Arrumbados

Essential Rock Band

Exkremento

Sábado 1 de agosto, desde 19:30 h

Entorno Iglesia de abajo, Socovos

 

Conciertos de Arrumbados, Essential Rock Band y Exkremento.

 

Ni las administraciones encargadas disponen de información de calidad, ni los profesionales encargados cuentan con formación especializada, ni, en general, los centros de protección a un colectivo tan vulnerable como son las personas menores en situación de desprotección funcionan correctamente. Son las conclusiones principales de una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo tras una actuación de oficio iniciada en 2022 al conocer diversos casos de agresiones sexuales a menores que se encontraban en este tipo de instalaciones.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una actuación en relación con casos surgidos en las Illes Balears (Mallorca), en 2020, y en la Comunidad de Madrid, a inicios de 2022, centradas, fundamentalmente, en conocer las medidas de prevención y detección de casos que habían desplegado las respectivas administraciones con competencia en la protección de menores, así como en la disposición de protocolos para el correcto control y la respuesta ante los casos detectados.

La actuación actual, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias). 

Según las conclusiones del informe –titulado El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual–, la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección. Además, ante la falta de especialización, el Defensor del Pueblo sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También recomienda la adopción de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.

«Estos ataques a la libertad sexual de los menores, que se producen lamentablemente en todos los ámbitos sociales, deben constituir una prioridad para las administraciones, máxime cuando afectan a menores que se encuentran en ese momento bajo su amparo y protección», sostiene el estudio, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales. «Son un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”, insiste el Defensor, cuya institución viene denunciando este problema estructural desde hace años, con especial incidencia en los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica.

El problema, no obstante, va más allá: una de cada cinco personas ha sufrido o sufre agresiones sexuales en su infancia y adolescencia. De hecho, como recoge el reciente informe, muchos de los menores que llegan a estos centros tutelados por la Administración ya vienen arrastrando situaciones de agresiones sexuales, lo que los convierte en aún más vulnerables.

En este contexto, el Defensor del Pueblo destaca un problema y una recomendación que califica como prioritaria: las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia deben elaborar un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen para ajustar la oferta residencial y que se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Es decir, que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad. «Se ha observado que la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada, como consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: la evolución en los perfiles de los menores que allí se acogen, que ha derivado en la recepción de más menores con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave, contrariamente a lo previsto en la legislación de protección del menor, y la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de
trabajo, incluidas sus expectativas laborales«.

El informe insiste en que los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características. «Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados. Otra expresión preocupante de esta circunstancia, que se ha podido comprobar en el desarrollo de esta actuación general, en alguno de los centros, es la situación de convivencia, en un mismo recurso, de menores en régimen de protección y menores infractores, aun con una medida judicial de convivencia en grupo educativo», denuncia la institución.

En su visita a los centros, el Defensor del Pueblo constata una realidad que dificulta la detección y, por tanto, la prevención: la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.) lo que aparejó el retraso en la detección y la intervención. El Defensor también ha recordado que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.

También propone que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Igualmente, recomienda que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.

Según el informe, ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido ha mencionado que se cuente con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de protocolos o guías, lo que pone de manifiesto la gestión adultocéntrica de este asunto y la necesidad de adoptar «uno de los derechos rectores de la Convención de los Derechos del Niño como es el derecho a la participación».

La entrada La Administración no actúa para detectar y prevenir la violencia sexual a menores amparados en sus centros se publicó primero en lamarea.com.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido esta semana en Washington con el expresidente estadounidense Donald Trump, en lo que supone su octavo encuentro durante el segundo mandato de Trump. La visita se produce en un momento en que Netanyahu aparece cada vez más debilitado y aislado en el plano internacional, según analistas asiáticos que siguen de cerca la evolución del liderazgo israelí.

Un deterioro paulatino

La prensa asiática ha señalado que el viaje de Netanyahu a Washington responde a su necesidad de revitalizar su imagen como el aliado más cercano del hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, las mismas fuentes indican que su estrella en Washington se está apagando. El encuentro con Trump, lejos de reforzar su posición, pone de manifiesto la pérdida de influencia del mandatario israelí en la capital estadounidense.

Netanyahu, que durante años supo cultivar una relación estrecha con la administración Trump, se enfrenta ahora a un escenario político interno complejo y a una creciente presión internacional por su gestión en la guerra de Gaza. La reunión de esta semana, aunque cordial, no habría generado los resultados concretos que esperaba el primer ministro israelí, según las fuentes consultadas.

Implicaciones geopolíticas

El declive de Netanyahu en Washington podría reconfigurar las dinámicas de poder en Oriente Próximo. Israel, que ha dependido históricamente del respaldo incondicional de Estados Unidos, podría ver erosionada su capacidad de maniobra diplomática y militar si la influencia de su líder sigue decayendo. La administración Trump, por su parte, parece estar evaluando sus prioridades estratégicas en la región, lo que podría llevar a un ajuste de su política exterior hacia Israel y sus vecinos.

El octavo encuentro entre Netanyahu y Trump, en lugar de ser una muestra de fortaleza, se interpreta como un síntoma de la vulnerabilidad del primer ministro israelí. En un contexto de inestabilidad regional y desafíos internos, Netanyahu busca aferrarse a su principal valedor, aunque su capacidad de dictar los términos de la relación parece haberse reducido notablemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial solo beneficia a México y a Canadá. Ante esta incertidumbre, un experto consultado por Sputnik sostiene que México tiene ante sí «la gran oportunidad de poder reducir» su histórica dependencia económica de Washington.

Las declaraciones de Trump, realizadas este jueves, no detallan si su intención es renegociar, suspender o abandonar el tratado, pero han generado inquietud en los sectores productivos mexicanos. El T-MEC, que entró en vigor en 2020 como sustituto del NAFTA, canaliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Un desequilibrio histórico

El experto consultado por la agencia rusa señala que, pese a las críticas de Trump, Washington ha mantenido una ventaja absoluta en la relación comercial. «Estados Unidos ha tenido una ventaja absoluta», afirma, aunque no precisa si esa ventaja es en términos de balanza comercial, inversiones o control de cadenas de suministro. La oportunidad para México radicaría en diversificar sus socios comerciales y fortalecer su mercado interno.

La postura de Trump se enmarca en su agenda de «América Primero», que ya durante su primer mandato llevó a una renegociación del NAFTA. Analistas mexicanos han advertido que una salida unilateral de Estados Unidos del T-MEC tendría consecuencias graves para la economía mexicana, pero también para las cadenas productivas integradas en América del Norte.

El Gobierno de México, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. La secretaria de Economía, en funciones, ha reiterado en foros recientes la importancia de mantener la certidumbre jurídica para los inversores.

Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.

Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.

Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.

El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones

Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.

Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.

Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.

Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.

Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?

A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.

El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.

En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.

La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.

También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.

Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.

La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.

Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.

¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?

Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.

Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.

Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.

Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.

Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.

Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.

Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.

Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.

Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.

Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.

Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.

Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.

Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.

El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.

¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?

Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.

Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.

Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.

Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.

Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.

En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.

La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…

Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.

No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.

Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.

En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.

Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.

Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.

También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.

Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.

En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.

Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.

Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.

Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.

Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.

Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?

Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.

Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.

Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.

También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.

A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.

Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.

Actualización 27/07/2026

La entrada Rafa Burgos: “La Caixa es una institución sistémica, forma parte del sistema y lo sostiene” se publicó primero en lamarea.com.

 

I Concurso de Bandas Noveles de ARMMA

Sábado 25 de julio de 2026

Jardines de Ismael Belmonte, Albacete 

Fotos: Juancho   

 

  

Este sábado se celebró la Final del Concurso de Bandas Noveles "Fátima Rock". Organizado conjuntamente por la Asociación Vecinal del Barrio Fátima y la Asociación Rockera y Metalera ARMMA y se desarrolló en los Jardines de Ismael Belmonte (Parque del Santo Ángel) de Albacete.

Participaron como grupos finalistas: El Último Grito, Kickin´ Kidneys y Dianna Keys.

Llegué cuando ya habían comenzado a tocar El Último Grito, grupo de Rock que vino desde Sevilla. Tocaron canciones propias con letras en castellano que tratan desde realidades sociales a emociones humanas. Quedaron en el tercer puesto.

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Kickin´ Kidneys. Banda de Thrash Metal desde La Roda. Tienen una maqueta en plataformas digitales titulada Rotten Souls. Dieron un show de riffs y caña, aderezado con una caja de miguelitos. Obtuvieron el primer premio por votación popular y la posibilidad de tocar en el festival organizado por ARMMA. Festival que se celebrará en noviembre de este año en la Caseta de los Jardinillos.

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Dianna Keys. Vinieron desde Badajoz. Su música es una mezcla entre Metal y rock alternativo. Publicaron su primer disco en el año 2025, titulado Eternal Longing-Nostalgia y cantado en su mayoría en idioma inglés, con alguna canción en castellano. Quedaron en segundo lugar.

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Los premios que obtuvieron: un vale para gastar en materiales elegidos por los propios concursantes en la tienda de música Klavier para el segundo y tercer puesto.

Tocaron como bandas invitadas dos grupos locales: Extra Mile y Chuchugums.

Extra Mile es una formación de trío eléctrico  de Albacete, una banda inclinada al Blues Rock, teñida sin embargo con pinceladas de estilos como el funk o el jazz. Tienen un EP publicado. Tocaron mientras el numeroso público votaba por su grupo preferido del concurso.

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Chuchugums cerraron esta primera edición del "Fátima Rock". Es un grupo de Albacete que hacen covers de temas de películas y canciones de dibujos animados en versión Metal. 

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I Concurso de Bandas Noveles de ARMMA 

Sábado 25 de julio, 19:30 h

Jardines de Ismael Belmonte, Albacete 

Acceso gratuito 

I Concurso de Bandas Noveles de ARMMA.

Celebración del Concurso de Bandas Noveles “Fátima Rock”, organizado por la Asociación Vecinal y la Asociación ARMMA que se desarrollará en los Jardines de Ismael Belmonte.

En el Concurso participan los grupos El Último Grito, Dianna Keys y Kickin Kidneys. 

También tocarán dos grupos locales: Extra Mile y Chuchugums. 

 

Estados Unidos ha modificado el estatus de exportación para los Emiratos Árabes Unidos, facilitando las exportaciones de defensa y tecnología dual. La medida, anunciada el 24 de julio de 2026, busca acortar los plazos de adquisición, simplificar el mantenimiento y fomentar la cooperación en drones e inteligencia artificial entre empresas estadounidenses e instituciones emiratíes.

Según fuentes próximas a la negociación, el cambio proporcionará un acceso más ágil a sistemas avanzados, lo que podría alterar el equilibrio militar en Oriente Próximo. Un analista consultado señaló que el nuevo estatus permitirá «acortar los plazos de adquisición, hacer el mantenimiento menos engorroso y facilitar una cooperación más estrecha entre las empresas estadounidenses y las instituciones de los EAU».

La decisión se enmarca en la estrategia de Washington por reforzar sus alianzas en la región frente a la creciente influencia de competidores como China. Los Emiratos Árabes Unidos, socio clave en la lucha contra el terrorismo y en la normalización de relaciones con Israel, ven así potenciadas sus capacidades militares autóctonas, especialmente en el ámbito de los vehículos aéreos no tripulados y la inteligencia artificial.

Desde el punto de vista tecnológico, la cooperación se centrará en drones y sistemas de inteligencia artificial, áreas en las que los EAU han mostrado un creciente interés por desarrollar capacidades autónomas. El acceso simplificado a componentes y sistemas duales permitirá a las empresas emiratíes integrar tecnologías estadounidenses en sus propios programas de defensa, acelerando los ciclos de desarrollo y reduciendo la dependencia de otros proveedores internacionales.

El cambio de estatus, que equipara a los EAU con otros aliados preferentes de Washington, llega en un momento de reconfiguración de las alianzas en Oriente Próximo. La administración estadounidense busca competir con la creciente presencia de China en la región, que ha intensificado sus lazos comerciales y militares con varios países del Golfo. Para Abu Dabi, la decisión consolida su posición como centro logístico y tecnológico regional, al tiempo que refuerza su alianza estratégica con Washington en un entorno de seguridad volátil.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha comprometido 65 millones de euros para el desarrollo de la primera misión europea de exploración de hielo polar lunar. El rover será construido por ispace-Europe, filial de la empresa japonesa ispace, según anunció la agencia el 24 de julio de 2026.

Una apuesta por los recursos lunares

El objetivo de la misión es extraer hielo de agua en el polo sur de la Luna. El agua es un recurso clave para futuras misiones tripuladas, ya que puede utilizarse para consumo, producción de oxígeno y combustible. La iniciativa se enmarca en el concepto de utilización de recursos in situ (ISRU), considerado un paso fundamental para lograr una presencia sostenible en el satélite.

El contrato, valorado en 65 millones de euros, supone un hito estratégico para la autonomía europea en el espacio. ispace-Europe, con sede en Luxemburgo, será la encargada de diseñar y fabricar el rover, que deberá operar en condiciones extremas de temperatura y radiación en la región polar lunar.

La ESA no ha precisado la fecha de lanzamiento ni la ventana temporal de la misión, aunque fuentes de la agencia han señalado que el proyecto se encuentra en fase de diseño conceptual. Con esta inversión, Europa da un paso firme en la carrera por la exploración y explotación de recursos lunares, compitiendo con las misiones estadounidenses (programa Artemis) y chinas (Chang’e) en la misma región.

La extracción de hielo de agua en la Luna es considerada una capacidad estratégica para el sostenimiento de bases permanentes. El rover de ispace-Europe deberá demostrar la viabilidad de la tecnología ISRU en un entorno de vacío y temperaturas extremas, allanando el camino para futuras misiones de larga duración. La ESA ha subrayado que esta inversión refuerza el liderazgo europeo en el desarrollo de tecnologías críticas para la exploración espacial.

La NASA ha visto reducida su plantilla de empleados civiles en un 20% durante el último año, una pérdida que está afectando al desarrollo de más de dos docenas de grandes proyectos, según informó este jueves la agencia espacial estadounidense. La sangría de personal, que supone la quinta parte de la fuerza laboral civil de la organización, compromete desde la exploración lunar Artemis hasta programas de cooperación internacional en los que participan la Agencia Espacial Europea (ESA) y, a través de ella, la industria española.

La reducción de efectivos, cuyas causas no han sido detalladas oficialmente, ha provocado retrasos y cancelaciones parciales en 24 iniciativas de diversa envergadura, según fuentes internas de la NASA consultadas por los medios. Entre los programas afectados se encuentran misiones de observación terrestre, astrofísica y vuelos tripulados, aunque la agencia no ha especificado cuáles de ellos han sufrido un mayor impacto.

Un duro golpe para la exploración lunar

El programa Artemis, cuyo objetivo es devolver al ser humano a la Luna antes del final de la década, figura entre los más castigados por la merma de personal. La NASA había confiado en mantener el ritmo de trabajo para la construcción del cohete Space Launch System y la nave Orion, pero la falta de ingenieros y técnicos civiles podría retrasar los plazos previstos. La ESA aporta el módulo de servicio de Orion, fabricado en parte por empresas europeas, lo que convierte a la industria espacial española, integrada en consorcios como Airbus o Sener, en una potencial damnificada indirecta.

El recorte de plantilla también afecta a proyectos de ciencia básica, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman y la misión de retorno de muestras de Marte, que cuenta con colaboración de la ESA. En ambos casos, el personal asignado se ha visto reducido de forma significativa, según apuntaron varios centros de la NASA en informes internos a los que ha tenido acceso la prensa especializada.

Consecuencias para la cooperación internacional

La pérdida de una quinta parte de los empleados civiles de la NASA supone un revés para la estrategia de cooperación global de la agencia. Socios como la ESA, la japonesa JAXA o la canadiense CSA habían acordado compartir recursos y personal en programas conjuntos, pero la falta de efectivos en el lado estadounidense está generando cuellos de botella en la toma de decisiones y la integración de cargas útiles.

La industria aeroespacial española, que participa en proyectos como la estación lunar Gateway y los módulos de servicio de Orion, observa con preocupación la evolución de la plantilla de la NASA. Fuentes del sector señalaron que la reducción de personal podría traducirse en retrasos en la entrega de componentes y en la pérdida de oportunidades de negocio para las empresas nacionales, que compiten en el mercado internacional de la exploración espacial.

Por el momento, la NASA no ha anunciado un plan de contratación que compense las bajas, aunque portavoces de la agencia han indicado que se están evaluando medidas para mitigar el impacto en los proyectos más críticos. La comunidad espacial europea confía en que la situación se revierta antes de que los retrasos se consoliden, pero el plazo de un año sin apenas reposición de personal ha encendido las alarmas en todo el sector.

La NASA ha establecido un presupuesto de 2.000 millones de dólares para el desarrollo del Space Reactor-1 Freedom, el primer vehículo interplanetario propulsado por fisión nuclear, según ha anunciado este jueves la agencia espacial estadounidense.

El reactor, bautizado como Space Reactor-1 Freedom, está concebido para impulsar misiones tripuladas a Marte, reduciendo los tiempos de tránsito y permitiendo transportar cargas útiles mayores que los sistemas de propulsión convencionales. La NASA busca así una fuente de energía nuclear compacta y autónoma que pueda operar en el espacio profundo.

Un hito en la propulsión nuclear espacial

El proyecto representa un salto técnico y estratégico en la carrera espacial, al apostar por la fisión nuclear como sistema de propulsión primario para viajes interplanetarios. Hasta ahora, las misiones a Marte han dependido de la propulsión química o de sistemas de ionización, que ofrecen menor potencia y eficiencia energética.

La agencia no ha revelado los contratistas industriales que participarán en el desarrollo, ni la fecha prevista de lanzamiento. Sin embargo, la cifra asignada indica que el programa se encuentra en fase de diseño y planificación avanzada.

Autonomía energética en el espacio

Con este proyecto, la NASA aspira a disponer de una planta nuclear compacta que no solo impulse la nave, sino que también suministre electricidad a los sistemas de a bordo durante las fases de crucero y estancia en la superficie marciana. La autonomía energética es considerada un factor crítico para misiones de larga duración, donde la energía solar resulta insuficiente lejos del Sol o en ambientes polvorientos como el de Marte.

El anuncio se produce en un contexto de creciente interés internacional por la exploración de Marte, con China y Europa también desarrollando planes para misiones tripuladas al planeta rojo. La apuesta de la NASA por la propulsión nuclear podría redefinir los plazos y las capacidades de las futuras misiones, según analistas del sector aeroespacial.

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado un acuerdo nuclear con Arabia Saudí que contempla el suministro de reactores de potencia y la posible instalación de una planta de enriquecimiento de uranio en territorio saudí. El pacto, cerrado el 22 de julio de 2026, supone un cambio significativo en la política de no proliferación estadounidense hacia la región.

Según el contenido del acuerdo filtrado a la prensa, el pacto permitirá a Riad desarrollar capacidad nuclear civil, pero incluye una cláusula que abre la puerta al enriquecimiento local de uranio, un extremo delicado por su potencial uso militar. Hasta ahora, Washington había condicionado cualquier transferencia nuclear a que Arabia Saudí renunciara al ciclo completo del combustible, una exigencia que parece haberse relajado en esta negociación.

Implicaciones regionales

Israel, el único Estado con armas nucleares no declaradas de la región, ha seguido de cerca las negociaciones, mientras que Irán, que ya cuenta con un programa de enriquecimiento propio, podría ver el acuerdo como una justificación para acelerar el suyo. El reino saudí ha defendido siempre su derecho al enriquecimiento con fines pacíficos, argumentando que no aceptará un trato desigual respecto a otros signatarios del Tratado de No Proliferación (TNP).

La Administración estadounidense ha defendido el acuerdo como una vía para estrechar la alianza con Riad y contrarrestar la influencia china en la región, donde Pekín ha mediado recientemente en el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán. El acuerdo altera el equilibrio estratégico en Oriente Próximo y podría reavivar la carrera nuclear.

Reacción de la comunidad internacional

El acuerdo ha suscitado recelos en la UE y entre los aliados europeos de España. El riesgo de que la tecnología nuclear saudí pueda derivar en un programa armamentístico podría reavivar la carrera nuclear en Oriente Próximo, con consecuencias para la seguridad de la OTAN y del flanco sur de Europa. Por el momento, ni Riad ni Washington han ofrecido detalles sobre el calendario de construcción ni sobre las salvaguardas que supervisarán el programa.

La administración de Donald Trump tiene previsto firmar este miércoles un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudí que permitirá a Riad desarrollar infraestructura nuclear. El pacto, que se anunciará en Washington, refuerza la alianza estratégica bilateral pero genera inquietud entre los aliados de Estados Unidos en la región, especialmente Israel, ante el riesgo de proliferación.

Implicaciones estratégicas del acuerdo

Según ha adelantado el grupo de análisis Defense Priorities, el acuerdo incluiría la posibilidad de que Arabia Saudí enriquezca uranio en su territorio, una capacidad que, aunque civil, puede ser utilizada para fines militares. El organismo advierte de que la medida «corre el riesgo de transformarse en una garantía de seguridad estadounidense» para Riad, lo que podría alterar el equilibrio de poder en Oriente Próximo.

El presidente Trump, que ha priorizado los lazos con el reino saudí durante su mandato, defiende el pacto como una vía para diversificar las fuentes de energía y contrarrestar la influencia de Irán en la región. No obstante, la decisión de permitir el enriquecimiento de uranio en territorio saudí ha suscitado dudas entre los aliados europeos y en el propio Congreso de Estados Unidos, donde varios senadores han expresado su preocupación por la posibilidad de una carrera nuclear en Oriente Próximo.

Reacciones y consecuencias

En Israel, las autoridades han seguido con atención los detalles del acuerdo. Aunque Tel Aviv no se ha pronunciado oficialmente, fuentes diplomáticas citadas por medios estadounidenses indican que el Gobierno israelí presiona para obtener garantías explícitas de que Arabia Saudí no desarrollará armas nucleares. Por su parte, la Unión Europea, que mantiene contactos regulares con Washington sobre no proliferación, ha pedido transparencia en los términos del acuerdo.

El pacto nuclear civil con Arabia Saudí se enmarca en la estrategia de la administración Trump de estrechar vínculos con los países del Golfo frente a Irán y China. Sin embargo, analistas de Defensa Priorities subrayan que la inclusión de la cláusula de enriquecimiento podría sentar un precedente peligroso para otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos o Egipto, que también han mostrado interés en la energía nuclear.

El nuevo primer ministro británico ha logrado un temprano éxito en materia de defensa con la incorporación de Canadá al programa Global Combat Air Programme (GCAP) como observador. El anuncio se realizó este martes 21 de julio de 2026 desde Londres, y supone la primera expansión del consorcio más allá de sus miembros fundadores: Reino Unido, Italia y Japón.

Una alianza que se amplía

La participación canadiense marca un hito en la cooperación industrial y militar para el desarrollo de un caza de sexta generación. Aunque inicialmente con estatus de observador, la decisión abre la puerta a una posible integración plena en el futuro, según fuentes próximas al programa. El GCAP busca combinar capacidades de sigilo, inteligencia artificial y guerra en red para sustituir a los actuales Eurofighter Typhoon y Mitsubishi F-2 en la próxima década.

New British prime minister gains early defense win — Defense News

Con la adhesión de Ottawa, el GCAP suma ya cuatro países —tres socios fundadores más el observador—, en un contexto donde las alianzas industriales en defensa se convierten en un vector clave de las relaciones transatlánticas. Canadá, tradicionalmente vinculado al ecosistema de defensa estadounidense y miembro de la OTAN, busca diversificar sus capacidades aéreas ante el envejecimiento de su flota de CF-18.

El paso dado por el nuevo Gobierno británico refuerza su perfil internacional en un momento de reconfiguración de la industria armamentística europea y asiática, en competencia directa con proyectos como el franco-alemán FCAS o el estadounidense NGAD.

El grupo estadounidense Curtiss-Wright Corporation, especializado en componentes de alta tecnología para el sector aeroespacial, ha firmado un acuerdo con el Reino de Marruecos para instalarse en el país norteafricano. La decisión, anunciada este martes en el Salón Aeronáutico de Farnborough (Reino Unido), refuerza la industria aeronáutica marroquí, que compite directamente con los polos de Sevilla y Toulouse, donde España mantiene intereses estratégicos.

Un nuevo competidor en el Mediterráneo

El acuerdo se ha materializado mediante un protocolo de intenciones firmado entre ambos gobiernos. Aunque no se han revelado cifras de inversión ni plazos concretos, la instalación de Curtiss-Wright supone un salto cualitativo en la capacidad de Marruecos para atraer fabricantes de componentes aeronáuticos de primer nivel. La compañía, fundada en 1929 y con sede en Charlotte (Carolina del Norte), es proveedora de los principales fabricantes de aviones del mundo.

La apuesta marroquí por el sector aeronáutico no es nueva, pero la llegada de un grupo como Curtiss-Wright sitúa al país como un polo emergente en la cuenca mediterránea. Las autoridades marroquíes han fomentado en los últimos años la creación de una zona industrial especializada en torno a Casablanca y la ciudad de Nouaceur, donde ya operan gigantes como Boeing, Airbus o Safran.

Implicaciones para España

El movimiento de Curtiss-Wright representa un desafío directo para el clúster aeronáutico de Sevilla, donde el consorcio Alestis y otras empresas auxiliares dependen en buena medida de la demanda europea. Según fuentes del sector citadas por la prensa marroquí, la decisión de la compañía estadounidense se ha visto influida por los menores costes laborales y los incentivos fiscales ofrecidos por Rabat, así como por la cercanía a los grandes fabricantes europeos.

El acuerdo se firmó en el marco del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Farnborough, donde Marruecos ha tenido una presencia destacada para promocionar su oferta de inversiones. La administración marroquí ha subrayado que la llegada de Curtiss-Wright demuestra la confianza internacional en el sector aeroespacial del país, que crece a tasas de dos dígitos anuales.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha calificado de «monumental» la incorporación de Canadá como observador al Global Combat Air Programme (GCAP), el programa de cazas de sexta generación impulsado por Reino Unido, Italia y Japón. El anuncio, realizado el 21 de julio de 2026, abre la puerta a una posible colaboración industrial y estratégica entre Ottawa y los socios del programa.

Un nuevo socio en el desarrollo del caza del futuro

El GCAP es un proyecto lanzado en 2022 por Reino Unido, Italia y Japón para desarrollar un caza furtivo de nueva generación, conocido como Tempest en Europa y como F-X en Japón. Su objetivo es reemplazar a los Eurofighter Typhoon y a los F-2 japoneses a partir de la década de 2030. Canadá se suma como observador, lo que le permitirá evaluar posibles vías de cooperación tecnológica y técnica sin asumir de momento compromisos financieros vinculantes, según fuentes oficiales citadas por medios especializados.

La decisión de Canadá de acercarse al GCAP se produce en un contexto de realineamiento de alianzas en el ámbito de la defensa. Ottawa busca modernizar su flota de cazas, que actualmente opera F/A-18 Hornet y está en proceso de adquisición de los F-35 estadounidenses. La participación como observador en el programa europeo-japonés podría ofrecer una alternativa industrial frente a la dependencia exclusiva de la oferta estadounidense.

La incorporación de Canadá es monumental y refleja el creciente interés internacional en el programa GCAP como plataforma de cooperación para la próxima generación de cazas.

Implicaciones para la industria europea de defensa

Para los socios europeos del GCAP, la entrada de Canadá supone una expansión geográfica del proyecto, que hasta ahora se limitaba a Europa y Asia-Pacífico. Fuentes del Ministerio de Defensa británico han señalado que se explorarán áreas de colaboración con la industria canadiense, potenciales proveedora de componentes clave como sistemas de sensores y aviónica. La noticia también podría incentivar a otros países, como España, a buscar fórmulas de asociación con el GCAP, aunque fuentes españolas consultadas no han confirmado ningún movimiento en esa dirección.

Con Canadá como observador, el GCAP suma un séptimo país interesado, tras los tres socios fundadores y los participantes con estatus de observador previos. El programa prevé la entrada en servicio de los primeros prototipos hacia 2035, con despliegues operativos a partir de la década de 2040.

Los países miembros de la OTAN se enfrentan a una escasez crítica de línter de algodón, materia prima esencial para la fabricación de explosivos destinados a municiones. La alerta, difundida el 21 de julio de 2026, señala que las existencias de este subproducto textil no logran cubrir el aumento de la demanda provocado por la guerra en Ucrania y el incremento de las tensiones geopolíticas globales.

El línter de algodón, una fibra corta que recubre la semilla del algodón, es un componente clave en la producción de nitrocelulosa y otros propelentes utilizados en la carga de proyectiles de artillería y morteros. Sin un suministro suficiente, la capacidad de la Alianza para sostener su producción de munición podría verse comprometida.

Según el informe, los países de la OTAN dependen en gran medida de las importaciones de línter procedentes de Estados Unidos, Brasil, India y otras naciones productoras de algodón. Sin embargo, la creciente demanda industrial y la competencia con otros usos del algodón —como la fabricación de billetes o la producción textil— han tensionado el mercado.

Impacto en las cadenas de suministro

La escasez afecta especialmente a países europeos, que han incrementado su gasto en defensa y la producción de munición desde el inicio de la guerra en Ucrania. España, como miembro de la OTAN, también podría verse afectada si la interrupción del suministro de línter se prolonga. Fuentes del sector defensa señalan que la dependencia de este componente es elevada y que las alternativas sintéticas aún no están suficientemente desarrolladas a escala industrial.

Analistas advierten de que, sin una solución a corto plazo, los arsenales de la Alianza podrían enfrentar cuellos de botella en la producción justo cuando los aliados se han comprometido a reponer sus existencias y a apoyar a Ucrania con suministros militares.

Los responsables del Programa Aéreo de Combate Global (GCAP) han asegurado este martes que la hoja de ruta del nuevo caza de sexta generación «no cambiará, aunque se incorpore un nuevo país» al consorcio. La declaración busca disipar las dudas sobre la estabilidad del proyecto, en el que participan España, Italia y Japón, y que aspira a tener el primer avión operativo a partir de 2035.

El GCAP, lanzado formalmente en diciembre de 2022, fusionó las iniciativas de combate aéreo de los tres países para desarrollar un caza furtivo de nueva generación. La posible incorporación de nuevos socios, como Arabia Saudí o algunos países europeos, ha generado incertidumbre sobre los plazos y los costes compartidos.

«El programa tiene una arquitectura y un calendario definidos —explicaron fuentes del consorcio—. La entrada de un nuevo participante no alteraría los hitos tecnológicos ni los compromisos de producción». La industria de defensa de los tres países socios, con firmas como Leonardo, BAE Systems y Mitsubishi Heavy Industries como contratistas principales, ha reiterado que el diseño modular del sistema permite absorber cambios sin retrasos críticos.

El coste del programa, estimado en varias decenas de miles de millones de euros, se reparte entre los tres gobiernos. Cada socio es responsable de áreas de trabajo específicas: Japón lidera el desarrollo del fuselaje y los sistemas de aviónica; Italia, la electrónica de combate y los sensores; y España, la integración de armamento y las estructuras del ala. La planta de ensamblaje final se ubicará en Italia.

La declaración llega en un momento clave, cuando el GCAP afronta la fase de revisión de diseño crítico y los primeros prototipos deben comenzar los ensayos en tierra a finales de 2027. La estabilidad del consorcio es vista como fundamental para competir con otros programas como el Tempest británico y el NGAD estadounidense, así como para contrarrestar los avances de China y Rusia en aviación de combate.

Los gobiernos de Marruecos y Portugal han acordado relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, paralizado desde 2022, y solicitarán el apoyo financiero de la Unión Europea para su ejecución. Así lo ha anunciado la ministra marroquí de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leïla Benali, tras mantener reuniones bilaterales en Rabat los días 20 y 21 de julio.

El proyecto, considerado estratégico para fortalecer el vínculo energético entre Europa y África, prevé la construcción de una línea de alta tensión submarina que conecte la red eléctrica marroquí con la portuguesa. La iniciativa busca diversificar las fuentes de suministro y avanzar en la transición energética de ambos países, según explicaron fuentes oficiales.

Hemos convenido en relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre Marruecos y Portugal, y en solicitar un apoyo de la Unión Europea para contribuir a su financiación

Además del respaldo comunitario, Rabat y Lisboa confían en movilizar a inversores privados para cubrir el coste de la infraestructura. El proyecto se enmarca en los esfuerzos europeos por reforzar la seguridad energética del continente y abrir nuevas rutas de suministro renovable, en un contexto en el que España también mantiene interconexiones gasísticas y eléctricas con Marruecos.

La interconexión había quedado suspendida en 2022 por discrepancias técnicas y financieras, así como por las tensiones diplomáticas entre Marruecos y España. Ahora, con el relanzamiento, el eje Lisboa-Rabat busca posicionarse como un corredor energético clave para la transferencia de electricidad de origen solar y eólico desde el norte de África hacia Europa.