La película argentina está basada en un hecho real: una mujer fue presa por un aborto espontáneo. La actriz Dolores Fonzi la retoma y cuenta cómo un nombre anónimo se volvió bandera de una lucha que todavía incomoda al poder.
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Última actualización sobre la situación represiva italiana de Gabriel Pombo da Silva
Recordamos que en el Julio del 2022 terminó para nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva (entre más compañerxs) el juicio italiano relativo a la operación represiva «Scripta Manent». Dos años por «instigación al delito».
En el Diciembre del 2023 el tribunal de Turín notificó a Gabriel esta misma condena firme. Por eso la abogada italiana pidió en el Enero del 2024 la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad; petición que justificó una «investigación socio/familiar/laboral» por parte de una trabajadora social del juzgado de vigilancia de Turín. El informe relativo a esa investigación, entregado al juez de vigilancia en el Junio del 2025, puso el acento sobre la «falta de autocrítica de sus propios valores» de Gabriel dejando clara cada intención de venganza por parte de las autoridades italianas.
A este punto se documentó al juzgado de vigilancia de Turín que el estado español reconoció ya hace dos años que Gabriel ha cumplido una condena de 2 años y 8 meses de más. La abogada italiana pidió por eso la «fungibilidad de la pena» o sea el reconocimiento también por parte de Italia de ese surplus de condena (según el derecho europeo todos los países miembros de la unión europea tienen la obligación de reconocerla). El pasado 12 de Noviembre hubo finalmente la última audiencia en el Tribunal de Turín que, hace un par de días, puso por escrito la respuesta, la relativa motivación y la conclusión. Italia no reconoce ni la «fungibilidad de la pena», ni concede a Gabriel ninguna medidas alternativas a la cárcel por «falta de autocrítica de sus propios valores» y activa la orden de ejecución.
Por ahora Gabriel sería detenido solo en territorio italiano pero, si Turín quiere, puede emitir una orden europea de detención dado que la condena entre 2 y 4 años legitima el derecho a la discreccionalidad del juez. En suma: nuestro compañero Gabriel podría ser detenido en cualquier momento… en una semana o en dos años. En caso llegase una orden de detención el estado español no debería detener a Gabriel ya que él mismo le reconoce un exceso de condena… pero sería ingenuo fiarse de esta teoría bien sabiendo que la práctica se puede no aplicar a un anarquista.
Muerte al estado!
Qué viva la Anarquía!
Este reportaje forma parte del dossier dedicado al Sáhara Occidental publicado en #LaMarea108. Puedes descargarte gratuitamente la revista aquí o suscribirte para recibir los próximos números y seguir apoyando el periodismo independiente.
La última semana de septiembre de 2024, los periódicos amanecieron con el titular de que el Ministerio del Interior había denegado la solicitud de asilo internacional a los 10 activistas saharauis que la habían solicitado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Poco después, todos ellos fueron devueltos a Marruecos. Si son detenidos allí, encontrarán aislamiento, torturas y un abuso continuo de su dignidad, según denuncian diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, a quienes, por otra parte, se les niega el acceso al país.
Hassanna Abba Moulay es el responsable de Relaciones Exteriores de la organización independiente Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), donde tienen contabilizados a 32 presos políticos saharauis. El detenido que lleva más tiempo encarcelado es Salek El Aseriy, en prisión desde 2004. Moulay habla desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado. Él mismo se encarga de tramitar las denuncias de vulneración de derechos ante las Naciones Unidas. «La situación de los presos saharauis es grave y se deteriora constantemente a pesar de las resoluciones emitidas. El Estado marroquí las ignora sistemáticamente», relata.
Este defensor de los derechos humanos afirma que las prácticas de represalia se han intensificado en los últimos años. Entre estas prácticas, recalca, está la denegación de tratamiento médico y asistencia sanitaria, el confinamiento en régimen de aislamiento prolongado (incluso durante años), la restricción o denegación de visitas familiares y el traslado de los presos a cárceles remotas lejos de sus allegados.
Moulay señala que la principal razón para el encarcelamiento de civiles saharauis es «su activismo pacífico en apoyo de la autodeterminación y su rechazo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental». Él mismo recuerda que desde el inicio de la Intifada por la Independencia en 2005, el pueblo saharaui ha adoptado la resistencia civil no violenta como forma de lucha. Sin embargo, Marruecos ha respondido con «una represión brutal», apuntilla.
Esta represión se ha materializado en la detención de defensores de derechos humanos y periodistas, el enjuiciamiento militar de civiles, montajes policiales y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como prueba en los tribunales, así como la persecución de todos aquellos que documentan las violaciones o denuncian el saqueo de los recursos naturales en el territorio ocupado. Según denuncia, «Marruecos utiliza su sistema judicial como herramienta política para silenciar las voces disidentes y suprimir la libertad de expresión».
Los presos saharauis son objeto de un trato racista y discriminatorio en comparación con los presos marroquíes, además de estar expuestos a la tortura física y psicológica, «especialmente en respuesta a cualquier reivindicación de sus derechos», explica Moulay. Este activista también incide en que se les confiscan libros y correspondencia personal, y se les deniega el acceso a medios de comunicación.
Además, el Estado marroquí «incita a los presos comunes contra ellos, creando un ambiente de amenazas y violencia constantes». Todas estas acciones, defiende el propio Moulay, «no son meramente punitivas, sino que están diseñadas para quebrantar su espíritu y disuadirles de continuar su lucha pacífica dentro de la prisión».
En los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) está Mahfud Bechri, colaborador de Novact, una organización catalana en defensa de los derechos humanos, e integrante de Western Sahara is Not for Sale: «Los únicos contactos que tenemos con los presos son a través de sus familias, que de forma directa e indirecta también sufren la detención de sus seres queridos». Este activista subraya que la prisión más cercana con presos saharauis está a casi 1.000 kilómetros de El Aaiún.
Bechri critica que Marruecos niega la condición de presos políticos a los 60 saharauis encarcelados que asegura tener localizados en la actualidad. Esta realidad crea un caldo de cultivo condimentado con un miedo enorme que sufre el pueblo saharaui a la hora de reivindicar su derecho de autodeterminación, amparado por la ONU. «Muchos activistas me han dicho que prefieren dar un paso atrás por el daño que el Estado marroquí puede hacer a sus familias, a quienes estrangulan económicamente o les allanan la casa», comenta.
En este sentido, Moulay enfatiza que el papel de las organizaciones internacionales es «crucial» a la hora de supervisar las violaciones cometidas contra los presos saharauis. Alfonso López, coordinador de la estrategia de trabajo para el norte de África en Amnistía Internacional (AI), denuncia que no se les permite el paso a Marruecos para poder investigar lo que sucede en sus cárceles. «Y mucho menos ir al Sáhara Occidental», detalla.
Este miembro de AI destaca que «los presos saharauis están sometidos a un hostigamiento continuo» mientras que «Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos en su territorio».
Así, se suceden las violaciones de derechos por parte de un Marruecos que no se somete a ningún control internacional. Mientras tanto, los integrantes de la LPPS siguen poniendo en riesgo incluso su vida para reclamar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis; el reconocimiento de que sus juicios fueron ilegales, basados en pruebas obtenidas bajo tortura o falsificadas; la apertura de una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de su detención, encarcelamiento y juicio; y una mejora de las condiciones carcelarias hasta su liberación.
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Un diario de duelo, una crónica performática, un kintsukuroi narrativo sobre una historia de represión en la Zaragoza tardofranquista.
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Vino Freddy para hablarnos sobre la excelente labor que el Fenix club de rugby realiza junto a los internos de la carcel de Zuera, donde además de proporcionar a los presos y presas unas horas de esparcimiento y relax ya han creado un equipo que compite en liga.
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Gráfica llamando a esta campaña de solidaridad con los presos políticos Casey Goonan y Elías Rodríguez.
Casey está preso, condenado a casi 20 años de cárcel, por quemar una patrulla de la Universidad de California – Berkley durante la Operación Diluvio del Campus, en solidaridad con Palestina. Padece de diabetes y sus captores le han negado medicamentos y le dan solo 5 horas a la semana fuera de su celda.
Elías Rodríguez eliminó a dos agentes del sionismo, empleados de la embajada. Enfrenta una probable pena de muerte por su acción en solidaridad con la lucha de la resistencia palestina. Puedes leer su manifiesto aquí.
argumento
Fuente: https://argumento.noblogs.org/post/2025/10/25/campana-en-solidaridad-con-elias-y-casey/
Debido a la reciente condena a Pablo Hasel, hemos decidido cambiar un poco el formato del programa. Teniendo en cuenta la noticia, hemos reflexionado sobre la censura a lo largo de la historia, y hemos llegado a la conclusión de que, si bien ha habido muchos casos de censura en el mundo de la música, […]
La entrada Censura en la música: Condena a Pablo Hasel se publicó primero en Radio Topo.
Anteayer se celebró el Día de la Tierra Palestina. Desde el campo de Dheisheh en Belén, Nuestro compañero Naji Owdeh, refugiado en su propia tierra, nos habla de la vida bajo la ocupación sionista en estos días de pandemia y le sobran fuerzas para enviar un abrazo de resistencia a quien quiera escuchar. Ayer arrancó […]
La entrada día de la tierra palestina, huelga de alquileres y campaña por la des-carcelación se publicó primero en Radio Topo.
El domingo 15 de abril tuvo lugar una nueva edición de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, la XVII. Al margen de lo que implica que, desde hace 17 años, haya un movimiento consolidado que cuestiona el encierro en sí, la existencia de las cárceles, es destacable que esta Marcha se ha convertido en […]
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La cárcel es un mundo cerrado al que, más allá de los directamente afectados, personas presas o familiares, casi nadie se atreve a mirar. Esta es una mirada, a través de las intervenciones de Nais contra Impunidade y Salhaketa en la pasada XVI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera. Es una mirada breve, pero dura, […]
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Todo por Hacer es una publicación anarquista que se edita mensualmente en Madrid. Se distribuye de forma gratuita en esta ciudad y se puede descargar en www.todoporhacer.
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Con unas cotas elevadas de visibilidad mediática y una influencia creciente en los aparatos judiciales y políticos, los sindicatos y asociaciones de funcionarios de prisiones son hoy un actor decisivo a la hora de entender los procesos de criminalización y producción de pánicos morales y paranoias securitarias. Responsables directos de la aplicación de los derechos de las personas presas, sus reivindicaciones se basan en el desmantelamiento de dichos derechos, y en la implementación de un modelo de cárcel-guerra que deshumaniza a la población reclusa, al tiempo que criminaliza a sus familias y a los grupos y entidades que les brindan apoyo.
José Navarro, investigador del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) especializado en los derechos de las personas presas, analiza en este libro cómo bajo siglas de sindicatos mayoritarios o asociaciones corporativas, estas estructuras están dirigidas y atravesadas por destacadas figuras de la ultraderecha ligadas a una praxis de abuso y violencia, que han disfrutado de una tradición de impunidad y que han respondido con furia a los intentos de denunciarla o eliminarla. Esto lo conoce bien Iñaki Rivera, director del OSPDH y prologuista de este ensayo, quien fue denunciado por sindicatos de funcionarios de prisiones e investigado por la Justicia por explicar en TV3 que se producen torturas y malos tratos en las prisiones catalanas. Por fortuna, el procedimiento judicial acabó archivado (y, además, un funcionario acabó condenado por proferir amenazas leves contra Rivera), pero sirvió como aviso a navegantes para quienes pretendan denunciar la tortura y defender a los presos.
El poder carcelario de estas organizaciones se inserta hoy en una nueva matriz punitiva en la cual los derechos han sido sustituidos por una «gestión de riesgos» que da vía libre a un mayor dominio y represión sobre las vidas de las personas presas. Estos sindicatos han acumulado una notable capacidad de producción simbólica e influencia política, factores que son analizados en este trabajo, en una aportación fundamental para el conocimiento de un ámbito generalmente opaco y desconocido.
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Este libro, elaborado en base a recuerdos y testimonios directos de sobrevivientes, abogados, familiares y luchadores antifascistas de la época, narra la historia de los cuatro últimos consejos de guerra de la Dictadura franco/fascista contra un grupo de resistentes que derivaron en los últimos fusilamientos llevados a cabo en un espacio del ejército español el 27 de septiembre de 1975.
En condiciones de Dictadura, el terrorismo es la Dictadura y la resistencia a la Dictadura es la lucha anti-terrorista del pueblo. En condiciones cualesquiera de Tiranía, la Tiranía es terrorismo y luchar contra la Tiranía es luchar contra el terrorismo.
Las fuerzas armadas, policiales y para-policiales que han establecido primero y mantenido después la Dictadura o la Tiranía son las bandas armadas, uniformadas y no uniformadas, del terrorismo. El ejemplo español es paradigmático. 40 años de dictadura terrorista, tras un golpe de estado y una guerra desencadenada por el ejército convertido en una fuerza terrorista que tras haber derrotado a las fuerzas democráticas de la II República, prolongó esa misma guerra a través de una dictadura.
La Dictadura, como terrorismo de Estado, resulta el más peligrosos y destructivo, pues su violación permanente y sistemática de todos los Derechos Humanos afecta cotidianamente a toda la población de la manera más grave y en todos los ámbitos de la vida pública y privada, familiar, laboral, colectiva, social, política…
Consecuente con su forma de actuar, el Estado Terrorista acusa de «terrorismo» a todos aquellos que, con absoluta legitimidad, se le resisten y enfrentan activamente. En este sentido, el comportamiento de la Tiranía se asemeja al del ladrón que, para evitar ser acusado, grita señalando a su víctima: ¡al ladrón, al ladrón!
El miércoles 17 de septiembre se presentará este libro y se inaugurará una exposición sobre los últimos fusilados del franquismo en la Fundación Anselmo Lorenzo (c/ Peñuelas 41, Madrid)
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Por Isidro López y Nuria Alabao. Extraído de La Zona de Estrategia
La estrategia abolicionista de las prisiones no implica solo su clausura, sino que propone erradicar las condiciones que las hacen necesarias: pobreza, racismo estructural o dificultades de acceso a vivienda y sanidad. Ruth Wilson Gilmore es una militante incansable de esta idea que luego se convirtió en académica, y no al revés, como suele ser habitual. Originalmente licenciada en Arte Dramático, decidió estudiar Geografía en Rutgers cuando ya tenía cuarenta años de edad y mas de veinte de trayectoria militante.
Ya en la academia, ha sido pionera en el estudio de la «geografía carcelaria», un campo creado por ella, que le sirve para analizar cómo el encarcelamiento masivo transforma el espacio, la economía y las comunidades. En su investigación expone cómo las prisiones absorben poblaciones excedentes desde el punto de vista del capital, de manera que el sistema perpetúa las desigualdades sociales que hacen necesarias las prisiones. Su estudio sobre California, Golden Gulag (2007) o su trabajo más completo, Geografías de la abolición (Virus, 2024) son dos referencias, ya clásicas, para quien quiera adentrarse en el original pensamiento de la autora.
Gilmore también participó en la creación de INCITE!, una iniciativa que trabaja la violencia contra las mujeres de color. Este colectivo la define como una combinación de agresiones personales y sistémicas —de la policía, o producidas por la guerra, los controles migratorios, ataques a los derechos reproductivos, etc.—, rechaza la criminalización individual y aboga por estrategias de responsabilidad colectiva y justicia restaurativa.
A finales de los años ochenta y principios de los noventa, especialmente en Estados Unidos, pero no solo allí, muchas personas nos preguntábamos acerca de un mundo que estaba cambiando de nuevo. La Unión Soviética se acababa. A pesar de las críticas que se le podían hacer, y hay muchas, apoyó muchas luchas anticapitalistas y anticoloniales. Por ejemplo, su existencia abrió un poco la puerta a la liberación de los negros en Estados Unidos.
Otras consideraciones tenían que ver con el hecho de que el ajuste estructural ya había comenzado tanto en el Tercer Mundo y como en el primero de muchas formas: desde golpes de Estado como el que ocurrió en Chile, cuando Allende fue derrocado por Estados Unidos, hasta otras formas de servidumbre por deudas de origen esencialmente neocolonial, y todo ello vinculado con un aumento de la criminalización. De manera que nos preguntábamos ¿qué hacer? ¿Qué estrategias deberíamos utilizar? Y cuando digo nosotros, incluyo a personas que procedían de muchos tipos de formaciones políticas. Gente que venía de partidos —comunistas u otros partidos de izquierdas— anarquistas autoorganizados, gente que había estado trabajando mucho, con o sin afiliación partidista, contra el apartheid sudafricano o en apoyo de Palestina o que provenía del movimiento de emancipación negra en Estados Unidos, que vio como muchas de sus demandas habían sido absorbidas por el discurso de la democracia mainstream.
Hubo mucho debate y muchos desacuerdos. Aunque parece que el abolicionismo contemporáneo surgió en Estados Unidos, todos estábamos en constante comunicación con camaradas de todo el mundo, personas que trabajaban en el panafricanismo, etc. Y lo que empezamos a ver fue que, miráramos donde miráramos, la criminalización estaba aumentando a un ritmo muy, muy rápido. Hubo un movimiento abolicionista [de la policía] en Estados Unidos a finales de los años sesenta y principios de los setenta, así que la gente tenía la experiencia de la lucha contra la policía, o de las luchas en la prisión. Se estaban produciendo debates sobre la cuestión de la relación entre presos sociales y presos políticos. En este grupo intentamos dar sentido a todos estos acontecimientos.
Y así, en los años noventa, descubrimos que teníamos que prestar atención a la expansión de las prisiones. Muchas personas que habían militado en movimientos sociales y políticos durante muchos años estaban siendo empujadas a pensar esta cuestión. Discutíamos sobre las cárceles, las condenas policiales, las largas sentencias y la rapidez con la que la gente en EEUU estaba siendo absorbida por la cárcel. En ese momento, ni siquiera hablábamos de encarcelamiento masivo. Parecía que pronto la mitad de la población del país estaría en prisión y la otra mitad los custodiaría. Así que reunimos todas nuestras experiencias, conocimientos y análisis y debatimos mucho. Y uno de los resultados de esta larga e intensa guerra contra la población fue el inicio del movimiento abolicionista contemporáneo.
En esos años, el movimiento era completamente marginal. La gente pensaba que estábamos locos. He contado muchas veces la historia de cuando un grupo de nosotros, unas 28 personas, organizamos la primera conferencia de Critical Resistance, que para muchos es el comienzo del abolicionismo contemporáneo.
Creíamos que sería un triunfo si conseguíamos que vinieran a nuestra conferencia quinientas personas. En julio de 1998, dos meses antes, hubo otra en Chicago, con preocupaciones parecidas, que trataba de averiguar, desde una perspectiva de izquierdas, qué podíamos hacer: el Black Radical Congress. Un grupo de nosotros fuimos a ver de qué hablaban, y era lo mismo que estábamos pensando nosotros. Fue asombroso ver a la gente llegar y llegar. Estaban como cansados porque habían conducido 3.200 kilómetros y llevaban la almohada en la mochila, pero seguían llegando. Así que volvimos a California y nos preparamos para que vinieran miles de personas. Se presentaron 3.500 personas. ¡Fue increíble!
Vinieron porque se dieron cuenta, como nosotros, de que, independientemente del problema en el que estuvieran trabajando en sus comunidades, la criminalización tenía cierta resonancia para ellos; ya fuera que a las personas se les impidiera ir a la escuela o vivir en viviendas sociales porque habían sido condenados, o que no pudieran acceder ni al tipo de trabajo que tienen las personas con una educación modesta. También había crecientes dificultades para acceder a la atención médica porque la policía se había convertido, de repente, en el medio a través del cual tenía que pasar todo.
Un número de personas se acercó porque tenían a sus seres queridos en prisión o porque ellos mismos habían estado en ella, y esta es una experiencia terrible y mortal. Así que vinieron pensando que éramos algo así como los defensores de los derechos de los presos y que eso significaba que íbamos a luchar por mejores condiciones en la cárcel. Pero este no es nuestro enfoque. No estamos en contra de que la gente tenga una alimentación adecuada o una buena atención médica en la cárcel, pero sobre todo estamos a favor de que la gente no esté en jaulas.
Es un mito que la policía estadounidense tenga sus raíces en las patrullas de esclavos, aunque mucha gente se ha unido al movimiento inspirada por esta idea. Creo que invocar la abolición desde el siglo XV hasta el final real de la esclavitud tiene sentido porque capta la imaginación de la gente. Pero a veces surge el problema de que, para algunas personas, invocar la esclavitud implica hablar solo de personas de ascendencia africana que no son libres y a las que les robaban su trabajo. Esto crea un pequeño dilema porque hay muchas personas que están encerradas, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, que no son de ascendencia africana, y que no son libres. Y, en la mayoría de los casos, a las personas que están encerradas no les están robando su trabajo, simplemente les están robando su tiempo, y su tiempo se convierte en dinero con el que se paga a los guardias, la policía o los contratistas del Estado.
Black Lives Matter tuvo su época de mayor impacto mucho antes de George Floyd, a partir de 2014. El eslogan empezó a utilizarse antes, cuando absolvieron al policía que asesinó a Trayvon Martin [2012], se hizo, muy popular y repetido. Y el movimiento empezó a organizarse en Ferguson, Missouri, donde mataron a Mike Brown, [2014]. En ese momento surgieron muchas organizaciones; algunas de ellas han perdurado y otras no. Después sucedió como les sucede a muchos movimientos emancipatorios —seguro que aquí en España también—: parte de las luchas que se impulsan con el objetivo de una emancipación genuina son cooptados. En el caso de Black Lives Matter se convirtió en parte de la marca del Partido Demócrata.
Están relacionados. Desfinanciar es una forma de señalar el drenaje presupuestario al salario social que implica la criminalización y que debería destinarse al bienestar colectivo. Y abolir no se refiere a una partida presupuestaria, en este caso la policial, sino a transformarlo todo. Abolir significa garantizar que las personas puedan vivir en condiciones, tener vivienda, acceso a la salud, disfrutar del arte y de la vida en plenitud. Se trata, en esencia, de erradicar las condiciones que hacen necesarias las prisiones. Por tanto, es una cuestión de rehacer —o reconstruir— completamente la sociedad.
Es importante aclara este punto porque mucha gente sigue siendo muy escéptica con la abolición porque creen que simplemente decimos que no debemos preocuparnos por el daño que se ha causado, lo que no es cierto en absoluto. Más bien, la pregunta que nos hacemos es cómo se produce el daño y qué podemos hacer para que no se produzca. Y cuando ya se ha producido, en qué tipo de procesos debemos participar para reparar la situación y, por así decir, hacer que la sociedad vuelva a estar completa. Lo cual es muy diferente de pedir que el daño se convierta en un delito que deba ser castigado. Es una forma completamente diferente de estar en el mundo. Hay muchas personas que han desarrollado procesos de justicia transformativa increíbles.
El feminismo carcelario han ido en aumento desde la década de los ochenta, tanto en EEUU como en España u otros lugares. El feminismo ha trabajado mucho para que las autoridades se tomaran en serio la violencia sexual y la violencia doméstica. Esto ha sido importante, pero por ejemplo, en Estados Unidos, ha desembocado en leyes especiales, en una mayor criminalización y muchísimas intervenciones llevadas a cabo por las fuerzas de la violencia organizada que no reducen el daño a las mujeres ni a sus hijos. Así que todo este castigo no ha producido más seguridad.
Hace ya veintitrés años, un grupo de mujeres de color –aunque no todas eran negras— que habían estado trabajando en los años ochenta y noventa exigiendo el reconocimiento del daño a las mujeres y a los niños, dijeron: «Lo que queremos es acabar con la violencia contra las mujeres, no castigar más duramente a los autores de la violencia». Interpelaron a Critical Resistance que existía desde hacía tres años pidiéndonos que fuésemos más explícitas en la forma de hablar del daño, la violencia y su resolución.
Así que montamos un debate que desembocó en el manifiesto de Critical Resistance:Incite. De ahí surgió esta nueva organización de mujeres de color. Trabajamos en el manifiesto, y luego lo llevamos por todo el país. El procedimiento es que vas a un sitio, te reúnes con un grupo de base, se lee el manifiesto y se debate. Ha sido un proceso muy arduo. Pero al final, se ha conseguido que gente de todas partes que trabajan específicamente en temas de violencia contra las mujeres, estén de acuerdo en que este es el enfoque más adecuado y hoy todavía el colectivo Incite sigue trabajando.
Este proceso arroja mucha luz sobre cómo se han formado y profundizado las geografías carcelarias a lo largo del tiempo. Sobre cómo se forma la imaginación política de las personas, incluyendo la presunción de que el castigo es la forma de superar el daño. No estoy diciendo que el discurso de odio no sea dañino, tengo 74 años y he recibido mucho. Evidentemente, no estoy diciendo que si yo lo he podido hacer todo el mundo tenga que hacerlo. Pero lo cierto es que la idea de que la forma en que se resuelven los problemas sociales es criminalizando ciertos comportamientos, se está profundizando y ampliando y e impulsa una geografía carcelaria más duradera.
Mucha gente hace política a partir de la identidad, por utilizar vuestra expresión, gente que dice: “soy parte de un grupo que se siente amenazado, incómodo o inseguro”… Pero el hecho de que las soluciones que se demandan para todo estos problemas vengan a través de un predominio de la carceralidad, es un indicador de que nuestra visión política se ha debilitado y distorsionado. Y aquí el Estado no es el único problema, la gente pide a los empresarios, a los capitalistas, que hagan lo mismo: “Castigad a mi compañera de trabajo porque ha sido desagradable conmigo”. He tenido posiciones de dirección en el mundo académico y la gente venía y me decía: «Castiga a fulana porque dijo tal y tal». ¿Por qué quieres que se castigue?, cuál es el porqué de esa lógica.
Efectivamente hay una tendencia que va hacia ahí. No sé cómo expresarlo mejor, pero creo que la gente se siente obligada a encontrar el mal en muchas más cosas y luego a tratar de criminalizarlo de alguna manera, incluso dentro de las organizaciones políticas. Y esa criminalización viene acompañada de castigo o expulsión.
Uno de los problemas que surge con bastante frecuencia es que se ha adquirido el mal hábito de distinguir entre las personas inmigrantes que son “chivos expiatorios pero inocentes” y otros que han sido condenados por algún tipo de infracción o delito. Y luego dicen: “bueno, los que somos inocentes deberíamos ser tratados de forma completamente diferente a los que son culpables”, en lugar de hacer causa común porque en realidad todo el mundo está siendo criminalizado. Esto está sucediendo en Portugal, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en muchos lugares. Es una distinción parecida a la que antes se hacía entre presos sociales y presos políticos.
Así que, en Estados Unidos, dónde en el pasado los demócratas han deportado a mucha más gente que los republicanos, después de muchos años de lucha contra la detención de migrantes, las deportaciones, etc., la abolición se está convirtiendo también en un término importante para pensar la emancipación en general. Hay un nuevo libro llamado Unbuild the Walls de Silky Shah que trata esto de una manera fantástica.
Realmente no entiendo del todo de dónde viene esta adicción a la seguridad. Puedo pensar críticamente en cómo las personas que trabajan en movimientos abolicionistas han contribuido sin duda a esta forma de pensar, no intencionadamente. Parte de la crítica a la policía y a la vigilancia en las cárceles y a la criminalización es que la gente suele decir que, en realidad, no sirven para mantenernos seguros. Nosotras mismas podemos mantenemos a salvo. Creo que lo que ha ocurrido es que el eslogan práctico se ha convertido en una demanda política débil que está relacionada con lo que hablábamos antes. La gente va por ahí, sea cual sea el grupo social al que pertenezca —laboral, político o de otro tipo—, pensando que deberían criminalizar a las personas que les hacen sentir mal y también que tienen derecho a la seguridad. En realidad, en los movimientos luchamos tanto como podemos. Para que eso sea posible: hacer lo que hacemos y hacerlo con algo de fuerza y alegría debemos y podemos tratar de no hacernos daño unos a otros. Lo cual es muy diferente de decir que existe la posibilidad de un espacio seguro.
Cuando fui a la escuela de posgrado no tenía planeado escribir sobre prisiones pero acabé analizando las prisiones de California. Eso me permitió entender que allí donde la desigualdad es más acusada, las prisiones y la policía son más activas, y esto se produce en todo el mundo.
Lo que se llama “geografía crítica” nos da la oportunidad de pensar desde el materialismo histórico sobre cómo está producido el mundo y, por lo tanto, cómo deshacerlo, cómo convertirlo en otra cosa. La longue duree es la modernidad capitalista, es el colonialismo y la esclavitud y el acaparamiento de tierras hoy día. Así que para mí, la abolición tiene estos tres requisitos. Tiene que ser verde porque estamos inmersos en una crisis climática, lo que significa que hay muchísimas personas que han sido desplazadas de sus hogares debido al cambio climático, así como al acaparamiento de tierras y todos los demás fenómenos conectados. Para ser verde, tiene también que ser roja porque los problemas de los últimos quinientos y pico años se originan en el capitalismo. Y para ser roja, tiene que ser internacional. Así que trabajo con personas que ocupan tierras, que combaten su acaparamiento; que se oponen a la expansión carcelaria en lugares como el Reino Unido y Portugal o que luchan por la vivienda. La lucha por la vivienda es universal, tanto en el Norte global como en el Sur global: vivienda, vivienda, vivienda. Hay que prestar atención al transporte, las afecciones respiratorias… Cualquier tema que sea central en la lucha por la reproducción social se puede entender a través de la dialéctica del abandono organizado y la violencia organizada. Y a medida que entendemos esas dialécticas, a veces podemos ver el camino para deshacer las geografías carcelarias y hacer geografías de la abolición.
A pesar de que ya tiene dieciséis años, creo que podemos extraer algunas ideas. Por ejemplo, una de las muchas formas en que podemos abordar la abolición es a partir de la cuestión de los usos del suelo. Hablo acerca del control de la tierra y el entorno construido y de quién puede disfrutar el usufructo de esta tierra. Ya estemos hablando de residencial, urbano, industrial, rural, o cualquier uso, nos proporciona una forma inicial de abordar el problema de la violencia organizada y el abandono organizado.
Para mi libro investigué hasta la saciedad cuatro factores, Suelo, Trabajo, Capital y Estado. Otros pueden jugar con ellos en diferentes contextos y ver qué les funciona: localizar los excedentes de suelo y el trabajo; analizar el capital, capital monetario, particularmente el que circula a través del Estado, pero también especialmente la deuda. Y, por último, la capacidad estatal, que es la capacidad del Estado para organizar suelo, trabajo y dinero. Por ejemplo, en lugar de cárceles y más policía el suelo podría utilizarse para hacer un puerto, un hospital, una escuela, una carretera o un parque.
Otra de las cosas que aprendí al escribir ese libro fue cuántos tipos diferentes de organización social se vuelven significativos y poderosos en la lucha contra la criminalización y la prisión: pueden ser sindicatos, comunidades religiosas, grupos ad hoc de madres y otros seres queridos, personas que están encarceladas o que lo han estado en el pasado. Esta lucha se puede dar incluso desde dentro del Estado. Quiero decir, trabajo para una universidad pública. Yo también soy parte del Estado. Algunas personas que trabajan para ciertos departamentos estatales pueden tener una agenda diferente a la de su organismo y a veces podemos recurrir a ellas, al menos para conseguir información que necesitamos para nuestras luchas. Por ejemplo, mucha de la gente con la que hacíamos trabajo político en California a principios de este siglo habían sido profesores en prisiones de allí. Iban a trabajar, enseñaban, se iban a casa y veían cómo el sistema empeoraba a medida que se agrandaba el complejo industrial-penitenciario y, por supuesto, fue empeorando porque este sistema consiste en encerrar a más personas para poder convertir su tiempo en dinero.
Algunos de estos profesores llevaban enseñando en prisiones desde los años setenta y decían: «Cuando empezamos aquí, el acuerdo era que les enseñaríamos a estos chicos y lo que aprendían les sería crucial, para que al salir no volvieran a la cárcel. Y ahora no podemos enseñar nada. ¿Qué está pasando?»
Así que conocimos a algunos de estos profesores que empezaron a organizarse tanto para hacerse cargo de su sindicato como en solidaridad con nosotros para empezar a luchar contra el sistema penitenciario. Trabajaban en el sistema penitenciario y lo estaban combatiendo. Así que no es como si nos uniéramos a los guardias que dependen absolutamente de las prisiones, sino a los maestros que pueden ser maestros en cualquier tipo de contexto, no requieren de la prisión. Las enfermeras no requieren de la prisión, los cerrajeros no requieren de la prisión, solo los guardias requieren de la prisión.
Eso es algo que aprendimos sobre el terreno, haciendo cosas. Y a veces, ya sabes, mi investigación y la de otras personas nos ayudaban a formular una idea que luego podíamos convertir en el agotador trabajo de coger el teléfono y llamar a la gente y rogar a alguien que se reuniera con nosotros y todo eso, como sucedió con los profesores, las enfermeras y así sucesivamente. Nos llevó años. Pero lo conseguimos.
Ayer hablamos con algunos compañeros que están involucrados en una campaña en California para conseguir que se cierren diez prisiones. Y están teniendo mucho éxito. Nos sorprende, per también vemos cómo las décadas de trabajo se han acumulado de alguna manera y están produciendo cosas.
Lo que esto revela sobre el mundo en que vivimos —retomándolo del Black Lives Matter— es que muchas vidas, en realidad, no importan. Ese es el mensaje esencial: esas vidas no cuentan. Quienes están encerrados en prisiones como la de Rikers, en Nueva York, por mucho que la ciudad pretenda lo contrario, están expuestos a una muerte prematura. Esto no solo es consecuencia de la realidad objetiva de carecer de derechos, de bienestar, de cualquier recurso, de vivir en condiciones terribles, hacinados y en lugares llenos de tensión, sino también a que el bloque de poder, la cúpula dirigente —o como quiera llamársele— asume con total normalidad que todas esas personas mueran, que perezcan tanto ellas como quienes las cuidaron o dependieron de ellas. Son, en definitiva, desechables.
El racismo se trata, en esencia, de la producción y explotación, sancionada por el estado o extralegal, de una vulnerabilidad hacia la muerte prematura diferenciada por grupos. Era la única manera que encontré de dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que escribí para llevarlo a las comunidades y colectivos. Supongo que averiguaremos si acaban sumándose a nuestra lucha por la emancipación, que es lo que importa.
Esta entrevista está realizada antes de la victoria de Trump en las últimas elecciones.
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Por Alison Phipps. Publicado originalmente en Abolitionist Futures. Traducido del inglés por La Zona de Estrategia
En 2021, Rebecca Solnit dijo: «hace falta todo un pueblo para violar a una mujer». Se refería a Harvey Weinstein. Lo decía metafóricamente: por cada «hombre malo» hay infinidad de otras personas, de todos los géneros, que le dejan hacer o, al menos, que aceptan mirar para otro lado.
En 2020, sin embargo, el papel del pueblo se hizo carne cuando Gisèle Pelicot se dio cuenta de que su marido Dominique la había drogado y violado a escondidas en numerosas ocasiones durante la década anterior. Dominique también había utilizado el foro web à son insu (sin que ella lo supiera) para invitar a más de setenta hombres, muchos de ellos de la localidad, a violar a Gisèle mientras estaba inconsciente. La mayor parte de estos hechos ocurrieron en la casa de la pareja, en el pintoresco pueblo francés de Mazan.
A los pies del Mont Ventoux, a cinco kilómetros de Carpentras, la pequeña ciudad de Mazan cuenta con numerosos viñedos y huertos. También es tierra de trufas. Se beneficia de un interesante patrimonio histórico y sus alrededores están llenos de senderos que invitan a descubrir esta campiña tan típica de la Provenza.
«Se necesita todo un pueblo para violar a una mujer» es un juego de palabras con el proverbio «se necesita todo un pueblo para criar a un niño». El proverbio indica que la reproducción social individualizada moderna no es adecuada para su propósito, y compara esta forma de crianza con las formas de organización colectiva —tanto históricas como contemporáneas— propias de sociedades no capitalistas.
Sin embargo, «hace falta todo un pueblo para violar a una mujer» plantea algo distinto. En primer lugar, sugiere que las colectividades también pueden ser peligrosas y casos como el de Pelicot —así como la abundante evidencia de abusos sexuales en familias, iglesias, el ejército, escuelas, universidades y parlamentos— lo confirman. En segundo lugar, y a un nivel más profundo, esta frase insinúa que existe algo tradicional, e incluso natural, en la conspiración de silencio que rodea a la violencia sexual. Yo no lo creo.
El patriarcado se remonta a la Antigüedad, o incluso es anterior. También hay pruebas prehistóricas de violencia contra cuerpos que ahora se definirían como femeninos, parte de la cual podría haber sido de carácter sexual. Sin embargo, la violencia sexual no ha sido un fenómeno universalmente extendido ni sistemático en todo tiempo y lugar.
La violencia sexual globalizada tiene un cierto aroma a modernidad. Fue la intervención del capitalismo racial en el «mundo aldeano» —ya fuera indígena o medieval— la que abrió paso al actual sistema mundial, depredador tanto en términos económicos como sexuales. El colonialismo moderno se apoyó especialmente en la violencia sexual como una de sus técnicas de terror. Del mismo modo, la transición al capitalismo en Europa se consolidó mediante una violencia brutal contra las mujeres. Estos procesos marcaron también un giro hacia sociedades en las que la violencia sexual se volvió más frecuente, normalizada y socialmente tolerada.
Un paseo por el corazón de la ciudad, accesible por las monumentales puertas, permite descubrir sus tesoros. Mazan ha conservado parte de sus murallas de los siglos XII y XIV. El cementerio también es un lugar de interés: está rodeado de sarcófagos de piedra de los siglos VI y VII, que antaño bordeaban la antigua carretera Carpentras-Mormoiron. La Capilla de los Penitentes Blancos, del siglo XVII, alberga un museo popular que presenta diversos aspectos de la vida rural tradicional de antaño.
Es importante no romantizar las sociedades precoloniales y precapitalistas como libres de violencia. Sin embargo, hay evidencia de que el capitalismo racial introdujo la violencia sexual en poblaciones donde no era una práctica cotidiana ni extendida. ¿Cómo ocurrió?
En primer lugar, el colonialismo impuso una interacción compleja entre género y raza. A los hombres indígenas se les elevaba localmente mediante la imposición del patriarcado, pero eran emasculados en términos generales por la supremacía blanca. Esta combinación resultó ser un caldo de cultivo ideal para el aumento de la misoginia y la violencia sexual en las poblaciones colonizadas, lo cual a su vez alimentaba la idea del «salvaje» sexualmente violento.
Mientras el colonialismo brutalizaba sexualmente a las poblaciones, construyéndolas como amenazas sexuales, el género burgués se imponía en Europa a través de las cazas de brujas de la Edad Moderna. Esta campaña de tortura sexualizada destruyó el poder de las mujeres en la Edad Media, reformulando las relaciones de género para ponerlas al servicio de la producción en el capitalismo racial.
Durante dos siglos de terror, las cazas de brujas cimentaron tres pilares clave del capitalismo. Primero, una separación estructural entre producción y reproducción que hizo a las mujeres responsables en exclusiva de esta última. En segundo lugar, impuso un modelo de feminidad derrotado y pasivo que naturalizaba la opresión de género. Y en tercer lugar, generó una misoginia cultural rampante que facilitaba el divide y vencerás. Al igual que en las colonias, la imposición del capitalismo en Europa marcó el paso de un poder patriarcal más constreñido —supervisado y regulado por la comunidad— a un poder patriarcal absoluto, donde el hogar del hombre se convirtió en su reino.
Como el patriarcado, la violencia doméstica (a menudo sexual) es anterior al capitalismo racial. Pero cuando la aldea dio paso a la metrópoli, el patriarcado doméstico quedó oculto y protegido en una unidad familiar privatizada. También contribuyeron a intensificar la violencia patriarcal las ideologías del género binario y del amor concebido como una relación diádica y posesiva. “La maté porque la amaba” reza el dicho apócrifo.
Se esperaba que los hombres de la Edad Media gobernaran hogares ”ordenados correctamente», donde la violencia solo se usaría de ser necesaria. La violencia doméstica se consideraba un abuso de poder, y si ocurría, la comunidad intervenía con frecuencia. Cuando el capitalismo racial separó lo público de lo privado hizo un agujero en esta red de seguridad. La familia nuclear capitalista racializada puedo ser (y es) horriblemente, interminablemente violenta.
Estos hechos históricos desafían la idea de que la violencia sexual sea intrínseca al parentesco y a la dinámica de grupo. También podemos ver que las instituciones, corporaciones y enclaves del capitalismo racial moderno no son comunidades funcionales. Harvey Weinstein acumuló un poder inmenso en una industria ostentosa y despiadada; quienes le rodeaban eran corruptibles y/o tenían miedo. Y aunque el pueblo de Gisèle Pelicot, Mazan, vende su herencia medieval, cuando se cierran las persianas, los pueblos contemporáneos pueden ocultar más alienación que conexiones humanas.
En la comunidad de 6.400 personas de Mazan, que incluye a quienes se desplazan a Aviñón para trabajar o se jubilan desde París, los Pelicot no eran muy conocidos ni participaban en asociaciones locales. A veces se veía a Dominique Pelicot en bici los fines de semana, con un perrito en la cesta, y en ocasiones jugaba a la petanca, pero en general era reservado.
Gisèle Pelicot no conocía a los presuntos violadores identificados por la policía. Declaró ante el tribunal que solo había reconocido a uno de ellos, un hombre que había ido a hablar de ciclismo con su marido en su casa de Mazan. «Lo veía de vez en cuando en la panadería; le saludaba. Jamás imaginé que vendría a violarme», dijo. Más tarde se supo que uno de los presuntos violadores había trabajado en un supermercado en Carpentras. Otros fueron invitados por Pelicot a observar a su esposa durante la compra semanal para ver si les resultaba atractiva.
En comunidades capitalistas atomizadas, alienadas o incluso enfrentadas es habitual mirar hacia otro lado. Y si uno se niega a hacerlo, a menudo se encuentra despojado de las capacidades y recursos para intervenir de forma comunitaria. Esto se debe a que el capitalismo racial privatizó tanto la violencia sexual como las formas de enfrentarla. A medida que la rendición de cuentas comunitaria se debilitó, nos convertimos en clientes del sistema. Por eso, «no mirar hacia otro lado» en la modernidad suele significar más bien denunciar un delito ante las autoridades competentes.
En 2020, el mismo año en que salió a la luz el caso de Gisèle Pelicot, una mujer fue violada a plena luz del día en un tren de la línea Piccadilly de Londres. Se había quedado dormida y se le pasó la parada. El hecho ocurrió frente a un horrorizado turista francés, que no intervino. Sin embargo, después llamó a la policía y más tarde regresó al Reino Unido para testificar en el juicio.
Sin emitir juicio alguno sobre ese hombre, que iba acompañado de su hijo de 11 años cuando ocurrió la violación, este caso es una buena metáfora de cómo todas las personas afrontamos el daño sexual. Es menos probable que intervengamos, que que denunciemos el incidente a posteriori. Esto ocurre a lo largo de todo el espectro: desde las violaciones más violentas, pasando por el acoso callejero, hasta lo que sucede en las universidades y otras instituciones: al final se acostumbra a denunciar cuando sería más eficaz una conversación difícil. La fe (o la esperanza) en los sistemas autoritarios parece inquebrantable, pese a las abrumadoras pruebas de que no sirven para protegernos: al final, el clientelismo y la alienación son dos caras de la misma moneda.
Dominique Pelicot y muchos de sus cómplices ya habían sido investigados por la policía, y algunos tenían antecedentes por violencia contra las mujeres. Entre ellos había un funcionario de prisiones y exagente de policía, un militar y tres exmilitares, un bombero y un enfermero. No obstante, lograron organizarse a partir de fantasías colectivas de violación, a través de plataformas digitales hipermodernas propiedad de señores tecno-feudales que se enriquecen con el abuso online.
Para Gisèle Pelicot, la misoginia monetizada en red se aunó con la privacidad burguesa, las relaciones de propiedad generizadas (algunos agresores afirmaban creer que el consentimiento del marido bastaba), la inacción policial y la miopía vecinal, para crear una pesadilla. Pesadilla que se materializó en el territorio medievalesco de Mazan, y que se gestó en una aldea del ciberespacio.
Estos dos espacios pueden parecer radicalmente distintos. Pero su interacción en el caso Pelicot sugiere que ambos son dos caras de la alienación tardocapitalista. Si hace falta toda una aldea para violar a una mujer —o quizá más de una—, no es porque la violencia sea algo natural, sino que se debe a las complicidades ambiguas y las alianzas tóxicas que surgen de las relaciones socioeconómicas modernas. Si queremos acabar con la violencia sexual, es fundamental empezar por aquí.
A los amantes del vino, el Domaine de Fondrèche les ofrece una parada para visitar el viñedo y la bodega. Por último, el mercado de hierbas de los lunes por la mañana y el de productores, todos los sábados por la mañana de abril a octubre, invitan a descubrir los productos locales.
«Todo esto es absolutamente atroz, dijo una maestra jubilada de 76 años, nacida en Mazan en una familia de agricultores de cerezas, que había sido profesora en la escuela local. «¿Cómo es posible que tanta gente haya estado implicada sin que nadie supiera lo que estaba pasando?»
Las citas en cursiva proceden de este artículo de The Guardian de Angelique Chrisafis y de provenceholidays.com.
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Por Inés Molina Agudo. Extraído de Redes Libertarias
Este artículo aborda el caso de Quienes no han tenido el «derecho» a la(s) palabra(s), la(s) toman YA, un boletín anticarcelario editado en solidaridad con la COPEL que publica seis números entre 1975 y 19781. A partir de su trayectoria, propone una reflexión sobre las redes de solidaridad y comunicación establecidas entre el adentro y afuera de las prisiones tras la dictadura franquista, que logran difundir las reivindicaciones de los presos organizados e incidir en la esfera pública dominante.
COPEL son las siglas de la Coordinadora de Presos en Lucha, que entre 1976 y 1979 desplegó una intensa insurrección en las cárceles españolas. Fundada en diciembre de 1976 en la cárcel de Carabanchel como respuesta a un indulto real (Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, de indulto) y una amnistía (Real Decreto‐ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía) considerados insuficientes, conformó una red de apoyo mutuo sin precedentes entre los presos de delito común en España. Su programa reivindicativo fue amplio: pedían la amnistía total para todos los reclusos, y no solo para los políticos; libertades políticas y sindicales en las cárceles; la reforma de las leyes penales vigentes; la supresión de la Ley de Peligrosidad Social (1970), heredera franquista de la antigua Ley de Vagos y Maleantes (1933); o la supresión del reglamento de prisiones, que legitimaba los abusos por parte de los funcionarios. En sus vertientes más radicales, y a través de una denuncia de las causas estructurales de la marginación social, la COPEL defendió la abolición definitiva de la institución penitenciaria.
Aparecido en Barcelona, se trata de un periódico desplegable que recurre a las tintas que sobraban al final del día en una imprenta offset simpatizante. Llegó a tener una tirada de 10.000 ejemplares, distribuidos de forma gratuita e informal en fábricas, asociaciones de vecinos, algún ateneo libertario e incluso en las propias cárceles (Entrevista con Miquel Vallés; Entrevista con Iñaki García). Era editado desde el exterior de la prisión por un grupo de expresos y simpatizantes identificado como «Colectivo Margen» (Galván; Colectivo Etcétera), compuesto por trabajadores vinculados a la lucha autónoma y asamblearia. La publicación se encargó de difundir los comunicados, programas y acciones de la COPEL, al tiempo que diseccionaba el tratamiento mediático que entonces recibían los presos comunes, retratados como «delincuentes». Mediante la deconstrucción de los mensajes de la prensa comercial, el boletín impulsó el debate sobre los «presos sociales», poniendo así en jaque la distinción ideológica entre preso político y preso común e identificando las causas estructurales de la delincuencia.
A partir de su primer número, aparecido en noviembre de 1976, en la portada de Quienes aparece un mensaje‐manifiesto:
Editamos este boletín un grupo de compañeros que, constatando la pobreza de nuestras vidas en la cárcel y/o en la sociedad, creemos que ambas son INTOLERABLES. Quisiéramos que este espacio que abrimos sirviera para que tomaran la palabra todos los que hasta hoy nunca han tenido «derecho» a ella.
Se trata de una declaración que amplía el título del propio boletín, y que apela a la acción directa comunicativa, al desvelamiento de la experiencia «real» de los marginados, desposeídos de la palabra, entre los que se encuentran los presos. Esta palabra es entendida de forma antagónica y combativa: Quienes se propone ser un catalizador de «verdades», penetrando en el entramado ideológico apuntalado por los mass media, criminalizador de la desigualdad, para ofrecer una mirada alternativa sobre los marginados por la sociedad a través de su propia experiencia. Esto nos remite directamente al trabajo desarrollado por el Group d’Information sur les Prisons, fundado en 1971 por Michel Foucault, Jean Marie Domenach y Pierre Vidal‐Naquet en Francia, que se propone denunciar las pésimas condiciones de vida en su interior, la mera existencia de estas instituciones, a partir de la recopilación de testimonios directos de los propios presos (Foucault et al.; Galván).
En Quienes se practica así una toma de la palabra anónima y colectiva, que sitúa en el centro
la experiencia y reivindicaciones de los reclusos, y que posiciona a los editores, desde el exterior, como meros canales de transmisión. En ese sentido, la publicación convierte estos testimonios en una herramienta política, que legitima una crítica frontal a la sociedad carcelaria.
Más que una organización al uso, la COPEL era, de hecho, una red solidaria. La función de estos boletines autoeditados en la articulación de estas redes es absolutamente central, pues hicieron posible la propagación de los motines en las cárceles y su difusión en la esfera pública tras la dictadura. En ellos se denuncian las torturas a las que eran sometidos los presos, se difunden los programas reivindicativos de la COPEL y se alienta a la revuelta en el interior de las prisiones.
La COPEL buscó tender puentes con el exterior de las prisiones desde el principio. Tal y como señala en el comunicado que acompañó a su fundación, redactado en la cárcel de Carabanchel en enero de 1977, la coordinadora nace a rebufo de una iniciativa anterior, surgida en el exterior, que fue la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos (AFAPE), creada en septiembre de 1976. Esta organización, integrada
principalmente por familiares y abogados de presos, había logrado suspender los castigos de aquellos que permanecían en celdas de aislamiento por participar en el primer motín de agosto de 1976, a través de la elaboración de informes públicos sobre las condiciones de vida en la prisión y la adopción de distintas acciones legales (Lorenzo Rubio, 143‐5), lo que la convertirá en uno de los apoyos fundamentales de la COPEL desde el exterior.
En distintos lugares (contraportada del número 0, de noviembre de 1976; portada del número 3, marzo‐abril de 1977), Quienes reproduce el final de este primer comunicado, donde los presos en lucha lanzaban un mensaje a la sociedad:
¿Podremos contar con algún medio de difusión por vuestra parte? ¿Podremos contar con alguna forma de multicopiar comunicados, escritos, etc.? ¿Podremos contar con algún abogado para que nos atienda con frecuencia regular, previo pago de sus honorarios? En suma: ¿PODEMOS CONTAR CON VOSOTROS?
Con la reproducción de este mensaje, la publicación se presenta a sí misma como uno de estos altavoces.
Cuando la COPEL comience a expandirse, a partir de marzo de 1977, será cuando el boletín adopte la tarea más sistemática de difundir sus comunicados y acciones, mediante el intercambio de información con sus integrantes en el interior, pero especialmente a través de los abogados que entrevistaban a los presos. Este último era el canal más efectivo, dado que el reglamento penitenciario amparaba la privacidad de estos encuentros.
Además, los editores de Quienes se entrevistaban también con presos que habían finalizado su condena y salían de la cárcel con información actualizada. Dos de los editores del boletín vivían en La Mina, uno de los barrios obreros más pobres de Barcelona, en el que muchos jóvenes acababan abocados a la delincuencia y, posteriormente, a la prisión: de este modo, conocían de primera mano a algunos de los reclusos, lo que les permitió entrevistar, por ejemplo, a varios de los vecinos que integraban el círculo social de Rafael Sánchez Milla «El Habichuela», cuyo asesinato el 20 de octubre de 1975 a manos de los funcionarios alentó uno de los motines más feroces en La Modelo.
Al mismo tiempo, Quienes nunca quiso ser un diario al uso, marcado por una periodicidad e inmediatez estrictas, sino más bien una herramienta de difusión y pedagogía que diera a conocer las luchas al interior de las prisiones y extendiera la sensibilidad anticarcelaria. Si bien había cierta urgencia por comunicar la actualidad de las revueltas, se trataba de recoger la información suficiente para poder ofrecer un panorama amplio y contrastado sobre esta realidad.
Los editores, que vivían en Barcelona y alrededores, trataban de reunirse semanalmente para poner en común las noticias que lograban recopilar. En cuanto a la distribución del boletín, el colectivo volvía a hacer uso de estas redes de afinidad. Siempre era distribuido de forma gratuita, financiándose con el dinero de los editores y alguna recaudación solidaria. La propia factura del periódico respondía precisamente a esta precariedad material, mediante las mencionadas tintas sobrantes y el plegado de una sola hoja de 64 x 44 centímetros que ocupaba con contenidos en ambas caras.
Este se distribuía en fábricas y asociaciones de vecinos, pero también entre amigos y conocidos. Además, se enviaban ejemplares a distintos puntos de la península —Madrid, Sevilla, Bilbao— mediante mensajeros o transportistas, en un intento cauteloso por prescindir del correo postal. Asimismo, sus editores siempre trataban de hacer llegar algún número a las cárceles a través, una vez más, de los abogados, pues el boletín se recibía siempre con gran entusiasmo en el interior y, gracias a su labor de síntesis y recopilación, contribuía a la organización de los presos.
La colaboración con otrosgrupos solidarizados con la COPEL fue fundamental para la elaboración y distribución del boletín. Los editores se relacionaban con Comités de Apoyo localizados en distintas partes del Estado, como revela el propio testimonio de José María Botana en el documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad (2017). Estos vínculos permitieron alumbrar aportaciones fundamentales, como son las cronologías de motines desde julio de 1976 a febrero de 1978 a nivel estatal. Las comunicaciones se hacían por correo o por teléfono, pero también a través de gente que iba y venía: en el grupo editor, de hecho, participaba un compañero que vivía en el barrio madrileño de Carabanchel, y que facilitaba información de primera mano sobre las revueltas que acontecían en la cárcel. Estos intercambios también se daban al nivel de los textos, comunicados y el material gráfico que manejaban las distintas publicaciones anticarcelarias, como son las ilustraciones, también carentes de autoría.
Quienes se hacía eco de estas otras publicaciones, promocionándolas en sus propias páginas. Si bien el boletín presentaba las posturas más combativas al respecto de la institución carcelaria, articulando discursos abolicionistas, publicaciones como Solidaridad con los presos o Mano Solidaria, ambas aparecidas en abril de 1977, aparecen anunciadas en sus páginas, permitiéndonos apreciar el alcance de estas redes.
Sus contenidos permean asimismo en publicaciones de distribución comercial, que ceden su espacio a la actualidad carcelaria, como es el caso de la revista anarquista BICICLETA. Tras incluir desde sus inicios noticias procedentes de las cárceles, inaugura una sección específica llamada «Sin Barrotes» a partir de su quinto número (abril 1978) donde aloja los comunicados de denuncia sobre el trato recibido en las prisiones. Esto se inscribe en la amplia recepción que, sin duda, la COPEL tuvo dentro del mundo libertario, donde eclosionaron multitud de boletines y revistas en apoyo a los presos, como Libertarios y represión democrática o Presos a la calle, publicadas en 1978. Finalmente, es en estos lugares de radicalidad anarquista donde se consolida una mirada transversal hacia la lucha anticarcelaria, que casaría con uno de los objetivos de la COPEL: inscribirse en la lucha de los movimientos populares por la libertad en un sentido amplio y radical.
El colectivo editor de Quienes esgrime una visión crítica hacia los medios de comunicación, a los que consideran un instrumento «que el sistema utiliza para el manejo del fenómeno delictivo» (Colectivo Margen, 21). En sus «coordenadas burguesas», los mass media son seña‐lados como los canales por los que las élites transmiten su ideología a las clases dominadas. Es así como la prensa de sucesos refuerza la marginación de ciertos sectores sociales, al tiempo que legitima la hegemonía de las clases dominantes, apuntalada por el discurso del «orden público». Y enumeran algunas de las estrategias que los medios generalistas utilizarían para este cometido, como serían la presentación moralizadora y simplista de los hechos, polarizada en ciudadanos «buenos» frente a «malos»; el empleo de una visión parcial y simplista de lo ocurrido, fortaleciendo este maniqueísmo discursivo; y, por supuesto, el borrado de las causas estructurales de la delincuencia.
Se trataba de poner en evidencia el sesgo de clase subyacente a los medios, abordando sucesos más o menos mediáticos, como el caso de José Luis Cervetó, conocido como «El asesino de Pedralbes», que había matado a sus empleadores, un matrimonio rico residente en el ostentoso barrio barcelonés de Pedralbes. Cervetó ocupó la porta‐da del número 0 (noviembre de 1976), incluyendo la noticia de un diario en el que se presenta la sentencia —dos penas de muerte por dos delitos de robo por homicidio, que después serán conmuta‐dos por 30 años de cárcel tras la abolición de la pena capital en España (1978)—, la declaración de Cervetó ante el tribunal, y un análisis, carente de firma, sobre el caso. Allí se señala que Luis Cervetó «fue marginado de la sociedad al año y medio de haber nacido, y desde entonces su situación fue la misma», lo que convierte su caso en un punto de partida para profundizar en el fenómeno de la marginación social, ofreciendo distintas explicaciones: el móvil del robo, al que le fuerza la sociedad capitalista; el de la locura, que es codificada por el poder; o el de la ética, que lo excluye del sistema de valores burgués (Anónimo, s.n.).
Quienes ofrecía un espacio contrainformativo que, en primer lugar, desvelaba los trampantojos mediáticos, para proponer puntos de fuga impugnadores, que ponían en jaque la moral dominante, el sistema jurídico y la propia noción hegemónica de «libertad». Es así como la estructura del boletín suele abarcar los siguientes ejes: (1) la presentación de un suceso de actualidad; (2) un examen crítico y/o contrastado del acontecimiento y su tratamiento mediático; (3) la crítica de la justicia, abordando aspectos concretos del Código Civil o la Ley de Peligrosidad Social; (3) la crítica a la cárcel y, en un sentido amplio, la sociedad carcelaria, a través de artículos de opinión redactados por expresos y simpatizantes de la COPEL; por último, (4) el relato de las luchas que acontecían dentro de la prisión, que a partir del número 3 (abril de 1977), al calor del fortalecimiento de la COPEL, irá ganando más espacio en sus páginas.
La COPEL se extingue hacia 1979, y con ella la miríada de papeles que la habían acompañado. Su final se articuló, fundamentalmente, a través de la reforma penitenciaria diseñada entre 1978 y 1979 por Carlos García Valdés, entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, que logró frenar la movilización de los presos a través de la implantación de las progresiones de grado y los permisos de salida, una mayor laxitud a la hora de lograr la libertad condicional, el establecimiento del régimen celular y la presencia continuada de la policía en el interior de la prisión (Lorenzo, 296‐305). Estrategias, todas ellas, que dificultaban la comunicación, la colaboración y, por tanto, la coordinación entre presos2.
Una vez se afianza el proceso transicional y se reacomodan los nuevos límites del tablero político, los editores de Quienes comienzan a vislumbrar el final de su proyecto. No se trató de agotamiento o desencanto, sino del cierre de un capítulo, el de la solidaridad con la COPEL, que se vio relevada por otros proyectos, como son los cuadernillos Etcétera. Correspondencia de la guerra social (1978‐2019), nacidos de los debates colectivos del grupo, en un intento por «profundizar en el conocimiento de nuestra realidad social» (Colectivo Etcétera, 5). Nunca abandonaron la cuestión carcelaria, pero comenzaron a abordar cuestiones más amplias que permitían analizar la reestructuración económica, política y social del Estado español tras la dictadura.
Junto a Quienes se extinguieron gran número de publicaciones anticarcelarias, así como los rastros de la lucha de los presos en los medios. Todavía a principios de los 80 encontramos alguna publicación que recoge el testigo de Quienes —si bien no gozan de su tirada ni distribución—, como es el caso de Talego (1981) o Secuestrados. La voss de la carssel (1982), ambas conservadas en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, donde todavía aparecen menciones a la COPEL, y que vuelven a enlazar con la práctica testimonial a través de comunicados enviados desde la prisión, denunciando la tortura, el pésimo estado de la comida o los altos precios del economato. De algún modo, la experiencia de Quienes ensayó y consolidó estas prácticas comunicativas de solidaridad, convirtiéndolas en un punto de referencia.
Por último, quiero evocar algunas de las experiencias que continúan esta forma de hacer, en un intento por subrayar las tortuosas condiciones de vida que siguen marcando el encierro penitenciario hoy. Son proyectos que retoman la centralidad del testimonio de las personas reclusas, a modo de estrategia de contestación y solidaridad. Es el caso del fanzine Desde dentro. La voz de lxs presxs, editado en Castellón por el colectivo anticarcelario «Fuera del Orden» desde 2017, donde volvemos a encontrar comunicados enviados por presos que han sido víctimas de abusos, han iniciado huelgas de hambre o se han infligido autolesiones en señal de protesta. En este caso, volvemos a toparnos con la experiencia de reclusión compartida por parte de algunos miembros del colectivo editor, y además se denuncian los distintos tipos de centros penitenciarios existentes en la actualidad, como son los centros de menores y los CIES. Asimismo, el grupo también expone en su presentación su lucha contra la manipulación informativa a la hora de mostrar la realidad de las cárceles (Fuera del Orden. Colectivo anticarcelario).
Otros proyectos, como el Tokata. Boletín de difusión, debate y lucha social, inciden especialmente en la necesidad de lograr la colaboración con el exterior de las prisiones: mediante un llamado a la colaboración, el boletín busca poder llegar al interior de las prisiones, ejerciendo de cauce para las palabras de los presos. Ambos medios han colaborado difundiendo las reivindicaciones de los presos organizados en la actualidad, como es el caso de una huelga de hambre rotativa, sostenida en distintas cárceles desde hace prácticamente una década, que ha logrado despuntar en algunos medios de comunicación establecidos (Almela y Larios). En denuncia por los malos tratos, los presos que participan en es‐ ta huelga solicitan, entre otras cosas, la erradicación de las torturas, la abolición del régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, que implican una estrecha vigilancia y aislamiento para aquellos presos considerados «conflictivos»), la criminalización de la protesta y la solidaridad y la indefensión jurídica.
En todas estas prácticas se imprime el testimonio carcelario como herramienta de articulación de la lucha, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles. Finalmente, la toma de la palabra del preso, junto a sus compañeros, nos devuelve una realidad sepultada que se desvela, ampliando las grietas del espacio público y mediático.
El aislamiento impuesto por los muros, la vigilancia y el control penitenciarios es legitimado por una mirada enjuiciadora, que justifica este castigo, y que se niega a considerar las causas estructurales de la delincuencia. Y es ahí donde el testimonio carcelario se convierte en índice de protesta y solidaridad, vértice de las reivindicaciones de aquellos que, en su ausencia, logran hacerse escuchar.
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FAMILIARES, AMIGOS Y AMIGAS DE LOS PRESOS DE LA CÁRCEL DE MANSILLA DE LAS MULAS, en León, han denunciado ante nuestro colectivo y otras instancias la existencia de un brote importante de sarna en el interior de la prisión,
una situación que lleva ya meses activa y que la dirección de la cárcel oculta y niega.
Desde hace meses ha habido denuncias por la existencia de una plaga de chinches y algunos presos han sufrido serios picores y ronchas en la piel que no fueron debidamente tratadas. Nos consta (las denuncias son anónimas para evitar represalias) que son decenas los presos afectados, situación que ha sido puesta en conocimiento de los servicios médicos de la cárcel y de la dirección, sin que se hayan tomado las medidas básicas de higiene para detener la plaga, como cambio de colchón, de la ropa de cama, toalla, ropa personal. Además, como es habitual cuando hay quejas entre los internos, los presos que se han atrevido a denunciar esta situación han sido castigados. Según ha podido saber nuestro colectivo de fuentes médicas, el brote de sarna está ya muy avanzado en la cárcel de Mansilla.
Hay que decir también, que por cuestiones económicas, los presos que no tienen poder adquisitivo no pueden permitirse que alguien desde el exterior les entregue prendas nuevas y limpias.
Otra situación de riesgo es que en la lavandería se junta la ropa de todos los presos, sin discriminar las prendas de los que están afectados de sarna de los que no, lo que supone una mayor propagación del contagio.
Desde CDHC denunciamos el abandono sanitario que sufren las personas presas en este país. No se trata solo de que las plazas del personal sanitario no se cubran. La atención que reciben l@s pres@s es insuficiente, muchas veces inexistente, inadecuada, vejatoria, como lo demuestra el hecho de estar acompañados en consulta por las fuerzas del orden.
Exigimos a la dirección de la cárcel y al Servicio Territorial de Sanidad de León que todos los afectados sean vistos inmediatamente por especialistas para que les apliquen un tratamiento adecuado a su dolencia, que se adopten todas las medidas necesarias para erradicar esta plaga, antes de que se convierta en un problema de salud pública.
La sarna si no se trata a tiempo y de forma tajante puede provocar secuelas de por vida, y hasta la muerte. La desesperación que sufren estas personas por los insoportables picores junto con el trato humillante por parte de los servicios médicos de la prisión les pueden llevar a situaciones límite de las que serían responsables todos aquellos que no hicieron nada para evitarlas.?
COLECTIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES (CDHC?)
Fuente: Henas
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