Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia y forma parte de la dirección federal de Izquierda Unida. Desde que desembarcó en el ministerio, a finales de 2023, trabaja con varias fórmulas para solucionar un problema que le subleva: erradicar la pobreza infantil en nuestro país. Una de sus propuestas es la Prestación Universal por Crianza, una ayuda mensual y universal de 200 euros por hijo o hija que no está exenta de críticas incluso dentro de la propia izquierda. Esta ayuda permitiría reducir la brecha de desigualdad existente entre «ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho» –como a Rego le gusta definirlos– de estas edades.
Su cartera, además, está de actualidad por su participación en la ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Según su propuesta, los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o sus tutores legales. El PSOE quiere ir más allá y prohibir ese acceso totalmente. En ambos casos, la medida cuenta con dificultades técnicas asociadas al sistema de verificación de edad de los usuarios.
Pero no queda ahí la cosa: en el Ministerio de Juventud también están dando los últimos retoques a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas).
Todo esto en un contexto de reorganización de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Hay mucho de qué hablar.
Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?
Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.
Por su componente económico, que lo desvirtúa todo, es evidente que esta ley digital está generando mucho ruido, pero hay otras que cuesta creer, quizás ingenuamente, que no tengan un amplio consenso. Sobre la Lopivi, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de que se escuche a los niños y las niñas en los procesos judiciales?
El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez.
Usted ha defendido la instauración de la Prestación Universal por Crianza. Una ayuda mensual de 200 euros por hijo. ¿Por qué debe ser universal? ¿No beneficiará precisamente a las familias más pudientes, con más hijos, que no necesitan esa ayuda según sus ingresos?
Lo defendemos porque los derechos tienen que ser universales.
Pero es una ayuda del Estado.
No, es un derecho, una renta de ciudadanía, un reconocimiento a la infancia de este país. De la misma manera que cuando uno va a un hospital público le atienden igual si tiene 0 euros en la cuenta que si tiene 100.000.
Pero no es lo mismo una familia que no tiene suficientes ingresos para alimentar bien a sus hijos que una familia rica que usará esos 200 euros para regalarle al niño unas zapatillas último modelo con el dinero del contribuyente.
Es que esta prestación no tiene un enfoque asistencialista. Y ayudará, además, a cerrar una brecha de desigualdad. Es la demostración de que el Estado cuida a sus infancias. A todas. Y lo más importante para instaurarla es que debe ir ligada a un mecanismo de justicia económica que se aplique a través de la declaración de la renta: que quién más tiene, más pague. ¿Para qué? Para que el acceso al derecho sea el mismo. De esta forma, la redistribución se da a través de la renta.
Explicado así suena diferente. De la otra forma, esa prestación recuerda a los colegios concertados de niños ricos que además cuentan con el dinero público que les da Ayuso.
Pero no se trata de eso. De hecho, es todo lo contrario. No puede ir disociado de la renta. Es más, nos hemos planteado la posibilidad de instaurar la tasa Zucman para que los superricos paguen un 2% de su patrimonio neto y que esto sirva para financiar la prestación universal por crianza. En resumen: la financiación debe venir siempre a través de la presión fiscal a los ultrarricos.
Ustedes han utilizado recurrentemente una frase para definir su proyecto político: «Mejorar la vida de la gente». Y la han mejorado con las subidas del SMI, con los ERTE durante la pandemia o con la ley Rider. ¿Por qué esas políticas no han calado entre el electorado? O dicho de otra manera: ¿por qué las políticas materiales parece que no importan hoy en día?
Sí, hemos mejorado algunas parcelas de la vida de la gente con esas leyes que, por cierto, surgen de una parte muy concreta del gobierno de coalición. Digo esto para recalcar la importancia de nuestra presencia ahí, que sirve para que salgan leyes que protegen a la gente trabajadora. Pero también es importante reconocer una cosa: esas mejoras, que entran en el bolsillo de la ciudadanía vía Gobierno de España, se van por la puerta de atrás por el problema de la vivienda. Si el 70% de los ingresos de un hogar está destinado a pagar la vivienda, el resultado es que esas políticas no tienen una traslación en términos reales, contantes y sonantes. Y la mayor parte de la responsabilidad en este problema la tienen las comunidades autónomas que se han negado a aplicar mecanismos que podrían frenar la actividad especulativa.
Pero esas comunidades las gobierna el PP y Vox. Según algunas encuestas, estos dos partidos conseguirían en torno a 200 escaños en las próximas elecciones generales. Visto así, no parece que el problema de la vivienda importe demasiado a la ciudadanía. Parece que tiene mucha más importancia ese concepto detestable llamado «batalla cultural».
A eso me quería referir también. No sé si llamarlo «batalla cultural» o decir mejor la «conversación del país». O la «agenda pública del país». Quizás lo que ocurre es que los partidos que formamos la coalición de gobierno tenemos diferentes intereses. En cualquier caso, debemos tener más empuje a la hora de tratar algunos temas. Conviene politizar determinados aspectos de la vida. Estamos en una espiral de ruido que evita que nos centremos en los temas importantes. Mientras hablamos de la ficción del burka, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de la expropiación del uso de la vivienda. Mientras PP y Vox, que cada vez se parecen más, nos tienen entretenidos con sus cosas, no estamos hablando de que las comunidades autónomas que gobiernan están recortando todos los programas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. O cómo están recortando los servicios públicos, en educación y en sanidad. Aquí, en Madrid, estamos viendo lo que la señora Ayuso está haciendo con la sanidad pública y cómo está hinchando de millones a un montón de empresas de la sanidad privada. Nos toca recuperar la iniciativa en estos temas.
¿Eso puede ocurrir a partir de un nuevo liderazgo? Ahora que Yolanda Díaz da un paso atrás, ¿puede llegar alguien nuevo que coloque esos asuntos en la agenda del país?
No creo que se trate solamente de un asunto de liderazgo. Creo que debemos pararnos a pensar en cómo convertir esta agenda en tema de conversación. Sé que esto no es sencillo. Lo bueno es que ya se están haciendo muchas cosas, pero no se han trasladado a la conversación pública. Y la otra buena noticia de estos días es que la izquierda, en sus distintas expresiones, se ha parado a pensar, se ha juntado y se está preguntando cosas. Tenemos margen. Vamos con tiempo. Creo que se puede trabajar en un proyecto electoral. Creo que debemos hablar a la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga que decir. Hay muchas personas en muchos sitios haciendo cosas muy interesantes y debemos abrir un canal directo con ellas. Esto es importantísimo. Y también creo que podemos buscar otras formas de liderazgo, más allá de cómo cristalicen los proyectos electorales. Las fuerzas de la izquierda pueden caminar con una cierta cooperación, con un cierto acompañamiento, aunque se presenten por separado. Se puede pactar un itinerario de entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos en común.
No sé si lo estoy comprendiendo bien. ¿Está hablando de la propuesta de Rufián de que haya fuerzas que se presenten en una provincia y no en otra?
No exactamente. Hablo de un proceso de cooperación entre las distintas fuerzas. Ya veremos cómo cristaliza eso. Queda tiempo todavía. En nuestros equipos hay una gran inteligencia colectiva que ya está trabajando y sé que acabarán encontrando una buena fórmula. Y quizás no haya que encontrar a un único líder o a una única líder.
¿Cómo se haría entonces?
Quizá se pueda plantear un espacio en el que haya varias personas que representen a la izquierda transformadora o radical del país, y que representen también una determinada forma de hacer política. Porque puede que no baste con una sola persona, pero sí con unas cuantas que representen militancias diversas. Ahora nos toca imaginar, nos toca pensar muy bien cómo queremos caminar hacia ese proyecto electoral en el que vamos a tener que ser supergenerosos y vamos a tener que escuchar muchísimo. Dentro y fuera de las formaciones. Para mí es primordial el reconocimiento explícito de la movilización popular. La fuerza de la izquierda siempre viene a través del empuje social. Esa relación no se debe romper nunca.
Últimamente se está escribiendo mucho sobre determinados votantes que siempre han votado a la izquierda y que ahora votan a la ultraderecha. Para recuperarlos, recuerdo que Fabien Roussel, del Partido Comunista Francés, apareció comiéndose un chuletón. No sirvió de nada, por cierto.
Es que no funciona así. Hay una parte muy deshonesta en la comunicación política. Deshonesta en el sentido de que, por muy buena que sea, no puede suplantar un proyecto político. A veces nos quedamos en lo superficial. Un ejemplo de esta fascinación por la comunicación política es la victoria de Zohran Mamdani. Decimos: «¡Qué bonito!». Y es cierto, pero esa victoria de Mamdani es un proyecto político que lleva años cociéndose en Nueva York. Un proyecto que ha movilizado a muchísima gente en los barrios. Es la movilización social la que ha conseguido ese éxito. Luego, claro, una buena comunicación ayuda mucho. Un candidato majo, muy solvente políticamente, con un encanto indudable es importante, pero no gana por sí solo. Viene a culminar un proceso. No es el líder primero y luego el proyecto. No se trata sólo de comunicación.
Seguramente eso fue lo que no entendió Pablo Iglesias.
Claro. En sus inicios, lo que plantearon desde Podemos fue una maquinaria de guerra electoral. Nosotros hablamos mucho con ellos y les dijimos que había que tener una estructura, una organización que sostuviera esa maquinaria. Ellos decían que no, que eso ya lo tenían estudiadísimo y que todo tenía que basarse en la batalla comunicativa. Y hay que admitir que eso es importantísimo y me parece que fueron muy brillantes a la hora de detectar dónde estaba la grieta y cómo contar la historia desde otro lugar. Insisto, fueron extraordinariamente brillantes, pero yo vengo de otra tradición, de la tradición comunista, donde la organización es muy importante. Y no es algo espontáneo. Hay que trabajar mucho, en muchos sitios y durante mucho tiempo. Y en cada época, además, aparecen nuevas formas de hacer ese trabajo. En el momento actual, entender eso es fundamental.
¿En el momento actual? ¿A qué se refiere?
Pues a que tú no organizas igual a la gente que trabaja en macrofábricas que a la gente de una economía basada fundamentalmente en el sector servicios como la nuestra, y en un país que tiene una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. No es lo mismo.
Entiendo. No es lo mismo en un contexto en el que se ha desarticulado el movimiento sindical y en el que ya ni siquiera trabajamos juntos, sino cada uno en su casa.
Exacto. Por eso yo estoy empeñadísima en que el desafío de la izquierda en este momento pasa por interpretar correctamente lo que sucede en el ámbito digital. Porque ahí hay una posibilidad de organización social que no estamos ni pensando ni explorando. Vamos, no nos estamos ni acercando.
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