El escándalo por un supuesto desvío de fondos públicos en el Ministerio de Finanzas de Camerún ha puesto al Gobierno en una situación cada vez más incómoda, en un caso que se enquista en los tribunales. La figura central es Emmanuel Leubou, quien inicialmente denunció la trama y ahora se ha convertido en acusado, mientras que los responsables políticos evitan dar explicaciones.

Según fuentes judiciales consultadas por Jeune Afrique, el caso continúa su curso sin que se haya fijado una fecha para el juicio. Leubou, que permanece en prisión preventiva, denuncia que su detención es una represalia por haber destapado el desvío de fondos en el ministerio. La presión sobre el Ejecutivo crece a medida que la opinión pública camerunesa sigue de cerca el proceso, que involucra a altos cargos.

Un denunciante convertido en acusado

Emmanuel Leubou, exempleado del Ministerio de Finanzas, reveló en 2025 un agujero de varios millones de dólares en las cuentas de la institución. En lugar de ser protegido, fue arrestado y acusado de difusión de información falsa y obstrucción a la justicia. Sus abogados sostienen que se trata de una maniobra para silenciarlo y proteger a los verdaderos responsables.

El caso demuestra cómo un denunciante puede convertirse en víctima del sistema cuando los poderes fácticos se sienten amenazados.

La sociedad civil y varias organizaciones internacionales han reclamado la liberación de Leubou y una investigación independiente. Por ahora, el Gobierno mantiene su postura de que la justicia debe seguir su curso, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Marruecos ha registrado 7,7 millones de llegadas turísticas en los primeros cinco meses de 2026, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria publicados el 5 de junio. El país norteafricano consolida así su recuperación turística y se afianza como un competidor directo de destinos españoles como las Islas Canarias o la Costa del Sol.

El mes de mayo fue especialmente intenso, con 1,7 millones de turistas, lo que supone un crecimiento del 7% respecto a mayo de 2025. El Ministerio atribuye el aumento a la mejora de la conectividad aérea, las campañas de promoción internacional y la estabilidad política del país, en un contexto en el que el turismo mundial sigue recuperándose de la pandemia.

El récord de llegadas se produce en un momento en que Marruecos prepara la candidatura conjunta con España y Portugal para albergar el Mundial de Fútbol de 2030, evento que el Gobierno marroquí espera que impulse aún más el sector. El país ya superó en 2024 los 14,5 millones de turistas anuales, y las previsiones para 2026 apuntan a superar los 16 millones.

Para el sector turístico español, la competencia marroquí es cada vez más relevante. Marruecos ofrece precios más bajos, sol y playa durante todo el año y una oferta cultural en auge, lo que ha desviado parte de la demanda europea que antes se dirigía a España. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Marruecos fue el segundo destino africano más visitado en 2025, solo por detrás de Egipto.

El gobierno ruso y la administración talibán de Afganistán han alcanzado un acuerdo de cooperación técnico-militar para el mantenimiento de helicópteros de combate, según anunciaron fuentes oficiales el 5 de junio de 2026. El pacto, que abarca el mantenimiento de aeronaves de origen soviético y ruso en manos de los talibanes, supone un paso más en la profundización de la presencia rusa en Asia Central y un reconocimiento de facto del régimen islamista, lo que tensa aún más las relaciones con Estados Unidos y la OTAN.

Un giro en la política rusa hacia Afganistán

El acuerdo, del que no se han precisado los términos económicos ni el volumen de aeronaves implicadas, fue calificado por Moscú como un paso hacia la estabilización regional. Fuentes del Ministerio de Defensa ruso indicaron que el mantenimiento se realizará tanto en instalaciones afganas como en territorio ruso, y que incluye la formación de técnicos locales. La cooperación militar con los talibanes, que controlan Afganistán desde 2021, representa un cambio significativo en la postura de Rusia, que durante años apoyó al gobierno anterior respaldado por Estados Unidos.

Rusia y los talibanes han acordado una cooperación técnico-militar para el mantenimiento de helicópteros de combate, en un movimiento que refuerza la influencia rusa en Asia Central y desafía a la OTAN.

El pacto se inscribe en una estrategia más amplia de Moscú por consolidar su presencia en la región, donde compite con Estados Unidos por la influencia. La medida también podría tener implicaciones para España y sus aliados de la OTAN, ya que cualquier fortalecimiento de la capacidad aérea talibán afecta la seguridad en el Sahel y el Mediterráneo, áreas de interés estratégico para el Ejército español.

Reacciones internacionales

Estados Unidos, que abandonó Afganistán en 2021 tras una caótica retirada, ha expresado su preocupación por el acercamiento ruso a los talibanes, al considerar que legitima a un régimen que alberga grupos terroristas. La OTAN, por su parte, aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque fuentes diplomáticas europeas señalaron a la agencia rusa RIA Novosti que el acuerdo podría aumentar la desestabilización en la región.

La cooperación militar entre Rusia y los talibanes, que ya se había rumoreado en meses anteriores, se formaliza ahora en un momento en que las sanciones occidentales limitan la capacidad de mantenimiento de las fuerzas aéreas talibanas, que disponen de una flota de helicópteros Mi-8, Mi-17 y Mi-24 heredados de la era soviética y del anterior gobierno afgano.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha nombrado este jueves a Ernesto Justiniano Urenda como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Marcelo Salinas, quien presentó su dimisión la víspera. El relevo se produce en un momento crítico para el país andino, sumido desde hace semanas en duras protestas ciudadanas, bloqueos de carreteras y un creciente malestar social.

Justiniano, que regresa así a la primera línea del poder, asume una de las carteras civiles más sensibles para el control territorial del Estado. Según fuentes oficiales del Gobierno boliviano, el nuevo ministro tendrá la misión de gestionar la crisis de orden público que sacude al país, donde campesinos, obreros y seguidores del expresidente Evo Morales han salido a las calles para exigir la dimisión del actual jefe del Ejecutivo.

Entre las claves del estallido social destaca la distribución de combustible adulterado, según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB). Un informe de la entidad señala que al menos el 60% de los vehículos que circulan en el país se han visto afectados por este problema, lo que ha agravado las tensiones y las movilizaciones.

El nombramiento de Justiniano, de perfil técnico y con experiencia previa en cargos de responsabilidad, busca apuntalar la respuesta del Ejecutivo ante las protestas, que han paralizado importantes vías de comunicación y generado pérdidas económicas. Por el momento, el presidente Paz Pereira no ha anunciado nuevas medidas para desactivar la crisis, mientras la oposición y los sectores sociales mantienen la presión.

España registró en 2025 el mayor nivel de crímenes e incidentes de odio desde que existen estadísticas oficiales, con un total de 2.715 casos, un 23,6% más que el año anterior, según el informe anual del Ministerio del Interior. El mismo documento sitúa a los marroquíes como la nacionalidad extranjera más afectada por este tipo de delitos, seguida de la comunidad latinoamericana.

Los datos, publicados el pasado 4 de junio, reflejan una tendencia al alza que preocupa a las autoridades y abre un nuevo frente en el debate sobre la inmigración y la convivencia en España. El informe del Ministerio del Interior detalla que los delitos de odio incluyen agresiones físicas, amenazas, insultos y discriminación por motivos de origen racial, étnico o nacional.

La comunidad marroquí, una de las más numerosas en España con más de 700.000 residentes, aparece como el colectivo extranjero con mayor exposición a estos incidentes. Le siguen los ciudadanos de países latinoamericanos, aunque el informe no desglosa cifras por nacionalidades concretas. El Gobierno español no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las causas concretas del incremento.

El dato coincide con un contexto de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, que algunos analistas vinculan a la presión del lobby marroquí en Madrid. El informe de Interior no establece relación directa entre la subida de crímenes de odio y la situación política bilateral, pero sí constata que el repunte se produce en un año marcado por el debate sobre la regularización de inmigrantes y las políticas de acogida.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han reclamado al Gobierno reforzar las campañas de sensibilización y los mecanismos de denuncia. El Ministerio del Interior, por su parte, ha recordado que las fuerzas de seguridad cuentan con unidades especializadas en la persecución de los delitos de odio y que se han intensificado las investigaciones.

El inspector general del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha determinado que errores de gestión en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) han dejado ineficaz la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD), un repositorio global clave para la ciberseguridad. El informe, publicado en junio de 2026, revela que el backlog de vulnerabilidades sin procesar se ha duplicado, pasando de 13.000 a más de 27.000 entre febrero de 2024 y finales de 2025.

La NVD, gestionada por el NIST, es la fuente primaria para que empresas, gobiernos y organismos de todo el mundo prioricen los parches de seguridad informática. Su retraso en la catalogación de vulnerabilidades conocidas como CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) amplía la ventana de exposición a ataques, según advierte el informe de la oficina del inspector general.

El organismo califica la situación como una «undermining of public trust» (pérdida de confianza pública), ya que la acumulación de 27.000 vulnerabilidades sin procesar deja sin cobertura a miles de sistemas críticos que dependen de los datos actualizados de la NVD para aplicar parches de forma eficaz. El colapso, atribuido a fallos de gestión internos del NIST, comenzó a gestarse en febrero de 2024 y se ha acelerado desde entonces, según el informe.

El documento no ofrece detalles sobre posibles sanciones o planes de recuperación, pero subraya que la falta de resolución del backlog ha convertido a la NVD en un repositorio cada vez menos fiable. La situación afecta a la ciberseguridad global, ya que la base de datos es utilizada por defensores y atacantes por igual para identificar vulnerabilidades explotables.

El conflicto en Oriente Próximo ha puesto a prueba la infraestructura crítica para la navegación y el transporte marítimo mundial, y ha despertado el interés por identificar los puntos de estrangulamiento del comercio global en América Latina. Para España, con fuertes vínculos económicos y estratégicos con la región, estas rutas representan un factor de vulnerabilidad en sus cadenas de suministro.

Los tres cuellos de botella regionales

Los analistas consultados señalan tres infraestructuras clave: el Canal de Panamá, el puerto de Chancay en Perú y la Hidrovía Paraná-Paraguay. Cada una de ellas concentra un volumen crítico de tráfico marítimo y depende de condiciones geopolíticas y técnicas que pueden generar disrupciones.

El Canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, ha sufrido restricciones de calado por la sequía, lo que obliga a los buques a reducir carga o buscar rutas alternativas. Las autoridades del canal han implementado medidas de ahorro de agua que limitan el número de tránsitos diarios, afectando a las navieras que dependen de esta vía para exportar desde Asia hacia la costa este de Estados Unidos y Europa, incluida España.

El puerto de Chancay, en Perú, impulsado por la empresa china Cosco Shipping, aspira a convertirse en un hub logístico en la costa del Pacífico sudamericano. Desde allí, la mercancía podría llegar directamente a Asia sin pasar por Panamá, alterando los flujos tradicionales. La inversión china en este enclave ha generado expectativas, pero también recelos en Washington y Bruselas, que ven en él un posible punto de influencia estratégica de Pekín sobre las cadenas de suministro regionales.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, la arteria del Mercosur

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal ruta fluvial para la exportación de soja, maíz y minerales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con más de 3.400 kilómetros navegables, canaliza gran parte de la producción agrícola del Mercosur hacia los puertos de ultramar. Sin embargo, las bajantes históricas del río Paraná en los últimos años han encarecido el flete y reducido la capacidad de carga. Además, la concesión del dragado y balizamiento está en revisión, lo que añade incertidumbre jurídica y operativa. Para España, que importa materias primas desde la región, cualquier interrupción en esta vía impacta directamente en los precios de los alimentos y piensos.

Los analistas subrayan que,

al igual que el estrecho de Ormuz concentra un tercio del tráfico mundial de petróleo, estos tres puntos latinoamericanos canalizan un porcentaje significativo del comercio de alimentos, energía y minerales que abastecen a Europa

. La diferencia es que, mientras Ormuz depende de la tensión geopolítica con Irán, los cuellos de botella en Latinoamérica son más sensibles a factores climáticos, burocráticos y de inversión.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de reforzar las relaciones con Iberoamérica y de diversificar las rutas de suministro. La identificación de estos puntos críticos refuerza la tesis de que España debe participar activamente en la modernización y mantenimiento de estas infraestructuras, ya sea a través de inversión directa o de alianzas público-privadas. Mientras tanto, las navieras españolas ya han comenzado a revisar sus rutas y a contratar seguros extra para cubrir posibles demoras en estos puntos calientes del comercio global.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este sábado de que sus Fuerzas Armadas han causado más de 1.320 bajas entre las filas ucranianas durante la última jornada de combates, en el marco de una intensificación de las operaciones ofensivas en varias direcciones del frente. Según el parte castrense, las tropas rusas lograron mejorar sus posiciones tácticas y ampliar el control territorial en diversos sectores, sin que por ahora se hayan especificado las localidades concretas donde se produjeron los avances.

Las cifras de bajas, que no han podido ser verificadas de forma independiente, reflejan la dureza de los enfrentamientos en el este y sur de Ucrania, donde Moscú acumula presión sobre las líneas defensivas de Kiev. La jornada del 30 de mayo de 2026 se suma a una tendencia de ataques continuados que buscan desgastar la capacidad de resistencia de las fuerzas ucranianas, en un conflicto que ya supera los tres años de duración.

Fuentes castrenses rusas indicaron que las operaciones se desarrollan en múltiples direcciones, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para extender la presión a lo largo de todo el frente, desde la región de Járkov hasta el Donbás y el sur, pasando por la línea de Zaporiyia. La falta de detalles sobre las localizaciones exactas de los avances dificulta una valoración independiente del alcance real de los mismos, pero el tono del parte ruso apunta a una progresión constante.

El informe del Ministerio de Defensa ruso no ofreció datos sobre las propias pérdidas rusas, ni mencionó la posible respuesta de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas semanas, Kiev ha denunciado una creciente presión rusa en el este, con ataques de artillería y drones que tratan de desgastar las posiciones ucranianas antes de una posible ofensiva de mayor envergadura. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los combates, mientras los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego permanecen estancados.

El productor canadiense de uranio Cameco ha anunciado que la mina McArthur River y el molino Key Lake, en Saskatchewan, han vuelto a operar a plena capacidad después de la interrupción causada por las inundaciones de mayo. La noticia, comunicada el 29 de mayo de 2026, estabiliza la oferta de uranio en un mercado global tensionado por el aumento de la demanda nuclear y afecta directamente a compradores españoles como Iberdrola y Endesa.

El pasado 10 de mayo, Cameco informó de que Key Lake había detenido temporalmente la producción y McArthur River había reducido sus actividades debido al impacto de las inundaciones en el norte de Saskatchewan. Aunque las instalaciones no sufrieron daños directos por el agua, el puente Smoothstone River, en la ruta principal de suministro hacia ambos emplazamientos, colapsó parcialmente, obligando a detener las operaciones.

Un suministro clave para el mercado nuclear

Key Lake produce aproximadamente 15 millones de libras de U3O8 anuales, mientras que McArthur River es considerada la mina de uranio más rica del mundo, con una ley media superior al 4% de U3O8. La vuelta a plena producción, según declaró la compañía en un comunicado, «fortalece la fiabilidad del suministro a nuestros clientes». Para España, donde Iberdrola y Endesa operan centrales nucleares, la reanudación de la actividad de Cameco —principal suministrador mundial de uranio no ruso— reduce la incertidumbre sobre los precios y la disponibilidad del combustible nuclear.

Cameco no ha especificado el volumen exacto de producción perdido durante la interrupción, pero la recuperación de la capacidad total alivia las tensiones en un mercado que, según fuentes del sector, acumula un déficit estructural de oferta ante el repunte de la energía atómica en Asia y Europa.

Nuevos documentos publicados por la organización de investigación Declassified UK revelan que las denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Servicio Aéreo Especial (SAS) británico en Afganistán fueron desestimadas en un solo día por una investigación oficial. Los archivos, difundidos el 29 de mayo de 2026, plantean nuevas dudas sobre cómo los oficiales superiores del SAS manejaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones del derecho internacional durante la misión en Afganistán.

Según los documentos, la investigación interna archivó las alegaciones en el plazo de 24 horas, sin considerar pruebas ni entrevistar a testigos clave. La rapidez del proceso ha suscitado acusaciones de encubrimiento y de que los mandos del SAS protegieron a sus efectivos frente a posibles procesos penales.

Declassified UK, que ha analizado los archivos, señala que las denuncias incluían casos de civiles asesinados en redadas nocturnas y operaciones en las que no se reportaron bajas enemigas. La organización denuncia que la celeridad en desestimar los casos impidió cualquier investigación independiente y vulneró los protocolos de rendición de cuentas del Ejército británico.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha declinado hacer declaraciones sobre los documentos, aunque fuentes militares citadas por la investigación afirman que las acusaciones carecían de fundamento. Sin embargo, los archivos contradicen esta versión al mostrar que ni siquiera se abrió una fase preliminar de investigación.

Las revelaciones se producen en un momento en que el Reino Unido afronta varias demandas de veteranos y familiares de víctimas afganas por presuntos crímenes de guerra. La Comisión de Investigación de Afganistán, creada en 2023, aún no ha publicado sus conclusiones finales.

2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) acaba de celebrar su decimonovena edición en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia). Su directora, María Carrión, explica el milagro de un festival que reúne a cineastas, periodistas, cinéfilos y activistas de todo el mundo, pero que, sobre todo, es disfrutado y protagonizado por el pueblo saharaui.

La mayoría de las personas que asisten a las proyecciones son saharauis, y lo mismo ocurre en las charlas y en los talleres. ¿Cómo han conseguido que una población refugiada en condiciones tan extremas haga suyo el FiSahara?

Este proyecto aterrizó en los campamentos en 2003 con una edición muy especial que aún no sabemos cómo salió adelante. Fue un chute de energía pero también algo muy ajeno a la cultura y a las tradiciones saharauis, a pesar de que muchas películas eran españolas y de que tienen ese vínculo con España. Pero a través de los talleres de cine del FiSahara y, en 2011, de la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta del audiovisual. Empezaron a hacer sus propias películas y a usarlas para hablar de temas sensibles o de aquellos de los que les costaba hablar. También tenemos un cine móvil que realiza proyecciones en las wilayas. Las mujeres están usando el cine como un instrumento de educación. Y los mayores, que en un principio lo veían como una imposición occidental, y hasta cierto punto lo era, al ver cine saharaui en las pantallas lo han incorporado a sus vidas.

Una estudiante de la Escuela de Cine nos explicaba que ha dedicado su primer corto al rechazo de una joven a casarse, como le quiere imponer su padre, para poder seguir estudiando y ser libre. ¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres para que usen el cine para defender sus derechos?

Muy importante, porque lo usan precisamente para abordar estos temas. Es mucho más fácil romper el hielo en una charla tras una proyección. Así que la escuela ha tenido siempre muchas alumnas con historias muy potentes. Además, llegó un momento en el que fue necesario que la formación la diera un equipo saharaui. A través de becas internacionales, cada vez ha habido más formadores y formadoras con esa visión de género de la mujer saharaui.

¿Cuáles son los temas que más necesitan abordar desde el cine?

Sus preocupaciones: la falta de oportunidades, de trabajo, la depresión, la salud mental, el tema de las drogas, que es tremendo… También han hecho un par de sitcoms y a través del humor abordan cuestiones cruciales como la inmigración, las cada vez mayores desigualdades… La televisión de la RASD [República Árabe Saharaui Democrática] emite muchos de sus trabajos y algunos están llegando a los territorios ocupados por Marruecos. Es más, cada año nos llegan trabajos hechos por saharauis bajo la ocupación, sin ninguna formación, que están haciendo sus propias películas. Y nosotros les damos el espacio y la atención que necesitan.

¿Están ayudando las redes sociales a su difusión?

Mucho. Por ejemplo, la sitcom Tonterías en el exilio se ha vuelto viral gracias a que la pueden ver en sus teléfonos. Y un signo de lo potente que se ha vuelto el Fisahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada. Está dotado con una cantidad de dinero impresionante, con hoteles de cinco estrellas, e invitan a gente del cine de todo el mundo que a menudo no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado. Marruecos intenta competir con el FiSahara, pero no se puede comparar un festival hecho por un pueblo con uno organizado por un régimen.

Un signo de lo potente que se ha vuelto el FiSahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada»

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los aspirantes a cineastas?

Todas. Grabar el sonido cuando ruge el viento es imposible, lo mismo que proteger los equipos para que no les entre la arena. Aquí, además, se está haciendo cine, como dijo un compañero, con los mismos elementos que utilizaron sus abuelas para construir los campamentos en medio de la hamada. Un año, hubo una subida de tensión eléctrica y se quemaron todos los equipos de la escuela. Lo que sale de los campamentos saharauis es un cine urgente hecho con herramientas muy básicas. Pero las historias contrarrestan las dificultades técnicas.

En un momento como el actual, en el que hay un mayor número de personas desplazadas en el mundo, en el que vivimos el genocidio de Gaza, las guerras de Líbano e Irán, en el que hay grandes similitudes entre la ocupación de Palestina y del Sáhara Occidental, dedicáis esta edición al derecho al retorno, que es uno de los derechos más olvidados.

Como no se aborda en las negociaciones, de las que están excluidos los propios interesados, nos toca reivindicarlo a nosotros. Estamos en un mal momento, pero estos pueblos llevan décadas, sino siglos, luchando. En España nos alarmamos mucho por la situación del Sáhara, pero los saharauis están tranquilos porque tienen claro que para ellos la cuestión no es si van a retornar, sino cuándo lo harán. Y ese espíritu es también el del FiSahara. Por más retos y obstáculos que encontremos, va a seguir adelante porque va a acompañar al pueblo saharaui hasta que su tierra sea libre.

La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) fue una de las principales financiadoras del FiSahara en sus inicios, pero tras los recortes de la crisis de 2008, nunca ha vuelto a apoyarlo. ¿Con qué apoyos contáis?

Pasamos una cantidad absurda de tiempo buscando financiación. El año pasado no pudimos celebrar el festival por falta de dinero. Hay mucho trabajo voluntario, cada año perdemos dinero por emergencias y cambios de última hora, como invitados que no pueden asistir, y pese a todo conseguimos que el festival salga adelante con muy poquito dinero.

El Gobierno español no aporta financiación, y eso lo dice todo de la política de España. Que no nos financien demuestra lo ruin que es la política española. Es algo que no perdono a mi país. España no solo se desentiende de sus obligaciones legales con el pueblo saharaui, sino que se alinea con la potencia ocupante.

En cuanto a la AECID, he intentado retomar esa vía de financiación, pero no ha sido posible. Lo que nos llega es que se trata de una decisión política. El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista porque es un problema para ellos. Lo que está haciendo es ruin y cruel.

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El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado su informe anual: La situación de los derechos humanos en el mundo.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que indica que la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema: «Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios». 

Pone como ejemplo la guerra en Oriente Medio: «Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”

El informe de Amnistía documenta, además, que el inminente colapso ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Por ello, pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un «orden mundial depredador».

Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional

Entre otras cuestiones, el documento cita el caso de Israel y el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025; las más de 150 ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. con sus bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y el «acto de agresión contra Venezuela» en enero de 2026; y la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Recoge también el uso de parapentes motorizados por parte del ejército de Myanmar para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que causaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.

Emiratos Árabes Unidos –prosigue– ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, «matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas«. 

El listado no termina: a principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano.

«Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella», denuncia el informe.

En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, recoge el informe.

En este contexto, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido –insiste– una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.

“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.

“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia», ha añadido. 

“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación». 

El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo

En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo. 

Amnistía Internacional cita, por ejemplo, el caso de las autoridades de Nepal y de Tanzania y su uso de medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.

Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem ?mamo?lu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.

Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.  

«Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes», denuncia Amnistía.

También Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, «aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables», y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar: «Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos». 

Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones. 

En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100. 

“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran ‘los otros’. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.  

Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar

El informe también recoge las fuertes protestas contra este nuevo orden mundial: así, en 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.

El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.

«Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente, como España, reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», concluye Amnistía Internacional. 

Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.

«En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida».

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XLV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas “Ciudad de Albacete”

Del martes 7 al 10 de abril de 2026

Teatro Circo de Albacete 

Entrada: libre

XLV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas “Ciudad de Albacete”, que se desarrollará del 7 al 10 de abril entre el Museo Municipal, el Teatro Circo y otros espacios de la ciudad, reuniendo a jóvenes talentos de todo el país en una de las citas musicales más consolidadas del calendario cultural. Dedicado a D. Jordi Roch i Bosch.  

 

El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia y forma parte de la dirección federal de Izquierda Unida. Desde que desembarcó en el ministerio, a finales de 2023, trabaja con varias fórmulas para solucionar un problema que le subleva: erradicar la pobreza infantil en nuestro país. Una de sus propuestas es la Prestación Universal por Crianza, una ayuda mensual y universal de 200 euros por hijo o hija que no está exenta de críticas incluso dentro de la propia izquierda. Esta ayuda permitiría reducir la brecha de desigualdad existente entre «ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho» –como a Rego le gusta definirlos– de estas edades.

Su cartera, además, está de actualidad por su participación en la ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Según su propuesta, los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o sus tutores legales. El PSOE quiere ir más allá y prohibir ese acceso totalmente. En ambos casos, la medida cuenta con dificultades técnicas asociadas al sistema de verificación de edad de los usuarios.

Pero no queda ahí la cosa: en el Ministerio de Juventud también están dando los últimos retoques a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas).

Todo esto en un contexto de reorganización de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Hay mucho de qué hablar.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Por su componente económico, que lo desvirtúa todo, es evidente que esta ley digital está generando mucho ruido, pero hay otras que cuesta creer, quizás ingenuamente, que no tengan un amplio consenso. Sobre la Lopivi, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de que se escuche a los niños y las niñas en los procesos judiciales?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez.

Usted ha defendido la instauración de la Prestación Universal por Crianza. Una ayuda mensual de 200 euros por hijo. ¿Por qué debe ser universal? ¿No beneficiará precisamente a las familias más pudientes, con más hijos, que no necesitan esa ayuda según sus ingresos?

Lo defendemos porque los derechos tienen que ser universales.

Pero es una ayuda del Estado.

No, es un derecho, una renta de ciudadanía, un reconocimiento a la infancia de este país. De la misma manera que cuando uno va a un hospital público le atienden igual si tiene 0 euros en la cuenta que si tiene 100.000.

Pero no es lo mismo una familia que no tiene suficientes ingresos para alimentar bien a sus hijos que una familia rica que usará esos 200 euros para regalarle al niño unas zapatillas último modelo con el dinero del contribuyente.

Es que esta prestación no tiene un enfoque asistencialista. Y ayudará, además, a cerrar una brecha de desigualdad. Es la demostración de que el Estado cuida a sus infancias. A todas. Y lo más importante para instaurarla es que debe ir ligada a un mecanismo de justicia económica que se aplique a través de la declaración de la renta: que quién más tiene, más pague. ¿Para qué? Para que el acceso al derecho sea el mismo. De esta forma, la redistribución se da a través de la renta.

Explicado así suena diferente. De la otra forma, esa prestación recuerda a los colegios concertados de niños ricos que además cuentan con el dinero público que les da Ayuso.

Pero no se trata de eso. De hecho, es todo lo contrario. No puede ir disociado de la renta. Es más, nos hemos planteado la posibilidad de instaurar la tasa Zucman para que los superricos paguen un 2% de su patrimonio neto y que esto sirva para financiar la prestación universal por crianza. En resumen: la financiación debe venir siempre a través de la presión fiscal a los ultrarricos.

Ustedes han utilizado recurrentemente una frase para definir su proyecto político: «Mejorar la vida de la gente». Y la han mejorado con las subidas del SMI, con los ERTE durante la pandemia o con la ley Rider. ¿Por qué esas políticas no han calado entre el electorado? O dicho de otra manera: ¿por qué las políticas materiales parece que no importan hoy en día?

Sí, hemos mejorado algunas parcelas de la vida de la gente con esas leyes que, por cierto, surgen de una parte muy concreta del gobierno de coalición. Digo esto para recalcar la importancia de nuestra presencia ahí, que sirve para que salgan leyes que protegen a la gente trabajadora. Pero también es importante reconocer una cosa: esas mejoras, que entran en el bolsillo de la ciudadanía vía Gobierno de España, se van por la puerta de atrás por el problema de la vivienda. Si el 70% de los ingresos de un hogar está destinado a pagar la vivienda, el resultado es que esas políticas no tienen una traslación en términos reales, contantes y sonantes. Y la mayor parte de la responsabilidad en este problema la tienen las comunidades autónomas que se han negado a aplicar mecanismos que podrían frenar la actividad especulativa.

Pero esas comunidades las gobierna el PP y Vox. Según algunas encuestas, estos dos partidos conseguirían en torno a 200 escaños en las próximas elecciones generales. Visto así, no parece que el problema de la vivienda importe demasiado a la ciudadanía. Parece que tiene mucha más importancia ese concepto detestable llamado «batalla cultural».

A eso me quería referir también. No sé si llamarlo «batalla cultural» o decir mejor la «conversación del país». O la «agenda pública del país». Quizás lo que ocurre es que los partidos que formamos la coalición de gobierno tenemos diferentes intereses. En cualquier caso, debemos tener más empuje a la hora de tratar algunos temas. Conviene politizar determinados aspectos de la vida. Estamos en una espiral de ruido que evita que nos centremos en los temas importantes. Mientras hablamos de la ficción del burka, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de la expropiación del uso de la vivienda. Mientras PP y Vox, que cada vez se parecen más, nos tienen entretenidos con sus cosas, no estamos hablando de que las comunidades autónomas que gobiernan están recortando todos los programas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. O cómo están recortando los servicios públicos, en educación y en sanidad. Aquí, en Madrid, estamos viendo lo que la señora Ayuso está haciendo con la sanidad pública y cómo está hinchando de millones a un montón de empresas de la sanidad privada. Nos toca recuperar la iniciativa en estos temas.

¿Eso puede ocurrir a partir de un nuevo liderazgo? Ahora que Yolanda Díaz da un paso atrás, ¿puede llegar alguien nuevo que coloque esos asuntos en la agenda del país?

No creo que se trate solamente de un asunto de liderazgo. Creo que debemos pararnos a pensar en cómo convertir esta agenda en tema de conversación. Sé que esto no es sencillo. Lo bueno es que ya se están haciendo muchas cosas, pero no se han trasladado a la conversación pública. Y la otra buena noticia de estos días es que la izquierda, en sus distintas expresiones, se ha parado a pensar, se ha juntado y se está preguntando cosas. Tenemos margen. Vamos con tiempo. Creo que se puede trabajar en un proyecto electoral. Creo que debemos hablar a la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga que decir. Hay muchas personas en muchos sitios haciendo cosas muy interesantes y debemos abrir un canal directo con ellas. Esto es importantísimo. Y también creo que podemos buscar otras formas de liderazgo, más allá de cómo cristalicen los proyectos electorales. Las fuerzas de la izquierda pueden caminar con una cierta cooperación, con un cierto acompañamiento, aunque se presenten por separado. Se puede pactar un itinerario de entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos en común.

No sé si lo estoy comprendiendo bien. ¿Está hablando de la propuesta de Rufián de que haya fuerzas que se presenten en una provincia y no en otra?

No exactamente. Hablo de un proceso de cooperación entre las distintas fuerzas. Ya veremos cómo cristaliza eso. Queda tiempo todavía. En nuestros equipos hay una gran inteligencia colectiva que ya está trabajando y sé que acabarán encontrando una buena fórmula. Y quizás no haya que encontrar a un único líder o a una única líder.

¿Cómo se haría entonces?

Quizá se pueda plantear un espacio en el que haya varias personas que representen a la izquierda transformadora o radical del país, y que representen también una determinada forma de hacer política. Porque puede que no baste con una sola persona, pero sí con unas cuantas que representen militancias diversas. Ahora nos toca imaginar, nos toca pensar muy bien cómo queremos caminar hacia ese proyecto electoral en el que vamos a tener que ser supergenerosos y vamos a tener que escuchar muchísimo. Dentro y fuera de las formaciones. Para mí es primordial el reconocimiento explícito de la movilización popular. La fuerza de la izquierda siempre viene a través del empuje social. Esa relación no se debe romper nunca.

Últimamente se está escribiendo mucho sobre determinados votantes que siempre han votado a la izquierda y que ahora votan a la ultraderecha. Para recuperarlos, recuerdo que Fabien Roussel, del Partido Comunista Francés, apareció comiéndose un chuletón. No sirvió de nada, por cierto.

Es que no funciona así. Hay una parte muy deshonesta en la comunicación política. Deshonesta en el sentido de que, por muy buena que sea, no puede suplantar un proyecto político. A veces nos quedamos en lo superficial. Un ejemplo de esta fascinación por la comunicación política es la victoria de Zohran Mamdani. Decimos: «¡Qué bonito!». Y es cierto, pero esa victoria de Mamdani es un proyecto político que lleva años cociéndose en Nueva York. Un proyecto que ha movilizado a muchísima gente en los barrios. Es la movilización social la que ha conseguido ese éxito. Luego, claro, una buena comunicación ayuda mucho. Un candidato majo, muy solvente políticamente, con un encanto indudable es importante, pero no gana por sí solo. Viene a culminar un proceso. No es el líder primero y luego el proyecto. No se trata sólo de comunicación.

Seguramente eso fue lo que no entendió Pablo Iglesias.

Claro. En sus inicios, lo que plantearon desde Podemos fue una maquinaria de guerra electoral. Nosotros hablamos mucho con ellos y les dijimos que había que tener una estructura, una organización que sostuviera esa maquinaria. Ellos decían que no, que eso ya lo tenían estudiadísimo y que todo tenía que basarse en la batalla comunicativa. Y hay que admitir que eso es importantísimo y me parece que fueron muy brillantes a la hora de detectar dónde estaba la grieta y cómo contar la historia desde otro lugar. Insisto, fueron extraordinariamente brillantes, pero yo vengo de otra tradición, de la tradición comunista, donde la organización es muy importante. Y no es algo espontáneo. Hay que trabajar mucho, en muchos sitios y durante mucho tiempo. Y en cada época, además, aparecen nuevas formas de hacer ese trabajo. En el momento actual, entender eso es fundamental.

¿En el momento actual? ¿A qué se refiere?

Pues a que tú no organizas igual a la gente que trabaja en macrofábricas que a la gente de una economía basada fundamentalmente en el sector servicios como la nuestra, y en un país que tiene una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. No es lo mismo.

Entiendo. No es lo mismo en un contexto en el que se ha desarticulado el movimiento sindical y en el que ya ni siquiera trabajamos juntos, sino cada uno en su casa.

Exacto. Por eso yo estoy empeñadísima en que el desafío de la izquierda en este momento pasa por interpretar correctamente lo que sucede en el ámbito digital. Porque ahí hay una posibilidad de organización social que no estamos ni pensando ni explorando. Vamos, no nos estamos ni acercando.

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En mayo de 2019 hacíamos un optimista resumen sobre el clima feminista del momento en un artículo titulado «¿Feminismo para qué? Feminismo para todo» que hablaba de la miríada de fortalezas revitalizadas en la última década: la ecofeminista, la antirracista, la sindicalista, etc. Lo escribimos en un momento en el que el feminismo se encontraba en la cresta de la ola: había encadenado dos años consecutivos de huelgas generales en el 8M y había logrado confrontar, de forma masiva, el machismo institucional, la cultura de la violación y la normalización de la violencia sexual. Es cierto que quedaba mucho por conquistar – por ejemplo, se hablaba de desterrar el feminismo blanco y por difundir un feminismo antirracista, decolonial y de clase, o acabar con la transfobia, entre otros debates –, pero parecía que avanzábamos, a paso firme, hacia delante.

El clima es distinto ahora. La organización feminista se siente débil, diluida y desmotivada. Mientras otras apuntan al disenso interno como origen de la falta de fuerza, nosotras queremos rescatar aquel artículo en el que también apuntábamos como verdadera némesis del movimiento a la misoginia de los aliados de PP y Vox y a la manosfera.

Es triste cerrar esta última edición de este periódico con un llamamiento a la alerta en vez de una celebración del camino recorrido, pero la ola reaccionaria es fuerte y su campaña de los últimos seis años ha estado llena de argucias y señuelos.

La némesis es una idea: la familia, entendida como el conjunto de personas adultas y menores dirigidas y poseídas por un arquetipo de hombre. Este concepto del “orden natural” es el que subyace a los movimientos reaccionarios que pelean por la prohibición del aborto, la eliminación del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la erradicación de la disidencia sexual o de género o, incluso, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una batalla contra la soledad masculina a través de la dominación del resto de cuerpos.

Pero esta idea no es bonita de vender y necesita de marketing. En octubre de 2015, l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius publicó un interesante informe titulado «De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos. Los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Kenia» que analiza cómo ha sido sostenida la estrategia ultraconservadora a través de instituciones, la financiación privada y una renovada técnica comunicativa. La conclusión del informe es que el nuevo mensaje conservador no proviene de un movimiento reaccionario, puntual y contestatario frente al feminismo institucional, sino de redes de poder antiguas, consolidadas y enraizadas en la élite internacional.

En la misma línea, la autora Nuria Alabao, en una entrevista para Píkara¹, sitúa la génesis de este pulso cultural a finales de los años 60: «Después de estas revueltas del 68, con el surgimiento de las luchas feministas y de las disidencias sexuales, emergen diversos actores conservadores, no solo partidos, también iglesias y movimientos sociales, que van a construir una gramática política reaccionaria para oponérseles. Las guerras de género tienen su origen en esa reacción organizada frente a las conquistas de nuevos sujetos que cuestionaban el orden sexual y familiar y la moral tradicional y que transformaron la sociedad, quiero creer que para siempre».

Ejemplos cotidianos de esta técnica comunicativa renovada los encontramos en las redes, la televisión, las ponencias supuestamente profesionales o los falsos debates del feminismo.

La sororidad con las embajadoras de Instagram

El 2 de octubre de 2022 la millonaria Tamara Falcó se sienta en un escenario. Luce coleta tensa y camisa nacarada. Clean Look. Es ponente en el Congreso Mundial de Familias que se celebra en México. Tamara se lamenta ante cientos de personas, se le quiebra la voz hablando de la infidelidad de su prometido, de sus dudas frente al compromiso, del bienestar de unos hijos de aún no han nacido. Para curarse ha asistido a una misa de sanación y ya no siente enfado sino compasión. Se redime. Se santifica.

Pero centrémonos en el atrezzo. ¿Quién ha pagado el escenario? Las sillas las ha mandado poner Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia, que junto a Sharon Slater, presidenta de la Family Watch International, representan el brazo ejecutor de las campañas coordinadas globalmente contra los derechos reproductivos. En España se articulan, entre otros, a través del Foro de la Familia, Hazte Oír y CitizenGo y con ellas se puede trazar el pentagrama que une la Rusia de Putin y su perpetuo hostigamiento de la comunidad LGTBIQ+, el trumpismo estadounidense, el evangelismo latinoamericano y el ultracatolicismo español.

Nueve meses después, Tamara se casará con el tipo aquél, cumpliendo así con el manifiesto del Foro de la Familia y consolidando “la unión entre un hombre y una mujer; unidad jurídica, social y económica”. El debate está servido. Arden las redes. Pero Falcó saldrá indemne porque es una mujer sufridora y criticar a la mujer que sufre, en ese momento, muestra falta de solidaridad para el feminismo liberal.

También es “poco sororo” criticar a María Pombo, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y otro tanto de ingresos anuales. Cuando en febrero de 2024 fue acusada de clasismo, la influencer respondió que ella era “feminista”, escudándose en la palabra como Perseo detrás del espejo y apelando a una sororidad que da carta blanca al ejercicio de otras violencias.

Y así van desfilando las novísimas embajadoras del antiguo pensamiento: desde RoRo (que da de comer en la boca a su novio Pablo lo que a él se le antoje) y a los nazis de la DANA, hasta la falangista y estilosa Isabel Medina Peralta, o la ya olvidada Melisa Rodríguez.

El deber de sororidad se consolida en la opinión pública como mandato del feminismo hegemónico en irónica defensa de las mujeres que portan ahora la voz del nacional catolicismo español en formato neoliberal.

Esta indulgencia permea en las capas más cotidianas de nuestras vidas. Son cientos las mujeres que, agobiadas por la falta de corresponsabilidad con sus maridos y el techo de cristal profesional, enarbolan el lenguaje y la simbología del feminismo (pero obvian los discursos de clase o antirracistas) para dar continuidad al modelo de trabajo esclavo, malpagando a sus limpiadoras o cuidadoras. Una violencia que se canjea por otra.

El altavoz de un ruido ensordecedor

En este último lustro también han sido muchas las que han sacado el lápiz para definir los contornos de la “mujer”. El incomprensible debate en torno a la cuestión de la transexualidad o la definición biologicista de la mujer sólo han servido para pisotear la dignidad de unas mujeres ya de por sí vulnerabilizadas. La estrategia de la derecha también ha estado ahí, encontrando alianzas en los sectores TERF de la izquierda.

El ejemplo más emblemático ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando Hazte Oír sufragó la ponencia de Lidia Falcó (Partido Feminista), histórica activista antifranquista, y Alicia Rubio (Vox) para empujar su campaña contra la Ley Trans, organizada por CitizenGo. Otra vez la tríada, disfrazada de debate plural y moderno, se pone la careta de algún tipo de feminismo para cumplir con los hitos de su agenda.

El sujeto del feminismo

Las injusticias no vienen solas y el debate sobre el sujeto del feminismo ha lastrado la última etapa del movimiento feminista abriendo vórtices involutivos de todo tipo: desde la desatención a la verdad científica (y sus importantes limitaciones), hasta el de la lucha contra la estigmatización de la salud mental, pasando por la recanonización estética de los cuerpos tanto por dentro (fiscalizando niveles hormonales) como por fuera (con el resurgir de las viejas manifestaciones estéticas de la feminidad).

En febrero de 2023 se celebraba el Encuentro Internacional Feminista del ya difunto Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Una de las mesas fue la de «Masculinidades» y no fueron pocas las compañeras que la criticaron (antes de escuchar su contenido), manifestando su frustración por la presencia de este contenido “para hombres”.

Parece, sin embargo, que lo que en aquel encuentro apuntaban la profesora estadounidense Raewyn Connell y el sociólogo argentino Lucho Fabbri era necesario para continuar con la trasformación social: el sujeto del feminismo es la humanidad.

Parte del feminismo considera que esto es imposible, porque la humanidad incluye a los cientos de miles jóvenes varones cis-hetero de entre 18 y 24 años que votaron al partido de Alvise en los pasados comicios europeos. Y otra parte también lo considera problemático porque ha interiorizado el discurso de la extrema derecha respecto de los extranjeros como potenciales agresores sexuales².

En definitiva, la campaña de la derecha ha construido para nosotras dos enemigos-señuelo: las personas trans y los jóvenes varones, especialmente extranjeros. Pero, pese a estos años de ceguera, parece que en los últimos meses la cuestión se está reorientando. Iniciativas como Broders.es³, promovida por la divulgadora Pamela Palenciano, buscan romper los imperativos heteropatriarcales que pesan sobre los hombres al tiempo que se ofrece un espacio seguro en el que desarrollarse sin aislamiento.

Un ejército de técnicos y expertos

Las estrategias ultraderechistas siempre han estado presentes en los sectores profesionales, pero cada vez disimulan menos. El 23 de octubre de 2025 el Colegio de la Abogacía madrileña celebraba su primer Congreso de Derecho de Familia, patrocinado por editoriales y empresas inmobiliarias. Por él desfilaron magistrades del Supremo, Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para hablar de cosas del gremio.

La magistrada del TEDH, María Elosegui Itxaso, refiriéndose a los casos de abuso sexual de menores dijo lo siguiente: “Pienso que estas materias no deben de politizarse, sino enfocarse con profesionalidad tanto por parte de los jueces, como de la fiscalía y administraciones públicas. (…) Es frecuente que las madres aleguen que los padres han abusado de los menores, cuando en muchísimos casos se comprueba que no es así. Este nuevo concepto emergente que se ha creado en ámbitos de Naciones Unidas, de “madres protectoras”, no ayuda nada.(…) Las madres deben cumplir con la legislación y transgredirla no conduce a buen fin”.

Elosegui ignoró así el informe de Save The Children de 2021 que revelaba que “entre un 10 y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, o el que un grupo de antropólogas publicó en 2022, titulado “Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España”, en el que analizaba aquellos casos en que las mujeres que habían buscado amparo judicial habían terminado penalizadas de alguna manera por el protocolo institucional.

Consciente o inconsciente, Elosegui y otros participan de una ofensiva intelectual contra el cambio y el desarrollo de mecanismos para la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, poniendo el broche final a esta ofensiva de los amantes de un pasado de subyugación de la mujer.

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1Se titula “Podemos frenar a las extremas derechas generando alternativas deseables y creíbles” (julio 2025).

2Recomendamos encarecidamente leer el artículo “Cómo hacemos frente al marco de los migrantes como violadores”, escrito por el colectivo Cantoneras y publicado en CTXT (diciembre 2025).

3Se trata de un espacio pensado para chicos y hombres jóvenes donde hablar, compartir dudas, crear comunidad y pedir apoyo en diversos temas, como la sexualidad, las relaciones, la estética, etc.

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Chiara Páez tenía 14 años cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de la casa de su abuelo, en Rufino, provincia de Santa Fe, Argentina. El asesinato de Chiara, embarazada de dos meses, empujó a las 20.000 personas del pueblo a manifestarse y pedir justicia. La asociación civil La Casa del Encuentro llevaba registrados 140 femicidios solo en los primeros meses de aquel año. Sus estadísticas también mostraban que entre 2008 y 2015 habían sido asesinadas 1808 mujeres en todo el país.

“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó entonces la periodista Marcela Ojeda. Fue el germen de una marcha que comenzó a gestarse entre un grupo de comunicadoras, que convocó a manifestarse contra la violencia machista bajo la consigna “Ni Una Menos”.

Se eligió que fuera el 3 de junio, un miércoles, frente al Congreso de la Nación. “Si no marchamos juntas nos matan por separado”, decían los carteles. Aquella tarde hubo 150.000 personas en la plaza más céntrica de Buenos Aires, y miles más en otras cien plazas de todo el país. El reclamo principal: que se cumpliera la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009.

Rodeada de una multitud estaba Verónica, la mamá de Chiara, y su tía, y su tío. Romina, la hermana mayor, había quedado en Rufino, donde las calles desbordaron de gente como nunca antes en la historia del pueblo.

“Hace diez años yo estaba muy encerrada en el dolor, en el enojo, pero el grito de Ni Una Menos fue algo muy importante en medio de los pensamientos. Fue muy emotivo escuchar el nombre de Chiara, y que además de acompañarnos a nosotros era un grito que nos unía a todos los que queríamos decir ¡basta! -recuerda Romina-. Me sentí muy atravesada, fueron tiempos muy difíciles. Pero también pudimos empatizar con el dolor de otros familiares que se nos acercaron y que habían atravesado situaciones similares, nos ayudó a reconvertir todo este dolor en lucha, y pensar que todo lo que había pasado con Chiara nos llevaba a una lucha en común. El primer Ni Una Menos fue una mezcla de sentimientos de dolor y esperanza”.

Luci Cavallero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad es docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y forma parte del colectivo Ni Una Menos.

“Ni Una Menos nació como un grito colectivo para hacer visible un problema que no tenía visibilidad pública ni estaba tomado con la seriedad necesaria por las políticas públicas: los femicidios como expresión máxima de violencia por razones de género. Fue una manifestación que surgió en redes sociales y que después se transformó en un movimiento estructurado en asambleas y marchas y manifestaciones que fueron complejizando los diagnósticos de las violencias por razones de género”, explica.

Y sigue: “Ni Una Menos es un proceso de sensibilización de la sociedad quecambia los umbrales de tolerancia con respecto a las violencias, que produce desplazamientos subjetivos de las mujeres en todos los ámbitos, pero también transforma a los varones. Y más allá del proceso de destrucción que estamos atravesando en este momento, este proceso sigue presente y latente”.

La destrucción

Tras el MeToo mundial que generó una oleada de denuncias por acoso y abuso, en 2018 comenzó en Argentina el debate por el aborto legal, una discusión que puso al feminismo en primer plano. Y se sumaron las pibas. La marea verde fue la consecuencia de un trabajo de décadas, una marea en la que se encontraron abuelas, hijas y nietas que se unieron para exigir, y se hicieron escuchar. En 2019 se creó el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y en 2020, en medio de una epidemia mundial, se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por entonces Javier Milei era un economista excéntrico que se paseaba por canales de televisión repartiendo frases rimbombantes y protagonizando shows bizarros, como golpear con un palo una maqueta del Ministerio de las Mujeres y prometer que cuando fuera presidente lo tiraría abajo. Fue lo primero que hizo al asumir, en diciembre de 2023.

El Gobierno autodenominado libertario pasó “el tema género” al Ministerio de Justicia. El funcionario al frente de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que “el género era un tema primordial”. Enseguida le tiraron de las orejas. Desde el propio área de comunicación del Ministerio salieron a decir que el Gobierno no iba a tener políticas de género: “La violencia no tiene género”, fue el mensaje.

Ante el anuncio del vaciamiento, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados citó al ministro Cúneo Libarona. El funcionario hizo una polémica presentación contra de la diversidad, negó la violencia contra las mujeres e insistió con las “denuncias falsas que hacen para vengarse”. Aseguró que “el género se acabó”, y que el eje sería “la familia tradicional y cristiana”. También dijo que rechazaban la diversidad de identidades sexuales que “no se alinean con la biología”. Sus dichos generaron masivos repudios, que incluyeron el pedido de juicio político y hasta su renuncia. El Gobierno lo respaldó.

El programa más importante del Ministerio de Mujeres fue Acompañar, que había asistido a 352.000 mujeres en situación de violencia de género. Se les dio, durante seis meses, un salario mínimo para lograr cierta autonomía económica que les permitiera salir de relaciones abusivas. Solo en la ciudad de Buenos Aires se realizan 10.000 denuncias anuales por violencia de género. Según la Corte Suprema de Justicia, hay un promedio de 250 femicidios por año en el país, que suman 2.500 en la última década, y que han dejado más de 3.000 niñas y niños huérfanos.

La provocación

El 8 de marzo de 2024, en el primer Día de la Mujer como gobierno, el Ejecutivo de Milei cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y lo rebautizaron Salón de los Próceres. Sacaron las fotos de heroínas como Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni, Juana Azurduy, Victoria Ocampo y Mercedes Sosa para reemplazarlas por cuadros de varones comoCarlos Menem y Julio Argentino Roca. El 8 de marzo de este año el Gobierno volvió a provocar a las mujeres: difundió un video en el que aseguraban que “solo en 2023 se gastaron en género cuatro billones de pesos, que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue diez veces superior al presupuesto del Poder Judicial”.

“El presupuesto del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue mucho menor. En 2023 gastó $172.000 millones [de pesos]. Representó 0,21 por ciento del gasto total del Estado, muy por debajo de áreas como Defensa (3,38 por ciento) y Seguridad (2,2 por ciento)”, respondió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“El dinero se destinó a burocracia, oficinas de lujo y políticas simbólicas que no ayudaron a reducir la violencia”, decía también el video libertario. “Los fondos se usaron para programas muy concretos”, aseguraron desde ELA citando la Línea 144 de atención para víctimas, el programa Acompañar y los centros de protección de todo el país que daban refugio, asistencia legal y psicológica.

“Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”, asegura otro pasaje del video. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema asegura que solo en enero de 2025 la denuncias aumentaron un ocho por ciento con respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses de 2025 hubo 96 víctimas de violencia de género.

A pocos días de un nuevo 3 de junio, el Gobierno ha salido con otra provocación: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito ‘MenstruAR’”, escribió en sus redes el ministro Cúneo Libarona.

Y detalló: “Los 13 programas que eliminamos son: 1. Menstruar. 2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. 3. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad. 4. Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’. 5. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’. 6. Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. 7. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. 8. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. 9. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción ‘Igualar’. 10. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. 11. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’. 12. Producir. 13. Generar”.

“Eliminar este despilfarro le ahorrará 6.000 millones de pesos por año a los argentinos”, concluyó el funcionario. Varias organizaciones, entre ellas ELA y Amnistía Internacional, ha salido a cuestionarlo.

“La discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales)”, aseguraron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia”, agregaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Anual 2024 sobre la situación de los derechos humanos en la región. Su análisis sobre Argentina es malo: “En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la reestructuración de la Administración Pública iniciada en diciembre 2023 ha afectado seriamente la institucionalidad y políticas de protección a sus derechos. En particular, tras la eliminación de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que concretó el cierre del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Por primera vez en 40 años, el país no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género”.

La resistencia

“El Gobierno libertario está desarrollando actualmente un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectivas de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio. Se usan los cargos máximos del Estado Nacional para promover el odio, para desinhibir una violencia social sobre determinadas poblaciones, entre ellas las mujeres, la población LGBTIQ+. Por otro lado, tiene una política de ajuste muy fuerte que provoca una precarización acelerada en la vida de las mujeres, que tienen muchísimas menos oportunidades para salir de las violencias, con salarios congelados, subsidios y programas sociales eliminados”, asegura Cavallero.

Y concluye: “Nuestro trabajo ahora es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas, la recomposición del tejido social, la prevención de la violencia entre pares y seguir sosteniendo los procesos de organización y movilización”.

A Romina aún se le quiebra la voz al hablar de su hermana: “Hoy en día, a diez años, recuerdo a Chiara con el mismo amor y más, y a veces me agarra el mismo dolor y la misma rabia. Hemos avanzado en varias cosas y tenemos más leyes, aunque ahora vivimos tiempos muy complejos, especialmente las mujeres. Todavía sigue habiendo muertes, pibas desaparecidas, madres que buscan justicia, pero hay que enfocarse en la fuerza de organizarnos, de luchar, que no se ha detenido y que no haya vuelta atrás, que no haya retroceso de los derechos. Lo que falta conseguir lo vamos a conseguir entre todas más allá de las diferencias. Y hoy más que nunca mi hermana Chiara va a estar presente en cada lucha, en cada movilización y en cada una de nosotras”.

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Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2025/06/diez-anos-de-ni-una-menos-hora-de-recomponer-las-redes/

Taller de Estudios Anarquistas:
La experiencia de los paros nacionales en Colombia

Del 14 de septiembre al 5 de octubre
Jueves 600 pm
La Redada Miscelánea Cultural (Calle 17 #2-51)
Bogotá

Primera sesión: Introducción y primeras experiencias (1944-1957) 14 de septiembre
Segunda sesión: Auge y crisis (1963-1990) 28 de septiembre
Tercera sesión: Recomposición y estallido (1999-2021) 5 de octubre

Entrada libre
Grupo Libertario Vía Libre