• La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, OBLIGA a los municipios de más de 5.000 habitantes a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio de 2022, ya sea mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.

La Ley 7/2022 obliga además a las entidades locales a establecer el coste total de la gestión de los residuos. Tenían tres años, a contar desde su entrada en vigor, para fijar una tasa que dependiera de la generación (pagar por la cantidad de residuos generados) y que reflejara el coste real de todas las operaciones: recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de la energía obtenida en su caso.

También debería haber una red de recogida suficiente que incluya puntos limpios o puntos de entrega alternativos para la retirada gratuita de los residuos especiales.

Es obligatorio ahora que las autoridades competentes elaboren y publiquen anualmente un informe de coyuntura sobre la situación de producción y gestión de los residuos, incluyendo datos de procedencia, recogida y tratamiento, y destino de los materiales obtenidos, así como los costes económicos asociados. Deben evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión de los residuos. Esta información debe estar a disposición del público en general.

A día de hoy, esta información no está disponible en casi ningún municipio, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla los datos siguientes :

1º- Cantidad de residuos generados en el municipio y destino de los materiales obtenidos.

2º- Costes económicos asociados a la gestión de los residuos y grado de cumplimiento de los objetivos de prevención.

3º- Coste del servicio de recogida de residuos.

4º- Recaudación efectuada por ese Ayuntamiento o entidad que gestione el cobro del servicio de recogida de residuos (tasa de basura), con indicación de la cantidad recaudada por meses.

5º- Sistemas de recogida separada de la fracción orgánica: tipología de los contenedores (control de usuario), número de unidades y coste total.

6º- Nuevas Ordenanzas municipales de residuos. La Ley 7/2022 estableció la obligación de que todos los municipios cuenten con una ordenanza de residuos actualizada, indicando cómo han de actuar los ciudadanos para depositar sus residuos de manera correcta en los medios municipales.

7º- Actualización del convenio con Ecoembes para asegurar el cumplimiento del artículo 23.4 del Real Decreto 1055/2022, por el cual deben hacerse cargo de todos los costes asociados a la recogida de envases.

Ecologistas en Acción recuerda que la tasa de basuras debe depender de la cantidad de residuos generada en cada vivienda y no como hacen ahora los ayuntamientos, que pagan con recursos propios el tratamiento de basuras y por tanto los detraen de otros servicios municipales. Las vecinas tendrán así motivos para generar menos residuos y separarlos mejor.

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• Las principales ciudades superaron en 2025 el nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno.
• Sevilla se encuentra entre las 8 ciudades más contaminadas por dióxido de nitrógeno de toda España.

Ecologistas en Acción demanda la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, se comprueba que todas ellas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022.

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23). Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas. Ecologistas en Acción exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 

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• Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja que el pacto PP-VOX pretende boicotear.
• Alerta del retroceso social y ambiental en Sevilla tras el pacto PP–Vox. 

Ecologistas en Acción ha mostrado su «estupor» ante el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 en Sevilla, que incluye la flexibilización de las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular y la prioridad en «combatir la proliferación de manteros».

La organización ecologista considera que esta decisión supone un incumplimiento de la propia Ordenanza municipal de ZBE y alerta de que, además de suponer una burla a la Ley, aumentaría la contaminación atmosférica que ya sufre la ciudad. Se trata de una medida ilegal, similar a la adoptada en otros ayuntamientos de derecha.

La entidad ha anunciado que permanecerá vigilante para garantizar que se cumple la única ZBE planteada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción advierte de que, de materializarse la flexibilización anunciada, se estaría vulnerando el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, así como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Las Zonas de Bajas Emisiones están concebidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad urbana y forman parte de las obligaciones recogidas en la normativa estatal sobre cambio climático. Ecologistas en Acción recuerda que el objetivo último de estas zonas es mejorar la calidad del aire y mitigar los impactos del cambio climático, favoreciendo un modelo de movilidad más sostenible, inclusivo y seguro, que priorice el transporte público y la movilidad activa a pie o en bicicleta.

El Real Decreto establece, además, que las ZBE deben evitar una mayor concentración de vehículos contaminantes en su perímetro para impedir el empeoramiento de la calidad del aire, el ruido y las condiciones ambientales. La organización ecologista considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento irían en sentido contrario a esta obligación.

Según el último informe estatal de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire, basado en datos oficiales de siete estaciones de control en Sevilla, la contaminación procedente del tráfico rodado ha aumentado en la ciudad y se registran superaciones de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa vigente.

En este sentido, Ecologistas en Acción subraya que la calidad del aire en Sevilla está estrechamente vinculada a enfermedades respiratorias. La contaminación derivada del tráfico —incluyendo partículas finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y compuestos orgánicos volátiles— penetra profundamente en los pulmones, irrita las vías respiratorias y provoca inflamación, favoreciendo patologías como el asma, la bronquitis crónica o la EPOC. La organización recuerda que la exposición continuada a estos contaminantes incrementa también el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en áreas urbanas con altos niveles de polución. Recordar que se producen alrededor de unas 600 muertes prematuras al año debido a la contaminación atmosférica en Sevilla(1). Debilitar la ZBE de la Cartuja, advierte la entidad, supone reducir una herramienta clave para proteger la salud pública y la calidad de vida de la población sevillana.

La entidad denuncia también la ausencia de indicadores claros para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la ZBE de la Cartuja, así como la inexistencia de una estación de control de la calidad del aire en la zona, lo que a su juicio impide un seguimiento adecuado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Transportes la retirada de la subvención de fondos Next Generation, que supera los tres millones de euros y fue solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la ZBE. La organización considera que existe un incumplimiento manifiesto de la normativa reguladora, ya que la medida municipal no contemplaría restricciones de acceso ni sanciones para los vehículos más contaminantes, siguiendo —según afirma— las condiciones exigidas por Vox al PP para la aprobación de las cuentas municipales.

También recuerda que ya en 2023 propuso la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones en Sevilla, con especial atención al Casco Antiguo y al conjunto histórico de Triana, en línea con las zonas recogidas en el «Plan Respira». A su juicio, estas áreas sí cumplirían con buena parte de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación por el contenido social del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que pasa —según denuncia la organización— de impedir el acceso al padrón municipal de personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Para Ecologistas en Acción, esta medida supone criminalizar y desproteger a quienes ya sufren una situación de mayor vulnerabilidad, dificultando su acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y vulnerando el principio de solidaridad que debería guiar las políticas públicas.

La organización recuerda que muchos colectivos sociales que trabajan en apoyo a personas migrantes insisten en que la llamada «proliferación de manteros» no puede abordarse desde la persecución policial ni la criminalización, sino afrontando las causas que llevan a muchas personas a sobrevivir con la venta ambulante, como la falta de alternativas laborales, la irregularidad administrativa o la exclusión social. A su juicio, la respuesta justa y eficaz pasa por garantizar derechos, facilitar vías de regularización y ofrecer oportunidades de empleo digno, y no por señalar a quienes ya viven en una situación límite.

Por último, Ecologistas en Acción concluye que el pacto PP–Vox «supone un doble retroceso»: por un lado, en materia de derechos y cohesión social, al dificultar la vida de las personas migrantes más vulnerables; y por otro, en la protección ambiental y de la salud pública, al rebajar las herramientas destinadas a reducir la contaminación. La organización demanda políticas basadas en la solidaridad, la justicia social y la protección ambiental, en lugar de medidas que —a su juicio— castigan a quienes menos tienen y relajan la defensa del bien común.

1. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

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Ha durado más de dos meses. La huelga en el Grupo Aeronáutico Zona Centro (GAZC), una compañía dedicada a la fabricación y montaje de piezas con sede central en Getafe (Madrid) y tres centros de trabajo en La Rinconada (Sevilla), finalizó el pasado 16 de diciembre con un acuerdo entre la empresa y la sección sindical de CNT que la convocó.

Según el texto, el pacto incluye una mejora en el plus de nocturnidad, una subida a 19 trabajadores de su categoría profesional y un aumento en la elección de la fecha de los días de vacaciones, de ocho a diez. Además, según CNT, se han firmado derechos para la representación sindical y mecanismos para tener un clima de diálogo y negociación, indica el comunicado de CNT Sevilla.

Para la empresa, “la huelga ha sido una experiencia dura y negativa para todas las partes implicadas”, que “no ha aportado soluciones duraderas y ha deteriorado el clima de trabajo”. El paro ha acabado sin “vencedores”, destacan, habiendo “perdido todos”. GAZC Sevilla destaca a La Marea que “quiere pasar página, aprender de lo ocurrido y seguir apostando por el diálogo, el respeto y la estabilidad laboral como base del futuro”.

La sección sindical de CNT, creada en mayo en GAZC, convocó el paro al margen del comité de empresa, representado por UGT, tras “meses de incumplimientos del convenio colectivo, recortes ilegales y represión sindical creciente”, según denunció. Sus principales reivindicaciones fueron el reconocimiento de las categorías profesionales que realmente ejercen sus trabajadores, el fin de la imposición unilateral de las vacaciones y días de libre imposición, un pago correcto de las vacaciones según el convenio colectivo, una remuneración “justa” del plus por la turnicidad y nocturnidad y la readmisión de ocho trabajadores despedidos afiliados al anarcosindicato, uno de ellos durante la huelga, según CNT.

Según GAZC Sevilla, el despido se produjo “por hechos graves ajenos al ejercicio del derecho de huelga y anteriores al inicio del conflicto”. Y respecto a los despidos previos a la huelga, la empresa afirma que se debieron a “causas económicas, debidamente acreditadas y ajenas a cualquier motivación sindical” de forma previa a la creación de la sección sindical y sin que la empresa tuviese conocimiento de su constitución.

“No se ha entablado ninguna comunicación con el comité de empresa con respecto a la situación en la empresa para negociarla. De buenas a primeras se convocó huelga indefinida por un sindicato que no está instaurado en la empresa. No son formas”, señaló el secretario general de UGT FICA Sevilla. Tras el fin de la huelga, UGT afirma: “El acuerdo no llega ni al 40% de los que han estado en huelga porque no hay turnos de noche para muchos de ellos. La cuantía económica es muy inferior a lo que pretendían. El comité de empresa estaba negociando mejoras por encima de lo conseguido para toda la plantilla y no para un colectivo solo”, valora Ponce.

“No es lógico ni normal” un acuerdo así tras más de 70 días de huelga, destaca. “Acuerdos así logramos en UGT día sí y día no sin hacer huelga. El populismo y hacer las cosas por las bravas sin negociar no es la mejor estrategia sindical para los trabajadores y trabajadoras”, concluye el sindicalista de la UGT. Desde CNT consideran que la UGT los «ha abandonado”.

Entre los clientes de GAZC están Airbus, Boeing, Gulfstream y Bombardier. La compañía afirma tener una facturación de más de 30 millones de euros y una plantilla de más de 300 trabajadores. La empresa está administrada por Jesús Huerta de Mora y David San José Villa. Los datos de CNT indican que 39 trabajadores de una plantilla de unos 150 han secundado la huelga indefinida, la más longeva en el sector en la provincia de Sevilla según fuentes sindicales. Los huelguistas aguantaron más de dos meses sin sueldo gracias a la caja de resistencia que lanzó el sindicato.

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Ecologistas en Acción ha expresado públicamente su apoyo a la brigada de la Guardia Civil María Serrano, juzgada en el Tribunal Militar de Madrid por un presunto delito de denuncia falsa tras haber alertado sobre posibles casos de corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla.

La Fiscalía Jurídico Militar retiró su denuncia puesto que no ve indicios de delito. La única acusación que queda es la de un particular, General de División.

El procedimiento judicial concluyó el martes 16 y la sentencia está prevista antes del próximo día 24. La acusación solicita cerca de un año de prisión militar y una responsabilidad civil de 20.000 euros. La organización ecologista reclama que en este caso se aplique el espíritu y la finalidad de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, así como de la directiva europea que le da origen.

La militar, entrevistada por Ecologistas en Acción hace aproximadamente año y medio, se ha sentado en el banquillo acusada de denuncia falsa y se enfrenta a una posible pena de cárcel por haber denunciado, hace una década, presuntas irregularidades internas en el Seprona de Sevilla. Desde entonces, según denuncian, ha sufrido un prolongado proceso de represalias y desgaste personal y profesional que ella misma ha calificado como un “calvario”.

La denuncia inicial por presunta corrupción interna fue archivada en su momento por prescripción de los delitos. Sin embargo, posteriormente se abrió contra ella una causa por denuncia falsa, impulsada por quien entonces era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y hoy general, causa que ha sido finalmente juzgada en la jurisdicción militar.

Este caso guarda paralelismos con el de Ana María Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y denunciante clave del caso Gürtel, cuya actuación fue determinante para destapar una de las mayores tramas de corrupción en el Estado español. Garrido, hoy reconocida activista en la lucha contra la corrupción y referente en el desarrollo de la normativa de protección a denunciantes, también sufrió graves represalias personales y profesionales, hasta el punto de verse obligada a abandonar el país. Garrido ha mostrado su respaldo a María Serrano y ha señalado su caso como un ejemplo del deficiente desarrollo práctico de la ley de protección a las personas informantes, subrayando que este procedimiento podría servir para corregir esa deriva y reforzar la lucha contra la corrupción.

Ecologistas en Acción insiste en que cumplir con el deber de informar sobre posibles irregularidades no puede convertirse en motivo de castigo ni de persecución. En este sentido, recuerda que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva años denunciando la “abusiva y arbitraria aplicación” del Código Penal Militar contra quienes se atreven a denunciar prácticas corruptas dentro del cuerpo.

La organización ecologista subraya, además, que María Serrano está siendo juzgada por la jurisdicción militar por un presunto delito de carácter civil. Recuerda que uno de los compromisos aún pendientes de los Pactos de la Moncloa es que la justicia militar se limite estrictamente a delitos militares y no se aplique a conductas de naturaleza civil, una exigencia que consideran especialmente relevante en el caso de la Guardia Civil.

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