• Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
• Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales”.
• Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico,sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales:
“Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites”.

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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• El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de la sentencia y ordena la repetición del juicio, incluyendo el enjuiciamiento de los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal.
• Estos graves delitos no se enjuiciaron por decisión del Tribunal, que solo condenó a dos de los acusados por denuncia falsa, el menor de los delitos por los que fueron denunciados por Juan Clavero y Ecologistas en Acción.
• Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por esta sentencia, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz, como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero Salvador en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida.

El Tribunal impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta sentencia que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

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• Más de 200 organizaciones de todo el Estado español, entre ellas Ecologistas en Acción, llaman al boicot al gigante farmacéutico por su complicidad con la ocupación, apartheid y genocidio en Palestina.
• Defienden que hacer boicot a Teva desde las administraciones, el personal sanitario y la ciudadanía es sencillo: hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva.
• Teva paga impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes. Además, ha apoyado con efectivos y material al ejército israelí durante el genocidio en Gaza.

Un amplio conjunto de organizaciones, colectivos y movimientos sociales de todo el Estado, entre ellos numerosas asociaciones de profesionales sanitarios solidarios con Palestina, presentan la campaña estatal ¿Teva? NO, Gracias, una iniciativa de boicot contra la farmacéutica israelí como medida de solidaridad activa con el pueblo palestino.

Bajo el lema “Que tus medicamentos no sean sus balas”, se han convocado concentraciones frente a consejerías de salud, hospitales y organismos sanitarios de distintos territorios. Reclaman la suspensión de los contratos vigentes de las Administraciones públicas con el gigante farmacéutico e interpelan al personal sanitario y a la ciudadanía para que opten por otros medicamentos.

Representantes de la campaña se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad en Madrid para exigir a la ministra Mónica García Gómez “acción política para cumplir con las obligaciones legales que emanan del derecho internacional” y establecer canales de diálogo. Como primer paso urgente, demandan la incorporación inmediata de este asunto a la agenda del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la de la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos.

Las organizaciones convocantes, tal y como identifica el movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), señalan a Teva como un objetivo prioritario para realizar boicot económico a Israel. En su manifiesto, denuncian que el gigante farmacéutico —líder en el mercado de genéricos en España con una facturación de más de 500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en 2023 y mayor empresa de la bolsa de Israel— financia la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina, mediante el pago de impuestos al Estado de Israel, dividendos a los fondos sionistas que componen su accionariado y donaciones a las fuerzas de ocupación israelíes.

Además, acusan a Teva de beneficiarse de la ocupación ilegal, del sistema de apartheid y de su posición de privilegio en el mercado cautivo de los territorios ocupados. También le reprochan un abierto apoyo al ejército israelí durante el genocidio en Gaza, mediante la donación de material, la participación de al menos un 10 % de su plantilla en el ejército o el establecimiento de sus sedes como puntos de recogida de suministros para los soldados.

“Hacer boicot a empresas que sustentan un régimen que perpetra crímenes contra la humanidad es una obligación moral, ética y legal ineludible”, señalan, recordando que la cifra oficial de personas asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 supera las 72.000, aunque según la relatora de la ONU Francesca Albanese, esta podría ser hasta diez veces mayor.

Llamamiento a la acción de la sociedad civil, personal sanitario y farmacéutico e instituciones

“Hacer boicot a Teva es sencillo”, arguye Mar Gimena, médica de familia y portavoz estatal de la campaña, ya que “hay alternativa a todos los medicamentos comercializados por Teva en el Estado español”. Por eso, las organizaciones convocantes apelan a la población general a rechazar los medicamentos “manchados de sangre” del gigante farmacéutico.

No es la primera iniciativa de la sociedad civil encaminada a romper la complicidad de las Administraciones con Teva. A mediados de noviembre, el Gobierno asturiano anunció, tras la presión social, que no renovaría los contratos con la farmacéutica, mientras que Navarra no prorrogará el contrato de tres fármacos suministrados por Teva y estudia el cese del resto de contratos.

“El boicot es necesario y funciona” enfatiza el doctor Pablo Simón, médico de la localidad de Chauchina en Granada. Por dichas declaraciones, una entidad sionista denunció a este facultativo como parte de “un ejercicio de intimidación”. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Granada archivó la querella tras la presión de cientos de personas y organizaciones.

Adhesiones y participación

En tan solo diez días, más de 240 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos se han adherido a la iniciativa. La campaña se estrena con una página web en la que se enumeran las razones para hacer boicot a Teva, con informes detallados que pretenden sacar a la luz los lazos de la farmacéutica con el sionismo y el genocidio. También se puede encontrar información dirigida a diferentes colectivos, así como materiales para su difusión.

Con esta acción, las organizaciones firmantes buscan romper la cadena de complicidad con Israel desde la calle, la consulta, la farmacia y las instituciones, utilizando la herramienta del boicot, que consideran legítima e histórica.

 

 

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Mathyas Lefebure era publicista en Montreal y lo dejó todo para ser pastor de ovejas en Francia. De su viaje personal salió una novela autobiográfica (D’où viens-tu, berger ?) en la que cuenta cómo, sin ninguna experiencia previa y movido por una visión romántica del pastoreo, dio un cambio radical a su vida. Hizo frente a la incertidumbre, las burlas, las inclemencias, la dureza del trabajo y el trato brutal de ganaderos sin conciencia. Y lo logró. La directora canadiense Sophie Deraspe ha llevado al cine su historia en Hasta la montaña, una película humanista y luminosa.

¿Qué contenía el relato de Lefebure para interesarle personalmente?

Me interesaba el aspecto transformador de la naturaleza. Mathyas se aproxima a ella buscando una vida simple, contemplativa, incluso filosófica. Pero la naturaleza es más ruda, desafiante y complicada de lo esperado. Esas dificultades también forman parte de una transformación que es casi mística. Trata de abandonar el materialismo para sumergir su propio cuerpo en la naturaleza, pero ese proceso –el de entrar en comunión con la belleza y la grandeza del entorno– también está lleno de obstáculos.

¿Puede decirse que su película es una defensa de la ingenuidad?

Sí, y aquí la película se separa ligeramente de la novela de Lefebure, que es muy intelectual y que tiene pasajes de autoparodia y de cierto cinismo. Eso fue quedando en un segundo plano cuando empezamos a trabajar con pastores y ganaderos reales en la Provenza. El Mathyas de la película tiene un candor perfectamente asumido. Y creo que trabajar con un actor como Félix-Antoine Duval ya te predispone a proyectar una mirada muy pura sobre el mundo. Félix-Antoine abraza el mundo, lo mira con auténtica curiosidad, sin juicios apriorísticos, lo recibe sin querer imponer su propio filtro.

¿Eso puede aprenderse? ¿Podemos aprender a ser cándidos?

Creo que puede aprenderse a callar nuestra voz cínica. Ojo, no me refiero al espíritu crítico, eso es muy importante tenerlo. Tener un poco de cinismo también es interesante porque forma parte del humor, pero tener demasiado es una desgracia porque te obliga al desapego, te distancia de la experiencia. Yo creo que acoger al otro, abrazar la naturaleza, experimentar el amor en su sentido más amplio, es una forma más agradable de atravesar el mundo y la vida.

¿Está contenta con el equilibrio entre la brutalidad y la suciedad de la primera parte de la experiencia de Mathyas como pastor y la segunda parte, más idílica?

Bueno, la parte en la que Mathyas alcanza su sueño se termina, en cualquier caso, de forma bastante dramática. Porque, en realidad, la vida tranquila no existe. Pero Mathyas recorre el camino que ha elegido y está donde quiere estar. Incluso encuentra el amor. Para ello supera muchos obstáculos, muchas dificultades, y tiene fuerza para afrontar lo que la naturaleza le presenta. Porque la naturaleza otorga dones magníficos, nutre el cuerpo y el espíritu, alimenta estéticamente, pero también es brutal.

Sobre todo son las personas las que son brutales, ¿no? Otros pastores, otros ganaderos…

Sí, pero eso también forma parte de la vida. Él asiste al nacimiento de la vida y a la llegada de la muerte. Y estar en la naturaleza le pone inmediatamente en contacto con esa finitud de la vida, que también es la nuestra y que nos resistimos a aceptar. También nosotros formamos parte de un ciclo. Eso es la ecología, finalmente. Se trata de no ejercer un dominio exterior sobre la naturaleza sino de ser parte de ella. Los cuerpos de Mathyas, de su compañera Élise, del perro, de las ovejas forman parte de ella.

Viniendo de la ciudad, ¿ha tenido algún problema al rodar en un entorno rural? Usted sabe que, en general, en los pueblos de Francia, y también en España, la gente es muy tradicional, ideológicamente está muy alineada con la derecha, hay muchas armas de fuego…

Francamente, no he coincidido con esa gente, pero sé que existe porque aparece en el libro de Lefebure. El trabajo de localización fue bastante largo y visitamos multitud de pueblos a lo largo de un territorio muy extenso. Y vimos muchísimas personas que vivían con un cierto grado de miseria, incluso gente que no tenía acceso a un mínimo de higiene. En ocasiones quedé afectada por lo que vi, pero creo que las personas verdaderamente cerradas no deseaban encontrarse con nosotros. Yo, en cualquier caso, debo decir que me he acercado a ese mundo con muchísimo respeto. Es decir, son ellos los que conocen su oficio, su forma de vida, su manera de trabajar con los animales. Ellos saben lo que está bien y lo que no. Es su oficio y yo lo respeto. El mío es el cine. No estaba allí para juzgar a nadie y no habría podido hacer la película sin la colaboración de los pastores, de los ganaderos, de la gente de los pueblos. Con quienes estaban dispuestos a recibirnos, pudimos hablar de todo.

¿De todo? ¿Incluso de un tema tabú como el del lobo?

¡Ah, los lobos! [Ríe]. Sí, de los lobos también. Y hay todo tipo de opiniones.

¿Entre los pastores también?

Por supuesto. Tienen diferentes opiniones y diferentes maneras de abordar el tema. Muchos piensan: «El lobo está aquí. Eso es un hecho. Si me matan 10 ovejas voy a estar triste, pero no me voy a volver paranoico. Y no voy a batirme contra el hecho de que el lobo esté aquí». Otros, efectivamente, quieren sacar las escopetas. Después de tratar con ellos, puedo ponerme en su piel. Imagine que ha cuidado de unos animales durante todo un año y, de repente, una mañana descubre que ha habido una matanza. Puedo comprender su pena. Es como una inundación: evidentemente nadie la quiere, pero forma parte de los ciclos de la naturaleza. Élise lo dice sin filtros e incluso delante de los pastores: «El lobo forma parte de la biodiversidad». Pero, finalmente, también ella tendrá que hacer frente a los problemas que plantea.

Élise, el personaje que interpreta Solène Rigot, expresa abiertamente sus opiniones. Hay un momento en el que dice: «No necesito el teléfono móvil». ¿Su película es, de alguna manera, una declaración política? ¿Nos está tratando de decir que debemos dejar de vivir como lo estamos haciendo?

Sobre todo es una declaración sobre esa posibilidad. Es posible parar. Es posible despojarse de muchas cosas materiales. No necesitamos tantas cosas. Es posible escapar del mundo capitalista. Es posible elegir. Antiguamente, eras pastor porque no habías estudiado o porque tu madre, tu padre, tus abuelos eran pastores. Hoy, la mayoría de los pastores lo son por elección. Han elegido salir de la rueda del capitalismo y del consumismo. Unas veces lo hacen como un ejercicio político consciente y otras simplemente porque han elegido esa manera de estar en el mundo. En la película ni siquiera aparece el pasado de Mathyas como publicista en Montreal. Todos conocemos ya cómo es esa vida. Pensé: «La gente se va a aburrir. Pasemos directamente a su elección, al camino de salida, a su renuncia al capitalismo, al consumismo y a la supereficacia».

Tras ver la película, ¿mucha gente se le acerca para preguntarle cómo ser pastor?

Cómo ser pastor, no, pero en Canadá, en Francia y en Italia veo mucha gente emocionada. Creo que ven la película como una conexión con la vida. No se trata de lo que poseo sino de lo que soy, de cuál es mi forma de estar en el mundo. Cuidar un rebaño puede ser algo muy bello, pero creo que la película va más allá: es una invitación simplemente a cuidar, que es lo contrario de la dominación. Creo que la dominación es el gran mal de nuestro mundo: el deseo del ser humano por dominar la Tierra, por dominar otras especies, por dominar a otras personas, por dominar otros países. La ecología nos enseña a tener humildad, a aceptar que somos una pequeña parte de este vasto mundo.

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‘Hasta la montaña’, de Sophie Deraspe, se estrena en cines el viernes 27 de febrero.

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• La Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental para la legalización de una urbanización declarada ilegal, blindando así el complejo Marina Isla de Valdecañas para evitar la demolición ordenada por el Tribunal Supremo.
• Ecologistas en Acción exige a la Junta el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la Isla de Valdecañas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite el recurso que Ecologistas en Acción ha interpuesto contra el Decreto 180/2025, de 16 de diciembre, por el que la Junta de Extremadura ajusta los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La organización ecologista denuncia que, bajo la excusa técnica de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, el decreto excluye deliberadamente la isla de Valdecañas de la ZEPA para intentar legalizar el complejo turístico conocido como Marina de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ratificada en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Una lucha de casi dos décadas contra la ilegalidad

Ecologistas en Acción recuerda que han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional ‘Marina de Valdecañas’, 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulara el PIR y once años y medio desde que se iniciara la ejecución de las sentencias. A pesar de ello, el complejo –que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas– continúa plenamente operativo.

El Tribunal Supremo ha sido tajante al establecer que “el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado todos los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, y las comunidades de propietarios del complejo. Pese a ello, la demolición, jurídicamente “inevitable e insoslayable”, sigue sin ejecutarse.

“Ni una piedra se ha movido”

Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la pasividad de las administraciones implicadas: “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse. Ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos implicados, ni por supuesto la promotora, han movido un dedo, no ya para demoler, sino siquiera para iniciar la restauración ambiental del entorno. Todo lo contrario, han desplegado una intensa actividad obstruccionista, jurisdiccional y de todo tipo, para impedir el cumplimiento de los fallos judiciales. Este nuevo decreto no es más que el último y más burdo intento de sortear la acción de la justicia”.

Un decreto ‘ad hoc’ para burlar la sentencia

La organización ecologista sostiene que el Decreto 180/2025 carece de justificación técnica objetiva y ha sido diseñado “a medida” para excluir de la protección ambiental la superficie terrestre donde se asienta el complejo. Al sacar la isla de Valdecañas de la ZEPA, la Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental que pesa sobre la legalización de unas construcciones declaradas ilegales, facilitando así una hipotética regularización que blindaría el complejo y evitaría la demolición.

Jaime Doreste, abogado ambientalista y Profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la UAM, que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este nuevo recurso como en los que se siguen para la demolición del Complejo de la Marina de Valdecañas, ha calificado el decreto como “un fraude de ley en toda regla”.

Doreste ha declarado: “Lo que pretende la Junta de Extremadura es utilizar una redelimitación de la ZEPA de carácter pretendidamente técnico para vaciar de contenido sentencias firmes que llevan años exigiendo la demolición. No se trata de ajustar los límites a una cota de embalse, porque la isla de Valdecañas es un terreno emergido permanentemente, no una superficie inundable. Este decreto busca desproteger el espacio para, a continuación, argumentar que ya no existen valores ambientales que impidan la legalización. Es un ataque directo al Estado de Derecho y a la eficacia de la justicia. Hemos recurrido ante los tribunales para que paralicen de inmediato esta maniobra y exijan el cumplimiento íntegro de las sentencias, que incluye la demolición de todo el complejo y la restauración de la legalidad urbanística y ambiental”.

Con esta acción legal, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Extremadura el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas.

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• Una investigación de Ecologistas en Acción desvela cómo las subvenciones al sector primario están contribuyendo a la crisis de biodiversidad.
• La eliminación o reformulación de estos incentivos era un compromiso del gobierno que debía haberse abordado en 2025.

Ecologistas en Acción, en colaboración con Economistas sin Fronteras, hace público un informe en el que identifica los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en el Estado español dentro del sector primario, como parte de su campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida. La investigación, que ha durado un año y es la primera en este campo realizada para nuestro país, ha indagado en los datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas. Analiza las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.

El informe concluye que las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en el 2024 a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La cifra total es aún más alta, ya que estos números no incluyen otros sectores de gran impacto ambiental como el transporte y la energía. El presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, es de 2.000 millones de euros, cuatro veces inferior. Los datos evidencian una incoherencia fiscal. La brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica es de 3.500 millones de euros. Reformar, reconducir o eliminar estas subvenciones resolvería este déficit.

Los gobiernos han incumplido su objetivo de repensar estos incentivos para transformar el 50 % de las subvenciones perjudiciales en el año 2025, tal y como establece el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. Abordar esta cuestión es una obligación incluida en la META 18 del Marco Mundial Kunming-Montreal. El Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro.

El informe revela que el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA), aunque también se han señalado fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal. El análisis también incluye exenciones fiscales, poniendo en la diana aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

Ecologistas en Acción señala que las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario. Sin embargo, el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies, en lugar de mejorar la situación de productores y productoras con niveles más bajos de renta, que a su vez son quienes más riqueza dejan en las comunidades. Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable.

 

 

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A pesar de que 2026 ha empezado de manera convulsa, con la ciudadanía siendo testigo de duros golpes a la democracia y ataques globales a los derechos de las personas y del medioambiente, el anuncio de cierre de ALTRI nos ha devuelto un poco la alegría y la esperanza. Porque la ecorresistencia funciona y todavía podemos escribir nuestro presente y nuestro futuro.

De hecho, el año pasado en Galiza pudimos celebrar no pocas victorias: finalizar el expolio de los montes comunales de Tameiga, expulsar a las mineras de San Finx y de Penouta, impedir el destrozo en el bosque del Banquete de Conxo, iniciar la reconquista de la isla de Toraya o articular masivas movilizaciones para denunciar el genocidio israelí. Todo ello fueron logros de la ciudadanía organizada de los que Ecoloxistas en Acción fue coprotagonista. Sin embargo, estos avances quedaron ensombrecidos ante la explosión de agresiones y amenazas de involuciones sociales y ambientales que se han arremolinado con fuerza apisonadora nada más comenzar este año.

Por eso, el anuncio de la Xunta de archivar el expediente de la concesión de la macro planta celulósica de ALTRI es una gran victoria que debemos celebrar y saborear despacio. Hay que festejar la victoria. Felicitarnos los unos a las otras con señas de complicidad comunitaria. Enhorabuenas y más enhorabuenas para el tejido asociativo de nuestro país y para la solidaridad del Estado español.

Que se desate la euforia,  ¿por qué no?, mientras la resaca no nos impida seguir de cerca los movimientos de la escenificación de la Xunta. Porque no hubo una quiebra en el negacionismo de la Xunta sobre los impactos ambientales y sociales de la industria extractivista. No hay hendidura en el terraplanismo del gobierno gallego del Partido Popular por la que hubiera calado una epifanía ecosocial que nos garantice que no volveremos a la casilla de salida, en breve, con este proyecto.

No es la primera vez que la Xunta esconde una intención contraria a su decisión. La pastera lusa tiene el trámite abierto para presentar alegaciones y, posteriormente, la posibilidad de interponer un contencioso administrativo para revertir el fallo de la Xunta, si este sigue siendo negativa para sus intereses mercantiles.

Un engaño así estuvo a punto de lograrlo la Xunta y los promotores del proyecto minero Alberta I, ahora llamado Mina Doade, cuando por las irregularidades e informes negativos la Xunta denegó la viabilidad ambiental y la empresa llevó a la Justicia esta decisión. Esperaban que una defensa tibia de su decisión hubiera conllevado una resolución judicial a favor de la minera, pero la personación de Ecoloxistas en Acción como codemandada les truncó la artimaña.

Aunque la decisión de la Xunta fuese una maniobra espuria, no deja de ser obligada por la fuerza de la movilización de la buena gente de A Ulloa y de la ciudadanía, en general, de Galiza. La Xunta del Partido Popular, que trabajó casi como comerciales a sueldo de ALTRI, tiene que estar muy forzada para recular así, aunque se habían dejado algún cartucho en la recamara.

De momento somos poco más que meros espectadores en este baile de dimes y diretes con que el presidente de la Xunta y su camarilla ornamenta su obligado paso atrás. Tiene su interés mirar toda esta representación e intentar leer entre líneas a estos expertos artífices del engaño. Ellos miden y calibran cada palabra que dicen. No tanto de admitir el error, echan la culpa al Gobierno central, acusándolo de boicotear el proyecto y saltarse las ”reglas” por mera rivalidad política y presentándose ellos como defensores ante la ignominia centralista.

Puede parecer una explosión dialéctica más, pero es un intento de seguir negando los graves impactos ambientales de este proyecto,de su política industrial en general y, sobre todo, de esconder la demostración de poder popular realizada por la gente de Galiza. Para que, como siempre, en la ciénaga política, todo esto se desvanezca de la memoria de las gallegas y gallegos antes del próximo episodio de elecciones nacionales.

Sería un error pensar que son predecibles y transparentes. La ecorresistencia tiene su fuerza en la unidad vecinal, pero esta se desbarata fácilmente si caemos en la ingenuidad de confiar en lo que nos dicen que van a hacer. Ni siquiera debemos dar crédito a los propios hechos, aunque parezcan consumados.

Así que sí, seguimos vigilantes. Y seguimos con fuerza reclamando territorios biodiversos donde poder tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Pero hoy celebramos. Por Altri no será.

 

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Este reportaje sobre Venezuela se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

CÚCUTA (COLOMBIA) // El ataque militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero rompió con todas las reglas del derecho internacional, acabó con las pretensiones de la realpolitik y pisoteó las leyes norteamericanas, afirma Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. Asimismo, a la acción contra el presidente Nicolás Maduro «algunos la llaman extracción, otros la llaman secuestro, pero fue una violación al derecho internacional», reafirma Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

El tono triunfalista de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump no ocultaron el mantra por el que se rige: América –todo un continente– para los estadounidenses. Vuelve a estar vigente la Doctrina Monroe, proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe, estableciendo que cualquier intervención europea o de una potencia distinta a la estadounidense en América Latina sería vista como una agresión.

El mismo Trump la denomina doctrina Donroe –el concepto que apareció en la portada del tabloide New York Post en enero de 2025– dejando claro en qué consiste la vieja-nueva bandera estadounidense y que no teme el uso del garrote para izarla a su antojo en lo que él mismo denomina «el patio trasero de América».

«El caso de Venezuela le permitía a Trump resolver un asunto reputacional en cuanto a su capacidad real de hacer sus amenazas creíbles», opina desde Caracas Colette Capriles. Según esta politóloga venezolana y profesora en la Universidad Simón Bolívar, la intervención no tiene nada que ver con posturas ideológicas ni apoyos morales o políticos, sino con la voluntad de Trump de «reconstruir el lugar de Estados Unidos en el hemisferio como hegemón».

Una demostración de fuerza que inició a finales de agosto 2025, con el despliegue militar y los ataques a decenas de lanchas en el Caribe –que dejaban a mediados de enero más de un centenar de muertos–, pero también con su apoyo férreo y económico a presidentes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, o su incondicional respaldo a Nary TitoAsfura en las últimas elecciones de Honduras.

El «laboratorio» venezolano

Para la politóloga venezolana Marisela Bentancourt, su país se convirtió en un «laboratorio» para un replanteamiento de las relaciones internacionales, poniendo en vilo a toda la región. «Los líderes de América Latina están avisados de la voluntad de Estados Unidos de utilizar toda la fuerza de sus capacidades para asegurar que la región gira hacia sus políticas de una manera más contundente», coincide Elizabeth Dickinson, directora para América Latina del centro de pensamiento Crisis Group.

Betancourt se muestra más crítica con la falta de consenso de los países de la región respecto a Venezuela, señalando que «estaba aislada», lo que permitió que se convirtiera «en el chivo expiatorio de un proyecto ultranacionalista de la derecha estadounidense». Lo hizo además sin causar ninguna baja de soldados estadounidenses, lo que engrandeció con vítores la Operación Resolución Absoluta de Trump.

El número de venezolanos muertos sigue sin concretarse, incluso tras la comparecencia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien el 23 de enero afirmó que el ataque militar con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», en Caracas y otras tres regiones cercanas, provocó entre 100 y 120 muertes. Estas incluyen a 47 militares de Venezuela y 32 de Cuba.

El silencio permisivo de países y organismos internacionales abre la puerta para los delirios coloniales y expansionistas de la Administración Trump. «Estados Unidos es la gran potencia militar y puede hacer cosas como las que hizo en Venezuela: intervino, extrajo al presidente y mantiene la presión sin necesidad de una ocupación militar, sino a través de la amenaza. Eso implica un gran riesgo para la seguridad de los países de la región», advierte Márquez.

Muchos de los analistas entrevistados hablan del comportamiento errático de Trump, y la dificultad para la comunidad internacional de hacer frente a sus avatares «casi temperamentales y anímicos». Ronal Rodríguez expresa su preocupación: «El presidente estadounidense no es un demócrata y no tiene comportamientos democráticos». Y señala el riesgo de que las herramientas formales de la democracia se utilicen para perpetuar proyectos autoritarios.

Por esto mismo, los vecinos regionales de Venezuela contienen la respiración. Incluso los más críticos como Colombia, Brasil o México. Cuestionar las políticas de Washington deriva en muchos casos en castigos arancelarios e incluso amenazas –en el caso colombiano– de una posible intervención militar.

Venezuela sin Maduro

Estados Unidos alteró el tablero político interno en Venezuela. Se tambalearon las torres, pero la partida continúa. «Hasta el momento no se ha denotado ninguna fisura importante dentro de los altos jerarcas del chavismo», sino un reacomodamiento de los actores, argumenta Ronal Rodríguez.

Todo apunta, según van saliendo más detalles de los hechos ocurridos antes del 3 de enero, que el chavismo entregó a Estados Unidos a un rey –Maduro– a cambio del liderazgo tutelado de una reina, Delcy Rodríguez. «Se puede inferir que se había pensado con anterioridad, no sé hasta qué punto, el escenario de un gobierno que no fuese el de Maduro, con unas ciertas condiciones y unos ciertos requisitos», argumenta Colette Capriles sobre los diálogos previos al ataque militar entre la inteligencia estadounidense y las figuras políticas cercanas a Maduro.

Así fue como, con el beneplácito de Trump, la poderosa vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, quien durante su trayectoria política ha ocupado todo tipo de cargos en Venezuela, se posicionó como presidenta interina del país. «A Estados Unidos no le interesa romper las instituciones, así estén en manos del chavismo», opina la directora del Cinep. Esta sería la excusa para que se mantengan en sus cargos algunas de las figuras políticas más representativas del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el hermano de la mandataria interina y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El chavismo «ha buscado consolidar una hegemonía cultural en torno al antiimperialismo, pero ahora le hace concesiones a Estados Unidos. Eso genera una tensión muy fuerte entre complacer a Estados Unidos y mantener el discurso histórico antiimperialista», continúa Márquez. «La élite en el poder trata de mantener ese equilibrio, pero la liberalización los desequilibra, y creo que en algún momento ese equilibrio se va a romper», sugiere.

Por su lado, Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor venezolano, opina que no se trata de un Chavismo 3.0, sino de un chavismo más occidentalizado: «Puede ser el inicio de una nueva época para la política oficialista hacia un modelo económico más capitalista, menos ortodoxo, más operativo y, por supuesto, de amplia apertura económica».

Mutación

Pese a que una de las primeras acciones de la presidenta encargada fue la liberación de decenas de presos políticos, «no estamos frente a una transición, sino a una mutación del chavismo como tantas otras que ha tenido tras quiebres dramáticos», define Betancourt.

La profesora Capriles no habla de transición, sino de una apertura democrática que pueda conducir a unas elecciones competitivas y quizás la emergencia de «necesarios» nuevos liderazgos: «Es el momento de observar más a los actores que a las políticas».

Como ella, los analistas consultados se muestran pesimistas en sus diagnósticos. Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), es crítica: «Ni en el vocabulario de Trump, ni en el vocabulario de Rodríguez, ni en el del grupo que la acompaña se han mencionado las palabras derechos humanos, democracia o Estado de derecho».

Bolívar considera que es imprescindible que los poderes judiciales y los poderes públicos sean independientes, que exista libertad plena incondicional de todos los grupos políticos y que puedan retornar todas las personas que marcharon al exilio. También cuestiona el papel de la oposición frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su opinión, ni Trump ni María Corina Machado han manifestado ningún interés en respetarlos. «Hasta el momento, [Machado] no ha tenido ningún pronunciamiento enérgico, por ejemplo, en relación con el tema de las lanchas», remarca.

Una oposición sin voz

En cualquier caso, la oposición venezolana ha quedado fuera de la partida de Trump. Su desdén sobre la posibilidad de que María Corina Machado pudiera gobernar en Venezuela quedó clara cuando, desde el primer momento, afirmó que no tiene las capacidades ni el apoyo necesario para hacerlo.

Las expertas consultadas consideran, en su mayoría, que la oposición está muy debilitada y no tiene el peso ni el músculo necesario para enfrentar una eventual transición que derive en unas nuevas elecciones. «Por ahora, no tiene voz, y eso es una debilidad fundamental del contexto político, porque Venezuela tiene un conflicto político de fondo», sostiene Dickinson, del Crisis Group.

Capriles coincide en que la oposición no existe en términos prácticos: «Ni la que esté afuera, ni la que esté dentro, tiene ahora capacidades organizativas, coincidencias estratégicas, conversaciones internas, tejido de apoyo, nada que conduzca a tener algunas garantías que le permitan cierta gobernabilidad».

«Oil first»

Quizás por este motivo Trump marcó su hoja de ruta en consonancia con los remanentes chavistas en el poder. Apenas 24 horas después de los ataques sobre Caracas, en Washington ya se hablaba de un plan trifásico. «Una primera etapa de estabilización, una segunda etapa de recuperación –a la cual después se añadió un término adicional: reconciliación–, y una tercera etapa que sería la transición», explica Capriles, unos términos que no tienen fecha para su implementación.

Con el petróleo bajo el tutelaje de la Administración Trump, es incierto cómo se van a administrar las regalías petroleras y cómo pueden servir para estabilizar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El acceso de Estados Unidos a los bienes y recursos naturales de Venezuela, el país con mayores reservas de hidrocarburos a nivel global, era el objetivo pero, según los analistas, muchas empresas petroleras y multinacionales extranjeras todavía desconfían sobre la posibilidad de invertir en el país caribeño, por la misma inestabilidad política y la falta de seguridad.

La mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio, tienen un anhelo común: la estabilización de la economía. «Eso puede ofrecer un alivio a las familias venezolanas que ahora no logran ni alcanzar la canasta básica. En el corto plazo es posible que se estabilice un poco la situación económica para la mayoría», apunta la directora del Crisis Group en América Latina. La profesora Capriles también añade que «no se trata solo de un mejoramiento del ingreso de las personas, la gente está esperando un mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios públicos».

Según la politóloga, si el gobierno interino es capaz de abrir la economía y consolidar la industria petrolera, el chavismo podría volver a generar confianza entre la ciudadanía y ser competitivo en unas futuras elecciones dentro de una sociedad civil fragmentada.

De no estabilizarse la economía, muchos analistas temen una nueva salida masiva de venezolanos, que se sumarían a los casi ocho millones de migrantes en el extranjero.

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Contradicciones e incertidumbre en la frontera

Gresmar, de 29 años, llevaba una década sin pisar territorio venezolano. Está a pocos minutos de cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot, o Tienditas, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. «Como venezolana, siempre voy a querer volver a mi país. Vengo con muchas expectativas de poder ejercer mi carrera [médica cirujana], de poder realizarme como profesional». Han pasado tan solo tres días desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero. «Todo cambio es bueno», dice con temor a posibles represalias, rodeada de sus familiares, que la reciben con abrazos.

La joven tomó la decisión de regresar a su país semanas antes de que el estruendo de los helicópteros y los misiles despertaran a Caracas, convirtiendo la amenaza en un hecho real. Ella, como otra decena de venezolanos entrevistados en la frontera, califican como «necesaria» la operación bélica de Donald Trump. Contradictoriamente, fueron sus mismas políticas de persecución contra la población migrante en Estados Unidos, y la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600.000 migrantes venezolanos, los motivos por los cuales ha retornado.

Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos. Esos primeros días de enero, las autoridades desplegaron un dispositivo en la frontera compartida –más de 2.200 kilómetros– para hacer frente a una emergencia humanitaria fruto de una eventual salida masiva de población a causa del ataque estadounidense.

Veinte días después, «incertidumbre» es la palabra más repetida tanto en Caracas como en la ciudad colombiana de Cúcuta, el principal paso fronterizo. Aquí, el flujo de venezolanos es el habitual: comerciantes, vendedores y personas que cruzan para acceder a los servicios médicos de los hospitales colombianos. No hubo salida ni entrada masiva. «Se siente una calma tensa», transmiten cuando se les pregunta.

José Germán y Rosaura esperan el transporte que los lleve de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. La madrugada de los ataques, estaban en EE. UU. visitando a su hijo y a sus nietos. En otras circunstancias habrían pasado hasta seis meses jugando con los pequeños, pero esta vez los funcionarios de migración estadounidenses los pasaron «al cuartito» y les dieron un mes de estadía. Regresan con sus maletas: «No me siento capaz de celebrarlo todavía». Son profesores universitarios, ganan apenas dos dólares al mes y sobreviven gracias a las remesas que les envían sus hijos desde el extranjero. Su cotidianidad se resume en tomar café en la esquina y dar clase en la universidad, «por vocación». Lo que pase, dicen, será un proceso lento.

Omar espera a que su hermano selle el pasaporte en la oficina de Migración Colombia en la frontera de Cúcuta. Acaba de llegar de EE. UU., no consiguió el asilo y vuelven juntos a Medellín. El joven salió en 2017 de su hogar y nunca más regresó: «Siempre voy a querer volver». Su esperanza es una mejora de la economía que permita retornar a jóvenes como él para reconstruir un país en ruinas. «Quisiera para mi país que todas nuestras riquezas se vean reflejadas en infraestructura, salud, educación. Sobre todo, educación», pide.

Después del shock inicial, «la gran preocupación de la mayoría es cómo van a llegar a fin de mes, qué van a ponerle en la mesa a sus hijos para el desayuno, si es que pueden ponerle algo», cuenta la activista Ligia Bolívar. En esas estaban los venezolanos la noche del 2 de enero, todavía con la resaca de fin de año. Entonces el tiempo se detuvo por un día.

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La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid sigue amenazando con desahuciar a la activista de 77 años.

La presión social y la organización colectiva han logrado paralizar el desahucio de Paca Blanco, histórica activista social, ecologista y feminista. Esta suspensión supone una victoria fruto de la movilización y del respaldo de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, pero no pone fin al conflicto: Paca sigue en riesgo inminente de desahucio.

Paca Blanco, militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas, recibió una orden de desahucio por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), pese a llevar años solicitando la regularización de su situación mediante la subrogación del contrato y habiendo abonado el alquiler durante el último año.

El amplio apoyo social recibido –de sindicatos, movimientos por la vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales– demuestra que el caso de Paca no es una excepción, sino la expresión de una política estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio al servicio de unos pocos.

La paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización que nos da fuerza para seguir luchando. Por ello, las organizaciones firmantes advierten de que seguirán organizándose y movilizándose hasta que se reconozca definitivamente el derecho de Paca a permanecer en su hogar, con un alquiler social adecuado a sus ingresos.

Además, a lo largo de los días, la información que ha recibido Paca a través de Servicios Sociales, Juzgados y la Empresa Municipal de Vivienda ha sido contradictoria e insuficiente. La propia paralización no se ha recibido por escrito, sino que los escritos judiciales en los que se afirma la suspensión han sido enviados a periodistas a la vez que se negaba el acceso a los mismos a la persona que reside en la vivienda.

Mientras tanto, los desahucios siguen produciéndose a diario. Gobiernos estatales, autonómicos y municipales continúan protegiendo este modelo injusto, como se ha visto recientemente en el desahucio de cerca de un centenar de personas de un bloque propiedad de la SAREB en Villalba. Un nuevo ejemplo de cómo las instituciones priorizan los intereses inmobiliarios frente al derecho a una vivienda digna.

El intento de desahucio de Paca Blanco tiene además una enorme carga social y simbólica. A sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsar de su casa a una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos. Su trayectoria vital está marcada por la lucha social, la precariedad y la represión, desde el internamiento forzoso en instituciones del franquismo como el Patronato de Protección a la Mujer hasta la persecución por su oposición a proyectos especulativos como el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora. Se exige la retirada definitiva del desahucio, el reconocimiento de su derecho a la subrogación del contrato y el acceso a un alquiler social justo. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio ni un instrumento de expulsión: es un derecho fundamental que seguirá defendiéndose en las calles y en los barrios.

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• Las entidades trasladan a la representante europea las siguientes preocupaciones con el objetivo de que, desde Europa, no se den pasos atrás en la protección de la biodiversidad: Directiva Marco del Agua, desregularización, financiación, Reglamento de Restauración, de Deforestación, así como la Directiva de Aves y de Hábitats.
• Representantes de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exponen sus demandas a la comisaria europea de Medio Ambiente durante un encuentro celebrado en el marco de la visita institucional de la responsable europea en España.

Las cinco principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a las fundaciones CONAMA, ECODES y Global Nature, solicitan a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no impulse modificaciones en la Directiva Marco del Agua (DMA). Además, las entidades trasladan su máxima preocupación por otros temas ambientales que están perdiendo garantías desde Europa.

La actual desregularización con el paquete ómnibus, la falta de financiación y las modificaciones planteadas en el Reglamento de Restauración y de Deforestación, así como en la Directiva de Aves y de Hábitats son los temas centrales que las organizaciones han expresado a la representante europea.

Entre ellos, las entidades inciden en su preocupación ante una posible revisión de la Directiva Marco del Agua, la cual consideran la norma europea más importante para la protección de ríos, acuíferos, lagos y humedales. La directiva establece como objetivo alcanzar el “buen estado ecológico” de las masas de agua en la Unión Europea. Este principio ha sido clave para mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos y reforzar la gestión sostenible de los recursos hídricos.

A juicio de las organizaciones, modificar la directiva podría suponer un debilitamiento de los mecanismos de control y prevención, con mayores riesgos de contaminación y sobreexplotación tanto de aguas superficiales como subterráneas. Asimismo, insisten en que una rebaja de estándares comprometería funciones esenciales de adaptación frente a inundaciones y sequías extremas, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de crisis climática.

Las organizaciones ambientales también alertan de que una revisión a la baja podría traducirse en una disminución de la protección de hábitats y especies vinculadas a los ecosistemas acuáticos y a los humedales, muchos de ellos ya sometidos a fuertes presiones. En este sentido, subrayan que la simplificación normativa no puede convertirse en un argumento para reducir estándares ambientales en un ámbito tan estratégico para la salud pública, la biodiversidad y la resiliencia económica.

Las organizaciones expresan además su inquietud ante las distintas iniciativas legislativas conocidas como “ómnibus” que está promoviendo la Comisión Europea. Según señalan, bajo la premisa de simplificar la regulación, estas propuestas estarían reduciendo el alcance y la ambición de marcos normativos ambientales consolidados.

Entre las medidas que generan mayor preocupación se encuentran la denominada ómnibus de alimentos y piensos, que podría flexibilizar el uso de pesticidas; el anunciado “test” a la Directiva de Aves y Hábitats, que podría rebajar los niveles de protección de ecosistemas y especies amenazadas; y las posibles trabas a la entrada en vigor del Reglamento europeo sobre productos libres de Deforestación (EUDR), considerado pionero a nivel mundial y cuya modificación podría comprometer su efectividad.

Por último, las organizaciones reclaman que el nuevo Marco Financiero Plurianual garantice una línea financiera independiente y estable para el programa LIFE, gestionado directamente por la Comisión Europea, tal como ha ocurrido en los últimos años. Recuerdan así que el programa LIFE es el único instrumento financiero específico de la UE para cofinanciar proyectos de conservación del medio ambiente y acción climática, además, de ser determinante en la recuperación de especies emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo o el águila imperial, así como en la restauración de humedales y otros ecosistemas estratégicos.

Las organizaciones insisten en que la UE debe reforzar, en lugar de debilitar, los marcos regulatorios de protección hídrica y de biodiversidad como la única forma de sostener la transición ecológica.

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• Ecologistas en Acción y OceanCare instan al Gobierno central a implementar medidas urgentes que garanticen la protección efectiva de los hábitats de estos grandes mamíferos y otras especies de cetáceos, recordando que su conservación es clave para la salud de los océanos y la estabilidad planetaria.
• La falta de planes de gestión y medidas concretas en espacios marinos protegidos —que incluyen áreas críticas para la supervivencia de numerosas especies de cetáceos como el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, o las Islas Canarias— deja a estos animales expuestos a múltiples amenazas.
• Las colisiones con buques, el ruido submarino, la pesca incidental, la contaminación química, las basuras marinas, las maniobras militares, el tráfico marítimo intenso o el turismo de avistamiento son sus principales peligros.

Hace 40 años entró en vigor la moratoria para la caza comercial de las grandes ballenas a nivel mundial, impulsada por la Comisión Ballenera Internacional, para frenar su extinción. Ecologistas en Acción y OceanCare alertan de que cuatro décadas después muchas de estas especies de grandes mamíferos marinos, entre ellas las ballenas azules y los rorcuales, siguen estando gravemente amenazadas, e incluso en peligro de extinción.

Lo mismo ocurre con otras especies de cetáceos grandes, como los cachalotes, y otros de menor tamaño, como calderones, zifios, marsopas y delfines, que no están oficialmente protegidos por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Estas especies son esenciales para la salud de los océanos y del planeta y continúan estando en peligro debido a la presión creciente de impactos humanos y cambios ambientales que amenazan su supervivencia y desestabilizan sus poblaciones.

Entre las especies de ballenas que se encuentran en una situación más crítica, destacan el rorcual común, tanto en aguas del Mediterráneo como en Canarias, o la ballena vasca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis). De entre los odontocetos, destacan las orcas, especialmente la subpoblación del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz, así como el cachalote, la marsopa o el zifio de Cuvier.

Aunque el Estado español ha avanzado en la designación de espacios marinos protegidos relevantes para ballenas y diversas especies de cetáceos —como el Área Marina Protegida (AMP) “Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo”, los espacios Red Natura 2000 del Mar de Alborán, el Banco de Galicia o varias Zonas de Especial Conservación (ZEC) en Canarias—, la protección efectiva de estos hábitats sigue siendo insuficiente.

En este contexto, las organizaciones ecologistas reclaman que el plan de gestión del AMP Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo (cuya aprobación, tras años de retraso, está ahora prevista para junio de 2026) suponga un punto de inflexión real en la protección de este espacio marino protegido. También que garantice una reducción efectiva de las colisiones de cetáceos con buques, mediante medidas concretas, vinculantes y basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Además, señalan que urge reclasificar las subpoblaciones del Mediterráneo del rorcual común y del cachalote de especies “vulnerables” a “en peligro de extinción” en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), elaborando los respectivos planes de recuperación que mejoren por fin su estado de conservación.

Esta reclasificación debe hacerse en coherencia con las recomendaciones de los principales organismos científicos, como las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN y el Comité Científico de ACCOBAMS, y con las decisiones que España ha adoptado en el seno de organismos regionales de conservación, como ACCOBAMS, ya en 2022. Cuatro años después, España sigue sin cumplir con su obligación, a pesar de que se le ha instado repetidamente a hacerlo.

Reducción obligatoria de la velocidad de las embarcaciones

Ecologistas en Acción y OceanCare insisten en la necesidad de establecer reducciones de velocidad obligatorias para cada tipo de embarcación, incluidas las recreativas. En 2023, la Organización Marítima Internacional (OMI) designó el Mediterráneo noroccidental como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) –siendo la primera ZMES aprobada por la OMI con el objetivo de reducir el riesgo de colisiones de buques con ballenas–, en la que está incluida la totalidad de la AMP Corredor de Migración de Cetáceos. Sin embargo, finalmente se limitó a recomendar reducir la velocidad de los barcos a 10-13 nudos.

Un estudio de OceanCare que analiza comparativamente el tráfico marítimo en la ZMES del Mediterráneo noroccidental en 2023 y 2024 muestra que las navieras no están cumpliendo con esta recomendación. “Esto evidencia que la medida voluntaria es insuficiente para proteger a los cetáceos que habitan la zona”, defienden las organizaciones.

Ajustar las rutas de navegación no es una opción de mitigación del riesgo de colisiones en esta zona concreta, ya que las ballenas utilizan toda la zona de forma aleatoria durante todo el año y su presencia es difícil de predecir. Sin embargo, reducir la velocidad de los buques disminuye, por un lado, el riesgo de colisión con las ballenas; y por otro, las emisiones de ruido submarino, que suponen una amenaza adicional para estos mamíferos que dependen del sonido para sobrevivir, ya que lo utilizan para comunicarse, orientarse y cazar, funciones esenciales para su vida y conservación.

Carlos Bravo, portavoz de OceanCare, ha declarado: “Las organizaciones queremos conciliar la actividad del transporte marítimo con la protección de las grandes ballenas en el Corredor de Migración de Cetáceos. Para eso, actualmente la única medida eficaz es incluir una norma de reducción obligatoria de la velocidad de los barcos en el plan de gestión de esta Área Marina Protegida que está elaborando el MITECO. Una medida legalmente vinculante proporcionaría igualdad de condiciones para todas las compañías y evitaría la generación de distorsiones competitivas entre las que estuvieran dispuestas a reducir la velocidad por el bien de las ballenas y los que no”.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Reclamamos que esta limitación obligatoria de velocidad se extienda a otras zonas del Estado español que son clave para la cría, alimentación y migración de cetáceos. Un caso donde la problemática alcanza dimensiones especialmente preocupantes son las aguas de las Islas Canarias, donde el cachalote se dirige hacia la extinción local”.

 

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La actual crisis de contaminación química exige que la Unión Europea rechace cualquier intento de desregulación de la norma que vertebra la protección frente a sustancias químicas nocivas, el Reglamento REACH, y garantice una protección eficaz de la salud y de la naturaleza.

Declaración de las organizaciones en inglés: Protection first: EU leadership to deliver safe chemicals with high protection of people’s health and the environment.

 

La población europea no está adecuadamente protegida frente a las sustancias químicas nocivas

Las sustancias químicas sintéticas están por todas partes. Aunque permiten los procesos de fabricación, los servicios y los productos de consumo de las economías modernas, muchas son nocivas y suponen graves riesgos para la salud humana, los derechos fundamentales y el medio ambiente. Las sustancias químicas nocivas siguen utilizándose de forma generalizada, incluso en nuestros hogares y lugares de trabajo.

Europa se enfrenta a una crisis de contaminación química que contribuye a la aparición de enfermedades graves y supone cada año miles de millones de euros en costes sanitarios, medioambientales y sociales. A pesar de los repetidos compromisos políticos para mejorar la legislación de la UE, su población no está adecuadamente protegida porque no se ha cumplido el alto nivel de protección prometido por la legislación de la UE, vertebrada por el Reglamento REACH.

La protección debe ser el objetivo principal de la Comisión Europea

Adoptado en 2006, REACH es la columna vertebral de la política de seguridad química de la UE. Estableció requisitos de información sobre la cadena de valor, mejoró el conocimiento sobre los peligros, dio prioridad a la regulación de las sustancias químicas más peligrosas y reforzó la capacidad de las autoridades para controlar los riesgos químicos. Junto con el Reglamento CLP, REACH situó a la UE a la vanguardia mundial en materia de regulación de sustancias químicas. Incluso fue copiado y adaptado por otros países.

Sin embargo, veinte años de aplicación laxa han permitido que sustancias químicas nocivas conocidas permanezcan en el mercado durante décadas, bloqueando los esfuerzos por desarrollar y comercializar alternativas más seguras, al tiempo que se obstaculiza la transición hacia una economía circular. Al mismo tiempo, la UE se está quedando atrás en materia de innovación química: otras regiones están avanzando en políticas sobre sustancias químicas que abordan los polímeros, los efectos combinados o las alternativas sin PFAS. Esta pérdida de liderazgo no beneficia a la industria ni a las personas trabajadoras y consumidoras europeas. Por el contrario, una regulación química estricta es un motor clave de la innovación y la competitividad a largo plazo de la UE.

Estos retos se identificaron y abordaron claramente en la Estrategia Europea de Sostenibilidad de los Productos Químicos (CSS), adoptada en 2020 tras una amplia consulta a expertos y partes interesadas. La CSS establece una visión coherente para reforzar la protección y apoyar la innovación. Debe seguir siendo el marco rector y la visión de las acciones de la Comisión en materia de política de productos químicos.

Lo que se necesita con urgencia

Por lo tanto, se necesita urgentemente una aplicación, un cumplimiento y una modernización ambiciosos del marco de la UE en materia de sustancias químicas, en consonancia con la ciencia del siglo XXI, para ofrecer el nivel prometido de protección contra las sustancias químicas y sus mezclas peligrosas, así como para acelerar la identificación y la eliminación gradual de las sustancias químicas más nocivas, como las que ya figuran en la hoja de ruta sobre restricciones.

REACH debe garantizar que nunca más se repitan crisis de contaminación como la de las sustancias PFAS y contribuir a las prioridades clave de la UE en materia de salud, como el Plan Europeo contra el Cáncer, y permitir una economía circular libre de sustancias tóxicas.

Contamos con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros para que rechacen cualquier intento de desregulación disfrazado de simplificación y promuevan una legislación que garantice una protección eficaz de la salud y el medio ambiente.

La desregulación disfrazada de «simplificación» pone en peligro a las personas

Sin embargo, en lugar de tomar medidas rápidas para reforzar las protecciones de seguridad química, la Comisión está impulsando una agenda desreguladora que atiende a las demandas de la industria, enmarcada como ‘simplificación’. En realidad, este enfoque equivale a una desregulación, con graves consecuencias para la salud, el medio ambiente, el disfrute de los derechos humanos y la confianza pública, incluida la propuesta de la Directiva general sobre productos químicos que, si se aprueba, facilitará y ampliará el uso en cosméticos de sustancias químicas que, por ejemplo, causan cáncer o afectan a la fertilidad, ralentizará el desarrollo de alternativas más seguras y reducirá significativamente el acceso de personas consumidoras y los trabajadoras a la información sobre sustancias químicas peligrosas. Esto afecta especialmente a los grupos vulnerables, como la infancia, las mujeres embarazadas o las personas en situación de riesgo. El estancamiento de la Hoja de ruta sobre restricciones, el plan de la UE adoptado en 2022 para restringir las sustancias químicas más peligrosas –conocidas desde hace décadas por sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente- es otra prueba clara de la falta de compromiso con la salud pública y el medio ambiente.

Un REACH fuerte es el camino hacia la competitividad, no el problema

La industria química europea se enfrenta a retos reales, como los elevados costes energéticos, la dependencia de los combustibles fósiles y la competencia global desleal. Pero debilitar REACH y paralizar su aplicación no resolverá estos problemas estructurales. Al contrario, la incertidumbre normativa y el retraso en la adopción de medidas mantienen a Europa en una dependencia tóxica y frenan la innovación. La UE debe abordar los retos de la industria (energía, materias primas, igualdad de condiciones) al tiempo que refuerza REACH, en lugar de desmantelarlo. Una regulación ambiciosa de los productos químicos es esencial para acelerar la innovación, apoyar alternativas más seguras y garantizar la competitividad a largo plazo.

La adopción, la aplicación y el cumplimiento de una legislación estricta en materia de sustancias químicas es la única vía sensata desde el punto de vista económico. Los costes de la contaminación química pueden superar con creces los beneficios que su producción reporta a la sociedad. Según un estudio publicado por la Comisión Europea, si los niveles actuales de contaminación por PFAS en Europa continúan hasta 2050 sin que se adopten medidas reglamentarias, el coste alcanzará aproximadamente 440 000 millones de euros durante ese período. Abordar estas emisiones de PFAS en su origen para 2040 supondría un ahorro de 110 000 millones de euros, mientras que el tratamiento del agua contaminada por sí solo costaría más de un billón de euros.

Detener la ‘captura corporativa’ de la política de la UE en materia de sustancias químicas

La orientación de las recientes iniciativas de la Comisión refleja un preocupante patrón de captura corporativa, en el que determinados intereses industriales están configurando las prioridades políticas a expensas de la salud pública, los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente. Los foros políticos de alto nivel y las declaraciones, como los relacionados con la declaración de Amberes y la Alianza para los Productos Químicos Críticos, han influido cada vez más en las decisiones de la Comisión, dejando de lado las pruebas científicas, las aportaciones de la sociedad civil y las propias obligaciones legales de la UE. Casi el 70 % de las reuniones celebradas por los miembros del gabinete de la Comisión el año pasado fueron con representantes de la industria.

Es necesario hacer frente a esta erosión de la elaboración de políticas. La seguridad química es una cuestión de interés público, y las decisiones deben guiarse por la ciencia, la precaución y la obligación del Tratado de la UE de garantizar un alto nivel de protección.

La seguridad química es una responsabilidad de la UE

La población europea necesita que las y los responsables políticos cumplan el objetivo principal de REACH: un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. Sin más demoras y sin compromisos a expensas de nuestra salud.

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Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

La fotoperiodista Lee Miller, en la película en la que le da vida Kate Winslet, escucha en boca de un joven la misma pregunta a la que podremos enfrentarnos en unas décadas: «¿Cómo no os disteis cuenta de que [los nazis] estaban llegando?». La reportera, que cubrió la II Guerra Mundial tras ser una de las fotógrafas de moda más reputadas, responde lo que sentimos muchas de las personas que llevamos años investigando y advirtiendo sobre el auge de la ultraderecha: «Durante un tiempo, fue muy lento. Y, de repente, ya estaban aquí». Dejemos de hablar de auge de la ultraderecha porque la ultraderecha ya domina nuestra era: siembra el terror y la zozobra en todo el mundo desde la Casa Blanca, ocupa uno de cada cuatro escaños en el Parlamento Europeo, cogobierna comunidades autónomas y poblaciones españolas, y recibirá uno de cada cinco votos en las próximas elecciones generales, según la última encuesta del CIS.

En el libro Miedo. Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio (Debate, 2022) analicé las causas de este giro histórico y cómo los poderes políticos, económicos y mediáticos habían azuzado los miedos –a los «otros», a la pobreza, a la soledad y a la muerte– allanando el camino a los nacionalpopulistas xenófobos y a los antidemócratas. Pero el ascenso ha sido tan meteórico que mientras investigábamos la trayectoria de sus líderes, sus vías de financiación, su estrategia de cooperación internacional, mientras nos debatíamos entre destinar nuestro tiempo a desmentir sus bulos o a contrarrestar sus discursos de odio, dejamos de lado lo más obvio y, también, lo más aterrador: que acaparan tanto poder porque buena parte de la población se lo ha dado a través de las urnas. Y que, por tanto, en todos los ámbitos de la vida convivimos con personas cuyas ideas políticas no solo no son respetables, sino que son criminales: amenazan los derechos y la vida misma de quienes consideran inferiores y enemigos: las personas racializadas, migrantes, feministas, del colectivo LGBTIQ+, y todas aquellas que defendemos activamente la democracia, la igualdad, la libertad y los derechos humanos. Personas con las que nos relacionamos a diario: nuestra tendera del comercio de proximidad del barrio, nuestro médico de la sanidad pública, la profesora de nuestras hijas en la escuela pública, nuestro monitor del gimnasio, el policía que nos tomará declaración tras una agresión machista, la jueza que la tendrá que juzgar, el periodista que la contará en una tertulia, nuestro primo, nuestra hermana, nuestro padre, nuestra madre.

Las izquierdas europeas y estadounidenses solo hablaron de crecimiento de la ultraderecha cuando nos incluyó a las personas blancas entre sus enemigos. Desde los años 80 hasta hoy, las políticas de los partidos de derechas y los socialdemócratas han desarrollado políticas muy parecidas contra las personas migrantes, a las que se interpretaban como una amenaza en todos los sentidos: para el mercado de trabajo, para la seguridad así como para la convivencia. Por ello, el corpus legislativo migratorio tiene un enfoque militarista y defensivo contra unas personas que ejercen su derecho a la movilidad para buscar oportunidades y seguridad. Es decir, sus políticas migratorias siempre han sido de extrema derecha porque consideraban las vidas de las personas migrantes de menor valor. Por eso, nadie ha sido juzgado ni condenado por las políticas que han provocado la muerte de, al menos, 30.000 personas en el Mediterráneo. Por eso, esa misma política mortífera es la que se permite seguir practicando hoy el Gobierno español, uno de los pocos progresistas que quedan en el mundo.

El discurso hegemónico contra las personas migrantes, mientras su explotación hacía posible el cacareado crecimiento económico europeo y estadounidense, ha sido el caballo de Troya que ha alumbrado esta era de la crueldad. Por eso, las personas migrantes no tienen que preguntarse hoy cómo van a relacionarse con toda esa gente que las desprecia cuando se dejan su sueldo haciendo la compra en sus comercios, cuando cuidan de sus padres y madres ancianos, cuando van a la consulta del ambulatorio público –que también pagan con sus impuestos–, o cuando dejan a sus niños y niñas en la puerta del colegio. Como no se lo preguntarán quienes dejaron de ir a las celebraciones familiares o laborales para no seguir escuchando comentarios homófobos y sexistas que atentaban contra su propia existencia. Todas estas personas siempre tuvieron que protegerse del fascismo porque ya estaba ahí. Mientras, el resto, la mayoría de las personas blancas cisheterosexuales, no lo querían ver porque sus vidas cotizaban al alza en ese ecosistema fascista.

Pero ya no hay lugar al engaño. El espejo estadounidense nos está mostrando cómo incluso la burguesía blanca demócrata está en peligro: activistas, feministas, intelectuales, periodistas, académicas, juristas, científicos y científicas no se libran de la diana cuando se interponen en el camino de los paramilitares de la ICE, cuando publican información crítica con Trump, cuando defienden que se aplique la legalidad internacional contra los responsables del genocidio de Gaza o cuando denuncian el impacto de las políticas de la Casa Blanca en la crisis climática.

Hoy, a la vez que la mayor parte de nuestras sociedades se ven perjudicadas por las políticas de la ultraderecha, estamos cada vez más cerca de que también la mayoría social defienda sus postulados. Es una guerra global contra la humanidad misma, espoleada por el autoodio que ha insuflado décadas de un estilo de vida neoliberal basado en el individualismo y el egoísmo. No es solo que cada vez más obreros autóctonos odien a los obreros extranjeros, sino que odian con más ahínco aún a los sindicatos que defienden sus derechos, a las políticas que suben sus salarios y a los periodistas que defienden el beneficio común de la redistribución de la riqueza. Cada vez más mujeres no solo odian a las feministas, sino que votan a políticas que niegan nuestra discriminación y la violencia de género. Y cada vez más personas pasan sus días macerando y envenenándose con nuevos odios difundidos por canales de televisión, de YouTube, de Telegram, de WhatsApp. Gente que se despierta deseando la muerte al presidente Pedro Sánchez por las nuevas balizas de la DGT, a las feministas por denunciar los abusos sexuales cometidos presuntamente por Julio Iglesias, a los ecologistas por acabar con la vida rural, a los antirracistas por llenar el país de ladrones y violadores, a los catalanes por querer acabar con España… Hombres y mujeres con apariencia normal, que no están en el Parlamento ni en los platós, sino en tu trabajo, en la puerta del colegio de tus hijos e hijas, incluso en la casa de tu padre y de tu madre.

Gente que, incluso, dice que te quiere. Y que, probablemente, lo haga. Pero que odia lo que eres, lo que piensas y que adora a quienes quieren tomar el poder para censurarte, perseguirte, encarcelarte, castigarte, violarte, matarte. Dicen que te quieren. Y probablemente lo hagan. Pero representas a sus enemigos. No lo eres. Nunca les privarías de derechos ni libertades. Tú nunca permitirías que les hicieran daño. Pero ellos sí están haciendo todo lo posible –de pensamiento, palabra, obra y omisión– para que otros lo hagan.

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• El manifiesto reúne el apoyo de sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales de todo el Estado.
• Las firmantes exigen la paralización inmediata del desahucio previsto para el próximo lunes 23 de febrero.
• Paca Blanco, de 77 años, se enfrenta a una orden de desahucio de la EMVS tras más de diez años residiendo en una vivienda pública en la que ha intentado regularizar su situación.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado han firmado el manifiesto de apoyo a Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio recibida por la histórica activista y exigen al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que reconozcan su derecho a permanecer en su hogar.

El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, señala que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios.

“Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes.

Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda. Subrayan su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común.

El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años.

Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Como señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.

Una vida de lucha frente a un nuevo desahucio

Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado. Su hijo se marchó y desde ese momento Paca intentó subrogarse en el contrato. Ha tratado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año.

La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.

A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores.

Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. Como recoge el manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.

 

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«Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos». Es el comienzo de El Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels, publicado en 1848, año de la quinta y última oleada de revoluciones burguesas. Cuatro años después, Marx publicó El 18 de brumario de Luis Bonaparte, donde señalaba que ese ciclo había acabado. Cuando alguien accede a un sitio caliente, existe la tentación de cerrar la puerta. La república burguesa había derivado en una forma de salvaguarda de privilegios similar a la monarquía del Antiguo Régimen. Los burgueses de la Ilustración habían abandonado a los trabajadores para aliarse con los aristócratas a quienes se habían enfrentado. El pacto representado en el cuadro La libertad guiando al pueblo estaba roto. Incluso habían restaurado la monarquía.

A través de sus diversas encarnaciones, el socialismo no dejó de insistir en señalar las estructuras de dominación de la burguesía hasta que logró que la puerta se abriera y forzó un contrato social de breve duración y extensión que conocimos como estado del bienestar. Sus principales beneficiarios fuimos los trabajadores varones blancos occidentales y su desarrollo logró cambiar el relato de la lucha colectiva por otro basado en el esfuerzo individual. La promesa de ese contrato entre capital y trabajo era la movilidad social; y su principal herramienta, la redistribución a través de los servicios públicos financiados con impuestos proporcionales: formación, sanidad, transporte o, en otros países, vivienda. Ese contrato está roto. El capital acumula tras librarse de los impuestos. En España, 33 personas tienen la misma riqueza que 19 millones. El Estado ha dejado de ser garante de los servicios porque estos han dejado de estar vinculados a derechos y se han integrado en el mercado, que es el formato que se extiende por el mundo gracias, precisamente, a ese relato centrado en el esfuerzo individual.

La vida ha dejado de ser una promesa para convertirse en una competición. La sensación de desconfianza, desamparo e incertidumbre que crea el incumplimiento del viejo contrato social puede provocar un movimiento de reacción porque asumimos que todo el mundo puede ser un enemigo en la lucha por el trozo del pastel. Sobre todo, los otros que están por abajo, los que llaman a la puerta, a los que el capital señala como enemigos.

Los protagonistas de la reacción somos sus principales beneficiados porque, como en el XIX, las estructuras de poder ya existentes aprovecharon las reivindicaciones de nuevos grupos sociales para dividir e imponerse. Para crear un enemigo claro, lo llamaron a todo Woke (feminismo, anticolonialismo o movimiento LGTBIQ+). El concepto se presentó como una amenaza difusa, pero con una gran capacidad de destrucción que incluía ese contrato social. Todo se había estropeado porque había llegado más gente que sostenía que la división entre opresores y oprimidos no estaba tan clara. La clase es un factor, pero el género o la raza son otros.

Normalmente, la dominación se basa en el empoderamiento selectivo para que, dentro de cada grupo social, haya una nueva jerarquía. Lo mismo que el socialismo señaló las estructuras de dominación, explotación y subordinación del estado burgués, el feminismo desveló las del patriarcado, muchísimo más antiguo. El colonialismo nos indicó que el anterior contrato social se construyó sobre la explotación y el atraso de otros países. Como les sucedía a los burgueses, es complicado reconocerse en ese espejo incómodo y la tentación de unirse a las viejas estructuras de poder es enorme.

Los varones blancos occidentales vivimos nuestro 18 de brumario. Para algunos, la propiedad o la identidad como nativo o varón pueden ser factores más relevantes que su condición de trabajador y preferir a movimientos autoritarios que señalen un enemigo como causante de la pérdida. Hay gente convencida de que aliarse con el capital a través de los elementos culturales, el movimiento MAGA, le permitirá quedarse en la casa caliente, aunque sea en el porche. Perseguir a otros hará que ellos no sean perseguidos. Se equivocan. Cuando se desprecia la dignidad del ser humano, la categoría de prescindible se va extendiendo hasta que la tienes en el portal de tu casa.

El viejo contrato social no va a volver. La respuesta no está en el pasado, sino en el futuro: ampliar el mundo. Y con mucha audacia. Socialismo y feminismo, anticolonialismo o movimiento LGTBIQ+ son parte del mismo proyecto, contradictorio a veces, en el que también están la revolución científica, la Ilustración o el liberalismo de las revoluciones burguesas. Los procesos históricos dentro de la modernidad amplían el mundo paulatinamente porque la otra opción es reducirlo. Libertad, igualdad, fraternidad rima con diversidad, inclusión y equidad. Frente al movimiento MAGA, el movimiento Woke.

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• La organización ecologista reclama a las comunidades autónomas que en la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestre, prevista para el 17 de febrero, apoyen la declaración de la anguila como especie “en peligro de extinción” dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), como paso imprescindible para la recuperación de sus poblaciones.
• La anguila europea (Anguilla anguilla) fue declarada “en peligro crítico de extinción” por la UICN en 2008, por lo que requiere una protección estricta desde hace mucho tiempo, con medidas como la veda total de pesca, tanto en fase adulta como el alevín (la angula).

La anguila europea es la especie de pez que ha sufrido una regresión más severa durante las últimas décadas en la península ibérica. El reclutamiento de nuevos ejemplares de anguila ha sufrido un extraordinario y rápido declive en toda su área de distribución europea desde 1980, alcanzando en el presente siglo un mínimo histórico con valores de entre 1 % y 5 % de los existentes hace 50 años. En la península ibérica ha perdido el 80 % del área de distribución que ocupaba.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconseja, desde hace años, que se aplique el criterio de precaución a la anguila europea, lo que implica cero capturas en todos los edades de la especie, tanto angulas como anguilas, así como la  eliminación de todos los impactos antropogénicos que disminuyen la producción y migración hacia el mar de las anguilas adultas. Hay que tener en cuenta que la anguila es una especie migratoria que desova en el mar de los Sargazos, cerca del Golfo de México. Las larvas migran hacia las costas europeas, remontando los ríos donde maduran, para volver de adultas otra vez al mar a reproducirse.

Las causas fundamentales del declive de las poblaciones de anguilas son la proliferación de barreras —que les impide remontar los ríos— y la presión pesquera sobre la especie, tanto legal como ilegal. Su pesca y consumo es un negocio muy lucrativo por su alto valor económico, y genera una presión enorme sobre la viabilidad de la especie. “No es comprensible que en el Estado español se siga permitiendo la pesca de una especie en peligro de extinción, sería como autorizar la caza de linces o águilas imperiales”, afirman desde la organización ecologista.

Actualmente hay comunidades autónomas, como Asturies, Cantabria, Catalunya, Galiza y País Valencià, que siguen permitiendo la pesca de las angulas. Otras, en cambio,  ya han vedado sus capturas:  Andalucía (en 2010), Baleares (2022) y Euskadi (2025).

Por ello, Ecologistas en Acción apoya la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila europea en el listado LESRPE y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”para prohibir así su pesca en todo el país. El Comité Científico avala esta propuesta, además de que existe un consenso generalizado en la literatura científica sobre el estado crítico de la población de anguila europea, que se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad.

Sin embargo, la pesca no es la única amenaza que sufre la especie. Además de esta medida, la organización ecologista propone la aprobación de un plan de recuperación de la anguila, que incluya la eliminación de las barreras existentes en su periplo migratorio; la instalación de rutas seguras para su paso, estableciendo para ello caudales ambientales mínimos que garanticen de manera continuada el desplazamiento de la especie a lo largo del curso fluvial; y la mejora de su hábitat y de la calidad de las aguas de los ríos y estuarios.

Por último, Ecologistas en Acción valora especialmente la actitud de un importante grupo de profesionales de la cocina de reconocido prestigio que han renunciado a cocinar angulas y están apoyando la prohibición de su pesca para poder contribuir a la recuperación de sus poblaciones.

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«Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista», cantaban hace poco Los hijos de Cádiz en el mítico Carnaval de dicha ciudad. Son los gaditanos especialmente afilados en sus críticas musicales y, en esta ocasión, especialmente oportunos. Sin saberlo, mientras ellos perfilaban sus versos, en La Marea rematábamos una revista, la 110, que habla precisamente de esta tendencia: el avance de la extrema derecha en las clases trabajadoras; o, como le hemos llamado, el aumento de obreros que votan a la ultraderecha.

«Siempre he escuchado decir a mi padre que la izquierda era el partido del obrero. Ahora VOX es el único partido que tiene un plan para frenar la inseguridad y la inmigración», cuenta Jesús, un camionero de 44 años, en las páginas de la revista. La pérdida de la identidad nacional, la supuesta amenaza cultural o preocupaciones vinculadas al estilo de vida son algunos de los factores que mencionan estos votantes.

Ahora que nos has leído -si no lo has hecho aún, puedes conseguir tu ejemplar aquí-, queremos saber tu opinión y debatirla junto a figuras como Jorge Dioni, Luciana Peker, Isabel Cadenas Cañón, María Eugenia R. Palop, Miquel Ramos, Magda Bandera y Guillermo Martínez.

Si te animas a venir, te esperamos el 17 de febrero a las 19h en el Teatro del Barrio. Reserva tu entrada sin coste aquí.

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• Una delegación del Parlamento Europeo visitará el Parque Nacional de Cabañeros y la central nuclear de Almaraz el 16 y 17 de febrero.
• La delegación excluye a organizaciones ecologistas y carece de pluralidad política, territorial y de género.
• Ecologistas en Acción denuncia el uso partidista de los órganos del Parlamento Europeo.

Una delegación de eurodiputados visitará la central nuclear de Almaraz y el Parque Nacional de Cabañeros entre el 16 y el 17 de febrero. Sobre el papel, la visita pretende recoger información de primera mano y equilibrada y completa sobre las implicaciones del cierre de Almaraz y una denuncia sobre el efecto de la ausencia de caza en Cabañeros.

Ecologistas en Acción denuncia el carácter sesgado y partidista de esta visita, que rompe con la tradición de pluralidad, respeto a los procesos democráticos y a las competencias de las diferentes administraciones.

En primer lugar, esta delegación, está formada exclusivamente por hombres, con una clara mayoría de representantes de ultraderecha y de un mismo país, sin cumplir criterios básicos de pluralidad política, territorial ni de género.

La visita se produce en el marco de peticiones ya evaluadas por la Comisión Europea. La referida al Parque Nacional de Cabañeros, la Comisión ha emitido un informe en el que concluye que no ve razones para tomar acciones desde una institución europea. Por otro lado, Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Toledo, añade: “La actividad cinegética que se ha venido desarrollando hasta diciembre de 2020 ha generado impactos que todavía son evidentes en el terreno y en la situación de los ungulados en el parque nacional”.

En el caso de Almaraz, la Comisión aún no ha enviado su respuesta oficial por escrito, aunque ya adelantó que la decisión sobre su cierre corresponde al Gobierno de España y se ajusta a la normativa europea.

“Hasta ahora, siempre habíamos visto como las peticiones se cerraban cuando la Comisión dictaminaba que no había caso. Aquí hay una clara intención de mantenerla para ejercer presión política, sin ninguna razón técnica”, explica Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.

Pese a ello, se ha decidido organizar una de las dos únicas visitas que organiza cada semestre la comisión de peticiones, un hecho excepcional que indica la preocupante instrumentalización política.

Ecologistas en Acción lamenta, además, que en esta ocasión no se haya invitado a las organizaciones ecologistas, rompiendo con la práctica habitual de escuchar a todas las partes implicadas.

“Han convertido la comisión de peticiones en un chiringuito al servicio de sus intereses políticos, en lugar de la puerta de entrada de demandas de la ciudadanía que solía ser”, declara Julio César Pintos, portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura.

Desde Ecologistas en Acción se reclama al Parlamento Europeo transparencia, rigor y equilibrio en sus investigaciones, especialmente en asuntos tan sensibles como la energía nuclear y la protección de los espacios naturales.

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Aterrizo en madrid y escucho hablar sin parar de la película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Yo vivo en Italia, patria del Vaticano, donde me han dicho cosas como «yo voy poco a misa, solo los domingos». Pero visto que en el último año he sido fagocitada por un jubileo y un cónclave, decido que –de perdidos al río– voy a ver la película, aunque intuyo que hay algo raro en el ambiente porque no es normal que todo pase a la vez: Rosalía se viste de monja y habla de Dios, Javier Cercas se forra vendiendo libros sobre un viaje con el papa Bergoglio, el Madrid institucional celebra la Navidad invitando a cantar a un grupo de dudosa calidad musical pero fervor indiscutible llamado Hakuna y una serie tan alejada de la religión como Machos Alfa incluye en su última temporada la conversión a cura de uno de sus protagonistas más golfos.

En los periódicos españoles no dejan de aparecer artículos analizando precisamente la coincidencia de esos fenómenos. En Francia avisan de que hay un auge de bautismos entre adultos. En Italia, cantantes como Elodie o Annalisa también han recuperado la iconografía católica que hace décadas convirtió a Madonna en hereje oficial, pero sobre todo hay un boom de influencers que te enseñan cómo vestirte para ir a misa o te leen la Biblia por si tú no eres capaz. El fenómeno de los tiktokers que evangelizan es global: también se da en España, Latinoamérica y, a lo bestia, en Estados Unidos. Los expertos se preguntan si estamos ante un regreso de la espiritualidad. Afirman que la generación Z está perdida y desilusionada ante la falta de perspectivas laborales y necesitan volver a creer en algo. Nos dicen que estos fenómenos culturales reflejan lo que ocurre en el interior de muchas almas: la gente está volviendo a creer porque el capitalismo, ¡ay, dios!, les ha decepcionado.

Creer en Jesucristo puede que esté de moda, como lo está desde hace ya algunos años creer en la meditación y en el yoga. Pero en todos estos análisis se olvidan de que la solidaridad también estaba incluida en el cristianismo original. Pero en esta nueva ola nadie dice «ayudemos al prójimo», «creo en Dios porque él me ha enseñado que hay que luchar contra las injusticias».? ? Al contrario, creer parece ser parte del culto al yo: «Voy a meditar para sentirme mejor», cuando los verdaderos budistas meditan por la paz en el mundo. En la película Los domingos, el mensaje es acrítico: «Voy a hacerme monja porque he sentido la llamada de Dios», y punto. Otra muestra más del individualismo desmedido del siglo XXI, en realidad un subproducto de ese mismo capitalismo contra el que, en teoría, se rebela esa vuelta a la fe. Pero… ¿y si estas manifestaciones cristianas que ahora pincelan nuestra cultura pop simbolizaran algo mucho menos inocente? ¿El reflejo, en formato consumible, de esos tiempos oscuros con los que nos amenazan desde múltiples frentes ideológicos? Porque no hay que olvidar que en el Proyecto 2025, la hoja de ruta de Trump, el cristianismo, en su vertiente más rancia, guía muchas de las decisiones políticas: la única familia es la formada por un hombre y una mujer, el aborto es pecado, los inmigrantes amenazan a la raza blanca y podría sustituirla si no los echamos, la mujer tiene una sola misión: dedicarse a la crianza, y toda esa serie de valores ultraconservadores, racistas y machistas promovidos también a través de organizaciones como el Congreso Mundial de Familias o la Red Política por los Valores.

Esos centros de poder canalizan millones de euros que sirven para financiar a Vox y otros partidos ultraderechistas como Fratelli d’Italia. Con ese dinero ganan elecciones y así consiguen que esa ideología se convierta en legislación, como ya ha ocurrido en Hungría, el modelo político de éxito para la ultraderecha cristiana. Seguramente también lo replicará Chile, donde José Antonio Kast, presidente de la Red Política por los Valores, acaba de ganar las elecciones.

Aviso a navegantes: si no estamos alerta no va a ser solo Rosalía la que se vista de monja con fines comerciales sino tu compañera, tu madre o tu hermana, y no precisamente para vender discos, sino para que no la quemen en una hoguera. Porque además, las brujas han vuelto. En el nuevo relato ultraderechista, bruja es el insulto más utilizado contra la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y contra toda mujer que defienda públicamente hoy cualquier idea progresista. Ideas que hasta hace unos años eran consideradas mainstream –desde la igualdad de género a la defensa de los inmigrantes–, pero que, con el empoderamiento de la ultraderecha, se han convertido en asuntos de… brujas.?

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