Los montes no arden solos. Arden por décadas de abandono político, por el incumplimiento de la Ley de Montes y por una crisis climática agravada por quienes siguen frenando las políticas ambientales. Todo ello pone en jaque a las poblaciones rurales y la enorme biodiversidad de los espacios naturales.

Ecologistas en Acción del País Valenciano expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el incendio forestal que asola la Serra d’Espadà y que ya alcanza las 10.000 hectáreas. Queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad a quienes han tenido que abandonar sus viviendas, a quienes han perdido parte de su patrimonio y a toda la población que contempla con impotencia cómo se afecta gravemente un espacio natural de enorme valor ecológico, la Serra d’Espadà.

Asimismo, queremos reconocer y agradecer el extraordinario trabajo de bomberos y bomberas, brigadas forestales, agentes medioambientales, personal de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y voluntariado, que, con enorme profesionalidad y poniendo en riesgo su propia integridad, están haciendo todo lo posible para frenar un incendio de una intensidad extraordinaria.

Sin embargo, la solidaridad no puede convertirse en silencio y recordemos que, en el País Valenciano, el 68 % de las causas de los incendios forestales durante el periodo 2015-2024, son provocados por el ser humano debido a negligencias de todo tipo, como colillas, quema de rastrojos y restos de poda, incendiarios y pirómanos, intereses especulativos diversos, infraestructuras eléctricas en mal estado, urbanismo desbocado, etc.

Cada verano asistimos al mismo relato: se habla de «catástrofe natural», de «circunstancias excepcionales» o de «condiciones meteorológicas extremas». Pero la realidad es mucho más incómoda: los grandes incendios forestales son también consecuencia de decisiones políticas inadecuadas a nivel urbanístico, forestal, agrícola, social y rural, así como incumplimientos legales y de un modelo territorial profundamente insostenible.

La Ley de Montes establece la obligación de gestionar adecuadamente los terrenos forestales, reducir el riesgo de incendios y conservar los montes en condiciones que minimicen su vulnerabilidad. Estas obligaciones corresponden tanto a los propietarios forestales como a las administraciones públicas encargadas de garantizar su cumplimiento.

Sin embargo, durante años se ha permitido que miles de hectáreas cultivadas permanezcan abandonadas por la falta de rentabilidad económica, con la consiguiente acumulación de biomasa, mientras desaparecen la agricultura, la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales sostenibles que históricamente mantenían un paisaje diverso, en mosaico, y más resistente al fuego.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes incumplen sus obligaciones como propietarios. También corresponde a las administraciones municipales y a la Generalitat Valenciana, que tienen el deber legal de vigilar, planificar, inspeccionar y dotar de recursos suficientes a la prevención. Durante demasiado tiempo se ha preferido gestionar la emergencia antes que evitarla, manteniendo políticas de prevención y extinción de incendios que han quedado obsoletas con respecto a las características de los incendios actuales.

Llevamos décadas construyendo una política forestal que actúa cuando el monte ya está ardiendo. Se invierten cientos de millones de euros en sofisticados medios de extinción —absolutamente necesarios— mientras la prevención continúa siendo la gran olvidada de los presupuestos públicos. Por esa razón, desde Ecologistas en Acción priorizamos una mayor inversión en prevención que en extinción.

Para colmo se ha permitido ocupar el territorio de forma masiva con urbanizaciones, casas y casetas, tanto legales como alegales o claramente ilegales, construidas muchas de ellas en lugares inadecuados sin valorar el riesgo de incendios forestales y que, cuando arden el bosque, son objeto de defensa prioritaria (orden de prioridad: personas, núcleos habitados y, por último, el «medio natural»).

Pero existe otro responsable importantísimo que agrava cada verano la tragedia: la crisis climática. Las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, la pérdida de humedad de los ecosistemas y los episodios de viento intenso están creando unas condiciones ideales en las que cualquier incendio puede transformarse en pocas horas en un megaincendio prácticamente imposible de controlar.

La comunidad científica lleva más de cinco décadas advirtiéndolo. Sin embargo, seguimos asistiendo al retraso de las políticas climáticas, a la expansión de infraestructuras que incrementan las emisiones, al crecimiento del tráfico motorizado, a la dependencia de los combustibles fósiles y al debilitamiento de las políticas de protección ambiental.

Negar la relación entre cambio climático y grandes incendios, o continuar retrasando las medidas necesarias para reducir las emisiones, significa aceptar que cada verano será más peligroso que el anterior.

El incendio que afecta a la Serra d’Espadà no debe analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una nueva realidad climática para la que muchas administraciones siguen sin prepararse. Su biodiversidad se ha visto altamente dañada, con la pérdida de hábitats pratense y forestal de numerosas especies de invertebrados y vertebrados. Han muerto calcinados miles de especies cuya movilidad es reducida (insectos, anfibios, reptiles, etc.). Al coincidir con la época de cría, miles de pollos de especies de aves forestales se habrán visto seriamente afectadas, como insectívoras, rapaces diurnas y nocturnas, mamíferos como murciélagos, etc.

Muchas especies de aves insectívoras, como aviones, vencejos y golondrinas perderán sus fuentes de alimento tan necesarias para acabar con las polladas de los pueblos y ciudades, y para acumular grasa de cara a su inminente viaje migratorio a África. Y como no, miles de mamíferos desplazados o heridos. Se perderá flora endémica y amenazada, insectos polinizadores. ¡Las consecuencias de un macroincendio son dantescas!

Afortunadamente, la Serra d’Espadà verá, en poco años, cómo su vegetación y su arbolado formado por alcornoques rebrotará, pues se trata de una especie muy adaptada al fuego y de gran resistencia, teniendo una gruesa corteza de corcho que lo protege, con altos índices de supervivencia y rebrote; y las especies que han sobrevivido, poco a poco, irán colonizando sus tierras en función de su presencia de alimento.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos un cambio radical de las políticas forestales y climáticas. Exigimos que la prevención deje de ser un discurso y se convierta en una prioridad presupuestaria permanente, con inversión estable durante todo el año en gestión forestal, restauración ecológica, recuperación del mosaico agroforestal, apoyo a la agricultura y ganadería extensivas, empleo forestal público y fijación de población en el medio rural.

Exigimos igualmente una política climática mucho más ambiciosa, capaz de reducir de forma efectiva las emisiones responsables del calentamiento global y de adaptar el territorio a unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas.

Cuando el incendio quede extinguido será necesario investigar rigurosamente sus causas y evaluar también si las obligaciones legales de prevención se estaban cumpliendo adecuadamente. La sociedad tiene derecho a conocer no sólo cómo empezó el fuego, sino también por qué alcanzó semejante capacidad destructiva.

La mayor muestra de respeto hacia quienes hoy se juegan la vida apagando las llamas consiste en impedir que dentro de unos meses vuelvan a enfrentarse a otro incendio de dimensiones similares. No basta con agradecer su trabajo, hay que cambiar las políticas que hacen que cada verano sea peor que el anterior.

Porque los montes no arden solos, el factor humano es determinante. Muchos de los incendios se generan en espacios antropizados y los montes arden cuando se abandonan, cuando no se cumple la legislación forestal, cuando se vacía el medio rural y cuando se sigue alimentando una crisis climática que convierte cada incendio en una amenaza cada vez más devastadora.La mejor política contra los incendios empieza mucho antes de que aparezca la primera llama.

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Les muntanyes no cremen soles. Cremen per dècades d’abandó polític, per l’incompliment de la Llei de Monts i per una crisi climàtica agreujada pels qui continuen frenant les polítiques ambientals. Tot això posa en escac a les poblacions rurals i l’enorme biodiversitat dels espais naturals.

Ecologistes en Acció del País Valencià expressa la seua més profunda solidaritat amb totes les persones afectades per l’incendi forestal que assola la Serra d’Espadà i que ja assoleix les 10.000 hectàrees. Volem traslladar el nostre suport i solidaritat als qui han hagut d’abandonar els seus habitatges, als qui han perdut part del seu patrimoni i a tota la població que contempla amb impotència com s’afecta greument un espai natural d’enorme valor ecològic, la Serra d’Espadà.

Així mateix, volem reconéixer i agrair l’extraordinari treball de bombers i bomberes, brigades forestals, agents mediambientals, personal d’emergències, forces i cossos de seguretat, personal tècnic i voluntariat, que, amb enorme professionalitat i posant en risc la seua pròpia integritat, estan fent tot el possible per a frenar un incendi d’una intensitat extraordinària.

No obstant això, la solidaritat no pot convertir-se en silenci i recordem que, al País Valencià, el 68% de les causes dels incendis forestals durant el període 2015-2024, són provocats per l’ésser humà degut a negligències de tota mena, com a burilles, crema de restolls i restes de poda, incendiaris i piròmans, interessos especulatius diversos, infraestructures elèctriques en mal estat, urbanisme desbocat, etc.

Cada estiu assistim al mateix relat: es parla de «catàstrofe natural», de «circumstàncies excepcionals» o de «condicions meteorològiques extremes». Però la realitat és molt més incòmoda: els grans incendis forestals són també conseqüència de decisions polítiques inadequades a nivell urbanístic, forestal, agrícola, social i rural, així com incompliments legals i d’un model territorial profundament insostenible.

La Llei de Monts estableix l’obligació de gestionar adequadament els terrenys forestals, reduir el risc d’incendis i conservar les muntanyes en condicions que minimitzen la seua vulnerabilitat. Aquestes obligacions corresponen tant als propietaris forestals com a les administracions públiques encarregades de garantir el seu compliment.

No obstant això, durant anys s’ha permés que milers d’hectàrees cultivades romanguen abandonades per la falta de rendibilitat econòmica, amb la consegüent acumulació de biomassa, mentre desapareixen l’agricultura, la ramaderia extensiva i els aprofitaments forestals sostenibles que històricament mantenien un paisatge divers, en mosaic, i més resistent al foc.

Però la responsabilitat no recau únicament en els qui incompleixen les seues obligacions com a propietaris. També correspon a les administracions municipals i a la Generalitat Valenciana, que tenen el deure legal de vigilar, planificar, inspeccionar i dotar de recursos suficients a la prevenció. Durant massa temps s’ha preferit gestionar l’emergència abans que evitar-la, mantenint polítiques de prevenció i extinció d’incendis que han quedat obsoletes respecte a les característiques dels incendis actuals.

Portem dècades construint una política forestal que actua quan la muntanya ja està cremant. S’inverteixen centenars de milions d’euros en sofisticats mitjans d’extinció —absolutament necessaris— mentre la prevenció continua sent la gran oblidada dels pressupostos públics. Per eixa raó, des d’Ecologistes en Acció prioritzem una major inversió en prevenció que en extinció.

A sobre, s’ha permés ocupar el territori de manera massiva amb urbanitzacions, cases i casetes, tant legals com alegals o clarament il·legals, construïdes moltes d’elles en llocs inadequats sense valorar el risc d’incendis forestals i que, quan cremen el bosc, són objecte de defensa prioritària (ordre de prioritat: persones, nuclis habitats i, finalment, el «medi natural»).

Però existeix un altre responsable importantíssim que agreuja cada estiu la tragèdia: la crisi climàtica. Les temperatures extremes, les sequeres prolongades, la pèrdua d’humitat dels ecosistemes i els episodis de vent intens estan creant unes condicions ideals en les quals qualsevol incendi pot transformar-se en poques hores en un megaincendi pràcticament impossible de controlar.

La comunitat científica porta més de cinc dècades advertint-ho. No obstant això, continuem assistint al retard de les polítiques climàtiques, a l’expansió d’infraestructures que incrementen les emissions, al creixement del trànsit motoritzat, a la dependència dels combustibles fòssils i a l’afebliment de les polítiques de protecció ambiental.

Negar la relació entre canvi climàtic i grans incendis, o continuar retardant les mesures necessàries per a reduir les emissions, significa acceptar que cada estiu serà més perillós que l’anterior.

L’incendi que afecta la Serra d’Espadà no ha d’analitzar-se com un fet aïllat. Forma part d’una nova realitat climàtica per a la qual moltes administracions segueixen sense preparar-se. La seua biodiversitat s’ha vist altament danyada, amb la pèrdua d’hàbitats de prat i forestal de nombroses espècies d’invertebrats i vertebrats. Han mort calcinats milers d’espècies la mobilitat de les quals és reduïda (insectes, amfibis, rèptils, etc.). En coincidir amb l’època de cria, milers de pollastres d’espècies d’aus forestals s’hauran vist seriosament afectades, com a insectívores, rapinyaires diürns i nocturns, mamífers com a ratpenats, etc.

Moltes espècies d’aus insectívores, com a avions, falcies i oronetes perdran les seues fonts d’aliment tan necessàries per a acabar amb les cries dels pobles i ciutats, i per a acumular greix de cara al seu imminent viatge migratori a Àfrica. I com no, milers de mamífers desplaçats o ferits. Es perdrà flora endèmica i amenaçada, insectes pol·linitzadors. Les conseqüències d’un macroincendi són dantesques!

Afortunadament, la Serra d’Espadà veurà, en poc anys, com la seua vegetació i el seu arbratge format per sureres rebrotarà, perquè es tracta d’una espècie molt adaptada al foc i de gran resistència, tenint una gruixuda escorça de suro que ho protegeix, amb alts índexs de supervivència i rebrot; i les espècies que han sobreviscut, a poc a poc, aniran colonitzant les seues terres en funció de la seua presència d’aliment.

Des d’Ecologistes en Acció reclamem un canvi radical de les polítiques forestals i climàtiques. Exigim que la prevenció deixe de ser un discurs i es convertisca en una prioritat pressupostària permanent, amb inversió estable durant tot l’any en gestió forestal, restauració ecològica, recuperació del mosaic agroforestal, suport a l’agricultura i ramaderia extensives, ocupació forestal públic i fixació de població en el medi rural.

Exigim igualment una política climàtica molt més ambiciosa, capaç de reduir de manera efectiva les emissions responsables del calfament global i d’adaptar el territori a unes condicions meteorològiques cada vegada més extremes.

Quan l’incendi quede extingit serà necessari investigar rigorosament les seues causes i avaluar també si les obligacions legals de prevenció s’estaven complint adequadament. La societat té dret a conéixer no sols com va començar el foc, sinó també per què va aconseguir semblant capacitat destructiva.

La major mostra de respecte cap als qui hui es juguen la vida apagant les flames consisteix a impedir que d’ací a uns mesos tornen a enfrontar-se a un altre incendi de dimensions similars. No n’hi ha prou amb agrair el seu treball, cal canviar les polítiques que fan que cada estiu siga pitjor que l’anterior.

Perquè les muntanyes no cremen sols, el factor humà és determinant. Molts dels incendis es generen en espais antropitzats i les muntanyes cremen quan s’abandonen, quan no es compleix la legislació forestal, quan es buida el medi rural i quan es continua alimentant una crisi climàtica que converteix cada incendi en una amenaça cada vegada més devastadora. La millor política contra els incendis comença molt abans que aparega la primera flama.

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Ecologistes en Acció de València denuncia que la apuesta por el vehículo privado está agravando la contaminación, el ruido, la inseguridad vial y el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía.

València vive un deterioro creciente de su movilidad. Cada día, miles de personas sufren atascos interminables, autobuses atrapados entre coches, contaminación atmosférica y acústica, y un espacio público cada vez más ocupado por el vehículo privado. El resultado es una ciudad menos saludable, menos habitable y más desigual.

Desde Ecologistes en Acció de València denunciamos que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de unas decisiones políticas que han vuelto a priorizar el coche frente al transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Mientras las grandes ciudades europeas avanzan hacia modelos urbanos con menos tráfico y más calidad de vida, València corre el riesgo de retroceder décadas en materia de movilidad sostenible.

La congestión del tráfico no se resuelve construyendo más carriles ni facilitando la entrada de más automóviles. La experiencia internacional demuestra que aumentar la capacidad viaria genera más tráfico, más emisiones y nuevos atascos. Es un círculo vicioso que solo beneficia a un modelo de movilidad insostenible.

Las consecuencias son evidentes:

• Incremento de la contaminación atmosférica y de las emisiones responsables del cambio climático.
• Más ruido, con graves efectos sobre la salud física y mental de la población.
• Autobuses cada vez más lentos y menos competitivos al quedar atrapados en la congestión del tráfico.
• Mayor ocupación del espacio público por vehículos estacionados y en circulación, reduciendo el espacio destinado a las personas.
• Incremento del riesgo de siniestros viales y pérdida de autonomía para niños, personas mayores y personas con movilidad reducida.

Diversos datos municipales y el debate público han reflejado incrementos significativos de la circulación en varias de las principales vías urbanas durante 2025, coincidiendo con decisiones orientadas a favorecer el tráfico motorizado privado.

Para Ecologistes en Acció, el problema no es que haya demasiadas personas moviéndose, sino que se sigue fomentando el modo de transporte más ineficiente para desplazar personas dentro de una ciudad: el automóvil privado. Un coche transporta, de media, poco más de una persona y ocupa decenas de metros cuadrados cuando circula o permanece aparcado. No existe ninguna ciudad europea capaz de absorber un uso masivo del vehículo privado sin colapsarse.

La solución pasa por hacer exactamente lo contrario de lo que se está haciendo:

• Reforzar de manera urgente la EMT, aumentando frecuencias y velocidad comercial mediante carriles bus realmente protegidos.
• Completar una Zona de Bajas Emisiones ambiciosa que reduzca el tráfico y mejore la calidad del aire.
• Recuperar espacio público para peatones, arbolado y carriles bici seguros.
• Desincentivar el uso cotidiano del automóvil privado mediante políticas de movilidad coherentes.
• Favorecer la intermodalidad con Metrovalencia, Cercanías y la red ciclista metropolitana.

No es aceptable que el transporte público pierda competitividad porque los autobuses permanezcan atrapados en los mismos atascos que pretenden evitar. Las dificultades que denuncian usuarios y trabajadores de la EMT muestran cómo el incremento de la congestión repercute directamente en la calidad del servicio.

La movilidad debe entenderse como un derecho, no como la obligación de utilizar un vehículo privado. Una ciudad diseñada para los coches acaba siendo una ciudad hostil para las personas. En cambio, una ciudad que apuesta por el transporte colectivo, la bicicleta y los desplazamientos a pie es una ciudad más saludable, más silenciosa, más segura y socialmente más justa.

Ecologistes en Acció de València exige al Ayuntamiento un cambio de rumbo inmediato. Continuar alimentando la dependencia del automóvil solo conseguirá más atascos, más contaminación y una peor calidad de vida para toda la ciudadanía.

València no necesita más coches; necesita más espacio para vivir.

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Noveno programa de Tofus2Furious, amigas veganas… ¡y seguimos aquí dando caña! Este mes venimos con una rectificación necesaria, política animal, anécdotas surrealistas y una entrevista a una de nuestros integrantes. En Veganicias repasamos dos titulares que han encendido todas las… Leer más

Radio Almaina - Tofus 2 Furious T1x09 Caza sin freno, aniversario vegano y unos bichillo que nos dan su merecido… y otros no tanto

• Les al·legacions finals denuncien que l’expedient continua incomplet i no avalua adequadament el núvol tòxic, l’efecte dominó, el subministrament elèctric ni els abocaments al medi marí.
• La resposta social confirma la preocupació per la planta, i el 10 de juliol la coordinadora, formada per agrupacions veïnals, socials, ecologistes i sindicals, van registrar prop a 3.600 al·legacions ciutadanes.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat catorze blocs d’al·legacions finals a la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada d’Armonia Green Castellón SL per a instal·lar una planta de producció i emmagatzematge d’amoníac al Serrallo, al polígon industrial adjacent al Port de Castelló, que comptarà amb una producció prevista superior a mig milió de tones anuals a la fase final del projecte.

La Federació reclama que la Generalitat denegue l’autorització i emeta una declaració d’impacte ambiental desfavorable per les deficiències essencials detectades en seguretat, participació pública, energia i protecció del medi marí.

Estes al·legacions culminen una sèrie d’accions que començaren en 2025 quan, Ecologistes en Acció, va presentar observacions crítiques al document inicial del Projecte d’Interés Autonòmic. A principis de juny de 2026 va denunciar davant la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental l’absència de documents de seguretat; i després va demanar la suspensió de la informació pública i va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges.

No obstant això, la primera deficiència continua sense resoldre’s: l’Informe de Seguretat i el Pla d’Autoprotecció o d’Emergència Interior no van ser sotmesos a informació pública, malgrat que la promotora reconeix que la instal·lació estaria afectada pel nivell superior de la normativa d’accidents greus (Directiva Seveso III). Sense estos documents, la ciutadania no ha pogut conèixer íntegrament els possibles accidents, les mesures preventives i correctores ni la resposta prevista davant una emergència.

Les al·legacions també advertixen que el projecte no incorpora un estudi específic de dispersió del possible núvol tòxic derivat d’una fuga massiva o d’un accident als dos grans dipòsits, amb una capacitat conjunta pròxima a 56.000 tones d’amoníac. La documentació associa al pitjor escenari considerat una distància de l’1 % de letalitat de 3.563 metres.

A més, l’informe de l’Agència de Seguretat i Emergències de la pròpia Generalitat Valenciana, signat en juliol de 2025, va ser desfavorable i va concloure que les zones d’intervenció i alerta i les mesures previstes no permetien assegurar la protecció de la població. En un dels escenaris analitzats, la zona d’alerta superava els 5,5 quilòmetres. Les mesures correctores d’una addenda de març de 2026 tampoc s’han incorporat al projecte bàsic ni a la memòria tècnica.

Tampoc s’ha estudiat adequadament l’efecte dominó en un polígon que concentra establiments sotmesos a la normativa Seveso, com BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. L’amonoducte projectat travessaria el Serrallo fins al Port, prop de dipòsits i instal·lacions amb substàncies perilloses. Per això, Ecologistes en Acció reclama una avaluació conjunta dels riscos i l’actualització dels plans d’emergència exterior i del PLATEMCAS.

Per altra banda, el projecte planteja potències contradictòries i arriba fins als 850,3 MW. Segons la memòria, el consum anual se situaria entre 5,6 i 6,6 TWh, una magnitud pròxima a una quarta part del consum elèctric valencià. No obstant això, no assegura la capacitat de connexió elèctrica suficient ni que l’electricitat siga efectivament renovable.

A banda, la línia exterior de 400 kV queda fora del projecte avaluat, una exclusió que la Federació ecologista considera un fraccionament de projectes contrari a la legislació ambiental. La producció d’amoníac s’exportaria íntegrament per via marítima a ports europeus, sense contribuir directament a la descarbonització de la indústria local.

En l’àmbit marí, el projecte preveu abocar uns 3,85 hm³ anuals de salmorra i altres aigües residuals. L’estudi no avalua adequadament els efectes acumulatius amb altres abocaments del Serrallo, la direcció real dels corrents marins, la ploma tèrmica —amb un efluent fins a 3 °C més calent—, la biocenosi marina ni el risc d’inundació de part de la parcel·la.

Les mancances afecten especialment la ZEPA Delta de l’Ebre–Illes Columbretes i les praderies de Posidonia oceanica pròximes. Les al·legacions qüestionen també els límits d’abocament, l’absència d’una dilució preventiva suficient, l’ús indeterminat d’antiincrustants i les deficiències dels estudis acústic, d’olors i de patrimoni cultural.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no s’oposa a la descarbonització, sinó a l’escala, l’emplaçament i la falta de garanties d’este projecte. Per això reclama que la Generalitat denegue l’Autorització Ambiental Integrada i descarte l’emplaçament proposat.

 

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

 

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• Las alegaciones finales denuncian que el expediente continúa incompleto y no evalúa adecuadamente la nube tóxica, el efecto dominó, el suministro eléctrico ni los vertidos al medio marino.
• La respuesta social confirma la preocupación por la planta, y el 10 de julio la coordinadora, formada por agrupaciones vecinales, sociales, ecologistas y sindicales, registraron cerca a 3.600 alegaciones ciudadanas.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado catorce bloques de alegaciones finales a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de Armonia Green Castellón SL para instalar una planta de producción y almacenamiento de amoníaco al Serrallo, en el polígono industrial adyacente al Puerto de Castelló, que contará con una producción prevista superior a medio millón de toneladas anuales a la fase final del proyecto.

La Federación reclama que la Generalitat deniegue la autorización y emita una declaración de impacto ambiental desfavorable por las deficiencias esenciales detectadas en seguridad, participación pública, energía y protección del medio marino.

Estas alegaciones culminan una serie de acciones que empezaron en 2025 cuando, Ecologistes en Acció, presentó observaciones críticas al documento inicial del Proyecto de Interés Autonómico. A principios de junio de 2026 denunció ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la ausencia de documentos de seguridad; y después pidió la suspensión de la información pública y presentó una queja ante el Síndic de Greuges.

Sin embargo, la primera deficiencia continúa sin resolverse: el Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección o de Emergencia Interior no fueron sometidos a información pública, a pesar de que la promotora reconoce que la instalación estaría afectada por el nivel superior de la normativa de accidentes graves (Directiva Seveso III). Sin estos documentos, la ciudadanía no ha podido conocer íntegramente los posibles accidentes, las medidas preventivas y correctoras ni la respuesta prevista ante una emergencia.

Las alegaciones también advierten que el proyecto no incorpora un estudio específico de dispersión de la posible nube tóxica derivado de una fuga masiva o de un accidente a los dos grandes depósitos, con una capacidad conjunta próxima a 56.000 toneladas de amoníaco. La documentación asocia al peor escenario considerado una distancia del 1% de letalidad de 3.563 metros.

Además, el informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la propia Generalitat Valenciana, firmado en julio de 2025, fue desfavorable y concluyó que las zonas de intervención y alerta y las medidas previstas no permitían asegurar la protección de la población. En uno de los escenarios analizados, la zona de alerta superaba los 5,5 kilómetros. Las medidas correctoras de una adenda de marzo de 2026 tampoco se han incorporado al proyecto básico ni a la memoria técnica.
Tampoco se ha estudiado adecuadamente el efecto dominó en un polígono que concentra establecimientos sometidos en la normativa Seveso, como BP, UBE, Repsol, Exolum o Iberdrola. El amonoducto proyectado atravesaría el Serrallo hasta el Puerto, cerca de depósitos e instalaciones con sustancias peligrosas. Por eso, Ecologistes en Acció reclama una evaluación conjunta de los riesgos y la actualización de los planes de emergencia exterior y del PLATEMCAS.
Por otro lado, el proyecto plantea potencias contradictorias y llega hasta los 850,3 MW. Según la memoria, el consumo anual se situaría entre 5,6 y 6,6 TWh, una magnitud próxima a una cuarta parte del consumo eléctrico valenciano. Sin embargo, no asegura la capacidad de conexión eléctrica suficiente ni que la electricidad sea efectivamente renovable. A banda, la línea exterior de 400 kV queda fuera del proyecto evaluado, una exclusión que la Federación ecologista considera un fraccionamiento de proyectos contrario a la legislación ambiental. La producción de amoníaco se exportaría íntegramente por vía marítima a puertos europeos, sin contribuir directamente a la descarbonización de la industria local.

En el ámbito marino, el proyecto prevé abocar unos 3,85 hm³ anuales de salmuera y otras aguas residuales. El estudio no evalúa adecuadamente los efectos acumulativos con otros vertidos del Serrallo, la dirección real de las corrientes marinas, la pluma térmica —con un efluente hasta 3 °C más caliente—, la biocenosis marina ni el riesgo de inundación de parte de la parcela.
Las carencias afectan especialmente la ZEPA Delta del Ebro–Iles Columbretes y las praderías de Posidonia oceanica próximas. Las alegaciones cuestionan también los límites de vertido, la ausencia de una dilución preventiva suficiente, el uso indeterminado de antiincrustantes y las deficiencias de los estudios acústico, de olores y de patrimonio cultural.

Por todo esto, Ecologistes en Acció del País Valencià reitera que no se opone a la descarbonización, sino en la escalera, el emplazamiento y la falta de garantías de este proyecto. Por eso reclama que la Generalitat deniegue la Autorización Ambiental Integrada y descarto el emplazamiento propuesto.

 

Alegaciones finales Proyecto Armonia-Green (documento PDF)

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Discurs pronunciat per Luis Cerrillo, coordinador d’Ecologistes en Acció del País Valencià, durant l’entrega de Premis de Xúquer Viu el 10 de juliol de 2026 a Corbera.

En primer lloc, moltes gràcies per este Premi Aigua Clara 2026. És un immens honor rebre un reconeixement que prové d’una organització amb la qual compartim tantes lluites, tants espais de trobada i, sobretot, una maateixa manera d’entendre la defensa del territori.

Volem compartir este premi amb totes les persones que, des dels diferents grups d’Ecologistes en Acció del País Valencià, dediquen hores, esforç i il·lusió de forma completament voluntària. Sense elles, este reconeixement no tindria sentit. També ho compartim amb totes les persones i col·lectius que, des de fa dècades, han defensat els nostres rius, l’Albufera, les muntanyes, les platges, els aqüífers, l’horta i els nostres pobles enfront d’un model que continua tractant el territori com una mercaderia.

Per a nosaltres, defendre l’aigua mai ha sigut només una qüestió ambiental. Parlar d’aigua és parlar de justícia social, de salut, de biodiversitat, d’agricultura, de sobirania alimentària i de democràcia. Per això hem caminat tantes vegades al costat de Xúquer Viu reclamant cabals ecològics, denunciant la sobreexplotació dels aqüífers, oposant-nos a transvasaments especulatius i exigint una nova cultura de l’aigua que pose la vida en el centre.

Vivim temps difícils. L’emergència climàtica ja no és una amenaça futura, és una realitat que patim cada dia. Els fenòmens extrems, els incendis, les sequeres, les inundacions i la pèrdua accelerada de biodiversitat ens recorden que els límits ecològics existixen. No obstant això, continuem veient com s’impulsen macroprojectes energètics sense planificació, ampliacions d’infraestructures, nous processos d’urbanització, agressions al litoral i polítiques que anteposen els interessos econòmics d’uns pocs al bé comú.

Davant esta situació, l’ecologisme és hui més necessari que mai. No sols per a denunciar, sinó també per a proposar alternatives. Per a demostrar que és possible viure millor consumint menys territori, menys aigua i menys energia. Que la millor infraestructura és la que protegix els ecosistemes dels quals depenem. Que no pot haver-hi una economia sana sobre un territori degradat.

Este premi també ens recorda una cosa molt important: cap victòria és individual. Els avanços sempre són fruit del treball col·lectiu, de les aliances entre organitzacions, plataformes, comunitats locals, persones investigadores, sindicats, moviments socials i tantes persones anònimes que mai apareixen en els titulars, però que sostenen les lluites durant anys.

Per això volem aprofitar este moment per a reafirmar el nostre compromís de continuar treballant braç a braç amb Xúquer Viu i amb totes les organitzacions que defenem una terra viva, uns rius vius i un futur digne per a les generacions presents i futures.

Per a acabar, una idea que compartim plenament: l’aigua no és un recurs qualsevol; és un bé comú que sosté la vida. Defendre-la és defendre el país que volem construir.

Moltes gràcies per este premi, però, sobretot, moltes gràcies per seguir lluitant. Continuarem trobant-nos en els rius, als carrers i allí on siga necessari defendre la naturalesa i el bé comú.

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Les entitats denuncien els riscos per a la salut, el medi ambient i la seguretat i reclamen a la Generalitat que denegue l’autorització ambiental integrada

La Plataforma contra la planta d’amoníac d’Armonia Green, de la qual en forma part Ecologistes en Acció del País Valencià i l’Arquet-Ecologistes en Acció de la Vall d’Uixó, ha registrat al voltant de 3.000 al·legacions contra el projecte que l’empresa promou al polígon del Serrallo, entre el Grau de Castelló i Almassora.

Les al·legacions són el resultat de setmanes de treball conjunt entre les diferents associacions, col·lectius socials i entitats ecologistes que integren la plataforma, així com de la implicació de centenars de persones que han volgut mostrar el seu rebuig a una infraestructura que consideren incompatible amb la seguretat de la població i la protecció del territori.

A aquestos milers d’al·legacions registrades hui presencialment en l’oficina Prop de Castelló de la Plana per membres d’algunes de les entitats que conformen la plataforma, així com d’Intersindical Valenciana i CCOO del País Valencià se sumaran fins que acabe el termini a principi  de la setmana que ve les al·legacions telemàtiques i les aportades durant este cap de setmana per veins i veines principalment del Grau, Castelló i Almassora. Per això, la plataforma espera arribar a prop de les 5.000 al·legacions en total.

Fins el moment, la resposta ciutadana ha sigut especialment significativa als nuclis més pròxims al projecte. Les al·legacions presentades  equivalen a prop del 10% de la població censada a la Mar d’Almassora i a vora el 15% de les persones que viuen al Grau de Castelló, una participació molt poc habitual en un procés d’informació pública i que evidencia la preocupació i el rebuig social que desperta la planta d’amoníac entre el veïnat directament afectat.

La plataforma considera que aquesta elevada participació ciutadana demostra l’ampli rebuig social que genera el projecte i reclama a la Generalitat Valenciana que tinga en compte els arguments tècnics, ambientals i socials exposats abans de resoldre la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada.

La coordinació entre les diferents entitats va nàixer el passat mes de juny amb la constitució de la Plataforma contra la planta d’amoníac, integrada per associacions veïnals, col·lectius socials, organitzacions ecologistes i entitats de Castelló, el Grau i Almassora amb un objectiu compartit: impedir la implantació d’una activitat industrial d’alt risc en una de les zones amb major concentració d’indústries químiques del País Valencià.

Des de la seua constitució, la plataforma ha desenvolupat una intensa campanya informativa amb xarrades obertes, taules informatives als mercats, repartiment de material divulgatiu i assessorament per facilitar la presentació d’al·legacions per part de la ciutadania. Aquest treball ha permés traslladar als veïns i veïnes la informació disponible sobre els riscos associats al projecte i mobilitzar una resposta ciutadana sense precedents.

Entre els principals arguments de les al·legacions destaquen l’increment del risc industrial en un entorn ja altament saturat, els possibles efectes d’un accident greu sobre els nuclis habitats pròxims, l’impacte ambiental i paisatgístic del projecte, així com les deficiències detectades en la documentació sotmesa a informació pública. En aquest sentit, diferents entitats han denunciat també la manca d’informació essencial per avaluar adequadament els riscos de la instal·lació.

La plataforma ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han presentat al·legacions i de les associacions que han fet possible aquesta mobilització ciutadana. Així mateix, ha advertit que la presentació d’al·legacions és només el primer pas d’una campanya que continuarà amb noves accions informatives, institucionals i de mobilització social fins aconseguir que el projecte siga definitivament descartat.

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• Tras la DANA de 2024 comenzaron los dragados y rellenos masivos de materiales en los puertos de Sagunt y València, visibles incluso desde satélite, sin tener ningún tipo de evaluación ambiental, pese a afectar a zonas y especies protegidas.
• Los colectivos de la Comissió Ciutat-Port advirtieron a todas las autoridades competentes de estos impactos. Ahora, frente a la inacción administrativa, Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, lleva ante los tribunales las infracciones.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso que empezó en junio de 2025, momento en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, el movimiento ecologista denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas. Los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará para su beneficio la empresa privada MSC. La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno.

La DIA de 2007 de este megaproyecto seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt.

Diecinueve años después, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA:

1. Las obras de ampliación en Sagunt finalizaron hace lustros. La extracción que se está realizando allí no es un reaprovechamiento de materiales, como recoge la DIA, sino una extracción de recursos naturales no contemplado en el estudio de impacto.
2. El proyecto constructivo aprobado por la Autoridad Portuaria es incomprensiblemente laxo y no especifica cuántos millones de metros cúbicos será necesario extraer y de dónde.
3. El proyecto constructivo afirma que en ningún caso los dragados afectarían a zonas protegidas y que de ocurrir se tomarían las medidas correctoras adecuadas. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas en tanto que la extracción de sedimentos ha generado turbidez y deposiciones sobre zonas naturales protegidas, como el Parc Natural de l’Albufera y espacios marinos de la Red Natura 2000, afectando especies protegidas y sensibles a estos fenómenos como la Posidonia o la Mantelina y empeorando la calidad de las aguas costeras.
4. La pretendida validez y vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 30 de julio de 2007 (DIA/2007, BOE de 16 de agosto de 2007) carece de sustento legal para amparar un proyecto que nada tiene que ver con el amparado por dicha DIA/2007, y la ejecución de las obras está incurriendo en un vicio de nulidad.

Algunas de estas irregularidades fueron señaladas por la propia Dirección General de Costas en un informe de fecha 18/11/2022, de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el “Proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”. El organismo se ha desentendido de sus responsabilidades a lo largo de estos cuatro años y no ha actuado para frenar la ejecución de unas obras lesivas para el litoral valenciano.

Advertencias ignoradas por las administraciones

La primera denuncia la interpuso en junio del año pasado la asociación Per l’Horta, también en representación de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port (ambas entidades son integrantes de la Comissió), aunque los hechos vienen produciéndose desde poco después de las graves inundaciones de la DANA de octubre de 2024, cuando las autoridades portuarias decidieron que era un momento oportuno para iniciar las obras.

Posteriormente, Ecologistas en Acción solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) personarse en el expediente de denuncia inicial para poder interpelar a la Dirección General de Costas, al propio MITECO y a Puertos del Estado, con el objeto de que actuasen de oficio dentro de sus obligaciones y competencias para atajar las irregularidades que se estaban cometiendo. Ante la pasividad de todos los organismos que fueron advertidos, el siguiente paso ha sido elevar la denuncia a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo.

Argumentos y objetivos del recurso

El recurso judicial que se ha presentado ahora solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados

La solicitud de paralizar las obras cautelarmente se sustenta en abundante jurisprudencia (de los Tribunales Superiores de Justicia; Tribunal Constitucional; y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la finalidad preventivade la evaluación ambiental y la exigencia de nueva evaluación ante modificaciones sustanciales del proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que la evaluación ambiental no solo se debe realizar sobre las obras propiamente dichas, sino también sobre el funcionamiento ordinario de la nueva terminal, con cuestiones como el aumento de tráfico de embarcaciones, la probabilidad de accidentes, incremento de emisiones a la atmósfera, o tráfico de camiones.

La denuncia, ahora convertida en recurso, documenta las infracciones cometidas mediante abundante material gráfico (incluyendo imágenes satelitales) que permiten observar, con alto grado de detalle espacial y temporal, la evolución del estado de la costa, antes y durante la ejecución de las obras, y constatar que la turbidez producida por los dragados en el Puerto de Sagunto y València, así como por el transporte de los materiales dragados desde el Puerto de Sagunto hasta el de València, está afectando a especies y hábitats marinos protegidos como las praderas de Posidonia, la Mantelina, al Parque Natural de l’Albufera, y a la calidad de las aguas de baño de toda esta franja litoral desde Sagunto al sur de València, pues las plumas de turbidez de sedimentos alcanzan kilómetros de longitud.

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Los colectivos sociales y deportivos LGTBIQA+ de la ciudad se oponen al evento que tiene mucho de turístico y llaman al boicot.

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La organización reclama que la ciudadanía pueda consultar toda la información sobre los riesgos y las medidas previstas ante una posible emergencia.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha pedido a la Generalitat que suspenda temporalmente el periodo de información pública del proyecto de una planta de procesamiento y almacenamiento de amoniaco verde en Castellón de la Plana, promovida por Armonia Green Castellón S.L.

La organización ha detectado que el expediente disponible para la consulta ciudadana no incluye dos documentos que considera fundamentales: el Informe de Seguridad y el Plan de Autoprotección o de Emergencia Interior.

Estos documentos deben explicar, entre otras cuestiones, qué accidentes podrían producirse, qué medidas se adoptarían para prevenirlos y cómo se actuaría en caso de emergencia.

Según la información presentada por la propia empresa, la futura instalación estaría incluida en el nivel superior de la normativa sobre accidentes graves, debido a la cantidad y al tipo de sustancias peligrosas que se prevé almacenar y utilizar.

El expediente contiene una declaración en la que la promotora afirma haber elaborado ambos documentos y haberlos presentado ante la administración competente en materia de industria. Sin embargo, estos informes no aparecen entre la documentación puesta a disposición del público y tampoco se explican los motivos de su ausencia.

Para Ecologistes en Acció, esta falta de información impide que la ciudadanía, las asociaciones y las personas potencialmente afectadas puedan conocer adecuadamente los riesgos del proyecto y presentar observaciones con todos los datos necesarios.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental que paralice el trámite hasta que el expediente esté completo. También pide que la suspensión se publique oficialmente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y que, una vez incorporados los documentos, se abra un nuevo plazo suficiente para poder analizarlos.

Ecologistes en Acció considera que la transparencia y el acceso a toda la documentación son especialmente importantes en proyectos industriales que trabajan con grandes cantidades de sustancias peligrosas. Por esa razón, paralelamente se ha abierto una nueva de tramitación a través de una queja al Síndic de Greuges que inste a la Administración implicada a actuar conforme a Derecho y con la debida celeridad.

 

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• L’informe sobre la qualitat de l’aire d’Ecologistes en Acció conclou que 2,9 milions de valencians i valencianes van estar exposats durant 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per a 2030 per la Unió Europea.
• L’àrea metropolitana de València va incomplir el nou límit legal anual del diòxid de nitrogen. Però la majoria de les ciutats segueixen sense implantar zones de baixes emissions eficaces ni protocols enfront d’episodis.

 

 

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades en 780 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 80 situades en el País Valencià. Entre les seues principals conclusions, destaquen:

• L’any 2025 va ser humit i el tercer més càlid a Espanya des d’almenys 1961. L’extremada calor estival va contribuir a l’augment de les concentracions d’ozó, especialment durant les onades de calor de juny-juliol i agost, però van baixar els episodis de calitja. L’ona d’incendis forestals d’agost va contribuir a agreujar la contaminació per partícules.
• La crema de petroli va aconseguir l’any passat el seu nivell més elevat des de 2011, impulsada pel major consum de combustibles d’aviació i d’automoció. Si bé l’ús de gas es va mantindre un 17% per davall del de 2019 i les fonts renovables van cobrir el 57% de la demanda elèctrica, limitant les emissions de les centrals tèrmiques.
• Durant 2025, la qualitat de l’aire en el País Valencià va millorar en relació amb el diòxid de nitrogen (NO2), però va empitjorar respecte a les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i sobretot en relació a l’ozó, aconseguint els nivells més alts d’aquest contaminant des de 2019, encara que sense arribar a les concentracions prèvies a la pandèmia de la COVID-19.
• L’informe presa com a referència els nous valors límit de la Directiva 2024/2881, que hauran d’aconseguir-se abans de 2030, d’acord amb els quals l’aire contaminat va afectar en 2025 al 55% de la població valenciana, la qual cosa expressa la magnitud del repte a assumir per les administracions en els pròxims tres anys per a alinear-se amb la nova legislació.
• Considerant la normativa encara vigent, no va haver-hi població que respirara aire contaminat ni superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació, per damunt dels obsolets límits legals actuals. Si bé els nivells d’ozó van excedir aquests objectius legals en les estacions Vilamarxant, Villar de l’Arzobispo i Zarra de la província de València i Florida – Babel a la ciutat d’Alacant.
• Si es tenen en compte els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), molt més estrictes que els límits legals vigents i nous, i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació de la Unió Europea, l’aire contaminat va afectar de nou l’any passat a la totalitat de la població i el territori valencians.
• Les partícules (PM10 i PM2,5) i el diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire van continuar afectant la pràctica totalitat de la població valenciana. Les partícules van presentar la pitjor situació en les aglomeracions d’Elx i València. L’àrea urbana de València va incomplir el nou límit legal anual per a 2030 del diòxid de nitrogen. I la refineria de Castelló va elevar el diòxid de sofre (SO2) i el sulfur d’hidrogen (H2S) en el seu entorn.
• L’ozó continua sent el contaminant que presenta una major extensió i el més estretament lligat al canvi climàtic, superant el nou objectiu legal per a 2030 en l’estació Vilamarxant. La Generalitat continua incomplint la seua obligació d’aprovar plans de lluita contra la contaminació per ozó en totes les zones de la comunitat, incomplint la sentència del Tribunal Superior de Justícia obtinguda en 2023 per Ecologistes en Acció.
• La contaminació de l’aire és la primera causa ambiental de mort. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, en 2023 van morir prematurament fins a 24.000 persones en l’Estat espanyol per malalties agreujades per la mala qualitat de l’aire, 2.800 en el País Valencià. Els costos sanitaris, laborals i productius de la contaminació aconsegueixen 32.000 milions d’euros a l’any, el 2,4% del PIB espanyol.
• Ecologistes en Acció ha realitzat en 2025 una campanyes de mesurament de NO2 en els accessos a alguns dels centres escolars amb més trànsit motoritzat de les ciutats de València i Torrent, amb el resultat que la població infantil està exposada a nivells molt elevats de contaminació, per damunt dels registrats en les estacions oficials de control de la qualitat de l’aire. El que qüestiona la seua ubicació, per la qual cosa l’organització ambiental ha demanat la seua revisió per a les estacions urbanes de trànsit.
• L’única manera de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats és disminuir el trànsit motoritzat, potenciant la mobilitat activa per als vianants i ciclista i el transport públic elèctric. També és necessari promoure l’estalvi energètic, ordenar l’actual desplegament caòtic de les energies renovables, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, reduir l’ús de l’avió, acordar Àrees de Control d’Emissions ambicioses per a la Mar Mediterrània i l’Atlàntic Nord-est, i una moratòria per a les noves macrogranges.
• Vençut fa tres anys i mig el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants establisquen zones de baixes emissions, per a millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic, la meitat d’elles no han complit si més no formalment aquesta obligació. L’Ajuntament de València tampoc ha actualitzat el seu protocol d’actuació enfront dels episodis de mala qualitat de l’aire, i les altres ciutats manquen d’aquests protocols.

 

 

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• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 2,9 millones de valencianos y valencianas estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
• El área metropolitana de València incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos frente a episodios.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 80 situadas en el País Valenciano. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
• La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
• Durante 2025, la calidad del aire en el País Valenciano mejoró con relación al dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró respecto a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019, aunque sin llegar a las concentraciones previas a la pandemia de la COVID-19.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 55 % de la población valenciana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
• Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales. Si bien los niveles de ozono excedieron dichos objetivos legales en las estaciones Vilamarxant, Villar del Arzobispo y Zarra de la provincia de Valencia y Florida – Babel en la ciudad de Alicante.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y el territorio valencianos.
• Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población valenciana. Las partículas presentaron la peor situación en las aglomeraciones de Elche y València. El área urbana de València incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. Y la refinería de Castellón elevó el dióxido de azufre (SO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) en su entorno.
• El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático, superando el nuevo objetivo legal para 2030 en la estación Vilamarxant. La Generalitat sigue incumpliendo su obligación de aprobar planes de lucha contra la contaminación por ozono en todas las zonas de la comunidad, incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia obtenida en 2023 por Ecologistes en Acció.
• La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 2.800 en el País Valenciano. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
• Ecologistes en Acció ha realizado en 2025 una campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ciudades de València y Torrent, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
• La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
• Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. El Ayuntamiento de València tampoco ha actualizado su protocolo de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire, y las demás ciudades carecen de estos protocolos.

 

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Primer programa monografico sobre la banda valenciana Obrint Pas, que estioron en activo dende 1993 dica 2013. En ixe tiempo editoron tres maquetas, seis albums d’estudio y un directo, antimás de fer conciertos por tot lo planeta. Obrint Pas deixó un gran legau mosical y politico que remeraremos en lo programaRepasamos toda la suya discografía, […]

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Ecologistes en Acció de València denuncia que el gobierno municipal desperdicia una oportunidad histórica para avanzar hacia una ciudad más habitable, más justa y preparada para la emergencia climática.

Ecologistes en Acció de València denunciamos públicamente la grave regresión ambiental y urbanística que supone la propuesta presentada por el Ayuntamiento de València para el denominado Paseo García Lorca, proyecto que sustituye lo que debía ser uno de los procesos de transformación ecológica urbana más importantes de las últimas décadas: el verdadero Corredor Verde del sur de la ciudad.

Lo que el actual gobierno municipal ha decidido hacer es simple: convertir una oportunidad histórica para ganar espacio para la vida en una nueva infraestructura al servicio del automóvil privado.

Durante años, colectivos vecinales, organizaciones sociales y entidades ecologistas defendimos una propuesta clara: aprovechar la desaparición de la barrera ferroviaria para construir un gran corredor verde continuo, un espacio libre de tráfico de paso, pensado para conectar barrios, reducir contaminación, crear refugio climático y devolver espacio público a la ciudadanía. Sin embargo, el Ayuntamiento ha optado por hacer exactamente lo contrario.

Mientras Europa avanza hacia ciudades con menos coches, menos asfalto y más naturaleza urbana, València retrocede varias décadas recuperando la vieja receta del urbanismo del siglo XX: más carriles, más tráfico y más dependencia del vehículo privado.

Nos quieren vender como avance ambiental un proyecto que mantiene carriles destinados al coche privado en pleno corazón de un espacio que debería haberse convertido en un gran pulmón verde para la ciudad.

No estamos ante un corredor verde. Estamos ante una avenida con árboles.

El mensaje político es profundamente preocupante: incluso cuando una ciudad tiene la oportunidad de recuperar suelo para las personas, este gobierno sigue considerando que el coche debe seguir ocupando el centro de la planificación urbana. Esta decisión resulta todavía más grave en un contexto de emergencia climática cada vez más evidente.

València sufre olas de calor más intensas, contaminación atmosférica persistente, déficit histórico de zonas verdes en numerosos barrios y una necesidad urgente de adaptar la ciudad a un escenario climático cada vez más hostil. Y aun así, el Ayuntamiento decide dedicar espacio público a seguir facilitando el tráfico privado.

Desde Ecologistes en Acció denunciamos también la absoluta falta de valentía política y la renuncia a construir una ciudad pensada para las próximas generaciones.

La desaparición de las vías ferroviarias ofrecía una ocasión irrepetible para crear un nuevo eje ecológico comparable al antiguo Jardín del Túria. Han decidido desperdiciarla.

• Exigimos al Ayuntamiento:
• La retirada inmediata del actual proyecto.
• La recuperación del diseño original del Corredor Verde sin tráfico de paso.
• Un proceso de participación ciudadana real y vinculante.
• Una planificación urbana coherente con la emergencia climática y no subordinada al automóvil.

No aceptamos que se siga utilizando el discurso de la sostenibilidad para justificar proyectos que perpetúan exactamente el modelo urbano que nos ha llevado a la crisis ecológica actual.

València necesita menos coches y más futuro.

Donde podían plantar un bosque urbano, han decidido construir otra carretera.

La ciudad merece mucho más.

La entrada El Ayuntamiento de València traiciona el proyecto del Corredor Verde y vuelve a entregar la ciudad al coche privado aparece primero en Ecologistas en Acción.

‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar. 

La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes. 

–Coged una ensaimada. Están muy buenas.

En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos. 

El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado. 

–No, si por el dinero no es.

Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias. 

El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas. 

«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.

El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la  tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales. 

Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen. 

La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.

Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos. 

La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía. 

—¿Tiene souvenirs?

Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.

—¿Tiene souvenirs?

Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando. 

Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.

Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero. 

Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes. 

Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas. 

Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico. 

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• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 2,9 millones de valencianos y valencianas estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
• El área metropolitana de València incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces ni protocolos frente a episodios.

 
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 80 situadas en el País Valenciano. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
• La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
• Durante 2025, la calidad del aire en el País Valenciano mejoró con relación al dióxido de nitrógeno (NO2), pero empeoró respecto a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019, aunque sin llegar a las concentraciones previas a la pandemia de la COVID-19.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 55 % de la población valenciana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
• Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales. Si bien los niveles de ozono excedieron dichos objetivos legales en las estaciones Vilamarxant, Villar del Arzobispo y Zarra de la provincia de Valencia y Florida – Babel en la ciudad de Alicante.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y el territorio valencianos.
• Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población valenciana. Las partículas presentaron la peor situación en las aglomeraciones de Elche y València. El área urbana de València incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. Y la refinería de Castellón elevó el dióxido de azufre (SO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) en su entorno.
• El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático, superando el nuevo objetivo legal para 2030 en la estación Vilamarxant. La Generalitat sigue incumpliendo su obligación de aprobar planes de lucha contra la contaminación por ozono en todas las zonas de la comunidad, incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia obtenida en 2023 por Ecologistes en Acció.
• La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 2.800 en el País Valenciano. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
• Ecologistes en Acció ha realizado en 2025 una campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ciudades de València y Torrent, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
• La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
• Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. El Ayuntamiento de València tampoco ha actualizado su protocolo de actuación frente a los episodios de mala calidad del aire, y las demás ciudades carecen de estos protocolos.

 

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• L’informe sobre la qualitat de l’aire d’Ecologistes en Acció conclou que 2,9 milions de valencians i valencianes van estar exposats durant 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per a 2030 per la Unió Europea.
• L’àrea metropolitana de València va incomplir el nou límit legal anual del diòxid de nitrogen. Però la majoria de les ciutats segueixen sense implantar zones de baixes emissions eficaces ni protocols enfront d’episodis.

 

 

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades en 780 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 80 situades en el País Valencià. Entre les seues principals conclusions, destaquen:

• L’any 2025 va ser humit i el tercer més càlid a Espanya des d’almenys 1961. L’extremada calor estival va contribuir a l’augment de les concentracions d’ozó, especialment durant les onades de calor de juny-juliol i agost, però van baixar els episodis de calitja. L’ona d’incendis forestals d’agost va contribuir a agreujar la contaminació per partícules.
• La crema de petroli va aconseguir l’any passat el seu nivell més elevat des de 2011, impulsada pel major consum de combustibles d’aviació i d’automoció. Si bé l’ús de gas es va mantindre un 17% per davall del de 2019 i les fonts renovables van cobrir el 57% de la demanda elèctrica, limitant les emissions de les centrals tèrmiques.
• Durant 2025, la qualitat de l’aire en el País Valencià va millorar en relació amb el diòxid de nitrogen (NO2), però va empitjorar respecte a les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i sobretot en relació a l’ozó, aconseguint els nivells més alts d’aquest contaminant des de 2019, encara que sense arribar a les concentracions prèvies a la pandèmia de la COVID-19.
• L’informe presa com a referència els nous valors límit de la Directiva 2024/2881, que hauran d’aconseguir-se abans de 2030, d’acord amb els quals l’aire contaminat va afectar en 2025 al 55% de la població valenciana, la qual cosa expressa la magnitud del repte a assumir per les administracions en els pròxims tres anys per a alinear-se amb la nova legislació.
• Considerant la normativa encara vigent, no va haver-hi població que respirara aire contaminat ni superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació, per damunt dels obsolets límits legals actuals. Si bé els nivells d’ozó van excedir aquests objectius legals en les estacions Vilamarxant, Villar de l’Arzobispo i Zarra de la província de València i Florida – Babel a la ciutat d’Alacant.
• Si es tenen en compte els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), molt més estrictes que els límits legals vigents i nous, i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació de la Unió Europea, l’aire contaminat va afectar de nou l’any passat a la totalitat de la població i el territori valencians.
• Les partícules (PM10 i PM2,5) i el diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire van continuar afectant la pràctica totalitat de la població valenciana. Les partícules van presentar la pitjor situació en les aglomeracions d’Elx i València. L’àrea urbana de València va incomplir el nou límit legal anual per a 2030 del diòxid de nitrogen. I la refineria de Castelló va elevar el diòxid de sofre (SO2) i el sulfur d’hidrogen (H2S) en el seu entorn.
• L’ozó continua sent el contaminant que presenta una major extensió i el més estretament lligat al canvi climàtic, superant el nou objectiu legal per a 2030 en l’estació Vilamarxant. La Generalitat continua incomplint la seua obligació d’aprovar plans de lluita contra la contaminació per ozó en totes les zones de la comunitat, incomplint la sentència del Tribunal Superior de Justícia obtinguda en 2023 per Ecologistes en Acció.
• La contaminació de l’aire és la primera causa ambiental de mort. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, en 2023 van morir prematurament fins a 24.000 persones en l’Estat espanyol per malalties agreujades per la mala qualitat de l’aire, 2.800 en el País Valencià. Els costos sanitaris, laborals i productius de la contaminació aconsegueixen 32.000 milions d’euros a l’any, el 2,4% del PIB espanyol.
• Ecologistes en Acció ha realitzat en 2025 una campanyes de mesurament de NO2 en els accessos a alguns dels centres escolars amb més trànsit motoritzat de les ciutats de València i Torrent, amb el resultat que la població infantil està exposada a nivells molt elevats de contaminació, per damunt dels registrats en les estacions oficials de control de la qualitat de l’aire. El que qüestiona la seua ubicació, per la qual cosa l’organització ambiental ha demanat la seua revisió per a les estacions urbanes de trànsit.
• L’única manera de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats és disminuir el trànsit motoritzat, potenciant la mobilitat activa per als vianants i ciclista i el transport públic elèctric. També és necessari promoure l’estalvi energètic, ordenar l’actual desplegament caòtic de les energies renovables, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, reduir l’ús de l’avió, acordar Àrees de Control d’Emissions ambicioses per a la Mar Mediterrània i l’Atlàntic Nord-est, i una moratòria per a les noves macrogranges.
• Vençut fa tres anys i mig el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants establisquen zones de baixes emissions, per a millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic, la meitat d’elles no han complit si més no formalment aquesta obligació. L’Ajuntament de València tampoc ha actualitzat el seu protocol d’actuació enfront dels episodis de mala qualitat de l’aire, i les altres ciutats manquen d’aquests protocols.

 

 

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El análisis de la documentación presentada por el promotor, que se ha ocultado a la población en el trámite de información pública (Informe de Seguridad y Plan de Autoprotección), conduce a reconocer que en caso de un accidente grave con formación de una nube tóxica de amoniaco, el perímetro de alerta incluye parte de los cascos urbanos de Castellón, el Grao y Almassora.

Ecologistas en Acción del País Valenciano denunció ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental el pasado 4 de junio la ausencia de esos documentos fundamentales en el trámite de información pública iniciado el 29 de mayo pasado, que deberían formar parte del expediente.

Haciéndose eco de esa denuncia el Grupo Parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes solicitó esa documentación al Gobierno Valenciano. La respuesta es un informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de julio de 2025 desfavorable respecto al proyecto de Armonia Green.

Se desvela que para el caso de uno de los accidentes graves analizados “Fuga de amoniaco por desconexión del brazo de carga a buques (Puerto de Castellón)” la afección de la nube tóxica de amoniaco que se generaría afectaría a la población a las distancias de 2148 metros (zona de intervención ) y 5.575 metros (zona de alerta).

Ese perímetro afectaría a la población de parte de los cascos urbanos de Castellón, El Grao y Almassora, situados a  a 1,5 km, 2,5 km y a 2 km respectivamente de las instalaciones proyectadas.

Otros accidentes graves analizados como “fuga de amoniaco por rotura parcial del colector común de descarga de la bomba de llenado P-900-X” o “fuga de amoniaco por rotura total de la línea de descarga del compresor C-901-X” tendrían radios de incidencia menor (entre 3703 m y 3262 m respectivamente como zonas de alerta.

El Informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias concluye afirmando: “Las dimensiones de las zonas de intervención y de alerta contenidas en el informe de seguridad presentado no permiten asegurar que, la aplicación de las medidas de protección a la población previstas, puedan mitigar el impacto que un posible accidente en este establecimiento pudiera tener sobre la población de su entorno. Por lo que, como ya se ha indicado, se solicita a la empresa que se apliquen todas las medidas de seguridad adicionales necesarias a las ya previstas para reducir al máximo las dimensiones de las zonas de intervención y alerta teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles actuales.”

Este Informe refuerza la oposición ciudadana a ese Proyecto desmedido que pone en riesgo la seguridad de la población, que se está manifestando en la recogida masiva de alegaciones contra ese Proyecto.

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