Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Para corregir un error, lo primero es admitirlo. Reconozcamos que algunos de los pilares de nuestra sociedad están construidos sobre la violencia.
El patriarcado se reconoce cuando vemos la agresividad contra las mujeres y los niños.
El antropocentrismo —decía Marta Tafalla— nos ha llevado a que se pierdan especies a un ritmo insólito.
El ecocidio es una forma de brutalidad contra toda la biosfera, humanos incluidos (especialmente mujeres, niños y personas pobres).
El racismo —disfraz común de la aporofobia— necesita violencia sobre la que articularse.
Los paraísos fiscales, el turismo depredador o los impuestos regresivos (el IVA, por ejemplo) son una forma legal de promover una desigualdad que salpica violencia contra los más pobres, a los que expulsa fuera de los márgenes para luego culparlos por buscarse la vida donde a las élites no les interesa.
Afirmar que la violencia es intrínseca al ser humano es negarse a comprender que detrás de cada misil, de cada bala y de cada puñetazo hay una mano gobernada por una mente humana. La violencia —como la paz— se puede enseñar, se puede aprender y también se puede desaprender.
La paz como camino
El camino de la no violencia (ahimsa) no es el de la resignación ni el de la indiferencia. Implicarse en la paz exige coherencia en los gestos cotidianos: en lo que consumimos, en lo que toleramos y en lo que legitimamos. Nuestro voto democrático y nuestras exigencias políticas influyen e importan, incluso aunque nuestra opción no consiga ni un escaño. Cada día es un reto para educar (y educarnos) en pacifismo, feminismo, ecoanimalismo, etc.
En este sentido, deberíamos rechazar productos o eventos que apoyen actos de violencia. Por ejemplo, productos procedentes de países que ejercen violencia desmedida (Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos…), pero también películas, publicidad o videojuegos, contenidos que normalizan la violencia. Por supuesto, la gran mayoría de adolescentes sabe distinguir entre disparar en un videojuego y disparar en la vida real, pero acostumbrarse a hacerlo —de jóvenes— en el mundo virtual, facilita dar el salto a hacerlo en el mundo real.
Lo saben bien los cazadores y los taurinos. Si no enseñas a los niños este tipo de agresividad, será más difícil que de mayores quieran disparar a un ciervo o disfrutar del sufrimiento de un toro sangrando. Una mente educada en la paz jamás disfrutará de la violencia. Lo que deja de parecernos aceptable termina dejando de practicarse.
Tiempos turbios como el petróleo
Corren tiempos extraños en los que un presidente de Estados Unidos insulta, promueve la rebelión, ataca, bombardea, justifica un genocidio, exige un aumento del gasto militar…, y acto seguido pide para sí mismo el Premio Nobel de la Paz. La contradicción ya no escandaliza: se ha normalizado. Resulta igualmente revelador que la ganadora del premio en 2025 —la venezolana María Corina Machado— quisiera compartirlo con Donald Trump por el mérito de haber secuestrado —mediante bombas y crueldad— al presidente de Venezuela. Por muy indigno presidente que fuera Nicolás Maduro, usar la violencia contra él jamás debería ser el argumento para merecer un premio pacifista.
Ante el petróleo robado, han surgido empresas-vampiro como Repsol, que se han arrodillado ante Trump para conseguir un trozo de la sangre venezolana. Repsol se hundiría en ventas y en bolsa, si la España de hoy fuera la misma que la España del «No a la guerra» contra Aznar (2003) o la España del 15-M (2011). ¿Quién quiere repostar en una empresa que roba a un país hermano?
España estalló contra la guerra de Irak en la que nos metió el presidente Aznar. ¿Qué protestas hay en Estados Unidos contra el robo de petróleo a otros países? ¿Qué protestas hay en Israel contra el genocidio de sus vecinos palestinos? Apenas las hay; en parte porque ha existido una educación comprensiva o que justifica cierta violencia.
Sumar gestos para la paz
No hace falta gritar en las calles. Basta con boicotear todo lo que provenga de empresas o países violentos o que se aprovechen de la violencia de otros. Cada gesto —también en redes sociales— suma o resta. No es lo mismo presumir de unos pendientes de oro que posar con una kufiya palestina. Consumir es más poderoso que votar.
La no violencia —especialmente hacia los animales— es un arma muy poderosa que, además, se contagia por vía oral. Hay mil ejemplos, desde Gandhi hasta casos más recientes, que muestran que la resistencia no violenta puede erosionar sistemas aparentemente inamovibles. La fuerza de la no violencia no reside en la pasividad, sino en su capacidad de deslegitimar la violencia sin reproducirla. Palestina ha encontrado más éxito y más apoyo internacional ejerciendo la no violencia que con atentados terroristas. La Flotilla de la Libertad es solo un ejemplo vivo que nace para frenar a una potencia violenta, para desacreditarla y para complicarle la existencia sin derramar nada de sangre.
Un buen punto para comenzar a construir una sociedad pacífica sería acercarnos al veganismo. Si conseguimos una sociedad sensible al sufrimiento de un pez o de una gamba, habremos caminado en paz más de la mitad del camino.
Las manifestaciones que se iniciaron hace dos semanas en Irán por la elevada subida de los precios han propiciado que el régimen de los ayatolás empiece a tambalearse. La brutal represión ejecutada por el Gobierno se ha cobrado la vida de centenares de civiles. En un intento por frenar las protestas, las autoridades cortaron el acceso a Internet en todo el país. Desde Estados Unidos, Donald Trump se ha ofrecido para «liberar» a los iraníes. «Estamos listos», ha dicho el presidente estadounidense sobre una hipotética intervención militar.
El Gobierno de Teherán atribuye precisamente las manifestaciones a maniobras de desestabilización por parte de Estados Unidos e Israel. El líder supremo, Alí Jamenei, dijo que los manifestantes están «arruinando sus propias calles» para complacer al presidente estadounidense. «Lo que está sucediendo no son protestas, es una guerra terrorista contra el país», afirmó por su parte el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. El régimen ha amenazado a Washington con atacar las bases militares norteamericanas en Oriente Próximo si Trump se decidiera a actuar en Irán. El mandatario estadounidense rebate esta narrativa asegurando que los líderes iraníes le han llamado «para negociar».
A pesar de que Teherán culpa a agentes exteriores de sus problemas, lo cierto es que las condiciones de vida de los iraníes se han deteriorado enormemente en los últimos meses. El país vive una intensa sequía, una crisis energética y sufre, por añadidura, los efectos de las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, que ya atacó sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio. La inflación supera el 40% y la moneda local, el rial, ha perdido más del 95% de su valor respecto al dólar desde 2018. El precio de los alimentos ha subido en torno al 70%. Todo esto ha lanzado a la población iraní a protagonizar unas protestas que superan en intensidad las sucedidas en 2022 tras el homicidio de la joven kurda Zhina Amini, cuando ésta estaba bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la deriva de los acontecimientos. Las informaciones sobre «el violento y excesivo uso de la fuerza» por parte de las autoridades le ha llevado a pedir «contención» y a que se restauren las comunicaciones: el apagón de Internet dura más de cuatro días.
Aunque no es fácil contrastar las pocas noticias que llegan desde Irán, se ha comprobado la veracidad de unas imágenes que muestran centenares de bolsas para cadáveres en las morgues, lo que confirmaría la brutalidad del régimen teocrático a la hora de reprimir las protestas.
Una organización en defensa de los derechos humanos radicada en Estados Unidos, Human Rights Activists News Agency, habla de 490 manifestantes asesinados por el régimen iraní, así como de más de 10.600 detenidos.
En esta tesitura, Reza Pahlavi, que vive exiliado en Estados Unidos y es hijo del último sha, quiere postularse como líder de la oposición al régimen de los ayatolás. Benjamín Netanyahu es su más firme defensor. Pahlavi grabó un mensaje en vídeo que publicó en su cuenta de X y en él se dirigía directamente al líder supremo de Irán: «Mi mensaje a Jamenei es este: vete ahora y podrás vivir junto a Al Assad en Moscú».
Donald Trump cree que el único límite a su poder es su propia «moralidad». Así lo ha expresado en una entrevista con el New York Times. El Senado de Estados Unidos no opina lo mismo y votó a favor de limitar la posibilidad de que pueda realizar otro ataque como el de Venezuela, el pasado sábado, sin contar con el visto bueno del Congreso. Incluso cinco senadores republicanos se desmarcaron de las filas del trumpismo y votaron a favor de esta decisión. El presidente estadounidense los llamó «estúpidos» y exigió que nunca más ocuparan un cargo público.
La maniobra del Senado evidencia hasta qué punto el golpe en Venezuela ha conmocionado las bases de la política estadounidense y mundial. Tanto Washington como los gobiernos europeos y latinoamericanos están en guardia, debatiendo, analizando cuáles pueden ser los próximos movimientos de Trump y cómo hacerles frente. Se plantean dos estrategias: la confrontación (aún puramente verbal, con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron a la cabeza: ambos han rechazado explícitamente el «vasallaje» a Estados Unidos) y la colaboración. Esta última opción parece haber sido la elegida por Delcy Rodríguez. «Hay mucho maniqueísmo cuando se habla de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. No son algo extraordinario ni irregular las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela», afirmó la presidenta venezolana. Estas «relaciones económicas», en la actualidad, están marcadas por la orden de Trump de apoderarse del petróleo venezolano, venderlo y quedarse con las ganancias; los ingresos que puedan ir eventualmente a Venezuela, además, deberán gastarlos en productos estadounidenses.
En esta situación, Caracas ordenó ayer la excarcelación de un centenar de presos como gesto de buena voluntad. Entre los liberados hay cinco personas de nacionalidad española: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la venezolana con doble nacionalidad Rocío San Miguel. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, agradeció el papel mediador del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de Catar en la liberación de los primeros presos.
La semana que viene, Trump tiene previsto reunirse con María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo que fue desautorizada por el propio presidente norteamericano tras dar el golpe en Venezuela. «No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario», dijo de ella. A pesar del desaire, la opositora se ha mostrado exultante por viajar a la Casa Blanca para, según dijo literalmente, compartir con Trump su premio Nobel de la Paz. Quiere compartirlo con el hombre que, por interés económico, ha optado por la continuidad del chavismo.
A este descabellado clima de las relaciones internacionales hay que sumar la reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se mostró a favor de una mayor presencia estadounidense en Groenlandia. A favor… aunque la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya afirmado que si Estados Unidos ataca Groenlandia eso significará el fin de la OTAN.
Ante esta reacción, no sólo de Dinamarca sino de la mayoría de los líderes europeos, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se burló de la «loca sobreactuación» proveniente del Viejo Continente. En una entrevista con la cadena afín Fox News, Vance intentó endosarle a Europa una narrativa dudosa (y llena de apelaciones celestiales) sobre la conveniencia de que Groenlandia pase a manos norteamericanas: «Si, Dios no lo quiera, los rusos o los chinos… No digo que vayan a hacerlo, pero si alguien, Dios no lo quiera, lanzara un misil contra nuestro continente, Groenlandia es una parte fundamental en la defensa antimisiles».
Vance, además, se mostró muy condescendiente con sus «aliados» europeos. «Siempre argumentan sobre el pasado. Dirán, bueno, luchamos juntos en la Segunda Guerra Mundial o luchamos juntos en la guerra contra el terrorismo. Y estamos agradecidos por ello. Nos encanta tener estos aliados. Pero que hayas hecho algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo estúpido ahora», dijo Vance, siguiendo al pie de la letra el libro de estilo del trumpismo: si no aprueban nuestras ideas, son estúpidos.
La próxima semana intentarán coaccionar en persona a los líderes de Dinamarca y Groenlandia: el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con ellos para explicarles, por enésima vez, la importancia estratégica de la isla ártica para Estados Unidos.
Envalentonado tras la intervención militar en Venezuela, Donald Trump ha señalado su próximo objetivo: Groenlandia. Este territorio, largamente codiciado por el mandatario estadounidense, alberga petróleo, gas, oro, uranio y materias primas críticas (litio, tierras raras, etc.). Como ocurrió en Venezuela (o en Irak en 2003), la excusa oficial para atentar contra la soberanía de un país extranjero no es explícitamente el saqueo de sus recursos naturales: en un comunicado oficial, la Casa Blanca declara que ambiciona el control sobre la isla para disuadir a sus «adversarios en la región del Ártico».
Los líderes europeos, reunidos ayer en París y conocedores de la táctica estadounidense, recordaron a Trump que Groenlandia es un territorio dependiente del Reino de Dinamarca y que, como miembros de la OTAN, todos juntos defenderán la isla de esos «adversarios» tan temidos en Washington. «Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», afirmaron los líderes de Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Reino Unido y Dinamarca. Aunque débilmente, es la primera vez que Europa alza su voz contra las ansias expansionistas de Trump.
En este sentido, el mandatario más contundente en sus críticas fue el español Pedro Sánchez: «No podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es Dinamarca. No podemos aceptarlo y no lo vamos hacer, ni como país ni como gobierno. No nos vamos a callar».
El presidente estadounidense, por su parte, en unas declaraciones a bordo del Air Force One, afirmó que se hará con el control de Groenlandia «en unos dos meses» o quizás antes, «en 20 días». Su primera opción es comprarla, como indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión con senadores de Estados Unidos. De este modo, replicaría el modelo por el cual se hizo con el control de Alaska en 1867. Y si eso falla, optarán por la vía de las armas. «El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe», indicó la Casa Blanca en un comunicado.
«El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado», declaró ayer Trump, quien en su hiperbólico estilo ensalzó el poderío militar de su país. Lo mismo hizo Rubio, descendiente de emigrantes (no exiliados) cubanos que tiene entre ceja y ceja la invasión de la isla caribeña. «Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado», aseguró tras el secuestro de Nicolás Maduro el pasado sábado.
El presidente norteamericano , en cualquier caso, tiene menos prisa que Rubio a la hora de asaltar Cuba. Trump ya ha expresado públicamente que confía en que el gobierno cubano caiga por sí solo tras cortarles el suministro de petróleo que recibían desde Venezuela. La grave crisis económica que vive la isla, causada en gran medida por el embargo estadounidense, ha llevado a su gobierno a sondear a otros posibles aliados. Sus primeros contactos han sido con la República Islámica de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el golpe de Estado en Venezuela: «Vamos a dirigir el país hasta que haya una transición adecuada», ha dicho desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida). Durante las preguntas de la prensa, remarcó que iban a «dirigir el país bien, con juicio» y que «dirigir Venezuela llevará un tiempo».
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han sido muy claros en sus exposiciones. Por un lado, el presidente ha anunciado que “el petróleo va a fluir como debería. Lo vamos a gestionar bien”. Por otro, han advertido que Cuba y Colombia tienen razones para estar preocupadas.
Poco antes de su comparecencia, había difundido una imagen de Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y los oídos tapados, a bordo del buque militar Iwo Jima rumbo a Nueva York, donde será juzgado por cuatro delitos, entre ellos, por presunto “narcoterrorismo”.
El secuestro de Maduro y su mujer, Cilia Flores, se produjo esta madrugada en el marco de una agresión militar aérea que Trump ha calificado repetidamente como “espectacular”.
A las 20h, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha denunciado el «secuestro ilegal» de Maduro y ha pedido su liberación inmediata. «Lo que hoy hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera», añadió en su comparecencia, durante también llamó a la calma.
Las declaraciones de Rodríguez chocan con las de Trump, quien había asegurado dos horas antes que Rubio había hablado con la vicepresidenta venezolana, y que esta se había mostrado “sorprendemente colaboradora”. Por el contrario, ha descartado que María Corina Machado, líder de la oposición, pueda liderar Venezuela porque “no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país”.
Ataques previos
Estados Unidos lanzó un ataque contra Venezuela con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro en la madrugada del sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a través de su red social que lo habían «capturado y sacado del país». La agresión contra el país sudamericano, al margen del derecho internacional, incluyó bombardeos en las ciudades de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.
Este «ataque a gran escala», como lo ha definido Trump, se venía gestando desde hace meses; durante ese tiempo se produjeron diversas ofensivas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe que, según informaba Washington, pertenecían a narcotraficantes. Este punto jamás ha sido debidamente verificado. Más de 100 personas han sido asesinadas en esos ataques. Trump ha acusado a Maduro, igualmente sin pruebas, de ser el líder del Cártel de los Soles, una banda a la que EE.UU. ha clasificado como organización terrorista internacional.
La cuestionable veracidad de estas acusaciones contrasta con el hecho incontrovertible de que Venezuela posee la mayor reserva mundial de petróleo y que desde Washington consideran de gran importancia geoestratégica controlar esos yacimientos.
Donald Trump, flanqueado por sus hombres de confianza en la operación contra el gobierno de Maduro. RTVE
La reacción de España
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reaccionado al ataque estadounidense con un comunicado en el que hace «un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas».
Además, el Gobierno español recuerda que «no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela». También remarca que España «ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país».
Las recientes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela representan algo más que un nuevo episodio de tensión bilateral. Constituyen un desafío directo al derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede evolucionar el orden mundial si se normaliza el uso unilateral de la fuerza. Ataques con drones, operaciones navales, interceptaciones de embarcaciones y amenazas de bloqueo han convertido al Caribe y al Pacífico oriental en un escenario de militarización sin precedentes.
El coste humano de esta escalada resulta especialmente alarmante. En los últimos meses, más de un centenar de personas han muerto como consecuencia de bombardeos y ataques contra embarcaciones llevados a cabo por fuerzas estadounidenses. Las víctimas eran civiles, ejecutados sin haber sido detenidos, juzgados ni sometidos a procedimiento alguno, lo que podría encuadrarse en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional.
El marco jurídico es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admiten dos excepciones: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas concurre en el caso venezolano. No existe mandato alguno que legitime un bloqueo ni ataques armados, ni se ha acreditado una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa. Lo que hay es una actuación unilateral que vulnera principios básicos del orden jurídico internacional.
Además de la prohibición del uso de la fuerza, la actuación unilateral de EE.UU. atenta directamente contra los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países, que conforman la base de una convivencia pacífica entre Estados y sobre los que descansa el derecho internacional.
Sin embargo, tampoco debe resultar extraño si tomamos en cuenta el desprecio de Donald Trump hacia el sistema multilateral, desautorizando reiteradamente a Naciones Unidas, calificándolas de “organismo inútil” y defendiendo que Estados Unidos no necesita el aval de nadie para “defender sus intereses”. En relación con Venezuela, Trump ha sido aún más explícito. En diversas declaraciones públicas ha subrayado que posee “enormes reservas de petróleo” y que esos recursos “no pueden quedar en manos de enemigos de Estados Unidos”. Altos cargos de su administración han insistido en la necesidad de “proteger intereses energéticos estratégicos” en la región.
Cuando el uso de la fuerza coincide tan claramente con intereses económicos, el derecho internacional pasa a convertirse en un obstáculo incómodo. Como ha señalado el prestigioso jurista y exrelator de la ONU, Richard Falk, cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas comunes “el derecho internacional deja de cumplir su función de contención del poder”.
La magnitud del despliegue militar estadounidense refuerza esta preocupación. Estados Unidos no concentraba tanto poder militar en la región desde los años ochenta, durante los conflictos en Centroamérica y la invasión de Panamá. Tampoco se recuerda, desde el final de la Guerra Fría, una presencia militar tan intensa y prolongada en el espacio marítimo frente a las costas de Venezuela y Colombia como foco de presión.
En la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada a petición de Venezuela, varios Estados denunciaron que las acciones estadounidenses violan la soberanía venezolana y socavan los principios fundacionales de la ONU. El representante de China fue especialmente contundente al advertir que “el uso unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad debilita gravemente el orden internacional basado en el derecho”.
No se trata de una discrepancia ideológica, sino de la defensa de normas mínimas que permiten la convivencia entre Estados, la estabilidad en la región y un aspecto clave, siempre olvidado, el impacto de estas medidas sobre la población civil. Los bloqueos de facto, las sanciones y las amenazas militares no castigan a los gobiernos, sino a las sociedades y, especialmente, a los grupos más vulnerables.
Pero hay una cuestión aún más profunda. Lo que ocurre en Venezuela puede interpretarse como un laboratorio de una reconfiguración del orden mundial. Como advierten varios analistas, como la politóloga Anne-Marie Slaughter, el abandono del multilateralismo solo “conduce a un mundo regido por esferas de influencia y por la ley del más fuerte”. Aceptar esta lógica implica asumir que el derecho internacional es prescindible cuando resulta incómodo y también normalizar que las grandes potencias puedan imponer su voluntad por la fuerza, fundamentalmente por sus intereses económicos.
Defender el derecho internacional hoy significa preservar las reglas que evitan que el mundo retroceda a la “diplomacia de las cañoneras” propia del imperialismo del siglo XIX. La actuación de Estados Unidos en Venezuela no solo vulnera la legalidad internacional, sino que apuntala un modelo de relaciones internacionales basado en el unilateralismo, la coerción y la fuerza, erosionando el sistema multilateral y sentando un precedente extremadamente peligroso para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.
Enrique López es profesor asociado deDerecho Internacional Públicoen la Universidad Carlos III de Madrid.
Este análisis se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente
Once meses después de la inauguración de Trump 2.0, quizá lo que más impresiona sea la ambición desbocada de su gobierno. De conservador desde luego no tiene nada: desprecia todo lo existente. Desde el primer día, las y los miembros del equipo ministerial de Trump, además de sus asesores más cercanos –Russell Vought, el director de presupuestos, y Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto– se comportan como verdaderos revolucionarios.
Para comprender esta actitud jacobina es importante recordar que se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante que busca acelerar el Día del Juicio Final (la rapture); la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádicay supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites «globalistas» (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca. No queda claro cuánto de todo este ideario comparte el propio presidente ni cuán involucrado está Trump en los detalles del día a día. Partiendo de lo que suele responder a preguntas de la prensa, se desprende que se entera de más bien poco. Para fines prácticos no importa demasiado.
Lo que sí importa es que esta administración ha apostado de lleno por una táctica de tierra quemada. Esto hace que compilar un inventario tentativo de daños sea un ejercicio tan necesario como perturbador.
Inmigración
La política represora e inhumana del gobierno federal norteamericano hacia los inmigrantes –en particular las y los indocumentados– no es nada nueva. De hecho, ha sido una constante desde los años de Bill Clinton y apenas se ha atenuado bajo presidencias demócratas. Aun así, Trump 2.0 ha sabido empeorar una situación ya muy mala. A nivel retórico, es constante la demonización: los inmigrantes son retratados como «escoria de la peor calaña», asesinos, violadores y locos. (En una confusión tan trágica como hilarante, Trump se empeña en confundir a los solicitantes de asilo, asylum seekers, con pacientes de manicomio, insane asylum).
Esta retórica ha servido para justificar medidas mucho más concretas. En términos policiales, se han expandido los poderes, el presupuesto y las filas de las dos agencias federales responsables de vigilar la frontera e implementar las políticas migratorias, ICE y la patrulla fronteriza. Sus métodos de vigilancia y detención son ya directamente dictatoriales, dado que incluyen las desapariciones forzosas a manos de agentes enmascarados que se desplazan en vehículos sin marcar. Aunque los números son difíciles de contrastar, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre que, en lo que va de año, entre deportaciones y autodeportaciones, se ha «eliminado» a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, como daño colateral de las redadas masivas de ICE, han sido detenidos y maltratados al menos 170 ciudadanos estadounidenses, como confirmó una investigación independiente del medio ProPublica.
Agentes de ICE detienen a un migrante al salir de una audiencia en un tribunal de inmigración de Manhattan, el pasado 27 de octubre. DAVID ‘DEE’ DELGADO / REUTERS
Es importante comprender que el radio de acción de una agencia como la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no se limita de ningún modo a las zonas propiamente fronterizas, porque «la frontera», legalmente, abarca hasta a 100 millas a la redonda de puertos y aeropuertos internacionales, con lo que cubre más de la mitad del territorio nacional. En un documental reciente, Frontera adentro, los cineastas Pamela Yates y Paco de Onís demuestran que, hoy, la frontera está por todas partes: atraviesa y divide a millones de comunidades y familias. Al mismo tiempo, nutre las ganancias cada vez mayores de lo que llaman el Complejo Industrial Fronterizo, cuyo presupuesto combinado se aproxima a los 40.000 millones de dólares por año. Los cientos de centros de detención que ICE tiene en propiedad, alquila o está construyendo por todo el territorio nacional son, además de instrumentos de represión, una mercancía. Si las cuotas mínimas de detenciones que se imponen a las unidades de la policía migratoria sirven a un propósito político, también tienen una función económica: cada cama vacía es una fuente de pérdidas.
Nacionalismo
Bajo esta presidencia, el patriotismo excepcionalista estadounidense de siempre ha llegado a nuevos paroxismos. Trump ha intensificado su campaña, iniciada durante su primer mandato, en favor de una historia «patriótica» que inspire unidad y orgullo, intentando intervenir, con éxito desigual, en la enseñanza, los museos, las agencias estatales, los parques nacionales y el calendario de días festivos. En todos estos casos el patrón es el mismo: censurar relatos críticos e históricamente rigurosos, o que tengan protagonistas no blancos o no masculinos, a favor de otros relatos ramplonamente celebratorios con una base factual más bien tenue. Así, este mes de octubre Trump sacó una proclamación en que renombraba el 12-O (que Biden tildó de Día de los Pueblos Indígenas) como Día de Colón. La proclamación describió al navegante genovés enviado por los Reyes Católicos españoles como «el héroe estadounidense original» que «allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental… el 4 de julio de 1776». (¿Cómo reaccionaría Trump si se enterara del Día de la Hispanidad?).
Constitución y Estado de Derecho
Tanto en su política migratoria como en su satanización de toda oposición (sea en su propio partido, de la izquierda o del extranjero) como «extremista», «peligrosa», «terrorista» y «antiamericana», el gobierno de Trump ha violado de forma sistemática numerosos derechos constitucionales y socavado el Estado de derecho. Las dos enmiendas más zarandeadas son la Primera (que regula la libertad de expresión) y la Quinta (que protege contra las detenciones arbitrarias). Por otra parte, Trump viola casi diariamente la independencia de su fiscal general, Pam Bondi, instándola a que instrumentalice su departamento para perseguir a los enemigos personales del presidente, incluidos a republicanos prominentes como James Comey (exdirector del FBI) o John Bolton (que tuvo varias funciones clave en el primer gobierno de Trump). En términos más generales, el Gobierno ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para asociar la violencia política con el «extremismo» de izquierdas, «Antifa», fundaciones como las de George Soros o la Ford, y el terrorismo.
Un manifestante anda entre humo y gases lacrimógenos durante una protesta frente a la sede de ICE en Portland (Oregón), el 4 de octubre. CARLOS BARRIA / REUTERS
Este último eslabón de la cadena asociativa es crucial porque, según la legislación adoptada a la zaga del 11 de septiembre de 2001, la asociación –directa o indirecta– con organizaciones identificadas como terroristas conlleva la suspensión automática de toda una serie de derechos y protecciones constitucionales. Siguiendo el modelo adoptado con respecto al genocidio palestino en Gaza (toda crítica a Israel es una expresión antisemita y de apoyo a Hamás, una organización terrorista), el último memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) busca tildar una larga de serie de ideas progresistas de terroristas, es decir, tan peligrosas que quien las expresa infringe la ley.
Concretamente, el NSPM-7 apunta a «campañas sofisticadas y organizadas» y «conspiraciones criminales y terroristas» como causas de un «incremento dramático de la violencia política» de izquierdas; exige que las fuerzas del orden investiguen sus «estructuras, redes, entidades, organizaciones y fuentes de financiación»; y afirma que este patrón de actividades violentas y terroristas se unifica «bajo el paraguas autodenominado del “antifascismo”». «Los hilos comunes que animan esta conducta violenta –agrega– incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad».
Libertad de prensa y expresión
La supresión de libertades mediante la coartada del terrorismo es solo uno de los dos frentes que ha desplegado el Gobierno para controlar la esfera pública. El otro afecta más directamente a los medios. Desde enero, estos se han visto sometidos a varias formas de presión e intimidación.
La cadena ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel por presiones trumpistas, aunque dio marcha atrás a su decisión poco después. RANDY HOLMES / DISNEY
Ha habido millonarios juicios por difamación a las cadenas televisivas ABC y CBS y a los diarios Wall Street Journal y New York Times. También hemos visto chantajes que instrumentalizan los intereses económicos de las empresas mediáticas, como los que motivaron la suspensión o cancelación de los programas de cómicos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. El Gobierno también ha intentado condicionar el acceso de la prensa a recursos e información gubernamentales a cambio de un mayor control (léase censura), intento que acabó por fracasar con las y los corresponsales que cubren el Departamento de Defensa.
Universidades
Los ataques a las universidades, tanto privadas como públicas, han sido múltiples y variados, desde la práctica abolición del Departamento de Educación –fuente central de becas y préstamos para estudiantes universitarios– hasta los cortes repentinos de sistemas de financiación regulados por ley.
Es más, la financiación federal de becas y proyectos de investigación se ha convertido expresamente en instrumento de chantaje para destruir la autonomía universitaria, socavar la libertad de cátedra y –según afirman los arquitectos de estas medidas– liberar los más de 4.000 centros de educación superior del país del control de una «extrema izquierda» que lleva dominándolos desde, al menos, la década de 1960. Ese control se manifestaría, entre otras cosas, en un sistema de selectividad que discrimina sistemáticamente a estudiantes blancos bien preparados en favor de minorías menos capaces, y en una demonización y marginalización, en las clases, los planes de estudio y la esfera pública universitaria, de ideas conservadoras y toda persona que las exprese.
Separación de poderes
El sofisticado sistema de equilibrios y contrapesos (checks and balances) que el alumnado de los institutos aprende a admirar como la base de la mejor democracia del mundo ha resultado bastante menos resistente de lo esperado. Así, por ejemplo, el gobierno de Trump ha socavado el propio sistema federal, violando la soberanía de los estados al enviar a unidades del Ejército (no solo los reservistas de la Guardia Nacional sino también a los marines, una fuerza expedicionaria de élite) a «restaurar el orden» o «asistir a agentes federales» en estados y ciudades gobernados por líderes del Partido Demócrata.
Miembros de la Guardia Nacional se entrenan en el control de manifestaciones con porras en la Base de Los Alamitos (California). DAVID SWANSON / REUTERS
La rama legislativa de la trias politica, el Congreso, con ambas cámaras controladas por el Partido Republicano, no solo ha seguido ciegamente a Trump, sino que ha dejado que la rama ejecutiva pise una y otra vez sus funciones constitucionales –incluido su poder presupuestario–. La rama judicial ha resistido mejor, sobre todo el sistema de jueces federales, aunque la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores, se ha cuidado mucho de contrariar al presidente. Entre sus decisiones más escandalosas ha estado la de permitir que los agentes federales de ICE invoquen el aspecto físico de la persona, y el idioma que habla, para considerarla sospechosa de violar alguna norma migratoria. En otras palabras, la Corte ha permitido que el racismo institucional se cuele por la puerta de atrás.
Por otra parte, la Corte tampoco ha querido poner demasiado freno a los intentos por parte de Trump y los suyos de destruir la neutralidad de agencias regulatorias, de arbitraje o de salud pública, desde la Reserva Federal bancaria (la «Fed») hasta la Junta de Relaciones Laborales (NLRB) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).
Mientras estoy redactando esto, la Corte parece inclinarse a cargarse una provisión de ley electoral que prohíbe rediseñar los distritos electorales para diluir el voto de las minorías raciales o étnicas. Si se levantara esa prohibición, nada le impediría al Partido Republicano manipular el mapa electoral para asegurar una mayoría cuasi permanente en la Cámara de Representantes.
De momento, hay estados que están trabajando en leyes que puedan frenar estas maniobras. California, por ejemplo, aprobó la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tiene como objetivo neutralizar la redistribución partidista promovida por estados republicanos (y trumpistas) como Texas. La proposición devuelve al Congreso estatal la capacidad de definir los distritos durante cinco años, hasta el próximo censo; así evitará que las elecciones legislativas de medio término de 2026 se decidan mediante un gerrymandering controlado por el Partido Republicano.
Posdata
Este breve inventario es necesariamente incompleto. Entre las áreas que no he mencionado está la economía –no solo el daño infligido por la errática política arancelaria, sino también los intentos por socavar las estructuras y los derechos sindicales, sobre todo de los funcionarios–, el derecho internacional –con la destrucción de barcos en el Caribe como botón de muestra–, la imposición de políticas regresivas a las Fuerzas Armadas –que ha expulsado a la mayoría de las personas trans, negándoles el derecho a la jubilación anticipada con pensión– o el hecho de que el gobierno de Trump haya abierto las puertas de la Casa Blanca de par en par a la corrupción, aceptando regalos millonarios de regímenes extranjeros, encauzando los recursos de la Casa Blanca hacia fines partidistas y de campaña, chantajeando a empresas mediáticas y bufetes legales e intercambiando favores legislativos y regulatorios a cambio de donaciones millonarias.
Trumpismos a la europea
A pesar de que muchas de las políticas de Trump en EE.UU. no han sido bien recibidas y han socavado su popularidad, han hallado imitadores en Europa. En el parlamento de Países Bajos, la mayoría derechista (menguada tras el triunfo liberal-progresista en las elecciones del 29 de octubre) aprobó una moción que identificaba «Antifa» como una organización terrorista. Aunque fue un gesto puramente simbólico (tanto los expertos en inteligencia como el Gobierno en funciones respondieron que no hay organización llamada así y que, además, la ultraderecha representa una amenaza más seria), ha habido miembros del Europarlamento que abogaban por seguir el modelo holandés.
De forma similar, se ha venido intensificando la retórica y la política antiinmigrantes. En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer ha promovido una ley masiva de seguridad fronteriza (Border Security, Asylum and Immigration Bill) que criminalizaría a los inmigrantes y solicitantes de asilo y a cualquier persona que les preste ayuda, al mismo tiempo que expande el poder del aparato policial.
Retóricamente, son cada vez más los políticos de centroderecha y centroizquierda que adoptan marcos ultraderechistas. En varios países europeos, los partidos del centro ya hablan de la necesidad de políticas de «remigración», un término íntimamente asociado con la Teoría del Gran Reemplazo. En enero, el entonces primer ministro francés François Bayrou dijo que la inmigración producía una «sensación de sumersión», tomando prestada una metáfora ultraderechista.
La restricción de derechos constitucionales en Europa no se limita a los inmigrantes y las personas y organizaciones asociadas, ni tampoco a los países con gobiernos más abiertamente autoritarios, como Hungría. Ya en julio de 2024, Amnistía Internacional afirmaba que «los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente». Por otra parte, en septiembre de 2025, el propio Consejo de Europa señaló que «el recurso a la ley para restringir la libertad de expresión es un problema cada vez más grave» y que «desde 2019 se ha producido un fuerte aumento de las detenciones y encarcelamientos de periodistas».
Mural titulado Vaterland, del artista Günther Schaefer, situado en el trozo del muro de Berlín que fue conservado. JACINTO ANDREU
Uno de los casos más flagrantes ha sido el de Alemania, cuyo Gobierno e instituciones culturales se han empeñado en censurar, si no criminalizar, cualquier crítica al Estado de Israel y cualquier defensa del pueblo palestino –no solo en protestas y manifestaciones públicas sino también en espacios universitarios y culturales–. Así como en Estados Unidos, personas críticas con Israel han acabado detenidas y deportadas.
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Hoy hablamos con Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva En Lucha, que nos contará la situación laboral en los campos de frutos rojos del Sur, y cómo se organizan las compañeras que trabajan en ellos. En la segunda parte del programa hablamos con nuestro reportero alrededor del mundo Alberto Cruz, que nos resumirá los entresijos […]
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Inmediatamente después de asumir el cargo, el presidente Biden “encargó al director de inteligencia nacional, en coordinación con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que compilara una evaluación integral de amenazas sobre el extremismo doméstico violento”, según The Washington Post. Esta solicitud fue motivada por el ataque de la derecha al Capitolio el 6 de enero.
El informe resultante, “El extremismo violento en el país" plantea una mayor amenaza en 2021, se presentó el 1 de marzo y su resumen ejecutivo se hizo público unos días después. Si bien su lista de hallazgos incluye algunas observaciones obvias, por ejemplo, que los extremistas están "motivados por una variedad de ideologías" y usan Internet "para reclutar, planificar y obtener apoyo para acciones en persona", la página final del resumen ejecutivo , que enumera las “Categorías de extremistas violentos en el país”, revela una tipología preocupante. Identifica cinco clasificaciones: "Extremistas violentos por motivos raciales o étnicos", "Extremistas violentos por los derechos de los animales / medio ambiente", "Extremistas violentos relacionados con el aborto", "Extremistas violentos antigubernamentales / antiautoritarios" y "Todas las demás amenazas de terrorismo doméstico" (“Incluyendo una combinación de quejas y creencias personales con posibles prejuicios relacionados con la religión, el género o la orientación sexual”).
Lo más sorprendente de este sistema de clasificación, que parece haber sido desarrollado por el FBI durante los años de Trump, es su negativa perversa a dividir entre izquierda y derecha, en lugar de agrupar a los lados opuestos en otras categorías. Las milicias de derecha, los ciudadanos soberanos y los anarquistas, por ejemplo, están incluidos en la lista de "Extremistas violentos antigubernamentales / antiautoritarios". La violencia racista y antirracista se comprime en "extremistas violentos por motivos raciales o étnicos".
"Extremistas violentos relacionados con el aborto" incluye tanto a aquellos que "apoyan las creencias pro-vida y pro-elección", a pesar del hecho de que el FBI no puede señalar ninguna violencia pro-aborto que haya escalado por encima del nivel de amenazas en línea, mientras que Los fanáticos anti aborto han asesinado a 11 personas y han intentado matar a 26 más desde 1993.
El sistema de clasificación oculta una profunda asimetría en la distribución de la violencia tal como se emplea en todo el espectro político, lo que implica una equivalencia entre izquierda y derecha. Esa presunción se contradice con la evidencia.
Los de la derecha recurren a la violencia con mucha más frecuencia y con efectos más mortíferos. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, “Entre 1994 y 2020, hubo 893 atentados y complots terroristas en Estados Unidos. En general, los terroristas de derecha perpetraron la mayoría (57 por ciento) de todos los ataques y complots durante este período, en comparación con el 25 por ciento cometidos por terroristas de izquierda, el 15 por ciento por terroristas religiosos, el 3 por ciento por etnonacionalistas y el 0,7 por ciento por terroristas. con otros motivos". Cabe señalar que incluso esta evaluación sobrestima la participación de la izquierda en la violencia terrorista, ya que incluye la destrucción de bienes intencionalmente no dañina del Frente de Liberación de la Tierra; y subestima la violencia de la derecha, ya que separa a los "extremistas con otras motivaciones (como los partidarios del movimiento Boogaloo) y los salafistas yihadistas", que cada uno cometió un 7 por ciento.
En un informe separado, el CSIS calcula que "los supremacistas blancos y otros extremistas afines llevaron a cabo el 67 por ciento de las conspiraciones y ataques terroristas en los Estados Unidos en 2020", en comparación con "el 20 por ciento de los incidentes terroristas" que involucran a "anarquistas, antifascistas , y otros grupos izquierdistas de ideas afines.
La combinación de antagonistas no solo sugiere erróneamente niveles comparables de violencia, sino que implica una culpabilidad compartida, desplazando la responsabilidad de la violencia de derecha hacia la izquierda. También refuerza los prejuicios policiales existentes, legitimando así la actitud hasta ahora laxa de la policía sobre la violencia racista y su hipervigilancia con respecto a toda variedad de activismo de izquierda. Desafortunadamente, este sesgo no desaparece cuando la policía comienza a tomar medidas enérgicas contra los militantes de derecha.
eTnemos que esperar que las autoridades aprovechen la oportunidad actual para intensificar su ataque tanto en la izquierda como en la derecha. La historia ha demostrado que cuando la represión se intensifica, incluso cuando es precipitada por un ataque de la derecha, tiende a caer desproporcionadamente sobre la izquierda y sobre las personas de color independientemente de su política. Lo más obvio es que el gobierno de los Estados Unidos respondió al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, otro caso de violencia de derecha, aunque se originó en el extranjero, no solo con una serie de guerras interminables, sino también con una ofensiva contra la inmigración y una campaña racista contra los musulmanes. Estados Unidos también utilizó el 11 de septiembre para justificar la expansión de las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI, construyendo así la infraestructura para la represión de varios años contra los activistas ambientales y la creación del Departamento de Seguridad Nacional, que casi dos décadas después sería movilizados para atacar brutalmente a manifestantes por la justicia racial. Asimismo, la principal respuesta legislativa al atentado con bomba de la ciudad de Oklahoma en 1994, cuando los supremacistas blancos mataron a 168 personas, fue la Ley contra el terrorismo y la pena de muerte efectiva. Esa ley amplió la pena capital, limitó las apelaciones, redujo el acceso de los presos a los tribunales y sentó las bases para socavar el habeas corpus, todas medidas que dañaron desproporcionadamente a las personas de color.
Este es un patrón de larga data: pocos meses después de su aprobación, la Ley de Derechos Civiles de 1968 se utilizó para enjuiciar a los organizadores pacifistas, incluidos Tom Hayden, Abbie Hoffman, el pacifista Dave Dellinger y el presidente del Partido Pantera Negra, Bobby Seale. Incluso las leyes contra los linchamientos, promulgadas después de décadas de agitación por parte de la comunidad negra, ahora se utilizan a veces para enjuiciar a las personas atrapadas tratando de ayudar a otros a escapar de la custodia policial.
Este doble efecto tiene mucho sentido, dada la tendencia liberal a enmarcar la violencia de derecha como un problema con el "extremismo". Implícito en un enfoque anti-extremista está la identificación de los extremos: la militancia de la izquierda y la de la derecha no solo se tratan como equivalentes, sino esencialmente como lo mismo. Hemos visto que eso está mal empíricamente, pero también moralmente: porque la evaluación de la violencia no puede separarse de la intención detrás de ella. (Incluso la ley lo reconoce, con importantes excepciones a la prohibición general de la violencia, por razones de necesidad y legítima defensa). El proyecto de izquierda, en principio, es la búsqueda de la igualdad humana; el proyecto de la derecha es la defensa de la desigualdad. Eso no significa que la violencia de izquierda siempre sea tácticamente sólida, estratégicamente sabia o moralmente justificada, pero sí significa que incluso en el peor de los casos debe ser juzgada de manera diferente a la violencia de derecha. No puede haber equivalencia entre la violencia de una revuelta de esclavos y la violencia de un amo de esclavos, entre la violencia de los antifascistas y la de la División Atomwaffen. Incluso si aceptamos la línea pacifista de que la violencia siempre representa un mal medio, en el caso de la violencia de derecha, además persigue malos fines. Al oscurecer las diferencias en la escala y el propósito de la violencia, la retórica anti-extremista utiliza la violencia de la derecha para justificar la represión contra la izquierda.
Eso no es un accidente; es inherente al marco de “lucha contra el extremismo”. Como dijo Jane Kinninmont, "los estados suelen definir el extremismo en relación con su propio sistema político existente". En las democracias liberales, "el extremismo se define de hecho como una ideología opuesta a los valores democráticos liberales". más simplemente: "Los extremistas son personas que no agradan a la gente del centro". El anti-extremismo es simplemente centrismo en traje de batalla.
Durante el último medio siglo, el liberalismo, políticamente, si no siempre filosóficamente, ha demostrado un sesgo hacia el centrismo; El centrismo, a su vez, desarrolla sus propios prejuicios antiliberales, recurriendo a medidas autoritarias y buscando sofocar la disidencia. El objetivo del anti-extremismo es reducir el alcance del discurso político, excluir las ideas radicales antes de su consideración.
La lección para la izquierda, y el desafío, es que no podemos confiar en que el Estado neutralice a la derecha y que debemos resistir la expansión del aparato represivo del Estado, incluso en los momentos en que está apuntando a nuestros enemigos. Al mismo tiempo, no debemos aliarnos con la derecha insurgente, aunque en ocasiones nos encontremos enfrentando ataques similares a manos de los mismos agentes del gobierno. No se trata de elegir males menores o equilibrar necesidades en competencia. En cambio, debemos reconocer que estamos librando una guerra en dos frentes.
