La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha reabierto una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos británicos que lucharon en la Franja de Gaza, según ha adelantado el portal de investigación Declassified UK. El caso, que había sido cerrado inicialmente por las autoridades británicas, se reabre este 23 de julio de 2026 tras una revisión de la decisión previa.
La investigación se centra en la actuación de varios ciudadanos británicos que participaron en los combates en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional sobre el conflicto entre Israel y Hamás. La Met Police no ha precisado el número de implicados ni la naturaleza exacta de los presuntos delitos, pero la reapertura supone un cambio de postura respecto al cierre anterior del caso.
Según Declassified UK, la decisión de reabrir la investigación se produce después de que se revirtiera el cierre inicial, lo que apunta a que nuevas evidencias o presiones externas han motivado el movimiento. El caso afecta a combatientes británicos que se habrían integrado en las filas israelíes durante la ofensiva en Gaza, un escenario que ha generado intensos debates jurídicos y diplomáticos en el Reino Unido sobre la jurisdicción aplicable a sus nacionales en zonas de conflicto.
La reapertura del caso se produce en un momento en que el conflicto en Gaza sigue siendo objeto de atención internacional, y en el que varios países han abierto investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. La Met Police no ha hecho declaraciones adicionales sobre el calendario de la investigación ni sobre si se han identificado sospechosos concretos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Cooperación Africana y de los Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos ha expresado su preocupación por las circunstancias que rodearon la muerte de Abderrahim Fakir, un ciudadano marroquí de unos 40 años, fallecido el pasado domingo en Bolonia (Italia) durante su interpelación por parte de la policía italiana.
En un comunicado oficial, la diplomacia marroquí indicó que «sigue con preocupación» la evolución de los acontecimientos y los hechos que llevaron al fallecimiento del connacional. Asimismo, el ministerio precisó que las autoridades marroquíes han solicitado a las autoridades italianas competentes que procedan con celeridad a esclarecer lo sucedido, sin que por el momento se hayan ofrecido más detalles sobre las causas exactas de la muerte.
El suceso ha provocado una ola de indignación en Italia, en un contexto marcado por la controversia en torno a la actuación de las fuerzas del orden. Paralelamente, una parte del Ejecutivo italiano ha salido en defensa de un joyero que mató a dos ladrones durante un asalto, lo que ha avivado el debate sobre la violencia policial y la legítima defensa en el país transalpino.
Consecuencias diplomáticas
La muerte de Abderrahim Fakir amenaza con tensar las relaciones bilaterales entre Italia y Marruecos, país que mantiene una extensa comunidad en el extranjero y que tradicionalmente ha seguido de cerca los casos de fallecimientos de sus ciudadanos en el exterior. El gobierno marroquí ha instado a las autoridades italianas a llevar a cabo una investigación «rápida y transparente» para determinar las responsabilidades, según fuentes diplomáticas consultadas por medios locales.
Por el momento, ni la policía italiana ni el Ministerio del Interior del país se han pronunciado oficialmente sobre el incidente, aunque se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el desarrollo de la interpelación que acabó con la vida del ciudadano magrebí.
Un ciudadano marroquí ha muerto este lunes en Bolonia (Italia) durante un operativo policial en el que dos agentes lo inmovilizaron contra el suelo. El suceso, ocurrido en la vía pública, ha provocado conmoción en el país y recuerda por su crudeza el caso de George Floyd en Estados Unidos.
Según han informado fuentes policiales italianas, los dos agentes intervinieron por causas que aún se investigan y redujeron al hombre presionándole contra el pavimento. Poco después, el marroquí perdió el conocimiento y falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia.
Investigación judicial y autopsia
Las autoridades judiciales de Bolonia han abierto una investigación para esclarecer si hubo uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía ha ordenado la autopsia del cuerpo, mientras que los dos policías han sido interrogados y, de momento, no han sido detenidos. Según ha trascendido de fuentes próximas al caso, la investigación busca determinar si la maniobra de inmovilización fue proporcionada a la situación que la originó.
El caso ha provocado una fuerte reacción en las comunidades migrante y antirracista. En redes sociales, muchos comparan la muerte con la de George Floyd en 2020, que desencadenó protestas globales contra el racismo sistémico. La prensa italiana ha informado de que se esperan concentraciones de repulsa en los próximos días.
Dimensión diplomática con Marruecos
El Gobierno italiano, presidido por Giorgia Meloni, se enfrenta a un nuevo frente en su tensa relación con Marruecos, país de origen del fallecido. Rabat aún no ha emitido una declaración oficial, pero la evolución del caso será seguida de cerca por la embajada marroquí en Roma. Italia es uno de los principales puntos de entrada a Europa para la inmigración procedente del norte de África, y sucesos como este suelen tensar las relaciones bilaterales.
Por el momento, la investigación sigue su curso y se esperan los resultados forenses para determinar las causas exactas de la muerte. El Gobierno italiano ha garantizado transparencia en el esclarecimiento de los hechos.
Nuestro primer programa de la temporada viene cargado de odio antipolicial. Hoy hablaremos de las muertes bajo custodia policial o tras sufrir serías torturas por parte de las fuerzas y cuerpos policiales de cualquiera de los estados que conforman la organización política y social de este planeta. Lo haremos centrándonos en un caso concreto, como […]
El 17 de junio de 2025, Abderrahim Akkouh, de 35 años, murió por asfixia en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser inmovilizado durante minutos por un policía municipal de Madrid que estaba fuera de servicio y al que supuestamente iba a robarle el móvil. En los vídeos grabados por vecinos, se puede observar al agente, junto a un compañero jubilado, que no lo suelta a pesar de estar quieto y de las súplicas de los transeúntes para que lo dejara. Mientras el primer agente está siendo investigado por homicidio desde el primer día, el otro policía que le sujetaba las piernas fue declarado testigo por el juzgado.
Ahora, un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha convertido al policía jubilado de testigo a investigado por homicidio. La decisión la ha tomado la jueza tras el informe médico forense de autopsia que considera entre las causas del fallecimiento «la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido», tal y como ha adelantado elDiario.es y explica el auto al que ha accedido a La Marea.
El policía, que responde a la iniciales P. Á. P. C., dijo, según las grabaciones del suceso: «¡Mereces que te mueras ahora mismo, cabrón». El próximo martes 9 de junio tendrá que testificar ante la jueza Marta Gala García.
Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, considera que no se trató de homicidio, cargos por los que se investiga a ambos policías, sino de asesinato. En una entrevista a La Marea en 2025, denunció «la falta de humanidad, la xenofobia y el racismo» de los grandes medios de comunicación y ciertos sectores políticos al intentar deshumanizar a Abderrahim y «reducir su vida a un perfil sospechoso, a una amenaza, a una cifra sin valor».
Para recordar a Abderrahim, una manifestación circulará por Torrejón de Ardoz el 20 de junio.
BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Agresiones oculares, persecución y exilio
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
Gustavo Petro y Francia Márquez celebran la victoria en Colombia. ROBERT BONET / REUTERS
“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Retrato de Miguel Fernando Leal, sobreviviente de violencia ocular durante el estallido. MARINA SARDIÑA
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Gareth Sella, ex viceministro de Juventudes y superviviente de violencia ocular. MARINA SARDIÑA
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Colectividad y resistencia
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
La ciudad de Mineápolis vuelve a ser el epicentro de la indignación nacional. Bajo un frío intenso, cientos de residentes se congregaban en el lugar donde el enfermero Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La indignación aumenta al igual que las protestan por lo que consideran una toma de la ciudad demócrata por parte del Gobierno federal.
La muerte de Pretti, ocurrida este sábado poco después de las nueve de la mañana, se produce tan solo 17 días después que Renée Nicole Good, quien también tenía 37 años y falleciera en circunstancias similares a manos de agentes federales el pasado 7 de enero. Pretti, empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., no era un desconocido para el activismo local: había participado activamente en las protestas por el asesinato de Good y en las protestas por el asesinato de George Floyd antes de convertirse en la nueva víctima de un operativo de ICE.
El asesinato de Pretti trascendía las fronteras de Minnesota para convertirse en un clamor de indignación nacional. Este sábado, diversas estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundancepara denunciar el asesinato del enfermero estadounidense, elevando la presión mediática sobre el Gobierno de Estados Unidos.
Las imágenes de este nuevo asesinado del ICE circula por redes sociales, especialmente podemos ver análisis detallados en YouTube permitiendo así mostrar distintas perspectivas del incidente, al igual que sucedió con Renée Nicole Good, para así contradecir la narrativa del Gobierno.
La versión oficial: Las autoridades federales sostienen que Pretti obstaculizaba la operación, portaba una pistola y tenía la intención de «provocar una masacre», cuando las imágenes muestras que solo llevaba su móvil para grabar lo sucedido.
La evidencia ciudadana: Vídeos grabados por testigos oculares y analizados por distintos medios como muestran una secuencia distinta. En las imágenes se observa a Pretti auxiliando a una persona que había sido empujada por los agentes, sin que en ningún momento se aprecie que estuviera armado o representando una amenaza letal.
Análisis de la secuencia: Al igual que en el caso de Renée Good, el análisis detallado de los vídeos de testigos se ha convertido en el documento crucial para desmentir las acusaciones de «defensa propia» esgrimidas por el ICE.
Desde este observatorio, recordamos que el registro visual de los testigos oculares y de la ciudadanía activa es un derecho fundamental que permite la rendición de cuentas. La muerte de Pretti, un profesional de la salud dedicado a salvar vidas, subraya la urgencia de una investigación independiente, tal como ha vuelto a exigir el alcalde Jacob Frey ante la creciente presión en el Congreso.
La indignación continúa en las calles de Mineápolis tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, abatida por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El incidente tuvo lugar en una zona de alta actividad comercial inmigrante, a menos de dos kilómetros del sitio donde George Floyd falleció en 2020.
Numerosos medios de comunicación han analizado los vídeos ciudadanos y las grabaciones de seguridad para entender los hechos. Estos vídeos nos muestran distintas perspectivas, ofreciendo imágenes precisas frente a la versión de «defensa propia» esgrimida por el gobierno federal. Las manifestaciones de indignación no han cesado desde entonces.
Mientras la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el presidente Donald Trump han calificado el acto como «defensa propia» frente a una amenaza de «terrorismo doméstico», las autoridades locales mantienen una postura crítica. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y ha respaldado las peticiones en el Congreso para una investigación independiente.
La organización ciudadana Unicorn Riot (@UR_Ninja) —nacida tras las protestas por el asesinato de George Floyd—, nos muestran como la documentación vecinal es fundamental para la fiscalización de las agencias de seguridad. Unicorn Riot continúa publicando hilos de vídeo en su cuenta de X (@UR_Ninja) y de Instagram.
Este caso se suma a una lista creciente de muertes vinculadas a operativos del ICE, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a exigir una revisión de los protocolos de intervención en zonas urbanas. La muerte de Good es vista por los manifestantes no como un hecho aislado, sino como parte de una política de «tolerancia cero» que prioriza la fuerza sobre la desescalada.
11 de enero de 2026 se documentó el arresto de un manifestante de edad avanzada tras ser atacado con bolas de pimienta por agentes federales. El vehículo del manifestante fue confiscado y remolcado en un operativo captado por testigos.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tras revisar la evidencia disponible, ha solicitado formalmente el cese de operaciones de ICE en la ciudad y apoya una investigación independiente en el Congreso.
‘La sombra del Estado’ (Descontrol, 2025), escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra las infiltraciones policiales y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.
Rosas Negras documenta en este ensayo las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.
A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.
El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.
Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, ‘La sombra del Estado’ recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.
Hemos entrevistado a las autoras, que nos han explicado cómo ha sido el proceso de escribir este libro y su finalidad.
‘La sombra del Estado’ viene firmado por vuestro colectivo, llamado Rosas Negras. ¿Cuándo se crea y con qué propósito?
Rosas Negras – Roses Negres somos un conjunto de personas que vivimos de cerca las infiltraciones y decidimos dar una respuesta política creando desde nuestra experiencia materiales que pudieran ayudar a prevenir, detectar y afrontar este tipo de ataques represivos del Estado.
Al principio todo empezó como un grupo de cuidados entre personas que habíamos convivido con infiltrados, un espacio donde compartíamos nuestras experiencias y aprendizajes y donde nos apoyábamos en las diferentes fases que íbamos atravesando. Orgánicamente, las necesidades fueron cambiando y poco a poco se fue articulando la idea de crear Rosas Negras. Juntarnos y explicarnos las vivencias puso en relieve la necesidad de explicarlas. Hasta el momento habían salido muchas cosas, pero siempre desde la óptica de periodistas, psiquiatras, abogadas… creímos que tocaba darnos voz y espacio propio.
‘La Sombra del Estado’ es el resultado de un largo trabajo colectivo, objetivo principal de Rosas Negras. En un principio no pensamos en que fuera un colectivo anónimo, pero los procesos represivos que se han ido abriendo nos han llevado a la necesidad de cuidarnos y, por tanto, usar el anonimato como parte principal de nuestra estrategia. Al Estado no le gusta que se destapen y señalen sus estrategias de control y represión, por eso actualmente están persiguiendo a personas que han visibilizado infiltraciones. Todes hemos sufrido directamente la represión y las torturas que la infiltración conlleva y ahora vemos como quieren silenciarnos volviendo a reprimirnos por contarlo.
El libro recopila experiencias en primera persona de afectadas por el espionaje policial desde el 2022 hasta nuestros días. ¿Fue duro este proceso de recopilación de testimonios? ¿Cómo ha sido la labor de escribir esta obra?
Al escribir la obra se ha intentado recoger diversas experiencias y formas de vivir la infiltración, pero, sobre todo, exponer las diversas tácticas que el estado usa para reprimirnos. Es un relato colectivo, obviamente ese trabajo no es sencillo. Pero la idea es no centrar el tema en nosotres, sino crear una obra para les que vengan después.
Trabajar en colectivo es difícil siempre. En nuestro caso, además, venimos de militancias y espacios muy diferentes pero lo que nos ha pasado nos une a pesar de las diferencias. Creemos que es importante hacer frente común ya que sólo analizando todas las infiltraciones y entendiéndolas como una estrategia estatal contra las disidencias podemos combatirlo.
Todo lo vivido nos ha enseñado muchas cosas y ‘La sombra del Estado’ pretende ser un hilo más que ayude a las disidencias políticas a construir una red segura.
El libro expone cinco casos anteriores a 2022. Y diez historias explicadas por quienes convivieron desde 2022 hasta 2024 con infiltraciones. Pero después salieron a la luz dos infiltraciones más, que intentaremos sean incluidas si hay más ediciones. También pensamos que este libro puede ayudar a gente a darse cuenta de que en el pasado convivió con infiltrados y, poco a poco, ir descubriendo más sobre nuestras propias historias. En el prólogo les compis de UK explican cómo ellas al ir explicando sus historias lograron sacar a casi 150 agentes y que eso les está permitiendo entender la represión del estado en movimientos sociales y políticos con una nueva mirada.
Explicáis en este ensayo que las infiltraciones son una forma de tortura y que están atravesadas por dinámicas patriarcales. ¿Podéis resumirnos por qué?
El libro recoge una breve historia de la infiltración en el Estado español, las diversas historias de las infiltraciones contadas desde los entornos directos que convivieron con infiltrados, un manual con muchos ejemplos sobre sus patrones y estrategias y, al final, un gran capítulo que creíamos básico que se llama: politicemos los malestares.
Este capítulo cuestiona si la infiltración es patriarcal y si es un método de tortura. Reflexiones y análisis que nosotres hemos hecho al poner en común lo que habíamos vivido. Y exponemos porqué hemos decidido exponer nuestras vivencias usando conceptos como violación. También nos sirve para analizar y poner en debate como al decidir usar estos términos se nos ha cuestionado desde algunos espacios afines. No nos han dado palizas en un calabozo, pero el daño psicológico que provoca la infiltración es una forma de tortura. Una vez más al exponer nuestras historias se nos cuestiona a nosotres en vez de crear un frente unido para enfrentar al perpetrador: un Estado que utiliza la violación y la tortura para controlar a las disidencias sociopolíticas.
Escribir este libro, relatando las consecuencias del espionaje, pero también aportando consejos para hacerle frente, ¿ha tenido una consecuencia reparadora o sanadora para las víctimas?
Las personas afectadas tenemos diversos sentires y pareceres, pero sí es real que el hecho de poner el foco en ellos y no en nosotres y hacerlo desde nuestra propia voz y óptica nos permite adueñarnos del discurso y, por tanto, usarlo como parte reparadora. Pensar que para futuros casos podrán contar con un material como este, cuando nosotras no lo tuvimos, es una manera de contribuir de alguna manera y de hacer que todo por lo que atravesamos pueda revertirse en mejores estrategias para el futuro de los movimientos sociales y políticos.
¿Cuál diríais que es la finalidad del espionaje policial a los movimientos sociales? ¿Se trata solo de obtener información para la prevención de futuras acciones, o hay otras intenciones detrás (desmovilización, miedo, dividir…)? ¿Qué conclusiones habéis sacado de vuestra investigación?
Analizados todos los casos pensamos que el principal objetivo es mapear y tener controladas a las personas que militan en movimientos sociales y políticos de izquierdas que puedan suponer una amenaza para el Estado.
Creemos que no se trata de prevención de acciones o crear causas judiciales, aunque a veces pase.
Incluso hemos visto cómo en algún caso fiscalía abrió causas judiciales y estas se cerraron sin sentido, seguramente, porque uno de los acusados era un infiltrado y no querían poner en peligro la infiltración. Por ello pensamos que la idea principal de las infiltraciones es el control. Tener la información suficiente para poder rastrear y actuar en el momento que lo necesiten, entender cómo funcionamos y las dinámicas que se reproducen dentro de los movimientos, estar alertas ante posibles radicalizaciones, etc. Obviamente, el hecho de descubrirlas nos ayuda a entenderlas, pero también nos rompe, la desmovilización, la paranoia y el miedo acaban campando entre nosotres como consecuencia secundaria.
Por todo ello consideramos fundamental que se visibilicen, que estén en el presente de las técnicas de protección ante la represión que se articulan en los colectivos y luchas.
¿Habéis detectado algún tipo de patrón en el tipo de colectivos en los que se infiltra la policía? ¿Creéis que buscan un perfil concreto de activismos, o cualquier organización puede sufrirla?
En UK dónde tienen acceso a muchos informes saben que no hacen distinciones entre colectivos de izquierdas. Aquí vemos cómo se han infiltrado en movimientos vecinales, antirracistas, por el derecho a la vivienda, en lucha por el clima, colectivos feministas, comunistas, libertarios, anarquistas, independentistas, estudiantiles, …, incluso en sindicatos. Es difícil establecer un patrón claro. Aunque se hayan destapado una cantidad significativa de casos, en comparación con décadas anteriores, sabemos que hay muchos más que no han sido identificados. Como decíamos, la intención de sacar el libro era también que pudiera llegar al máximo de personas, de diferentes contextos en las luchas sociales y políticas para que con nuestros aprendizajes puedan hacer sus propias investigaciones.
No podemos asegurar un patrón concreto de objetivos de las infiltraciones, en parte, porque al contrario que en UK, aquí no se ha conseguido información de qué perseguían las supuestas investigaciones al infiltrar a los agentes. Sí que es cierto que al analizar las motivaciones de algunos de los infiltrados, podemos observar cómo tenían especial interés en conocer los funcionamientos orgánicos de las estructuras y colectivos de los movimientos. Cómo nos movilizamos, de qué manera nos organizamos cuando ocurre algo y queremos dar respuesta, quiénes somos y con quién nos llevamos bien, cuáles son nuestros conflictos internos, etc. Es decir, toda la parte que pertenece más al entramado social de las personas que componemos las luchas y movimientos y que solo es visible para las personas que formamos parte de ellos.
“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
El inicio del conflicto
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
El asesinato de Tortuguita
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
Represión y acusaciones
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
“Stop Cop City everywhere”
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
La Asociación de Apoyo Mutuo se formó en Polonia a partir de la experiencia de ayudar a personas perjudicadas por el sistema y las fuerzas represivas al servicio del Estado, así como de muchas otras actividades en colectivos informales. … Sigue leyendo →
Los usuarios que utilizan la Troncal del Caribe para ir al municipio de Maicao, Colombia, en busca de alimentos y medicinas denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias que pagan hasta 10 dólares por cada alcabala. Desde la ciudad de Maracaibo hasta la frontera de Paraguachón hay 22 puntos de controles entre Guardia Nacional, Ejército, Policía Regional, Policía Nacional Bolivariana y Policía Municipal.
Durante la semana flexible en los municipios Mara y Guajira se observa la presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad en la carretera binacional teniendo en cuenta que el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó sobre la eliminación de las alcabalas improvisadas.
En el caso del municipio Guajira los funcionarios colocan alcabalas improvisadas en el poblado de Paraguaipoa y Los Filuos con el objetivo de “matraquear” a los ciudadanos que transitan por esta tierra zuliana. Denuncia una usuaria.
“Desde que salimos de bomba Caribe hasta Nueva Lucha, nos pararon como cinco veces y todos querían dinero. Los guardias y los policías están locos por los dólares y pesos”, denunció una usuaria que pidió el anonimato para evitar represalias en su contra.
Ante este panorama los usuarios y habitantes de este municipio fronterizo hacen el llamado al gobernador a tomar cartas en el asunto porque los funcionarios alegan que están cumpliendo con su deber. Situación que genera molestia en las personas que en medio de la pandemia del Coronavirus buscan la manera de sobrevivir.
Mientras los funcionarios se despliegan por la Troncal del Caribe en las comunidades de la Guajira aumentan los atracos, donde los delincuentes roban a plena luz del día a viajeros y transeúntes despojándolos de sus pertenecías.
