE RBU Valdemoro, formada por Alfonso Benítez S.A. (ABSA) y Servicios Especiales de Limpieza S.A. (SELSA), empresas filiales de FCC Medio Ambiente. Los 315 contenedores anunciados en septiembre de 2023 han quedado reducidos en la actualidad a una dotación inferior a las 200 unidades. En este sentido, la asociación recuerda que en abril del pasado año el Equipo de Gobierno evidenció su nula disposición a cumplir la ley, al rechazar una moción del Grupo socialista para acelerar la instalación del quinto contenedor.El informe identifica en la ciudad hasta ochenta puntos para el depósito de residuos domésticos desprovistos de contenedor marrón, lo que provoca que la fracción orgánica —de gran valor por su potencial aprovechamiento energético— sea indebidamente desechada en el contenedor gris, el conocido como resto. Esta situación es muy crítica en el entorno del Paseo de la Comunidad de Madrid, con una absoluta falta de contenedor marrón; en el de Cristo de la Salud, donde el vecindario tampoco dispone de estos depósitos, y en zonas tan céntricas como las calles Doctor Fleming, San Vicente de Paul, Apóstol Santiago o el Paseo de los Hoteles. Tanto es así que los residentes deben recorrer cientos de metros para encontrar depósitos específicos para sus biorresiduos. Este es también el caso del Centro Histórico, donde solo cuentan con dos contenedores, los de las calles Luis Planelles y de las Vacas.
Mala gestión municipal que daña el bolsillo ciudadano.

Los residuos impropios son aquellos que se tiran consciente o erróneamente en un contenedor o lugar al que no están destinados. Ello dificulta mucho el proceso de reciclaje y su recuperación, resultando más caro su tratamiento. La falta de datos precisos por la tardía implantación del contenedor marrón llevó a la Concejalía de Hacienda a basarse en una proyección de gasto para 2025, situando en un millón novecientos mil euros el coste de la mezcla de residuos municipales con destino a vertedero. Ello representa el 34% del coste total del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Desde septiembre de 2024, la cuota por tonelada para el tratamiento de la fracción orgánica con una proporción de impropios superior al 20% —o lo que es lo mismo, el coste de mezclar los residuos orgánicos con la fracción resto— es de 80 euros, frente a los 23 que cuesta retirar una tonelada de residuos por debajo de ese porcentaje.

Para la aplicación de la nueva tasa de basuras, el Ayuntamiento de Valdemoro estableció tres tramos utilizando como exclusivo criterio el valor catastral de la vivienda, sin tener en cuenta el número de miembros de las unidades familiares ni su comportamiento en la generación de residuos. Con ello incumplía el objetivo central de la tasa: que cada individuo pague en función de la cantidad de residuos que genere, el denominado pago por generación.

Un modelo muy mejorable

La asociación ecologista califica de ineficiente el actual sistema de contenedores abiertos, que no garantiza su correcta utilización. Las malas tasas de recuperación han llevado a los responsables municipales a probar un proyecto piloto con tarjeta de apertura para el contenedor orgánico en el entorno de la avenida de las Comunidades. El sistema elegido adolece sin embargo de claras insuficiencias y no evitará que los usuarios arrojen cualquier tipo de residuos a este contenedor. Resultan muy preocupantes además la creciente desafección y el rechazo que se detectan en ciertos sectores de población que, en respuesta a la imposición de la injusta y desproporcionada tasa de basuras, declaran su voluntad de desentenderse por completo del reciclaje.

Desde el consistorio acaba de presentarse como un éxito la recogida de 1.100 toneladas de residuos orgánicos en los últimos 22 meses. Durante este período se generaron en nuestra ciudad —en una estimación conservadora— alrededor de 50.000 toneladas de residuos. Considerando que la fracción orgánica representa —como repite la publicidad institucional— el 40% de la bolsa de basura doméstica, la ínfima tasa de recuperación alcanzada pone de manifiesto el fracaso del actual modelo municipal.

Espartal-Ecologistas en Acción propone la puesta en funcionamiento de experiencias más ambiciosas y eficientes, como la recogida separada puerta a puerta (PaP) en barrios que por su tipología de viviendas unifamiliares —como el Caracol o el Restón II— resultan favorables para ensayar este sistema de recogida de residuos, en especial los orgánicos. Por último, al respecto de las campañas locales de concienciación sobre reciclaje, la asociación ecologista considera que, aun admitiendo su necesidad, estas se revelan insuficientes si no vienen acompañadas de incentivos concretos, como bonificaciones económicas para las aportaciones al Punto Limpio y al compostaje doméstico.

Foto 1.- Hilera de contenedores frente al número 4 del Paseo del Prado. Ninguno de los ocho disponibles es específico para el depósito de residuos orgánicos.

Foto 2.- Hasta siete son los contenedores instalados en el Paseo de los Hoteles. En este punto el Ayuntamiento de Valdemoro tiene habilitados dos contenedores para la fracción resto pero ninguno para la orgánica.

Algunas cuestiones sobre la gestión de los residuos en Valdemoro. El despliegue del contenedor marrón PDF>

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El grupo ecologista Alwadi-ira Ecologistas en Acción ha comunicado a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y la Delegación Municipal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el crecimiento del vertedero localizado junto al camino de Cuesta Carretilla a unos cuatrocientos metros de distancia del club de tiro al arco.

Alwadi-ira en su escrito indica que en el vertedero predominan enseres domésticos y numerosos sacos de escombros procedentes de reformas caseras. Lo más preocupante son las planchas de fibrocemento (uralita) que no cesan de aumentar.

Desde el grupo ecologista, consideran que estamos ante un nuevo ejemplo de como abundan y se extienden los vertederos de todo tipo de residuos en el término municipal de Alcalá. Resulta evidente que existen ciudadanos y pequeñas empresas que son íncivicos. Más aún, cuando existen servicios municipales que se encargan de la recogida de estos residuos junto a nuestras casas o en el mismo Punto Limpio donde se pueden depositar.

No obstante, desde Alwadi-ira remarcan que si se reflexiona puede afirmarse que ante estos desmanes que cometen ciudadanos incalificables, la actuación del Ayuntamiento es muy débil y en la mayoría de las ocasiones mínima. Conviene recordar, que todo lo referente a la gestión de los residuos es competencia municipal.

El grupo ecologista alcalareño concluye solicitando a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y la Delegación de Hábitat Urbano una serie de medidas. Entre ellas: erradicar el vertedero descrito para evitar que siga aumentando y para recoger las planchas de fibrocemento dado la peligrosidad que poseeen; que aumente el servicio de inspección en nuestro término municipal; que desde el Ayuntamiento, una vez se eliminen los vertederos, se señalicen los terrenos y se indiquen las sanciones por arrojo de residuos; que se realicen campañas de información para la ciudadanía sobre el tema de los vertederos; que se cree un nuevo Punto Limpio en nuestro municipio. El actual es insuficiente y su funcionamiento más que controvertido y polémico, que se estudien y consideren nuevas fórmulas de vigilancia y localización de nuevos vertederos, así como de detección de este tipo de infracciones, sin excluir la innovación tecnológica como tele detección, drones,… y por último que coordinen las medidas necesarias con Aira y otras Delegaciones Municipales para que sean efectivas en la tarea de eliminar todos los vertederos de nuestro término municipal.

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• Ecologistas en Acción respalda a la vecindad ante la denuncia de riesgo tóxico y exige medidas urgentes de protección de la barriada Guadalquivir en Coria del Río.
• Denuncia “envenenamiento” inminente en una Guardería y falsas declaraciones de la Consejería de Salud ante la oleada de muertes. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo público a la Asociación de Vecinos y Vecinas de la barriada Guadalquivir ante la grave situación sanitaria que, según denuncian, atraviesa el barrio. La organización ecologista alerta de una posible exposición continuada a contaminantes peligrosos y critica lo que considera una gestión institucional “insuficiente, opaca y carente de medidas preventivas adecuadas”.

La vecindad viene señalando desde hace meses un incremento alarmante de fallecimientos y problemas de salud en la zona, incluyendo el reciente fallecimiento de una mujer joven por infarto. En este contexto, denuncian que las autoridades sanitarias no han ofrecido información transparente ni han activado protocolos de protección a la población pese a la existencia de picos reconocidos de sustancias como ácido sulfhídrico y benceno.

Cuestionamiento de las mediciones oficiales
Según trasladan los portavoces vecinales, las declaraciones públicas de la Consejería de Salud sobre la movilidad del camión de mediciones ambientales no se corresponderían con la realidad observada por la propia ciudadanía. Aseguran que el dispositivo permanece estacionado en el mismo punto durante largos periodos, lo que, a su juicio, impediría una evaluación rigurosa y representativa de la calidad del aire en distintos enclaves del barrio.

Ecologistas en Acción subraya que, si la propia Administración reconoce la existencia de picos de contaminantes peligrosos, resulta incomprensible que no se hayan adoptado medidas cautelares como evaluaciones exhaustivas, controles independientes, restricciones temporales o planes de protección para la población más vulnerable.

Especial preocupación por la guardería
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se centra en la ubicación de una guardería próxima a viviendas donde se habrían detectado niveles elevados de contaminantes en interiores. La asociación vecinal advierte de un posible riesgo para la salud infantil y reclama mediciones urgentes dentro del propio centro educativo.

Ecologistas en Acción exige la realización inmediata de catas y análisis independientes de calidad del aire en el interior de la guardería y en las viviendas colindantes, así como la adopción de medidas preventivas mientras se esclarece la situación. La organización recuerda que la protección de la infancia debe regirse por el principio de precaución ante cualquier indicio de riesgo ambiental.

Bloqueo informativo y responsabilidades
La vecindad denuncia además la falta de entrega de informes forenses y la ausencia de comparecencias clave en el procedimiento judicial abierto. En particular, señalan que no se habría llamado a declarar a la empresa pública responsable de la red de saneamiento del municipio, Aljarafesa, cuya infraestructura podría estar relacionada con el origen de los gases detectados.

Asimismo, se cuestiona la gestión clínica de los casos atendidos, denunciándose altas médicas pese a la persistencia de síntomas compatibles con exposición a contaminantes ambientales.

Advertencia legal y exigencia de responsabilidades
Ante lo que consideran una inacción administrativa prolongada, la representación vecinal ha formalizado una advertencia jurídica invocando posibles responsabilidades por omisión en el ejercicio de funciones públicas. Reclaman que se depuren responsabilidades, se garantice el acceso a toda la documentación y se practiquen pruebas periciales independientes.

Ecologistas en Acción respalda estas demandas y exige a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes que actúen con transparencia, diligencia y rigor científico. “No se puede normalizar la exposición a contaminantes reconocidos ni minimizar el impacto en la salud colectiva. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está respirando y a vivir en un entorno seguro”, señala la organización.

Tanto la asociación vecinal como Ecologistas en Acción insisten en la necesidad de aplicar el principio de precaución, activar protocolos de emergencia si procede y garantizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el origen de la contaminación y proteger de forma inmediata a la población de la Barriada Guadalquivir.

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