Los montes no arden solos. Arden por décadas de abandono político, por el incumplimiento de la Ley de Montes y por una crisis climática agravada por quienes siguen frenando las políticas ambientales. Todo ello pone en jaque a las poblaciones rurales y la enorme biodiversidad de los espacios naturales.

Ecologistas en Acción del País Valenciano expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el incendio forestal que asola la Serra d’Espadà y que ya alcanza las 10.000 hectáreas. Queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad a quienes han tenido que abandonar sus viviendas, a quienes han perdido parte de su patrimonio y a toda la población que contempla con impotencia cómo se afecta gravemente un espacio natural de enorme valor ecológico, la Serra d’Espadà.

Asimismo, queremos reconocer y agradecer el extraordinario trabajo de bomberos y bomberas, brigadas forestales, agentes medioambientales, personal de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y voluntariado, que, con enorme profesionalidad y poniendo en riesgo su propia integridad, están haciendo todo lo posible para frenar un incendio de una intensidad extraordinaria.

Sin embargo, la solidaridad no puede convertirse en silencio y recordemos que, en el País Valenciano, el 68 % de las causas de los incendios forestales durante el periodo 2015-2024, son provocados por el ser humano debido a negligencias de todo tipo, como colillas, quema de rastrojos y restos de poda, incendiarios y pirómanos, intereses especulativos diversos, infraestructuras eléctricas en mal estado, urbanismo desbocado, etc.

Cada verano asistimos al mismo relato: se habla de «catástrofe natural», de «circunstancias excepcionales» o de «condiciones meteorológicas extremas». Pero la realidad es mucho más incómoda: los grandes incendios forestales son también consecuencia de decisiones políticas inadecuadas a nivel urbanístico, forestal, agrícola, social y rural, así como incumplimientos legales y de un modelo territorial profundamente insostenible.

La Ley de Montes establece la obligación de gestionar adecuadamente los terrenos forestales, reducir el riesgo de incendios y conservar los montes en condiciones que minimicen su vulnerabilidad. Estas obligaciones corresponden tanto a los propietarios forestales como a las administraciones públicas encargadas de garantizar su cumplimiento.

Sin embargo, durante años se ha permitido que miles de hectáreas cultivadas permanezcan abandonadas por la falta de rentabilidad económica, con la consiguiente acumulación de biomasa, mientras desaparecen la agricultura, la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales sostenibles que históricamente mantenían un paisaje diverso, en mosaico, y más resistente al fuego.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes incumplen sus obligaciones como propietarios. También corresponde a las administraciones municipales y a la Generalitat Valenciana, que tienen el deber legal de vigilar, planificar, inspeccionar y dotar de recursos suficientes a la prevención. Durante demasiado tiempo se ha preferido gestionar la emergencia antes que evitarla, manteniendo políticas de prevención y extinción de incendios que han quedado obsoletas con respecto a las características de los incendios actuales.

Llevamos décadas construyendo una política forestal que actúa cuando el monte ya está ardiendo. Se invierten cientos de millones de euros en sofisticados medios de extinción —absolutamente necesarios— mientras la prevención continúa siendo la gran olvidada de los presupuestos públicos. Por esa razón, desde Ecologistas en Acción priorizamos una mayor inversión en prevención que en extinción.

Para colmo se ha permitido ocupar el territorio de forma masiva con urbanizaciones, casas y casetas, tanto legales como alegales o claramente ilegales, construidas muchas de ellas en lugares inadecuados sin valorar el riesgo de incendios forestales y que, cuando arden el bosque, son objeto de defensa prioritaria (orden de prioridad: personas, núcleos habitados y, por último, el «medio natural»).

Pero existe otro responsable importantísimo que agrava cada verano la tragedia: la crisis climática. Las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, la pérdida de humedad de los ecosistemas y los episodios de viento intenso están creando unas condiciones ideales en las que cualquier incendio puede transformarse en pocas horas en un megaincendio prácticamente imposible de controlar.

La comunidad científica lleva más de cinco décadas advirtiéndolo. Sin embargo, seguimos asistiendo al retraso de las políticas climáticas, a la expansión de infraestructuras que incrementan las emisiones, al crecimiento del tráfico motorizado, a la dependencia de los combustibles fósiles y al debilitamiento de las políticas de protección ambiental.

Negar la relación entre cambio climático y grandes incendios, o continuar retrasando las medidas necesarias para reducir las emisiones, significa aceptar que cada verano será más peligroso que el anterior.

El incendio que afecta a la Serra d’Espadà no debe analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una nueva realidad climática para la que muchas administraciones siguen sin prepararse. Su biodiversidad se ha visto altamente dañada, con la pérdida de hábitats pratense y forestal de numerosas especies de invertebrados y vertebrados. Han muerto calcinados miles de especies cuya movilidad es reducida (insectos, anfibios, reptiles, etc.). Al coincidir con la época de cría, miles de pollos de especies de aves forestales se habrán visto seriamente afectadas, como insectívoras, rapaces diurnas y nocturnas, mamíferos como murciélagos, etc.

Muchas especies de aves insectívoras, como aviones, vencejos y golondrinas perderán sus fuentes de alimento tan necesarias para acabar con las polladas de los pueblos y ciudades, y para acumular grasa de cara a su inminente viaje migratorio a África. Y como no, miles de mamíferos desplazados o heridos. Se perderá flora endémica y amenazada, insectos polinizadores. ¡Las consecuencias de un macroincendio son dantescas!

Afortunadamente, la Serra d’Espadà verá, en poco años, cómo su vegetación y su arbolado formado por alcornoques rebrotará, pues se trata de una especie muy adaptada al fuego y de gran resistencia, teniendo una gruesa corteza de corcho que lo protege, con altos índices de supervivencia y rebrote; y las especies que han sobrevivido, poco a poco, irán colonizando sus tierras en función de su presencia de alimento.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos un cambio radical de las políticas forestales y climáticas. Exigimos que la prevención deje de ser un discurso y se convierta en una prioridad presupuestaria permanente, con inversión estable durante todo el año en gestión forestal, restauración ecológica, recuperación del mosaico agroforestal, apoyo a la agricultura y ganadería extensivas, empleo forestal público y fijación de población en el medio rural.

Exigimos igualmente una política climática mucho más ambiciosa, capaz de reducir de forma efectiva las emisiones responsables del calentamiento global y de adaptar el territorio a unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas.

Cuando el incendio quede extinguido será necesario investigar rigurosamente sus causas y evaluar también si las obligaciones legales de prevención se estaban cumpliendo adecuadamente. La sociedad tiene derecho a conocer no sólo cómo empezó el fuego, sino también por qué alcanzó semejante capacidad destructiva.

La mayor muestra de respeto hacia quienes hoy se juegan la vida apagando las llamas consiste en impedir que dentro de unos meses vuelvan a enfrentarse a otro incendio de dimensiones similares. No basta con agradecer su trabajo, hay que cambiar las políticas que hacen que cada verano sea peor que el anterior.

Porque los montes no arden solos, el factor humano es determinante. Muchos de los incendios se generan en espacios antropizados y los montes arden cuando se abandonan, cuando no se cumple la legislación forestal, cuando se vacía el medio rural y cuando se sigue alimentando una crisis climática que convierte cada incendio en una amenaza cada vez más devastadora.La mejor política contra los incendios empieza mucho antes de que aparezca la primera llama.

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Les muntanyes no cremen soles. Cremen per dècades d’abandó polític, per l’incompliment de la Llei de Monts i per una crisi climàtica agreujada pels qui continuen frenant les polítiques ambientals. Tot això posa en escac a les poblacions rurals i l’enorme biodiversitat dels espais naturals.

Ecologistes en Acció del País Valencià expressa la seua més profunda solidaritat amb totes les persones afectades per l’incendi forestal que assola la Serra d’Espadà i que ja assoleix les 10.000 hectàrees. Volem traslladar el nostre suport i solidaritat als qui han hagut d’abandonar els seus habitatges, als qui han perdut part del seu patrimoni i a tota la població que contempla amb impotència com s’afecta greument un espai natural d’enorme valor ecològic, la Serra d’Espadà.

Així mateix, volem reconéixer i agrair l’extraordinari treball de bombers i bomberes, brigades forestals, agents mediambientals, personal d’emergències, forces i cossos de seguretat, personal tècnic i voluntariat, que, amb enorme professionalitat i posant en risc la seua pròpia integritat, estan fent tot el possible per a frenar un incendi d’una intensitat extraordinària.

No obstant això, la solidaritat no pot convertir-se en silenci i recordem que, al País Valencià, el 68% de les causes dels incendis forestals durant el període 2015-2024, són provocats per l’ésser humà degut a negligències de tota mena, com a burilles, crema de restolls i restes de poda, incendiaris i piròmans, interessos especulatius diversos, infraestructures elèctriques en mal estat, urbanisme desbocat, etc.

Cada estiu assistim al mateix relat: es parla de «catàstrofe natural», de «circumstàncies excepcionals» o de «condicions meteorològiques extremes». Però la realitat és molt més incòmoda: els grans incendis forestals són també conseqüència de decisions polítiques inadequades a nivell urbanístic, forestal, agrícola, social i rural, així com incompliments legals i d’un model territorial profundament insostenible.

La Llei de Monts estableix l’obligació de gestionar adequadament els terrenys forestals, reduir el risc d’incendis i conservar les muntanyes en condicions que minimitzen la seua vulnerabilitat. Aquestes obligacions corresponen tant als propietaris forestals com a les administracions públiques encarregades de garantir el seu compliment.

No obstant això, durant anys s’ha permés que milers d’hectàrees cultivades romanguen abandonades per la falta de rendibilitat econòmica, amb la consegüent acumulació de biomassa, mentre desapareixen l’agricultura, la ramaderia extensiva i els aprofitaments forestals sostenibles que històricament mantenien un paisatge divers, en mosaic, i més resistent al foc.

Però la responsabilitat no recau únicament en els qui incompleixen les seues obligacions com a propietaris. També correspon a les administracions municipals i a la Generalitat Valenciana, que tenen el deure legal de vigilar, planificar, inspeccionar i dotar de recursos suficients a la prevenció. Durant massa temps s’ha preferit gestionar l’emergència abans que evitar-la, mantenint polítiques de prevenció i extinció d’incendis que han quedat obsoletes respecte a les característiques dels incendis actuals.

Portem dècades construint una política forestal que actua quan la muntanya ja està cremant. S’inverteixen centenars de milions d’euros en sofisticats mitjans d’extinció —absolutament necessaris— mentre la prevenció continua sent la gran oblidada dels pressupostos públics. Per eixa raó, des d’Ecologistes en Acció prioritzem una major inversió en prevenció que en extinció.

A sobre, s’ha permés ocupar el territori de manera massiva amb urbanitzacions, cases i casetes, tant legals com alegals o clarament il·legals, construïdes moltes d’elles en llocs inadequats sense valorar el risc d’incendis forestals i que, quan cremen el bosc, són objecte de defensa prioritària (ordre de prioritat: persones, nuclis habitats i, finalment, el «medi natural»).

Però existeix un altre responsable importantíssim que agreuja cada estiu la tragèdia: la crisi climàtica. Les temperatures extremes, les sequeres prolongades, la pèrdua d’humitat dels ecosistemes i els episodis de vent intens estan creant unes condicions ideals en les quals qualsevol incendi pot transformar-se en poques hores en un megaincendi pràcticament impossible de controlar.

La comunitat científica porta més de cinc dècades advertint-ho. No obstant això, continuem assistint al retard de les polítiques climàtiques, a l’expansió d’infraestructures que incrementen les emissions, al creixement del trànsit motoritzat, a la dependència dels combustibles fòssils i a l’afebliment de les polítiques de protecció ambiental.

Negar la relació entre canvi climàtic i grans incendis, o continuar retardant les mesures necessàries per a reduir les emissions, significa acceptar que cada estiu serà més perillós que l’anterior.

L’incendi que afecta la Serra d’Espadà no ha d’analitzar-se com un fet aïllat. Forma part d’una nova realitat climàtica per a la qual moltes administracions segueixen sense preparar-se. La seua biodiversitat s’ha vist altament danyada, amb la pèrdua d’hàbitats de prat i forestal de nombroses espècies d’invertebrats i vertebrats. Han mort calcinats milers d’espècies la mobilitat de les quals és reduïda (insectes, amfibis, rèptils, etc.). En coincidir amb l’època de cria, milers de pollastres d’espècies d’aus forestals s’hauran vist seriosament afectades, com a insectívores, rapinyaires diürns i nocturns, mamífers com a ratpenats, etc.

Moltes espècies d’aus insectívores, com a avions, falcies i oronetes perdran les seues fonts d’aliment tan necessàries per a acabar amb les cries dels pobles i ciutats, i per a acumular greix de cara al seu imminent viatge migratori a Àfrica. I com no, milers de mamífers desplaçats o ferits. Es perdrà flora endèmica i amenaçada, insectes pol·linitzadors. Les conseqüències d’un macroincendi són dantesques!

Afortunadament, la Serra d’Espadà veurà, en poc anys, com la seua vegetació i el seu arbratge format per sureres rebrotarà, perquè es tracta d’una espècie molt adaptada al foc i de gran resistència, tenint una gruixuda escorça de suro que ho protegeix, amb alts índexs de supervivència i rebrot; i les espècies que han sobreviscut, a poc a poc, aniran colonitzant les seues terres en funció de la seua presència d’aliment.

Des d’Ecologistes en Acció reclamem un canvi radical de les polítiques forestals i climàtiques. Exigim que la prevenció deixe de ser un discurs i es convertisca en una prioritat pressupostària permanent, amb inversió estable durant tot l’any en gestió forestal, restauració ecològica, recuperació del mosaic agroforestal, suport a l’agricultura i ramaderia extensives, ocupació forestal públic i fixació de població en el medi rural.

Exigim igualment una política climàtica molt més ambiciosa, capaç de reduir de manera efectiva les emissions responsables del calfament global i d’adaptar el territori a unes condicions meteorològiques cada vegada més extremes.

Quan l’incendi quede extingit serà necessari investigar rigorosament les seues causes i avaluar també si les obligacions legals de prevenció s’estaven complint adequadament. La societat té dret a conéixer no sols com va començar el foc, sinó també per què va aconseguir semblant capacitat destructiva.

La major mostra de respecte cap als qui hui es juguen la vida apagant les flames consisteix a impedir que d’ací a uns mesos tornen a enfrontar-se a un altre incendi de dimensions similars. No n’hi ha prou amb agrair el seu treball, cal canviar les polítiques que fan que cada estiu siga pitjor que l’anterior.

Perquè les muntanyes no cremen sols, el factor humà és determinant. Molts dels incendis es generen en espais antropitzats i les muntanyes cremen quan s’abandonen, quan no es compleix la legislació forestal, quan es buida el medi rural i quan es continua alimentant una crisi climàtica que converteix cada incendi en una amenaça cada vegada més devastadora. La millor política contra els incendis comença molt abans que aparega la primera flama.

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• Ecologistas en Acción Ávila muestra su solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Burgohondo y agradece el trabajo del operativo de extinción y emergencias.
• La organización demanda adaptar la gestión forestal a la emergencia climática, poner ya planes de prevención y actuación local así como un plan integral de restauración de las zonas afectadas.

Ecologistas en Acción Ávila quiere trasladar su solidaridad a todas las personas afectadas por el incendio de Burgohondo, a la vez que reconocer el inmenso trabajo de los servicios de extinción y emergencias, agentes medioambientales, brigadas forestales, cuerpos de seguridad, voluntariado y todas las personas que están colaborando en la emergencia y en la atención a las personas evacuadas.

La organización lamenta profundamente la pérdida de viviendas, bienes y medios de vida, así como los daños ocasionados a espacios naturales de enorme valor, como la Reserva Natural del Valle de Iruelas y los pinares del Alto Tiétar.

Para Ecologistas en Acción, la magnitud de este incendio, que ya ha calcinado unas 50.000 Ha, debe marcar un punto de inflexión en la prevención y gestión del territorio. El cambio climático está generando temperaturas más elevadas, sequías y condiciones que favorecen incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Esta nueva realidad, se une al abandono rural y exige adaptar las políticas forestales y de prevención.

Prevención mucho más allá de simples desbroces

Las actuales condiciones exigen actuar estratégicamente sobre el territorio: recuperar el mosaico agroforestal, apoyar la ganadería extensiva y otras actividades rurales sostenibles, gestionar las zonas especialmente vulnerables y que son claves en la extinción de incendios.

Los pueblos deberían ser los primeros en ponerse al frente, asegurando tener planes de emergencia ante incendios. A pesar de sufrir cada año los incendios, la mayoría de los municipios de los valles del Tiétar y el Alberche ni siquiera cuentan con franjas de seguridad alrededor de los municipios. Algo que debería ser una prioridad en los presupuestos municipales, a juicio de la organización.

Ecologistas en Acción reclama también un urbanismo adaptado a la emergencia climática, que evite aumentar la exposición de viviendas y población en la interfaz urbano-forestal y que acabe con el urbanismo disperso, que resulta especialmente peligroso para las personas.

A escala más global, es crucial luchar contra el cambio climático, con políticas que abandonen el uso de los combustibles fósiles. Ya estamos viendo lo vulnerable que es nuestro país ante los fenómenos meteorológicos extremos, que seguirán agravándose si no se actúa.

Es imprescindible luchar contra la desinformación y los bulos. Desde la organización aseguramos que no hay ninguna norma que prohíba los desbroces ni que desde las organizaciones ecologistas los desaconsejan.

Finalmente, exigen un plan integral de restauración ambiental para las zonas afectadas, que proteja los recursos de agua, los suelos y garantice la supervivencia de especies de las zonas quemadas, como el buitre negro. Ante ese plan, es necesario abrir un debate sobre el tremendo riesgo de las viviendas en las zonas forestales, sobre todo las casas aisladas.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila:” En cuanto las llamas se apaguen debemos mirar hacia adelante.¡ Basta ya! O adaptamos la gestión del territorio a la emergencia climática, o tendremos incendios cada vez más difíciles de controlar y con consecuencias cada vez más devastadoras.

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Ecologistes en Acció de València denuncia que la apuesta por el vehículo privado está agravando la contaminación, el ruido, la inseguridad vial y el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía.

València vive un deterioro creciente de su movilidad. Cada día, miles de personas sufren atascos interminables, autobuses atrapados entre coches, contaminación atmosférica y acústica, y un espacio público cada vez más ocupado por el vehículo privado. El resultado es una ciudad menos saludable, menos habitable y más desigual.

Desde Ecologistes en Acció de València denunciamos que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de unas decisiones políticas que han vuelto a priorizar el coche frente al transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Mientras las grandes ciudades europeas avanzan hacia modelos urbanos con menos tráfico y más calidad de vida, València corre el riesgo de retroceder décadas en materia de movilidad sostenible.

La congestión del tráfico no se resuelve construyendo más carriles ni facilitando la entrada de más automóviles. La experiencia internacional demuestra que aumentar la capacidad viaria genera más tráfico, más emisiones y nuevos atascos. Es un círculo vicioso que solo beneficia a un modelo de movilidad insostenible.

Las consecuencias son evidentes:

• Incremento de la contaminación atmosférica y de las emisiones responsables del cambio climático.
• Más ruido, con graves efectos sobre la salud física y mental de la población.
• Autobuses cada vez más lentos y menos competitivos al quedar atrapados en la congestión del tráfico.
• Mayor ocupación del espacio público por vehículos estacionados y en circulación, reduciendo el espacio destinado a las personas.
• Incremento del riesgo de siniestros viales y pérdida de autonomía para niños, personas mayores y personas con movilidad reducida.

Diversos datos municipales y el debate público han reflejado incrementos significativos de la circulación en varias de las principales vías urbanas durante 2025, coincidiendo con decisiones orientadas a favorecer el tráfico motorizado privado.

Para Ecologistes en Acció, el problema no es que haya demasiadas personas moviéndose, sino que se sigue fomentando el modo de transporte más ineficiente para desplazar personas dentro de una ciudad: el automóvil privado. Un coche transporta, de media, poco más de una persona y ocupa decenas de metros cuadrados cuando circula o permanece aparcado. No existe ninguna ciudad europea capaz de absorber un uso masivo del vehículo privado sin colapsarse.

La solución pasa por hacer exactamente lo contrario de lo que se está haciendo:

• Reforzar de manera urgente la EMT, aumentando frecuencias y velocidad comercial mediante carriles bus realmente protegidos.
• Completar una Zona de Bajas Emisiones ambiciosa que reduzca el tráfico y mejore la calidad del aire.
• Recuperar espacio público para peatones, arbolado y carriles bici seguros.
• Desincentivar el uso cotidiano del automóvil privado mediante políticas de movilidad coherentes.
• Favorecer la intermodalidad con Metrovalencia, Cercanías y la red ciclista metropolitana.

No es aceptable que el transporte público pierda competitividad porque los autobuses permanezcan atrapados en los mismos atascos que pretenden evitar. Las dificultades que denuncian usuarios y trabajadores de la EMT muestran cómo el incremento de la congestión repercute directamente en la calidad del servicio.

La movilidad debe entenderse como un derecho, no como la obligación de utilizar un vehículo privado. Una ciudad diseñada para los coches acaba siendo una ciudad hostil para las personas. En cambio, una ciudad que apuesta por el transporte colectivo, la bicicleta y los desplazamientos a pie es una ciudad más saludable, más silenciosa, más segura y socialmente más justa.

Ecologistes en Acció de València exige al Ayuntamiento un cambio de rumbo inmediato. Continuar alimentando la dependencia del automóvil solo conseguirá más atascos, más contaminación y una peor calidad de vida para toda la ciudadanía.

València no necesita más coches; necesita más espacio para vivir.

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Con la tercera ola de calor del verano, la contaminación del aire por ozono acumula desde el pasado sábado 18 de julio en la ciudad de Valladolid cinco días consecutivos de superación del valor objetivo para la protección de la salud, establecido por la normativa vigente en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire.

En lo que llevamos de verano se trata del tercer episodio de este contaminante, que en el año 2023 ocasionó en la provincia de Valladolid hasta 110 muertes prematuras, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), cebándose en la población infantil y anciana, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

Pese a anticipar esta emergencia desde el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Valladolid ha demorado hasta el martes la activación de la Situación 2 de su Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, ciñendo en esta ocasión las medidas de restricción del tráfico ordenadas a la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora, en unas calles del casco histórico ya limitadas a la misma de forma ordinaria.

En opinión de Ecologistas en Acción, esta medida es una burla para las miles de personas afectadas por la contaminación del aire en nuestra ciudad, que son así abandonadas a su suerte por las autoridades municipales. Por ello, la organización ambiental ha solicitado al Alcalde de Valladolid que sin más dilación ordene hoy la restricción completa del tráfico en el interior de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, bajo su directa y personal responsabilidad

Al mismo tiempo, dada la profusión de episodios de contaminación por ozono y la escasa eficacia de las medidas adoptadas en los dos episodios anteriores de este verano, Ecologistas en Acción ha pedido al Alcalde que ponga en marcha la revisión de las medidas del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, solicitándole una reunión para analizar la aplicación del Plan y su necesaria mejora.

En concreto, la organización ambiental considera necesaria la extensión del ámbito de la Zona de Bajas Emisiones hasta la ronda interior de Valladolid, para filtrar todo el tráfico metropolitano de entrada a la ciudad y extender sus beneficios ambientales y sanitarios a los barrios, siguiendo el modelo de ciudades como Barcelona, Madrid o Pontevedra, con zonas de bajas emisiones que abarcan la mayor parte de dichas urbes, para reducir su tráfico interno.

Esta medida debería acompañarse del refuerzo del transporte público eléctrico, en especial mediante la creación de un verdadero transporte metropolitano que podría procurar Auvasa, con la adecuada financiación por parte de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. La liberación de espacio público por la menor circulación de automóviles potenciaría asimismo la movilidad activa peatonal y ciclista, reduciendo el ruido y la siniestralidad.

Otras medidas necesarias para reducir el ozono durante los episodios de alta contaminación en Valladolid y su entorno pasan por limitar el uso de disolventes orgánicos en actividades industriales y usos domésticos, evitar el suministro de combustibles en las horas centrales del día, reducir la velocidad máxima en las rondas de circunvalación y las autovías que confluyen en la ciudad o limitar el acceso motorizado a un gran centro comercial como Río Shopping.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

En episodios de contaminación por ozono situaciones como el que estamos viviendo en esta semana con la ola de calor, las personas más vulnerables deben evitar exponerse a este contaminante en el exterior de sus viviendas, evitando esfuerzos desacostumbrados al aire libre. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando el arbolado urbano, los parques y los bosques, y reduciendo la productividad de los cultivos.

La entrada El Ayuntamiento de Valladolid se burla de las personas afectadas por la contaminación del aire aparece primero en Ecologistas en Acción.

La veda parcial acordada por el Gobierno asturiano es una medida positiva, pero manifiestamente insuficiente; de hecho, las declaraciones del consejero denotan una orientación de las actuaciones en torno al salmón y la situación de los ríos muy negativa en varios aspectos.

Es positivo que se restrinja la pesca del salmón, aunque la prohibición debería ser total, de forma que se excluya también la pesca del campanu y de individuos para desove y repoblación; el colectivo investigador especializado en este campo viene manifestando repetidamente que las campañas de repoblación que se desarrollan año tras año son contraproducentes, y de hecho no se aprecia que hayan dado lugar a ningún aumento o recuperación de la población.

Las afirmaciones del consejero referentes a que toma decisiones con fundamento en criterios científicos no se sostienen en la realidad: la comunidad científica viene manifestándose en sentido contrario a sus manifestaciones y resoluciones. Nunca ha hecho públicos informes que justifiquen las medidas que viene aprobando. Si realmente dispone de algún informe científico, elaborado por personal científico independiente, sin conflictos de intereses, debería hacerlo público para dar lugar a un debate fundamentado en datos y análisis con metodología científica con quienes sostienen posturas diferentes.

La defensa de que el salmón no se incluya en el Lespre es una decisión política contraria a la naturaleza del catálogo de especies en peligro y a la evidencia científica de cuál es el estado de la especie, reflejado en el informe presentado por Saxífraga, la sociedad que instó la inclusión en el catálogo.

La protección del salmón debe pasar, además de por su inclusión en el Lespre y por la consiguiente prohibición de su pesca, por toda una serie de medidas orientadas a la recuperación del medio natural: eliminación de obstáculos a su circulación por los ríos (azudes y presas en desuso; implementación de escalas practicables en las presas que sigan en uso); mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera (acabando con la práctica ya muy frecuente últimamente de eliminar la vegetación de la ribera con motivo de cualquier actuación en la proximidad de los ríos, y a veces incluso sin ninguna otra razón aparente), que son hábitats protegidos y de especial valor; eliminación de los vertidos a los ríos, con persecución de quienes sigan realizándolos; limpieza de los cauces, referida a lo que realmente es suciedad (plásticos y otros residuos humanos), no a la de restos vegetales que ayudan a reducir la velocidad del agua y crean espacios de refugio para numerosas especies; eliminación de especies invasivas; recuperación de las áreas inundables, eliminando construcciones o infraestructuras ilegales; y la regulación de las actividades recreativas asociadas a los cauces fluviales, para no sobrepasar su «capacidad de carga», en particular en cuanto a la navegación con piraguas, canoas, etc. Y, en un marco mucho más amplio, medidas para limitar y adaptarse al calentamiento global.

Resultaría de especial interés que nuestra Comunidad Autónoma participara en los proyectos de investigación y en el diseño e implementación de programas y medidas para la protección y recuperación del salmón atlántico que se estén llevando a cabo en otros territorios que también son hábitat de esta especie.

En cuanto a las declaraciones del consejero sobre el control de supuestos depredadores, mencionando a cormoranes, lubinas y nutrias, debe recordarse que la matanza de cormoranes que viene realizándose desde hace años no tiene ninguna justificación científica y no hay ninguna evidencia de que la importante reducción de ejemplares de esa especie haya dado lugar a mejora alguna en la situación del salmón, ni expectativa real de que pueda tenerla. Otro tanto cabe decir de la lubina, la nutria o cualquier otra especie animal que habita los ríos. Sería especialmente lamentable que después del éxito que ha supuesto la recuperación de la nutria en las últimas décadas gracias a la reducción de la contaminación de algunos ríos ahora se piense en eliminarlas en razón de una medida populista sin perspectiva alguna de que pueda tener cualquier tipo de repercusión favorable para la recuperación del salmón. En cualquier caso, la matanza de animales supone una actuación éticamente inaceptable y que pone en cuestión la escala moral de quien la propone y la autoriza, máxime cuando se hace por razones puramente populistas, sin justificación objetiva defendible.

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• Les al·legacions finals denuncien que l’expedient continua incomplet i no avalua adequadament el núvol tòxic, l’efecte dominó, el subministrament elèctric ni els abocaments al medi marí.
• La resposta social confirma la preocupació per la planta, i el 10 de juliol la coordinadora, formada per agrupacions veïnals, socials, ecologistes i sindicals, van registrar prop a 3.600 al·legacions ciutadanes.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat catorze blocs d’al·legacions finals a la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada d’Armonia Green Castellón SL per a instal·lar una planta de producció i emmagatzematge d’amoníac al Serrallo, al polígon industrial adjacent al Port de Castelló, que comptarà amb una producció prevista superior a mig milió de tones anuals a la fase final del projecte.

La Federació reclama que la Generalitat denegue l’autorització i emeta una declaració d’impacte ambiental desfavorable per les deficiències essencials detectades en seguretat, participació pública, energia i protecció del medi marí.

Estes al·legacions culminen una sèrie d’accions que començaren en 2025 quan, Ecologistes en Acció, va presentar observacions crítiques al document inicial del Projecte d’Interés Autonòmic. A principis de juny de 2026 va denunciar davant la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental l’absència de documents de seguretat; i després va demanar la suspensió de la informació pública i va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges.

No obstant això, la primera deficiència continua sense resoldre’s: l’Informe de Seguretat i el Pla d’Autoprotecció o d’Emergència Interior no van ser sotmesos a informació pública, malgrat que la promotora reconeix que la instal·lació estaria afectada pel nivell superior de la normativa d’accidents greus (Directiva Seveso III). Sense estos documents, la ciutadania no ha pogut conèixer íntegrament els possibles accidents, les mesures preventives i correctores ni la resposta prevista davant una emergència.

Les al·legacions també advertixen que el projecte no incorpora un estudi específic de dispersió del possible núvol tòxic derivat d’una fuga massiva o d’un accident als dos grans dipòsits, amb una capacitat conjunta pròxima a 56.000 tones d’amoníac. La documentació associa al pitjor escenari considerat una distància de l’1 % de letalitat de 3.563 metres.

A més, l’informe de l’Agència de Seguretat i Emergències de la pròpia Generalitat Valenciana, signat en juliol de 2025, va ser desfavorable i va concloure que les zones d’intervenció i alerta i les mesures previstes no permetien assegurar la protecció de la població. En un dels escenaris analitzats, la zona d’alerta superava els 5,5 quilòmetres. Les mesures correctores d’una addenda de març de 2026 tampoc s’han incorporat al projecte bàsic ni a la memòria tècnica.

Tampoc s’ha estudiat adequadament l’efecte dominó en un polígon que concentra establiments sotmesos a la normativa Seveso, com BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. L’amonoducte projectat travessaria el Serrallo fins al Port, prop de dipòsits i instal·lacions amb substàncies perilloses. Per això, Ecologistes en Acció reclama una avaluació conjunta dels riscos i l’actualització dels plans d’emergència exterior i del PLATEMCAS.

Per altra banda, el projecte planteja potències contradictòries i arriba fins als 850,3 MW. Segons la memòria, el consum anual se situaria entre 5,6 i 6,6 TWh, una magnitud pròxima a una quarta part del consum elèctric valencià. No obstant això, no assegura la capacitat de connexió elèctrica suficient ni que l’electricitat siga efectivament renovable.

A banda, la línia exterior de 400 kV queda fora del projecte avaluat, una exclusió que la Federació ecologista considera un fraccionament de projectes contrari a la legislació ambiental. La producció d’amoníac s’exportaria íntegrament per via marítima a ports europeus, sense contribuir directament a la descarbonització de la indústria local.

En l’àmbit marí, el projecte preveu abocar uns 3,85 hm³ anuals de salmorra i altres aigües residuals. L’estudi no avalua adequadament els efectes acumulatius amb altres abocaments del Serrallo, la direcció real dels corrents marins, la ploma tèrmica —amb un efluent fins a 3 °C més calent—, la biocenosi marina ni el risc d’inundació de part de la parcel·la.

Les mancances afecten especialment la ZEPA Delta de l’Ebre–Illes Columbretes i les praderies de Posidonia oceanica pròximes. Les al·legacions qüestionen també els límits d’abocament, l’absència d’una dilució preventiva suficient, l’ús indeterminat d’antiincrustants i les deficiències dels estudis acústic, d’olors i de patrimoni cultural.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no s’oposa a la descarbonització, sinó a l’escala, l’emplaçament i la falta de garanties d’este projecte. Per això reclama que la Generalitat denegue l’Autorització Ambiental Integrada i descarte l’emplaçament proposat.

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

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• Las alegaciones finales denuncian que el expediente continúa incompleto y no evalúa adecuadamente la nube tóxica, el efecto dominó, el suministro eléctrico ni los vertidos al medio marino.
• La respuesta social confirma la preocupación por la planta, y el 10 de julio la coordinadora, formada por agrupaciones vecinales, sociales, ecologistas y sindicales, registraron cerca a 3.600 alegaciones ciudadanas.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado catorce bloques de alegaciones finales a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Armonia Green Castellón SL para instalar una planta de producción y almacenamiento de amoníaco al Serrallo, en el polígono industrial adyacente al Puerto de Castelló, que contará con una producción prevista superior a medio millón de toneladas anuales a la fase final del proyecto.

La Federación reclama que la Generalitat deniegue la autorización y emita una declaración de impacto ambiental desfavorable por las deficiencias esenciales detectadas en seguridad, participación pública, energía y protección del medio marino.

Estas alegaciones culminan una serie de acciones que empezaron en 2025 cuando, Ecologistes en Acció, presentó observaciones críticas al documento inicial del Proyecto de Interés Autonómico. A principios de junio de 2026 denunció ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la ausencia de documentos de seguridad; y después pidió la suspensión de la información pública y presentó una queja ante el Síndic de Greuges.

Sin embargo, la primera deficiencia continúa sin resolverse: el Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección o de Emergencia Interior no fueron sometidos a información pública, a pesar de que la promotora reconoce que la instalación estaría afectada por el nivel superior de la normativa de accidentes graves (Directiva Seveso III). Sin estos documentos, la ciudadanía no ha podido conocer íntegramente los posibles accidentes, las medidas preventivas y correctoras ni la respuesta prevista ante una emergencia.

Las alegaciones también advierten que el proyecto no incorpora un estudio específico de dispersión de la posible nube tóxica derivado de una fuga masiva o de un accidente a los dos grandes depósitos, con una capacidad conjunta próxima a 56.000 toneladas de amoníaco. La documentación asocia al peor escenario considerado una distancia del 1% de letalidad de 3.563 metros.

Además, el informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la propia Generalitat Valenciana, firmado en julio de 2025, fue desfavorable y concluyó que las zonas de intervención y alerta y las medidas previstas no permitían asegurar la protección de la población. En uno de los escenarios analizados, la zona de alerta superaba los 5,5 kilómetros. Las medidas correctoras de una adenda de marzo de 2026 tampoco se han incorporado al proyecto básico ni a la memoria técnica.
Tampoco se ha estudiado adecuadamente el efecto dominó en un polígono que concentra establecimientos sometidos en la normativa Seveso, como BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. El amonoducto proyectado atravesaría el Serrallo hasta el Puerto, cerca de depósitos e instalaciones con sustancias peligrosas. Por eso, Ecologistes en Acció reclama una evaluación conjunta de los riesgos y la actualización de los planes de emergencia exterior y del PLATEMCAS.
Por otro lado, el proyecto plantea potencias contradictorias y llega hasta los 850,3 MW. Según la memoria, el consumo anual se situaría entre 5,6 y 6,6 TWh, una magnitud próxima a una cuarta parte del consumo eléctrico valenciano. Sin embargo, no asegura la capacidad de conexión eléctrica suficiente ni que la electricidad sea efectivamente renovable. A banda, la línea exterior de 400 kV queda fuera del proyecto evaluado, una exclusión que la Federación ecologista considera un fraccionamiento de proyectos contrario a la legislación ambiental. La producción de amoníaco se exportaría íntegramente por vía marítima a puertos europeos, sin contribuir directamente a la descarbonización de la industria local.

En el ámbito marino, el proyecto prevé abocar unos 3,85 hm³ anuales de salmuera y otras aguas residuales. El estudio no evalúa adecuadamente los efectos acumulativos con otros vertidos del Serrallo, la dirección real de las corrientes marinas, la pluma térmica —con un efluente hasta 3 °C más caliente—, la biocenosis marina ni el riesgo de inundación de parte de la parcela.
Las carencias afectan especialmente la ZEPA Delta del Ebro–Iles Columbretes y las praderías de Posidonia oceanica próximas. Las alegaciones cuestionan también los límites de vertido, la ausencia de una dilución preventiva suficiente, el uso indeterminado de antiincrustantes y las deficiencias de los estudios acústico, de olores y de patrimonio cultural.

Por todo esto, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no se opone a la descarbonización, sino en la escalera, el emplazamiento y la falta de garantías de este proyecto. Por eso reclama que la Generalitat deniegue la Autorización Ambiental Integrada y descarto el emplazamiento propuesto.

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

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Discurs pronunciat per Luis Cerrillo, coordinador d’Ecologistes en Acció del País Valencià, durant l’entrega de Premis de Xúquer Viu el 10 de juliol de 2026 a Corbera.

En primer lloc, moltes gràcies per este Premi Aigua Clara 2026. És un immens honor rebre un reconeixement que prové d’una organització amb la qual compartim tantes lluites, tants espais de trobada i, sobretot, una maateixa manera d’entendre la defensa del territori.

Volem compartir este premi amb totes les persones que, des dels diferents grups d’Ecologistes en Acció del País Valencià, dediquen hores, esforç i il·lusió de forma completament voluntària. Sense elles, este reconeixement no tindria sentit. També ho compartim amb totes les persones i col·lectius que, des de fa dècades, han defensat els nostres rius, l’Albufera, les muntanyes, les platges, els aqüífers, l’horta i els nostres pobles enfront d’un model que continua tractant el territori com una mercaderia.

Per a nosaltres, defendre l’aigua mai ha sigut només una qüestió ambiental. Parlar d’aigua és parlar de justícia social, de salut, de biodiversitat, d’agricultura, de sobirania alimentària i de democràcia. Per això hem caminat tantes vegades al costat de Xúquer Viu reclamant cabals ecològics, denunciant la sobreexplotació dels aqüífers, oposant-nos a transvasaments especulatius i exigint una nova cultura de l’aigua que pose la vida en el centre.

Vivim temps difícils. L’emergència climàtica ja no és una amenaça futura, és una realitat que patim cada dia. Els fenòmens extrems, els incendis, les sequeres, les inundacions i la pèrdua accelerada de biodiversitat ens recorden que els límits ecològics existixen. No obstant això, continuem veient com s’impulsen macroprojectes energètics sense planificació, ampliacions d’infraestructures, nous processos d’urbanització, agressions al litoral i polítiques que anteposen els interessos econòmics d’uns pocs al bé comú.

Davant esta situació, l’ecologisme és hui més necessari que mai. No sols per a denunciar, sinó també per a proposar alternatives. Per a demostrar que és possible viure millor consumint menys territori, menys aigua i menys energia. Que la millor infraestructura és la que protegix els ecosistemes dels quals depenem. Que no pot haver-hi una economia sana sobre un territori degradat.

Este premi també ens recorda una cosa molt important: cap victòria és individual. Els avanços sempre són fruit del treball col·lectiu, de les aliances entre organitzacions, plataformes, comunitats locals, persones investigadores, sindicats, moviments socials i tantes persones anònimes que mai apareixen en els titulars, però que sostenen les lluites durant anys.

Per això volem aprofitar este moment per a reafirmar el nostre compromís de continuar treballant braç a braç amb Xúquer Viu i amb totes les organitzacions que defenem una terra viva, uns rius vius i un futur digne per a les generacions presents i futures.

Per a acabar, una idea que compartim plenament: l’aigua no és un recurs qualsevol; és un bé comú que sosté la vida. Defendre-la és defendre el país que volem construir.

Moltes gràcies per este premi, però, sobretot, moltes gràcies per seguir lluitant. Continuarem trobant-nos en els rius, als carrers i allí on siga necessari defendre la naturalesa i el bé comú.

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Les entitats denuncien els riscos per a la salut, el medi ambient i la seguretat i reclamen a la Generalitat que denegue l’autorització ambiental integrada

La Plataforma contra la planta d’amoníac d’Armonia Green, de la qual en forma part Ecologistes en Acció del País Valencià i l’Arquet-Ecologistes en Acció de la Vall d’Uixó, ha registrat al voltant de 3.000 al·legacions contra el projecte que l’empresa promou al polígon del Serrallo, entre el Grau de Castelló i Almassora.

Les al·legacions són el resultat de setmanes de treball conjunt entre les diferents associacions, col·lectius socials i entitats ecologistes que integren la plataforma, així com de la implicació de centenars de persones que han volgut mostrar el seu rebuig a una infraestructura que consideren incompatible amb la seguretat de la població i la protecció del territori.

A aquestos milers d’al·legacions registrades hui presencialment en l’oficina Prop de Castelló de la Plana per membres d’algunes de les entitats que conformen la plataforma, així com d’Intersindical Valenciana i CCOO del País Valencià se sumaran fins que acabe el termini a principi  de la setmana que ve les al·legacions telemàtiques i les aportades durant este cap de setmana per veins i veines principalment del Grau, Castelló i Almassora. Per això, la plataforma espera arribar a prop de les 5.000 al·legacions en total.

Fins el moment, la resposta ciutadana ha sigut especialment significativa als nuclis més pròxims al projecte. Les al·legacions presentades  equivalen a prop del 10% de la població censada a la Mar d’Almassora i a vora el 15% de les persones que viuen al Grau de Castelló, una participació molt poc habitual en un procés d’informació pública i que evidencia la preocupació i el rebuig social que desperta la planta d’amoníac entre el veïnat directament afectat.

La plataforma considera que aquesta elevada participació ciutadana demostra l’ampli rebuig social que genera el projecte i reclama a la Generalitat Valenciana que tinga en compte els arguments tècnics, ambientals i socials exposats abans de resoldre la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada.

La coordinació entre les diferents entitats va nàixer el passat mes de juny amb la constitució de la Plataforma contra la planta d’amoníac, integrada per associacions veïnals, col·lectius socials, organitzacions ecologistes i entitats de Castelló, el Grau i Almassora amb un objectiu compartit: impedir la implantació d’una activitat industrial d’alt risc en una de les zones amb major concentració d’indústries químiques del País Valencià.

Des de la seua constitució, la plataforma ha desenvolupat una intensa campanya informativa amb xarrades obertes, taules informatives als mercats, repartiment de material divulgatiu i assessorament per facilitar la presentació d’al·legacions per part de la ciutadania. Aquest treball ha permés traslladar als veïns i veïnes la informació disponible sobre els riscos associats al projecte i mobilitzar una resposta ciutadana sense precedents.

Entre els principals arguments de les al·legacions destaquen l’increment del risc industrial en un entorn ja altament saturat, els possibles efectes d’un accident greu sobre els nuclis habitats pròxims, l’impacte ambiental i paisatgístic del projecte, així com les deficiències detectades en la documentació sotmesa a informació pública. En aquest sentit, diferents entitats han denunciat també la manca d’informació essencial per avaluar adequadament els riscos de la instal·lació.

La plataforma ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han presentat al·legacions i de les associacions que han fet possible aquesta mobilització ciutadana. Així mateix, ha advertit que la presentació d’al·legacions és només el primer pas d’una campanya que continuarà amb noves accions informatives, institucionals i de mobilització social fins aconseguir que el projecte siga definitivament descartat.

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• La ciudad de Madrid y su área metropolitana están muy atrás en el uso de la bicicleta como medio de transporte en relación a otras ciudades y países de nuestro entorno.
• El principal motivo de esta situación es la falta de carriles bici segregados y seguros.
• Ecologistas en Acción de Madrid analiza esta situación en un informe en el que propone medidas para mejorar la sostenibilidad de nuestro transporte.

Madrid y su entorno metropolitano acumulan un fuerte retraso en movilidad ciclista en relación a las ciudades y regiones de su entorno. Pese a los discursos oficiales, la capital y la Comunidad de Madrid han avanzado muy poco en movilidad sostenible y en particular en el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte.

Como se puede comprobar en este informe elaborado por Ecologistas en Acción de Madrid, en Madrid sólo se producen un 1,3% de viajes en bicicleta en el interior de la M-30 frente al resto de medios de transporte, incluidos los desplazamientos a pie. Mientras, otras ciudades europeas multiplican por 30 esta proporción, como Ámsterdam con un 39%. Grandes capitales como París o Berlín tienen un 11 y un 18% de desplazamientos en bicicleta.

Conviene recordar que esta situación no ha sido siempre así. A principios de los años 70 del siglo pasado Ámsterdam era una ciudad congestionada atestada de coches. Pero el aumento de los accidentes de tráfico, y en especial el trágico número de atropellos y muertes de niños, provocó el nacimiento del movimiento “Stop de Kindermoord” (Alto al asesinato de niños). A esto se sumó la crisis del petróleo de 1973, lo que obligó al gobierno a replantearse el diseño urbano y a priorizar la seguridad de los ciclistas. La construcción de carriles bici segregados y bien diseñados fue clave para la explosión en el uso de la bicicleta que es tan característica de esta ciudad.

Y es precisamente la fuerte escasez de carriles bici segregados lo que está lastrando a Madrid en el uso de la bicicleta. Hay muchos más usuarios potenciales de este medio de transporte que reales. De hecho, sólo el 8% de la población declara sentirse cómoda o segura pedaleando entre coches. La comparación de la red de carriles bici realmente existentes con los previstos en los planes de movilidad ciclista municipales es apabullante y explica el fortísimo retraso que sufre Madrid y su entorno en relación al uso cotidiano de la bicicleta (ver figuras 2 y 3 del informe)

Ecologistas en Acción insiste en que aumentar el uso de la bicicleta sería la forma más rápida y económica de incrementar la calidad de vida en nuestra ciudad y la sostenibilidad de nuestra movilidad. Así, un mayor uso de la bicicleta supondría: una reducción de la contaminación del aire y del ruido; una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global; rebajar la dependencia de los combustibles fósiles y protegernos frente a las crisis de suministro que se están produciendo por la convulsa situación internacional (Estrecho de Ormuz, Ucrania, etc.); una mejora en la salud de las personas que usen la bici de forma cotidiana.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid un impulso decidido a la movilidad ciclista y a la puesta en funcionamiento de carriles bici segregados y seguros, al tiempo que se reduce el uso del automóvil, hoy por hoy el gran devorador de nuestra salud, del bienestar urbano y del espacio común en la ciudad.

Informe [PDF]: La movilidad ciclista en Madrid y su entorno metropolitano

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• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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Ecologistas en Acción de Huelva hemos propuesto a la Junta de Andalucía la ampliación del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina con la la integración de tres espacios de gran importancia ecológica, lindantes con este Espacio  Protegido : la Playa de la Gaviota, en Isla Cristina, la Laguna del Prado Hondo en La Redondela y el Caño de la Mojarra en Isla Canela (Ayamonte).

Espacios a incluir en el Paraje Natural

La lámina de agua de la Ria del Carreras actúa como vector fundamental de conectividad hidrológica y ecológica de estos tres espacios con el resto del Paraje Natural, constituyendo un único macrosistema territorial interconectado por flujos biofísicos  dependientes básicamente de las mareas y flujos mareales.

En términos de ecología del paisaje y relaciones de contigüidad, la Playa de la Gaviota se sitúa en una zona costera limítrofe con el espacio protegido actual, mientras que el Caño de la Mojarra, recientemente incorporado al IHA (Inventario de Humedales de Andalucía) funciona como un tributario directo que vierte sus aguas en el cuerpo principal de la ría y  la Laguna del Prado Hondo se localiza en la zona de cabecera de la cuenca y ya hace más de tres décadas que el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Huelva aprobó su incorporación al Paraje, sin que se haya llegado a materializar.

Según indicamos en la propuesta de Ecologistas en acción, para optimizar la funcionalidad ecológica y mitigar los efectos del aislamiento de hábitats, la delimitación cartográfica y la ordenación definitiva del territorio deben incorporar de manera obligatoria los tramos terminales del Caño de la Mojarra y el canal de drenaje de la Laguna del Prado Hondo en su precisa zona de confluencia y descarga con la ría del Carreras. Esta rectificación geométrica de los límites del espacio protegido no representa una mera modificación administrativa, sino una medida de restauración estructural indispensable de la conectividad ecológica indispensable para garantizar la resiliencia del ecosistema a largo plazo. Y en el caso de la playa de La Gaviota y su entorno, con la incorporación e inclusión de este espacio dentro de los límites del Paraje, se garantizará  la protección de hábitats que albergan una rica biodiversidad de flora y fauna que incluye una gran cantidad d especímenes protegidos y/o catalogados.

Ecologistas en Acción hemos remitido nuestra propuesta a la Dirección General de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía)  y a la Delegación de Medio Ambiente de Huelva de la Junta de Anda lucía, así como a los ayuntamientos de Isla Cristina y Ayamonte y muestra su disposición a explicar directamente su contenido tanto  a las administraciones implicadas como a cualquier entidad que se interese por la misma, esperando una acogida positiva en este entorno marismeño.

Propuesta de ampliación del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina

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Vemos frustrados el declive de la infraestructura verde en los espacios del municipio, si los repasamos, nos encontramos con el abandono de las riberas fluviales, llenas de especies invasoras y con la fallida regeneración del Parque de las Tablas, con el bambú japonés en un máximo histórico de superficie ocupada. En la Sierra del Dobra, sin aplicar la protección del Modificado 53 del PGOU, instalando una Ruta Familiar del Cuaternario inapropiada para un público familiar, con el piso de grava suelta, linderos con alambre de espino, rampas de alrededor del 30% y anexo a un pinar con los árboles muertos y con peligro de caída. Promoviendo un coto de caza en un espacio con 7 rutas de ocio, áreas de descanso y dotaciones para disfrutar de la zona, muchas de ellas deterioradas por falta de mantenimiento.

En el Plan de Gestión de Zonas Verdes (PGZV, 2021), se cita la sostenibilidad como objetivo básico, la necesaria adaptación para la mitigación del cambio climático, evitando las “islas de calor”, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes.

Potenciando los sistemas de drenaje, el control de plagas y enfermedades sin el empleo de productos químicos, la plantación de especies autóctonas más resistentes y adaptadas, la eliminación de plantas invasoras y un incremento de la biodiversidad. Sorprendentemente y desde que se aprobó el PGZV, asistimos a la progresiva eliminación de árboles en calles y plazas, algunos se secan, otros sufren accidentes o estorban, no son sustituidos y sus alcorques se sellan. Se aplica herbicida en zonas peatonales sin señalizar, que con las lluvias contamina los arroyos. Se planta un número creciente de especies alóctonas mal adaptadas a nuestras condiciones climáticas y suelo, generando enfermedades, costosos tratamientos y al final su sustitución.

Cabe citar los 60 árboles del bosque de ribera junto al río Saja, talados para la construcción de la pasarela que conecta el Boulevard Ronda con el Parque de las Tablas, la autorización de la Confederación Hidrográfica cita su obligatoria restitución al terminar las obras, la pasarela fue inaugurada en abril de 2021 y aún no se han repuesto.

Y los más de 150 árboles y arbustos que faltan en la c/ Pedro Sobrado, (Bulevard Ronda). La colocación de 13 maceteros gigantes en la c/ Consolación, eliminando los árboles en el suelo o los contenedores de la Plaza de La Llama, donde agonizan 16 cítricos medio secos que representan una triste caricatura del arbolado urbano.

Siguen sellando alcorques, cuando en el PGZV se cita como objetivo un 35% de superficie con Sistema de Drenaje Sostenible, alcorques que no filtran si se rellenan con losetas, deformando los troncos y sellando el suelo.

Tenemos unas 40 calles sin vegetación. Según la OMS se necesita un árbol por cada 3 habitantes para tener una ciudad saludable. En Torrelavega, con 51.687 habitantes (2024), tenemos 6.714 árboles, (Torrearboleda 2016), nos da un promedio de 1 árbol cada 7,7 habitantes, para obtener unos efectos saludables, nos faltan 10.515 árboles. Y para colmo la irracional tala de 200 arboles el pasado mes de mayo, en el período reproductor de las aves silvestres, eliminando las preciadas sombras durante las olas de calor y con los peligrosos gases contaminantes como el NO₂ de un tráfico creciente. Dañando nuestros árboles nunca alcanzaremos el 20% de cubierta vegetal, que cita como objetivo el PGZV.

No se siguen las directrices del PGOU (en revisión) ni las conclusiones del Plan Estratégico de Torrelavega 2016-2026, ni los los objetivos que marca el PGZV, los que fijan las directivas europeas y la normativa nacional sobre la vegetación urbana, que están lejos de ser alcanzados con unos procedimientos de gestión municipales erráticos y dañinos con nuestro patrimonio natural. Cinco años después de la aprobación del PGZV, no solo no se cumple sino que se está haciendo lo contrario de lo que indica.

Nuestros árboles no son un elemento ornamental prescindible, sino una infraestructura verde esencial que nos presta servicios ecosistémicos indispensables. Con su protección, mantenimiento y adecuada planificación mejoramos nuestra vida en una ciudad más saludable, resiliente y sostenible.

En Torrelavega necesitamos una urgente regeneración de la infraestructura verde, tenemos un claro déficit en cobertura vegetal, arbolado urbano y espacios verdes, que sigue siendo una asignatura pendiente de un equipo de gobierno municipal que no muestra la responsabilidad necesaria en la protección de nuestros árboles.

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Vencejo real herido y cuidado por un particular en la Sierra de Cádiz

• La Sierra de Cádiz alberga algunos de los espacios naturales más valiosos de Andalucía. Es el caso del Parque Natural Sierra de Grazalema, primero en declararse en Andalucía, que es además Reserva de la Biosfera, la primera que se declaró en nuestro país. Además, el territorio cuenta con numerosas áreas protegidas de alto valor ecológico, esenciales para la conservación de aves rapaces, murciélagos, anfibios y otras especies amenazadas.
• Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria riqueza natural, y el número de incidencias a la que esta gran biodiversidad puede dar lugar, la comarca carece de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) propio que permita atender con rapidez y eficacia a la fauna silvestre herida, enferma, accidentada…

Los CREA desempeñan una función esencial en la conservación de la biodiversidad. Su labor incluye la recogida, atención veterinaria, rehabilitación y posterior liberación de animales de especies amenazadas que, de alguna manera, se encuentran incapacitados ya sea por un accidente o por otra circunstancia, además de proporcionar información científica fundamental para la gestión y conservación de las especies. La Red Andaluza de CREA atendió cerca de 8.000 ejemplares de fauna silvestre en 2024, demostrando la importancia de estas instalaciones para la protección de nuestro patrimonio natural.

La conservación de la biodiversidad no puede sostenerse únicamente mediante actuaciones puntuales financiadas con medidas compensatorias vinculadas a proyectos empresariales. Es necesario un compromiso presupuestario permanente que garantice plantillas adecuadas, medios de intervención suficientes y una red de rescate capaz de responder a las crecientes necesidades derivadas de la presión humana sobre el medio natural. En este sentido es necesario la creación de una red de centros que cubran efectivamente el territorio andaluz.

La Sierra de Cádiz presenta circunstancias que justifican sobradamente la creación de un centro propio. Su gran extensión montañosa, la abundancia de carreteras secundarias, tendidos eléctricos y actividades humanas, como la caza, hacen que numerosos ejemplares de fauna protegida sufran accidentes cada año. A ello se suma la distancia hasta los centros de recuperación actualmente existentes, lo que puede dificultar una atención rápida en situaciones donde cada hora resulta decisiva para la supervivencia del animal.

Además de su función asistencial, un CREA en la Sierra de Cádiz tendría un importante papel educativo y social. Estos centros permiten acercar la conservación de la naturaleza a la ciudadanía, colaborar con centros educativos, asociaciones y administraciones locales, y fomentar una mayor sensibilización ambiental. La creación de esta infraestructura supondría también una oportunidad para generar empleo especializado, impulsar la investigación científica y reforzar la imagen de la comarca como referente en conservación de la naturaleza y turismo sostenible.

No obstante, las administraciones no deben olvidar tampoco que es fundamental la inversión en la prevención de las amenazas que afectan a la fauna silvestre, que evite tener que ser atendida en centros de recuperación como, por ejemplo, la corrección de tendidos eléctricos peligrosos y efectos trampa, la construcción de pasos de fauna para reducir los atropellos, la redacción de legislación para evitar los choques de aves contra cristales…

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Andalucía que estudie la puesta en marcha de un Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en la Sierra de Cádiz, una inversión coherente con la extraordinaria biodiversidad de la comarca. Ya que la conservación de la fauna silvestre no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes encuentran un animal herido. Necesita medios, instalaciones y profesionales. La Sierra de Cádiz necesita contar con ellos.

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• Tras la DANA de 2024 comenzaron los dragados y rellenos masivos de materiales en los puertos de Sagunt y València, visibles incluso desde satélite, sin tener ningún tipo de evaluación ambiental, pese a afectar a zonas y especies protegidas.
• Los colectivos de la Comissió Ciutat-Port advirtieron a todas las autoridades competentes de estos impactos. Ahora, frente a la inacción administrativa, Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, lleva ante los tribunales las infracciones.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso que empezó en junio de 2025, momento en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, el movimiento ecologista denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas. Los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada MSC. La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

16/05/2025. Puerto de Sagunto, extracción de sedimentos y transporte hacia el Puerto de Valencia. Pluma de turbidez visible desde el satélite Sentinel. Imagen de Copernicus.

20/11/2025. Puerto de Valencia operaciones de relleno, con una pluma de turbidez visible sobre el Parc Natural de l’Albufera. Imagen del satélite Sentinel, Copernicus.

La DIA de 2007 de este megaproyecto seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt.

Diecinueve años después, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA:

1. Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto.
2. El proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde.
3. El proyecto constructivo afirma que en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras.
4. La pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el amparado por dicha DIA/2007, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el “Proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos cuatro años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia la interpuso en junio del año pasado la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la DANA de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras.

Posteriormente, Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al propio MITECO y a Puertos del Estado, con el objeto de que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que se estaban cometiendo. Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial que se ha presentado ahora solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia (de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la finalidad preventivade la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras, y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud.

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• Espainiako Estatua Biodibertsitateari buruzko 17. COPen ebaluatuko da, eta bertan aurkezten du nazioarteko akordioen betetze-mailari buruzko Biodibertsitateari buruzko 7. Txosten Nazionala.
• 2010eko eta 2020ko porroten ondoren, borondate politikorik ez izateagatik biodibertsitatearen galera gelditzea lortu ez zenean, Ecologistas en Acción taldeak uste du Espainiako Gobernuak betebehar morala eta legezkoa duela Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren aplikazio handinahi baten buru izateko.
• Erakunde ekologistak txosten bat argitaratu du dokumentua aztertzeko eta Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Plan Estrategikoaren aplikazio-egoera ebaluatzeko, Biodibertsitatearen Munduko Esparrua Estatuko politiketara eramateko tresna gisa.
• Erakunde ekologistak aurrerapenak onartzen ditu, baina 2030ean biodibertsitatearen galera gelditzeko helburua arriskuan jartzen duten gabezia larriak aipatzen ditu, planaren mugaegunerako epearen erdian dagoenean.

2030erako Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatuko Plan Estrategikoa (PEEPNB) Espainiako Gobernuak 2022an onartutako dokumentua da, Estatuko politika publikoak 2030era arte bideratzeko, 2030erako Biodibertsitatearen Europako Estrategia eta Kunming-Montrealgo Biodibertsitatearen Munduko Esparrua betez. Dokumentu hori Aniztasun Biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenak (CDB) onartu zuen 2022ko abenduan. Ekintza-ildoak ezartzen ditu Espainiako Estatuak Munduko Esparruaren 23 Xedeak kontuan har ditzan lortzeko eta 2030ean biodibertsitatearen galera gelditzea lortzeko. Ecologistas en Acción taldeak ohartarazi du PEEPNB dokumentua ez dela nahikoa helburu hori lortzeko; izan ere, Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren 23 jomugetatik hiru baino ez daude behar bezala jasota bertan.

Dokumentu hori tresna eraginkorra den ala ez jakiteko diagnostiko ofiziala Armeniako Biodibertsitateari buruzko 17. Alderdien Konbentzioan (COP) egingo da. Aldez aurretik, gobernu nazionalek beren txosten nazionalak aurkeztu dizkiote CDBri, eta hori da azterketarako informazio-iturri nagusia. Munduko Esparruaren ezarpen-aldiaren erdian, Ecologistas en Acción taldeak uste du data hori funtsezkoa dela zehazteko munduko gobernuek biodibertsitatearen galera-krisian duten erantzukizuna serio hartzen ari diren ala ez. Espainiako Estatuak bere txosten nazionala erregistratu du, eta Ecologistas en Acción erakundeak eskuratu ahal izan du. Txosten horretan, PEEPNBaren aplikazioan egindako aurrerapenak eta Mundu Esparruaren betetze-adierazleekin duten lotura azaltzen dira.

Ecologistas en Acción taldeak ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’ txostena argitaratu du. Bertan, Biodibertsitateari buruzko 7. Txosten Nazionalaren atariko ebaluazioa egin du eta gabezia nabarmenenak identifikatu ditu. Jasotako aurrerapenek aurrerapen nabarmena erakusten dute, baina ez da nahikoa 2030ean biodibertsitatearen galera gelditzeko helburua lortzeko. Erakunde ekologistaren ustez, Biodibertsitateari buruzko Txosten Nazionala baikorregia da, eta ez du aurrerapen nahikorik onartzen Helburu Nazional banakatuetan. Gainerako Xede Nazionalei dagokienez, Biodibertsitateari buruzko 7. Txosten Nazionalak dio hiru lortu direla dagoeneko, eta gainerako 16ak “ondo bideratuta” daudela “helburua lortzeko”. Gainera, PEEPNBren Xede Nazionalen eta Biodibertsitatearen Munduko Esparruaren Jomugen arteko harremana ez da zuzena. Hori agerian geratzen da adierazleen kuantifikazioan, CBDk jomugen arrakasta neurtzeko onartutako irizpide objektiboak ezartzen baitituzte. PEEPNBan ez da lotura garbirik ezartzen Helburu Nazional bakoitzaren eta Biodibertsitatearen Munduko Markoaren Xede edo Xede egokiaren artean, eta Helmuga Nazionalean garatutako neurri edo aurrerapenekin zuzenean lotuta ez dauden adierazleak sartzera iristen da.

Egoera honen erantzukizuna politikoa da. Ecologistas en Acción taldeko bozeramaile Jesus Martín Hurtadoren hitzetan: “Une historiko honetan inoiz baino informazio gehiago daukagu biodibertsitatearen krisiaren irismenari eta haren ondorioei buruz, ez bakarrik naturari buruz, baizik eta gure gizartea, ekonomia eta ongizatea oinarri dituen funtsezko substratu gisa. Une honetan, 2020an Aichiren Jomugek eta aurreko Biodibertsitatearen Munduko Estrategiak borondate politikorik ez izateagatik porrot egin ondoren, Espainiako Gobernuak betebehar morala eta legala du nazioarteko itunik aurreratuenen (CDB eta Biodibertsitatearen Munduko Esparrua) aplikazio anbiziotsu bat gidatzeko, eta Espainiako gizartea naturarekin duen harremana sakonki irauliko lukeen eraldaketa baten bidean kokatzeko “.

Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030

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Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.

Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:

• Introducción
• Diagnóstico del Patrimonio natural y la biodiversidad en España
• Líneas de actuación prioritarias
• Estimación presupuestaria
• Seguimiento de la ejecución y evaluación del Plan Estratégico
• Revisión del Plan Estratégico

En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a  los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.

En la COP10 del CDB, se aprobó el Plan Estratégico Mundial de Biodiversidad 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi. Ecologistas en Acción lanzó materiales divulgativos sobre esas Metas de Aichi, así  como un Manual para cumplir con las Metas de Aichi. En 2012, se publicó un informe de evaluación de su cumplimiento , y en 2015, una nueva evaluación a mitad del período.

En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.

Esta estrategia, que debía ser implementada en España, fue analizada en 2016 para comprobar el nivel de aplicación, lo que dio lugar a un nuevo informe.

En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.

Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030

Conclusiones del informe

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado  Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.

Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica  disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.

Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta. 

Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades  autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.

En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.

El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las  acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.

Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado  español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.

Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los  verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.

La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para  la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.

En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una  aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza.  Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.

El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso  más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.

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• El Estado español será evaluado en la COP 17 de Biodiversidad, donde presenta su 7º Informe Nacional de Biodiversidad sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales.
• Tras los fracasos de 2010 y 2020, cuando no se logró detener la pérdida de biodiversidad por falta de voluntad política, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa del Marco Mundial de Biodiversidad.
• La organización ecologista publica un informe donde analiza el documento y evalúa el estado de aplicación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como herramienta para la traslación del Marco Mundial de Biodiversidad a las políticas estatales.
• La organización ecologista reconoce avances, pero señala graves deficiencias que comprometen el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030 cuando se está a mitad de plazo para el vencimiento del plan.

El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.

El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.

Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.

La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.

Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030

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