El secretario general de la Federación General de Sindicatos Palestinos, Shaher Saad, ha calificado como una «victoria histórica» la defensa del estatus de observador de Palestina en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La declaración, realizada este viernes 5 de junio de 2026, supone un respaldo multilateral a la causa palestina frente a la presión ejercida por Estados Unidos e Israel.

Saad subrayó que el mantenimiento de este estatus en el organismo de la ONU representa un hito diplomático para Palestina, que logró ser admitida como observadora en la OIT en 2024. La decisión de la organización laboral internacional reafirma la legitimidad de la representación palestina en un foro clave, pese a los intentos de Washington y Tel Aviv por revertirla.

Es una victoria histórica contra los intentos de Estados Unidos e Israel de despojarnos de nuestro derecho a estar presentes en las instituciones internacionales.

La votación en la OIT, cuyo resultado exacto no se ha hecho público, se produce en un contexto de creciente aislamiento diplomático de Israel y de preocupación por la situación de los trabajadores palestinos en los territorios ocupados. Diversos grupos sindicales y organizaciones de derechos humanos han respaldado la postura palestina, que consideran un paso adelante en la defensa de los derechos laborales y políticos del pueblo palestino.

La denominada «victoria» en la OIT se suma a otras recientes conquistas diplomáticas de la Autoridad Palestina, que busca consolidar su presencia en los organismos multilaterales como vía para presionar a Israel y a sus aliados. Estados Unidos, por su parte, no ha emitido una declaración oficial tras la votación, aunque fuentes diplomáticas sugieren que podría buscar medidas para limitar la participación palestina en otras agencias de la ONU.

La compañía de observación terrestre Planet Labs publicó los resultados de su primer trimestre fiscal el 4 de junio de 2026. Durante la presentación, la directora financiera y presidenta, Ashley Johnson, destacó la estrategia de la empresa basada en ingresos recurrentes, lo que la diferencia de competidores que dependen de ventas puntuales de hardware.

“Esa es una de las formas en que creo que nos diferenciamos de empresas que van a tener resultados mucho más binarios”, declaró Johnson. “Si vendes hardware, reconoces los ingresos cuando entregas ese hardware. Si falla, ese es el final de la historia”.

La declaración subraya la apuesta de Planet Labs por un modelo de suscripción y servicios continuos, en contraste con rivales como Maxar o BlackSky, que también operan en el mercado de imágenes satelitales pero con mayor exposición a contratos gubernamentales y de defensa de gran escala.

Resultados financieros y perspectivas

Aunque la compañía no desglosó cifras concretas en las declaraciones, el enfoque en ingresos recurrentes busca ofrecer a los inversores una visión más estable y predecible del negocio. Planet Labs opera una constelación de más de 200 satélites Dove y SuperDove, que capturan imágenes diarias de toda la superficie terrestre.

El modelo de datos como servicio permite a Planet Labs generar ingresos constantes a través de suscripciones, en lugar de depender de contratos únicos de lanzamiento o fabricación. Según Johnson, esta estrategia reduce el riesgo de volatilidad en los resultados financieros.

La competencia en el sector de observación terrestre se intensifica, con actores tradicionales como Maxar Technologies y emergentes como BlackSky compitiendo por contratos gubernamentales y comerciales. Sin embargo, Planet Labs apuesta por la diferenciación a través de su capacidad de revisita diaria global y su modelo de negocio recurrente.

La empresa española de defensa OVERVOXT, con sede en Torrijos (Toledo), ha sido seleccionada por la multinacional finlandesa ICEYE para desarrollar la infraestructura de almacenamiento de sus drones solares. El anuncio, realizado el 4 de junio de 2026, refuerza la posición de la industria española en el sector de la defensa y la tecnología de drones de alta persistencia.

OVERVOXT ha instalado en Lisboa un hangar específico diseñado para albergar y dar servicio a los drones solares de ICEYE, compañía especializada en tecnología de observación terrestre y radar de apertura sintética (SAR). La infraestructura permitirá el almacenamiento, mantenimiento y operación de estos vehículos aéreos no tripulados (UAV) de larga duración, capaces de permanecer en el aire durante semanas gracias a la energía solar.

El acuerdo supone un hito para la compañía toledana, que consolida su presencia internacional en un mercado estratégico. Según fuentes de la empresa, los drones solares de ICEYE requieren instalaciones específicas para su recarga y almacenamiento, un nicho en el que OVERVOXT ha demostrado capacidad técnica. La colaboración se enmarca en la creciente demanda de soluciones de defensa basadas en drones de alta persistencia, así como en la apuesta por la cooperación tecnológica entre España y Finlandia.

Con este proyecto, OVERVOXT no solo refuerza su cartera de clientes internacionales, sino que también contribuye a posicionar a la industria española como un actor relevante en el ecosistema europeo de defensa. No se han revelado los términos económicos del acuerdo ni la capacidad exacta del hangar, aunque fuentes del sector destacan que se trata de una infraestructura clave para el despliegue de estos sistemas en el sur de Europa.

La empresa noruega Kongsberg Satellite Services (KSAT) y la japonesa Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS) han anunciado este jueves la ampliación de su alianza estratégica para impulsar el proyecto QPS-SAR, que prevé construir una constelación de 36 pequeños satélites SAR capaces de proporcionar datos de observación de la Tierra casi en tiempo real.

El acuerdo, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto, busca reducir la latencia en la obtención de imágenes de radar de apertura sintética (SAR), una tecnología clave para aplicaciones de defensa, monitoreo ambiental, seguros y respuesta ante desastres. La constelación completa permitiría obtener imágenes de cualquier punto del planeta con una frecuencia media de 10 minutos.

KSAT, con sede en Tromsø, aportará su red global de estaciones terrestres, mientras que iQPS, con sede en Fukuoka, contribuye con su tecnología de satélites SAR de pequeño tamaño. La colaboración, iniciada en 2021, se refuerza ahora para acelerar el despliegue de la constelación, cuyo objetivo comercial es satisfacer la creciente demanda de datos de observación casi en tiempo real.

El anuncio se produce en un contexto de auge del mercado de observación de la Tierra, donde múltiples actores compiten por ofrecer servicios con la menor latencia posible. La alianza entre KSAT e iQPS combina la experiencia en infraestructura de estaciones terrestres con la capacidad japonesa de fabricación de satélites SAR ligeros, un segmento en expansión dentro de la New Space. Esta colaboración no es nueva, sino que se remonta a 2021, pero ahora se intensifica para acortar plazos. La constelación de 36 satélites, cuando esté completa, permitirá una cobertura global con una frecuencia de revisita de solo diez minutos, muy por debajo de los actuales sistemas de observación, que suelen tardar varias horas o incluso días en proporcionar imágenes actualizadas. Tanto KSAT como iQPS confían en que la alianza posicione a ambas compañías como líderes en el emergente mercado de datos SAR de alta frecuencia, donde ya compiten otras constelaciones como la de Capella Space o la de ICEYE, también de origen noruego.

La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

• la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
• evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
• un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
• la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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PlayStation ha usado su más reciente evento State of Play para dejar clara su nueva dirección estratégica. Tras una serie de costosos tropiezos con títulos multijugador en vivo, la compañía de Sony Interactive Entertainment vuelve a centrarse en lo que mejor sabe hacer: juegos premium, narrativos, para un solo jugador, según anunció durante la presentación del 3 de junio de 2026.

El giro supone un reconocimiento implícito de que la apuesta por los juegos como servicio (live-service) no ha dado los frutos esperados. Durante los últimos años, Sony invirtió sumas millonarias en títulos multijugador que no lograron consolidarse frente a competidores como Fortnite, Call of Duty o Genshin Impact. Algunos proyectos fueron cancelados o recibieron críticas tibias por parte de los jugadores.

La muestra State of Play de una hora comenzó y terminó con presentaciones de títulos que encajan en el perfil tradicional de PlayStation: experiencias cinematográficas, mundos abiertos cuidadosamente diseñados y sagas consolidadas. El mensaje fue inequívoco: la compañía prioriza las franquicias que construyeron su reputación, como God of War, The Last of Us y Horizon, frente a lanzamientos experimentales en línea.

Aunque Sony no ha proporcionado cifras concretas sobre las pérdidas, medios del sector calculan que las inversiones fallidas en juegos como servicio superaron los 200 millones de dólares en los últimos tres años. El cambio de rumbo busca recuperar la confianza de una base de jugadores que había mostrado fatiga ante los anuncios multijugador recurrentes.

La apuesta por el videojuego tradicional no es exclusiva de PlayStation. Competidores como Nintendo nunca abandonaron ese modelo, y Microsoft ha oscilado entre el servicio a través de Game Pass y los lanzamientos individuales de calidad. Sony, sin embargo, se juega más porque su catálogo de exclusivos ha sido históricamente su mayor baluarte frente a la competencia.

Queda por ver si esta estrategia logra sostener el crecimiento del negocio de PlayStation en un mercado que, aunque dominado por el entretenimiento en vivo, aún recompensa generosamente a las experiencias de un jugador de alto presupuesto.

Navantia ha suscrito un nuevo contrato con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí para prestar servicios de apoyo al ciclo de vida de las corbetas construidas en el marco del programa Avante 2200. El acuerdo, anunciado el 3 de junio de 2026, consolida la presencia de la empresa pública española en el mercado de defensa saudí, uno de los más dinámicos de Oriente Próximo, y refuerza la relación industrial a largo plazo entre ambos países.

El nuevo contrato, cuyo importe no ha sido revelado inicialmente, se suma a los ya firmados en años anteriores para el mantenimiento y sostenimiento de las cinco corbetas de la clase Al Jubail, entregadas entre 2022 y 2024. Estos buques, de 104 metros de eslora y dotados de sistemas de combate avanzados, constituyen la columna vertebral de la marina saudí en el golfo Pérsico y el mar Rojo. El apoyo abarca desde el suministro de repuestos y la formación de tripulaciones hasta la modernización de equipos y la asistencia técnica integrada.

El programa Avante 2200, firmado en 2018 por unos 2.000 millones de euros, ha sido clave para la carga de trabajo de los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz, especialmente en San Fernando y Puerto Real. La continuidad del contrato de sostenimiento garantiza actividad industrial estable durante los próximos años y consolida la relación con el Ministerio de Defensa saudí en un momento en que el reino ha intensificado sus inversiones en capacidades marítimas.

Fuentes de la compañía han destacado que el acuerdo refuerza la credibilidad de Navantia como proveedor de servicios de ciclo de vida completo, desde el diseño y construcción hasta el apoyo logístico y las actualizaciones tecnológicas. En un mercado global de defensa cada vez más competitivo, la capacidad de ofrecer paquetes integrales de sostenimiento se ha convertido en un factor diferencial frente a otros constructores navales.

El contrato se enmarca en la estrategia de Navantia de diversificar su cartera de clientes internacionales. Además de Arabia Saudí, la compañía mantiene programas activos con Australia (clase Hunter), Emiratos Árabes Unidos y varios países de la OTAN. La nueva adjudicación en Arabia Saudí supone un espaldarazo a la línea de negocio de sostenimiento, que ya representa cerca del 30% de los ingresos del grupo.

Arabia Saudí, por su parte, sigue adelante con su plan Visón 2030 de modernización de sus fuerzas armadas y de localización industrial. El acuerdo con Navantia incluye cláusulas de transferencia de tecnología y colaboración con empresas locales, lo que responde a los objetivos del reino de potenciar su industria de defensa nacional. La firma de este nuevo contrato demuestra la confianza de Riad en la tecnología y el servicio español.

El descontento social en Marruecos por las deficiencias en los servicios básicos ha vuelto a manifestarse en dos focos simultáneos. El pasado 31 de mayo, decenas de jóvenes de la localidad de Tizkat, en la región de Béni Mellal, protagonizaron una marcha de protesta hacia la sede provincial para denunciar el deterioro de las carreteras, los cortes de agua y la débil conexión a internet. Los manifestantes consideran que la zona sufre un abandono que afecta gravemente la vida de los habitantes.

Una queja parlamentaria en Kénitra

Paralelamente, en la provincia de Kénitra, el diputado Mustapha Ibrahimi, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), ha presentado una pregunta escrita a la ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leila Benali, fechada el 1 de junio. En ella denuncia los cortes repetidos de electricidad y agua que sufren varias comunas rurales durante la celebración del Aíd al-Adha, con graves repercusiones para las familias.

Implicaciones para la región

Las protestas en Béni Mellal y la queja parlamentaria en Kénitra reflejan un malestar social que afecta a varias regiones del país magrebí. La falta de infraestructuras y la interrupción de suministros básicos agudizan la percepción de abandono institucional entre la población rural. Aunque el Gobierno marroquí ha puesto en marcha programas de desarrollo, la lentitud en las mejoras genera tensiones.

Para España, como vecino próximo y socio estratégico de Marruecos, el malestar interno tiene implicaciones directas en materia de cooperación migratoria, seguridad y estabilidad regional. Las autoridades españolas siguen de cerca la evolución de estos conflictos locales, que pueden influir en las relaciones bilaterales y en los flujos migratorios hacia Europa.

De momento, ni la ministra Benali ni la provincia de Béni Mellal han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, los jóvenes de Tizkat aseguran que mantendrán la movilización hasta ser recibidos por las autoridades provinciales.

La start-up alemana de observación de la Tierra Marble Imaging ha firmado un memorando de entendimiento con la National Taiwan Ocean University y un acuerdo de colaboración con un socio japonés no especificado, según anunció la compañía el 1 de junio de 2026. El movimiento supone la entrada de un actor europeo en el competitivo mercado del Indo-Pacífico, una región donde China y Estados Unidos libran una pugna tecnológica y de seguridad.

El acuerdo con la universidad taiwanesa se centrará en el desarrollo de capacidades de observación marina y en la formación de personal, mientras que la alianza en Japón —que según fuentes del sector podría ser con Japan Space Imaging— busca posicionar la constelación de imágenes de muy alta resolución y revisita rápida de Marble Imaging para atender la creciente demanda de datos geoespaciales en la región.

Una apuesta por la seguridad marítima

La constelación de Marble Imaging está diseñada para proporcionar imágenes de la Tierra con una frecuencia de revisita de varias veces al día, lo que la convierte en una herramienta atractiva para aplicaciones de seguridad marítima, vigilancia de fronteras y respuesta a catástrofes naturales. Según explicó la empresa en un comunicado, la expansión en Asia responde a la necesidad de ofrecer una alternativa europea a los servicios chinos (como los satélites Gaofen) y estadounidenses (como los de Maxar Technologies).

La entrada en Taiwán y Japón refuerza la presencia tecnológica de la Unión Europea en una zona donde Pekín considera que Taiwán es una provincia propia. Alemania mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero el ámbito de la observación terrestre se ha convertido en un campo de disputa estratégica. La National Taiwan Ocean University es una institución pública de la isla especializada en ciencias marinas, y el acuerdo incluye la transferencia de tecnología y la colaboración en proyectos conjuntos de investigación.

Nuestra tecnología de alta resolución y revisita rápida es ideal para las necesidades de monitorización costera y detección de vertidos ilegales en el Indo-Pacífico, una de las regiones con mayor tráfico marítimo del mundo, señala el consejero delegado de Marble Imaging.

El movimiento de Marble Imaging se produce en un contexto de auge de los satélites privados de observación de la Tierra, donde actores como Planet Labs (EE.UU.) o ICEYE (Finlandia) ya compiten por cuota de mercado. La empresa alemana, fundada en 2019, ha recaudado hasta ahora más de 30 millones de euros de inversores como el grupo germano-suizo UBS y el fondo de capital riesgo de la Agencia Espacial Europea.

Japón, por su parte, es un socio clave para la constelación, ya que ofrece tanto un mercado de defensa como de aplicaciones civiles. La colaboración con el socio japonés, según la empresa, permitirá comercializar las imágenes en el archipiélago y en otros países del sudeste asiático.

La empresa estadounidense Observable Space ha cerrado una ronda de financiación Serie A por valor de 90 millones de dólares (unos 82 millones de euros) y ha recibido un contrato Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) de 94 millones de dólares (unos 86 millones de euros) por parte de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. El anuncio, realizado el 1 de junio de 2026, refuerza la apuesta del Pentágono por las comunicaciones por láser como pilar de la infraestructura espacial militar.

El contrato, adjudicado por la Fuerza Espacial a través del programa Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT) del Departamento de Guerra estadounidense, tiene como objetivo ampliar las capacidades de conocimiento del dominio espacial (SDA). Según fuentes oficiales, la plataforma de comunicaciones por láser (lasercom) de Observable Space proporcionará enlaces de alta capacidad y baja probabilidad de intercepción, críticos para misiones militares en el espacio.

La ronda Serie A, que suma 90 millones de dólares, servirá para acelerar las asociaciones en comunicaciones por láser, escalar la producción de sistemas en órbita y expandir las operaciones internacionales de la compañía. El aumento de la inversión privada y pública en este segmento refleja la creciente demanda de comunicaciones ópticas seguras en el contexto de la competencia estratégica entre potencias espaciales.

Observable Space, con sede en Estados Unidos, se consolida así como un actor clave en el emergente mercado de las comunicaciones por láser, una tecnología que promete revolucionar la transmisión de datos entre satélites y estaciones terrestres al ofrecer velocidades muy superiores a las radiofrecuencias tradicionales y una mayor resistencia a interferencias.

• Ecologistas en Acción de Andalucía recuerda al PSOE andaluz su compromiso adquirido en la reunión celebrada el 13 de Mayo con los miembros de la dirección del PSOE andaluz Alejandro Moyano, secretario adjunto de organización; Ignacio Henares, secretario de Acción Climática y Transición Energética y Paco Cuenca, portavoz y coordinador de Cultura y Nuevos Derechos de Ciudadanía. 

En dicha reunión quedó clara la involución que supone tanto la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), como la Ley de Montes, cuestión compartida también  por el Colegio de Ambientólogos de Andalucia y los Agentes de Medio Ambiente.

Ambas leyes inciden en la privatización, desregulación y externalización tanto de la gestión de los montes andaluces como del control ambiental de actividades y proyectos, entrando en contradicción con la legislación básica estatal, por lo que son perfectamente recurribles. Los montes públicos podrán ser descatalogarlos, instalando usos en suelo forestal incompatibles con su carácter.  En el caso de la Legam, las obligatorias labores de la Administración de control y fiscalización de actividades con repercusión ambiental, podrán ser llevadas a cabo por empresas privadas.

El recurso de inconstitucionalidad por parte del grupo parlamentario socialista es imperioso; para llevarlo al Congreso hacen falta 50 diputados. Pasadas las elecciones, seguimos esperando y el plazo termina en el mes de junio.

Aportamos nota de prensa publicada el 14 de Mayo, explicando la reunión mantenida con este colectivo, en la cual hubo un compromiso por parte de la candidata María Jesús Montero de recurrir estas leyes con visos de clara inconstitucionalidad.

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• Ha tenido lugar la jornada de puertas abiertas en la salina de San José. Esta salina ha sido rehabilitada recientemente con un proyecto desarrollado por Aponiente, y en el que ha colaborado Ecologistas en Acción.
• Ante la avalancha de solicitudes para asistir a esta jornada, se limitó el cupo a 50 personas, previa inscripción.

Ángel León dio la bienvenida a los asistentes destacando su persistencia por convertir este espacio degradado en un huerto marino, y agradeciendo a Ecologistas en Acción que le haya dado una visión más social al proyecto, abriéndolo al público y posibilitando el desarrollo de actividades de educación ambiental y de regeneración de su flora y fauna.

Los participantes han tenido ocasión de recorrer la salina recibiendo diversas explicaciones sobre el proyecto ejecutado, que incluye esteros para la acuicultura tradicional y para cultivos de plantas marinas como la salicornia y la zostera, una salina artesanal y una zona para la renaturalización de la marisma. Además, se ha adecuado un circuito para uso público con paneles interpretativos sobre la vida en las marismas, su flora y fauna, los recursos y los servicios ecosistémicos que aporta y la cocina tradicional marismeña.

Una de las zonas visitadas ha sido la repoblada por personal voluntario entre 2016 y 2019, comprobando los asistentes el buen estado y el gran desarrollo de los acebuches, tarajes, algarrobos, lentiscos y pinos plantados.

Juan Carlos Sánchez, el salinero que va a gestionar la nueva salina, explicó la situación precaria en la que se encuentran las escasas salinas tradicionales que sobreviven, destacando el lugar privilegiado de la Bahía de Cádiz para producir sal marina virgen, al tener los dos elementos necesarios: sol y viento. Esta sal es de una extraordinaria calidad, al poseer microelementos necesarios para una dieta equilibrada y para la salud. Sánchez se mostró convencido de la aportación de este proyecto a la recuperación de la tradición salinera artesanal en la Bahía de Cádiz.

Al término del recorrido los participantes disfrutaron en la misma salina de una degustación de productos marinos ofrecidos por Aponiente.

Ecologistas en Acción muestra públicamente su satisfacción por el éxito de esta primera jornada de puertas abiertas, a la que seguirán en los próximos meses otras actividades en este nuevo espacio como, visitas a la salina ya en funcionamiento, realización de trabajos forestales para favorecer el desarrollo del arbolado o la mejora de hábitat de especies de la avifauna amenazada.

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Las elecciones presidenciales que se celebran este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia han alcanzado un récord histórico de observadores electorales, según informaron las autoridades electorales del país. La amplia participación de veedores internacionales y locales busca reforzar la transparencia y la confianza en el proceso, en unos comicios que se disputan en un clima de alta polarización.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano confirmó que nunca antes se había registrado una presencia tan numerosa de observadores en unas votaciones presidenciales. Aunque no se han facilitado cifras concretas, fuentes del organismo señalaron que la afluencia de misiones internacionales y acompañantes nacionales duplica la de anteriores procesos.

La Misión de Observación Electoral (MOE), entidad colombiana independiente, destacó que el récord refleja el interés de la comunidad internacional por el desarrollo de los comicios, así como el compromiso de las autoridades con la transparencia. «Nunca antes habíamos tenido una cobertura tan amplia», señalaron desde la MOE en un comunicado.

Entre los organismos internacionales presentes figuran la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), además de numerosas fundaciones y ONG. La mayoría de los observadores se han desplegado en regiones consideradas estratégicas o con antecedentes de violencia política, como el departamento del Cauca y la frontera con Venezuela.

El presidente del CNE, César Augusto Arias, calificó la jornada como «un ejercicio inédito de vigilancia democrática» y aseguró que todos los puestos de votación cuentan con al menos un observador acreditado. «Esto garantiza que cualquier incidencia será registrada y puesta en conocimiento de la autoridad electoral», afirmó.

La jornada transcurre sin incidentes graves hasta el momento, aunque las autoridades han activado protocolos de seguridad reforzados ante posibles intentos de perturbación del orden público. El Ejército y la Policía Nacional mantienen desplegados a más de 200.000 efectivos en todo el territorio.

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El Senado de México ha aprobado este viernes 29 de mayo de 2026 una reforma constitucional que establece como causal de anulación de elecciones la intervención extranjera en el proceso electoral. La iniciativa, promovida por el oficialismo, busca proteger la soberanía electoral del país frente a posibles injerencias externas, en un contexto de crecientes críticas internacionales a los procesos electorales mexicanos.

Una reforma con trasfondo geopolítico

La modificación constitucional, que aún debe ser ratificada por las cámaras locales, establece que cualquier tipo de injerencia extranjera podrá ser motivo para invalidar una elección, siempre que se compruebe su impacto en los comicios. Según fuentes del Senado, la reforma pretende blindar el sistema electoral mexicano ante lo que consideran una creciente presión externa, especialmente por parte de Estados Unidos.

La medida llega en un momento de tensión diplomática entre México y Washington, donde diversos políticos estadounidenses han cuestionado la transparencia de los procesos electorales mexicanos. El oficialismo ha defendido que la reforma es necesaria para evitar que intereses extranjeros condicionen la voluntad popular.

La oposición, por su parte, ha criticado la iniciativa al considerar que podría ser utilizada para impugnar resultados adversos al Gobierno. Sin embargo, la mayoría oficialista en el Senado logró sacar adelante la reforma, que ahora deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su entrada en vigor.

Analistas mexicanos señalan que la reforma refleja una preocupación real por la injerencia extranjera, aunque advierten de que su aplicación podría generar controversia si no se establecen mecanismos claros de verificación. La votación en el Senado se produjo con 72 votos a favor y 27 en contra, según informó la propia Cámara.

La guerra con Irán ha dejado las reservas de municiones de Estados Unidos en un estado crítico. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el país necesitará al menos tres años para restablecer los sistemas de municiones clave, una situación que afecta a su capacidad operativa y a la seguridad de los aliados de la OTAN, incluido España.

El informe, publicado el 29 de mayo de 2026, advierte que el conflicto ha consumido un volumen de proyectiles, misiles y otros materiales bélicos que tardará años en reponerse. La escasez afecta especialmente a sistemas de alta precisión y a municiones convencionales, cuyo ritmo de producción no ha podido seguir el ritmo del consumo en combate.

El CSIS, uno de los think tanks más influyentes de Washington, señala que el Pentágono ya ha activado mecanismos de emergencia para acelerar la producción, pero las limitaciones industriales y de cadena de suministro retrasarán cualquier recuperación significativa hasta, al menos, 2029.

La situación tiene implicaciones directas para la OTAN. Estados Unidos es el principal proveedor de apoyo logístico y militar de la Alianza, y su capacidad reducida podría comprometer la defensa colectiva en Europa. El informe subraya que España y otros países aliados dependen de la disponibilidad de arsenales estadounidenses para sus propias operaciones conjuntas.

El análisis del CSIS llega en un momento de tensión geopolítica creciente, con Estados Unidos inmerso en un conflicto de alta intensidad que ha expuesto las debilidades de su industria de defensa. La reposición de las reservas de municiones se perfila como uno de los desafíos estratégicos más acuciantes para la administración estadounidense en los próximos años.

• La Semana de Acción por la Naturaleza activará cerca de medio centenar de iniciativas de restauración y defensa de los ecosistemas.
• Incendios, sequías e inundaciones evidencian la urgencia de restaurar ecosistemas sanos y funcionales.
• La Alianza por la Restauración de la Naturaleza reclama un Plan Nacional de Restauración ambicioso, con medidas efectivas, financiación suficiente y participación social.

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Coincidiendo con la Semana de Acción por la Naturaleza, que se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio con cerca de una treintena de acciones en distintos puntos del Estado, la Alianza por la Restauración de la Naturaleza hace un llamamiento a reforzar la protección y recuperación de los ecosistemas frente al deterioro ambiental y al debilitamiento de las políticas destinadas a protegerlos. Las organizaciones recuerdan que restaurar la naturaleza es una cuestión de justicia ecológica y social imprescindible para garantizar territorios habitables y resilientes ante la crisis climática.

Las organizaciones integrantes de la Alianza alertan de que los impactos de la crisis climática y ecológica son cada vez más visibles: inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor evidencian la vulnerabilidad de nuestros territorios y la necesidad de ecosistemas sanos capaces de amortiguar estos fenómenos extremos. Al mismo tiempo, advierten de que herramientas de protección ambiental están siendo cuestionadas bajo argumentos como la simplificación administrativa o la competitividad económica, precisamente cuando la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad exigen reforzarlas.

España alberga una de las mayores riquezas naturales de Europa, pero gran parte de sus ecosistemas se encuentran degradados. “La restauración ecológica no consiste en maquillar los daños ni en compensar la destrucción; consiste en devolver vida a los ecosistemas y garantizar que las personas puedan vivir en territorios sanos, resilientes y biodiversos. Invertir en ecosistemas sanos es invertir en resiliencia social y económica”, señala la Alianza por la Restauración.

Durante la Semana de Acción por la Naturaleza se desarrollarán en torno a medio centenar de iniciativas impulsadas por colectivos sociales, vecinales, científicos y ecologistas en todo el Estado. Habrá acciones de restauración y cuidado de ecosistemas, actividades divulgativas, encuentros comunitarios y movilizaciones destinadas a visibilizar conflictos ambientales y defender la recuperación de los territorios.

La Alianza recuerda además que España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes de septiembre de este año, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. Por ello reclama un plan ambicioso, con financiación suficiente, participación social efectiva e integración de la restauración ecológica en las políticas agrarias, forestales, hídricas y territoriales.

“Restaurar la naturaleza es recuperar la capacidad de los territorios para sostener la vida. Es reparar daños acumulados, fortalecer comunidades y construir un futuro más justo y habitable. Frente a quienes consideran la naturaleza un recurso para explotar, reivindicamos que protegerla y restaurarla es una responsabilidad colectiva. Por eso esta semana salimos a actuar, organizarnos y movilizarnos”, concluye la Alianza.

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La empresa estadounidense Observable Space, especializada en sistemas ópticos para comunicaciones por láser y vigilancia espacial, ha anunciado este 29 de mayo de 2026 una financiación de 90 millones de dólares y la adjudicación de un contrato con la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

La compañía, con sede en Colorado, desarrolla tecnologías clave para el seguimiento de objetos en órbita y la transmisión segura de datos mediante enlaces láser, un área estratégica tanto para el sector civil como militar. El contrato con la Fuerza Espacial, cuyo importe no se ha revelado, se centra en sistemas de space domain awareness (conciencia situacional espacial), una capacidad crítica para detectar y caracterizar amenazas en el espacio.

Una inyección de capital para escalar

La ronda de financiación, liderada por Shield Capital y participada por In-Q-Tel, el brazo inversor de la comunidad de inteligencia estadounidense, permitirá a Observable Space duplicar su plantilla y acelerar el despliegue de su red de sensores ópticos terrestres y espaciales. La empresa emplea a más de 200 personas y opera observatorios en Estados Unidos y Australia.

Según fuentes de la compañía, los nuevos recursos se destinarán a la construcción de satélites de demostración equipados con terminales de comunicaciones láser, un mercado en rápida expansión que compite con las tecnologías de radiofrecuencia tradicionales.

El espacio como dominio estratégico

El contrato con la Fuerza Espacial refuerza la tendencia de Washington a externalizar capacidades críticas de vigilancia orbital en empresas privadas. Observable Space compite con firmas como LeoStella y Orbit Fab en la contratación militar para el programa Space Domain Awareness.

La empresa no ha detallado el calendario de ejecución del contrato, pero fuentes del sector apuntan a un plazo inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de cinco, con un valor potencial de varios cientos de millones de dólares.

Indarkeria matxistak itxura ugari ditu, eta askotariko subjektuek jasaten dute. Indarkeria digitala, arrazakeria, LGTBIfobia eta bestelako formak zabaltzen ari diren honetan, Bilgune Feministak indarkeria matxista birdefinitzeko bi urteko prozesua abiatu du. Tresnak eguneratzeko beharra ikusita, gogoeta kolektiboari martxoan ekin zioten, 'Indarkeria matxistak, begiradak lerrokatzen' jardunaldiekin.

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